Periodistas en la frontera. El Comercio by SuplementosGEC

PERIODISTAS EN LA

FRONTERA NORTE dos décadas de reportajes / antología

© 2018, Grupo El Comercio C.A. Todos los derechos reservados. Dirección editorial: Marco Arauz Ortega Edición y selección de textos: Dimitri Barreto P. Diseño: Ponto Moreno Maquetación: Antonio Salazar, Cristian Cerón Edición de fotografías: Armando Prado Centro de Documentación: Roberto Acosta Foto portada: Diego Pallero Edición digital Primera edición: Junio 2018 ISBN: 978-9978-380-10-9

No se permite la reproducción parcial o total, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin permiso previo y escrito de Grupo El Comercio. 2

Dedicatoria

Esta antología periodística es un homenaje al trabajo realizado por decenas de reporteros, fotoperiodistas y conductores de EL COMERCIO que han afrontado con entereza la difícil tarea de tomar el pulso a los problemas de la frontera norte a lo largo de dos décadas. Y en especial a Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, secuestrados el 26 de marzo de 2018 en Mataje, provincia de Esmeraldas, Ecuador, y posteriormente asesinados. Ellos -al igual que quienes los precedieron y que quienes les tomarán la posta- cumplían el indelegable papel social de informar. Su ejemplo nos inspira y nos compromete a seguir adelante. Sin periodismo, simplemente no hay democracia. Y sin memoria no hay historia. Quito, junio de 2018

Foto: Franklin Vega / archivo EC

Año 2000. Mataje. Junto al río se observa la tala ilegal de árboles. De eso vivía su gente. A la izquierda está Colombia.

Introducción

20 AÑOS DE historias EN la frontera norte

a frontera colombo-ecuatoriana ha sido un amplio territorio de encuentros y desencuentros físicos, sociales, económicos y políticos, que no han pasado desapercibidos para el lente y la mirada de los periodistas de EL COMERCIO por al menos dos décadas. Esta zona de 586 km se encuentra matizada en mayor o menor medida por la violencia y la ilegalidad, pero también para diario EL COMERCIO ha sido el escenario para retratar y contar más de 1 000 historias periodísticas. Desde el 26 de marzo del 2018 se convirtió en el espacio donde fueron silenciadas tres vidas. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra salieron de Quito a la frontera al mediodía del 25 de marzo. Javier Ortega realizó ocho desplazamientos periodísticos a la frontera desde el 2013; para él, este era su tercer viaje en el 2018, igual que para Paúl Rivas. Efraín Segarra había transportado seis veces a los periodistas desde 2015; este era su segundo viaje en este año. Los tres fueron a una cobertura más de las incontables que el periódico ha acostumbrado a realizar en la frontera norte de Ecuador. La última serie de reportajes empezó el mis-

mo 27 de enero del 2018, cuando los habitantes de San Lorenzo observaron perplejos los destrozos del coche bomba que estalló pocas horas antes frente al destacamento policial de esa ciudad, en el norte de Esmeraldas. Desde entonces hasta el 26 de marzo del mismo año, el diario quiteño hizo 14 desplazamientos periodísticos a la zona. Más allá de la coyuntura (hasta entonces se contabilizaban siete atentados terroristas, tres militares muertos y uno gravemente herido que falleció días después, destrozos y desplazamientos), el objetivo siempre ha sido ahondar en los hechos. Se publicaron amplios reportajes sobre cómo el frente Óliver Sinisterra controlaba las actividades alrededor del narcotráfico en la frontera, con las Guerrillas Unidas del Pacífico y el Clan del Golfo. En la zona también se profundizó en cómo los grupos armados lavan dinero detrás de la minería ilegal; trafican armas a través de ríos y carreteras abiertas, y habilitan pistas ilegales de aterrizaje en apenas un día en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. Estas historias hoy son parte del archivo de EL COMERCIO, el cual guarda cientos de páginas escritas por reporteros y editores sobre 5

la frontera. Ellos se han visto abocados a entender la cambiante dinámica de los territorios que separan las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo. EL COMERCIO ha hecho reportería en todas las poblaciones en línea de frontera, empezando por la extremeña isla Palma Real, la primera aldea de Ecuador en el Pacífico norte, junto a ese brazo de mar que es la desembocadura del río Mataje y separa a Ecuador de Colombia. Al transitar en lanchas o canoas desde San Lorenzo, hombres y mujeres saludan desde el manglar. Mataje, hace dos décadas, tenía una hostería para extranjeros que cruzaban la frontera para descansar. En Carchi, todavía no existe una vía carrozable hasta Tobar Donoso, aldea fronteriza en el bosque del Chocó. En El Chical, Maldonado, Tufiño y El Carmelo todo transcurre matizado por el comercio y la vida del cuartel (hay un puesto del Ejército en cada una, como en Tobar Donoso). Los viajes a Sucumbíos, hasta Barranca Bermeja, Santa Rosa, General Farfán, Puerto Mestanza, Puerto Escondido, El Palmar, Puerto Nuevo, Puerto El Carmen, mostraron las dificultades de pobladores para sobrevivir con actividades lícitas como la agricultura y el comercio, sobre todo al tratarse de una línea de frontera marcada por la violencia del conflicto armado y los cultivos ilícitos de hoja de coca, al otro extremo del correntoso río San Miguel. Al menos 300 notas se han publicado sobre los llamados Plan Colombia y Plan Ecuador. El primero se extendió desde el 2000 para eliminar los cultivos de coca, pero tuvo consecuencias negativas como la aspersión de glifosato, que impactó en la salud de las poblaciones ecuatorianas y motivó a Ecuador a exigir su suspensión. La violencia del conflicto colombiano se agravó y forzó a miles de ciudadanos a cruzar la frontera en busca de refugio. Por el otro lado, el Plan Ecuador buscó impulsar la economía y el desarrollo social de un millón de personas de tres provincias fronterizas, pero los resultados no convencieron ni al expresidente Rafael Correa. En las publicaciones se destaca también el seguimiento al control militar y policial, el drama del éxodo de colombianos que se incrementó con el paso del tiempo y que ha sig6

nificado más de 200 000 personas en busca del estatus de refugiado. Un hecho que demandó cobertura inmediata y que marcó un cambio en la zona fronteriza fue el bombardeo de Angostura, en marzo del 2008. Ahí, fuerzas militares colombianas invadieron territorio ecuatoriano y mataron a ‘Raúl Reyes’, el segundo al mando de las FARC. Otra arista en constante monitoreo ha sido la confiscación de sustancias ilícitas antes y después de la instalación de la Base de Manta, la cual estuvo en el país desde 1999 hasta 2009. En ese año salió por decisión del gobierno de Correa. El contrabando de gasolina, precursores químicos, explosivos y vituallas a Colombia también ha estado en el radar. La presencia de subversivos y traficantes en la frontera ha sido otro eje de cobertura. Pero también se han ganado espacio casos sonados como Huracán de la Frontera, que vinculó a las FARC con el narcotráfico en Ecuador. La información producida estos años ha sido recogida como parte de los estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dentro de un proyecto académico sobre las actividades en las fronteras de ocho países del continente y que se ha plasmado en una docena de publicaciones.El libro de Ecuador saldrá a la luz en un par de meses. La cobertura de EL COMERCIO en la franja fronteriza seguirá, no solo como un homenaje al buen periodismo que hicieron ahí nuestros colegas, sino sobre todo por la obligación de develar realidades que la sociedad debe conocer, con mucha mayor razón ahora.

Foto: diego pallero / EC

Año 2018. San Lorenzo. Niños se bañan en el cantón fronterizo del norte de Ecuador, días después del atentado con coche bomba.

Foto: PAĂ&#x161;L RIVAS / EC

2018. Esmeraldas. DespuĂŠs de una cobertura en Palma Real, en la frontera, una lancha con motor fuera de borda se aproxima a San Lorenzo.

Capítulo 1

Esmeraldas es el actual escenario de violencia por la coca La explosión de un coche bomba, el 27 de enero del 2018, en el cuartel de Policía de San Lorenzo, fue la represalia a la captura, el 12 de enero, de hombres vinculados al llamado grupo Óliver Sinisterra. También fue la evidencia de la infiltración de organizaciones armadas en Esmeraldas, a causa de la proliferación de cultivos de coca en territorios de Nariño. Desde entonces, cuatro militares han muerto; tres integrantes de un equipo de EL COMERCIO fueron secuestrados y desaparecidos; una pareja fue plagiada, y no hay pistas de un soldado. Estas son las notas publicadas entre el 28 de enero y el 24 de marzo, dos días antes de la captura del equipo en Mataje, hasta donde llegó, a la luz del día, con autorización militar.

Capítulo 1

Gobierno liga ataque terrorista en San Lorenzo con narcos EL COMERCIO, domingo 28 de enero del 2018

l comando de la Policía de San Lorenzo se convirtió en una zona de guerra. El coche bomba que explotó a la 01:40 del sábado destruyó el 95% del destacamento y afectó a 105 viviendas. Cuatro uniformados y 24 civiles resultaron heridos debido a la explosión. El ministro del Interior, César Navas, junto al comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, y el gobernador de Esmeraldas, Pablo Hadathy, recorrieron la zona del estallido. De los 105 inmuebles afectados, 37 deben ser construidos nuevamente o reubicados. Por la tarde, el Gobierno aseguró que fue un “acto terrorista”, ligado a redes de narcotráfico que han sido golpeadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, el presidente Lenín Moreno, decretó el Estado de Excepción por 60 días en San Lorenzo y Eloy Alfaro. El fiscal general, Carlos Baca, también vinculó estos hechos con el “terrorismo y el crimen organizado”. Dijo que él indagará personalmente el caso. “El Estado le responderá como corresponde al terrorismo”. Los ciudadanos damnificados por la explosión fueron evacuados a un albergue. María Pai, una de las afectadas, relató que la onda expansiva levantó el techo de su casa y los vidrios de las ventanas se quebraron. La explosión provocó un corte de energía; las personas abandonaron sus casas en busca de ayuda. Los vecinos de los barrios Las Delicias y 9 de Octubre, que limitan con el destacamento policial, fueron los más afectados por el atentado. Yadira Bedoya, del barrio Las Delicias, comentó que se irá del sector, porque teme que 10

los ataques se repitan. “Habíamos escuchado que algo así pasaría, pero nunca lo tomamos en serio”, dijo la mujer. En las 105 casas habitan 576 personas, según el censo levantado ayer por las autoridades. El atentado movilizó a 70 agentes de unidades élites de la Policía. Un equipo experto en explosivos rastreó la zona para identificar el material empleado. Los atacantes utilizaron una camioneta doble cabina celeste, aparentemente reportada como robada. Tras la explosión, p arte del adoquín de la calle se levantó y los autos que estaban en el patio posterior del comando se quemaron. El área de comedor y dormitorio también colapsó. Los habitantes de San Lorenzo dicen estar angustiados y con pánico. Algunos moradores prefirieron no hablar. Los grupos delictivos asociados con el narcotráfico han causado muertes en ese cantón de Esmeraldas. En la calle 5 de Agosto, por ejemplo, se registraron cuatro decesos tras una disputa entre narcos, en el 2011. Las autoridades advirtieron ayer que los equipos de élite permanecerán en la zona. El jefe de la Policía en Esmeraldas, Romel Tapia, indicó que activarán operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Según Tapia, lo ocurrido es una retaliación de los grupos de narcotraficantes que operan en la zona, por la intervención policial en el decomiso de droga en los últimos dos años. A mediados de enero se confiscaron 7,5 toneladas de cloruro de calcio, precursor químico para procesar coca. Además, en los últimos 24 meses, los agentes han decomisado 25 toneladas de cocaína en operaciones en Esmeraldas.

Capítulo 1

En el comando de San Lorenzo operan 180 uniformados. Tras el ataque, las autoridades no descartaron la posibilidad de redoblar la seguridad. Este cantón fronterizo es considerado ‘caliente’, debido al tráfico de drogas, municiones, armas y combustibles, que son destinadas a los grupos irregulares de Colombia. Ayer, EL COMERCIO conoció que el 12 de enero la Policía capturó a tres sospechosos con armas de fuego, granadas, rollos de mecha lenta y cartuchos. En el parte policial se vincula a los detenidos con un grupo armado organizado residual (GAOR), comandado por un hombre identificado con el alias de ‘Guacho’. Esta persona es Walter Arisala Vernaza, un ecuatoriano nacido en Esmeraldas, quien fue parte de la guerrilla de las FARC durante los últimos 10 años. Los informes policiales refieren que el sospechoso se apartó de la guerrilla tras el proceso de paz y formó un grupo criminal con 50 hombres. “Los investigadores señalaron que ‘Guacho’ es un experto en explosivos y adelantó un curso de fuerzas especiales en el exterior”, reseñó en octubre del 2017 diario El Tiempo de Bogotá. Además, en noviembre, las autoridades ecuatorianas junto con las de Colombia capturaron a dos posibles integrantes de la red de Arisala. Uno de ellos sería el jefe de sicarios, según agentes de ese país. Ayer, el fiscal Baca informó que coordinará acciones con su par de Colombia. El ministro Navas, en cambio, señaló que no se suspenderá la consulta popular del 4 de febrero en San Lorenzo y Eloy Alfaro.

Capítulo 1

Ecuatoriano disidente de las FARC, sospechoso del atentado EL COMERCIO, lunes 29 de enero del 2018

l miedo en San Lorenzo persiste. Más de 300 militares y policías de unidades élite llegaron ayer para reforzar la seguridad en el cantón esmeraldeño. En la mañana se reunieron en la Base Naval y luego se desplegaron en todo el cantón. 120 soldados de Fuerzas Especiales se movilizaron a la frontera con Colombia. Armados y con chalecos antibalas levantaron controles en las carreteras que llevan a ese país. Los agentes tienen la orden de localizar y capturar al ecuatoriano Walter Patricio Arisala Vernaza, presunto jefe de un grupo de disidentes de las FARC. A esta organización delictiva se le atribuye el ataque al comando de la Policía de San Lorenzo, el sábado, a las 01:40. Así lo confirmó el comandante general de la Policía, Ramiro Mantilla a EL COMERCIO. Según información de Inteligencia, el sospechoso tendría nexos con al menos cuatro carteles del narcotráfico; entre estos el denominado Clan del Golfo, que opera en Colombia; y el de Sinaloa, en México. Arisala es conocido bajo el seudónimo de ‘Guacho’ y fue parte de la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, durante los últimos 10 años. Militares que custodian la frontera revelan que, al parecer, él maneja la logística del traslado de droga entre Ecuador y Colombia. Sus operaciones delictivas datan desde hace dos años. Sin embargo, el nombre del ecuatoriano cobró protagonismo en el 2017, luego de que no se acogiera al proceso de paz entre las FARC y el Gobierno, y reclutara a más de 60 hombres; la mayoría disidentes. Precisamente, sus pri12

meros pasos delictivos habrían sido en el grupo subversivo; allí se especializó en el manejo de explosivos. Pero, ¿por qué detonó un coche bomba en el cuartel de la Policía? Inteligencia asegura que se trata de una represalia. Entre noviembre del 2017 y este mes, los agentes han capturado a seis de sus aliados; a tres se los trasladó a la cárcel de Latacunga; dos fueron entregados a Colombia y uno más sigue detenido, pero ayer la Policía no confirmó dónde. Entre los apresados está el supuesto jefe de sicarios de la red. En Colombia también buscan a ‘Guacho’. El presidente Juan Manuel Santos ordenó que se lo incluya en la lista de los Más Buscados. Ofreció una recompensa de 150 millones de pesos (unos 54 000 dólares). En Ecuador, la Policía lo rastrea desde enero del 2017. Los agentes advierten que se mueve por Limones, Eloy Alfaro y Mataje, tres zonas fronterizas de Esmeraldas. EL COMERCIO llegó ayer a Mataje, a 20 minutos de San Lorenzo. En ese poblado habitan unas 300 personas. A lo largo de las calles, de tierra y adoquines, se ve solo una tienda, un bar y una discoteca. En las casas se escucha música ranchera y la gente toma cerveza en los patios. Los habitantes dicen no conocer a Arisala. Tampoco hablan del narcotráfico; solo relatan que hace 11 días, 20 patrulleros de la Policía llegaron a las 02:00 y detuvieron a un joven que tenía armas. Los agentes señalan que era parte de la organización de ‘Guacho’. Desde esa captura, los rumores de una bomba llegaron a Mataje y San Lorenzo. “Querían

Capítulo 1

que lo dejaran libre”, advirtió un hombre que ayer estuvo en la orilla del río Mataje. Él junto con otros tres pobladores contaron que los sospechosos habían pedido a la Policía que liberen al chico. “Por eso les metieron el bombazo”, dicen antes de cruzar a Colombia. En octubre pasado, RCN Noticias de Colombia pudo entrevistar a Arisala y este admitió haber integrado las FARC. “Tuve un rango de comandante de guerrilla. No somos disidentes, somos guerrilleros activos”, comentó el subversivo. Y aclaró que no se dedica al narcotráfico. Su “lucha” es “proletaria”, dijo al medio. Ayer, el fiscal Carlos Baca anunció que ya están recibiendo apoyo de EE.UU. y de las agencias que combaten el tráfico de drogas. Tras el atentado terrorista, la custodia policial en San Lorenzo se duplicó. Los agentes investigan cómo ingresó el coche bomba a la ciudad. Ayer, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, junto al ministro del Interior, César Navas y el fiscal general Baca detallaron que investigarán este hecho. El Ministerio de Salud y la Secretaría de Riesgos se comprometieron a apoyar a las familias. 100 personas, entre niños, jóvenes, adultos y ancianos, permanecen en la iglesia de San Lorenzo desde la tarde y noche del sábado. Ese lugar fue adaptado con dormitorios, literas y camas individuales. Otras 50 están en casas de acogida. Hasta ayer, las autoridades identificaron 37 casas destruidas y otras 204 afectadas en diferentes grados. El Gobierno informó que se planifica un plan de desarrollo de viviendas para los damnificados.

“Visitamos familia por familia para pedirles que vengan al albergue, unas quisieron, otras no”, comentó el subsecretario de la Secretaría de Riesgos, Ricardo Peñaherrera. En la mañana, la Policía impidió que los afectados se acercaran a sus casas. Los agentes cercaron la zona y Criminalística recogió posibles indicios. Vecinos de la zona donde ocurrió la explosión están atemorizados. Ellos también han escuchado el nombre de ‘Guacho’ y de la posible explosión de una bomba, pero no creyeron que se haría realidad. “En Ecuador nunca se ha oído eso de coches bomba. Ese día nadie vio la camioneta celeste”, relató un habitante. Él pidió que haya más control a los autos que ingresan a la ciudad. Eso ya se ejecuta a raíz del ataque del sábado.

Capítulo 1

‘Guacho’ se movía con facilidad entre Limones, Borbón y Mataje EL COMERCIO, viernes 2 de febrero del 2018

as Malvinas es una pequeña localidad de Limones, en Esmeraldas. Sus calles son de tierra y con la lluvia se forman charcos de lodo. Frente a las casas de madera y caña, la gente pone pedazos de tablas para no mojarse. Allí creció Walter Arisala Vernaza, alias ‘Guacho’, principal sospechoso del ataque al cuartel policial de San Lorenzo, el pasado sábado. Desde aquel día, policías de élite vigilan ese poblado. Ayer, por ejemplo, seis agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) caminaban por ese barrio, armados con pistolas, fusiles y armas automáticas. Los vecinos los miraban temerosos desde las ventanas de sus viviendas o desde las puertas de sus negocios. Nadie habla abiertamente del sospechoso; no quieren tener problemas. Un hombre que vive en el sector cuenta en voz baja que la mamá y los hermanos viven ahí. Esa información también tienen los policías ecuatorianos, que ahora investigan cómo ‘Guacho’ llegaba al lugar. EL COMERCIO ingresó a Las Malvinas ayer y recorrió ese sector. Una mujer dice que no conoce a nadie de apellido Arisala Vernaza, y enseguida entra a su casa. Igual responde un hombre que lleva un tabaco en su oreja. “No, yo soy nuevo aquí”. Se aleja rápidamente. Otros dicen que tampoco conocen a ‘William Quiñonez’. Ese es otro alias que usaba para despistar a los agentes que lo rastrean tanto en Ecuador como en Colombia. En el centro de Limones, pocas personas se atreven a decir que ‘Guacho’ sí llegaba a visitar

a su familia y que después del bombazo en San Lorenzo, los parientes del disidente viajaron a Colombia. Tras el atentado, el control policial y militar no solo se intensificó en Limones. Los uniformados además se desplegaron por Mataje y Borbón, dos localidades que ‘Guacho’ visitaba con frecuencia. Este Diario también recorrió esos poblados. En Borbón, la gente sí ubica a ‘Guacho’. Un hombre que vive 8 años en esa localidad de más de 7 000 habitantes contó que el exguerrillero tiene fincas. “Creo que no están a su nombre, pero todos saben que son de él”. Una mujer, en cambio, dijo que el exsubversivo de las FARC llegaba con disidentes a comprar víveres y licores. Su vía para ingresar era el río Cayapas. Ese afluente conecta con Limones. El trayecto dura 20 minutos en lancha rápida. Ahora ese río es vigilado por 18 militares de la Armada. En dos lanchas equipadas con ametralladoras transitan por el Cayapas. Bajo un intenso calor, los uniformados custodiaban Borbón. Un helicóptero también sobrevolaba la zona. Los militares tienen información que en Limones, ‘Guacho’ tenía una pareja sentimental a la que visitaba con frecuencia. En Borbón tiene aliados, que hasta ahora le informan sobre los operativos. El tercer poblado que visitaba con frecuencia es Mataje. Allí los militares saben que llegaba a descansar en la noche. El río, que lleva el mismo nombre del poblado, separa a los dos países. Los militares cono-

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cen que allí vivía parte de los hombres del ex FARC. Por eso, a inicios de este año, tres personas que tenían nexos con ‘Guacho’ fueron detenidas. La gente de Mataje niega conocerlo. Pero los agentes saben que ese pueblo se convirtió en un punto estratégico, pues aprovechaba la cercanía para ingresar los cargamentos de droga al Ecuador. También lo usaba para introducir a Colombia insumos para la producción de cocaína. Desde el atentado en San Lorenzo, la seguridad en Mataje se fortaleció. Ahora un grupo de Fuerzas Especiales del Ejército realiza patrullajes diarios, con el fin de detener al responsable del ataque. El ministro del Interior, César Navas, también señaló que la búsqueda del responsable de este hecho está activa. Él llegó ayer a San Lorenzo y se reunió con los comandantes militares y policiales de la zona. Allí les informó que se destinará entre 11 y 12 millones de dólares para fortalecer la vigilancia de la frontera. El número del personal que custodia el cordón fronterizo está en análisis. Actualmente unos 10 000 hombres se encargan de la vigilancia. Mientras tanto, más policías de élite llegan a las tres localidades en donde alias ‘Guacho’ tenía injerencia. Los agentes permanecen en los puertos pesqueros y se trasladan en lanchas rápidas. Para la consulta popular del domingo se prevé reforzar la seguridad en San Lorenzo y en otros recintos cercanos.

En cambio, los agentes que llegaron de Estados Unidos y Colombia terminaron sus pericias y ahora realizan los informes que determinarán qué tipo de explosivos se usaron para atacar el cuartel policial. En San Lorenzo, las alertas aún permanecen encendidas, especialmente porque hoy está previsto que llegue el material electoral para el domingo. Los militares tienen preparado un operativo especial para el traslado de las papeletas. Policías en camiones y patrulleros recorren las zonas rurales del cantón. Las avenidas que conectan a comunidades de Eloy Alfaro también están monitoreadas. A esto se suman las operaciones de vigilancia por el estado de excepción que está activo en San Lorenzo y en Eloy Alfaro.

Capítulo 1

‘Guacho’ también causa terror en el departamento de Nariño EL COMERCIO, domingo 4 de febrero del 2018

l nombre de ‘Guacho’ no solo atemoriza en las poblaciones fronterizas del Ecuador, sino además en el sur de Nariño. Ese departamento colombiano, que limita con el Ecuador, se ha convertido en el centro de operaciones del exguerrillero de las FARC, a quien se le adjudica el reciente ataque terrorista en San Lorenzo (Esmeraldas). Allí también tiene sitios de descanso y de abastecimiento. El ecuatoriano es uno de los hombres más buscados en Colombia. Policías y militares lo rastrean en Tumaco, un Municipio de Nariño golpeado por las redes criminales. El COMERCIO llegó esta semana a esa zona. El miércoles, la temperatura sobrepasaba los 30 grados y una leve llovizna mojaba las calles pavimentadas. Para llegar a esa localidad, el viaje empieza en San Lorenzo. Todos los días una lancha parte a las 06:00. Durante una hora cruza manglares y pequeños brazos de mar. Así se llega inicialmente a Puerto Palma, una vereda colombiana que está asentada sobre el río Mira. Otra lancha ayuda a cruzar ese afluente. Al otro lado, camionetas y vehículos pequeños ofrecen carreras hasta Tumaco. Un camino de tierra, en cuyos bordes se levantan casas de madera, lleva a ese sitio, en un viaje de una hora y más. El vallenato se oye por todos lados. Un taxista del lugar dice que esa zona es tranquila, “pero si no dicen nada”. Sabe que por allí ahora operan los disidentes armados de las FARC. ‘Guacho’ es uno de ellos. En el 2014 fue parte del proceso de paz, pero dos años más tarde desistió y formó parte de las denominadas gue16

rrillas campesinas del sur. Esa agrupación conformada por miembros de la Red de Apoyo al Terrorismo y exguerrilleros siembran miedo en poblaciones campesinas. Además, se apoderaron de la producción de cocaína de la zona. Alias ‘Guacho’ se convirtió en su líder y montó el frente Oliver Sinisterra, en honor a un excabecilla de las FARC que fue abatido en el 2015. Pero, ¿cómo logró tanto poder? Agentes de Inteligencia militar detectaron que formó su grupo armado, porque tenía acceso a las caletas de las FARC. Así se abasteció de armas, municiones y explosivos. Luego formó alianzas con carteles mexicanos, a quienes les ofreció mantener activo el negocio del cultivo de coca. Datos del gobierno de Colombia detallan que cerca del 60% de la droga que sale de ese país hacia los Estados Unidos es producida en Nariño. Por eso, ‘Guacho’ incluso obliga a los campesinos a seguir cultivando coca. Los tiene amenazados de muerte si aceptan el programa de reemplazo de cultivos que el Gobierno ofrece en esa zona. Los agentes colombianos tienen ubicadas 15 poblaciones colombianas del departamento de Nariño en donde el ecuatoriano tiene injerencia. En Candelilla, una localidad fronteriza que está asentada en el río Mira, la gente teme hablar del disidente. Un hombre, de unos 63 años, señala con el dedo un camino de tierra. Por ahí se va a Puer-

Capítulo 1

to Rico dice en voz baja. Ese poblado es territorio de ‘Guacho’. Allí ha perpetrado asesinatos y ataques con explosivos. Los taxistas se niegan a entrar a ese sector de Colombia. “Hombre, vamos entrando a Puerto Rico y no salimos. A mí me matan por llevarlo y a usted por ir a donde no lo han llamado”, advierte a un equipo de este Diario. Los militares colombianos ingresan a esa zona en grupos. Los soldados van equipados con ametralladoras, pistolas, cascos y chalecos antibalas. En octubre, ‘Guacho’ los atacó con “cilindros bombas”. Hubo enfrentamientos y seis campesinos fallecieron. Este tipo de hecho hizo que a inicios de enero Bogotá enviara a estos sectores 9 000 uniformados de la Armada, del Ejército y de la Policía, para “rescatar” las zonas afectadas por las mafias. Las muertes violentas en Tumaco son otro problema que preocupa al Gobierno. El año pasado, luego de la retirada de las FARC, hubo 190 homicidios, una cifra histórica, según las autoridades. La Policía de ese país ha confirmado que los índices de violencia se disparan por las disputas que libran las redes narcodelictivas por el control de territorio. La organización de ‘Guacho’ es parte de esas agrupaciones. La Armada colombiana ha detectado que el ecuatoriano ha negociado con los carteles mexicanos el envío a Centroamérica de pasta y base de cocaína. En países como Panamá finalizan la producción de la sustancia ilegal y la envían a EE.UU. Por eso, el disidente se niega a dejar el culti-

vo de coca en Nariño. Él paga a los campesinos hasta 2 500 dólares por una hectárea de coca. Las cosechas se realizan cada dos meses. Pero el Gobierno colombiano ha impulsado la producción de productos lícitos, como la pimienta negra e intenta pagar altas cantidades, para que los campesinos no se dejen influenciar por las mafias. Por eso, ‘Guacho’ ha tenido que recurrir a las amenazas. Ha bloqueado caminos para que los militares y policías no ingresen a sus zonas. Sus hombres también vigilan los sembríos. Todos se trasladan por los ríos Mira y el Mataje. Este último separa al Ecuador de Colombia. Ahora, soldados colombianos y ecuatorianos vigilan la franja fronteriza. Pero quienes identifican a ‘Guacho’ dicen que conoce a la perfección las montañas y la zona selvática de Nariño. Sus hombres lo resguardan en el día y en la noche. Por eso, en enero, Colombia creó una fuerza especial para encontrarlo. El grupo élite está conformado por agentes expertos en Inteligencia y patrullaje en la selva colombiana.

Capítulo 1

ExFARC y narcos, detrás de la minería ilegal en la frontera norte EL COMERCIO, domingo 11 de febrero del 2018

ara llegar a los pozos mineros de Alto Tambo -un poblado rural de San Lorenzo- los artesanos hacen un recorrido de al menos tres horas. La jornada se inicia a las 05:30, con un viaje sobre unos ‘carros’, que son unos pequeños vagones adaptados que descienden sobre los rieles. Luego de 60 minutos, se continúa el camino a pie por dos horas más. Ya en los ríos, los obreros empiezan su tarea: conseguir pepas de oro entre las rocas, a través de un rústico proceso de extracción con una clasificadora. El retorno a casa es incierto, todo depende de lo que se encuentre. Nadie abandona los pozos si no ha logrado recolectar 5 o 10 gramos. Por esa cantidad, en San Lorenzo, los comerciantes pagan clandestinamente entre 100 y 200 dólares. Si hay suerte, el hallazgo puede ocurrir en mediodía, pero hay veces que los obreros permanecen más de 24 horas allí. Alo largo de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro hay más de 30 poblados rurales; la mayoría de sus habitantes se dedica a la minería artesanal no regularizada. Esta es la única fuente de ingreso de las familias, además del trabajo en las palmicultoras. Pero información militar advierte que los grupos criminales de Colombia, vinculados con disidencias de las FARC o narcotraficantes, también están detrás de la minería ilegal que se registra en los dos cantones, debido a su cercanía con el departamento de Nariño. Los militares saben que estas organizaciones delictivas usan a la gente local para trabajar en los pozos. F uentes oficiales revelan que en los

operativos suelen confiscar retroexcavadoras que cuestan hasta 200 000 dólares. Esta maquinaria se utiliza para sacar el sedimento de los ríos, un paso previo para hallar oro. En diciembre pasado, por ejemplo, Ecuador y Colombia ejecutaron un operativo en la frontera. Del lado ecuatoriano, las autoridades localizaron tres campamentos y decomisaron dos excavadoras, una bomba de succión de agua, una planta de energía, tres clasificadoras (máquina que extrae el grano fino para obtener el oro) y tanques de combustible. A l otro lado, en cambio, se halló maquinaria, una draga y generadores de energía. A los ocho días de los decomisos, volvemos a encontrar nuevos equipos en el lugar. Entonces, ¿cómo podemos justificar tanto dinero en tan poco tiempo?”, se preguntan las autoridades para explicar la injerencia de grupos criminales colombianos en la frontera. Cuando los decomisos se producen en San Lorenzo, militares del Batallón de Infantería de la Marina 11 (Bimlor) acompañan a las autoridades que ingresan a los pozos y activan anillos de seguridad. Los reportes de este batallón también tienen indicios de la presencia de narcos en la minería ilegal de las zonas fronterizas. “ El destino del oro puede ser para lavado de dinero o capitalizar las necesidades que ellos tienen para sus finanzas”, admite David Ruales, subcomandante del Bimlor. Incluso han detectado que maquinaria de Colombia ingresa a Ecuador a través del río Mataje, el afluente que divide ambos países. Esto ocurre cuando el río tiene bajo caudal.

Capítulo 1

La OEA, en un informe sobre el fenómeno del narcotráfico, concluyó que las mafias de la droga ahora están interesadas en la minería ilegal, por los millonarios réditos económicos. Aunque no hay cifras oficiales sobre las ganancias ilícitas que deja el tráfico de oro, la OEA revela que en países de la región andina el precio de este metal en el mercado regular creció en un 438%, entre 2000 y 2010, y es una de las principales fuentes de crecimiento económico de estas naciones. “Esta riqueza de recursos no pasa por alto entre las organizaciones de la delincuencia internacional. El flujo de ganancias de la minería ilegal ofrece un entorno adecuado para el lavado de activos”, dice. Precisamente, tras una operación de diciembre pasado, autoridades de Colombia y de Ecuador ya advirtieron que detrás de la minería clandestina hay otros delitos, como tráfico de armas y de combustibles. Además, los grupos criminales pueden convertir fácilmente el oro en joyas, y así transportar de un país a otro sin mayores problemas, lo que no sucede con el dinero, que sí deja rastro y es más difícil moverlo. En Alto Tambo, una zona poblada de casas de madera, de cemento y techos construidos con láminas metálicas, los mineros prefieren no hablar de la presencia de disidentes de las FARC y de narcos en los pozos. EL COMERCIO viajó a San Lorenzo y habló con mineros. Uno de ellos admitió que es “un secreto a voces” que hay delegados de grupos criminales colombianos en la minería ilegal local. “Están involucrados en todo ámbito. Aquí hay mucha gente infiltrada”, relata en un lugar

que previamente se acordó para la entrevista. Y luego asegura que estos delegados permanecen una semana, un mes, dos meses en los pozos. “Ellos vienen a informarse y, de pronto, son los que manejan esta situación”. En Colombia, las autoridades también saben que tras la firma de la paz, disidentes de las FARC intentan controlar la minería ilegal que se da en ese territorio. Pero también otros grupos criminales están detrás de este negocio millonario, principalmente el ELN y las Autodefensas Gaitanistas, según la ONG Crisis Group. Los prósperos negocios ilícitos, como las minas de oro ilegales, son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos”, advierte esa organización. Aunque San Lorenzo y Eloy Alfaro son cantones propensos a la presencia de estas mafias, no se descarta que también estén en otras zonas de la frontera.

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El tráfico de armas permea la frontera EL COMERCIO, miércoles 14 de febrero del 2018

esa 4 kilos, dispara hasta 950 balas por minuto y alcanza objetivos ubicados a 550 metros de distancia. Es el fusil de asalto M16 y usa munición 5,56. Esta arma, junto con el FAL y el AK-47, es la más usada por los grupos criminales colombianos que operan en la frontera con Ecuador, principalmente por disidentes de las FARC. ¿Cómo lo obtienen? Lo trafican a través de ríos y carreteras abiertas en la zona fronteriza. Alias ‘Guacho’, por ejemplo, cargaba un fusil M16 en su única aparición en público, en octubre del 2017. A él se le atribuye el ataque terrorista al comando de Policía de San Lorenzo, el 27 de enero pasado. San Lorenzo -por su cercanía con el departamento de Nariño- es un corredor estratégico para el tráfico de armas que llegan a Colombia. Los militares de Ecuador han identificado pasos clandestinos a lo largo del río Mataje, afluente que divide a ambos países. EL COMERCIO recorrió la semana pasada desde San Lorenzo el río Mataje con militares del Batallón de Infantería 11 de la Marina (Bimlor). A lo largo de este afluente existen bocanas y manglares que impiden el control total de la zona, admiten las autoridades. Las investigaciones revelan que los grupos criminales trafican armamento en horas de la noche, cuando el seguimiento se torna más complejo. “Se ocultan en los manglares, que tienen varias entradas. Usan botes con remos, así nadie los escucha”, explica un militar. Por lo general, el armamento que pasa por San Lorenzo llega a Tumaco, en Nariño. Pero también se ha detectado que la ruta puede 20

avanzar hasta Guapi, un municipio colombiano ubicado en el Pacífico, y que es parte del departamento del Cauca; y al puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. De hecho, las autoridades de ese país aseguran que los poblados asentados en las costas del Pacífico colombiano son propensos al tráfico de armamento. Tumaco es uno de ellos. Allí opera la estación de guardacostas de la Armada de Colombia, una base militar que combate el tráfico de drogas, de armas, de combustible, pesca ilegal, entre otros. El martes 6, este Diario llegó a esa base, habló con altos oficiales y acompañó a un recorrido. Ellos revelaron que disidentes de las FARC, entre ellos ‘Guacho’, pueden tener armamento ‘encaletado’ en los manglares del río Mataje. No se descarta que haya caletas en zonas ecuatorianas. Un día antes de esa visita, el lunes 5 de febrero, las autoridades colombianas hallaron un lanzagranadas, 70 morteros, 300 kilos de explosivos, 40 barras de pentolita y armas de fuego en una caleta en Leiva, municipio de Nariño ubicado a 430 km de Tumaco. Los reportes de prensa de Colombia advirtieron que ese armamento fue adquirido en Ecuador por delegados de ‘Guacho’, quien comanda el grupo de disidentes Oliver Sinisterra. El arsenal habría sido vendido al ELN. En Quito, esa información fue desmentida por el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. “Es errada. Hemos contrastado con autoridades colombianas, quienes han dicho que es una falsa información por parte de los medios de comunicación de ese país”.

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En el Bimlor saben que las armas que llegan a Colombia provienen de diversos países de América (Chile y Perú, sobre todo), Europa o África. Antes de la firma de la paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, la mayor parte de armas ilegales ingresó a ese país vía terrestre. Lo hizo a través de las cinco fronteras que tiene esa nación, particularmente a través de las fronteras colombo-venezolana y colomboecuatoriana, advierte un informe de la Oficina Contra la Droga y el Delito (Unodc). Las autoridades militares han detectado rutas terrestres que pasan por Tulcán y Lago Agrio. Según los reportes oficiales, la modalidad más común es camuflar las armas entre mercancía legal y de contrabando, en vehículos y camiones que van por la frontera. También utilizan empresas de encomiendas y mensajería legales e informales. Los grupos delictivos colombianos pueden pagar entre 1 500 y 3 000 dólares por un fusil tipo AK-47; el doble de lo cuesta en el mercado legal. Sin embargo, las investigaciones también refieren que estas organizaciones pagan con droga. Los investigadores dicen que delegados de estas agrupaciones suelen contactarse con traficantes locales o internacionales, para negociar la cantidad de armas que requieren, precios y la equivalencia en kilos de cocaína.

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Tareas conjuntas se ejecutarán en la frontera EL COMERCIO, viernes 16 de febrero del 2018

olombia y Ecuador le apuntan a la Inteligencia militar y policial para contrarrestar la inseguridad en sus fronteras. Ayer, durante el sexto Gabinete Binacional, el presidente Lenín Moreno y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, anunciaron que se concretaron 80 compromisos entre las dos naciones. Entre esas están las acciones para fortalecer el resguardo del cordón fronterizo. La cita comenzó a las 11:10, en el centro de convenciones Expofuturo de Pereira. Esa ciudad colombiana, del departamento de Risaralda, fue la sede del evento donde se definieron estrategias conjuntas contra el narcotráfico, el crimen organizado, los grupos armados y los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. De hecho, la seguridad fue uno de los puntos que marcó el evento diplomático. Desde temprano, en Pereira se desplegó un fuerte contingente policial y militar. Vestidos con uniformes verdes y equipados con fusiles y revólveres, los agentes colombianos custodiaban las calles de la ciudad. Carros de unidades antiexplosivos también resguardaban los exteriores del evento. En las entradas al complejo, personal policial chequeó a todos los invitados, y luego agentes con canes vigilaron el flujo de los asistentes. Por ese filtro pasaron 19 ministros ecuatorianos que arribaron a Colombia a las 09:00. Los secretarios de Estado se unieron a la delegación que llegó un día antes del encuentro presidencial. El miércoles había arribado la canciller Ma22

ría Fernanda Espinosa, el secretario de Inteligencia Rommy Vallejo, el ministro del Interior César Navas y el titular de Defensa Patricio Zambrano. Los cuatro coordinaron las acciones que emprenderán los dos Estados para resguardar la frontera. Antes del evento de ayer, Navas daba pistas de los acuerdos y aseguraba que “se hizo una revisión profunda de la situación” y se estableció que miembros de la Policía y FF.AA. de Ecuador estén dentro del Estado Mayor de Colombia para poder coordinar las operaciones conjuntas. Entonces se habló de patrullajes fluviales y terrestres en las zonas cercanas a los municipios colombianos de Nariño y Putumayo. La vigilancia se debe a que en esas zonas se ha detectado presencia de mafias del crimen organizado. Mientras Navas decía eso, los secretarios y ministros de Estado de los dos países copaban el salón en donde se desarrolló el Gabinete Binacional. El Ministro de Defensa también habló de las estrategias que se adoptarán e indicó que Colombia se comprometió en tener puestos fijos para el control. “Así que vamos a compartir destacamentos (…) eso nos va a permitir asegurar la frontera y brindar resguardo a nuestros conciudadanos”. En cuanto a los efectivos en frontera, Zambrano dijo que no se incrementará y que se fortalecerá la Inteligencia. Colombia aumentó el personal y tiene 10 000 de sus efectivos en la frontera con Ecuador. Enseguida, en el salón aparecieron los dos jefes de Estado, cantaron

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los himnos nacionales de cada país e iniciaron el encuentro a puerta cerrada. A las 14:30, el presidente Santos habló públicamente del evento. El Mandatario dio detalles de cómo se realizarían las acciones en conjuntas. “Vamos a intercambiar información, vamos a vigilar y a proteger la frontera y vamos a tener una confianza entre militares y policías”. Lanzó ese dato y se solidarizó con Ecuador por el atentado terrorista en San Lorenzo y dijo que ese hecho se le atribuye a un “delincuente colombiano” alias ‘Guacho’. En un inicio, militares de Colombia dijeron que era de la zona de Limones, en Esmeraldas. El Gobierno colombiano ofrecía 150 millones de pesos de recompensa a la persona que dé información para detenerlo. Ayer, la cifra se duplicó. Además, indicó que el insurgente se mueve, junto a otras organizaciones delictivas, entre la frontera de Ecuador y Colombia. Por eso, los dos gobiernos decidieron destinar 4 millones de dólares al fondo binacional para desarrollar programas sociales y de desarrollo en las poblaciones fronterizas. Durante la jornada de ayer, el presidente Moreno emitió dos pronunciamientos, uno al inicio del Gabinete y otro al final. En el primero habló sobre la importancia de que exista una coordinación en las labores de Inteligencia para contrarrestar problemas como la trata de personas, las drogas y el contrabando en frontera. En el segundo se refirió al trabajo de las dos naciones y anunció que el próximo encuentro binacional será en Ecuador.

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El Pan está cercado por FF.AA. luego del ataque a militares EL COMERCIO, martes 20 de febrero de 2018

na vía lastrada en medio de la vegetación conduce a El Pan, el poblado de San Lorenzo-Esmeraldas, donde el sábado fue atacada una patrulla ecuatoriana. Ahora, el paso a esa zona está bloqueado y resguardado por militares; ningún extraño puede pasar. El acceso está permitido solo hasta Guadalito, un pueblo ubicado a 9 km de El Pan. Ayer, un equipo de EL COMERCIO llegó a ese sitio, que también está controlado por soldados. “No hay autorización para avanzar. Es peligroso”, dijo uno de los uniformados que custodia el lugar. Las FF.AA. desplegaron camiones del Ejército hacia estas zonas fronterizas. Los uniformados dicen que en los 9 kilómetros que hay entre estos dos pueblos hay otros tres puestos de control, vigilados con más de 400 hombres. Los soldados indican que El Pan es territorio ‘caliente’. Esta comunidad se asienta sobre la ribera del Mataje, el río que divide a Ecuador de Colombia. Precisamente, los grupos armados colombianos usan los poblados fronterizos de San Lorenzo para descansar o esconderse de los agentes que operan en Nariño, el departamento de Colombia ubicado frente a Esmeraldas. Este hecho lo reconoce Inteligencia. Sus reportes advierten que la situación se caotizó a raíz de la implementación de la campaña Atlas, un plan de seguridad e inversión social que Bogotá desplegó en Nariño, desde enero. Como parte de esa iniciativa, el gobierno de Juan Manuel Santos ha enviado 10 000 hombres a ese departamento para capturar a disi-

dentes de las FARC y a las mafias dedicadas al tráfico de drogas. Nariño tiene las más extensas plantaciones de hoja de coca y es una zona estratégica para el tráfico de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU. En Ecuador, Inteligencia dice que ese masivo despliegue de militares y policías colombianos en los municipios de Nariño ocasionó un “desbordamiento de violencia”. Los militares saben que esto ha provocado que los grupos armados se escondan en las zonas más próximas a la frontera o pasen a Ecuador. El enfrentamiento en El Pan, por ejemplo, está relacionado con grupos irregulares que cruzaron a Ecuador clandestinamente, según el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. El funcionario señaló que los militares se encontraron con los armados durante un patrullaje. “Son grupos delincuenciales, campesinos que estaban vigilando plantaciones de coca dentro del territorio colombiano y al ser quebradas traspasaron nuestras fronteras. Lo que hicieron nuestras fuerzas fue repeler y decir que se vayan a su territorio”. Ayer, en Guadalito, los militares evitaron dar detalles sobre las operaciones que allí han desplegado. En esa comunidad habitan 67 familias, es decir, unas 218 personas. Germán Ortiz, su presidente, aseguró que la población está asustada. “Es la primera vez que ocurre algo así en El Pan. La gente incluso teme que se dé un atentado similar al ocurrido en San Lorenzo”. Mariela, una mujer de unos 35 años, vive en

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San Lorenzo pero llegó a Guadalito el fin de semana. Desde ayer vende pescado frito a los militares que custodian el pueblo. Ayer, mientras los atendía, explicaba que el enfrentamiento bloqueó el acceso a los carros que transportan a la gente a El Pan. Cada mañana, una camioneta sale a las 07:00 desde San Lorenzo hasta ese pueblo fronterizo y retorna al mediodía. Otro vehículo llega a las 14:00 y abandona la comunidad pasadas las 17:00. El ministro Zambrano reconoce la complejidad de la frontera norte. “Se ha visto que existen rutas de droga y al frente, en Colombia, plantaciones de coca. Lo que nosotros siempre hemos pedido es corresponsabilidad, que no solamente implica tareas militares colombianas, sino también la presencia efectiva del Estado, del Gobierno”. En medio de estos hechos, el Secretario de Estado aseguró que n o habrá base militar extranjera en el país. “No puede haber bases militares extranjeras en Ecuador, lo prohíbe la Constitución”, dijo a EFE el Ministro al ser preguntado por la desmantelada base de Manta, desde donde se realizaba el control antidrogas. La Cadena y Labores Agrícolas son otros poblados ubicados en la línea de frontera. Estos puntos también son considerados “calientes” por los militares. Las vías que conectan a estos lugares son de lodo o lastradas y están rodeadas por vegetación y palma. En noviembre, agentes de Policía sufrieron una emboscada en la carretera La Cadena-Puerto Rico. Sospechosos de narcotráfico abrieron fuego en contra de los uniformados.

Según las investigaciones, estas vías son utilizadas por los grupos armados para traficar droga o combustible. Elementos de la Armada colombiana han admitido a este Diario que la gasolina ecuatoriana es utilizada para el procesamiento de la cocaína en los laboratorios clandestinos que hay en Nariño o para dotar a las embarcaciones que salen hacia Centroamérica con los estupefacientes. Las redes criminales emplean los pasos ilegales que hay a lo largo del Mataje para mover el combustible. Esto ocurre sobre todo en horas de la noche, a través de botes que se movilizan solo con remos. Según los militares colombianos, el precio del combustible puede elevarse hasta en un 200% en altamar, zonas en donde los narcotraficantes se abastecen hasta dos veces para llegar a los países de Centroamérica. Las indagaciones refieren que hay redes delictivas que se encargan de proveer gasolina a las mafias. Por eso, Defensa confirmó que más de 1 000 hombres están en el sitio del ataque reportado el sábado (en la frontera hay 10 000).

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Pobladores abandonan El Pan tras el ataque EL COMERCIO, jueves 22 de febrero de 2018

a situación en El Pan se recrudece. Ayer, los últimos habitantes que quedaban en esa comunidad fronteriza abandonaron sus casas y se refugiaron en San Lorenzo, Esmeraldas. La población, atemorizada por los enfrentamientos entre soldados ecuatorianos y disidentes de las FARC, se ha visto obligada a huir hacia una zona segura. Las primeras salidas se produjeron el domingo, horas después del primer ataque de los armados ilegales. Ese día, los soldados pidieron a la gente abandonar la comunidad. “Los militares nos dieron de 5 a 10 minutos para coger nuestras cosas y desocupar las casas”, recuerda el presidente del pueblo, Hegardo Caicedo. María Caicedo, de 60 años, fue de las primeras en irse. Dice que el sábado se botó al piso cuando escuchó la ráfaga de disparos. “No sabemos cuándo podremos volver. Dejamos a nuestros animales, la ropa, todo”, comentó ayer mientras esperaba la ayuda del Municipio de San Lorenzo. Por la tarde, la Alcaldía y la Secretaría de Gestión de Riesgos entregaron vituallas a los pobladores desplazados. Y anunciaron que levantarán un albergue temporal en una unidad educativa de la ciudad. En el plantel acogerán a las 50 familias (unas 200 personas) que vivían en el poblado. Por ahora se quedarán en casas de amigos y de familiares. Temprano permanecieron momentáneamente en una construcción abierta que tiene el Municipio. Allí fueron registrados uno a uno.

Esperanza Caicedo salió de El Pan el martes, poco después del segundo enfrentamiento entre soldados y exguerrilleros de las FARC. “Los militares se subieron a las casas para poder disparar. Estamos asustados. Queremos saber qué está pasando realmente”. La respuesta llegó desde Quito. Ayer, el ministro del Interior, César Navas, señaló que detrás de estos hechos se encuentran carteles de la droga, que tienen como brazo de apoyo a los disidentes colombianos. “Son mexicanos, de lo que tenemos información compartida con Colombia (...) En un marco general, sí, le digo que son carteles”. Esto hizo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional activaran un mando unificado, que estará comandado por un general de las Fuerzas Armadas. Así se fortalecerá la seguridad en la frontera. Alberto Caicedo, de 69 años, también abandonó El Pan en las últimas horas. Inicialmente, los soldados dijeron a los pobladores que podían volver en 15 días. Pero los habitantes dudan que eso se cumpla. Desde el fin de semana, el acceso a El Pan está restringido. Los civiles solo pueden avanzar hasta Guadalito, una comunidad situada a una hora en auto. Allí hay un control militar que impide el acceso de vehículos y personas. Hasta este martes, Guadalito era utilizado como una zona de descanso de los soldados. Incluso se adaptó un área para la llegada de camiones militares. Pero ayer EL COMERCIO constató que los vehículos avanzaron y se ubicaron en zonas estratégicas, debido a que El Pan ya está

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desalojado. Los uniformados no descartan que en las próximas horas se dé un nuevo enfrentamiento. Frente a El Pan está Montañita. Desde esa zona colombiana los disidentes de las FARC coordinan los ataques contra los soldados ecuatorianos, advierten los pobladores. Los reportes de Inteligencia colombiana advierten que alias ‘Guacho’ -a quien se atribuye el ataque al comando de Policía de San Lorenzo- se mueve entre Montañita, Puerto Rico, Dorado o Brisas del Mataje, comunidades que están frente a El Pan. Este Diario conoció que 2 000 militares colombianos se desplazarán hacia esos puntos. Ayer, el ministro Navas aseguró que alias ‘Guacho’ maneja al menos 120 hombres en Nariño, frontera con Esmeraldas. Este grupo “brinda sus servicios” a carteles del extranjero, dijo. Pero en Nariño no solo hay presencia del frente liderado por ‘Guacho’. Las investigaciones refieren que en ese departamento colombiano también hay injerencia de las Guerrillas Unidas del Pacífico (otro grupo disidente de las FARC), Gente del Orden, y el Clan del Golfo, una mafia de la droga. Todas estas organizaciones criminales manejan las rutas de la droga, los laboratorios y las plantaciones de hoja de coca que hay en Nariño. Robinson Caicedo es otro habitante de El Pan. Ayer intentó avanzar hasta la comunidad para recoger las cosas que ahí quedaron, pero los militares le impidieron el paso. “Solo queremos que nos permitan ingresar y sacar la ropa, los animales, lo que se pueda. Incluso se puede hacer en compañía de ellos

(militares)”, pidió. Los habitantes, que viven de la caza y la agricultura, ahora temen quedarse sin ingresos económicos. Jairo Cantincús, presidente del gobierno parroquial de Mataje, reconoció que la situación es “preocupante y compleja”. El dirigente alertó que otras zonas fronterizas, como La Cadena, Labores Agrícolas, Mataje o Campanita, están en riesgo. Y pidió la intervención del Gobierno. Por ahora, una delegación de Ecuador viajará a Colombia para intercambiar información relacionada con la seguridad de la frontera. A ese grupo lo acompañará al fiscal Carlos Baca Mancheno, quien recopilará la información con relación al atentado terrorista que se perpetró el 27 de enero en San Lorenzo, Esmeraldas. Según Navas, “la dinámica de la frontera cambió por los procesos que se desarrollan en Colombia. Estos procesos no se alcanzan de la noche a la mañana, por ello reforzamos los operativos de control en la frontera desde meses atrás”. De hecho, en la reunión que la semana pasada mantuvieron los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno, y de Colombia, Juan Manuel Santos, hablaron de la necesidad de trabajar en temas como educación, salud, producción, servicios sanitarios y otros.

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Tres bandas operan frente a San Lorenzo EL COMERCIO, domingo 25 de febrero del 2018

penas a dos horas de San Lorenzo está Puerto Rico, un caserío colombiano en donde crece una de las más extensas plantaciones de hoja de coca de Nariño, frontera con Esmeraldas. Solo en esa zona hay 10 000 hectáreas de sembríos ilícitos, de las 23 100 que están regadas en Tumaco. Este municipio tiene la mayor cantidad de cultivos de coca de Colombia. El miércoles, EL COMERCIO llegó a Corriente Larga, comunidad rural de San Lorenzo situada frente a Puerto Rico. Para acceder a este lugar hay que recorrer una vía lastrada y colmada de fango. En el recinto habitan solo cuatro familias, pero todos los días gente de Colombia cruza y se desplaza a San Lorenzo para comprar víveres, gasolina o tanques de gas. Los habitantes de Puerto Rico pagan 0,50 dólares por pasar a Corriente Larga. Usan botes que recorren el río Mataje. El trayecto dura dos minutos. Ya en lado ecuatoriano, las personas contratan camionetas por 2 dólares que les trasladan hasta San Lorenzo. El retorno siempre es más costoso. Los transportistas cobran el pasaje según los bultos que cargan. Pero cruzar al lado colombiano no es tan sencillo ni seguro para gente que no es de la zona. Los habitantes de ambas comunidades se conocen y distinguen a cualquier foráneo. "Usted puede pasar a Puerto Rico, pero que lo dejen volver acá es otra cosa", dice un habitante de Corriente Larga. Otra mujer susurra algo parecido. "Ellos no 28

los conocen. De pronto les amarran mientras averiguan quiénes son ustedes". Cuando la gente habla de "ellos" se refiere a los armados que operan en Puerto Rico. Inteligencia Militar de Colombia advierte a este Diario que alias 'Guacho', el ecuatoriano que abandonó las FARC tras el proceso de paz, opera en los poblados de Puerto Rico, Brisas del Mataje y Montañita. Los reportes también refieren que él tiene presencia en otras zonas como Alto Mira, Frontera y en las veredas el Playón, Tandil, Vallenato, El Azúcar, Casas Viejas o La Balsa. Según las investigaciones, 'Guacho' está detrás de los ataques a los soldados ecuatorianos en El Pan, el poblado rural de San Lorenzo situado frente a Montañita. Tras esos enfrentamientos, los 200 habitantes de El Pan abandonaron la comunidad y se refugiaron en San Lorenzo. Ese desplazamiento masivo preocupa a la gente de otras zonas fronterizas. Temen que la cercanía con los poblados de Colombia pueda generar incidentes de violencia, como los registrados en El Pan. Eso lo admite Jairo Cantincús, dirigente parroquial de Mataje, que abarca las comunas: Mataje Alto, El Pan, Labores Agrícolas, La Cadena, Mataje, Valverde, Las Delicias, Campanita, Lucha y Progreso y Corriente Larga. Para el líder, Mataje Alto, Labores Agrícolas, La Cadena y Corriente Larga están en riesgo debido a su proximidad con la frontera con Colombia. Mataje Alto, por ejemplo, es una de las comu-

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nidades más pobladas de la zona. Allí habitan alrededor de 600 personas. Desde los enfrentamientos del fin de semana, el paso a este lugar está restringido, como ocurre con El Pan. Hay unos cinco kilómetros de distancia entre uno y otro pueblo. Pero en los poblados colombianos más próximos a la frontera no solo hay presencia del frente Oliver Sinisterra de 'Guacho'. Los informes revelan que el Clan del Golfo, una mafia dedicada al narcotráfico, tiene injerencia en comunidades ubicadas en el occidente de la frontera con Esmeraldas. Desde allí sacan fácilmente embarcaciones cargadas con droga hacia el Pacífico. Hasta octubre pasado, esa organización criminal estaba manejada por Erney Gasca Valencia, alias 'Cusumbo'. Las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) es otro de los grupos que controla la zona de frontera. Está conformada por unos 250 hombres, principalmente disidentes de las FARC. Un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, una organización que analiza el conflicto colombiano, señala que el Clan del Golfo se ha asociado con las GUP para controlar el narcotráfico en Tumaco. "Sin embargo, esa unión es muy frágil y podría derivar en dos situaciones: la primera, que se rompa el vínculo y comiencen una disputa armada; y la segunda, que las GUP se subordinen al Clan del Golfo, debido a su amplia capacidad militar", reseña el documento. En Corriente Larga la gente no habla de estos temas. Tampoco en La Cadena. Aquellos que

se atreven, lo hacen sin mencionar su identidad. Ellos cuentan que al otro lado, en Puerto Rico (Colombia), hay decenas de parcelas de plantaciones de hoja de coca. Desde que las FARC firmaron la paz y abandonaron estos territorios, los nuevos grupos armados custodian los terrenos y dan protección a los nativos que cosechan la planta.

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Narcos tienen en zozobra a pobladores EL COMERCIO, miércoles 7 de marzo de 2018

alma Real estaba de fiesta. Era octubre del 2017 y este poblado fronterizo de San Lorenzo vivía sus fiestas patronales. Había música y entre la gente aparecieron 25 personas que custodiaban a un hombre. Tomaron cerveza, bailaron y comieron cebiches de concha. Todos vestían como campesinos, pero los pobladores sabían que el cabecilla era un capo, que maneja redes de narcotráfico. Por lo general lo ven en las fiestas anuales. La gente dice que no es de ahí, sino que arriban en lanchas desde Candelilla de la Mar, el poblado colombiano, cercano a Ecuador. Desde ese lugar hasta Palma Real, las embarcaciones se demoran 15 minutos. Solo deben cruzar un brazo de mar que separa a las dos naciones. Alias 'Guacho', principal sospechoso del carro bomba colocado en el cuartel policial de San Lorenzo, también ha llegado a esas fiestas. Lo ha hecho escoltado por sus hombres más cercanos. Con Washington Prado, a quien la Policía colombiana lo conoce como el 'Pablo Escobar ecuatoriano', ocurría lo mismo, antes de que sea encarcelado y extraditado a los Estados Unidos. EL COMERCIO ingresó a Palma Real el 26 de febrero. El calor era intenso; sobrepasaba los 35 grados. La gente se escondía del sol bajo la visera del muelle que mide unos 25 metros. Allá llegan las lanchas que provienen desde San Lorenzo. El viaje dura unos 50 minutos. La mayoría de casas son de madera y están levantadas a la orilla del brazo de mar. El centro del poblado está al fondo. Allí se levanta la 30

junta parroquial, una iglesia, la cancha de fútbol, un centro médico y la UPC, que opera con 10 uniformados. Hasta antes del ataque terrorista de San Lorenzo, Palma Real era custodiada por cinco agentes. Pero tras la emergencia se destinaron cinco comandos élites del GIR, para reforzar las seguridades. Ahora, ellos también investigan los movimientos de las organizaciones del narcotráfico, pues se conoce que usan tramos de las playas y los manglares de la zona para ocultar los cargamentos que envían a Centroamérica y EE.UU. Inteligencia policial confirma ese dato y revela que los poblados fronterizos como Palma Real son claves para las redes delictivas. "Allí tienen gente que hace contrainteligencia y les da información sobre los movimientos policiales". "Les pagan un millón de pesos (350 dólares) para que les avisen quiénes llegan o si alguien les denuncia. Incluso ellos ya deben saber que usted estuvo aquí", dice un hombre que pide que ni su rostro ni nombre se publiquen. Otro poblador cuenta que también les pagan para que ayuden a ocultar los cargamentos de droga. "Hacen huecos profundos en las playas y luego cubren con ramas". Pero Palma Real no es el único poblado que conoce de los movimientos de estas mafias. En esa zona hay al menos siete localidades que miran a diario cómo las cargas ilegales de droga salen por el Pacífico. El Cauchal es uno de esos puntos. Para llegar a ese sitio, en donde viven 400 personas, se debe tomar otra lancha y cruzar una fuerte

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corriente de agua que se forma en la unión del brazo de mar con el océano. En ese trayecto se observan kilómetros de playas desiertas. El año pasado, en esos lugares hallaron media tonelada de droga escondida. "Esas playas son muertas, nadie camina por ahí", dice uno de los lancheros que recorre esa zona. En agosto, la Armada descubrió en El Cauchal un semisumergible escondido en el manglar. "Creo que estaba listo para llevar un cargamento", cuenta otro de los pobladores. El día que este Diario ingresó a esa zona, la Armada dijo haber encontrado en el sector 1 000 plantas de coca. El cultivo ilegal estaba escondido en una zona de abundante vegetación y de difícil acceso. Los agentes saben que las mafias intentan cultivar allí, porque el pueblo se encuentra frente a Tumaco, el municipio colombiano con más cultivos de coca. La Policía colombiana calcula que en ese sector hay cerca de 24 000 hectáreas de sembríos ilegales. Los pobladores temen la presencia de estas mafias y piden más seguridad. En ese pequeño poblado no hay policías ni militares. "Nosotros mismos nos cuidamos. Si alguien viene a atacarnos, nos toca defendernos con nuestros medios", dice un hombre mientras juega damas a la orilla del mar. La mayoría se dedica a la pesca. Otros cultivan chocolate, guanábana o crían ganado. Durante las tardes, el pueblo se reúne en la playa. Los niños juegan fútbol en una cancha de tierra y sus padres tejen redes para la pesca a la orilla del mar. En las noches prefieren no salir, pues saben

que las lanchas de los narcos comienzan a salir con las cargas. En la madrugada escuchan el motor de estas embarcaciones clandestinas. Rodrigo nació en El Cauchal, pero también ha vivido en Limones y Pampanal. Allí ha visto cómo los narcos captan a los pescadores, pues les ofrecen dinero a cambio de llevar los narcóticos a EE.UU. Pero además les contratan para que los abastezcan de combustible y para que guarden en sus fincas caletas de dinero y droga. Los sospechosos llegan hasta donde los pobladores y les ofrecen dinero para que guarden en sus casas o en bodegas los paquetes llenos de de alcaloides. En junio pasado, la Policía de San Lorenzo decomisó 47 kilos de cocaína. Los agentes dijeron que el alcaloide estaba oculto en una pequeña casa de madera dentro de una finca. Los propietarios del terreno fueron procesados penalmente por el acopio ilícito. Los investigadores trataron de establecer nexos con los carteles.

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Extranjeros frecuentan pueblos fronterizos EL COMERCIO, jueves 8 de marzo de 2018

on camionetas 4x4, último modelo. Tienen vidrios oscuros y sus ocupantes no son identificados. Estos automotores transitan a diario por las calles de Borbón, Rocafuerte y Palestina, poblados de Esmeraldas. Los vehículos se estacionan frente a los muelles, hoteles, fincas, tiendas y licorerías. En esos lugares conversan con pescadores, campesinos y comerciantes. Luego se retiran. Quienes los han visto afirman que son hombres que llegaron de México y de Colombia. Visten camisas, usan gafas, cadenas y relojes grandes de plata y de oro. Infunden miedo en los pobladores, pues ellos creen que son parte de redes de narcotráfico que operan en el perfil costanero de Esmeraldas. Este Diario cruzó esa información con la Policía y altos oficiales confirmaron los datos entregados por los pobladores. Según los investigadores, se trata de emisarios que se encargan de gestionar el traslado y el acopio de la droga que llega desde Colombia. Los uniformados revelan que las mafias tienen rutas fluviales y terrestres para llevar los cargamentos desde San Lorenzo (Esmeraldas) hasta las costas de Manabí, de donde salen a EE.UU. y a Centroamérica. EL COMERCIO ingresó a las poblaciones del norte de Esmeraldas. En todas, los residentes dicen conocer a los extranjeros y a sus escoltas. La Policía advierte que Borbón, una localidad ubicada a 40 minutos de la frontera con Colombia, es un punto de abastecimiento de productos y de descanso de los narcos extran32

jeros. A lo largo de esta población hay locales que ofertan licores de hasta 180 dólares. Venden cervezas americanas y mexicanas. También hay almacenes que venden joyas cuyo costo sobrepasa los 1 400 dólares. Los anillos y cadenas tienen relieves de caballos, herraduras y tréboles. El dueño de un local asegura que tiene joyas únicamente para hombres y que solo acepta efectivo. Estos detalles llamaron la atención de los uniformados y esos negocios son investigados por posible lavado. En las vías que conectan a Borbón con otras poblaciones fronterizas se han detectado cargamentos de droga. Desde enero, la Policía se ha incautado de cerca de una tonelada en zonas del nor te de Esmeraldas. Uno de los últimos hallazgos se produjo el pasado 23 de febrero. En el sector de las Peñas, los agentes interceptaron a un camión con 420 paquetes de droga. El alcaloide estaba camuflado en un doble fondo. Los sospechosos transitaban por la carretera a la 01:00 . Los uniformados que participaron en ese operativo no descartan que el alcaloide haya salido de la Tola o de Olmedo, otros dos poblados que están cerca a las Peñas. Para llegar a esas localidades se debe atravesar una carretera rodeada de extensa vegetación. En la Tola, la gente escucha vallenatos y toma cerveza. En el muelle, otros esperan a los pescadores que llegan con la faena de la mañana. Allí los dirigentes, religiosos, pescadores y comerciantes temen hablar de los mexicanos y colombianos que apoyan a las mafias del narcotráfico.

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Una mujer apenas cuenta en voz baja que los extranjeros pagan a la gente para que les proporcione gasolina y que vigile la droga ocultada en manglares y playas de la zona. Esos ofrecimientos también han llegado a los pobladores de Olmedo. El recinto está ubicado a cinco minutos de la Tola. En esa localidad, la mayoría de casas son de madera. Detrás del caserío, hay una playa abandonada. En ese lugar, el pasado 27 de febrero, estaban escondidas 10 canecas de plástico. Todas con olor a combustible. Dos hombres custodiaban los recipientes desde unos matorrales. La Policía dice que los narcos operan con redes de colaboradores. Eso ocurre precisamente en Rocafuerte y Palestina. Personas infiltradas acompañan a los emisarios para alquilar los terrenos en donde se oculta el narcótico. Esas propiedades generalmente están a orillas del mar. Los dueños de fincas comentan que los extranjeros llegan armados y les ofrecen hasta 15 000 dólares, para que la gente acepte cuidar la carga ilegal. Si el acuerdo se concreta, a los dos días llegan con los cargamentos y el dinero que es escondido en caletas. Caso contrario son amenazados e intimidados permanentemente. Los agentes aseguran tener datos de este y otros hechos en los que intervienen los mexicanos y sus ayudantes. Algunas evidencias las consiguieron el año pasado tras una fiesta. Al siguiente día de ese encuentro, los uniformados hallaron en las calles 150 botellas vacías de licor que costaba entre 180 y 200 dólares.

Los policías comunicaron a sus superiores, que "no era normal", que en una población pesquera "se ingiriera este tipo de licor". Ese informe fue remitido al comando policial. Por ahora, el Estado Mayor Conjunto, conformado por FF.AA. y Policía, levanta información de qué actividades ilegales se perpetran en la provincia de Esmeraldas y quiénes están detrás de esos hechos.

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Narcos invaden tierras para acopiar droga EL COMERCIO, viernes 9 de marzo del 2018

os pobladores del Quingue aún recuerdan el sonido de los disparos. Era abril del 2017 y la gente de esta pequeña localidad, ubicada al sur de Esmeraldas, empezó a ser perseguida y amenazada por narcos. Los mafiosos llegaban armados en las madrugadas. Pateaban las puertas y se metían a las casas. "¿Dónde está la droga?, entréguenmela o aquí se mueren todos", gritaban, mientras apuntaban con armas a las mujeres, niños y ancianos. Los pobladores dicen que al inicio no sabían lo que sucedía. Luego se enteraron de que una lancha cargada de droga fue perseguida en el Pacífico y para escapar los sospechosos lanzaron el alcaloide al mar. Entonces, la corriente arrastró los paquetes hasta el puerto del Quingue. Allí, los residentes tomaron y ocultaron el narcótico. "Esa fue nuestra desgracia", relata un hombre que vive 12 años en el sector. Las persecuciones y hostigamientos de los narcos duraron cuatro meses. El miedo que tenían los pobladores hizo que algunas familias huyeran de la zona y hasta de la provincia. Pero los amedrentamientos no pararon. Al contrario, se extendieron a otras poblaciones del sur de Esmeraldas. EL COMERCIO visitó esas localidades y habló con quienes fueron amenazados. En Punta Galera, la gente dice estar vigilada permanentemente por los miembros de las redes dedicadas al narcotráfico. Ese poblado, de 700 habitantes, tiene salida al Pacífico y cada tarde los pescadores descan-

san en hamacas frente al mar. Allí, un hombre cuenta que los narcos contratan a personas de otras ciudades para que transporten el alcaloide a la zona costera de Manabí. Inteligencia policial confirma estos datos y revela que ya han rastreado a los sospechosos. Los agentes saben que son bandas delictivas que operaban en Manabí y Santo Domingo, y que ahora se trasladaron al sur de Esmeraldas para colaborar con las redes internacionales del narcotráfico. Pero estos grupos ilegales no solo transportan los cargamentos, sino que buscan zonas para acopiarlos. Para eso se apropian o invaden tierras cercanas al mar o a una carretera que conecta a todas las poblaciones. Los armados llegan y les dicen que necesitan parte de sus tierras. Sacan las armas y les dan dos opciones a los pobladores: quedarse o irse. En los dos casos les advierten que no pueden decir nada a nadie, si no los amenazan de muerte. Por eso, ni la Policía ni la Armada tiene denuncias planteadas formalmente. Lo que conocen es que en esos sectores, las mafias sí tienen montadas redes de colaboradores. En mayo pasado, la Policía capturó a un hombre en una finca de Punta Galera. En su vehículo tenía un paquete de droga. Luego delató que todo el cargamento estaba en otra propiedad, ubicada en Estero de Plátano, otra población a las orillas del Pacífico. En total, los agentes se incautaron de 24,3 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Centroamérica. El jueves, en ese pequeño poblado caía una leve llovizna. En la playa, dos surfistas aprovechaban las olas, mientras que otras personas

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comían en un pequeño restaurante. Allí la gente asegura que el turismo es su principal sustento y por eso piden más seguridad. La misma preocupación tienen en el Quingue y en Cabo San Francisco. En los últimos dos años, en la vía que conecta a las dos poblaciones se han registrado asaltos a vehículos. Los policías advierten que detrás de estos hechos está la red de colaboradores de las mafias. La idea es que todo el corredor vial que antiguamente unía a Tonchigüe con Muisne permanezca vacío, para poder operan, tomarse las tierras y acopiar la droga. "A los narcos no les conviene que el turismo llegue a estas poblaciones, pues se develaría lo que ocurre. Los únicos perjudicados somos nosotros", dice una mujer. En las paredes del Quingue, la gente pintó frases como esta: "si amenazas, atacas o si robas a mano armada tienes 6 años de cárcel por intimidación o intento de asesinato". En Cabo San Francisco, los campesinos, líderes sociales, agricultores y la red de turismo hicieron una denuncia pública en julio. En un documento manifestaron su preocupación por "el crecimiento del tráfico de sustancias" en esa zona y por la afectación en sus jóvenes. Allí, un dirigente también ha sido indagado por alcaloides. Él admite ese proceso, pero asegura que la justicia le declaró inocente. "La droga no era mía. Era de un joven que me pidió un aventón. Yo le dije que bueno y en el camino la Policía nos paró". Ahora, el chico se encuentra arrestado.

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Un ataque terrorista sacudió a Borbón EL COMERCIO, sábado 17 de marzo del 2018

orbón amaneció hoy militarizado. Alrededor del retén naval, situado frente al malecón de la ciudad, se levantó un cerco que impide el ingreso. Ayer, parte de la pared de ese puesto militar se vino abajo por la detonación de un explosivo. El ataque, atribuido a grupos irregulares que operan entre Colombia y Ecuador, ocurrió aproximadamente a las 02:30, cuando todos dormían. El parte policial revela que los armados conectaron el extremo de un cable al medidor de luz de la iglesia y el otro extremo a un saco de yute cargado con pólvora. Unos 100 metros separan el retén de la capilla. La onda expansiva afectó a los ventanales del edificio del Cuerpo de Bomberos, del Gobierno Parroquial, casa comunal y otras viviendas aledañas. Tres marinos resultaron heridos levemente en el ataque. Mariuxi Caicedo reside a 120 metros del puesto militar. Ayer, ella seguía conmocionada por la explosión. Inicialmente pensó que se trató de un temblor. "En el ambiente quedó una cortina de humo que se dispersó en toda el área. El olor a pólvora quemada impedía respirar con normalidad", relató la moradora. Este es el segundo ataque terrorista que se registra en Esmeraldas en solo 48 días. El primero ocurrió el 27 de enero, en el comando de la Policía de San Lorenzo. Los sospechosos detonaron una bomba oculta en una camioneta 4x4. Tras esos hechos, el Gobierno decretó el estado de excepción en los cantones Eloy Alfaro (Borbón es su cabecera cantonal) y en San Lo36

renzo, por un período de seis meses, y reforzó la seguridad en la frontera. A través de ese Decreto, el Ejecutivo también suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia y la libertad de tránsito. Los habitantes no pueden salir a la calle después de las 22:00. Ayer, Moisés Quiñónez, exjefe político del cantón Eloy Alfaro, aseguró estar "sorprendido" por este atentado. "Es imposible creer lo que está pasando en Borbón. Pese al estado de excepción que rige desde enero, posibles grupos insurgentes atacaron el retén sin que nadie lo sepa", alertó. Por la mañana, en Quito, el ministro del Interior, César Navas, y el de Defensa, Patricio Zambrano, acompañados de los máximos jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, dieron detalles de lo ocurrido. "No podemos aseverar ni negar que estos hechos estén relacionados con el ataque de San Lorenzo. Estamos investigando", dijo Navas desde la sala de operaciones del ECU-911. A las autoridades se les preguntó cómo los sospechosos tuvieron tiempo de movilizar el saco de yute con pólvora y conectar los cables al medidor de la iglesia en un horario restringido, pero no lo aclararon. Lo que sí advirtieron es que el material empleado en el atentado de ayer no es el mismo que se usó en San Lorenzo. En la sala del ECU-911 también estuvo el fiscal general Carlos Baca. Él informó que el ataque al retén naval coincidió con el operativo Libertador, ejecutado la madrugada de ayer en Esmeraldas y en Guayaquil. No descartó que

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la explosión haya sido una "distracción" para evitar que la incursión tenga mayor impacto. El operativo dejó cinco detenidos y 20 inmuebles allanados. Según Baca, esta investigación se originó luego del primer atentado terrorista. De hecho, las autoridades aseguraron que los cinco arrestados integraban el brazo logístico y de seguridad de alias 'Guacho', el ecuatoriano al que se le atribuye el atentado al comando de San Lorenzo. Él es el supuesto líder de un frente de disidentes de las FARC denominado Oliver Sinisterra. Hace tres días, la Policía de Colombia capturó a Jefferson Chávez, alias 'Cachi', quien estaba considerado como el número dos de la organización criminal de 'Guacho'. Según las autoridades de ese país, 'Cachi' coordinaba las "actividades relacionadas con la producción y comercialización de cocaína" en una zona rural de Tumaco, departamento colombiano que se ubica frente a Esmeraldas. Desde allí enviaban la droga hacia México y EE.UU. El detenido lideraba acciones violentas contra la fuerza pública, junto a 'Guacho'. Ayer, Navas habló de alias 'Cachi' y confirmó que este sospechoso era la 'mano derecha' del ecuatoriano. Inteligencia sabe que 'Guacho' se mueve entre los pueblos fronterizos de Colombia y Ecuador. Horas después del ataque al retén naval, la seguridad militar y policial volvió a reforzarse en la zona de frontera. En las vías de acceso a los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, por ejemplo, se montaron retenes y hubo inspecciones a los buses interprovinciales y autos. Mientras eso sucedía en las carreteras, en

Borbón las investigaciones avanzaban. Los policías revisaron los videos de una cámara del ECU-911, instalada a unos 20 metros de donde ocurrió la explosión. Romel Tapia, jefe de la Policía en Esmeraldas, aseguró que esas imágenes pueden aportar datos relevantes de cómo se activó la pólvora y cuántos sospechosos actuaron. El miércoles, militares que operan en la frontera norte confiscaron 232 kilos de material explosivo en una operación desarrollada en Borbón. Los uniformados localizaron cinco bultos de pólvora en un bus de transporte interprovincial. Las autoridades no descartan que ese material también podía haberse empleado en el atentado al retén naval.

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San Lorenzo soportó dos ataques en un día EL COMERCIO, lunes 19 de marzo del 2018

uevos hechos violentos se reportaron ayer en el cantón fronterizo de San Lorenzo, Esmeraldas. En la mañana y casi en forma simultánea, policías y militares fueron atacados en diferentes puntos. En el caso de los soldados, la agresión ocurrió en el sector de El Pan. Mientras que un patrullero de la Policía fue afectado en Alto Tambo. De acuerdo con los primeros reportes, la arremetida en contra de los soldados ocurrió mientras realizaban un reconocimiento con drones. El objetivo de esa tarea es evitar la presencia de disidentes o sospechosos identificados con redes del narcotráfico. Un documento al que tuvo acceso este Diario dice que las ráfagas de fusil salieron desde la primera casa de El Pan y que las esquirlas de los morteros alcanzaron a los elementos de las Fuerzas Armadas. Este hecho dejó dos uniformados heridos, quienes fueron trasladados de inmediato a una casa de salud de San Lorenzo. El comandante de Operaciones Norte, contralmirante John Merlo, informó que los uniformados tienen lesiones leves. "Más es el producto de las explosiones que están con sordera temporal". Cuando los afectados eran evacuados, los disparos continuaban. Mientras esto ocurría en El Pan, en el sector de Alto Tambo un patrullero era atacado con explosivos. Los investigadores no descartaban que miembros de un grupo delictivo haya seguido al vehículo y activado un artefacto mientras pasaba por un lugar en el que no hay señal para comunicarse.

De las primeras investigaciones se sabe que el automotor se trasladaba a cargar combustible en San Lorenzo. El conductor salió ileso. Al lugar acudieron elementos de la Policía, quienes acordonaron el lugar con cintas amarillas. Unos vestían uniforme camuflaje y otros, chompas reflectivas o chalecos. Allí levantaron todas las evidencias posibles, para establecer qué es lo que exactamente ocurrió en el lugar. La noche de ayer, el Gobierno informó que se detuvo a Robinson C. M., de 34 años y de nacionalidad colombiana, como sospechoso del ataque cometido en contra de la patrulla policial. Este hecho se produjo dos días después de que se perpetrara un ataque terrorista en la población de Borbón. Ese caso aún se encuentra en investigaciones. Solo después de que terminen las indagaciones podrá entrar el personal que allí trabaja. Por lo pronto, la Naval reforzará las medidas en los retenes y en las capitanías de puerto. La idea es evitar nuevos atentados terroristas. Mientras tanto, la Fiscalía recopila información en torno a los cinco sospechosos que fueron detenidos el viernes de la semana pasada y que son señalados, porque aparentemente son parte de la red delictiva que perpetró el ataque terrorista en San Lorenzo, el 27 de enero. Al grupo se lo investiga por posible terrorismo y delincuencia organizada. El Código Penal (art. 366) señala que el primer delito es sancionado con cárcel de 10 a 13 años. Pero si los ataques dejan muertes, las penas pueden extenderse a 26 años. Mientras que para delincuencia organizada pueden fijarse sentencias que van de 7 a 10 años.

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Por ahora, los jueces emitieron órdenes de prisión preventiva en contra de todos y la Fiscalía tiene 90 días para hallar elementos que confirmen ambas figuras delictivas. Tras la aprehensión, las autoridades aseguraron que los cinco integraban el brazo logístico y de seguridad de alias 'Guacho', el ecuatoriano al que se le atribuye el atentado al comando policial. Él es el supuesto líder de un frente de disidentes de las FARC denominado Oliver Sinisterra. La semana pasada, la Policía de Colombia capturó a Jefferson Chávez, alias 'Cachi', quien estaba considerado como el número dos de la organización criminal de 'Guacho'. Según Bogotá, 'Cachi' coordinaba "actividades relacionadas con la producción y comercialización de cocaína" en una zona rural de Tumaco, departamento colombiano que se ubica frente a Esmeraldas. Para esta semana se prevé que los jueces traten un pedido planteado por la defensa de los detenidos. Los juristas solicitaron que se levanten las órdenes de prisión que pesan en contra de sus clientes. La Fiscalía confirmó que los aprehendidos son de Ecuador y que tras la audiencia la orden judicial fue llevarlos a una cárcel de Esmeraldas. La Policía y las FF.AA. dicen que siguen con las operaciones de vigilancia para evitar nuevas agresiones. De hecho, la Fiscalía no descartó que la explosión ocurrida el viernes en Borbón-Esmeraldas haya sido una "distracción" para evitar que las cinco detenciones tengan mayor impacto.

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El reforzamiento de la frontera incluirá a Sucumbíos y Carchi El Comercio, martes 20 de marzo del 2018

l Pan se volvió un punto vulnerable por la presencia de disidentes de la exguerrilla de las FARC y de grupos irregulares que operan en Colombia. Esa pequeña población del norte de Esmeraldas enfrenta por tercera ocasión, en menos de un mes, las secuelas de ataques armados. La mañana de ayer, las 195 personas que habían huido en los anteriores enfrentamientos volvieron a hacerlo tras el cruce de balas que se registró el domingo pasado. Los accesos a la localidad, en donde existen unas 20 casas, fueron bloqueados por militares de la Armada. Los uniformados, equipados con fusiles y chalecos antibalas, restringieron el acceso de vehículos y de personas. El resguardo era extremo. L os soldados estaban en las carreteras que conectan a El Pan con Mataje y Guadalito, otras dos poblaciones cercanas a Colombia. Allí, los agentes pedían los documentos de los autos que querían entrar o salir de El Pan. Ese tipo de controles se replicaron en las principales avenidas y carreteras de San Lorenzo. Policías de grupos élites del GEMA y GIR revisaban el interior de los vehículos. Mientras eso ocurría en la frontera, en Quito, la cúpula policial, junto al ministro del Interior, César Navas, se reunía con el presidente Lenín Moreno. En la cita a puerta cerrada, los agentes informaron al Jefe de Estado que emprenderán nuevas acciones para resguardar la frontera. Precisamente, una de esas decisiones es el control de carreteras y vías en Esmeraldas. La idea es evitar que los sospechosos ingresen explosivos, municiones o precursores quí40

micos. Así lo informó el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla. Según el oficial, en la frontera también están trabajando equipos de Inteligencia y antinarcóticos. Pero la medida más fuerte que se tomó ayer fue el despliegue de tropas (militares y policías) a las provincias de Carchi y Sucumbíos. La idea es fortalecer el resguardo de todo el límite territorial con Colombia. Esto ocurre porque se quiere evitar "que se creen ambientes de inseguridad en el país". Los policías también recibirán 200 fusiles y otros equipos. Por eso, un camión que ayer transportaba a un grupo de militares ingresó a Mataje, Guadalito y El Pan. La gente en este último poblado pide ser reubicada. Ellos tienen miedo a nuevos enfrentamientos. Altos oficiales de la Marina hablaron ayer con EL COMERCIO y confirmaron que aún desconocen las causas del ataque. Tampoco saben las identidades de los perpetradores. Pero revelan que los sospechosos se ocultan en poblados colombianos que están al frente de El Pan. En esas localidades no hay presencia militar ni policial. Por eso, para el Ecuador es complejo capturar a los sospechosos, pues una vez que se ocultan en Colombia, no hay forma de saber su ubicación. Otra zona que fue resguardada ayer por policías y militares fue Alto Tambo. En esa parroquia, el domingo, se produjo el estallido de un artefacto explosivo. Por eso, ayer personal de Criminalística de la Policía realizó una inspección. Los agentes de la Sección de Investigación Postexplosivos llegaron desde Quito hasta el

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sector de Palo Amarillo. Ahí tomaba muestras de los restos que quedaron junto a un cráter de un metro y medio de diámetro, producto de la fuerte detonación, que ocurrió a un costado de la vía Ibarra-San Lorenzo. Otra de las acciones que se realizó ayer fue la verificación del levantamiento de alambres, rocas y restos del artefacto explosivo. El atentado en Alto Tambo se produjo alrededor de las 09:40 del domingo. La única camioneta designada a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la parroquia fue afectada. El parabrisas y las ventanas de la parte derecha se destruyeron a causa de la onda explosiva. El automotor quedó como parte de la investigación. El uniformado que conducía el patrullero salió ileso y se reintegró a trabajar. Actualmente, el destacamento policial de Alto Tambo tiene 10 agentes. Antes del 20 de enero, día en que se produjo la explosión del coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo, Alto Tambo tenía dos agentes. Pero, tras el Estado de Excepción, ese destacamento se reforzó con ocho policías más. Aún así, la gente de este sector tiene temor. Vecinos que prefieren no dar sus nombres cuentan que a la parroquia llega gente extraña. Especialmente de zonas fronterizas de Carchi.

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Atentado mató a 3 marinos que patrullaban la frontera norte EL COMERCIO, miércoles 21 de marzo de 2018

a violencia que sacude a Esmeraldas cobró sus primeras víctimas mortales. Se trata de tres infantes de la Marina: Luis Alfredo Mosquera, Jairon Sandoval y Sergio Jordán Cedeño. Los uniformados murieron tras un ataque con un explosivo artesanal que fue colocado a un costado de la carretera que conduce al poblado de Mataje, de San Lorenzo, la cabecera cantonal. El hecho ocurrió cuando los soldados viajaban a bordo de una patrulla. Otros siete marinos fueron heridos. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. Sus piernas fueron amputadas y perdió "gran cantidad de sangre", indicó Édgar Cadena, director del Hospital Militar de Quito, a donde fue trasladado vía aérea. El lunes, el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, había dicho que no se puede descartar nuevos ataques. Y aseguró que el Mando Unificado, integrado por FF.AA. y Policía, trabaja con información de Inteligencia "para que (estos hechos) no se vuelvan a dar". Desde el 27 de enero, cuando un carro bomba explotó en el Comando de la Policía de San Lorenzo, se han producido siete ataques que han dejado tres muertos y policías y militares heridos (ver infografía). Estos hechos han obligado a los habitantes de El Pan a dejar sus casas y trasladarse a San Lorenzo, en donde hay mayor presencia de uniformados. César Navas, ministro del Interior, aseguró que estos atentados son una respuesta a los operativos que se realizan en la frontera norte, sobre todo para atacar el tráfico de drogas y de

precursores químicos. "Como estamos controlando la frontera, estamos afectando los intereses de estos grupos delictivos internacionales; por ello es que existe esta reacción", manifestó el Ministro. Navas señaló que la seguridad en San Lorenzo había sido "reforzada". "Pero más allá de eso brindamos seguridad a toda la frontera norte. Hasta el momento se han decomisado 7,5 toneladas de precursores químicos, dando un golpe económico de 600 millones de dólares a las organizaciones delictivas". Los cuerpos de los tres uniformados fallecidos fueron llevados a la morgue de Esmeraldas, donde se realizó la autopsia. Los heridos menos graves se recuperan en el hospital Fiscomisional Divina Providencia, en San Lorenzo. Esta casa de salud es custodiada por militares. Familiares de los heridos se trasladaron a este lugar. L os fiscales Gorky Ortiz y Carmen Timarán revisaron el vehículo de la Armada que fue afectado tras la explosión y levantaron las evidencias. Este acontecimiento puso de nuevo en alerta a los habitantes de San Lorenzo, que llegaron al hospital tras el ulular de las sirenas de las ambulancias cerca de las 13:00. En las afueras de la casa de Salud se agolparon decenas de personas cuando se enteraron de lo ocurrido. Todos querían saber qué pasaba. Una cuadra del hospital fue acordonada por policías mientras llegaban los militares heridos. En la tarde bajó la tensión, pero entre los compañeros de los militares fallecidos había

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tristeza, mientras aguardaban los cuerpos en la parte externa de la morgue. “Es lamentable lo que está pasando en San Lorenzo”, dijo una de las mujeres que había arribado al sitio. Tras este hecho, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió ayer a su ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, convocar la Comisión Binacional Fronteriza. Esta instancia es responsable de los asuntos de seguridad y cooperación en las zonas limítrofes entre Colombia y Ecuador. El Mandatario colombiano, que está de visita en Brasil, manifestó su solidaridad "con el pueblo ecuatoriano, sus Fuerzas Armadas (...) y familiares de las víctimas del atentado". "Condenamos todo hecho de violencia", añadió Santos. En la noche, el presidente Lenín Moreno se presentó en cadena nacional y aseguró se aplicarán de inmediato los acuerdos alcanzados en la reunión con su par colombiano. En esa cita se acordó, por ejemplo, que la fuerza pública de las dos naciones trabajen en forma coordinada, que intercambien información y que se refuerce la presencia de los uniformados en la frontera. Moreno también dispuso que los ministerios del Interior, de Defensa e Inclusión Económica y Social se trasladen hacia las zonas afectadas por la violencia "para asistir a los pobladores". El Presidente sostuvo que detrás del ataque perpetrado con explosivos en la zona de Mataje se encuentran grupos delictivos trasnacionales.

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En Mataje se usó una vieja trampa de los guerrilleros EL COMERCIO, jueves 22 de marzo del 2018

l ingreso a Mataje permanece bloqueado. Los vehículos solo avanzan hasta el destacamento militar situado a kilómetro y medio del poblado. Tras el ataque del martes, la seguridad se intensificó en esa y otras zonas fronterizas. Los uniformados exigen documentos a todos los que intentan entrar o abandonar Mataje. Incluso toman fotografías. Los datos de Inteligencia advierten que puede haber más artefactos explosivos abandonados en el sector. Por ahora, los primeros informes refieren que los sospechosos usaron una trampa tipo 'cazabobos'. Así se conoce a las bombas caseras que empleaban los guerrilleros de las FARC para atacar al Ejército colombiano y evitar que ingresen a las zonas en donde tenían influencia. Según Inteligencia, los disidentes de ese grupo subversivo ahora están aplicando esas herramientas para atentar contra militares ecuatorianos. Los uniformados explican que hay dos formas para activar estas trampas. La primera es a través de un dispositivo manual, activado a distancia. La segunda opción es que la bomba se accione accidentalmente, cuando se pisan ramas o alambres camuflados. Ramiro Mantilla, comandante de la Policía, reveló que el artefacto usado fue de tipo artesanal y que se lo accionó a través de un sistema eléctrico, similar a la bomba detonada en el retén de Borbón, el viernes. Es decir, los sospechosos colocaron cables hacia el artefacto. Esto también lo confirmó el 44

jefe del departamento de Criminalística, Fausto Olivo. Él analizó el explosivo y aseguró que los insurgentes armaron la carga con fragmentos de clavos y tuercas. Según el oficial, los armados estaban en territorio ecuatoriano y vieron cuando los militares pasaron por el sitio. Por eso catalogan el ataque como una emboscada. Ayer, EL COMERCIO entrevistó a altos oficiales del Ejército colombiano y confirmaron que disidentes de las FARC y el ELN emplean las llamadas trampas 'cazabobos' para atacar a sus soldados. En Colombia, su uso data desde 1 996 y se intensificó en la última década. Mientras las investigaciones avanzan, ayer, en San Lorenzo hubo escenas de dolor. En esa ciudad fue velado el cuerpo del suboficial Luis Alfredo Mosquera, uno de los tres militares fallecidos en el atentado. Sus familiares montaron dos carpas grandes en una calle del barrio 26 de Noviembre. La vía de adoquín fue cerrada para recibir a amigos y a parientes que llegaron desde Guayaquil. En el interior del féretro, el infante de Marina de 47 años lucía su traje militar y una boina negra con el escudo de la Armada. Sobre el ataúd de madera se colocó la bandera del Ecuador y la gorra que el soldados utilizó durante 26 años de servicio a la institución. Desde hace dos años, Mosquera tenía el rango de suboficial segundo de la Armada y le quedaban cuatro años para jubilarse. El uniformado ingresó a los 19 años como marino. Quienes lo conocieron relatan que era un infante apasionado por su trabajo. Hace seis días salió de su casa, ubicada en el barrio Unión y

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Progreso, en San Lorenzo, para sumarse a los patrullajes desde la base militar ubicada en Mataje, a 10 minutos de donde residía. El uniformado debía regresar a casa el martes, en horas de la tarde, tras cumplir con su semana de trabajo, pero eso no ocurrió. Ese día se registró el atentado. Por la mañana, antes de salir al patrullaje, llamó a su esposa, Martha Erazo, para decirle que cuidara de Mateo, su hijo 10 años, el único varón de cuatro hijos que tuvo con ella. "Me dijo que todo estaría bien y colgó, mientras yo viajaba a Esmeraldas", relató ayer Erazo. El domingo anterior, Mosquera también llamó a su madre, María García Tenorio. Ella reside en Guayaquil. "Me saludó atento como era él y le pedí que no se metiera en el monte. Solo me respondió que todo estaría bien y cerró", recordó ayer la mujer de 75 años. Ella fue una de las que no paraban de llorar sobre el féretro. Para el próximo mes, Mosquera había planificado asistir con su esposa a la graduación de sus hijas en Guayaquil, donde estudian Enfermería. "Ese era un anhelo de mi padre que siempre nos crió con esa disciplina militar y con amor", comentó, entre lágrimas, Génesis, una de las hijas del oficial. En San Lorenzo recuerdan a Mosquera como 'Castrilli', en honor al árbitro argentino Javier Castrilli, porque en sus tiempos libre se dedicaba a pitar los partidos de fútbol. Ayer, en Guayaquil, también hubo una ceremonia religiosa por los otros dos infantes fallecidos. En el casino de la Base Naval San Eduardo se levantó una capilla ardiente, a las 10:00.

Más temprano, a las 08:50, los cuerpos llegaron a la base naval, contiguo al aeropuerto de la ciudad, Familiares y amigos recibieron a los militares. Por la tarde, el cuerpo de Serjio Elaje fue trasladado al Suburbio de Guayaquil, en donde se realizó el velatorio. Los restos de Jairon Sandoval, en cambio, fueron llevados a Milagro. El ataque fue condenado a nivel regional. La ONU, por ejemplo, calificó estos hechos como "actos criminales". También extendió las condolencias a las familias de las víctimas. Colombia fue más allá y advirtió que alias 'Guacho' pudo estar detrás del ataque a los militares. A él también se lo señaló por el atentado al comando de la Policía de San Lorenzo, el 27 de enero. El ecuatoriano, disidente de las FARC, se mueve entre las dos naciones

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Militares usan drones para ver si hay más explosivos en Mataje EL COMERCIO, viernes 23 de marzo de 2018 2

a tensión en Mataje aumenta. Desde el martes, los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC comenzaron a usar a niños de esa población fronteriza de Ecuador, para enviar mensajes a los soldados y amenazar con nuevos ataques. Así fue cómo los militares levantaron información de que los armados ilegales sembraron más explosivos en terrenos cercanos a la frontera. De hecho, desde la explosión que mató a tres marinos, los uniformados no patrullan en esa zona de la selva. Tampoco se acercan al lugar del estallido, pues la posibilidad de que existan más explosivos es alta. Esto ha hecho que los expertos que deben investigar este ataque y recoger evidencias tampoco hayan ingresado. Ese equipo permanece en San Lorenzo a la espera de que se verifique que no exista más artefactos explosivos. Desde el miércoles se realizan inspecciones visuales a la zona. Ayer, equipos de Inteligencia militar avanzaron hasta el destacamento de Mataje y desde allí enviaron drones para verificar lo que está ocurriendo en la zona selvática. "Lo que se conoce es que los terrenos que están alrededor de la carretera están trampeados", dice uno de los marinos que desde el martes permanece en este sitio. Desde ese día, el destacamento fue reforzado. Unos 100 hombres realizan vigilancia permanente. Hasta finales de febrero, ese lugar solamente albergaba a 30 miembros de la Armada y de Fuerzas Especiales. Pero ahora, el resguardo es extremo, pues se confirmó que Mataje es un punto clave para los disidentes de la FARC, ya que en ese poblado

están infiltrados sus colaboradores. Esa información fue corroborada por el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla. No se descarta que esa red de apoyo incluso ayudó a montar la bomba del martes. Según los militares, la pequeña localidad fronteriza se convirtió en un centro de abastecimiento de combustible y de descanso para los armados, especialmente para los integrantes del denominado frente Oliver Sinisterra, liderado por alias 'Guacho'. Inteligencia policial incluso tiene informes en los que se indica que el exguerrillero llegaba a descansar a esa población, antes de perpetrar el ataque al cuartel de la Policía de San Lorenzo, en enero pasado. Los investigadores no descartan que los pobladores de la zona sean amenazados, para colaborar con los ilegales. Por ello, los militares investigan los perfiles de los pobladores. En el destacamento tienen una base de datos de las personas que viven en el pueblo. A esa lista se suman los datos de quienes quieren ingresar. Por ejemplo, ayer, tres hombres intentaron entrar en un vehículo pequeño. Dijeron ser comerciantes, pero su paso fue impedido. "Por su seguridad no pueden pasar", les repetían los soldados que les revisaban. Actualmente, en el centro de Mataje no existe presencia permanente de soldados. Lo que hacen es llegar a la población, verificar que no haya armados y vuelven al destacamento de inmediato. Para estas tareas usan al menos 80 hombres. Todos van con fusiles M4, que tienen un alcance de tiro de 700 metros. Todos portan chalecos antibalas y cascos de

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kevlar, un material que puede soportar el impacto de una bala. Así es la rutina ahora en Mataje, donde viven unas 300 personas. El ministro de Seguridad, César Navas, dice que "algunos ciudadanos" se han ido y que se brindará el apoyo a todos los pobladores que se desplacen a otros sectores. Mie ntras esto ocurre en el poblado fronterizo, en Esmeraldas hubo un fuerte movimiento de autoridades. Desde la mañana llegaron la vicepresidenta María Alejandra Vicuña, ministros de Estados, militares y policías. Se trató del Gabinete intersectorial de Seguridad, que analizó ampliar el estado de excepción vigente en San Lorenzo y Eloy Alfaro y que termina el martes 27. En mayo, precisamente en esos cantones se impulsarán programas de agua potable con subsidios, "para enfrentar problemas estructurales". En esa cita también estuvo el fiscal Carlos Baca, quien aseguró que las estructuras de grupos delincuenciales en esa zona han sido golpeadas y que eso ha dejado hasta el momento 14 personas detenidas. También se han decomisado centenares de millones de dólares, se han allanado inmuebles y se han abierto investigaciones judiciales. Baca reveló que los ataques perpetrados en el cuartel de San Lorenzo, en el retén naval de Borbón y a la patrulla militar de Mataje son conducidos desde Quito. Al frente de la tarea está la Unidad de Delincuencia Organizada, la Fiscalía de Esmeraldas y fiscales de otros sitios del país.

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Campesinos denuncian presión de los disidentes EL COMERCIO, sábado 24 de marzo del 2018

l cadáver lleva tres días abandonado en medio de la carretera desolada. Una sábana blanca cubre su rostro. Los pobladores de La Cadena, una localidad fronteriza cercana a Mataje, dicen que no saben de quién se trata. Solo aseguran que apareció un día después de la detonación del explosivo que mató a tres marinos. La gente está aterrorizada, pues sus casas se encuentran a solo 20 minutos de Puerto Rico, un pueblo de Colombia donde alias 'Guacho' y su brazo armado mataron a seis campesinos en el 2017. Desde el atentado en Mataje, los habitantes de La Cadena han sido amenazados. De hecho, la aparición del muerto es para ellos una advertencia sobre lo que puede pasar con cualquiera. Por eso ni siquiera se han acercado a levantarlo. La presión de los disidentes obligó a la gente a trasladarse a las montañas de Puerto Rico; además advirtieron que les prohíben ayudar a los militares ecuatorianos. Les dijeron que si lo hacen estallará una bomba en la cancha de fútbol. Para esa reunión, los campesinos caminaron desde las 18:00, y al llegar al sitio los encerraron en una caseta. Apagaron las luces y los armados comenzaron a hablar. Los pobladores recuerdan haber pedido que no se realice ningún ataque, por los niños. Pero los ilegales respondieron que no les importa. Los armados también dijeron que está prohibido el paso de ecuatorianos desconocidos al lado colombiano y que si lo hacen no se responsabilizan de su seguridad. Al siguiente día de esa reunión apareció el 48

cadáver que permanece a unos 20 metros del río Mataje. Ayer, EL COMERCIO ingresó a esa zona y constató que no hay presencia de militares ecuatorianos. El cuerpo está en la última curva, antes de llegar a Puerto Rico. Viste pantalón azul, camiseta roja y botas de caucho. El abdomen está descubierto y tiene señales de golpes. Nadie lo ha retirado desde que lo dejaron el miércoles. La Policía tampoco ha ingresado a retirar los restos. Desde la curva ya se puede ver Puerto Rico. Es un poblado con casas de madera. Ayer, cuatro hombres vigilaban el sitio. "No sé, yo no sé nada", decían ante cualquier pregunta. Eran altos, corpulentos, tenían el cabello rapado y el torso desnudo. En el lado colombiano había cuatro hombres más. "La cosa está caliente", dice un poblador, y asegura que es la primera vez que esto ocurre. La misma angustia tienen los habitantes de Labores Agrícolas, otra población ecuatoriana que está cerca de Colombia. Allí la gente también fue "convocada" a la reunión con los armados. "No fuimos porque nos da miedo", cuenta un habitante de 30 años. Allí viven cerca de 200 personas. Todos se dedican al cultivo de palma africana y cacao. Pero su rutina cambió desde los ataques. Los disidentes envían emisarios y les amenazan con ponerles explosivos si continúan apoyando a los militares. En esa localidad existen cerca de 80 uniformados, entre policías y soldados. Ellos llegaron hace un mes y medio y montaron un control. "Ya queremos que los militares se vayan, porque si no, nos van a matar", asegura una mujer

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que tiene dos hijos pequeños. "El problema no es con nosotros, sino con policías y militares", advierte otro poblador de Labores Agrícolas. Los soldados solo dicen que están allí para evitar nuevos ataques. Algo similar pasa en Guadalito, una comunidad indígena. Allí se levantó un punto de control militar y policial. Seis uniformados bloquean el camino que lleva a El Pan, en donde se suscitaron dos enfrentamientos armados. Altos oficiales de la Policía y de la Armada dicen que actualmente todas las comunidades son monitoreadas. La idea es evitar que los grupos irregulares se infiltren en esas zonas para atacar nuevamente. Por eso, los operativos se intensificaron en las últimas horas. Por ejemplo, a Mataje llegaron ayer grupos de élite del GIR y del GOE. Cerca de 30 agentes entraron al destacamento militar equipados con fusiles y chalecos y cascos antibalas. Todos cubrían sus rostros con capuchas. Entre los militares también hubo movimiento. Pasado el mediodía, cuatro carros tipo Hummer entraron a Guadalito para recorrer la zona fronteriza. Además, sobrevolaron helicópteros y aviones Súper Tucano. En la tarde, en cambio, se conoció que una flota de vehículos tácticos de combate llegaría a la población de San Lorenzo, en Esmeraldas. Estos movimientos se reportan en medio de los preparativos de la reunión binacional entre Ecuador y Colombia, que se desarrolla hoy en Carchi.

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San Lorenzo. 2018 Moradores quedaron damnificados por la explosión de un coche bomba junto al cuartel de la Policía.

San Lorenzo. 2018 Un coche bomba explotó la madrugada del 27 de enero. El artefacto destruyó el cuartel policial, casas aledañas y vehículos.

Borbón. 2018 La Marina realiza patrullajes fluviales en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas. 50

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Guadalito. 2018 Pobladores de la aldea ubicada en la vía a El Pan trabajan en fincas; militares llegaron al sector.

Guadalito. 2018 Pobladores awá observan el fuerte contingente militar que se instala en la zona, en el norte de Esmeraldas.

Nariño. 2018 Militares colombianos abastecen de víveres a los destacamentos que operan cerca de Tumaco. 51

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Puerto Rico. 2018 El río Mataje separa a Corriente Larga (Ecuador) de la población colombiana. Hay injerencia de armados.

Vía a Mataje. 2018 El último destacamento militar ecuatoriano está ubicado a 1,5 kilómetros de la frontera con Colombia.

Mataje. 2018 Al final de Mataje Viejo (Ecuador) está el río del mismo nombre. Al frente se encuentra Colombia. 52

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Esmeraldas. 2018 Soldados revisan documentos de ciudadanos que se trasladan por la vía San Lorenzo-Ibarra.

Mataje. 2018 En una de las calles asfaltadas de Mataje Nuevo se improvisó una cancha de fútbol.

San Lorenzo. 2018 El 4 de febrero, pobladores acuden a votar por la consulta en la Unidad Educativa 26 de Agosto. 53

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Borbón. 2018 Un niño juega en el río Cayapas junto a cilindros de gas que comunidades de la zona compran para consumo diario.

Palma Real. 2018 El primer poblado ecuatoriano del Pacífico vive de la concha recogida en el manglar. Al otro lado del caudal está Candelilla, Colombia.

Limones. 2018 Agentes de élite de la Policía patrullan calles de la cabecera cantonal de Eloy Alfaro, donde se decretó estado de excepción. 54

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Nariño. 2018 Lanchas con motores fuera de borda circulan por el río Mira, en el municipio de Tumaco, en el suroeste de Colombia.

Puerto Palma. 2018 El improvisado muelle se encuentra en Nariño (Colombia). Las lanchas van y vienen de Palma Real y San Lorenzo (Ecuador).

Río Mira. 2018 Militares colombianos custodian la construcción del puente sobre el río, cerca de Tumaco. 55

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fOTO: dIEGO pALLERO

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Javier Ortega tenía pasión para investigar y narrar

avier Ortega, de apenas 32 años, repetía que estaba casado con el periodismo y que su esposa se hallaba en un cartón, debajo de su escritorio, entre miles de documentos del caso de turno. Reportero de Grupo EL COMERCIO desde hace cerca de ocho años, manejó investigaciones periodísticas como el caso Odebrecht en el 2017. Sus textos nunca eran planos. Su reportería exhaustiva se saboreaba en cada párrafo, siempre blindado con datos. Javier -recuerda su editor, Geovanny Tipanluisa- era de esos reporteros que se emocionaba con los temas y sentía el gusto por ir detrás de una historia. Estuvo contento cuando regresó de una cobertura periodística en septiembre del 2016; entonces, fue a los Llanos del Yarí, departamento del Meta en Colombia, a la última convención de las FARC antes de que estas se desmovilizaran. En el puesto que ocupaba en la Redacción sobresale un jarro negro con el sello del Barcelona de España, que Sara Ortiz, su compañera de la sección Seguridad, le regaló. Lo usual era que el ‘Negro’, como ella le decía, lo llenara de café, en las tardes, antes de empezar a escribir. Tenía vocación por el oficio. No miraba el re-

loj, era de los que no se desesperaba por dejar el periódico tan pronto como pudiera. Por el contrario, sus notas las cocinaba a fuego lento, por eso los viernes era común que se quedara hasta muy tarde, cerrando el reportaje que se publicaría el domingo o lunes. Su familia ha contado que el deseo de estudiar periodismo hizo que dejara Valencia (España) y que regresara solo a Ecuador. Al diario EL COMERCIO le harán falta sus narraciones; al periodismo, su vocación; a sus compañeros, la conversación en el almuerzo o el café. A todos les queda el deseo de saber cómo habría sido el libro sobre Lionel Messi, que añoraba escribir un día.

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fOTO: CÉSAR mOREJÓN

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Paúl Rivas se ganaba a la gente y la retrataba

us compañeros lo recuerdan con su paso desenfadado, gracioso, parecido a un baile. Alegre, como con fondo musical, Paúl Rivas llegaba a las coberturas. De jean, camiseta y zapatos deportivos. Pero su personalidad descomplicada y una sonrisa lo revestían de un aire de rey del mundo. Paúl iba a cumplir 46 años en abril del 2018. Y seguramente sus amigos lo saludarían llamándolo ‘Rivitas’ y en casa, ‘Clavito’, por espigado. Su jefe, Ponto Moreno, lo conoció en otro plano: como uno de los fotógrafos que más propuestas traía para las páginas gráficas de domingo. Por eso -anota- ganó tantos premios Jorge Mantilla Ortega, en 20 años en EL COMERCIO. Armando Prado, su editor, lo encontraba oportuno y cuidadoso cubriendo partidos de fútbol. Pero lo que mejor hacía era retratar seres humanos. Quizá ese don especial para acercarse y hacer que la gente confiara en él jugaba a su favor. Siempre observaba a la gente, como a los pobladores de Palma Real, que retrató en su cotidianidad en la frontera con Colombia. El 16 de abril del 2016, cuando el terremoto de 7.8 grados en Ecuador, fue el primer fotógrafo de EL COMERCIO en llegar a Manta. Tam-

bién retrató a los desaparecidos, los altares de los héroes del Cenepa, entre otros. Paúl Rivas tenía un lado dulce que sus allegados también reconocen. Su novia, Yadira Aguagallo, con quien vivía desde hace dos años, lo ha descrito como el mejor a la hora de sorprenderla. Y algunos dicen que en su corazón seguro también se llevó fotos de su única hija Carolina, de 22 años, y de su mamá Guadalupe, los amores de su vida. Quienes lo conocen sienten que estará sonriendo, abrazado a don Ángel: su papá, de quien heredó el oficio y la sensibilidad por la fotografía.

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fOTO: EFRAÍN SEGARRA

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Efraín Segarra, la amabilidad al volante

o solo tenía cara de buena persona. Efraín Segarra lo era. Con ‘Segarrita’ al volante, el equipo estaba completo. Manejaba con precaución y estaba presto para ayudar, también para escuchar y aconsejar. A EL COMERCIO llegó en febrero del 2000. Pero su recorrido como conductor profesional abarcó 36 de sus 60 años. En los trayectos cortos, y más en los largos, siempre contaba alguna anécdota de sus hijos Christian, periodista de Carburando, y Patricio. Los muchachos eran su mayor orgullo. Era un padre cariñoso, quizá por eso trataba a periodistas y fotógrafos como alguien cercano. Sabía detalles de la vida de quienes lo rodeaban, y se ganó su confianza y aprecio. En una cobertura, antes de viajar a la frontera, llegó a la casa de Fausto Miño, en Lumbisí. Se quedó maravillado al ver en el patio a siete gatos y casi igual número de conejos. Entonces contó que a la casa en donde habitaba llegó un felino. Empezó a alimentarlo y de pronto el animal trajo a su novia. Antes del viaje a Esmeraldas, Efraín le compartió una preocupación al fotógrafo Galo Paguay. No quería que su gato se quedara solo,

pasando hambre. Así que le aconsejó dejarle comida para varios días a su compañero. Efraín Segarra nació en Pasaje, en El Oro. Pero haber llegado a la capital a los 5 años le hizo ser tan quiteño como para volverse incluso seguidor del equipo chulla. Otro fotógrafo, Diego Pallero, comenta que su esposa y sus dos hijos le tenían mucho cariño. Si coincidían en un turno de fin de semana lo llevaba a su casa para almorzar. Comía todo, menos verde y cebollas, recuerda. En su camioneta azul tenía las palabras Virgen del Cisne. Además una franela, con la que sacaba brillo al automotor mientras esperaba por más coberturas.

Foto: PATRICIO TERÁN / EC

2009. Tobar Donoso. A la población fronteriza de Carchi no hay carreteras; el Ejército llega en helicóptero. Al otro lado del río San Juan está Colombia.

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La frontera, de Puerto El Carmen a Palma Real Desde 1999, EL COMERCIO ha recorrido las poblaciones ecuatorianas y colombianas en el límite internacional para constatar una verdad recurrente: la escasa presencia estatal y productiva en una zona permeada por las lógicas impuestas, en Nariño y Putumayo, por los grupos armados ilegales alrededor de las plantaciones de hoja de coca. Este capítulo es parte del recuento hecho por el Diario quiteño en los dos lados de la frontera, desde la Amazonía hasta el Pacífico, a través de las coberturas de sus periodistas.

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Puerto El Carmen, en el umbral de la guerra EL COMERCIO, domingo 17 de octubre de 1999

intoresco y bullanguero, con el río San Miguel a sus pies: así es Puerto El Carmen, uno de los últimos pueblos de la frontera nororiental. Las calles de adoquín desembocan en un bulevar que domina el correntoso San Miguel, repleto de canoas con motores fuera de borda que trasladan, en solamente 15 minutos, pasajeros y alimentos a Puerto Ospina, la aldea colombiana de la otra orilla. El verde de la selva envuelve a El Carmen y hace contraste con el tono ocre del río. Distante a 180 kilómetros de Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, este pueblo tiene un lujo: el último tramo de la vía (80 kilómetros) parece una autopista de Quito o Guayaquil. Por ello, la gente de El Carmen no oculta la satisfacción de transitar por la flamante carretera, construida hace apenas un año por la Odebrecht, de Brasil, como parte de la ruta Interoceánica. El tramo asfaltado comienza en Cuyabeno, cerca de la reserva lacustre y boscosa de 650 mil hectáreas. Luego avanza por la selva de palmas, capirón, cedro, guayacán, "sangre de toro" y otras maderas finas que todavía no han sido arrasadas. El muelle de escalinatas de cemento es el corazón de este pueblo de 2 000 habitantes. Los estibadores no cesan de transportar a Puerto Ospina aceite, legumbres, harina, patatas, atún, fideo, frutas. "De esta orilla llevamos todita la remesa", dice Franco Figueroa, el panadero de Puerto Ospina. Junto al muelle está el edificio de la Capitanía de Putumayo, subordinada a la Dirección General de Marina Mercante de Guayaquil. 64

"Aquí el que no tiene negocio se lo inventa", afirma Diego Rodríguez, teniente de la Armada Nacional y comandante del puerto. Treinta locales bien surtidos de electrodomésticos, ropa y víveres ofrece la aldea de la selva. Raúl Orozco, un vendedor de ollas de aluminio y fantasías de plástico, reitera la regla cotidiana de esta región: "los pueblos del río San Miguel vivimos de la compra que hacen los colombianos, aquí llega la gente de Puerto Asís, Peñacolorada, Leguízamo, Las Piñuñas y, claro, Ospina, por algo el peso vale cinco veces más que el sucre". Orozco alza la voz para hacerse oír puesto que el vallenato, la salsa y los pasillos salen de múltiples bares iluminados con focos de colores y adornados con afiches de mujeres desnudas. El almacén de la familia Rea es el más completo. Angel Rea, quien despacha en un mostrador de vidrio, explica que "aquí los vecinos hallan de todo, desde una bicicleta, refrigeradora, televisores, ropa y calzado, cristalería y hasta medicinas". Cada 15 días los comerciantes traen mercadería de Quito y Guayaquil, "pero se agota en un santiamén", advierte Angel. Los Rea, al igual que otros emigrantes de la Sierra, crearon este cantón hace 30 años. Sin embargo, el habitante más antiguo se llama Jorge Arroyo, de 77 años, quien arribó del Napo hace 60. "En los años 30, esto era solo un monte. No había carretera y veníamos por río, tomando una canoa en el puerto de Tipishca, cerca de Tarapoa". Es mediodía y Arroyo respira la brisa del río para burlar al agobiante calor de 39 grados. Con un sombrero de paja espanta a la nube de

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mosquitos que revolotea junto al rostro moreno, cruzado de arrugas. "Me parece increíble el progreso del pueblo, ahora se ven calles adoquinadas y una buena carretera, incluso hay un batallón completo del Ejército, el 55 Putumayo, lo que no soporto es la bulla que meten los de aquí y los paisas el fin de semana". Jorge Arroyo se encamina a una cabaña junto al río, a seguir soñando en el pacífico caserío que vino a fundar con unos cuantos y avezados amigos de la provincia de Napo, dispuestos a "echar machete para cultivar yuca y arroz". A partir del viernes la movida comienza en Puerto El Carmen. Todo el pueblo sabe que los guerrilleros de la otra orilla vienen a descansar y beber cerveza. "Claro que les identificamos, dice un marino que ejerce el control en el muelle, casi siempre llegan de jeans y camisetas; presentan su documento de identidad, se divierten, descansan, adquieren alimentos y se van; no hacen líos, jamás asoman armados y por eso todo queda en paz". De hecho hay una convivencia pacífica entre los militares ecuatorianos y la guerrilla. Eso dice un muchacho moreno y de bigote, quien se anima a topar el tema prohibido con la condición de que su nombre quede en reserva, "porque aquí la inteligencia castrense camina mejor que un reloj suizo". "La gente de la frontera, continúa el hombre, sabe que desde hace muchos años existe un statu quo entre la guerrilla y los militares. Salvo contadas y graves escaramuzas, como la masacre del Putumayo en 1993, vivimos en paz y ojalá sigamos así". Puerto El Carmen y el vecino Puerto Ospi-

na están unidos por el comercio; sin embargo, respiran aires distintos. Bastan 15 minutos de navegación por el San Miguel para acceder al pueblo de Colombia y conocer otra historia. Los conductores de las canoas, colombianos y ecuatorianos, son expertos en sortear los innumerables troncos y las ramas que arrastran el San Miguel y el Putumayo, los dos ríos que confluyen casi al frente de Ospina. Primero los canoeros atraviesan el San Miguel, luego por intrincados cauces de manglar acceden al Putumayo y de pronto las casas de Ospina se revelan a media tarde; a la distancia, un gigantesco mangle blanco crece junto a la orilla, y una iglesia de madera se deja ver en medio de la vegetación.

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Los fusiles apuntan a Puerto Ospina EL COMERCIO, martes 1 de agosto del 2000

esde la orilla ecuatoriana del río Putumayo se divisa un ceibo sembrado en la ribera de Colombia. Ese árbol, de 35 metros de alto, es como el mástil de Puerto Ospina, un poblado de 1 200 habitantes y que desde hace tres años no tiene militares ni policías. En la mitad de las 130 casas de madera, unidas entre sí por senderos pavimentados para evitar el fango al caminar, está el excuartel de la Infantería de Marina colombiana, que es ahora el Corregimiento de Ospina, una construcción a la que se echó masilla sobre los agujeros ocasionados por los impactos de bala, y recién se maquilló con pintura amarilla. Esa estructura sirve a la única autoridad: el corregidor, que es una especie de comisario. Por eso la renuncia de Jorge Cortez a ese puesto, el viernes, incrementó la incertidumbre en Puerto Ospina, porque hay una amenaza: los paramilitares o autodefensas -grupos de extrema derecha que combaten a la guerrilla izquierdista- aseguraron que llegarán al pueblo en cualquier momento para utilizarlo como cuartel contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que transitan en esa zona del departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador. La población mantiene una antagónica relación de temor y seguridad con las FARC. Una vez por semana, las milicias de esos armados patrullan el lugar. Los habitantes las temen porque rechazarlas puede significar la muerte, pero las buscan cada vez que hay que solucionar un conflicto legal. La llegada de los paramilitares también está 66

ligada a la muerte. Los lugareños están seguros que en su incursión portarán las 'listas' en las que constan los nombres de los considerados por ellos colaboradores de la guerrilla. "Los que están en esas listas, mueren; sin importar si son ancianos o niños". Hace un mes, el callejón que conduce al occidente del poblado, de no más de dos metros de ancho y cercado a los costados por las viviendas de madera, fue copado por centenares de mujeres y niños aturdidos por la histeria. Había llegado la medianoche y un foráneo soltó el rumor: 'los paras vienen a matarnos'. Todos corrían, gritaban, lloraban... pasaron la madrugada en vela, escondidos en la selva, bajo la lluvia, y a medio vestir. "Aquí no existe la ley, la ley la tienen ellos. Y uno tiene que agachar la cabeza", dice un hombre en voz baja y queda con un temblor en los labios. La amenaza armada es solo uno de los temores. El anuncio de la fumigación de las plantaciones ilícitas provocó el martes anterior un debate entre los habitantes del Putumayo. En Ospina, la gente dice con soltura que vive del cultivo de coca. En el puerto, los narcotraficantes pagan hasta 1,8 millones de pesos (unos 950 dólares) por un kilo de base de cocaína. Hasta 1985, Puerto Ospina era conocido por ser el principal productor de maíz en el sur del Putumayo. Los granos se vendían a Puerto Asís, al norte de ese departamento, que a inicios de los 80 conoció los cultivos de coca, producción que tardó poco en extenderse hasta Puerto Ospina, adonde -la gente cuenta- la droga llegó casi de gracia. La coca también terminó por sustituir al otro

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vegetal que producía riqueza entre los habitantes: el caucho. Es más tentador cultivar una planta que tiene un ciclo de tres meses -la coca-, y no una que demora seis años para crecer hasta poder venderla, el caucho. La población está convencida de que la violencia se erradica con bienes. No sabe qué es el Plan Colombia, pero está dispuesta a sustituir los cultivos ilícitos, se siente capaz de acabar con la coca, si obtiene préstamos a largo plazo y con intereses bajos. Aurelio Lupera, el abuelo que es el hombre más respetado en Ospina, confía en sus vecinos. "Dios lo permita que no nos vengan a fumigar. Este es el pulmón del mundo. La erradicación tiene que ser manual. La violencia y la coca no se van con armas o fumigaciones. Se eliminan con bienes: los agrónomos debieran empezar a visitarnos y decirnos qué sembrar, qué es más comercial; se tendría que construir una carretera para tener por donde llevar los productos al interior del país". Los hombres que lo escuchan, gente con la piel tostada, el rostro tenso y la mirada al piso, asienten con la cabeza. "Mejor sembrar algo que traiga menos complicaciones. Si en la tierra se pone yuca, yuca se da; si se pone plátano, plátano da; y no necesitan de nada de venenos", menciona un campesino, con sombrero de paja, camisa abierta, jean y botas de caucho. "Lo que da la coca alcanza para subsistir 20 días, porque sirve pa' medio sobrevivir, si no aquí se verían edificios", dice otro agricultor, dueño como la mayoría de los habitantes de 5 hectáreas de tierra, al norte del poblado. En esos terrenos trabajan jornaleros de Ecuador. A Puerto Ospina se llega por el río Putumayo. Al frente, a cinco minutos de viaje en lancha por la ‘V’ que es la unión de los ríos San Miguel y Putumayo, está Puerto El Carmen, población fronteriza de Ecuador al nororiente de la provincia de Sucumbíos. Desde Ospina se pueden ver las dos gigantes antenas de color blanco y rojo, enclavadas en el Batallón de Selva 55 del Ejército ecuatoriano, apostado en El Carmen y que vigila la frontera. En realidad, la afluencia de ecuatorianos a Ospina y de colombianos a El Carmen ha disminuido. Los militares limitaron la venta de gasolina, diésel y gas, los principales productos que llegaban a Colombia.

Desde abril el suministro de luz en Ospina es por raciones. La planta es de diésel. Nadie explica cómo fue que esa máquina llegó ahí, pero dicen que pertenece a todos. Los televisores, radios y luces solo se encienden de 11:30 a 14:30 y de 18:00 a 22:00 cada día. Los 130 usuarios cumplen rigurosamente. A la restricción de luz se suma la ausencia de agua potable, que es la causa del alto índice de paludismo. Las dos mujeres encargadas del centro de salud no tienen medicinas suficientes para atender a los niños, quienes extrañamente empezaron a sufrir de IRA (infección respiratoria aguda). El centro de salud es la estructura más moderna del pueblo, un piso prefabricado y cercado por una malla. Alexandra Zambrano, médica ecuatoriana, es la jefa. En Ospina viven 30 ecuatorianos. Julio Cabrera, vendedor de verduras de 30 años que nació en El Carmen, reside en el pueblo desde que terminó el bachillerato. Prefiere Colombia por el pago del jornal. "Me gusta estar aquí", dice, mientras uno de sus dos hijos realiza la tarea sobre una silla, al pie de su casa, una vivienda de madera, con tablones en las ventanas en lugar de vidrios, como todas las de la aldea. La casa está en el callejón por donde hace un mes huyó la gente luego de la falsa alarma. El pequeño estudia en el Instituto Jorge Eliécer Gaitán, el centro educativo de los 230 menores de entre 5 y 17 años en Ospina. La escuela de un piso y está junto a la iglesia, que cada domingo es visitada por un sacerdote. Frente a la vivienda del ecuatoriano Julio Cabrera, un colombiano, Omar Serrato, se asoma a la ventana y dice que "si traen mucho ejército y vienen a fumigar, es lógico que tendremos que desplazarnos al Ecuador". La tarde se va. En el puerto se confunde el eco de la salsa y el vallenato que a todo volumen se escuchan en las humildes viviendas. Mientras que la puesta de sol forma una especie de camino brillante sobre las aguas del Putumayo.

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Un comandante de las FARC en Puerto Nuevo EL COMERCIO, lunes 4 de agosto del 2003

as únicas noticias que llegan a las casas del polvoriento malecón de Puerto Nuevo son colombianas: las de la televisora Caracol o las de ‘La Voz de la Resistencia’, radioemisora de las FARC que transmite desde un puesto clandestino de la selva del Putumayo. El poblado es ecuatoriano, y se levanta a 130 minutos al norte de Lago Agrio, en la orilla del río San Miguel. No tiene tendido eléctrico ni agua potable. Las viviendas de tablas y bloque se iluminan con motores de gasolina. La limitación, sin embargo, no impide la diversión. La música tropical se escucha a todo volumen por los parlantes colgados en los locales de diversión: chozas de madera sin ventanas con mesas de billar electrónicas. La aldea es zona de descanso de la guerrilla; los militares lo admiten. Al otro lado del río San Miguel, en Colombia, se encuentra el Frente 48 de las FARC. Los botes con motor fuera de borda van y vienen desde Puerto Nuevo hasta la otra orilla. En las lanchas se desplazan hombres, mujeres niños y ancianos vestidos como campesinos: camiseta, pantalón y botas de caucho. Una patrulla con 40 boinas rojas del Batallón de Fuerzas Especiales 24 Rayo, con sede en Lago Agrio, custodia el muelle de 07:00 a 18:00, de lunes a domingo. Los uniformados, armados con fusiles HK, controlan dos muelles. Registran a los visitantes y a los que regresan a Colombia. Ese puerto, según datos de Inteligencia Militar, es uno de los 23 pasos ilegales por los cuales

sale la gasolina blanca que se roba de las estaciones de Petroecuador de Shushufindi, a una hora de la frontera. El precursor se usa para refinar la coca del Putumayo. Además, el pueblo es uno de los 20 pasos clandestinos para el contrabando de vituallas, uniformes militares, botas de caucho, armas, pertrechos y alimentos para las FARC. Las estadísticas del 24 Rayo indican que en este sector en el 2002 se incautaron 13 545 galones de gasolina blanca, 44 armas, 2 220 galones de diésel, 15 270 municiones, 25 326 gramos de pasta de cocaína, 560 cilindros de gas y 255 pedazos de tubo de oleoducto. Los armados colombianos usan los tanques de gas como misiles: los llenan con pentolita. Y los tubos del oleoducto como cañones para dispararlos. Este año, en la ruta a Puerto Nuevo se decomisaron 42 cilindros de gas, 3 190 galones de gasolina blanca, 7 000 gramos de pasta, 17 armas. El último mes se hallaron 840 balas, 110 botas y 160 uniformes. En Puerto Nuevo, la gente asegura que no hay problemas. "Lo único malo son las fumigaciones. La gente se enferma", dice José Castillo, de 23 años, oriundo de El Oro y padre de dos críos. "Aquí no hay inseguridad. Al otro lado están los muchachos, a veces ayudan a hacer justicia". En Puerto Nuevo no hay autoridades judiciales, ni siquiera una radio de comunicaciones para pedir auxilio. El único teléfono está conectado en una tienda y pertenece a Telecom, la telefonía de Colombia. Pero el pueblo no es el único frecuentado por la guerrilla, según el Ejército. Lo mismo ocu-

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rre en La Punta, Puerto Mestanza, Tetetes y Puerto El Carmen, poblaciones que también son restaurantes, comercios de víveres, locales de ropa y centros de entretenimiento. También en recintos fronterizos que no cuentan con comercios, pero que son poco o nada visitados por la Fuerza Pública y están habitados por campesinos que viven de sus tierras o de la cosecha de la coca en el Putumayo. Inteligencia Militar señala que al otro lado del río también están los grupos paramilitares, que combaten con la guerrilla. Mantienen el control del Puente Internacional San Miguel, al norte de Lago Agrio. Y que a lo largo de la frontera, en Sucumbíos, existen 100 bases irregulares de entrenamiento y descanso de los armados, según datos proporcionados por guerrilleros detenidos este año. "No están en la orilla del río San Miguel, como se pensaba, sino hasta a 2 kilómetros al interior. La zona es de difícil acceso, pero estamos patrullando". En mayo se hallaron tres de esas bases cerca al río Opuno. El sol se pone en Puerto Nuevo. El ruido de las decenas de motores de electricidad no opaca el bullicio de la música vallenata. Los militares suben a su camión, van al destacamento de Cooper, a 30 minutos al sur, sin acercarse a una casa bien cuidada de tablas. No saben que allí descansa el comandante Arturo, jefe del Frente 48 de las FARC.

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La tensión bajó en Teteyé, zona de las FARC EL COMERCIO, lunes 11 de abril del 2016

eteyé es territorio de la guerrilla. "FARC EP (Ejército del Pueblo) Bloque Sur" se advierte en letras grandes, blancas y negras, desde el San Miguel, un río que conecta Ecuador con Colombia. El cartel está enclavado en lo alto de un monte; para que todos lo vean. EL COMERCIO llegó el miércoles 6 hasta ese poblado colombiano. Solo dos minutos de viaje en canoa lo separan de Puerto Nuevo, la comunidad ecuatoriana asentada en la ribera del San Miguel, a dos horas de Lago Agrio, Sucumbíos. En Teteyé habitan unas 200 personas. Diego se crió desde pequeño en este lugar. Él aceptó hablar con este Diario. Llevaba una camiseta blanca, gorra, pantaloneta negra y el dedo índice derecho destrozado, sin la uña. Un tambor de plástico le remordió la mano. E l joven de 31 años es marañero, como se conoce a la gente que carga los bultos de arroz, cilindros de gas y otros productos que llegan en canoas desde Puerto Nuevo o en rancheras desde el interior de Colombia. Por ese trabajo le pagan entre 500 y 1 000 pesos, menos de un dólar. Hoy, el pueblo vive en una aparente calma. Los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC han bajado la tensión. El miércoles, un grupo de jóvenes jugaba billar y otros muchachos conversaban afuera de un negocio de venta de jugo de caña. Las mujeres, con la cabeza cubierta para protegerse del sol, veían la TV, cocinaban y cuidaban a los niños. El último enfrentamiento entre guerrilleros y el ejército colombiano que se recuerda en Teteyé ocurrió hace cinco meses. El sonido de las hélices de un helicóptero militar levantó a los

habitantes del caserío. Eran las 03:00. Diego recuerda que se quedó quieto en la cama, casi sin respirar. A su lado estaban su esposa y su hija de 1 año y 2 meses. Esa madrugada ningún campesino resultó afectado. En las hojas de zinc que cubren las casas todavía se pueden observar los agujeros que dejaron los casquillos del armamento militar, que cayeron desde el helicóptero. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia ha intentado cuantificar las secuelas del conflicto. En un informe, se señala que la guerra interna ha causado la muerte de 219 094 personas, entre 1958 y el 2012. De esa cifra, el 81% de víctimas es población civil y el restante 19%, combatientes. En ese mismo período, el estudio reportó unos 5 138 ataques a bienes civiles y casi 6 millones de desplazamientos forzados (ver infografía). Puerto Asís -el municipio donde está Teteyé- Tumaco, Medellín, Santa Marta, Valledupar…son algunas zonas consideradas críticas por los masivos desplazamientos forzados. En Teteyé, muchas personas decidieron huir de la guerra. Diego quiso hacerlo, pero prefirió quedarse por su madre. El miércoles recordó uno de los ataques registrados en la década del 2000. Paramilitares irrumpieron en el poblado y él, junto con otros jóvenes, cruzó en canoas hacia Puerto Nuevo. Todos se refugiaron debajo de las casas y allí esperaron que todo volviese a la calma. Permanecieron hasta por tres días en territorio ecuatoriano. Su madre le envió comida en las canoas y también recibió ayuda de los habitantes de Puerto Nuevo. "Los paramilita-

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res montaban falsos positivos. Mataban campesinos y los vestían con trajes de militares colombianos. Culpaban a la guerrilla de esos crímenes. Esa fue su estrategia", comentaba Diego el miércoles. En su mayor auge, las FARC operaron hasta con 25 000 personas, ahora se calcula que son 7 000. Los pobladores dicen que eso también influyó en algo para que bajara la tensión. En Teteyé sigue latente la presencia guerrillera. En los tablones de madera de las casas hay grafitis que advierten que el caserío es su zona de influencia. "Ingresa a las FARCEP, Manuel Vive, PCCC (Partido Comunista Clandestino Colombiano)", dice uno de los mensajes escritos en las fachadas de las viviendas. "Ellos no viven aquí. No se los ve, solo se los escucha. Están adentro, en la selva", asegura otro campesino, sin dar el nombre. Según las Fuerzas Armadas colombianas, el Bloque Sur de las FARC es de las facciones que más dinero recauda del narcotráfico y es considerado de los principales proveedores de recursos económicos para la guerrilla. P ese a esto, los caseríos dominados por las FARC respiran pobreza. Teteyé no tiene agua potable ni energía eléctrica ni centros de salud. Los habitantes almacenan agua lluvia o esperan la llegada de tanqueros p ara cocinar los alimentos, bañarse… Pequeñas plantas de energía, activadas con combustible, encienden los electrodomésticos. Unos 30 adultos están con el virus del chikungunya. Ellos beben guarapo y toman acetaminofén para aplacar el dolor.

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La pesadilla del glifosato atemoriza a Puerto Mestanza EL COMERCIO, lunes 30 de septiembre de 2013

n Puerto Mestanza la rutina de los campesinos no es la misma de hace 15 años. Ahora, las seis familias que habitan en el pueblo, asentado en la orilla ecuatoriana del río San Miguel, frontera con Colombia, miran los atardeceres recostadas en hamacas o apoyadas en los balcones de sus casas de tablas y techos de zinc; como si el tiempo corriera lento. Antes era distinto. En la época de bonanza, los pobladores no tenían descanso. Pasaban las horas labrando la tierra, cosechando cacao, plátano, caña de azúcar, yuca o cuidando el ganado. Esos cultivos murieron tras las fumigaciones aéreas con glifosato, un químico utilizado por las Fuerzas Armadas colombianas para erradicar los cultivos de coca, entre el 2000 y el 2007, en los departamentos de Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador. El temor por los daños que provocó ese herbicida ha vuelto como una pesadilla a los habitantes que residen en la orilla del San Miguel. Todos rechazan el acuerdo extrajudicial entre Colombia y Ecuador, firmado hace cuatro semanas, y que dejó sin efecto la demanda de marzo del 2008. En ese mes, el Gobierno Nacional presentó una queja ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por los evidentes efectos nocivos que tuvo el glifosato en la salud de campesinos, animales, ríos y cultivos. Víctor Mestanza fundó hace 33 años la comunidad que lleva su apellido. Antes de las aspersiones, las 200 hectáreas de su finca eran el sustento económico de 20 trabajadores que tenía a su cargo. Ahora, los terrenos son pasti72

zales de tonos verdes y amarillos, sin cultivos. Las piscinas donde criaba tilapias, cachamas y carpas, tres variedades de peces de agua dulce, están resecas. En el 2008, cuando el Estado ecuatoriano presentó la demanda, reconoció los impactos del glifosato. La Cancillería sostuvo que ese químico "causó y continuó causando serios daños en la frontera ecuatoriana. Incluso entre los indígenas que fueron desplazados como resultado de las aspersiones". En el convenio firmado hace un mes, Colombia no ofreció disculpas públicas, como exigía Ecuador, pero se comprometió a cancelar 15 millones de dólares como indemnización por los daños ocasionados a las poblaciones ecuatorianas. Los campesinos no solo temen el regreso de las fumigaciones. También sienten zozobra por la reducción de la franja de amortiguamiento. En el acuerdo se establece que los 10 km de exclusión de las aspersiones (desde el río San Miguel hacia el interior colombiano) podrá reducirse a 5 km en el segundo año y a 2 km, en el 2016. Esto "siempre y cuando no se afecte a Ecuador", como aseguró, hace dos semanas, el hasta entonces vicecanciller Marco Albuja. Mestanza recuerda que la franja de 10 km ya se estableció en años pasados, pero nunca se cumplió. Él llegó por primera vez al pueblo en 1980 y hasta el 2002 su finca producía caña para 500 panelas diarias. Ahora, la fábrica donde procesaba el producto está empolvada. Los 70 chanchos que alimentaba murieron hace más de 10 años con llagas en los lomos.

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En 2011 creó, junto con otros 10 campesinos, la Asociación Comunal Puerto Mestanza. Los socios no viven en ese recinto. Todos emigraron a Lago Agrio, Quito o Guayaquil tras los daños que causaron a sus terrenos las aspersiones con glifosato. El grupo compró 150 cabezas de ganado que cuida Mestanza y con la leche que ordeña produce queso. Esa actividad es su fuente de ingreso para el día a día. Puerto Camacho es otro recinto ubicado en el norte de Sucumbíos, a 90 minutos de Lago Agrio, la capital provincial. Allí viven 30 familias y las secuelas del glifosato aún están a la vista. Las mazorcas de maíz están podridas o sus granos nacen demasiado duros. Otras plantas solo son hojas de tono amarillento, resecas y sin frutos. Aldemar Naztacuaz tiene 56 años y vive desde joven en Puerto Camacho. También recibió con temor la noticia del convenio entre los dos países. Hace ocho días, mientras recorría su finca, de 10 hectáreas, recordó lo que perdió: en la época de las fumigaciones: 450 gallinas, un lote de arroz y plantaciones de café, cacao y maíz. Ahora conserva sembríos de naranja, limón y pequeños cultivos de cacao y maíz. En los dos pueblos, hay terrenos con árboles cuyas hojas están llenas de agujeros. En esas zonas el calor es asfixiante. Mestanza sacude su brazo para alejar a las moscas que se pegan en la piel y se lamenta por las secuelas del químico. Insiste que la tierra no ha vuelto a ser la misma de antes. Mientras lo hace, camina cerca de las piscinas secas e indica la chanchera vacía que aún conserva un olor a excremento... El informe de la Comisión Científica Ecuatoriana, que se creó en el 2008 para analizar el impacto del glifosato, refuerza los testimonios de Mestanza y de Naztacuaz. En el 2008, los expertos advirtieron que el herbicida "afecta de manera directa a ecosistemas, campesinos y destruye los nichos ecológicos, sitios de anidación y alimentación de poblaciones". Los científicos recomendaron a Colombia suspender "definitivamente" las fumigaciones aéreas de los cultivos ilícitos en la región fronteriza con Ecuador. La propia Defensoría del Pueblo de ese país señaló que los "daños en los cultivos ponen en riesgo la seguridad ali-

mentaria de campesinos e indígenas". El anterior martes Lago Agrio amaneció con el cielo gris, nublado. Ese día, la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (Forcofes) inició las mesas de trabajo para discutir cómo se entregarán los 15 millones de dólares que prometió cancelar Colombia. Ese martes nublado, 20 campesinos se concentraron en Recuerdos del Oriente, un recinto ubicado a 30 minutos de la ciudad. La mayoría desconocía la firma del acuerdo. A las 10:00, agricultores y madres de familia que llegaron a la iglesia del pueblo escuchaban con preocupación el posible regreso de las aspersiones con glifosato. ¿Cómo se van a determinar los daños que sufrimos los campesinos y el pago de la indemnización?, pregunta un afectado. El monto de la compensación será único para todos los perjudicados, responde Daniel Alarcón, presidente de Forcofes. Para Jorge Acero, abogado de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, eso puede generar disputas entre los perjudicados. Con la noticia del convenio, Mestanza teme sembrar y perder otra vez los cultivos, como ocurrió en el 2002. Naztacuaz conoce en carne propia los efectos del glifosato y no quiere escuchar, como hace 10 años, el sobrevuelo de las avionetas colombianas echando "humo blanco". Por ahora, para los dos campesinos, las fumigaciones aéreas con glifosato son una pesadilla que no desean que se repita...

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Las FARC todavía infunden miedo en Puerto Asís EL COMERCIO, domingo 3 de enero del 2016

osidos a tiros, desfigurados, irreconocibles. En Puerto Asís, los muertos se contaban por decenas. A diario aparecían tres, cuatro o cinco cadáveres. Este poblado, situado en el departamento colombiano del Putumayo, fue de los más golpeados por el conflicto con las FARC. Hablar de la guerrilla costaba la vida. Aun hoy es así. La gente no da muchos detalles de la situación actual. EL COMERCIO llegó el martes a esta zona. La ruta se inició en Lago Agrio, en el puente San Miguel, donde se dividen Ecuador y Colombia. Para ingresar a territorio vecino hay que superar un ligero filtro. En la frontera, dos policías colombianos paran los autos, revisan las placas, piden los documentos y hacen fotos a los papeles con un celular. La inspección dura 15 segundos. Luego de 125 km de recorrido por un camino lastrado y con poca presencia militar, un letrero desgastado da la bienvenida a Puerto Asís, el municipio más grande de Putumayo, donde viven unas 60 000 personas. Tiene un clima húmedo que empapa la ropa. La población, que en su 99% se moviliza en motos y se dedica al comercio, mira con recelo el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. Hay quienes creen que muchos 'guerros', como llaman a los integrantes de los grupos irregulares, no entregarán las armas y surgirán las denominadas bandas criminales ('bacrim'). En Puerto Asís ya hay un antecedente para temer lo peor. En el 2003, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo de desmovilización, hubo para74

militares que no aceptaron el pacto y crearon Los Rastrojos, Los Urabeños, Las Águilas Negras, Los Paisas o La Constru, violentas 'bacrim' vinculadas con el narcotráfico, la extorsión, los asesinatos, el tráfico de armas y de combustibles. Actualmente, estas organizaciones someten al Putumayo y a otras zonas del sur del país. Pese a las avanzadas negociaciones de paz, en el imaginario de la población está patente el dolor causado por las FARC. El cementerio Virgen de La Paz, ubicado en el extremo oriente de Puerto Asís, es testigo del triste desenlace de decenas de víctimas. Muchas todavía siguen sin identificar. Unas puertas metálicas blancas, oxidadas y que chirrían con el movimiento, abren el camino hacia este antiguo y descuidado camposanto. Hay basura apilada en las esquinas, la pintura de los nichos se descascara y apenas se distinguen los nombres de los fallecidos. Simón Vargas, un octogenario que tiene el ojo derecho de cristal, trabajó 35 años en este lugar. En 1992 enterró 18 cuerpos en un solo día. Es de las peores matanzas que recuerda. Las víctimas aparecieron acribilladas en el pueblo. Esa mañana amontonó los cuerpos, uno encima de otro, los cubrió con plásticos negros y los metió en un solo hueco. Ese era el protocolo. En el cementerio no había espacio para tanto muerto. Un nicho albergaba hasta tres cadáveres. Desde el 2012 eso cambió. La Fiscalía ya no permite apilar a las víctimas en una sola tumba. En Virgen de La Paz hay 70 cuerpos sin identificar. Es fácil darse cuenta dónde están. En las

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lápidas aparece una breve descripción: N.N. (sin nombre) y la fecha del entierro. "Todos estos eran 'guerros", dice Vargas, arrodillado frente a una tumba enmohecida en la que están los cuerpos de dos hombres y el de una mujer, desde el 2005. Solo en Puerto Asís, el conflicto armado ha originado el desplazamiento de 10 000 familias que vivían en las zonas rurales del municipio. Unas se movilizaron a urbes de Colombia y otras a Ecuador. Eso lo revela Jaime Silva, secretario general de la Alcaldía. El martes, él aceptó hablar con este Diario. En una pequeña oficina, el funcionario señaló que desde que se inició el proceso de paz, en septiembre del 2012, han existido tres etapas en Puerto Asís. Las dos primeras violentas, con ataques permanentes de las FARC a la fuerza pública, campesinos y civiles, para presionar por sus puntos de vista en las nego¬ciaciones de paz; y la tercera fase, caracterizada por una relativa calma. El 20 de julio, la guerrilla pactó un cese al fuego y eso redujo los homicidios en un 37%. También bajaron los ataques terroristas y el derrame de crudo. El más reciente ocurrió hace tres meses. Guerrilleros pararon tanqueros que transportaban petróleo desde los pozos ubicados en las áreas rurales de Puerto Asís. Los armados obligaron a los conductores a verter el crudo en los humedales. Luis Carlos, habitante de La Cabaña, una de las cuatro zonas afectadas, comenta que estos ataques suceden porque las empresas petroleras se niegan a cancelar las 'vacunas', como llaman a los pagos por extorsión, una forma frecuente de finan-

ciamiento de los grupos irregulares. "Fue un desastre ambiental", advierte, mientras señala uno de los humedales cubiertos por el crudo. El agua se contaminó y ahora la gente pide una planta de tratamiento que no llega. "Ni llegará. Esto no sale en la prensa, son ataques silenciosos. El Gobierno nos ha olvidado", dice Luis Carlos. Las autoridades saben que a diario hay guerrilleros vestidos de civil que llegan a buscar provisiones en Puerto Asís. Por eso es mejor callar. La extorsión es recurrente en este Municipio. Detrás de este delito está el Frente 48, una de las facciones más violentas de las FARC. Ellos vigilan cada movimiento. En La Cabaña, un civil grabó con su celular el trabajo de este Diario y un motorizado nos acompañó hasta que dejáramos esa zona.

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El comercio se redujo en General Farfán EL COMERCIO, martes 2 de marzo del 2010

os 16 botes con motor fuera de borda están casi corroídos, como si hubieran sido abandonados, sin clientes, en el embarcadero de General Farfán. En los locales del poblado fronterizo, al norte de Sucumbíos, no hay compradores. Hasta los comedores que ofertaban guanta y bagre se cerraron. “Antes del bombardeo la gente venía de Colombia con bastante plata. Ahora ya no hay negocio. La fumigación afectó a las plantaciones”, refiere Alexandra Díaz y estampa un pantalón jean contra las piedras, en la orilla del fronterizo río San Miguel, en Farfán. Para Inteligencia militar la disminución de la afluencia de extranjeros a ese poblado, también conocido como La Punta, está relacionada con una migración del tráfico de drogas en Putumayo, departamento de Colombia. Cerca de Farfán está el Puente Internacional San Miguel. Allí, en el extremo norte, Colombia instaló, luego del bombardeo de Angostura, un puesto fijo de FF.AA. Los narcos colombianos replegaron sus rutas de salida de la droga a otros sitios de la selva, a la altura de Teteyé, al oriente, y al sector de La Bermeja, al occidente. “La disminución comercial en General Farfán se debe a la apertura del Puente Internacional, por allí pasa el comercio formal”, sostiene Hugo Villegas, jefe del Comando de Operaciones Amazonas de las FF.AA., a cargo de Sucumbíos. Villegas, general de Brigada, muestra en un mapa, en la sede del Comando, en Coca, cómo se mueven los narcotraficantes en Colombia. Inteligencia militar ha identificado 10 corredo-

res del tráfico de drogas hacia Ecuador. El Ejército reprueba el requerimiento hecho por pobladores de Santa Elena, aldea cercana a Angostura. Los cerca de 50 habitantes solicitaron a las autoridades de la provincia que se complete la construcción de la vía que uniría a esa localidad con Nueva Loja. Solo faltan 4 kilómetros, desde la línea de frontera hacia el interior. Para Villegas, esa ruta sería una vía para las actividades ilícitas. Villegas sostiene que hay retenes móviles y fijos en esas rutas, y dice que parte del control es “evitar que personas desaprensivas usen nominativos o insignias de las FF.AA. para llevar droga”. La medida tiene su origen en la captura de un capitán (r) y de un sargento (r) en el caso Aniversario, en 2009. “Fue un golpe tremendo saber que oficiales y voluntarios, al salir del Ejército, se han inmiscuido en actos ilegales. Existe el riesgo de que el personal sea tentado por el dinero del narcotráfico, pero no es alto”. En el control del acceso vial a Farfán también participa la Policía. El puesto de vigilancia policial de La Punta tiene 12 uniformados. “En la parroquia no hay actos delictivos, como asaltos o robos”, dice el capitán Rodrigo Cáceres, a cargo del puesto desde hace seis meses. “Pero en los alrededores hay tráfico de productos, no a través de las principales vías, sino por vías secundarias”. Él coordina con el destacamento de la Infantería de Marina, que está en Farfán con 200 hombres. Este reparto depende del Batallón de Selva Santa Cecilia. Díaz destaca la presencia de la Marina y de la Policía, pero demanda trabajo. Relata que

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“hasta hace dos años en el restaurante de mi madre vendíamos hasta 50 pollos asados al día”, a colombianos que cruzaban la frontera cargados de pesos. Pero hace más de un año, por los problemas al otro lado, la gente dejó de venir, antes aquí hacían el mercado”. Los botes fuera de borda ahora trasladan a ecuatorianos que van La Balastrera (Colombia) a vender combustible. “Aquí no tenemos de qué más vivir; no hay trabajo”, dice Jéssica Chiguango, de 18 años. Su padre y su madre, que se dedicaban a la venta de combustible, fueron asesinados hace un año, al otro lado de la frontera. Ella, quien es madre, y sus 10 hermanos quedaron huérfanos. “Agradecemos a la Marina, porque nos da la comida”. Los pobladores de La Punta dicen conocer poco del Plan Ecuador, pero al evocarlo todos apuntan a Chicuango. En octubre, personeros ofrecieron ayudarla con su hijo, Haider, de 3 años. “El papá de mi hijo no me respondió. El niño no me hablaba, no caminaba, no se sentaba; no podía mantener firme la cabecita... Me ofrecieron una silla de ruedas, pero nunca más vinieron. Mi pequeño falleció el 8 de enero”. “Ofrecieron ayudarla, pero solo buscaron saber nuestras necesidades”, resalta Díaz, quien también vende gasolina. “Saco 7 dólares al día”, dice y sumerge la cabeza en el San Miguel, para aplacar el calor, al terminar de lavar la ropa de sus hijos, quienes saltan al agua desde el embarcadero.

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La Hormiga es todo un fortín en el Putumayo EL COMERCIO, lunes 31 de julio del 2000

l costado norte de la Escuela Central La Hormiga está una construcción cubierta por un toldo de acero. Desde la calle Sexta, donde está el ingreso a esa edificación, se divisa el cerramiento sin puertas y semidestruido, como una de las secuelas del mensaje enviado por la guerrilla hace dos años: una bomba. Ese edificio es el cuartel de Policía de La Hormiga y ahora tiene en su fachada barricadas con costales llenos de tierra húmeda, en los que empieza a crecer grama. La Hormiga está al sur del departamento de Putumayo en Colombia y es, para el Plan de Contingencia de Ecuador, una ciudad clave: en caso de que el conflicto en la zona se agrave, se estima que los habitantes se desplazarían a Sucumbíos. La población, con 17 000 habitantes, está a 27 kilómetros al norte del puente internacional sobre el río San Miguel, la línea de frontera entre Ecuador y Colombia. Se encuentra en la mitad de un extenso valle, en el municipio de Guamuez, que está atravesado por una vía que conecta al puente internacional con el centro de Colombia. Al lado derecho del camino, en dirección sur-norte, está el Oleoducto Trasandino por el que circula parte del crudo liviano que se extrae del Oriente de Ecuador y se exporta desde Tumaco, en el Pacífico sur de Colombia. Detrás de la larga tubería, hay árboles nativos de la selva tropical, que son los límites en los costados de la vía. En la carretera empiezan a aparecer piedras y lastre, no removidas por las máquinas que trajeron el asfalto. Los árboles, que fueron tumbados en pocos

espacios de la vía para levantar chozas de madera -algunas tienen una antena parabólica en el techo-, sirven como una cortina. Las ramas cubren las matas de no más de un metro de alto, con delgados tallos pálidos y pequeñas hojas verdes, que son las plantas de coca, sembradas en más de 60 mil hectáreas del Municipio. Unos 3 000 ecuatorianos viven en la zona. Trabajan en los cultivos de coca: ganan hasta 30 mil pesos al día (15 dólares). El kilo de base de coca se vende ahí en 2 millones de pesos. Un kilo se obtiene en 1,5 hectáreas de cultivo. El ciclo de la planta es de 3 meses. Esos sembríos ahora son el motivo de los enfrentamientos entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares. Ambos financian parte de sus acciones con el cobro de un porcentaje por la venta de coca de los campesinos a los narcotraficantes. Recorrer la vía es exponerse a los patrullajes de las FARC, los paramilitares o el Ejército colombiano. Esos patrullajes son retenes: los uniformados se esconden en la vía y detienen a los automotores. Obligan a bajar a los pasajeros, los separan, interrogan y requisan. En tanto, otros uniformados revisan el interior del vehículo. Portar un arma provoca sospecha y no tener los papeles del radio instalado en el tablero del auto es razón suficiente para que lo desprendan. Todo en medio de un ambiente tenso, porque hasta que los uniformados se identifiquen se los puede confundir con cualquiera de los grupos armados de la zona: todos visten de camuflaje verde. Las FARC están cerca de La Dorada, 17 kiló-

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metros al norte del río San Miguel y paso obligado para llegar de Ecuador a La Hormiga. Al sur de La Dorada, que pertenece al municipio San Miguel La Dorada, al sur de Guamuez, están los depósitos de la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol), vigilados por el Ejército. La cerca de los tanques de Ecopetrol, rodeada por una selva agreste y en la cima de una colina, parece un campo de concentración nazi, con filas de concertinas en las mallas conectadas con electricidad y trincheras de costales que apuntan al norte. El lunes desde ese lugar el Ejército repelió un ataque de las FARC. La segunda estación de petróleo, con depósitos que son tanques gigantes en los que se almacena petróleo, está en La Hormiga y funciona también como un cuartel del Ejército. Está en la calle Sexta, al sur del cuartel de Policía. La guerrilla de las FARC no ha vuelto por el centro de La Hormiga, aunque sí está en el resto del Valle, de 130 mil hectáreas, con el 'frente 48'. Hace dos años, el pueblo fue tomado por el 'bloque sur' de los paramilitares. Llegaron con masacres selectivas: asesinaron a los que consideraron guerrilleros. La gente calla. Hace tres años, en tiempos de las FARC, para designar al Alcalde la Registraduría Nacional hizo un cara y sello. Dos candidatos obtuvieron siete votos. La gente no acudió a sufragar porque la guerrilla los amenazó. Desde la llegada de los paramilitares, en las calles de La Hormiga transitan el Ejército y la Policía. Los militares van a pie por caminos de adoquín, vestidos de camuflaje, con fusil y pequeños cohetes en el pecho, proyectiles de 15

cm de largo que se disparan con el fusil hasta una distancia de 100 metros y tienen un radio explosivo de 10 metros a la redonda. Los policías, hay 250 en ese Municipio, patrullan en motos, el principal medio de transporte entre los pobladores. La opinión que los uniformados tienen de los paramilitares, que viven en ese poblado, explica en parte la razón por la que no los enfrentan con fuego. "No son paramilitares, sino autodefensas, campesinos cansados de la extorsión de la guerrilla". Desde La Hormiga se escucha el tiroteo de los combates que se libran hacia el occidente del Municipio, pero la ciudad ya no es lugar de enfrentamientos. Incluso se ha convertido en centro de refugio para los desplazados del norte y occidente del Putumayo. Desde abril acogió a 1 200 personas. Por los adoquines transita una camioneta color mostaza con una bandera azul que tiene las siglas de la ONU y al jeep blanco del Comité Internacional de la Cruz Roja, con personal francés, que opera en casos de guerra. La tarde en La Hormiga trae una fachada de paz. En una tienda, donde dos ancianos dicen que irán a Ecuador si las balas vuelven al pueblo, un viejo radio de madera transmite un mensaje de la cadena RCN: "Llegó el Plan Colombia, porque puedes ser mejor".

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La Bermeja convive con los combates EL COMERCIO, miércoles 3 de octubre del 2001

os niños de rostros pálidos y abdómenes hinchados gritan alegres en su juego Ecuador-Colombia. Corren detrás de una pelota de plástico duro y llevan la cuenta de los tiros de esquina. En La Bermeja los niños no han visto una televisión y apenas se enteran de lo que ocurre fuera de su aldea por las noticias y letras de canciones vallenatas que escuchan del viejo radio del profesor. La Bermeja tiene un asta hecha con chonta sobre la que se iza la bandera de Ecuador. Es una aldea con cuatro chozones de madera en la cima de una peña, que es la orilla del río San Miguel. Entre el poblado y el río hay 80 metros de pendiente; por eso sus habitantes llaman a su aldea la ‘Barranca Bermeja’. 40 jefes de familia están inscritos en el pueblo desde su fundación, el 31 de julio de 1998. Viven repartidos en 20 zonas distintas, que ellos denominan veredas, separadas por dos kilómetros. La gente no sabe contar hasta el 1 000 y los adultos no saben leer pero se dejan guiar por el profesor, David López. Él les indica los deberes que sus hijos deben cumplir: el número de páginas a llenar. López es un menudo colombiano de 25 años que hace un mes llegó a La Bermeja. Hace tres años finalizó el segundo año de ingeniería en la Politécnica de Guayaquil, antes de conocer que su madre había enfermado y que debía retornar a su pueblo, San Miguel, en Colombia. La escuela en la que él trabaja es privada, porque los 12 jefes de familia reunieron 120 dólares para pagar al profesor por el primer mes de

clases. López mudó sus cosas a la escuela, ahí mismo tiene una cama cubierta por una estera, dos camisas, un pantalón y su viejo radio, el único contacto entre el poblado y el exterior. 16 chicos van a la escuela. Ellos extrañan a su profesora, quien no ha vuelto desde junio. Según las libretas de calificaciones, entre los menores hay quienes aprobaron el segundo y tercer años de básica. Sin embargo, ellos recién aprenden a leer, y la tarea del día, anotada en la pizarra, es la suma del 1 al 20. “Los niños no saben escribir ni leer. Incluso hay dos muchachos que recién llegaron desde Lago Agrio, que finalizaron el segundo año de básica, y no saben nada”, comenta el profesor y cruza por la mitad del aula de clase, una habitación de tablas equipada con cinco viejos pupitres de madera que en lugar de asientos tienen pequeños troncos recién cortados. El juego de fútbol continúa. Los gritos se mezclan con los ruidos de la selva, el río y el motor de una sierra eléctrica que despedaza un árbol de ceiba. La gente vende la madera a los colombianos. Por un tablón de ese árbol en Colombia se pagan 7 000 pesos o 3,50 dólares, porque en esa frontera los colombianos cambian un dólar por 2 000 pesos. También comercian gasolina, café y plátano. El dinero apenas les alcanza para sobrevivir. Adultos y menores visten camisetas viejas y pantalones cortos. No tienen agua potable ni electrodomésticos. Duermen en el suelo o en hamacas, debajo de percudidos toldos. Ni siquiera tienen lanchas para movilizarse a Ge-

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neral Farfán, a dos horas río abajo. Muy pocos pobladores bajan a pescar en el río y sus gallinas son para venderlas en Colombia, donde pagan 1 500 pesos por una, con lo que alcanza para comprar dos libras de arroz, que es lo que los niños prefieren. En San Miguel, Colombia, también se ofrecen 250 000 pesos por un chancho grande y gordo. Un hombre de 23 años cuenta que no ayudan a la guerrilla ni a los paramilitares que patrullan al otro lado del río San Miguel. “A veces pasan por el río, pero uno no está ni con unos ni con otros. Si piden algo, se les da, y no más. Se escuchan combates, muchas balas, pero uno se guarda en la casa y piensa en otra cosa para no angustiarse”. Esos combates son frecuentes y ocurren a 100 metros de distancia. Los pobladores van a vender en Colombia en los botes de colombianos que cobran seis dólares por persona o carga. Ellos aparecen una vez por semana en el río, donde solo se puede circular hasta las 18:00, porque luego es posible ser atacado por paramilitares o guerrilleros. Los primeros incluso montan retenes a cualquier hora en San Miguel, donde tienen su base desde hace siete meses. El Ejército ecuatoriano llegó a La Bermeja por primera vez en enero. “Aquí la misma gente se da seguridad. No culpamos a los militares por no protegernos. Cuando llegan no avisan, y es mejor: revisan nuestras casas y no encuentran nada porque no somos delincuentes. Ellos no conocen esta selva; uno la conoce y sabe lo duro de vivir aquí; por lo menos tenemos nuestra tierra”, comenta otro hombre

oriundo de Manabí. Su esposa, una mujer de 23 años, asiente; ella es madre de tres hijos y está embarazada. Los niños finalizan el juego de fútbol. Corren descalzos o con enlodadas botas de caucho. Todos tienen el cabello empolvado y cuentan la misma versión: “Mi papá es finquero. Tiene café y plátano”. El resultado del partido es 8-3.

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En Orito la violencia se refleja en un panteón EL COMERCIO, martes 9 de octubre del 2012

evanta el dedo índice de su mano derecha y dice: “Allí hay cuerpos enterrados”. Lo que señala es un terreno cruzado por un riachuelo de agua verde, maleza y plantas. “Únicamente en este pedazo hay 25 cuerpos”, sigue Lucio Cuarán, mientras camina sobre el lado oeste del cementerio del municipio colombiano de Orito. Cuarán tiene 52 años y 15 administrando el camposanto. Debajo de sus pies permanecen más de 100 cadáveres sin identificar (NN); otros 37 fueron exhumados por la Unidad de Fiscalías para la Justicia del país del norte. Según esa entidad, hasta el 31 de agosto, en Colombia se han encontraron 3 890 fosas comunes. La semana pasada este Diario entró a Orito, en el departamento de Putumayo, y conoció que solo allí se han hallado 438 cadáveres: 103 han sido entregados a sus familiares. Del lado del cementerio por el que camina Lucio no hay tumbas. Dos cruces hechas con viejos maderos y plantas de hojas verdes con líneas amarillas que llegan hasta la cintura del sepulturero completan el escenario. “No sé cómo se llaman esas plantas, las sembré como señal para saber dónde enterré cada NN”. El panteonero dice que la mayoría de no identificados es de una época marcada por la violencia entre guerrilleros y paramilitares. Los últimos cuerpos llegaron en el 2004, cuando los crímenes se “volvieron atroces”. Los recuerdos están intactos: “Estaban mutilados, decapitados. Unos tenían el tórax abierto y lleno de piedras”. Ahora Colombia ha emprendido un nuevo proceso de paz. Ayer, 12 integrantes del equipo

negociador de las FARC llegaron a Cuba para los diálogos, que arrancarán en seis días. Orito está a 68 km de Ecuador. Esto es a dos horas de camino desde el Puente Internacional San Miguel, que es la puerta de entrada a Colombia. Allí aparece el primer escenario: una trinchera y policías armados. Una carretera de dos carriles y hormigón atraviesa al menos cinco poblaciones antes de llegar a Orito. Uno de los pueblos es La Hormiga. La gente tiene temor de hablar. Prefiere no testificar en primera persona y dicen que de la violencia se enteran solo a través de terceras personas. El jefe policial de esa localidad es tajante cuando se le entrevista: “Nada sobre subversión ni política”. Pero al apagar la grabadora recuerda escenas que ocurrieron hace tres semanas: al ingreso de La Dorada, una población vecina de La Hormiga, una patrulla fue atacada con una granada. El oficial abre la puerta de una furgoneta blanca. Muestra los rastros que dejaron las esquirlas. Solo en el techo hay 10 orificios y en el compartimiento donde van los detenidos, la malla metálica se ha despegado. El ataque dejó heridos a tres policías. El 30 de diciembre del 2011, un artefacto explosivo destruyó una estación de Policía de Orito. De esa estación, ahora solamente queda un terreno vacío, con hierros retorcidos y paredes cuarteadas de las casas vecinas. Un policía perdió a su esposa y a su hijo de 8 meses. Los uniformados atribuyeron el delito al Frente 48 de las FARC. Orito es sobre todo una zona petrolera.

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“Hace dos meses estuvimos en zozobra. Cada día (la guerrilla) volaba el oleoducto. Es una forma de presionar a la empresa petrolera para que paguen cuotas y así dejarlos trabajar”, asegura Radamez Murillo, párroco que atiende en la arquidiócesis. En esta localidad aún hay muertos por la violencia, pero en menor cantidad en relación a ocho años atrás, refiere el sacerdote. La Fiscalía de Orito confirma esa tendencia: de 30 casos de homicidios que hace cuatro años se reportaban cada mes, hoy tramitan hasta dos. El padre Murillo dice recorrer las 36 veredas (sectores rurales) que conforman el poblado. De estas visitas sale su única constatación: La gente no habla de la procedencia del fallecido, dónde lo mataron ni por qué. “En la mayoría de registros solo dice muerte violenta”. En la memoria del panteonero Cuarán quedaron fotografiadas las víctimas antes de su entierro. Llegaban con botas, ponchos y uniformes. Otros, de civil. En su mayoría jóvenes y hombres de hasta 40 años. “A todos los que venían los atendía (paramilitares y guerrilleros). Antes de irse me decían: ‘¿Usted es el panteonero? Gracias, pero siempre lo tenemos en cuenta’. Con eso ni ganas de ir al rancho a dormir”. Las exhumaciones en ese Municipio se incrementaron en el 2000. Lo asegura Luis Ramírez, fiscal 37. “Era gente ajusticiada, desaparecida y enterrada por los mismos paramilitares, que no informaban a las familias”. La recuperación de los cuerpos se dan por dos razones: a pedido de los parientes o por la Ley de Víctimas, que entró en vigencia en el

2011, y que establece que las autoridades deben informar y acompañar a las víctimas en este proceso para la indemnización. Al cuello de Lucio le rodea un escapulario que termina en un crucifico y sus mullos están pintados de cruces. Lo muestra sentado bajo la capilla del cementerio. El hombre relata la vez que hizo una caja para un recién nacido. “Puse la cajita sobre su madre. Yo no ponía los muertos uno sobre otro”. Él tuvo ocho hijos en esta región, cinco de ellos descansan en el mismo cementerio que vigila. ¿Qué pasó? Solo hay silencio.

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Tufiño y El Carmelo viven de la ganadería y el agro EL COMERCIO, jueves 8 de abril del 2004

os campesinos de rostros mustios se persignan con un murmullo frente a la Virgen del Carmen, antes de llegar al puente del río Játiva. Allí, sobre la capillita anaranjada, flamea la tela templada por la Policía de Colombia, como anuncio de festival musical, solo que con el escudo de ese país, para delimitar la frontera. Los campesinos, que avanzan arreando mulas, agradecen a la santa por retornar sin novedad y se adentran en Tufiño, cargando canecas plásticas rebosantes de leche, el negocio que los mantiene. Un litro del líquido se obtiene en Colombia a 12 centavos de dólar y se lo expende a las empresas lácteas de Ecuador en 16 ó 18 centavos, según la calidad. La ganadería es la base de la economía de Tufiño, una parroquia ubicada al occidente de Carchi, y los intermediarios de leche ecuatorianos son el sostén de la mayoría de familias de Chiles, el corregimiento colombiano más cercano, a dos kilómetros de la frontera. Esa cercanía con Chiles, convirtió a Tufiño, hace dos semanas, en zona de refugio, recibió colchones del Acnur que se apilaron en el coliseo prefabricado. A fines de marzo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazaron a Chiles con una incursión. La advertencia es la respuesta a la instalación de un destacamento de la Policía colombiana en Chiles, en febrero. Decenas de sacos negros con arena atrincheraron la biblioteca del poblado, el nuevo cuartel. Hasta el 2003, los guerrilleros recorrían Chiles armados con fusiles M-16.

La leche colombiana se vende por Ecuador porque es inútil transportarla al interior de Colombia. Las montañas de Nariño están copadas por guerrilleros de las FARC y el ELN. Los 80 policías contrainsurgencia de Colombia llegaron a Chiles tras pedir autorización a la Fuerza Pública de Ecuador: ingresaron por el puente de Rumichaca hasta Tulcán y Tufiño, y desde ahí a Colombia por el puente Játiva. “La vida es tranquila aquí en Tufiño”, comenta Jairo Pozo detrás de una puerta móvil de madera que le llega a la cintura, en la puerta de su tienda. “Cuando hay fiestas tenemos un poco de problemas con la gente que viene del otro lado, peleas, pero aquí la gente es pacífica”. Su tienda de paredes verdes da vida a la población de 1 771 habitantes. Tufiño tiene casas de adobe con colores vivos, turquesas o naranjas, levantadas alrededor de las canchas de basquetbol que se extienden hasta la iglesia, un santuario de ladrillos pintados de rosa. “Los habitantes no tienen lazos con la delincuencia”, sentencia el subteniente Cristian Zambrano, jefe del destacamento del Ejército, al mando de 60 hombres, en una base ubicada lejos del centro poblado, a 15 minutos a pie. “No se ha visto guerrilla pero estamos pendientes de los cinco pasos ilegales en mi sector de responsabilidad”. Cinco puentes ilegales conducen a Colombia en los 33 kilómetros de frontera que deben ser custodiados por el Ejército. Tras un breve recorrido se constató que ninguno de esos pasos era patrullado por militares del destacamento. “Coordinamos patrullajes sorpresivos”, explica Zambrano.

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Los campesinos de Tufiño son privilegiados. La parroquia es la única de las cinco de Carchi, asentadas en línea de frontera, que tiene una vía pavimentada hasta Tulcán, servicio de taxis y luz y agua potable permanentes. Recibe la señal de las televisoras ecuatorianas, aunque también colombianas, y cuenta con 20 líneas telefónicas activas. Pero el desasosiego también es más marcado, en especial en las haciendas. Los propietarios iniciaron un éxodo sistemático desde el 2002, atemorizados por extorsiones. Buena parte de sus tierras está a cargo de administradores. Por eso la comunidad de la montaña decidió organizarse. Juntaron 200 jornaleros, que escopeta en mano rondan en turnos de cuatro horas diarias, en grupos reducidos, a cargo de una estruendosa sirena, la alarma comunitaria. El viento frío es similar al que levanta polvo en la empedrada vía a El Carmelo, parroquia fronteriza de Carchi, al oriente de Tulcán. Los campesinos de El Carmelo caminan emponchados y con la mirada taciturna. Hacen fila sobre el adoquín, detrás de un camión con cajón de tablas, el abastecimiento semanal de frutas que llega de La Victoria, aldea colombiana controlada por el frente 2 de las FARC, a 20 minutos de camino. “La relación de El Carmelo con Colombia es buena”, dice Tito Álvarez, presidente de la Junta Parroquial de El Carmelo y observa hacia la montaña que se divisa detrás de la iglesia, a Colombia. “Nos llevamos bien con la gente de las veredas El Salado y San Antonio”, ubicadas al otro lado del fronterizo río Pun. En todas las fiestas nos colaboran”.

En la parroquia hay ocho policías que nunca han detenido a nadie. “No hay robos ni crímenes. Todos nos conocemos”, asegura el teniente político, Marcelo Tucanés. El Carmelo tiene servicios básicos, luz, agua y 50 líneas telefónicas, y recibe atención del Gobierno: el Prodeín le dio en marzo 20 000 dólares para créditos al 4 por ciento anual. Pero solo tiene dos buses para sus 2 304 habitantes y en dos horarios inamovibles, a las 06:00 y a las 07:00, cuando los vehículos 2 y 8 de la Cooperativa Transnorte van a Tulcán. Los campesinos viven del agro. Ganan 6 dólares por un quintal de tubérculos. Las matas de papa iluminan el horizonte de la serranía. Desde el parque central se las divisa. En ese parque, bajo un mapa metálico de Ecuador armado con fusil, los niños juegan, alegres, con las mejillas rojizas limadas por el frío.

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La Victoria está unida a El Carmelo EL COMERCIO, martes 25 de mayo del 2010

a Victoria es un pueblo colombiano que se halla en una ceja de montaña. Es la puerta a la Amazonía del vecino país. Por eso en el camino lastrado –8 kilómetros lo separan del vecino El Carmelo, en Ecuador- abundan helechos, alisos e incluso polylepis (árboles de papel). Las casas de tonos intensos (verdes, azules y rosadas) circundan una amplia plaza de tierra. Son viviendas de dos pisos y balcón volado. La iglesia anaranjada, dedicada a San José, es grande como una casona de hacienda. Antes de venir a esta población, que se halla en los dominios del Frente 48 de las FARC, consultamos en El Carmelo: “No vayan, es un riesgo, hay muchos secuestros”, dice Rommel Rosero Revelo, técnico del Ministerio de Agricultura. Él, en la mañana del pasado viernes, dirige la siembra de árboles nativos en el parque, en el que se destaca el busto del sargento Luis T. Hernández, quien ofrendó su vida en El Maizal, Alto Cenepa, en febrero de 1995. 130 estudiantes de la aldea participan en la siembra. “Mejor alquilen un jeep, es más seguro”, es el parecer de Luis Rufino Álvarez, de 72 años, dueño de una surtida tienda, localizada en el parque de El Carmelo, a 37 kilómetros al oriente de Tulcán. “Vayan pero vuelvan pronto, los de las FARC siempre andan por la selva, a veces se oyen tiros”, dice un soldado bisoño del retén ecuatoriano, quien porta su fusil FAL en bandolera. Vencimos al miedo y nos aventuramos a La Victoria. Llegamos. La gente no quiere hablar. Algu-

nos apenas mueven las cortinas para mirar a los forasteros. Pido al chofer de la camioneta que me deje en una tienda, donde tres hombres charlan. Presento mi credencial y Luis López, secretario del Instituto Educativo La Victoria, saluda: “Bienvenido hermano ecuatoriano, aquí pese a la bronca seguimos pa’lante”. El pueblo está rodeado de una cadena de colinas de exuberante vegetación. Allí es el refugio de la guerrilla. “De vez en cuando vienen a festejarnos (a echar bala)”, sostiene Onésimo Betancourth, dueño de la tienda. Tiene 66 años y cuatro hijos. Toda la vida ha pasado en La Victoria, vereda o corregimiento de Nariño, fundada en junio de 1917. Los apellidos son similares a los de los ecuatorianos de la aldea vecina: Quiroz, Tulcán, Males, Meneses, Álvarez... Luis y Onésimo coinciden en que existen fuertes lazos familiares entre los dos pueblos. “Se visitan todo el tiempo, dos o tres veces a la semana, los de allá (El Carmelo) traen alimentos, gas y gasolina y La Victoria ofrece ropa más barata (un 50% menos) que viene de Ipiales”, dice Luis. Incluso los dos pueblos celebran juntos las fiestas de El Carmen, el 16 de julio. Dos orquestas de Ipiales animan los bailes, hay novena y una rica comida típica. No faltan los partidos de micro (indorfútbol) de los jóvenes. “Nos encanta ir a El Carmelo, pero allá los soldados nos piden el pasado judicial”, se queja Onésimo. Luis cuenta la causa de la unión: hasta 1916 El Carmelo era colombiano. “Cedimos a Ecuador a raíz del tratado Muñoz Vernaza Suárez. Co-

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lombia llegaba hasta San Gabriel, por el tratado perdimos mucho”. “Nosotros cedimos vastas zonas amazónicas”, respondo. Los vecinos desmienten y la discusión queda en nada. En la fachada y en un vidrio de la casa-tienda (habitada en el segundo piso) se aprecian cinco agujeros de fusil. “Aquella noche de zozobra, hace dos meses, hubo zafarrancho por el hostigamiento de las FARC y los policías dispararon por todo lado, hirieron a dos chicos que charlaban en esta esquina”, explica Luis y señala una casa rosada. Cruzando la plaza se levanta el cuartel de Policía. Es una casa grande, blanca, de tres balcones de hierro. Decenas de costales verdes llenos de arena, están apilados en torno al cuartel; los han colocado para protegerse del asedio de la guerrilla. En otras casas también se ven las huellas de las continuas balaceras. ¿Qué pasa con el Ejército colombiano? Carlos Burbano, un chico de 24 años, responde que los soldados a veces vienen, vigilan y se van. Burbano ha perdido su empleo en una fábrica de quesos. “Toda la leche se lleva a Ecuador, aquí es barata”. Carmen Vallejo Erazo, esposa de Onésimo, dice que un nieto les acompañaba la noche de la balacera. Mientras arregla unos envases de Pony Malta, añade que en el pueblo viven 2 800 personas. Y en la zona rural, 9 000. “Somos gente pacífica, dedicada a la ganadería y agricultura, cultivamos la papa chica (amarilla) y la guata (parejita y gruesa), el intercambio comercial con los vecinos de Ecuador es intenso” Antes de partir, Carmen pide que vayamos

a la iglesia a despedirnos de San José. “El santito es el guardián de esta casa acosada. Él nos protege”. Cumplimos su pedido. Caminamos por la plaza, siempre vigilados por los policías, listos con sus fusiles. La iglesia, de vitrales y un tumbado de fina caoba, está vacía. Un inmenso y risueño San José carga en sus brazos al Niño Jesús

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El Chical y Maldonado limitan con el ELN y las FARC EL COMERCIO, miércoles 7 de abril del 2004

n jeep Hummer automático donado por Estados Unidos irrumpe a velocidad en el parque central de El Chical, la única zona adoquinada de la parroquia, levantada al pie de una montaña cubierta por helechos, platanales y guarumos. El vehículo del Ejército se detiene junto a la Escuela García Moreno, de 120 alumnos. Como a 15 metros de allí, en una de las cinco tiendas, la más grande del poblado, se escucha un murmullo: “cuando no había Ejército, la guerrilla andaba por acá”. Y Cumandá Ortiz, propietaria de ‘Víveres la frontera’, completa la frase, desprendida. “Venían uniformados de militares, con fusiles, entraban caminando y querían hacer sesión, pero nunca nos obligaron”. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) todavía circunda a 100 metros de la tienda de Ortiz, en una aldea habitada por campesinos que siembran hoja de coca, Tallambí, en Colombia, al otro lado del fronterizo río San Juan. El Chical, con 2 318 habitantes, se encuentra frente a esa aldea y forma parte del cantón Tulcán, al noroeste de Carchi. “No hay robos ni violencia, solo casos de alcoholismo”, dice el teniente Daniel Flores, jefe del destacamento militar y mira hacia abajo, al centro de El Chical. Su base militar está enclavada en la montaña y prácticamente domina la explanada, con soldados que apuntan binoculares contra los techos de Tallambí. En la parroquia de 424 viviendas hay luz y solo una cabina telefónica: 50 centavos de dólar cuesta un minuto de uso. La línea del auricular, sin embargo, es una extensión. Su base se

encuentra en Maldonado, una parroquia que progresa al ritmo de la unión de sus habitantes, a 45 minutos de viaje, al este, también en la frontera de Carchi. Maldonado no ha borrado una huella de la guerrilla. “Hace seis años vinieron y reunieron a la gente en el mercado”, recuerda Wilson Mejía, profesor del Colegio Maldonado. “Eran 14 vestidos con camuflajes y pañuelos rojos con las siglas UCELN, de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional”. Las siglas todavía están pintadas en una casa de tablas de la calle Quito, la marca de esa visita “pacífica”. “Dijeron que no querían ningún problema, sino apoyarnos a solucionar los robos, asaltos... que había que avisarles”, dice Mejía. Dos años después el Ejército instaló un destacamento. “La mejor seguridad de Maldonado es la solidaridad de la gente”, dice el subteniente Pedro Ayala, al mando de los 60 militares de la base. En la parroquia hay dos líneas telefónicas y, desde hace dos años, fluido eléctrico. No recibe señal alguna de televisión, pero los lugareños remediaron la carencia. 30 familias aportaron 35 dólares, lo suficiente para comprar una antena de TV pagada y un kilómetro de cable. La antena se instaló en la casa de Zoila Ramírez, la madre de Fausto Quendi, un joven de 29 años, teniente político de Maldonado y El Chical. Desde la casa se teje una ordenada red de cableado que recorre todos los postes de la parroquia, templada en minga por los pobladores. Con una sola antena y un solo control remoto para acceder al plan televisivo, las familias acordaron, en asamblea, que a las 06:00 el pueblo observará el noticiero de CNN, luego las

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revistas matinales para madres de familia y dibujos animados. Por la tarde Discovery Channel, hasta las 17:00, cuando vuelve CNN, seguido por las telenovelas de Venevisión. Ramírez improvisó un restaurante y ahí puso un televisor a color de 25 pulgadas, para los que no tienen servicio. La organización se aplicó también para el adoquinado del pueblo. Las calles lucen limpias por el compromiso de los 1 266 habitantes. En la calurosa población se aproxima el mediodía y no se divisan hombres adultos. Suspendieron sus actividades agrícolas y participan, colgados en poleas y gruesas cuerdas de acero, en el tendido del puente del río Plata, al sur. Esa plataforma reducirá las distancias de los colonos que cada viernes llevan sus cosechas a la feria del poblado. Allí, una carga de plátano (24 manos) se obtiene por 8 dólares y un quintal de maíz por 10. En San Juan, Colombia, frente a Maldonado, pagan 6 000 pesos (2,5 dólares) al día por el cultivo de la hoja de coca, pero los lugareños de Maldonado prefieren no cruzar. Allá ya no está el ELN. Sus posiciones fueron tomadas en el 2002 por el frente 29 de las FARC. A las 16:00 los hombres de Maldonado, con botas de caucho y camisas ligeras, terminan la minga, sudan. Y se detienen en una casa de malla, la guardería: 24 niños salen limpios y con los cabellos húmedos peinados. Sonrientes despiden con sus manitos a cuatro adolescentes, sus cuidadoras durante 8 horas diarias, todas reciben 64 dólares al mes.

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El ELN sigue activo en Tallambí y otros poblados de Nariño EL COMERCIO, domingo 10 de septiembre del 2017

allambi es un pueblo colombiano, con casas de madera y sin ventanas. Allí solo habitan 140 familias y la mayoría se dedica a la agricultura y ganadería. Desde hace 21 años, este sitio, asentado en medio de la selva y fronterizo con Ecuador, es visitado por hombres armados, con botas y uniforme camuflaje. Los campesinos dicen que son subversivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla que queda en Colombia. Militares de esa nación saben que la guerrilla usa este poblado como punto de descanso. Soldados ecuatorianos tienen la misma información. A pesar de que solo un puente de madera, de 25 metros de largo, separa ese pueblo de Ecuador, el acceso a Tallambi es restringido a los extraños. Un equipo de EL COMERCIO entró el jueves, horas después de que un 'comandante' de esa zona autorizara la visita. Para llegar hay que caminar por un sendero de piedra y tierra. Lo primero que se divisa es una cancha de futbol. En la mitad está la bandera de Colombia y a un costado hay otro camino que lleva a la montaña. Los moradores dicen que por ahí llegan los guerrilleros. No hay policías ni militares. La última vez que el Ejército llegó a Tallambi fue hace un año. Por eso, los "elenos", como los pobladores conocen a los guerrilleros del ELN, dicen que este es su territorio. El jueves, desde las 06:00, los habitantes salían de sus casas, pintadas de amarillo, rosado o verde, y montaban caballos. Se ponían som90

breros de paja y se adentraban en la montaña para cuidar sus cultivos que están en todo el límite con Carchi. En esta semana, este Diario recorrió otras cuatro localidades similares, levantadas entre las montañas colombianas. En el monte se divisan sembríos de papaya, maíz, caña y también de hoja de coca. La gente de Tallambi no habla de esos cultivos. Tampoco lo hacen de los 'elenos'. Su miedo aflora cuando se les pregunta sobre los insurgentes. Un hombre comenta, en voz baja, que cargan fusiles. Otro joven, que viste un buzo negro y tiene corte militar, cuenta "que a los guerros les enoja que la gente esté de sapa". Por eso evitan hablar de ellos. Así han logrado que en los últimos tres años ninguna persona de la comunidad sea asesinada, secuestrada o extorsionada. Estas prácticas son comunes en el ELN desde sus inicios, en los sesenta. El observatorio del Centro de Memoria de Colombia atribuye a esta guerrilla más de 9 000 afectados en los últimos 37 años. En esas cifras se incluyen cerca de 7 000 secuestros. Ahora, con más de 1 500 miembros y con 26 frentes rurales, sus ramificaciones han dejado secuelas graves en poblaciones de origen indígena, pese a que su poder es menor al que tenían las FARC. Según militares de ese país, entre 1996 y 2011 se sintió la injerencia más fuerte del ELN. Rosario es una de las víctimas. Guerrilleros del ELN mataron a tres de sus hermanos y también secuestraron a su hermana menor. Nunca más la volvió a ver. Ahora, la mujer de 42 años vive en el Edén, un

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poblado que está en el municipio de Ricaurte, otro lugar en donde el ELN tiene presencia. Allí habitan unas 200 familias, todas desplazadas por el conflicto. En las noches, los pobladores hacen turnos para custodiar sus propiedades. "Ya no queremos perder todo nuevamente", dice Pablo, el líder de la comunidad. Él es desplazado y el jueves recordó que los 'elenos' atacaron su pueblo en el 2000. Arrojaron bombas, sembraron minas y reclutaron a jóvenes. Así se llevaron a su hermano de 21 años, a quien tampoco ha vuelto a ver. Luego de huir de Magui, una comunidad indígena al sur de Nariño, se refugiaron en Ricaurte, que es una ciudad colombiana donde actualmente habitan 19 000 personas; el 50% son desplazados. Aunque dicen sentirse seguros, aún tienen miedo de la guerrilla, porque luego de que las FARC dejaron ese territorio, en junio pasado, en las paredes del poblado empezó a parecer la frase 'ELN presente'. Inteligencia militar de Colombia confirma que en esa zona ahora tiene presencia de esta guerrilla. Por eso, el Gobierno agilita los diálogos de paz con sus representantes. Ese proceso se lleva a cabo en Ecuador y el lunes pasado se anunció el cese el fuego bilateral hasta el 12 de enero del 2018. Hasta el miércoles pasado, esa noticia no era conocida en poblaciones fronterizas de Colombia. En Chiles, la gente aún está nerviosa por el último ataque que sufrieron en junio por parte del ELN. El ruido de las balas los despertó a las 03:00. El retén de Policía fue atacado por los sub-

versivos. Dos oficiales fueron heridos y a uno le robaron el fusil. Ahora, otros agentes custodian el lugar. En los poblados fronterizos, la Policía ha modificado sus retenes para protegerse. En todos hay trincheras con quintales de arena, para protegerse del impacto de las balas. Eduardo Valenzuela, alcalde del Cumbal, otro municipio en el sur de Colombia, relata que las estaciones de la Policía son los blancos de los guerrilleros del ELN. En esa población, en los últimos 15 años, los grupos armados han cobrado la vida de 19 agentes. Los pobladores de esa localidad, ubicada a dos horas de Ecuador, dicen que a finales de los noventa, el ELN atacó la alcaldía. Entonces, las bombas y la ráfaga de balas se oían todas las semanas. Cuando el combate era intenso, el Ejército enviaba un avión para rastrear desde el aire a los subversivos. Ahora, Raúl, un campesino del lugar, dice que cada mes ve a los armados. "Pasan por mi finca, a veces me piden dinero o si no se llevan comida". Cuando escuchan del proceso de paz, los pobladores tienen dudas, pues dicen que no todos se someterán y dejarán las armas. Eso lo están viviendo con disidentes de las FARC.

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Tobar Donoso está más ligada a Colombia EL COMERCIO, domingo 6 de diciembre del 2009

os niños de torsos desnudos caminan deprisa detrás de los uniformados, seducidos por los M-16 y las botas de cuero café. “¿Usted es militar?”, pregunta Onorio, hijo de una mujer awá ecuatoriana y de un mestizo colombiano. El cabo García no responde; conserva la mirada imperturbable sobre los amplios balcones de madera de las casas de Tobar Donoso. “¿Y ese es un fusil?”, insiste el pequeño de 5 años. El soldado parece sonreír y asiente tres veces con la cabeza, sin mirarlo. “Aquí todos agradecemos la presencia del Ejército, pero los soldados casi no bajan al pueblo”, reclama Manuel Rodríguez, vicepresidente de la Junta Parroquial en Tobar Donoso, un poblado levantado a orillas del río San Juan, el límite entre Ecuador y Colombia, al noroccidente de Carchi, zona subtropical cercana a Esmeraldas. 40 casas con techos de zinc y callejones de tierra conforman la aldea. Una cruz, una cancha, la Tenencia Política y la planta de agua son las únicas estructuras de cemento. “La planta de agua dejó de funcionar; estamos sin servicio”, dice Rodríguez. El Ejército y la Tenencia Política son en realidad los únicos nexos entre los pobladores de Tobar Donoso y Ecuador. La aldea parece una extensión de Colombia. Los habitantes compran y venden en pesos, comercializan sus productos en Llorente, población de Nariño, Colombia, a 40 kilómetros río abajo. Y se abastecen del mismo lugar. En Tobar Donoso, cada kilo de sal se oferta a 8 000 pesos (es decir, a 4 dólares; en Quito un kilo de sal cuesta menos de 50 centavos). “Todo aquí es caro, porque hay que ir a traer de Llorente, y el viaje en lancha hasta allá cues-

ta 600 000 pesos (300 dólares)”, reconoce Luis Charro Ruano, representante del Gobierno ecuatoriano en la parroquia. Es oriundo de Tulcán, pero desde octubre reside en el poblado; fue nombrado teniente político de Tobar Donoso. “Aquí la vida es tranquila”, refiere la autoridad, quien no cuenta con policías. “Hay personas que se enojan, porque les pido que bajen el volumen de la música o que cumplan el horario de cierre”. Junto a la despensa del pueblo hay un amplio local de diversión, con mesas de billar y altoparlantes. Al lugar llegan colombianos a escuchar rancheras y vallenatos y a beber cerveza, también traída desde Llorente. “Por aquí no se ha visto presencia de grupos armados”, enfatiza Charro, al igual que el teniente Jonathan Aguayo, comandante del destacamento del Ejército Tobar Donoso. Su puesto militar se encuentra en la cúspide de un cerro, a 1 kilómetro cuesta arriba del pueblo. Una antena de comunicaciones, puestos de vigilancia, dormitorios, estructuras en construcción y un helipuerto abastecen a dos oficiales y a medio centenar de soldados de tropa. Aunque la parroquia está en Carchi, el destacamento, en medio de un bosque selvático, depende operativamente del Batallón de Infantería Motorizada 13 (Bimot-13, con 300 hombres), de Esmeraldas. La antena y el helipuerto son vitales para los soldados, al menos para su conectividad. En la zona, ese es el único sitio con señal de radio y televisión ecuatoriana. A la aldea ni siquiera llegan noticias del país. No existe una red de energía eléctrica, sino generadores a combustible, el cual también llega de Colombia, así como la televisión, la música

Capítulo 2

y hasta la señal de la radio de las FARC. Para llegar a Tobar Donoso no hay carretera. Los accesos desde las áreas pobladas más cercanas de Ecuador son dos: a pie (tres días de caminata desde Chical) o en helicóptero. Los militares ingresan en un helicóptero MI del Ejército, el cual lleva abastecimientos: alimentos no perecibles, utensilios, medicinas... “Aquí todo lo que sembramos se pudre”, relata Rodríguez, un awá de 38 años, padre de dos hijos. “Queremos la carretera y no vemos que el Gobierno se acuerde de nosotros. La fama es cuando hay votaciones; votaciones, venimos, pero después olvida de Tobar Donoso. Sembramos la finca con piña, plátano chileno, maíz…; da provisión y no hay a quién vender”. Pero la apertura de una vía es un asunto que no se debe negociar, según los militares. Inteligencia señala que una ruta convertiría a la ahora aparentemente apacible Tobar Donoso en un puerto de las mafias del narcotráfico, que operan en el suroeste de Colombia, y en sitio de abastecimiento para la guerrilla o zona de paso para los grupos delictivos. Según el coronel Wilson Salinas, comandante del Bimot-13, las principales amenazas del sector son la columna Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC (que opera en Nariño), así como la presencia de grupos delictivos como las Águilas Negras (disidentes de paramilitares de Colombia). El destacamento de Tobar Donoso domina la explanada. Desde allí se divisa Colombia. En las tierras del vecino país hay matas de coca que crecen bajo hojas de banano. Si nadie compra la cosecha tradicional de la parroquia ecuatoriana, ¿de qué viven sus 760 pobladores? “De playar oro”, asegura Ólver Minda, un fornido afrodescendiente de 19 años, quien admite que pasa a trabajar a Colombia, pero “solo a coger oro del río”. El Teniente Político niega que haya pobladores que trabajen en plantaciones de coca en Colombia. “La gente de aquí vive de la sacada artesanal de oro”, dice Charro. “Cogen su batea y playan en las riberas del río. Se sacan dos o tres granitos y los venden a 9 mil pesos; a veces hacen 27 mil pesos al día. Un señor que les compra aquí. Otra parte vive de la explotación de madera”. “Cuando no hay venta, sí salimos a Colombia -reseña Rodríguez- pero a Llorente, a bus-

car productos para vender y hacer ganancia; se trae arroz, azúcar, todo lo de la tienda. También medicinas, porque no tenemos ni doctor”. Oficialmente, el único médico que ingresa a la aldea es Carlos Navas. Hace tres años se enroló en el Ejército, tras estudiar Medicina en Quito. Desde 2008 está asignado al Bimot-13. “Los mayores problemas en Tobar Donoso son las mordeduras de serpientes, los cuadros traumatológicos, las infecciones gastrointestinales por el agua y las infecciones respiratorias en invierno”, dice el Capitán de Sanidad, quien tiene su puesto de operaciones en la capital de Esmeraldas y aprovecha sus dos visitas al mes a la aldea para, además de controlar la salud de los soldados, atender a pobladores. “Este año hemos tenido que evacuar de Tobar Donoso a cuatro pacientes por picaduras de serpientes equis y coral. Contamos con el helicóptero Lama, de la Marina, que pertenece al Comando de Operaciones Norte”, dice Navas, de 31 años y responsable del uso de los sueros antiofídicos en el Bimot-13. “Los sueros vienen de Colombia y para cada picadura se necesitan tres o cuatro. Cada suero cuesta 150 dólares, el problema es que por la guerrilla no se comercializa en farmacias, sino que se maneja por medio de un convenio con las FF.AA. Tenemos sueros suficientes para cualquier emergencia”. En Tobar Donoso, el Teniente Político demanda de los militares que bajen con más frecuencia a la aldea o que al menos se construya un puesto de vigilancia en la entrada. “El destacamento está muy alejado”. Lo más importante no es la presencia, lo más importante es la Inteligencia, sostiene el coronel Salinas. Rodríguez pide que se legalice a los colombianos que viven en la parroquia, como Onorio Huanda, quien llegó al lugar hace 10 años, enamorado de una indígena awá. “Usted sabe que el amor lo lleva a uno lejos”, dice el extranjero, padre de dos ecuatorianos. El pequeño de 5 años, que lleva el nombre de su padre, no se despega del cabo García. Ya no hace preguntas. Más bien frunce el ceño, finge que carga un fusil y mira al otro lado del río, casi cerrando los ojos, igual que el boina roja.

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Mataje está sin trabajo y detrás de una valla militar EL COMERCIO, lunes 5 de abril del 2004

na gruesa cadena de acero frustra todo ingreso a Mataje. Los dueños de esa barrera usan fusiles HK y visten de verde camuflaje en el único destacamento que la Infantería de Marina tiene montado en la frontera de Esmeraldas. La cadena y el puesto de la Fuerza Naval, con 80 infantes, están a 1 500 metros de Mataje, una parroquia al final de un caminito lastrado y rojizo, en el límite con Colombia. Pese a la hostil recepción, la vida en el poblado transcurre con sosiego. Mataje no tiene cemento; sus 128 chozas de madera y a la sombra de grandes palmeras, está en la montaña junto a un transparente río, el fronterizo Mataje. “Los turistas ya no vienen”, se queja Beatriz Arroyo, propietaria de una hostería asentada en ese escenario paradisíaco. Hasta allí llegaban extranjeros aventureros, se bronceaban, nadaban y dormían sin temor. Pero un crimen, en febrero del 2001, marcó a la parroquia. Milton Guerrero, teniente político, y su hija de 14 años fueron plagiados en San Lorenzo. Luego los acribillaron a tiros en un caserío de Nariño, en Colombia. La masacre trajo terror, pobreza y abandono. Los turistas de aventura borraron a Mataje de su mapa de destinos. Eso aceleró las canas en los rizos de Beatriz Arroyo, quien suplió su negocio con una tienda. Su despensa es la más grande, acondicionada en la sala de su choza; allí es posible conseguir una Coca-Cola de dos litros, de envase retornable, a cambio de 2 dólares. En Quito esa gaseosa no vale más de 65 centavos de dólar. “El flete sube los costos”, explica la mujer, sentada sobre la escalera de tablas de su casa, descalza.

Una vieja chiva es el transporte público a Mataje, por dos dólares. Parte a las 08:30, hasta San Lorenzo, y retorna a las 15:30, para hacer otro recorrido hasta el Municipio, en 90 minutos de viaje por la polvorienta vía. Antes de la tienda, Beatriz Arroyo improvisó por tres meses un negocio de restaurante. Proveía los almuerzos para los campesinos que trabajan en las plantaciones de palma. Pero sumó una larga lista de deudores. La gente lo dice. “Cobraba tres dólares el almuerzo”, comenta un fornido esmeraldeño que coquetea con una atractiva mujer, a la sombra del mirador del río. “No valía comer donde doña Beatriz. Al mes solo me quedaban 40 dólares”. Hace cuatro años, la Marina construyó el destacamento militar para proteger a los habitantes de Mataje y para cuidar los vastos territorios sembrados con palma africana, un negocio que florece en la zona desde el 2001, y que taló buena parte del bosque tropical. Las palmicultoras se encuentran a 1 600 metros al sur, al otro lado de la cadena militar, regadas a los costados de la vía lastrada a San Lorenzo. En esas haciendas, los campesinos pueden ganar 5 dólares al día, de lunes a viernes. Pero ese jornal implica un esfuerzo: hay que limpiar 100 coronas de palma, sin escalera, bajo un sol intenso. Por eso otros optan por cosechar la hoja de coca. Cada día, pasadas las 17:30, una decena de jóvenes con el cabello casi a rape cruza el río a nado. Los muchachos son ecuatorianos, afroecuatorianos y mestizos; retornan del trabajo en silencio, esquivos. Laboran en plantaciones de Colombia, a 500

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metros del río, donde los cultivos de coca se extienden sin control. Por cosechar esa hoja, los narcotraficantes pagan desde 35 dólares diarios, a jóvenes pobres ecuatorianos y colombianos, un negocio rentable al menos cada tres meses, cuando se cumple el ciclo de crecimiento de la delicada planta. Pese a ese ingreso económico, el teniente político de Mataje, Johnny Segura, enfatiza que los pobladores viven en la pobreza, de las palmicultoras y de la cosecha de conchas. Pero en Mataje no es rentable vender conchas. Se pagan 2,5 dólares por 100 unidades. A la falta de trabajo se suma un grave problema que incide en la inseguridad: la parroquia está incomunicada. No hay una línea telefónica ni un radio para pedir auxilio, en caso de emergencia médica o de seguridad, a los militares del retén. Mataje tampoco conoce los problemas ni los éxitos del país. Las casas tienen televisores a color en los que no se proyectan canales ecuatorianos, porque su señal no llega a la frontera. Los programas que se ven son de Colombia. De forma periódica llega la frecuencia de radio ‘La Negra Latina’, de San Lorenzo. La música vallenata suena a todo volumen y a toda hora, desde las viejas chozas. La luz llegó en el 2001, forma parte del interconectado que se genera en la capital de Esmeraldas. Y desde el 2003 hay agua potable financiada por EE.UU. “Claro que va gente a trabajar adentro, en Colombia”, dice Arroyo y calla. Su mirada se encuentra en las fincas vecinas: “allá también hay palmeras”, afirma y termina la conversa-

ción; se levanta y pide a sus nietos, tres niños afroecuatorianos, que no corran por el patio con su triciclo. En el puesto militar son las 18:00. Un soldado cumple la disposición de rutina: por seguridad, ajusta un candado a la cadena. Y allí se queda Mataje, prisionera de ese obstáculo; el paso de campesinos se restringe hasta el alba.

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Los asesinatos alarman a San Lorenzo EL COMERCIO, lunes 18 de junio del 2012

l entierro de los muertos solo va el panteonero. Los envuelve en fundas y los sepulta en una fosa común. Nadie vuelve por ellos y los montículos de tierra que quedan en las tumbas se pierden entre la maleza y las cruces de otros difuntos. Son cadáveres no identificados (NN). Desde el año pasado, al cementerio de San Lorenzo, cantón esmeraldeño y fronterizo con Colombia, han ingresado seis. El último cuerpo en llegar sin datos fue el de un hombre al que decapitaron hace tres meses. ¿Qué hay detrás de esas muertes? Los agentes tienen pistas: mal reparto de dinero ilegal, disputas de rutas para llevar droga o enfrentamientos de grupos criminales que buscan territorio para el microtráfico en la zona. En un cuarto grande, casi en tinieblas, agentes de Inteligencia miran un mapa de Esmeraldas. Las rutas delictivas desde Colombia están identificadas con rojo y revelan que por San Lorenzo penetran grupos armados ilegales y mafias, que usan ochos pasos para traficar armas y drogas. Todos se apoyan en grupos ilegales locales (26 cabecillas están identificados). Ellos dan seguridad a los cargamentos y se les atribuyen muertes violentas. Este informe es de Antinarcóticos, y allí se muestra que en el 2011 en Esmeraldas se incautaron 2,9 toneladas de droga. Entre enero y mayo de este año van 2 toneladas. Esa provincia tiene la más alta tasa de homicidios de Ecuador. Cifras oficiales lo refieren. En el 2010, ese índice fue de 61,6 crímenes por 100 000 habitantes, cuando el promedio en el

país fue de 18,6 homicidios. Ese año, según la Policía, la provincia registró 284 homicidios de 2 638 registrados a escala nacional. En el 2011, Esmeraldas reportó 263 de las 2 345 muertes violentas a escala nacional (11,2 %). Hasta mayo de este año, en San Lorenzo van 32 crímenes. En el primer semestre del año pasado hubo 40. El panteonero que cuida a los NN ha visto cadáveres con hasta 20 tiros. Y a emergencias del Hospital Estatal Divina Providencia han llegado otros con cuatro o cinco balas en la cabeza. Ese servicio médico está asegurado con una puerta metálica y candados. Adentro vigila un guardia contratado hace tres meses, luego de que hombres armados llegaran para intentar sacar a la fuerza el cadáver de una persona que llegó con tiros en la cabeza. “Él ingresó muerto y la gente quiso llevárselo. Todos estaban armados y llamamos a los policías”. Este relato es de una persona que trabaja allí. Detiene la narración y luego hace un pedido: “Por favor, no nos vaya a identificar, porque pueden venir y matarnos”. Al cementerio también llega gente armada, como el día en que enterraron a uno de los supuestos cabecillas de los sicarios. Lo velaron en el centro de San Lorenzo y mientras caminaban al cementerio, los familiares disparaban al aire. Ocurrió en el 2010 y la gente que vio ese traslado recuerda que los armados llevaban pistolas, repetidoras y miniuzis. Ahora -dice una mujer- cuando muere un cabecilla, la Policía llega al cementerio “para impedir esas despedidas”. El teniente coronel Ro-

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drigo Ocaña es el jefe policial en San Lorenzo. Para él, la seguridad ha mejorado: “La gente se siente más tranquila ahora”. Los disparos en ese entierro siguieron en el panteón. Y luego se cumplió el último pedido del difunto: que se colocaran tres planchas de cemento sobre su ataúd. El panteonero escuchó que eso era “para que sus enemigos no se robaran el cuerpo y se vengasen después de muerto”. En el 2008 ya desaparecieron dos cadáveres; luego fueron hallados incinerados en un terreno. En la fosa de otro presunto sicario también se colocaron dos planchas internas y en la superficie, otra adicional. Levantaron dos paredes de un metro de alto y sobre ellos una plancha más. A otro, en cambio, lo enterraron en uno de los nichos que una familia de San Lorenzo tiene reservado. Ese lugar está asegurado con puertas metálicas y candados. Allí pasó dos años y cuando los familiares vieron que ya “no había peligro de que se robaran el cuerpo” lo trasladaron a otra tumba, junto otros muertos. Ese nicho es el que más flores tiene. Las tumbas de otros presuntos cabecillas de mafias locales están casi abandonadas. Nadie las visita. La plancha de cemento de un nicho está descolorida. Luce negra y la maleza casi la cubre. Sobre ella quedó tendido el cuerpo del hombre decapitado hace tres meses, luego de que la Fiscalía ordenara la exhumación. Al aire libre, el médico legista analizó el cadáver y buscó evidencias sobre el crimen. ¿Por qué este trabajo se hace al aire libre y sobre la plancha de una tumba? El cementerio de San Lorenzo no tiene morgue ni cuartos fríos. “No hay equipos para recabar inmediatamente evidencias. No hay adónde llevar los cadáveres y no se puede hacer la autopsia rápidamente. Muchas veces el fiscal pide que después se exhumen”, revela un agente. Ese cantón tampoco cuenta con Medicina Legal y en Esmeraldas la Policía opera solo con un legista. Hay otro, pero es de la Fiscalía. Los dos están en la ciudad de Esmeraldas. “Hasta viajar a lugares alejados como San Lorenzo, muchas veces los familiares de los muertos ya los entierran”. Esta versión de otro policía es contundente, pues asegura que eso dificulta las investigaciones. Los agentes hacen más revelaciones: sobre

casos en los que exhuman y analizan los cuerpos en el mismo ataúd o sobre ellos. No hay otro espacio para hacerlas. El agua se traslada desde un grifo que está ubicado en la entrada de aquel cementerio. Pero hay días en que no hay servicio ¿Qué hacen cuando eso ocurre? “Compramos agua sin gas en botellas”, responde uno de los investigadores. “La verdad es que esta investigación es muy arcaica”. ¿Cuál es la respuesta oficial? El pasado jueves, el ministro del Interior, José Serrano; el viceministro, Javier Córdova, y el comandante general de la Policía, Patricio Franco, llegaron a poblaciones de la frontera norte. Una de ellas fue San Lorenzo. Al siguiente día emitieron un comunicado y allí dijeron que la gente del lugar “recibió al Ministro con gritos y aplausos, y a la voz de ‘Serrano, amigo, San Lorenzo está contigo”. Pero en el documento de cuatro párrafos no se dice nada sobre la falta de una morgue, de Medicina Legal o un Centro de Detención Provincial (CDP) para el cantón. Los detenidos están recluidos en una improvisada celda de tres metros de largo por dos de ancho, adaptada en la prevención del Comando policial. El jueves estaban 10 presos, con bustos desnudos, pantalones cortos y sandalias. “Sáquenme de aquí que me asfixio”, gritaba uno de ellos. El Ministerio del Interior reconoce que “aunque el índice delincuencial ha bajado considerablemente, es un tema que aún está en la mira de las autoridades”. El día en que Serrano estaba en San Lorenzo, en el Hospital Divina Providencia revelaban cómo todos los fines de semana entran por emergencias hasta tres heridos por bala. El panteonero contaba los NN y recordaba que llegan con tiros en la cabeza o como en el último caso: decapitado.

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Las Bacrim se disputan con las FARC el narcotráfico en Tumaco EL COMERCIO, domingo 3 de julio del 2016

tención. La Policía ofrece 30 millones de pesos a quien entregue información por el crimen de las tres adolescentes. El mensaje se repite en las estaciones de radio de Tumaco, un municipio colombiano fronterizo con Esmeraldas. El asesinato de las quinceañeras, ejecutadas con disparos en la cabeza y abandonadas en un manglar cercano al centro de la ciudad, movilizó la semana pasada a las autoridades. La Alcaldía incluso convocó a una mesa de seguridad frente a lo que calificó como "masacre". EL COMERCIO llegó el martes 28 a Tumaco, tres días después de ese ataque, y recorrió el cementerio donde sepultaron a las jóvenes. Esa tarde hacía calor. Tres adolescentes, en silencio y cabizbajos, contemplaban las tumbas. "Estudiábamos en el mismo colegio", susurró uno de los chicos Históricamente, esta localidad ha sido golpeada por enfrentamientos entre la fuerza pública y las FARC, pero -desde el 2015- la ciudad vive un nuevo drama: los combates entre la guerrilla y las denominadas bandas criminales (Bacrim), integradas por exparamilitares. En diciembre del 2015, las autoridades locales enviaron un comunicado al presidente Juan Manuel Santos, ante la ola de violencia registrada en ese mes. 17 personas fueron abatidas, entre ellas dos menores. "Esto se constituye en una alerta sobre el inicio de lo que podría suceder tras la desmovilización de las FARC, con la llegada de otras Bacrim a la región y el aumento de la violencia", sostuvieron en el texto. Uno de los firmantes fue Arnulfo Mina, vicario episcopal de la Diócesis de Tumaco. El sacerdote atendió a este Diario y admitió que 98

hay temores muy fuertes. "La guerrilla puede desmovilizarse, pero vemos otros grupos que ya se están disputando sus territorios". Eso también lo admite la Fiscalía colombiana. Las mafias quieren apoderarse del negocio del narcotráfico, ampliamente manejado ahora por las FARC, sobre todo por la columna móvil Daniel Aldana. De hecho, detrás de los asesinatos de las tres adolescentes, la Policía ve una posible venganza entre la guerrilla y estos grupos. Las características de los crímenes guían esa hipótesis: los agentes las localizaron con las piernas amarradas y con signos de tortura. En Tumaco existen barrios donde ni los uniformados se atreven a entrar. La Policía reconoce que en las periferias hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), del clan Úsuga (Urabeños), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Paisas o el Grupo Limpieza Social Colombia. La guerrilla y estos grupos son los que negocian la venta de droga con las organizaciones criminales que operan en Esmeraldas. El río Mataje es utilizado para esas y otras transacciones ilegales. Militares colombianos hacen operaciones semanales en el área rural de Tumaco, en las zonas más próximas a Ecuador. El jueves, soldados recorrían la carretera luego de infiltrarse en la selva. El cementerio de Tumaco está en el corazón de la ciudad. Don José ha sido el panteonero de ese lugar los últimos 20 años. Allí el trabajo nunca falta, dice. El domingo 26, un día antes de sepultar a las adolescentes, cavó un hueco para otros dos cadáveres no identificados; también

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muertos a tiros. Al mes, en promedio, él entierra 15 cadáveres, relacionados con el conflicto. La Unidad de Víctimas ha registrado 9 065 asesinatos en Tumaco, desde 1 985 hasta diciembre pasado. En ese mismo período, se han reportado 109 167 víctimas de desplazamiento forzado, 1 157 desapariciones y 219 víctimas de minas antipersonas. Tumaco es una población con necesidades. No hay semáforos y las señales de tránsito son escasas. Tampoco hay servicios básicos ni existe un hospital. El 84% de la población vive en la pobreza, y el 75% está desempleada. Con ese panorama, los jóvenes ven en la droga su única salida, lamenta el padre Mina. En las mañanas van al colegio o deambulan por la ciudad. En las noches, en cambio, aparecen en autos que ni los adultos, con años de trabajo, pueden adquirir. La gente los llama 'los nuevos ricos'. El jueves 30, poco antes de la medianoche, aparecieron esos personajes en el puente El Morro, la vía que conduce a la playa. Se los reconoce porque sus vehículos están 'tuneados' y la música se oye a metros de distancia. En esos grupos se solía ver a las chicas asesinadas en el manglar. Henry Cortés, director del colegio donde estudiaban las adolescentes, revela que una de ellas incluso tenía amenazas de muerte. "Me dijo que no podía venir porque la perseguían", cuenta el Rector. El Vicario episcopal asegura que la descomposición social y familiar es evidente en Tumaco. Por eso no es inusual hallar a jóvenes ejecutados, con disparos o torturados.

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A Palma Real no llegan noticias de Ecuador EL COMERCIO, domingo 4 de abril del 2004

a bandera de Ecuador flamea solitaria y descosida al final de un bosque de mangle, en Palma Real. El pendón llegó a la parroquia hace dos años, con el cemento para construir un muelle y con una decena de técnicos de Andinatel y del Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) que ilusionaron a 1 164 habitantes con sus programas que hablaban de instalar teléfonos y letrinas. La amenaza del Plan Colombia, dada la injerencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona, llevó un efímero progreso a Palma Real, el último poblado del noroeste de Ecuador, separado de Colombia por un correntoso brazo de mar. El viejo embarcadero de tablas fue desmontado en el 2001, al igual que el oxidado letrero que daba la bienvenida a ‘Palmarreal Ecuador’. En su lugar se levantó el muelle y se colocó un asta, el nuevo signo que ata a la parroquia con el país. Se instalaron 14 líneas telefónicas y el proyecto de letrinización en realidad benefició a 100 viviendas de las 254 que integran la cabecera parroquial de Ancón de Sardinas, o Palma Real como prefieren llamarla sus afroecuatorianos de pies callosos y descalzos. Las risas de los niños que corren tras viejas pelotas sin aire dan vida a esas chozas, todas suspendidas sobre débiles troncos de chonta. Pero también hacen notorio un vacío: en Palma Real no hay jóvenes. Trabajan en Colombia, se movilizan en sus botes o duermen en casas de familias, cerca de Puerto Palma, a 45 minutos al interior del vecino país.

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Alfonso Morales, encargado de izar la bandera todos los días, a las 06:00, y de arriarla, a las 18:00, no sabe si los ecuatorianos trabajan en la coca, pero tiene su verdad. “Aquí la gente vive de la concha, no tiene más opción, pero no le pagan más de 3 dólares por el ciento de conchas grandes”. Las mujeres copan el raicero del manglar. En marea baja sacan 200 conchas al día, en extenuantes faenas con el lodo hasta el pecho. En la Costa del departamento de Nariño de Colombia, que limita con la provincia de Esmeraldas, se paga desde 25 dólares al día por cosechar la hoja de coca, y dependiendo del riesgo -por ejemplo en zonas donde libran combates las guerrillas y los paramilitares- el ingreso diario puede ser 50 dólares. “Ese es el problema”, según Inteligencia Militar. Por eso, cuando el Ministerio del Ambiente ordenó la veda de la concha, hasta el 31 de marzo, las autoridades de Palma Real se hicieron de la vista gorda. “Las familias comen con la concha, ¿qué les damos a los niños si se les quita la cosecha?”, se pregunta Morales, del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOE). El agente es el único uniformado en Ancón, donde no hay retén militar. Morales tiene tres hijos en Esmeraldas, porta una esclava de oro, una pistola Glock y un parche con la bandera de Francia: en 1995 hizo seis meses de contrainsurgencia con la Policía de París. La opción de trabajo no es el único vínculo con Colombia. También hay lazos familiares. En marzo del 2001, más de la mitad de Palma Real pasó inadvertida en Candelilla, la aldea

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colombiana al otro lado del brazo de mar. Los ministros de Salud y Defensa de Colombia, escoltados por dos helicópteros Black Hawk de tres millones de dólares, llegaron a Candelilla. “Vino Martha y ofreció poner un retén”, dice Trina Alomía, dueña de la tienda frente al lúgubre puesto policial. La mujer se refiere a Martha Lucía Ramírez, ministra de Defensa de Colombia hasta noviembre último. En su tienda, el café, la cerveza y la malta lucen con marcas de Colombia. Y los programas de televisión que observan sus hijos también se producen en ese país; ninguna televisora ecuatoriana llega a Palma Real, solo una radio, ‘La voz de su amigo’, de Esmeraldas. Pero apenas la escuchan. La luz no es constante. Se genera en una vieja planta de diésel, que por la falta de plata solo se prende de 18:00 a 23:00, a tiempo para noticias y telenovelas. Cada choza paga 8 dólares al mes por el servicio. “Las madrugadas son tinieblas”, se queja el cabo Alfonso Morales. “A las 02:00 uso la linterna para cerrar el salón; la gente cumple la Ley”. A la entrada de Palma Real, junto al muelle, está el centro de diversión de ecuatorianos y colombianos: la salsoteca ‘Sweet’, con su propio motor de luz. Al menos el agua potable es continua. En las casas brilla un medidor azul. EE.UU. pagó el proyecto, y las familias lo mantienen con 2,5 dólares al mes. El puesto policial no tiene teléfono ni radiocomunicador. “Pero hay Policía”, dice Morales. En Colombia, el retén más cercano está a 34 km de la frontera. “En Llorente hay una Compañía Antinarcóticos”, se jacta el jefe de Policía de

Nariño, coronel Oswaldo Báez. Pero la presencia policial no es suficiente en Ancón de Sardinas. Los niños saben el himno de Colombia y ven el fútbol de ese país por televisión. “En la Escuela 10 de Agosto cantamos el himno de Ecuador los lunes”, dice un pequeño de piernas flacas y abdomen hinchado. Sus amigos tienen los rostros frescos e inventan juegos con la brisa sobre los húmedos tablones de nato.

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Puerto Nuevo, Ecuador. 2010 El embarcadero, en el río San Miguel, es un punto de contacto con poblaciones colombianas que tienen injerencia de las FARC.

Nueva Loja, Ecuador. 2001 El entonces coronel Wagner Bravo, de los boinas rojas del Ejército, comanda una patrulla que se dirige en un helicóptero MI hacia la frontera.

Puerto El Carmen, Ecuador. 2016 La población que se encuentra en las orillas del río San Miguel vive del comercio al final de la última vía carrozable del proyecto QuitoManaos. 102

Capítulo 2

La Dorada, Colombia. 2000 El artefacto explosivo en un vehículo junto al cementerio marcó la llegada de los paramilitares y su cruenta batalla con las FARC en el Putumayo.

Puerto Ospina, Colombia. 2000 Para ingresar a esta vereda, en la ribera colombiana del río Putumayo, se requiere permiso del corregidor. Muy cerca hay matas de coca.

La Hormiga, Colombia. 2000 El cuartel de la Policía de este municipio del Putumayo, convertido en una trinchera ante la amenaza latente de la guerrilla de las FARC. 103

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El Chical, Ecuador. 2004 La parroquia es el último poblado con acceso carrozable al occidente de Carchi, en la línea de frontera. Limita con Tallambí (Colombia).

El Carmelo, Ecuador. 2004 Niños juegan en el parque central de la fronteriza parroquia de Carchi que limita con La Victoria (Colombia). Al fondo, sembradíos en la serranía.

La Bermeja, Ecuador. 2006 Militares se guarecen en un chozón durante la lluvia en la selva subtropical en la también llamada ‘Barranca Bermeja’, junto al río San Miguel.

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Capítulo 2

Puerto Asís, Colombia. 2000 La primera vez que EL COMERCIO llegó a este municipio del Putumayo fue a cubrir la marcha de los niños por la paz, antes del Plan Colombia.

San Miguel, Colombia. 1999 La vida en la primera población colombiana, al otro lado del puente internacional sobre el río San Miguel, estaba marcada por las reglas de la guerrila de las FARC.

La Victoria, Colombia. 2010 Los habitantes de esta vereda, en el departamento de Nariño, mantienen una convivencia comercial con El Carmelo, en Carchi, Ecuador. 105

Capítulo 2

Mataje, Ecuador. 2004 EL COMERCIO ha visitado Mataje desde 1999 y siempre ha constatado las dificultades de la población y el abandono estatal.

Palma Real, Ecuador. 2004 La extremeña isla vive del cultivo de la concha. Lanchas trasladan a sus habitantes hasta San Lorenzo, Tumaco y Puerto Palma.

Tobar Donoso, Ecuador. 2009 La población se conecta con Ecuador a través de un camino de herradura y del río. Se encuentra en Carchi, cerca de Esmeraldas. 106

Capítulo 2

Candelilla, Colombia. 2000 El río Mataje se convierte en un amplio brazo de mar que separa a Candelilla (Colombia) de Palma Real (Ecuador), en el Pacífico.

Tumaco, Colombia. 2016 El constante paso de motocicletas llama la atención en el costanero municipio nariñense, que al igual que Esmeraldas cuenta con un puerto.

Puerto Palma, Colombia. 2000 Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene ingerencia sobre los territorios colindantes con el río Mira, donde la hoja de coca sustituye a la palma africana. 107

Foto: DIMITRI BARRETO / EC

2005. Tumaco. Una avioneta con glifosato parte del aeropuerto La Florida. Helicópteros UH-1N dan seguridad a la fumigación sobre sembríos de coca en Nariño.

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Capítulo 3

El Plan Colombia En 2000, cuando se lanzó el Plan Colombia, Washington y Bogotá se proponían reducir en un 50% las plantaciones de hoja de coca del Putumayo y golpear el corazón financiero de las FARC. Pero las fumigaciones con glifosato provocaronque los cultivos se desplazaran hacia Nariño, lo que agravó el conflicto armado y generó una oleada de refugiados. En 2006, Colombia -a petición de Quito- suspendió las aspersiones en una franja de 10 km desde su frontera. Por una década, la Base de Manta fue estratégica en la lucha contra la coca. Hoy, los cultivos ilícitos en la frontera han crecido. En este capítulo se presentan los principales reportajes relacionados con el Plan, agrupados temáticamente.

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Capítulo 3

Los niños colorean su Plan Colombia EL COMERCIO, miércoles 13 de septiembre el 2000

na línea trazada de arriba hacia abajo con un círculo en el extremo superior y un pantalón corto en el centro es el retrato de la esperanza que los niños dibujaron sobre un papelote. Junto a la figura, que en la mitad del círculo tenía dos puntos y una línea curva, como un rostro feliz, escribieron: “Así queremos nuestro país”. Los chicos son del Putumayo (Colombia) y Sucumbíos (Ecuador) y aprovecharon el tercer foro de los niños colombo-ecuatorianos, que se realizó el fin de semana en Puerto Asís, una localidad en medio de la selva y matas de coca del departamento colombiano de Putumayo, para colorear en pliegos de papel lo que ellos quieren que sea el Plan Colombia. “Queremos que nos tomen en cuenta para aportar un granito de arena, podemos formar una gran playa para que los niños puedan caminar sin miedo”, es el texto que acompaña al dibujo feliz, que luego fue entregado a Francisco Angulo, de Redepaz de Colombia, quien junto con Pablo de la Vega, del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador, escucharon las ideas de los cerca de 50 pequeños que coparon de crayones, marcadores, papeles, sonrisas y travesuras al patio de la iglesia San Francisco de Asís. Otro papelote recoge que el Plan Colombia no debe traer fumigaciones. “Queremos a Colombia con un mejor futuro, pero no queremos que haya mucha violencia porque van a quedar huérfanos muchos niños, queremos que no haya fumigaciones porque sin la coca no hay dinero, creemos que Colombia tendrá paz si se acaban los guerrilleros y lo más importante

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queremos que se respeten nuestros derechos”. “Es alarmante y enchina la piel escuchar a los niños hablar con frialdad de la guerrilla y los asesinatos. Eso muestra el grado de violencia e intolerancia al que Colombia ha llegado”, sostiene Francisco Angulo. El defensor del Pueblo de Colombia, Eduardo Cifuentes, revela que en su país cada día mueren 12 niños, cinco de ellos por asesinato. Los organismos de derechos humanos calculan que unos 6 000 menores colombianos participan en el conflicto armado. El último informe de la Defensoría del Pueblo revela que por cada 10 insurgentes, 7 son menores de 18 años (las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL suman en total 27 mil hombres; los paramilitares son 7 000). Y según la Encuesta Nacional de Jóvenes de Colombia realizada a niños y jóvenes de entre 12 y 24 años, en julio último, el 50 por ciento de los jóvenes en todo el país (en Colombia hay 16 millones de personas en ese grupo de edad) se dedica a la violencia y el narcotráfico. La Defensoría del Pueblo refiere que al 33 por ciento de los niños que está en la guerra le atrajo las armas y los uniformes, al 33 por ciento lo presionó la pobreza, al 16,66 por ciento le gustó la guerrilla porque creció viéndola y al 8,33 por ciento le vinculó con la guerra la decepción amorosa. “Es triste ver que lo que le viene en pocos años a Colombia son niños que crecen en la violencia y hay indiferencia. Si ahora no hacemos algo por hacer su vida por lo menos un poquito alegre, mañana quién sabe lo que le espera a esta Colombia”, enfatiza Francisco Angulo

Capítulo 3

y recoge los papelotes pintados por los niños. “Viste este mensaje. Es el que más me gustó”. En ese papel está la silueta de los mapas de Colombia y Ecuador hechos un solo país, con niños tomados de las manos en lugar de las líneas de frontera que aparecen en las cartografías de Sudamérica. “Queremos una Colombia unida, en paz y muy alegre, porque sin sonrisa no habrá paz”, dice el trabajo de cuatro niñas de 12 años, este decorado con dos palmas de manos que dejan volar a una paloma y tienen abajo otro mensaje: “Con el Plan Colombia queremos paz, no queremos guerra ni viudas”. Y en otro pliego también con palomas quedó escrito: “Plan Colombia: paz y respeto... No queremos que las avionetas fumiguen nuestra selva y que no haya más masacres ni secuestros”. En la iglesia San Francisco de Asís llega la hora de que los niños digan sus ideas en voz alta. En un aula, Francisco y Pablo de la Vega, quien llegó desde Quito junto con una delegación del Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa), les dicen a los pequeños que están entusiasmados por verlos y que van a defender sus derechos. Los infantes, detrás de viejos pupitres de madera, se emocionan. “Hasta ahora hemos dicho lo que más nos gusta y lo que menos nos gusta”, suelta una niña afrocolombiana. “¿Y qué es lo que menos te gusta?”, pregunta Francisco. “Lo que menos me gusta es que secuestren y luego pidan tres millones”. El aula queda en silencio. Pasan segundos y un niño lo rompe: “A mí lo que menos me gusta es que nosotros siempre seremos las víctimas”. País Libre de Colombia refiere que desde 1998 se denunciaron 106 secuestros de niños. La delincuencia común cometió 41, autores desconocidos 35, las FARC 14, el ELN 9, los paramilitares 5 y el EPL 2. País Libre documenta que de los 106 pequeños, 38 están cautivos, 28 fueron liberados por los autores, 25 rescatados, 3 asesinados y 3 liberados por presión. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, la mayoría de esos secuestros fue cometida por otros niños. Esa tesis tiene un sustento: En Colombia los menores no son procesados por el delito de plagio. “A mí no me gusta trabajar”, dice un pequeño luego del aula, en el almuerzo, mientras cami-

na con su tarrina de arroz, frijoles, verde cocido y trocitos de hígado, hacia el bordillo del paredón sur de la iglesia, justo debajo de un mural celeste donde una mujer indígena y hombre escuálido extienden desesperadamente sus brazos para alcanzar una palabra pintada con color vino: “PAZ”. El Programa Drogas y Democracia de Colombia refiere que el 30 por ciento de la mano de obra que trabaja en las plantaciones de coca (que en el Putumayo y principalmente en Puerto Asís marcan el ritmo económico) está integrado por menores de edad. Según la Organización de Estados Americanos (OEA), de los 17 millones de menores de 18 años que viven en Colombia, 2,5 millones trabajan en condiciones de alto riesgo y de cada 10 que lo hacen, solo tres van a la escuela. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) registra que los índices de deserción escolar en las zonas violentas de Colombia llegan al 100 por ciento, porque en esas zonas (una de ellas es el Putumayo) apenas 203 niños fueron desvinculados de la guerra desde 1996. El encuentro de chiquillos concluye. Sus madres los recogen y juntos van hacia la puerta de la iglesia. Detrás de ellos queda la otra pintura que adorna al paredón sur y que quizá resume el sueño del Putumayo: a todo color se ven la selva con un guacamayo rojo, el río Putumayo, una torre petrolera con trabajadores, sembríos de yuca llenos de campesinos y máscaras sonrientes hechas por los indios Sibunday.

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Capítulo 3

El paro armado del Putumayo golpea a Sucumbíos EL COMERCIO, viernes 20 de octubre del 2000

l conflicto armado empezó a afectar directamente a Sucumbíos en el campo energético. Desde el martes en la noche, toda la provincia ha sido golpeada por un total desabastecimiento de combustibles en las bombas de gasolina de Lago Agrio (Nueva Loja) y del resto de ciudades de la región nororiental. Los surtidores, que mensualmente reciben 150 000 galones de gasolina y 225 000 de diésel, se quedaron sin una gota de combustible. Según los propietarios de las bombas consultados por este Diario en un recorrido en Lago Agrio la escasez se produce por el intenso contrabando de gasolina y diésel hacia el bajo Putumayo, en Colombia. El coronel Jorge Amores, jefe de la Policía en Sucumbíos, dice que pese a los intensos controles desplegados con el Ejército, la Aduana y la Marina, la fuga de gasolina hacia Colombia es permanente debido a la gran extensión de la frontera amazónica, donde existen unos 300 pasos hacia el norte. La carencia también es evidente en el expendio de gas cuyas reservas se agotaron los últimos días. El contrabando de gas y gasolina en esta parte de la frontera es permanente (se usa para el procesamiento de cocaína) pero aumentó de manera alarmante las dos últimas semanas, por el paro armado que llevan adelante la guerrilla y los paramilitares en el bajo Putumayo, donde hay una falta total de combustible, dijo una fuente militar en Lago Agrio. Para aprovisionarse de gasolina y diésel los contrabandistas llenan los tanques de sus automóviles varias ocasiones en los surtidores 112

locales y lo transportan a lugares clandestinos de almacenamiento. Allí envasan el combustible en canecas (recipientes plásticos) de 5 y 10 galones y lo transportan por diferentes vías a varios poblados del lado colombiano, dijo una fuente policial de Lago Agrio. El contrabando de gas también es un dolor de cabeza para los militares y la Policía. La mayor parte de los cilindros es transportada por vías alternas de la zona y revendida en Colombia hasta en 10 dólares. La grave situación del Putumayo, que está aislado por el bloqueo de las vías también disparó los precios. Actualmente un galón de gasolina, que en Ecuador cuesta 90 centavos de dólar, se vende en el Putumayo en 5 dólares, dice Alcides Orellana, Secretario del Sindicato de Choferes de Sucumbíos. Ante la emergencia, los militares decidieron redoblar el control en las plantas de abastecimiento. Por el momento, como medida emergente, el Subcomité Interinstitucional de la Provincia, integrado por las Fuerzas Armadas, Petrocomercial y la Aduana, entre otros, resolvió que se restrinja la venta de combustibles a los colombianos. "Todo vehículo que tenga placa colombiana y requiera combustible deberá sacar una orden en el Grupo de Fuerzas Especiales Rayo 24", dice un oficio que fue entregado a los propietarios de las gasolineras el miércoles, y está firmado por el teniente coronel Felipe Burbano, jefe del Comité Interinstitucional en Sucumbíos. También se limitó la venta de combustible a los compradores pequeños que se aprovisionan en recipientes, de 5 a10 galones,

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y también requerirán de un permiso especial de las autoridades. Para la concesión de los permisos, en adelante los interesados deberán presentar la cédula de ciudadanía y el título de propiedad del motor o aparato. Un alto oficial del Ejército encargado de coordinar los operativos en Sucumbíos le dijo a EL COMERCIO que el paso de vehículos colombianos a través del puente sobre el río San Miguel aumentó la demanda de combustible. Según varios de los expendedores de las plantas de combustible, alrededor del 40 por ciento de gasolina y el 60 por ciento de gas, es adquirido por consumidores colombianos. Ante la extrema escasez, las autoridades del Gobierno colombiano han pedido a la Cancillería que se tramite el envío al bajo Putumayo de 6 000 galones de gasolina, comenta Alcides Orellana. Los militares y los miembros de la Policía controlan el expendió de gasolina, gas y diésel desde hace seis meses en toda la provincia. Los operativos y patrullajes se realizan en las vías Lago-Quito, Shuhufindi-Tarapoa y en el sector de Pacayacu. Un propietario de una gasolinera, que prefirió la reserva, sostiene que para cubrir las necesidades cada planta se requiere ampliar el cupo de 73 000 a 120 000 galones de diésel, y de 50 000 a 80 000 galones de gasolina por mes. La tarde de ayer, decenas de personas formaban largas colas en los lugares de expendio.

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Capítulo 3

41 vidas cobró ajuste de cuentas entre paras y FARC en Nueva Loja EL COMERCIO, miércoles 14 de febrero del 2001

ara movilizar al Grupo Antidelincuencial de Sucumbíos la Policía alquila diariamente una camioneta 4x4 a una cooperativa de transportes. Ese automotor recorre las vías de Lago Agrio y lleva abordo a cinco hombres vestidos de gris: tres de ellos en el cajón, cubiertos con sombreros de comandos y armados con metralletas. “No tenemos recursos para adquirir nuevos equipos. Estamos en desventaja frente al enemigo”, dice el Tcrn. Fabián Rivadeneira, subjefe del Comando de Sucumbíos. Para él, el enemigo son los armados que llegan de Colombia. Su argumento se basa en los 41 asesinatos que se produjeron en Lago Agrio entre noviembre y lo que va de febrero (en noviembre, 18 colombianos aparecieron muertos en la ciudad. En diciembre, nueve; en enero, 12 y en febrero, dos). Todos estaban relacionados con las rencillas que sostienen paramilitares y guerrilleros en el Putumayo colombiano. Los investigadores estiman que esas muertes fueron el resultado de un ajuste de cuentas. El último caso ocurrió el viernes. Livio Goyes, quien se identificó como guerrillero de las FARC, fue detenido por la Policía tras el crimen, en un bar del centro de Lago Agrio, de Alejandro Arévalo. Según Goyes, el hombre murió porque traicionó a la guerrilla: desertó. “Aquí no existen robos a bancos y menos asaltos a locales comerciales ni casas. Lo que sí hay es delincuencia juvenil que roba en la calle, pero no mata”, dice Rivadeneira y en ese momento uno de sus ayudantes ingresa al despacho, toma el teléfono y se comunica con el destacamento de La Punta. Ese poblado se encuentra en la frontera con 114

Colombia, junto al río San Miguel. El contacto telefónico es el único enlace inmediato entre el Comando (en Nueva Loja o Lago Agrio) y los puestos de Migración en La Punta y Puerto El Carmen (este último también en la frontera). Pese a la limitación, el Grupo Antidelincuencial detectó que un nuevo tipo de químico, que suple a la gasolina en el procesamiento de la hoja de coca, es transportado hacia Colombia: el desecho de petróleo. Ese desecho es denominado ‘gasolina blanca’. No es comercial (en ningún lado está a la venta), lo roban de los basureros petroleros en la Amazonía. En el extremo colombiano del fronterizo puente internacional sobre el río San Miguel, se encuentran las cenizas de una choza. La vivienda explotó en enero, cuando se vaciaban los cilindros de gas en los que se introdujo gasolina para burlar a las autoridades y pasar a Colombia (la gasolina blanca y el cemento son utilizados en los laboratorios de droga colombianos para convertir a la hoja de coca en pasta de coca: un alucinógeno). “La casa explotó repentinamente”, dice uno de los 26 conductores de triciclos, todos colombianos, que trabajan en el puente transportando los productos que la gente trae desde Ecuador. En ese momento, una chiva se acerca por la orilla ecuatoriana del puente. Se detiene. Cinco jóvenes toman sus triciclos, se acercan veloces. Dos de ellos suben a la parrilla del bus y descargan 12 cilindros amarillos de gas. Los acomodan en sus ciclomóviles y pasan por el puente, hacia Colombia.

Capítulo 3

Uniformados encapuchados en las vías de Sucumbíos EL COMERCIO, martes 24 de abril del 2001

osaura Changó dejó caer la taza de café sobre el mantel cuando 10 hombres equipados con camuflajes, ametralladoras y capuchas negras aparecieron en el centro de Nueva Loja, frente a la mesa del restaurante al aire libre en el que ella terminaba de cenar. “Son paramilitares; vienen por mí”, susurró con ojos cerrados y lloró. Ella es, en algún lugar de Colombia, la líder de una comunidad afrodescendiente y teme por su vida. “En mi país los paramilitares creen que ser dirigente de los campesinos, negros o indios equivale a ser amigo de la guerrilla; y eso no es así”, decía minutos después, todavía agitada, tras conocer que los hombres encapuchados no eran paramilitares, sino miembros del Ejército ecuatoriano que desde hace una semana patrullan por la noche en Lago Agrio, como se conoce a Nueva Loja, capital de Sucumbíos, en la frontera amazónica de Ecuador. “Sí. Ya pasó. Si hubieran sido los ‘paras’, no seguiría viva”. Los militares apuntaron con fusiles a la gente en la calle para solicitarles documentos, hacerles ‘cacheos’ e irse de prisa. La tensión del rostro de la mujer tardó en desaparecer, al igual que las expresiones de miedo en los hombres y mujeres (entre ellos Ramón Giró y Guadalupe Marengo, de Amnistía Internacional) con los que compartía la sobremesa, iluminados con luces de velas, porque en Lago Agrio aún no finalizaba el segundo racionamiento diario de luz: el de 18:30 a 23:30. Los siete asistieron a esa ciudad precisamente para el encuentro internacional sobre el ‘Impacto de la Militarización en Zonas de Frontera’. Pablo de la Vega, del Centro de Documentación de Derechos Humanos Segundo Mon-

tes Mozo, se sacudía como si un escalofrío lo recorriera. “No podemos concebir que bajo el argumento de seguridad nacional los militares se policialicen y ejerzan funciones que no son de su competencia. Verificar el estatus migratorio es trabajo de la Policía”. A la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos le inquieta que el Ejército realice operativos con capuchas en una ciudad: “Eso garantiza la impunidad ante cualquier abuso”. Un alto oficial del Ejército sostiene que se cubren las caras por seguridad: “Si los identifican (a los soldados), pueden ser asesinados”. Pero la población distingue a esos hombres como integrantes del Batallón 24 Rayo, un cuartel con 300 boinas rojas; los identifica por el parche del brazo derecho: una calavera con boina y un pulpo; este último es la insignia de la Unidad Puma entrenada por israelitas, hasta 1991. El oficial dice que en Sucumbíos “falta más seguridad”. Hace ocho días, 50 armados cruzaron el fronterizo puente del río San Miguel y se llevaron con violencia seis camionetas aparcadas en el costado ecuatoriano. Fueron paramilitares de Colombia, según testigos. Tras el incidente, hay operaciones militares nocturnas. En el restaurante de Nueva Loja, Rosaura Changó volvió a doblar su pañuelo blanco para secarse los ojos. El paso de la patrulla le recordó la pérdida de su hijo. “Fueron los ‘paras’. Llegaron a utilizar mi casa”. Al día siguiente, Jesús García, otro líder negro, comparó ese llanto con el de los ‘cimarrones’: los hombres que un día decidieron dejar de ser esclavos y se refugiaron en los campos de América.

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Capítulo 3

Los paramilitares avanzan frente a Sucumbíos EL COMERCIO, lunes 24 de diciembre del 2001

einticuatro soldados vigilan con largavistas y fusiles el extremo sur. En el río San Miguel flota lo que queda del cuerpo de una joven mujer. Desde el puente que es mitad de Colombia, al norte, y mitad de Ecuador, al sur, se lo divisa. La camiseta azul cubre su tronco y líneas de sangre se dibujan en el agua, porque el cuerpo no tiene piernas ni brazos. “Los paramilitares”, comenta un estibador colombiano que pasa el puente con dos cilindros de gas en su triciclo de acero. El hombre en seguida calla, mira al frente, hacia las columnas del puente en Colombia, y aplasta sus pedales mientras asiente con la cabeza. Al extremo norte, donde un letrero verde reza “Bienvenidos a Colombia”, se encuentra una pequeña aldea. Las casas son de madera y sirven como bodegas de gas y gasolina. La música vallenata se escucha a volumen alto. El cadáver flota a dos metros de esa ribera y nadie se inmuta ni desciende hasta el río. La aldea es controlada, desde hace nueve meses, por milicias de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también llamadas paramilitares. A solo 100 metros al noroeste del lugar, en la vía lastrada que une al puente internacional con las ciudades del departamento de Putumayo, esos armados montan retenes. Según los pobladores de la aldea, los ‘paras’ “cobran cuentas” con la vida a los supuestos “informantes” de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y hacerlo en lugares públicos es su estrategia de propaganda. Por eso nadie se atreve siquiera a echar una mirada al río. 116

Las AUC controlan el ingreso de alimentos y vigilan a la gente que se dirige hacia los poblados Puerto Nuevo, La Dorada, La Hormiga, Orito y Puerto Asís, que son patrullados por esos armados. Los habitantes de La Dorada, ubicada a 17 kilómetros de la frontera con Ecuador, recuerdan que las AUC llegaron hace un año con motosierras y fusiles. “Hubo mucha muerte, pero estamos mejor; hay paz”, dice un adolescente que como la mayoría es raspachín de coca. “Antes el miedo era de que vengan a matarnos porque aquí estaba la guerrilla”. Sin embargo, la gente dice no saber nada de los armados. Los hombres no van a la iglesia, en el centro. Allí está instalada una “Comandancia de las AUC”. Desde el valle es visible un francotirador, vestido de civil y armado con una ametralladora, que utiliza el campanario del convento como trinchera. Según Inteligencia Militar de Ecuador, el avance de las AUC al otro lado del río San Miguel arrinconó en noviembre a la guerrilla de las FARC en la selva del Putumayo. “Detrás de los paramilitares hay patrullas del Ejército de Colombia”, dice un coronel del Ejército ecuatoriano que opera en Sucumbíos. El mapa de amenazas pegado en una de las oficinas del fronterizo destacamento Teniente Molina, a 8,5 km al este del puente internacional, en la ribera sur del San Miguel, indica que las AUC ganaron terreno frente a Sucumbíos. Refiere que éstas controlan 40 km de la ribera norte del río, 30 desde el puente hacia el este y 10 desde el puente hacia el oeste. “Los combates se han incrementado, es fre-

Capítulo 3

cuente ver flotando en el río a los guerrilleros”, sostiene un oficial del destacamento. Según el Ejército, 2 000 paramilitares patrullan en territorios cercanos a las urbes frente a Sucumbíos. En el mapa también están las zonas ocupadas por las FARC, repartidas en cinco frentes del llamado “Bloque Sur”: 500 insurgentes del frente 32 patrullan Santa Elena, Piñuña Blanca, Piñuña Negra y Peña Colorada. 1 000, del frente 48, Teteyé, Mirador y Bermeja. Y 500, de la columna 2, Cerro Pax, reforzadas por las columnas 13 y 49, según el mapa. Junto al destacamento Teniente Molina se encuentra una población ecuatoriana: General Farfán, a la orilla del San Miguel. Allí se vive del comercio con Colombia. Las casas son restaurantes y tiendas. Hace un mes, esos locales cerraron por un día. Las AUC amenazaron atacarlos por “abastecer a las FARC”. El destacamento Teniente Molina debía ser reubicado este mes. Según Inteligencia Militar, esa base fue fotografiada por guerrilleros que patrullaron por la orilla del frente. Ingenieros del Ejército edificaron un nuevo campo a 5 km al oeste. Sin embargo, hay un déficit de 138 000 dólares para terminarlo. Se invirtieron 500 000 dólares para los dormitorios de 120 militares y oficinas de mando, en 12 hectáreas de selva. El nuevo destacamento está a 3,5 km al sur del puente internacional. En esa plataforma de cemento los jóvenes soldados ecuatorianos están convencidos de que los cadáveres mutilados son arrojados al río para amedrentarlos.

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Los refugiados llegan por comida a Lago Agrio EL COMERCIO, sábado 16 de octubre del 2000

uanita B., de 45 años, llegó a Lago Agrio hace una semana escapando de la guerra y del hambre que impera en el Bajo Putumayo. El martes pasado un grupo de paramilitares encapuchados ingresó a su pequeña finca en las veredas de La Dorada, en Colombia, y amenazó con asesinarla sino abandonaba de inmediato el lugar con su familia. Aturdida por los gritos y amenazas de los 'paras' despertó a sus seis hijos, a su esposo Pedro y a sus dos nietos. "No pudimos sacar nada, solo nos dejaron cargar lo que llevábamos puestos", cuenta Juanita y agrega que difícilmente olvidará esa noche de luna llena, cuando "la guerra me robó mi hogar". El miércoles, ella y toda su familia llegaron al portal de la iglesia Nuestra Señora del Cisne, en Lago Agrio, en busca de techo y comida. Juanita es una más de los 300 refugiados que hasta ayer arribaron a la capital de la provincia de Sucumbíos. Ellos están alojados en dos albergues provisionales y varios domicilios de la localidad, según el padre Edgar Pinos, coordinador del Comité de Contingencia para refugiados. Juanita se trasladó a una guardería ubicada en las fueras de la ciudad petrolera, donde están 29 personas que llegaron las dos últimas semanas desde La Dorada y La Hormiga, pequeños poblados del Putumayo colombiano. En esas poblaciones, la guerrilla y los paramilitares llevan adelante un paro armado que ya dura 20 días y mantiene totalmente incomunicada a la región colombiana. "El cierre de las vías y de todos los accesos impide la entrada y salida de alimentos y víveres. Hoy, la gente no

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solo está huyendo de las balas sino del hambre", cuenta Pedro N. En la guardería, que no tiene ventanas ni mobiliario, los campesinos colombianos duermen en colchones regados en el piso de cemento, junto a sus hijos que ocupan la mayor parte del tiempo frente a un pequeño televisor a color de 14 pulgadas. La manutención de los campesinos está a cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que coordina las acciones junto a la Cancillería, la Iglesia, la Alcaldía y la Prefectura de Sucumbíos dentro del plan de contingencia. El obispo de Sucumbíos, Gonzalo López Marañón, dice que el programa para atender a los refugiados, pese a la lentitud gubernamental, está respondiendo a las necesidades de todas las familias que llegan por la aplicación progresiva del Plan Colombia. Además de los 300 refugiados registrados en el Comité de Gestión, diariamente vienen al país, 200 colombianos, según estadísticas de la Policía de Migración. "En los albergues provisionales solo han sido alojados los colombianos más pobres, es decir, aquellos que lo perdieron todo y llegaron al Ecuador sin nada", comenta el padre Pinos. Los 300 campesinos están inscritos por el Acnur bajo el estatuto de refugiados en trámite. Cada 15 días reciben un boleto que canjean por raciones de comida en el supermercado de Sucumbíos. La medida diaria para cada refugiado equivale a 50 centavos de dólar: una porción de arroz, dos tipos de granos, sal, azúcar, aceite y sardina, además de útiles de aseo.

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Francisco, de 30 años, otro campesino que está albergado en la guardería norte dice que lo más importante es la ayuda de la comunidad para facilitarles un trabajo en los mismos proyectos previstos para la construcción de centros para los refugiados. Para atender a los colombianos, la iglesia de San Miguel de Sucumbíos ha empleado hasta el momento 33 600 dólares y espera un nuevo desembolso de 30 mil dólares que serán empleados en la readecuación de los centros y el mejoramiento de los accesos. El presupuesto total del Plan de Contingencia asciende a 2 175 000 dólares, que se invertirán en refugios, salud, coordinación, protección, vivienda, transporte, alimentación, agua, sanidad y educación. Precisamente, para los refugiados, la educación de sus hijos es fundamental. "Nuestros niños perdieron el año por la guerra en el Putumayo".

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Los colombianos sin refugio aumentan en Sucumbíos EL COMERCIO, lunes 8 de noviembre del 2004

na lata de almojábanas arde a un costado de la calle 12 de febrero. Dos manos encallecidas se afanan en remover los amasijos que están a la venta. El alimento, que sabe a almidón, se despacha en fundas de papel, 50 centavos cuestan los tres panecillos. El encargado de la venta es un hombre que se esmera en convencer a sus clientes. “Soy Alirio”, dice, “el colombiano”. Y narra que llegó hace dos años desde La Dorada, en Putumayo, huyendo de los enfrentamientos que libran guerrilleros, Ejército y paramilitares. A pocos pasos de su negocio ambulante se encuentra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en Nueva Loja, la cual no le trae gratos recuerdos. “Allí sepulté la esperanza de legalizar mi permanencia en Ecuador”, cuenta. “Caminé ocho meses en busca de la visa, pero me la negaron. No entiendo cómo un equipo de expertos de la Cancillería ecuatoriana y los de esta agencia no cree en la desgracia de la gente y le niegan sus papeles”, se queja. A 10 kilómetros de la ciudad, en un sembradío de maíz, plátano, yuca y café, Manuel también se lamenta, viste una camisa empapada por sudor. El colombiano tampoco ha legalizado su permanencia. Añora su casa, la finca y los animales que dejó en Puerto Caicedo, en el 2003. Salió amenazado de muerte por una supuesta vinculación con la guerrilla. “Allí las amenazas son serias y pocos se resisten”. A su lado, sus dos hijos pequeños juguetean con un machete y un arpón. “Les gusta la caza y la pesca”. Hace un año recibieron el apoyo

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del plan de movilidad humana de la iglesia de San Miguel de Sucumbíos y empezaron a estudiar. El programa se financia con fondos del Acnur y de otros donantes internacionales. Este año cubrió las matrículas y los útiles de 301 refugiados. El estatuto de refugiado, sin embargo, tampoco es garantía de estabilidad económica. John Jairo, quien escapó de la violencia de Colombia, legalizó su estadía, porta la Visa XII-IV, pero tardó meses en encontrar trabajo. Con la visa en la mano, recorrió sin éxito centros comerciales, obras de construcción y petroleras. Solo uno de sus paisanos lo sacó del desempleo. Ahora viaja cinco veces al mes a Pasto para comprar teléfonos celulares y comercializarlos en Nueva Loja y en Shushufindi. “Los traigo por medio de amigos y los vendo a precios bajos, con eso mantengo a toda mi familia”. En las calles de Nueva Loja el número de colombianos a los cuales se les negó el estatus de refugiado va en aumento. Un registro de la Cancillería precisa que en lo que va de este año se presentaron 666 solicitudes de refugio: 180 se negaron. Los sin papeles se sienten limitados y son explotados. Trabajan bajo presión y eluden las redadas de la Policía de Migración, que en nueve meses de este año detuvo a 144 colombianos y deportó a otros 49. Según la Policía, en Sucumbíos hay 1 500 refugiados, que se suman a 10 000 colombianos que tramitan la visa o se escudan en sus cónyuges o hijos ecuatorianos, dice. Claudia, madre de familia de 22 años, huyó

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de su natal Tablón de Gómez (Nariño), el 20 de agosto último. Llegó a Orellana, donde una familia de comerciantes la empleó a cambio de la alimentación para sus tres críos. Trabajó dos meses sin recibir un centavo. “No soporté la angustia de sentirme mal pagada y decidí viajar a Nueva Loja en busca del certificado provisional de refugiada”. Se albergó 48 horas en el centro de Apafano, pero luego lo abandonó. Claudia no es la única que desertó del albergue. La iglesia, a cargo del refugio, dice que unos 15 colombianos llegan al mes a pedir techo, y en uno o dos días se van a la calle o fincas, en busca de trabajo. José Euceda, representante del Acnur en el Ecuador, asegura que su agencia busca minimizar los impactos de los refugiados en la zona, a través de aliados estratégicos. La fundación Autogestión Desarrollo y Sociedad (ADYS) es una de esas aliadas. Ofrece trabajo a 192 familias colombianas y ecuatorianas, en 58 huertos comunitarios ubicados en barrios de Nueva Loja. Nelson, otro campesino al que la Cancillería negó el refugio, trabaja en el proyecto. Gana 200 dólares al mes como promotor comunitario. Es ágil y disfruta enseñando. “Trabajo de sol a sol para ahorrar y adquirir la visa de residencia. A Colombia no pienso volver”. Un grupo de paramilitares lo obligó a abandonar su propiedad, para convertirla en cementerio clandestino. En sus tierras ahora hay más de 170 cadáveres.

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La solidaridad con los refugiados se afincó en San Lorenzo EL COMERCIO, domingo 20 de noviembre del 2005

urante cinco días, 490 colombianos durmieron en los cuatro albergues de San Lorenzo, al noroeste de la provincia de Esmeraldas. Ellos llegaron de Mateplátano, Llorente y Puerto Rico, poblados colombianos. Lo hicieron porque tuvieron que huir de los combates entre la Policía y los grupos irregulares de ese país. De ellos, 180 eran niños. Muchos, la mayoría, no entendían el alcance de lo que había pasado con sus familias, con sus hogares y con sus viviendas. Por ello, jugar con sus mascotas y conocer a los nuevos amiguitos de Ecuador fue una de las actividades que realizaron con la mayor naturalidad. Todos tenían historias y los periodistas locales, nacionales e internacionales estaban allí, para captarlas en sus libretas de apuntes, grabadoras o cámaras de televisión. Los desplazados convivieron sin egoísmos. Cada uno tenía tareas pendientes como barrer, acomodar los colchones, asear los baños y colaborar en la repartición de la comida. Pese a esta tragedia, el orden y la limpieza eran dos principios que no podían quedar de lado. Sobre esa base elemental de convivencia (más aún en tiempo de convulsión), ninguno de ellos protestó. Todos prefirieron pasar en armonía y cuidar de los más pequeños. La mayoría de los refugiados se concentró en la iglesia comboniana, infraestructura que se convirtió en una suerte de cuartel general, para distribuir la logística en el resto de albergues habilitados en el cantón esmeraldeño. En este sitio, las autoridades locales habilitaron un dispensario médico, dos cocinas indus122

triales, una oficina para Acnur, una bodega de alimentos y una sala de reuniones. La ayuda para los ciudadanos colombianos llegó de todo lado: el Cabildo realizó una colecta general, los bomberos se encargaron de repartir agua, la Dirección Provincial de Salud entregó medicinas, etc. La gente de San Lorenzo mostró solidaridad y brindó ayuda a los refugiados. El desayuno almuerzo y merienda fueron los puntos de mayor concentración de los visitantes temporales. Antes de comer, hubo el agradecimiento a Dios, por el cuidado y la protección que recibieron cuando en sus poblados ocurrieron enfrentamientos entre la Policía, narcotraficantes y guerrilleros. El retorno comenzó el martes 15. Aunque lucían cansados y temerosos tenían la esperanza de volver a sus hogares desde donde huyeron. En el trayecto fueron acompañados por el Ejército y por la Policía que los custodió hasta las orillas del río Mataje. En el otro lado, los poblados eran fantasmas. Uno de ellos era Puerto Rico, asentado a 25 metros de la frontera. Solo cuando se encendieron las generadoras de energía eléctrica la vida volvió, los negocios abrieron y la música sonó...

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‘Ecuador tiene un compromiso para atender a los refugiados’ EL COMERCIO, domingo 1 de abril del 2007

Entrevista con la representante de Acnur en Ecuador, Martha Juárez

Actualmente Ecuador vive una coyuntura tensa con Colombia. Incluso la Cancillería emitió una nueva nota de protesta ¿En qué puede afectar la relación tensa al tema de los refugiados? La situación de los refugiados es un asunto puramente humanitario y es un compromiso que tiene el Ecuador al estar adherido a la Convención de Refugiados eso no se ha afectado. En lo humanitario no hay ningún temor que haya algo negativo, porque hay una clara división de este punto. El tema de los refugiados está en la agenda entre Colombia y Ecuador. Según el Gobierno, Bogotá debiera colaborar económicamente con el problema del refugio. ¿Cuál es el criterio técnico? El apoyo que recibe el programa del Acnur, y por tanto Ecuador, para la protección a refugiados proviene de la comunidad internacional. Estos son compromisos de países que tienen recursos y ayudan a Ecuador por la generosa recepción a los refugiados. Nosotros, como política, no pedimos una contrapartida de los países de origen, ni en Colombia ni en ningún lado. Eso es claro para el Acnur. El hecho de que existan refugiados de cierto país no es un acto de agresión. Ocurre porque hay una situación que va más allá del control de un Estado. El alto comisionado para los Refugiados, Antonio Guterres, se propuso conseguir más apoyo para Ecuador ante la comunidad internacional. ¿Qué se va a hacer? El programa Ecuador, a partir del 2002, aumentó gradualmente. Es el segundo más importante en Latinoamérica, luego de Colom-

bia. Tiene un gran apoyo de donantes como la Comunidad Europea, Japón, Alemania, Suiza, Canadá, EE.UU., que financian. ¿Qué aspectos se deben mejorar en el tema de ayuda a los refugiados? Una de las más importantes es que ellos tengan acceso a educación, salud, trabajo; la posibilidad de acceder a microcréditos. Estamos revisando con Cancillería los procedimientos para que la condición de refugiados sea accesible y más expedita, sobre todo en provincias. Hay organismos, como la Pastoral Social en Sucumbíos, que ayudan a personas que pese a que solicitan refugio el Gobierno se lo niega o que su trámite está pendiente. Como Acnur no podemos ser indiferentes a que muchas de estas personas tendrán dificultades de regresar a Colombia aun cuando no son refugiados. Medidas especiales para ellos serían muy convenientes. Se ha mencionado la posibilidad de la regularización de 500 000 colombianos. ¿En qué puede colaborar Acnur? El Acnur tiene experiencia en identificar en una regularización migratoria. ¿Cómo están las relaciones con el Gobierno para afrontar todos estos temas? Hay cuestiones que son del día a día, que hay que discutir. En nuestra relación con el Gobierno ecuatoriano no puedo decir que siempre hay acuerdo total en todo, pero sí hay apertura para escuchar al Acnur. Ello posibilita que seamos optimistas rumbo al futuro.

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El 98,4% de refugiados en Ecuador es colombiano EL COMERCIO, sábado 15 de mayo del 2010

n Ecuador existen 52 377 extranjeros refugiados. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, 51 555 son de Colombia, es decir el 98,4 % de la población. José Luis Guerra, asesor jurídico del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, registra desde el 2002 un “recrudecimiento” del conflicto armado en Colombia; eso motivó la emigración masiva de pobladores afectados. “Ecuador tuvo que improvisar acciones, porque no se daba abasto para atender a todas las personas”, refiere Guerra. “Hubo restricciones y los reconocimientos de refugio disminuyeron. A muchas personas que merecían ese estatus no se les concedió”. En el 2009, el Gobierno desarrolló el Sistema de Registro Ampliado en la frontera. Brigadas móviles con miembros de la Cancillería y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) recibieron a solicitantes en zonas urbanas de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana e Imbabura. Según el Acnur, hasta el 2008 en Ecuador había 18 735 refugiados colombianos. Luego del Registro Ampliado la cifra actual es de 51 555. Para Flor María Haro, del Centro Familiar de Ayuda al Emigrante, el proceso tuvo puntos a favor y en contra. Lo positivo fue que “resolvió la situación jurídica” de refugiados que accedieron al carné. “Sin documentos eran explotados en puestos de trabajo”. También porque el Estado ahora tiene datos que dimensionan la magnitud para adoptar políticas públicas. Haro cree que la debilidad del Registro fue que se regularizó a extranjeros sin un análisis profundo. “Se dio a todo el mundo, incluso a 124

los que no lo merecían”. Entre ellos posibles miembros de grupos irregulares y personas que viven en Colombia y solo cruzan a Ecuador para descansar o escapar de las FF.AA. El Reglamento para la Aplicación de normas de Refugio establece que se concederá solo a personas que “debido a un fundado temor de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad”. En Cancillería se asegura que sí hubo control en el proceso de Registro Ampliado. Un requisito fue presentar el pasado judicial. Guerra dice que si personas “abusaron” del sistema de refugio, eso no es pretexto para poner barreras. “Es un derecho humano que respetar”. Quien tiene ese estatus debe acatar las normas penales ecuatorianas; no está exento. Desde 1996, el Servicio Jesuita a Refugiados brindó asesoría jurídica gratuita a 1 443 extranjeros: 188 amenazados por la guerrilla, 111 por grupos paramilitares y 40 por otros grupos. 366 colombianos tuvieron que dejar sus hogares en el Valle del Cauca. 144 eran oriundos de Cundinamarca y 129 de Antioquia. Según Haro, un reto pendiente en Ecuador es el desarrollo de políticas para integrar a los refugiados con la sociedad local. “Si es que no se acompaña este proceso, la convivencia entre ecuatorianos y colombianos puede convertirse en un problema”.

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Más víctimas del conflicto llegan a Sucumbíos EL COMERCIO, sábado 25 de septiembre del 2010

ulio fue asesinado con tres tiros en la cabeza. El día anterior al crimen se negó a ser reclutado por un grupo armado de Colombia y planificó la huida de su natal Orito, un municipio occidental del departamento del Putumayo. Tenía 18 años. El joven intentó sacar a su esposa y a su hijo, de un año, a las 05:00 de ese 17 de julio del 2009, pero no pudo. Una hora antes, tres hombres vestidos con uniforme de camuflaje entraron a la casa de madera y uno descargó su fusil. La esposa de Julio quedó mal herida, el bebé lloraba junto a ella y los desconocidos se fueron. Martha (nombre protegido) se desmorona al recordarlo. “Me hirieron en el brazo, cogí a mi hijo y corrí lo que más pude”. Ella y su pequeño viven en un pueblo ecuatoriano asentado en las orillas del San Miguel, el río que marca la frontera entre Colombia y Ecuador. Tiene un documento de refugiada. El día que cruzó la frontera estuvo con 12 personas, cuyos familiares también fueron asesinados por los armados esa madrugada. Xavier Creach, francés que vive 4 años en Sucumbíos, maneja la suboficina del Acnur. Señala que los requerimientos de refugio se elevaron por el conflicto que se presenta en el Putumayo. El organismo esperaba que tras los dos enfrentamientos en la frontera ingresen masivamente ciudadanos de Colombia. Jorge viste sandalias, pantalón corto y camiseta. Así vende bebidas en el centro de Nueva Loja. En Puerto Asís (Colombia) se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, pero en la Navidad del año pasado un grupo de armados obligó a su familia a dejar las tierras. “Ellos son así,

un día llegan y solamente dicen se van”. Jorge tiene dos hijas de 8 y 11 años. Hace 15 días pidió refugio, pero aún no sabe si su solicitud fue aceptada; el trámite requiere un estudio y la aprobación de la Cancillería de Ecuador. El pueblo donde vive Martha está desolado. Hasta allí llegaron tres familias que conviven en el pequeño cuarto de madera que un refugiado les prestó. Juntos cocinan y duermen. Hablan poco y cuando ven a extraños se esconden. Solo un hombre, de 40 años, dice en voz baja que salieron de Puerto Colón por miedo “a los combates”. “Vea hermano vamos a ver si nos quedamos aquí, pero tenemos que hacer un pedido oficial a las autoridades”. El cónsul de Colombia en Nueva Loja, Henry Orduz, dice que en la jurisdicción hay 12 100 colombianos con “los documentos en regla”. La mayor parte de ellos está en Nueva Loja, capital de Sucumbíos. Pero también hay gente que reside en las orillas del San Miguel. A los militares les preocupa: dicen que en la frontera hay gente con certificados de refugio que se ha convertido en informantes de la guerrilla. Creach cree que los grupos armados obligan a los refugiados a ser abastecedores o informantes, sostiene que el tema deben tratarlo las autoridades judiciales y aclara que la mayoría de los campesinos que llegan desde Colombia no está en la frontera, sino en las capitales de las provincias como Sucumbíos u Orellana. Martha sabe de las acusaciones, pero dice que son ‘compañeros’ que “no tienen una verdadera intención de vivir aquí (Ecuador)”.

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Pilotos de EE.UU. fumigan glifosato en la frontera EL COMERCIO, lunes 16 de mayo del 2005

l sol es abrasador, pero el veterano de guerra estadounidense parece indiferente, con sus anteojos oscuros y vestido con overol. Sin hablar español, supervisa a los dos policías antinarcóticos de Colombia que cargan una pesada manguera y abastecen de glifosato a su avioneta AT-802 de 2,9 millones de dólares. Los dos policías tienen un parche rojo en el pecho: “Mezclador de herbicidas”. Y trabajan en una zona pantanosa, junto a la torre de control del aeropuerto La Florida, en Tumaco, muy cerca de Ecuador. “El glifosato no es tóxico”, asegura uno de ellos, aunque se calza un par de guantes de nitrilo que lleva en los bolsillos de su traje anti-inflamable. También se ajusta en la cara una mascarilla con dos filtros y visores, antes de mezclar glifosato con agua y cosmoflux, un coctel que luego se carga a siete avionetas para fumigar sobre los cultivos de coca en Nariño, en el sur de Colombia. La base de Tumaco es uno de los cuatro puertos utilizados por Estados Unidos para las tareas de fumigación de coca que forman parte de su asistencia en el Plan Colombia. Junto a la pista hay cilindros azules de 52 galones llenos de glifosato puro, cada tanque cuesta 2 034 dólares. Estos, como las avionetas AT-802 y los pilotos de esas naves, todos ex combatientes estadounidenses que prefieren no revelar sus salarios, son financiados por Estados Unidos. El jefe de las tareas de fumigación, desde su oficina en un área restringida del aeropuerto de Bogotá, revela que en Colombia hay 20 avionetas de fumigación operativas. Y que sus pilotos son contratistas seleccionados en Washing126

ton, ex militares estadounidenses. A ellos se suman cinco extranjeros, pilotos expertos de helicópteros UH-1N, como el ex oficial peruano “Azor”. “Así me llamo”, dice el corpulento hombre de lentes negros y cabeza rapada. Es el comandante del grupo de helicópteros que brinda protección a las avionetas en las misiones de fumigación. “Tengo experiencia con estos helicópteros; hace 10 años salí de las Fuerzas Armadas de Perú”, relata orgulloso, sonriente. Su misión es entrenar a pilotos de la Policía Antinarcóticos de Colombia. “En los helicópteros siempre tenemos un artillero colombiano”, asegura un diplomático de la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS), en Bogotá, oficina a cargo de eliminar la droga en Colombia, que depende del Departamento de Estado de EE.UU. “Nuestro programa más grande es la erradicación. Apoyamos a la Policía en ese trabajo; ellos tienen el papel principal: ponen el personal en las bases, proveen pilotos y técnicos para los helicópteros y, a través del contrato que se hace en Washington, les damos pilotos para fumigación, mecánicos y apoyo logístico”. Los helicópteros policiales van artillados con ametralladoras M-60. Las avionetas fueron blindadas en el 2004. EE.UU. reconoce que en el 2002 sus naves de aspersión recibieron 194 impactos de bala; en el 2003 sufrieron 380 ataques y un piloto murió; en el 2004 soportaron 135 y este año 45, hasta abril. “El trabajo aumentó en Nariño, aquí la guerra al narcotráfico es dura”, dice “Azor”, de 42 años. Su comentario es, en realidad, una seria pre-

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ocupación para los diplomáticos estadounidenses en Colombia. En el 2000, el Gobierno de Bogotá anunció el Plan Colombia para eliminar, con la ayuda de EE.UU., el 50 por ciento de cultivos ilícitos, en cinco años. En septiembre concluirá ese plazo, pero la ayuda seguirá. Según el NAS, en Colombia se ha logrado aplacar el 34 por ciento de cultivos de coca, sin contar con los brotes de amapola, que -a diferencia de la coca- no se pueden detectar por satélite ni con los sofisticados instrumentos aerotransportables de EE.UU. Al inicio del Plan Colombia había 60 000 hectáreas de coca en el amazónico Putumayo, en la frontera con Ecuador. Ahora, según las cifras de EE.UU., en la zona hay 17 000 hectáreas, debido a la fumigación. Pero los cultivos de coca se desplazaron a Nariño, también en la frontera con Ecuador. En el 2002, cuando empezó la aspersión, en ese departamento había 3 000 hectáreas de coca. Al finalizar el 2003 superaban las 60 000 hectáreas. Los pilotos de EE.UU. rociaron con glifosato esos cultivos durante el 2004; sin embargo, el NAS admite que su estrategia sufrió un revés: el 90 por ciento de zonas fumigadas en Nariño se resembró con coca este año. “Los narcotraficantes no están listos para botar la toalla con la coca en Colombia y abandonar el terreno, están volviendo a sembrar”, admite un alto diplomático en la Embajada de EE.UU. en Bogotá. “Pero hay que decir que sí hay una disminución en la producción de cocaína. La razón es que las zonas resembradas tienen plantas jóvenes y aún no empiezan a producir. Para el procesamiento de cocaína se requieren 18 meses, y no vamos a dejar de fumigar”. Esa victoria en el combate al narcotráfico es parcial. En el 2000, el Plan Colombia contempló una inversión de Estados Unidos que no excedía los 1 300 millones de dólares, especialmente para la adquisición de helicópteros, aeronaves y entrenamiento. Al cabo de cinco años, el soporte de Washington a la guerra en Colombia suma 3 500 millones de dólares, según datos del Congreso de aquel país. Esa estrategia implicó un incremento de las acciones del Grupo Militar asignado a la Embajada de Bogotá. Actualmente, esa oficina cuenta con “520 militares en Colombia y 120 civiles contratistas del Departamento de De-

fensa que apoyan nuestra misión”, dice un uniformado de EE.UU. De hecho, desde hace 22 meses, el Jefe del Grupo Militar en Bogotá es un oficial de las Fuerzas Especiales de EE.UU., coronel Simeon Trombitas. La presencia del Pentágono en Colombia dista de la de los años 60, cuando apenas contaba con equipos para capacitar a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El Grupo Militar es el tercero más grande del mundo y cubre 22 zonas de Colombia. En los últimos dos años, los uniformados estadounidenses formaron una Academia Antiterrorismo. Los dos primeros cursos se dieron al Ejército, el tercer curso a Infantes de Marina y el siguiente a la FAC. Además, hace un año integraron el Comando Conjunto de Operaciones Especiales para unificar el entrenamiento, equipamiento, Inteligencia y operatividad de las Fuerzas Especiales de las tres ramas de las FF.AA. de Colombia. El Grupo Militar brinda ayuda al Ejército, Armada y Aviación colombianos y, en ese sentido, tiene tres misiones en Colombia, según voceros de esa oficina: adquirir equipos, capacitar a las unidades y dar logística a los militares. “También damos gasolina, alimentos y ayuda en términos de las operaciones militares. Siempre trabajamos en interagencias con la DEA, el NAS y el Comando Sur. No podemos participar directamente en el combate pero llevamos armas, por nuestras reglas, si se produce un encuentro, así podemos proteger nuestras vidas”, señala el uniformado y revela: “Desde la visión militar, Colombia es dos veces el tamaño de Iraq”. La mayoría de los recursos se invierte en “operaciones móviles, combate cuerpo a cuerpo, tareas de selva y re-entrenamiento”. La capacitación a la Policía Antinarcóticos no está en manos del NAS, con los contratistas de “La Fuerza de Pilotos Multinacional”, definida así por un oficial de la Embajada. En la pista de Tumaco, los pilotos de esa Fuerza extranjera, expertos en conducir helicópteros estadounidenses, son los “Cuervos”. Uno de ellos es el peruano “Azor”: “Yo estuve en Centroamérica, en Mozambique y ahora en Colombia, soy contratista de Dyncorp”.

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La fumigación deja cultivos quemados y gente con alergias EL COMERCIO, martes 5 de agosto del 2003

a avioneta gris pasó rasante el 6 de julio. Carmelina Cecilia Arteaga trae tres tazas de agua con panela, se acomoda en el balcón de su casa, un cuarto de tablas suspendido sobre seis palos de chonta, y lo cuenta. "Llovió agua melosa; estoy 20 días enferma. Me criaron granos en la cara". La campesina es dueña de una finca de Puerto Escondido, junto al fronterizo río San Miguel, en Sucumbíos. Se recoge el cabello cano y muestra las explosiones de piel en su cuello. Jorge Pinchao, profesor de los 20 niños de la escuela del pueblo, dice que la fumigación que se regó en Putumayo, del 4 al 7 de julio, bajó el rendimiento de los pequeños. Muestra su cuaderno de control. "Tenía 35 alumnos, luego de la fumigación vinieron 30. Quedan 20 y estamos por finalizar el año. Los niños tenían granos, diarreas, dolores". 10 familias huyeron. La aspersión aérea comenzó en el Putumayo el 22 de diciembre del 2000, con el Plan Colombia. En el 2001 se fumigaron 94 000 hectáreas; 150 000 en 2002; este año se prevé 200 000. La Misión de Verificación de los Impactos de las Fumigaciones en Ecuador refiere que al 20% de los habitantes de frontera le brotaron granos en la piel tras las fumigaciones de julio a septiembre. Esos campesinos tienen un porcentaje de fragilidad cromosómica 15 veces más alto de lo normal: la media fue 24,85. Especialistas del Laboratorio de Genética y Citogenética de la Pontificia Universidad Católica analizaron sus muestras de sangre y hallaron 30 veces más aberraciones cromosómicas de lo normal; es decir, tienen "mayor facili-

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dad para cáncer, malformaciones y abortos". El último reporte de la Misión (ecologistas, grupos de DD.HH. y técnicos de ministerios de Agricultura y Turismo), de julio del 2003, reseña que Puerto Escondido y Santa Marianita fueron afectados por las aspersiones. Las bananeras de consumo en Santa Marianita tienen las hojas rojas y amarillas; sin fruto. José Álvarez, profesor de la escuela, lo atribuye a la aspersión. "El viento trajo el químico". Se refiere al glifosato, fabricado por la empresa estadounidense Monsanto, con el que se fumiga la coca del Putumayo. En la vía a Puerto Escondido y a Puerto Mestanza, este último un lugar de descanso para la guerrilla de las FARC, hay decenas de maizales quemados. "El maíz nace sin nada", dice Alejandro Apolo, junto a la estrecha vía lastrada, y lo prueba. Al azar, deshoja una mazorca: no hay granos. "No hay negocio", cuenta Aldemar Eduardo Nastajuaz, en Puerto Escondido. "Antes cosechaba 50 cargas de maíz. Me daban 12 000 pesos por cada una (5 dólares) en La Balastrera. Este mes saqué 24. El campo ya no vale nada". "Aquí ni siquiera hay médico", se queja Victoria Rivadeneira, en Santa Marianita, y muestra manchas en su espalda. "Uno se cura con alcohol". La gente no acude a puestos de salud, por eso no hay estadísticas oficiales. El subcentro más cercano está a 120 minutos de caminata, en La Punta. Ella también describió a la avioneta gris. No olvida el zumbido de dos helicópteros Black Hawk de 9 millones de dólares.

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La fumigación con glifosato causó secuelas en la salud y el ambiente EL COMERCIO, viernes 10 de junio del 2011

n 10 comunidades de Sucumbíos, cercanas a la frontera norte, entre Ecuador y Colombia, se registra que 10% de los afectados por aspersiones con glifosato (concentración entre 26% y 46%), Cosmoflux y POEA, tienen daños genéticos irreversibles. A esta conclusión llegó la investigación publicada en ‘Glifosato, genética, salud y ambiente’, un estudio entre el 2009 y el 2010. César Paz y Miño, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de las Américas (UDLA) y responsable del trabajo, explica que entre los afectados con daños permanentes un 5% generará problemas de cáncer, 3% engendrará hijos con malformaciones y otro 2% tendrá problemas de fertilidad. El 90% restante no presenta daños detectados en estudios del 2005 al 2007. Es decir, sí podrán reparar su estructura genética. Las secuelas que dejaron las fumigaciones con glifosato, un genotóxico que afecta al material genético, también fueron reportadas durante el estudio biopsicosocial que realizó la Misión Solidaria Manuela Espejo con 2 355 personas con discapacidad, en Sucumbíos. El vicepresidente, Lenín Moreno, quien lidera esta iniciativa, confirma que en las comunidades cercanas a la frontera todavía persisten anomalías dermatológicas. Y agrega que hay expectativa por los estudios sobre malformaciones congénitas y alteraciones genéticas. Estos datos servirán para “hacer las denuncias respectivas y comprometer a que nunca vuelvan a ocurrir esas acciones que lesionan la vida y la dignidad de la gente”. Paz y Miño dice que muchos de estos proble-

mas de piel no tienen diagnóstico y “podrían estar asociados con la permanencia de un tóxico”. En una evaluación que realizaron médicos y dermatólogos a 521 personas de la zona se encontraron 133 tipos diferentes de enfermedades, pero se destacan las ulceraciones y manchas de la piel, que aún no pueden clasificarse. Los daños también se dan a nivel social y sicológico, aseguró Adolfo Maldonado, de Acción Ecológica, quien también hizo un estudio. El Ministerio de Salud Pública ha realizado campañas para evaluar y prevenir daños asociados al uso de agrotóxicos. Pero pese a esto, Wilmer Meneses, asesor jurídico del Frente de Defensa de la Amazonía, considera que estas campañas son insuficientes y que hacen falta políticas públicas. Él también cuestiona la falta de políticas ambientales y agrícolas que garanticen el tratamiento de agua y suelos fértiles. En cuanto a daños ambientales, Paz y Miño dice que se hicieron estudios de plantas y suelos y se comprobó que a 15 kilómetros de la frontera había AMPA, elemento relacionado con el glifosato. También se analizaron microorganismos y bacterias en suelos y afluentes. Este tema también se analizó a nivel diplomático, pues las fumigaciones con glifosato forman parte de los temas considerados sensibles entre Ecuador y Colombia. Ambos países restablecieron sus relaciones el 26 de noviembre del 2010, luego del ‘impasse’ diplomático producido por el bombardeo del 1 de marzo del 2008 a un campamento de las FARC en Angostura, Sucumbíos.

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‘La Base de Manta dará información a Colombia’ EL COMERCIO, martes 29 de agosto del 2000

Entrevista con el ministro de Defensa de Colombia, Luis Fernando Ramírez

uis Fernando Ramírez, un civil, es el ministro de Defensa de Colombia. Revela que la base ecuatoriana será un centro de rastreo y comunicación durante la ejecución del Plan Colombia. Para él, el fortalecimiento militar en su país es indispensable. Ministro. A su cargo están las FF.AA. (Fuerzas Militares y Policía) colombianas. ¿Qué significa el fortalecimiento militar para el Plan Colombia? El Plan Colombia es para luchar contra el flagelo del narcotráfico. Lo que busca es el desarrollo alternativo de cultivos en el interior de Colombia. Por primera vez va a haber recursos, cerca de 300 millones de dólares, para dar asistencia técnica y crédito a los campesinos, y decirles que pueden sembrar yuca, maíz, algodón... y que vamos a ayudarles a comercializar esos productos; para que esos campesinos, que no son delincuentes ni narcotraficantes, pero que se dedicaron a cultivar coca, tengan otra alternativa de vida. El Plan Colombia arranca en el Putumayo primero con un componente social. Pero es evidente que hay un grupo de narcotraficantes que no va a aceptar buenos consejos porque está en un negocio muy rentable, y va a seguir trayendo armas y exportando droga, sin importar si hay que sembrar más violencia en Colombia. Para ellos hay que utilizar las Fuerzas Militares y de Policía. Básicamente actuaremos con lo que tenemos. ¿Cuál es el plan para las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia?

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El elemento más importante será el de interdicción aérea. En Colombia, en este momento, se están inutilizando dos aviones del narcotráfico por semana. En promedio, 100 aviones al año son inutilizados. Algunos los derribamos en el aire, cuando no obedecen las indicaciones de la Fuerza Aérea. En el primer semestre de este año fueron 42 aviones los que se inutilizaron. La Armada hace grandes incautaciones de droga en los mares del Pacífico y Atlántico, y en el Putumayo, donde el tráfico se mueve por ríos: precursores, droga, armas... La Policía hace interdicción terrestre y fumigaciones. El año pasado fumigó 43 mil hectáreas y este año, en el primer semestre, 31 mil. Cuando la Policía va a fumigar se encuentra con guerrilla y paramilitares que disparan a los aviones fumigadores. Un Batallón del Ejército los ayudará. Asegurará el área para evitar que disparen a las naves. El Plan Colombia tiene un componente social importante y un complemento militar que inexorablemente tenemos que utilizar. El Plan Colombia no trata de matar los zancudos, sino de secar el pantano. ¿Qué papel juega en el Plan Colombia la Base de Tres Esquinas, del nororiente del Putumayo? La Base de Tres Esquinas va a ser un sitio de operaciones importante, porque en el sur del país no hay carreteras. El Ejército, cuando llegue, no se va a poder movilizar por esa selva, sino con helicópteros. Entonces la base va a tener presencia de helicópteros para darle movilidad a las tropas. La Base de Tres Esquinas

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no es nada distinto a un centro de operaciones, donde se va a abastecer a helicópteros y se movilizarán soldados. Tendrá pequeñas facilidades para hacer operaciones de inteligencia para asegurar que los grupos de soldados no sean interceptados o atacados por la guerrilla o paramilitares o narcotraficantes. Entonces sí. Esa Base va a ser el centro, tal vez el principal centro de operaciones, cuando se actúe en el Putumayo. ¿Cuándo se iniciará esa acción en el Putumayo? Lo que tenemos previsto es que en estos primeros tres meses se realice una acción solo de carácter social, trabajando con los campesinos de la zona. ¿Cómo va a llegar el Gobierno a esos lugares? Ahí no hay militares ni policías pero sí grupos de guerrilla y paramilitares. ¿Qué tal si la suplantación de cultivos provoca una guerra? Yo espero que no, pero sí le tengo que decir que si los grupos de guerrilla o paramilitares se van a oponer a la acción del Estado para erradicar el narcotráfico, pues habrá seguramente combates con ellos. La guerrilla tradicionalmente dice que ellos no son narcotraficantes, que no tienen nada que ver con el narcotráfico, pues entonces no tienen por qué temer. La Policía de Colombia tiene 107 mil hombres y los militares 150 mil. ¿Se piensa incrementar el número de uniformados para todo ese proceso? No. En el Putumayo vamos a tener tres batallones contra el narcotráfico. Hemos hecho un entrenamiento adicional, sobre todo en materia de derechos humanos, para que se respete a la gente. No queremos un Ejército que sea percibido por la población como enemigo, como invasor, sino como un Ejército legítimamente constituido que va a defender las instituciones, a darles la mano para la prosperidad, y no va a permitir que continúe un negocio ilícito. En Ecuador está la Base de Manta. ¿Cuál es el papel que esa base jugará en el Plan Colombia? Yo sé que ese es un tema sensible en Ecuador y tengo que respetar las decisiones que autónomamente tome el Ecuador. En la región no existen sistemas para comunicación en tiempo real. No basta con una radio o un teléfono.

Con un sistema de alta tecnología, si un avión que vuela por la frontera sur o por el Pacífico no es detectado por los radares colombianos, lo pueden detectar los ecuatorianos. Pero esa nave solo podrá ser detenida por la Fuerza Aérea Colombiana, en territorio colombiano. Los grandes violadores del espacio aéreo son narcotraficantes. La única diferencia es que ellos no tienen una Cancillería adonde mandarles una nota de protesta. ¿Entonces la Base de Manta va a ayudar a las interdicciones que se realicen en Colombia? Sí. La Base de Manta va a permitir poder intercambiar más información en tiempo real. ¿La visita de Bill Clinton implica nuevos acuerdos militares entre EE.UU. y Colombia? No. La visita del presidente Clinton es una señal muy importante del apoyo que EE.UU. le da a la región andina, porque muestra su preocupación y su afán por reconocer que el tema del narcotráfico es un problema transnacional y obviamente lo que trata es que la estabilidad democrática en nuestros países no se ponga en peligro por unos grupos al margen de la ley que tienen un poder económico muy grande a causa del negocio del narcotráfico. En gente de Bogotá hay muchas versiones y dudas por el Plan Colombia y un deseo: la paz. ¿El Plan Colombia significa la guerra para la paz? No. Lo que tenemos que hacer es privilegiar la solución negociada del conflicto, para lograr la paz. El verdadero peligro de que el flagelo del narcotráfico se expanda a países vecinos es cruzar los brazos. Entonces, cuando la guerrilla se convenza de que no puede llegar al poder por las armas, encontrará que la negociación política es el camino que tiene para ganar. Y eso implica no a la guerra. El fortalecimiento de las fuerzas del Estado lo que hará es impedir que los grupos al margen de la ley crezcan. De lo contrario, la mejor forma de garantizar una guerra a largo plazo, es no hacer nada.

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EE.UU. rastrea desde Manta EL COMERCIO, lunes 9 de enero del 2006

n teoría, la Base de Manta no es una instalación militar estadounidense... pero es lo que más se parece. Los dormitorios de los extranjeros tienen alambradas con rótulos de restricción, en inglés y español. La Policía del Comando Sur controla el ingreso a ese sitio blindado. La comida que se sirve en el comedor es importada, igual que los portavajillas, el jabón líquido, los frigoríficos de la cocina, las ventanas antibalas de todas las construcciones, las señales viales de las calles, los vehículos 4x4, las paradas de autobús, etc. Tres áreas de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), conocida como Ala de Combate 23, son ocupadas por EE.UU. en Manta. Al dormitorio se suman el departamento de bomberos y la zona administrativa; ahí está la oficina del personal de Inteligencia, infranqueable para los militares ecuatorianos, y la rampa, con capacidad para ocho naves espías estadounidenses. Toda la zona está rodeada de jardineras verdes y casetas exclusivas para fumadores, en contraste con los terrenos desérticos y abandonados que rodean el aeropuerto de Manta. “Según el acuerdo firmado con EE.UU., el comandante de la Base es el jefe absoluto; yo tengo toda la autoridad”. Es la versión de Leonidas Enríquez, coronel de la FAE, jefe del Ala de Combate 23. “El FOL (Puesto de Operaciones Avanzadas) es parte de la estructura de mi reparto. Ésta es una base ecuatoriana que permite el uso y acceso a EE.UU. para cumplir una misión: luchar contra el narcotráfico”. Desde que se inauguró, en el 2002, tras una inversión de 80 millones de dólares, la instalación estadounidense es blanco de duras 132

críticas de diferentes sectores nacionales. Se cuestiona la inmunidad jurídica de su personal, el posible uso de la información que recoge a través de sus naves para interceptar barcos de emigrantes y la vinculación del Ecuador al Plan Colombia. Para EE.UU., Manta es la más importante de las tres bases operadas por el Comando Sur, desde Florida. El teniente coronel Gary Gagliardi, militar de la Aviación estadounidense y administrador del FOL en Ecuador, lo admite. “Este es el mejor FOL que hay, porque tenemos buena rampa, buena pista. Es un buen sitio para ver al este o al oeste, al norte y al sur, donde se cultivan drogas, y también podemos ver dónde las transportan y podemos llegar hasta donde llegan”. Las otras dos locaciones de seguridad del Comando Sur en América Latina y el Caribe están en El Salvador y Curazao. Según el Convenio suscrito en 1999, en Ecuador los aviones de EE.UU. solo pueden efectuar “detección, monitoreo y rastreo” de drogas. Gagliardi, sobre un mapa de América, explica: “con los aviones de Manta detectamos la droga en Puerto Rico, al este del Caribe y hasta en Galápagos. Todos los FOL tienen la misma misión, pero sus probabilidades son diferentes: Curazao está ubicado para las líneas de transporte por el Caribe, pero no tanto para el Pacífico este, tampoco para ver dónde se cultivan drogas. Manta es un punto muy estratégico”. En el mapa aparece un círculo rojo que grafica el campo de operación de los aviones de Manta. El radio de acción de rastreo, según ese círculo, va hasta cerca de Florida (norte), al Pacífico (oeste) y Brasil (este).

Capítulo 3

El oficial precisa que el gráfico es solo para fines de explicación y que no hay misiones de detección en toda la zona marcada. “No cruzamos por Venezuela, por los problemas políticos con el presidente Chávez. Ni por Brasil ni Perú, pero controlamos el Caribe este”. Enríquez asegura que el Convenio se cumple a rajatabla. “Lo que EE.UU. hace, con los medios electrónicos y la capacidad de los aviones, es detección y monitoreo, para pasar la información necesaria a los entes que ejecutan la interdicción antidrogas”. Gagliardi es cauto. “No sé a dónde van los aviones en cada misión. El viaje típico de un avión dura unas 10 horas y retorna a la rampa”. En Manta pueden aterrizar cuatro naves grandes, como el E3 Awacs, y cuatro medianas, como el Orion P3. Estos aviones tienen tecnología para capturar información a grandes distancias: interceptan comunicaciones, identifican a barcos o aviones por satélite, etc. Tienen cámaras de rayos infrarrojos en la nariz y consolas con pantallas de detección. Con esos aviones, el FOL efectúa un promedio de 500 misiones al año. “No se necesita que las naves vayan al Caribe -revela Gagliardi-, con el radar basta; no hay que ir a Puerto Rico para ver qué pasa allí”. Toda la información que recogen no se queda en Manta. “Tenemos un centro de información en Cabo Oeste, en Florida, que recibe los datos, donde hay gente de todos los países que luchan contra las drogas en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y los del Caribe. Ellos usan la información para compartir con el país que necesite para la interdicción de drogas”. En la Base casi no circulan militares de EE.UU. Gagliardi recorre la Zona de Adminis-

tración y se detiene en una habitación con las paredes llenas de pantallas. “Éste es nuestro cerebro”, asegura. Algunos monitores son radares, otro transmite nítidamente y en vivo el movimiento de la base: calles aledañas, instalaciones, etc. Como ocurre en el ingreso al área de dormitorios, a la zona administrativa solo es posible llegar en auto, después de atravesar una garita controlada por soldados extranjeros, los cuales portan boinas negras y facilitan la credencial con el sello del FOL, indispensable para evitar una detención.

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Capítulo 3

El hundimiento de barcos desacreditó la labor del FOL EL COMERCIO, lunes 20 de julio del 2009

amelita baila lentamente con las olas del Pacífico. Es una danza imperceptible, parece que no se mueve ni un milímetro. Es fácil mirarla desde la Playa Mía, en Tarqui, donde permanece como un símbolo -dice Miguel Morán- para recordar a los pesqueros que fueron hundidos con la llegada de los estadounidenses al Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) de Manta. El activista social y desde hace 10 años opositor a la presencia de los ‘gringos’ dice que la nave, llegó averiada hasta las inmediaciones de la playa. Supuestamente fue abordada por guardacostas de EE.UU. para buscar droga en sus compartimentos. “No hallaron nada pero la dañaron, no pudo volver a navegar”. El gremio de pesqueros artesanales de Manta lleva un registro, según el cual, entre 50 y 80 naves fueron hundidas o afectadas en operativos estadounidenses. EE.UU. tiene una versión diferente. Marta Youth, de la Embajada de ese país, asegura que ninguna embarcación con bandera ecuatoriana ha sido destruida. Ella acepta que los guardacostas realizaron interdicciones a naves sospechosas de cargar droga. Entonces, los militares de su país realizaron chequeos para confiscar los alcaloides. En esas revisiones -dice Youth- se pudieron afectar cosas como la pesca que llevaban y los compartimentos de los barcos, porque debían comprobar que no había coca escondida. “En el momento del abordaje, los guardacostas les entregaron a los capitanes un formulario para que reciban una indemnización”. Dice que los narcos hunden los barcos para 134

evitar que existan evidencias. “No hubo abusos”, recalca y recuerda que también ayudaron a salvar a emigrantes que peligraban en el Pacífico. Hay 20 juicios por esos casos, según el asambleísta Marco Martínez, de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, que analiza el paso de EE.UU. por la Base de Manta y las supuestas violaciones a los DD.HH. cometidas por personal del país del norte. Hermenegildo Santana, 58 años, mantiene su fuerza para enfrentar, dice, a los estadounidenses del FOL. En Manta, lo llaman 'El Champion'. Orgulloso narra que su hijo, Johnny, siguió su legado, como es la tradición. Lo hizo hasta el 5 de junio de 2003. Desde esa fecha, Santana no lo ha vuelto a ver. Johnny se embarcó en el pesquero Jorge IV y desapareció en el mar. A Santana le estremece recordar los pocos detalles de la pérdida de su hijo. Desde su casa de paredes de caña, donde está su taller mecánico, ha organizado a los familiares de los otros 17 tripulantes del Jorge IV, para conocer qué pasó. En los últimos seis años le han dicho de todo: "Que fueron secuestrados por las FARC colombianas. Que están en una isla en el Pacífico dominada por los guerrilleros. Que el mar se tragó a la embarcación sin evidencia alguna...". ‘El Champion’ no cree en esas respuestas y mantiene su consigna: seguir una demanda contra las autoridades del FOL. Su testimonio también fue escuchado por la Comisión encabezada por Martínez. El legislador de País prepara un reporte con las denuncias, para entregarlo a la Comisión Legislativa

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y al presidente Rafael Correa. María Urgilés también perdió a Luis Quijije, su esposo, en el Jorge IV. Relata que los tripulantes del pesquero se comunicaron por última ocasión el 8 de junio, tres días después del zarpe. Ella confirma la versión de Santana, de que estaban cerca a las costas colombianas, porque las coordenadas de esa llamada fueron desde Punta Galeras, en frontera. La mujer de 30 años casi no sonríe, solo se aferra a su hijo Luis, quien tenía 18 meses cuando ocurrió la tragedia. Ella no cree en promesas. Luego de seis años de búsqueda prefiere que se pague el seguro que les prometieron. El dueño de la embarcación, Jorge Corral, según un registro de la Notaría Primera de Manta, se comprometió a entregar 10 000 dólares a cada familia de los tripulantes. Sin embargo, él ha asegurado -según los documentos - que tampoco ha recibido la póliza por la pérdida. Morán señala que ni los pescadores que perdieron sus barcos por los operativos estadounidenses han recuperado su dinero. Ese caso es el de Pamelita. El fin de semana pasado, organizaciones como Inredh, el Movimiento Toalí, el frente Che Vive, y la Coordinadora Bolivariana llegaron a Manta para despedir al FOL. Ellos preparan un festival para inicios de agosto, donde “se celebrará” ese acontecimiento. En la ceremonia, se pedirá que Pamelita nunca salga de Playa Mía. Su intención es que se quede para que cada día al caminar, al dormir y despertar en Manta se recuerde lo que ocurrió con sus embarcaciones pesqueras.

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La partida de la Base de Manta es agridulce EL COMERCIO, sábado 18 de julio de 2009

l Puesto de Operaciones Avanzada de EE.UU. (FOL) está frío y desolado en medio de la calurosa Manta. Solo 37 militares estadounidenses pasean por las 577 hectáreas de la base que fue un enclave del Comando Sur en el control del narcotráfico en el Pacífico. Aunque las autoridades son diplomáticas, los estadounidenses se van con desazón. En la cartelera ubicada en el pasillo del área de control de Bomberos hay una hoja con dos caricaturas: una hace referencia a un bebé manejando la Ulco y otra a una lápida, con un avión Awacs E-3 dentro: “La lucha antidrogas con líneas rojas”, reza en el mensaje, rodeado de murciélagos negros. Las hojas hacen referencia a la crisis de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Ecuador (Uies, convertida en Ulco), que también recibía ayuda de EE.UU., y a la partida del FOL, conocido como Base de Manta. Hace apenas un año, el panorama en Manta era diferente. En julio de 2008, el Puesto operaba a ‘full’ y llegó a albergar hasta a 400 soldados dentro de sus 39 edificios (máximo podía recibir a 439 soldados, pero sin armas). Un mes después, el Gobierno ecuatoriano (Rafael Correa) cumplió su promesa de campaña y cerró toda posibilidad a una posible ampliación del convenio para el uso de la base. EE.UU. podía permanecer en Manta hasta noviembre de 2010, pero, tras aceptar la decisión ecuatoriana, adelantó su retiro. Ayer se cumplió la última operación aérea y el 18 septiembre los estadounidenses saldrán 136

de la instalación. Hace 11 años, EE.UU. apostó por una nueva idea para no instalar bases militares formales en la región. Quería puestos pequeños, que no signifiquen una puja política en los Congresos, pero ubicados en sitios estratégicos. Entonces, sus diplomáticos consiguieron acuerdos con Curazao, El Salvador y Ecuador. En esas tres naciones se colocaron los llamados Puestos de Operaciones de Avanzada y el de ecuatoriano era el principal. Las razones: en Curazao y en El Salvador funcionan aeropuertos internacionales; pero en Manta básicamente hay una instalación militar y su uso comercial es local. El último administrador del FOL de Manta, Patrick Curtis, confiesa que el puesto era estratégico en su labor. “Nunca hay mal clima para realizar operaciones aéreas y no cruzamos tierra para vigilar a sospechosos en el mar”. Desde las bases de Manta y El Salvador, los Estados Unidos vigilaban una extensión similar al territorio de EE.UU. en el Pacífico. Las operaciones eran dirigidas desde la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Sur, que se ubica en La Florida, y que reúne a fuerzas de 11 naciones americanas y europeas. Además, a las FF.AA. estadounidenses y a las Aduanas, DEA y FBI. En las acciones de los FOL, durante nueve años, se decomisaron 1 758 toneladas de drogas, valoradas en 35 000 millones de dólares. De esa información, Ana María Acosta, del Instituto Regional de Derechos Humanos (Inredh), cuestiona los beneficios que trajo el FOL de Manta a Ecuador. Sus críticas apuntan a que

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la cantidad de droga, dividida para los países participantes, resulta mínima. Marta Youth, de la Embajada de EE.UU., sostiene que la importancia del FOL es verídica, pues las interdicciones aumentaron hasta alcanzar un crecimiento del 227% a mediados de este año. En Manta también hay un sabor agridulce del paso del FOL. Miguel Morán, del Movimiento Toallí, recuerda que los políticos locales prometieron que la ciudad sería una réplica de Miami en el Pacífico, que tendrían alcantarillado y que cada militar traería a dos familiares de turismo. Pero nada se ha cumplido, dice. Según Jacobo Jara, un pequeño empresario pesquero, la presencia estadounidense frenó a su sector. “Más de 80 barcos fueron hundidos, otro desaparecido. Yo tuve que vender mi barco”. Él cree que la vida en Manta es más costosa luego de nueve años y de la inversión en el sector de la construcción. Antes pagaba 50 dólares por el alquiler de un puesto de venta cerca del mar; actualmente el arriendo oscila entre los 300 y 500 dólares. “Ahora vivimos más violencia, el narcotráfico nos golpea cada día”. Jorge Zambrano ha liderado el Municipio durante la permanencia del FOL. En 2000, él era cauto en torno a los beneficios que traería el puesto militar. Ahora no ha cambiado de parecer. “Nunca se prometió un alcantarillado ni obras, porque no estaban en el convenio. El crecimiento de la ciudad es porque los empresarios locales empezaron a colocar su dinero en la urbe”. El comandante Curtis sonríe cuando se le consulta sobre esas presuntas promesas. “Alcantarillado no estaba en el convenio”. Él asegura que el FOL inyectó 8,3 millones de dólares mensuales a la economía de la urbe. Ese dinero se calcula por sueldos de 168 empleados ecuatorianos, alimentación, pago de servicios, etc. La infraestructura del puesto, es decir, edificios, quedará intacta. También la pista y 4 800 artículos (equipos de computación, electrodomésticos, muebles, vehículos...), destinados para la aviación y otras organizaciones. Curtis sostiene que se escandalizó su trabajo. Sobre los hundimientos de las embarcaciones pesqueras, el extranjero asegura que ellos no tenían una influencia directa en esos aconteci-

mientos. “Nosotros recibíamos una orden desde La Florida y sobrevolábamos un cuadrante definido en el Pacífico, en busca de embarcaciones. No teníamos un contacto directo con los barcos guardacostas de su nación”. Dice que todos los detalles de las misiones, que llegaron a 5 800, fueron informados al Gobierno ecuatoriano. Sin embargo, anteayer, el Régimen emitió una cadena nacional para dar su versión de la salida de los estadounidenses de la Base de Manta. El ministro de Defensa, Javier Ponce, nuevamente dijo que el Gobierno no tuvo un completo conocimiento de las actividades que realizaban los militares. El acuerdo contemplaba la supervisión de uniformados de la FAE. Según el Régimen, el control antidrogas no disminuirá. La vigilancia aérea estará a cargo de la Marina, con aviones no tripulados (costaron 23 millones de dólares). Son cuatro aeronaves Sercher y dos Heron, que son operadas desde tierra por militares especializados. El proyecto se complementa con lanchas rápidas para las interdicciones marítimas y tres bases flotantes ubicadas en Esmeraldas, Manabí y en El Oro. Justamente ayer la Marina presentó la base que será colocada en las costas de El Oro. El Gobierno está convencido que con este proyecto suplirá al trabajo del FOL y también controlará el contrabando y el tráfico de personas. Desde diciembre, Manta será la base de 24 aviones Súper Tucano, adquiridos a Brasil en 279,9 millones de dólares. Por eso, en la cadena oficial señaló que no había preocupación por la salida de EE.UU., sino que hay bienestar por recuperar la soberanía del país.

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Capítulo 3

Sucumbíos. 2004 Motocicletas requisadas sin documentos llenan los patios del cuartel de la Policía en Nueva Loja.

Sucumbíos. 2000 Los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Ecuador, Gustavo Noboa, abren el puente sobre el río San Miguel.

Sucumbíos. 2016 Militares ecuatorianos realizan controles a los ocupantes de vehículos que llegan de Colombia por el puente San Miguel. 138

Capítulo 3

La Bermeja. 2001 Integrantes de la Cruz Roja recorren en lancha el río San Miguel para dar atención humanitaria a las poblaciones.

Tasé. 2006 Militares del Batallón de Selva 55 de Ecuador participan en brigadas de acción cívica para la comunidad en Sucumbíos.

Nueva Loja. 2004 La Iglesia de San Miguel de Sucumbíos y el Acnur entregan mochilas escolares a niños de la frontera. 139

Capítulo 3

Putumayo. 2006 Las plantaciones de hoja de coca suplieron a la selva en este territorio colombiano fronterizo con Sucumbíos.

Putumayo. 2006 Colombianos y ecuatorianos participan en el raspado (cosecha) de la hoja de coca en el vecino país.

Putumayo. 2006 A un kilómetro de Ecuador, en La Ceiba, Colombia, matas de coca crecen en un huerto bajo techo. 140

Capítulo 3

Sucumbíos. 2001 En la ribera ecuatoriana del río San Miguel se registran plantaciones afectadas por la aspersión aérea de glifosato.

Quito. 2004 Pobladores de la frontera marcharon para pedir que Colombia fumigue glifosato a 10 kilómetros del límite internacional.

Tumaco. 2005 Veteranos de guerra de EE.UU. pilotean las avionetas de fumigación que arrojan glifosato en la frontera, en Nariño. 141

CapĂtulo 3

Base de Manta. 2005 Militares de EE.UU. descansan junto a los dormitorios del Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL).

Base de Manta. 2005 Aviones espĂas Awak de EE.UU. despegan de Ecuador para monitorear a traficantes de drogas.

Base de Manta. 2005 El piloto Gary Gagliardi recorre el puesto de bomberos del FOL, administrado por EE.UU. en Ecuador. 142

Capítulo 3

Esmeraldas. 2005 Ciudadanos colombianos huyen de los combates en el sur de Nariño y se asilan en la iglesia de San Lorenzo.

Esmeraldas. 2009 Miles de ciudadanos de Colombia esperan turno para inscribirse en el registro ampliado de refugiados en el coliseo Cayapas, Ecuador.

Sucumbíos. 2014 Niños refugiados colombianos se adaptan a vivir en un nuevo país; estudian en las escuelas de Ecuador. 143

Foto: EDUARDO TERĂ N / EC

2008. Angostura. Militares vigilan el campamento de RaĂşl Reyes, de las FARC, en Ecuador, bombardeado el 1 de marzo por Colombia.

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Capítulo 4

Ecuador, PERMEADO POR actores armados de Colombia El territorio ecuatoriano, entre la Amazonía y el Pacífico, ha sido escenario de hechos de guerra de grupos armados colombianos durante décadas. Desde operaciones clandestinas para agendas políticas, hasta acciones violentas como extorsión, secuestro, trata de personas, asesinato, minería ilegal, lavado de activos y tráfico de drogas han sido documentadas por EL COMERCIO.

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Capítulo 4

12 personas fueron secuestradas en Tarapoa EL COMERCIO, miércoles 15 de septiembre de 1999

as 50 familias del caserío Paz y Bien, cantón Tarapoa, en la provincia de Sucumbíos, todavía mantienen fresco el recuerdo del secuestro de doce ciudadanos extranjeros que ocurrió el sábado. La acción delictiva sucedió a dos kilómetros de esta población en un sitio denominado "Zapato Virado", caracterizado por una serie de pronunciadas curvas en la vía lastrada y polvorienta que serpentea en medio de la selva. ¿A qué se debe ese nombre del sitio exacto del secuestro? Juan Alvarado, un colono manabita que hace 20 años fundó Paz y Bien, dice que un compañero suyo se fracturó el pie izquierdo en una de esas curvas, mientras iba abordo de una camioneta de la petrolera canadiense City Investing Company. "Dos camionetas de la City intentaban acceder al pequeño puente y chocaron, mi amigo quedó con el pie roto, por eso le llamamos a la zona zapato virado". En un costado de una de las curvas aún se aprecian tres montículos de piedra y arena; los secuestradores ordenaron al conductor de un volquete, que pasaba a las 11:10 del sábado anterior, que arrojase a la carretera ese material para interrumpir la posible acción de las fuerzas del orden. Así lo hizo y todos, secuestrados y secuestradores, se internaron al bosque. Paz y Bien queda a 57 kilómetros al nororiente de Nueva Loja, capital de Sucumbíos. En un paisaje espléndido, poblado de bosques de caoba y laureles, la aldea es un puñado de casas de zinc y madera. Los colonos emigraron de Loja, Manabí y El Oro. Juan Alvarado, un tendero de 62 años y padre de 13 hijos, menciona que aquí nadie tiene 146

papeles que legalizan la tenencia de la tierra. "Hace 20 años simplemente nos apoderamos de unas cuantas hectáreas (Alvarado tiene 100) para sembrar café, cacao y yuca, los productos más cotizados en Nueva Loja". Alvarado también administra una piladora. A los otros colonos de la zona les compra un quintal de café en 85 mil sucres y una vez que seca y limpia la cáscara fácilmente lo vende en poco más de 400 mil en Lago Agrio, hoy Nueva Loja. ¿Aparecen por aquí los guerrilleros colombianos? La pregunta sorprende a un grupo de diez campesinos, quienes cruzan sus miradas, luego sonríen. Mire, dice un muchacho alto y de tez curtida por el sol, "a veces los vemos vestidos de paisano, vienen a comprar cosas y se van, nunca ha sucedido ningún conflicto con ellos, por eso nos alteró esta vaina del secuestro". Mientras tanto, una vigilancia más minuciosa cumplieron ayer los militares de los batallones 24 Rayo, 55 Putumayo y 56 Tungurahua. Los hombres fuertemente armados realizaban constantes operaciones de rastrillo y vigilancia a lo largo de la ruta Nueva Loja-TarapoaCuyabeno (175 kilómetros). El teniente Milton Sánchez, al mando de un contingente de 25 paracaidistas ubicados en Guarumo, antes de Tarapoa, explica que incautarán armas y explosivos. Los operativos seguirán por tiempo indefinido. Según Sánchez, no existen pistas certeras de los secuestradores, "lo que sí llama la atención es la precisión con la que actuaron". La gente apoya los operativos. Por ejemplo, Tito Leonidas Guerrero, jefe de Educación y

Capítulo 4

Cultura del novísimo municipio de Tarapoa, creado hace solo tres meses, cree que la frecuente vigilancia salvará al turismo cuyo paraíso, sobre todo para los europeos, se halla en la reserva Cuyabeno, un paisaje de lagunas, ríos y bosques de 650 mil hectáreas. Rodrigo Araujo, técnico forestal del ex Inefan corrobora ese hecho: el turismo no ha disminuido aquí, dice él. Desde que ocurrió el secuestro hasta hoy siguen llegando alrededor de 10 turistas al Cuyabeno. En Tarapoa, cuyos 14 mil habitantes solo ven canales de TV. de Colombia, no es extraña la presencia de los guerrilleros. "Los hemos visto de civil, nunca con el uniforme, acá vienen a hacer el gasto y se van", explica un hombre de mediana edad y sofocado por el calor de 38 grados que hace en estos días en esta zona de la selva. Tarapoa vive del turismo y de un impuesto anual de 1 700 millones de sucres que concede la petrolera City. Todos ayudan a los extranjeros. Por eso no ocultaron su alegría cuando se enteraron que un grupo de 15 alemanes, franceses y daneses entró sin contratiempos a Cuyabeno, el último sábado. Ayer, en la reserva (175 km al nororiente de Nueva Loja) los extranjeros no dejaban de captar imágenes del lugar. Eva, una danesa de 23 años, lamenta el secuestro reciente y menciona que ellos sabían los riesgos, "pero valió la pena correrlos para ver este edén de selva, pájaros y lagunas".

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Capítulo 4

Así fue la negociación secreta del secuestro de Pompeya EL COMERCIO, domingo 4 de marzo del 2001

na comunicación en alta frecuencia, a través de radios en la banda VHF, fue el enlace que facilitó los diálogos entre los secuestradores y el equipo negociador, desde octubre del 2000. El 12 de ese mes fueron plagiados en los pozos de Pompeya, en Orellana, los franceses Jean Louis Froidurot y Jany Marcellin; el neozelandés Demmis Correy; los estadounidenses Steeve Derry, Jason Wavey, David Bradley, Ronald Sanders y Arnold Arfold; el argentino Juan Rodríguez y el chileno Germán Sholz. Todos fueron contratados por la empresa de servicios Aeromaster para el consorcio Repsol-YPF. Después de la sorpresiva liberación de dos técnicos franceses, dos días después, se conformó un comité privado de negociación, del que fueron excluidos el Ejército y la Policía Nacional. Para mantener un canal abierto permanente y directo para los contactos diarios, se establecieron dos claves de identificación: móvil 5, para el grupo de los secuestradores, y móvil 10, para el vocero de los negociadores. EL COMERCIO tuvo acceso a las transcripciones de los diálogos durante los días de cautiverio, que son un testimonio revelador del proceso que terminó, como lo anunciaron las mismas autoridades, con el pago de 13 millones de dólares. Este pago es considerado como un mal precedente. En un primer contacto, los plagiadores se atribuyeron la autoría del secuestro y exigieron un rescate de 80 millones de dólares para liberar a los ocho rehenes. Ante esta solicitud, los negociadores hicieron una contrapropuesta de un millón de dólares. Esta contraoferta

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provocó una violenta reacción de los raptores que cuestionaron a los negociadores: “En las empresas involucradas prima el interés económico sobre la vida de sus trabajadores”. Para presionar a los negociadores, el 9 y 12 de diciembre realizaron dos atentados contra el oleoducto transecuatoriano, que inmediatamente fue reivindicado “como una acción violenta para que se acepte el pago”. Los secuestradores, a través de su vocero, “don Pedro”, de acento colombiano, “pidieron disculpas a los ecuatorianos” En vista de que se dilataban las negociaciones, a finales de diciembre dieron un ultimátum: hasta el 16 de enero debía cerrarse el acuerdo, o de lo contrario “enviaremos un paquetito”. Ante la perplejidad de los familiares de los rehenes y las autoridades, la amenaza se cumplió el 31 de enero. Campesinos de la cooperativa El Cóndor, en la vía que conduce al río Conejo, en Sucumbíos, encontraron el cadáver del estadounidense Ron Sanders. La ejecución ocurrió la noche del 30, cuando los moradores del lugar escucharon tres detonaciones de arma de fuego, así como un inusual movimiento de personas. Frente a esta acción extrema la contraoferta del rescate subió a cuatro millones de dólares. De allí en adelante los montos fueron incrementándose sucesivamente hasta llegar a nueve millones de dólares, mientras los secuestradores se mantenían inflexibles en el requerimiento de 80 millones de dólares. Sorpresivamente, el 10 de febrero, los plagiadores rebajaron la suma a 40 millones de dólares. El 11 de febrero, la negociación fue intensa.

Capítulo 4

Mientras los secuestradores pidieron 20 millones, los negociadores ofrecieron 10,5. Paralelamente, ese mismo día, los armados hicieron una nueva advertencia. Si hasta el 15 de febrero no había un acuerdo concreto, corría peligro la vida de otro de los rehenes. El 12 de febrero hubo nuevas cifras: 15 millones de los plagiadores, frente a 11 de los negociadores. El acuerdo final estaba muy cerca. En el contacto del 15 de febrero, los secuestradores desmintieron que el chileno Sholz habría muerto por problemas de salud. “El chileno no tiene problemas”. Finalmente se llegó al acuerdo del monto del botín del rescate: “Aprobado, cerramos el trato en 13 millones por siete trabajadores. Esperamos instrucciones, cambio”, decía el negociador. Para la entrega del dinero el grupo dio detalles específicos. “Todo el dinero debe ser en dólares estadounidenses de 100; que sea la divisa del último modelo, no descontinuado; en series diferentes; que no estén marcadas, que no tengan tachaduras, ni rotos; que se entreguen en paquetes bien sellados y con recubrimiento antihumedad”. “La entrega de los trabajadores lo haremos a la Cruz Roja Internacional. Si les parece bien, creemos que es lo más que podemos plantear en estos momentos”. El 22 de febrero se concretó el pago del rescate. Para el efecto se contó con un helicóptero que viajó exclusivamente con su tripulación de operación. El sitio donde debía dejar los siete bolsos con el dinero fue comunicado mientras se realizaba el vuelo. Como punto geográfico referencial se estableció la carretera a Bermejo, Sucumbíos, de donde debía seguir otra ruta. “Debe tomar el carretero Bermejo hacia abajo, hasta San Miguel. Ahí le vamos coordinando para ponerle la señal”. Los secuestradores, en forma reiterada, preguntaban que cuántos “ventiladores” (helicópteros) estaban en camino, mientras el negociador les indicaba que era “solo uno y civil”. Además, lo acompañaba como guía el “ala fija”, que era un avión pequeño. La coordinación, vía radio, estuvo a cargo de uno de los líderes de los secuestradores. “Dígale al ventilador que subió mucho, que se devuelva un poco. Aquí estamos moviendo la señal roja en toda la playa del río. Dígale que entre

en operación, que aquí estamos... Confirmada la entrega... Retírense inmediatamente”. En ese acuerdo se estableció que en los cinco días posteriores se pondría en libertad a los rehenes. El plazo se venció el martes 27. Los rehenes fueron liberados el jueves 1 de marzo del 2001 en Santa Rosa de Sucumbíos, bajo la vigilancia de cuatro hombres armados del grupo delictivo, que luego se perdieron en la selva. Los siete técnicos liberados fueron llevados a Quito en una avioneta particular y desde allí salieron por un hangar privado hasta el Hotel Hilton Colón. El viernes, a las 19:40, vestido con corbata y con la barba recortada, Sholz recibió a la prensa en la habitación 306 del hotel. “Ustedes comprenden que estoy bastante cansado. Todo lo que ha pasado. En este momento me viene algo del corazón y es bien escueto lo que les voy a decir. En primer lugar, quiero darle un emocionado agradecimiento a las autoridades ecuatorianas por la preocupación que tuvieron por nuestras personas, por todos los que estábamos secuestrados. Quiero darle un agradecimiento muy emocionado al Gobierno de Chile, a todas sus autoridades que, a través del Embajador en Ecuador, se preocuparon tanto por mí desde el día del secuestro. Anoche (el jueves) recibí muchas llamadas telefónicas de Chile, de gente que me dijo que había hecho cadenas de oraciones. Recibí muchas llamadas de mi tierra, de Punta Arenas. Dios permita, espero verlos pronto. Gracias Chile. Gracias Ecuador”. El embajador de Chile en Quito, Ramiro Asenjo; los miembros de la Policía de ese país y los familiares de Sholz batieron palmas. Un hombre de la seguridad indicó que el técnico viajará con sus parientes este fin de semana. Inteligencia determinó que el grupo armado que perpetró el secuestro de Pompeya está conformado por 25 hombres, se autodenomina comando América Libre y es autor también del secuestro de Tarapoa. Arribaron a Sucumbíos hace seis años. Desde esa época prepararon el terreno e hicieron contactos para perpetrar secuestros, con acciones de amedrentamiento en comunidades como El Cóndor, La Bermeja, San Francisco, Taruka y Luz y Vida.

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Capítulo 4

Conmoción por secuestro y crimen del Teniente Político de Mataje EL COMERCIO, lunes 19 de febrero del 2001

l misterio del secuestro del teniente político de Mataje, Milton Guerrero Segura, y de su hija Paola, de 14 años, comenzó a develarse. Por un lado, según el jefe de la Policía de Esmeraldas, José Vinueza, se trata de un ajuste de cuentas. "Hay indicios de que la víctima se apoderó de un cargamento de droga". Por otro, parientes de las víctimas apuntan a paramilitares de Colombia. Hace tres semanas se registró frente a Mataje, en territorio colombiano, un enfrentamiento entre narcotraficantes y paramilitares por la posesión de un cargamento de droga. El sábado, cerca de las 11:40, familiares y amigos de Guerrero Segura ubicaron su cadáver, el de su hermano Henry, el de su primo Alirio Guerrero Perea y el de un allegado a la familia de nombre Wilson Ocampo Perea. La familia trasladaba los cadáveres al Chontal, un poblado que nace en la bocana del río Mataje. En ese momento fueron interceptados por miembros de la Marina ecuatoriana quienes exigieron que se acercaran a Palma Real para practicar las diligencias de ley. Allí se realizó el levantamiento del cadáver y el reconocimiento en presencia de la Policía del sector y de la teniente político, Mercy Banguera, quien autorizó el traslado de los cuerpos de Milton y Henry Guerrero y de Wilson Ocampo hasta el Chontal, donde fueron sepultados. Mientras que Alirio Guerrero fue enterrado en San Lorenzo. Los cuerpos estaban mutilados. A Milton Guerrero le cortaron los dedos de las manos y le abalearon; fue hallado con una soga en el cuello. Su primo Alirio tenía un impacto de 150

bala en la frente y abierto el pecho a puñaladas. Henry Guerrero y su amigo Ocampo tenían las marcas de golpes e impactos de bala. Ambos y Alirio fueron a rescatar al jefe político de Mataje, pero su acción terminó en una tragedia. Los asesinatos fueron confirmados por el comandante de la Base Naval de San Lorenzo, Pablo Caicedo. La suerte de Paola Guerrero Montaño no se conoce. Dos patrullas de la Marina recorren el río Mataje en busca de pistas, sin embargo, de ella solo hay rumores. Su madre y tres hermanas abandonaron la casa de San Lorenzo para hallar un sitio seguro. La vivienda, que hasta el sábado era cuidada por un sobrino de la víctima, ayer permaneció cerrada. Las ventanas seguían selladas con tablas y clavos. La tragedia de la familia Guerrero Montaño comenzó el martes 13 de febrero, cerca de las 15:30, en el barrio Las Mercedes de San Lorenzo. El Jefe Político de Mataje veía televisión con su esposa Esperanza Montaño y sus cuatro hijas menores de edad. Entonces fueron sorprendidos por un hombre que ingresó rápidamente seguido de otros tres armados, de acento colombiano, que se llevaron por la fuerza a Milton Guerrero y a su hija Paola. Los hombres y sus víctimas salieron de la cabecera cantonal San Lorenzo rumbo a Mataje en una camioneta Mazda con balde de madera y placas CCB 985, de Cali, Colombia. En la orilla del río Mataje los esperaba una embarcación a motor que los llevó a territorio colombiano. Los pobladores de esta zona dijeron que

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el lunes 12 arribó una nave perteneciente a Onofre Montaño, quien reside en la población colombiana de Pulbí, con ocho hombres abordo. Antes del secuestro, la camioneta usada para el plagio fue guardada en un garaje de una vivienda del poblado el martes, a las 11:00, y retirada el mismo día a las 15:00. Dos horas después el vehículo fue quemado, tras la fuerte explosión se escucharon disparos al aire para amedrentar a los habitantes del lugar. De esta tragedia, los pobladores de Mataje en Ecuador y de Pulbí en Colombia no quieren hablar por temor a ser las próximas víctimas. Los miembros de la Policía que llegaron al lugar recibieron respuestas evasivas argumentando no conocer el hecho porque no estaban en sus casas. En San Lorenzo se comenta el suceso, pero nadie quiere aparecer como testigo o contar abiertamente la tragedia de la familia Guerrero Montaño. El temor ronda por las calles del cantón esmeraldeño, por posibles represalias por parte de los hombres que se llevaron al teniente político.

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2 policías fallecieron en ataque al cuartel policial de Nueva Loja EL COMERCIO, jueves 5 de julio del 2001

n las instalaciones del Cuartel de Policía de Lago Agrio ayer no había muestras de destrucción. Hubo seis tiros y dos de ellos causaron las muertes del subteniente José Gonzalo Salazar y del policía Edison Gustavo García. “La incursión armada ocurrió durante el habitual racionamiento de luz”, explicaba ayer por la tarde en Quito el comandante de la Policía, general Jorge Molina. Lago Agrio, capital de Sucumbíos, padece desde hace un año de 2 racionamientos de luz diarios (el primero entre las 02:00 y 06:00, y el otro de 20:00 a 23:00). A las 03:50 de ayer, cinco hombres armados llegaron al cuartel. Minutos antes, el patrullero que recorre la ciudad se estacionó junto a la puerta del edificio policial, en la avenida 10 de Agosto, ubicada en el centro de la ciudad. En el cuartel están además el calabozo de la Policía, el sitio donde se recluyen a los detenidos de la provincia porque Sucumbíos no tiene cárcel, y las oficinas de la Policía Judicial. Según la versión de Jorge Molina, los cinco armados aprovecharon la oscuridad y sorprendieron a los dos ocupantes del patrullero (la camioneta doble cabina recién adquirida por la Policía): el conductor y el subteniente Salazar, quien era policía desde 1996 y estaba al mando de la patrulla. Los armados le dispararon en la cabeza y tomaron su pistola. También intentaron herir al conductor y lo dieron por muerto, pero él no fue impactado. “Luego ingresaron a la Prevención y dispararon al policía Edison García, en el tórax”, reveló el general Molina. Los dos uniformados heridos con balas de 9 152

mm fueron llevados al Hospital de Lago Agrio, donde fallecieron. En la ciudad ayer la gente decía que la madrugada fue oscura y lluviosa. El cuerpo del subteniente Salazar, de 26 años, llegó a Quito a las 11:00. Él era oriundo de esta ciudad y estaba soltero. Sus familiares, compañeros y autoridades no aceptaban lo ocurrido en la improvisada sala de velatorio, en el Club de Oficiales de la Policía. El capitán Pablo Salazar, hermano de la víctima, decía que recibió la noticia de la muerte a las 06:00 de ayer. "Mi hermano murió a las 05:00, en el Hospital. Este viernes 6 él debía volver a Quito para hacer el curso de ascenso”, recordaba entre sollozos. Para el general Jorge Molina, el asalto al cuartel puede estar conectado con otros dos hechos delictivos ocurridos la noche del martes y la mañana de ayer. El primero sucedió a las 23:00. De 10 a 15 personas asesinaron a un colombiano en el barrio San Vicente, en el camino al puente San Miguel. El otro ocurrió a las 08:00 de ayer, en el kilómetro 34 de la vía a Quito. “10 hombres intentaron asaltar a un camión; el chofer aceleró y escapó. Los asaltantes dispararon e hirieron al acompañante en el glúteo”. En ambos atentados, los testigos señalaron que los autores se movilizaban abordo de una camioneta amarilla doble cabina, tipo taxi. En la incursión de la madrugada al cuartel, una camioneta amarilla, con las mismas características, sirvió para el escape. Ese vehículo estaba ocupado por otras 10 personas, quienes brindaron seguridad a los 5 armados. La mitad del grupo se fugó en esa camioneta. “El vehículo se

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dirigió rumbo a Santa Cecilia, en la vía a Quito, los otros asaltantes tomaron la ruta al puente San Miguel, en la vía a Colombia. Luego del atentado en el cuartel se realizó una operación policial, pero no hubo detenciones. “Presumimos que los delincuentes se refugiaron en la selva para huir a Colombia”, indicó el Jefe policial. El prefecto de Sucumbíos, Luis Bermeo, dijo a EL COMERCIO que luego de disparar a los policías, los delincuentes huyeron en una camioneta de alquiler de la cooperativa General Farfán, “cuyo chofer habría sido asesinado”. Para el ministro de Gobierno, Juan Manrique, "lo sucedido en Lago Agrio es una acto delictivo en contra de la Policía. Los uniformados fueron atacados, en la puerta del destacamento, por individuos que dispararon a mansalva por los dos lados del vehículo". Manrique descartó que la acción provenga de grupos vinculados con la guerrilla colombiana y recordó que los autores del secuestro de los técnicos petroleros ocurrido en Pompeya también fueron delincuentes “comunes y ahora están detenidos”. Otra cosa es -sostuvo- que delincuentes que quieren sembrar el caos, al amparo de que pueden ser confundidos con las FARC, cometan esas anomalías. "El Plan Colombia es otra cosa y no tiene que ver con los sucedido". La Policía sospecha que el ataque fue una venganza. Hace pocos días fue detenido en Lago Agrio un jefe de las FARC, Iván Otaya, de 20 años, y narcotraficantes vinculados con la guerrilla de Colombia.

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Capítulo 4

El Ejército destruyó una base y escuela insurgentes EL COMERCIO, miércoles 6 de noviembre del 2002

l cabo Kléimer Gutiérrez transmitió la consigna: todo soldado debía ajustarse un pañuelo blanco en el brazo izquierdo, como señuelo. A las 09:30 de anteayer, el uniformado sujetó el microteléfono de su equipo Harris e informó: “Punto tomado”. Los soldados avanzaron a rastras por el campamento no regular, 500 metros al sur del fronterizo río San Miguel, y, antes de registrar 14 bohíos ocultos entre árboles de ceibo y chonta, fueron a una carpa de caucho. La carpa tenía impresa la marca de una cerveza colombiana y guardaba una antena de televisión para cable directo; una computadora con impresora; tres cartones con balas para fusil; ropa militar... Cerca había camas de ramas. El coronel Hugo Guerrón, comandante de la Brigada de Selva 19 Napo, evaluó. “Ésta es una base administrativa, utilizada por fuerzas insurgentes de la guerrilla de Colombia. Puede albergar a 400 personas”, dijo el oficial, equipado con casco antibalas y un fusil HK, al mando de cuatro pelotones de asalto. “Es una base de descanso; si fuera de entrenamiento habría pistas militares, como en un cuartel”. La instalación ocupaba cinco hectáreas (la más grande hallada hasta ahora). Estaba en las cimas de tres montes, 40 kilómetros al noreste de Lago Agrio. Las lomas estaban unidas con puentes de madera y tenían un solo acceso, un camino de ripio y empalizado, que descendía al río Achiote, afluente del San Miguel. Las faldas de los cerros tenían helechos espinosos. El sendero al río Achiote estaba custodiado por el cabo Luis Sánchez, oriundo del suburbio Suroeste de Guayaquil. “Esta base ya tiene 154

tiempo. Mire esos troncos podridos”, decía el hombre, quien tenía el cuello rodeado con balas, como bufanda, y no soltaba su pesada ametralladora de ráfaga continua. “Con esta disparo 200 balas en dos minutos”. A 500 metros, el capitán Fernando Silva precisaba la ubicación con una brújula digital (GPS): 0˚21’45” de latitud norte y 77˚13’12” de longitud oeste. El oficial caminaba en un terreno rectangular cubierto con arena y cercado con troncos, del tamaño de una cancha de voleibol. El sitio tenía un chozón gigante y pupitres de tablón sujetos con piolas. Junto a la estructura, ubicada al este del campamento, se levantaban cuatro de los 14 bohíos. En uno estaban tres cartulinas rosa y celeste; contenían los rostros de Simón Bolívar y Ernesto ‘Che’ Guevara. En otro estaba el escudo de las FARC: la bandera y el mapa de Colombia. “Esta debió ser una escuela de adoctrinamiento”, decía el cabo Kléimer Gutiérrez, de Jipijapa (Manabí). Era el único soldado sin casco, pero uno de los más importantes de la misión: portaba el equipo de comunicaciones. Detrás de su cabeza sobresalía la larga antena ‘látigo’. “Tomo mi trabajo con gusto y seriedad, me encanta”, sudaba, con cinco kilos de peso. “La guerrilla usa ropa militar. En caso de emergencia, tenemos un señuelo alternativo para identificarnos: doblarnos las mangas de la camisa”. En su suspender (chaleco militar) tenía la dotación del día: dos alimentadoras para su fusil y el almuerzo, la ‘ración C’: dos tubos de galletas y dos latas de atún.

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‘La coca se desplazó a Nariño y hay hectáreas en Ecuador’ EL COMERCIO, lunes 3 de noviembre del 2003

Entrevista con el representante de Unodc, Klaus Nyholm

a imagen satelital de Colombia y Ecuador está impresa a color y muestra las abundantes zonas sembradas con hoja de coca y amapola. El gráfico está en el piso siete de la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Bogotá, en el despacho de Klaus Nyholm. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (Unodc), para los dos países, revela que en Ecuador hay sembradíos ilícitos. ¿En qué se basa su Oficina para asegurar que la coca de Colombia sale por Ecuador? Entre el 30 y 40 por ciento, la tercera parte de la cocaína colombiana, pudiera salir por los puertos ecuatorianos. Trabajamos con estimaciones a base de lo que vemos en las fronteras y en las incautaciones. Pero la mayor cantidad de droga sale por Venezuela. ¿En qué afecta a Ecuador el conflicto? Hay una influencia en Sucumbíos, pero especialmente en Carchi y Esmeraldas. Antes, el departamento de Putumayo era clave para el cultivo de coca y había violencia. Ahora los cultivos se desplazan a Nariño, frente a Esmeraldas y Carchi, y la violencia también. ¿Se detectan plantaciones en Ecuador? Tenemos un monitoreo satelital de cultivos de coca y amapola que identificó plantas en Sucumbíos; hicimos sobrevuelos y visitas al campo. A fines del 2000 habían 1 100 hectáreas con coca; eso nos preocupó. El año siguiente habían 100. Pero en Ecuador hay lavado de dinero y oficinas de narcotraficantes colombianos; la sección de Lavado del Consep no funciona. ¿Cómo ha crecido la coca en Nariño? En Nariño detectamos cerca de 15 000 hec-

táreas a de coca hace 10 meses, y en Putumayo 14 000. Hace dos años había más de 60 000 en Putumayo y apenas 3 000 en Nariño. Eso prueba que el conflicto corre por Colombia, donde hay grandes regiones sin control . ¿La ausencia de militares de Colombia en el límite con Ecuador es un problema? Sí. He hablado con los militares y policías ecuatorianos y al otro lado tienen un comandante paramilitar o un comandante de las FARC o uno del ELN. Eso hace una diferencia. Ecuador no ha podido escoger a sus vecinos. Pero hay tráfico de drogas y la mayoría de precursores viene por su país. Gran parte de Ecuador está involucrado: hay secuestros, asesinatos. Eso podría empeorar con una guerra más intensa en Colombia. Las FF.AA. de Colombia suman 200 000 hombres y no han debilitado a las FARC. ¿Si se produce una arremetida militar en Colombia, Ecuador podrá contenerlas? No creo que se desplace el conflicto, pero sí más presencia de guerrilleros y paramilitares de descanso en Ecuador. Después de todo es un conflicto muy colombiano, con raíces profundas. El narcotráfico lo alimenta, pero las raíces son la falta de una reforma agraria, que sí tuvo Ecuador. Aquí nunca la hubo. En las ciudades la gente odia a las FARC, pero la guerrilla tiene simpatía en las áreas rurales. Entonces, ¿no es en lo social donde se debe atacar el problema en lugar de aumentar los recursos militares? Sí; eso es evidente. Sí.

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‘Estamos listos para la escalada del conflicto’ EL COMERCIO, jueves 14 de agosto del 2003

Entrevista con el segundo al mando de las FARC, Raúl Reyes

n un caserío perdido en el corazón del Putumayo colombiano, Raúl Reyes se siente como en su casa. A más de 30 grados de temperatura, el calor y la humedad sofocan, pero el segundo en el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no se inmuta. Con la sonrisa a flor de piel, extiende una copa de vodka danés Danskaya a los recién llegados de Ecuador, el domingo pasado. Reyes está enfundado en un traje de camuflaje verde. Un pesado fusil HK cuelga de su hombro izquierdo. Aunque su barba bien cuidada le da un aspecto sobrio, el buen humor no le abandona un solo instante. Bromea, incluso, sobre su supuesto mal estado de salud que fue difundido por la prensa de Colombia, Brasil y Perú. Este tema marca el inicio del diálogo, En la prensa nacional e internacional, la semana pasada, se habló de un supuesto canje de la candidata presidencial Ingrid Betancourt por su traslado fuera de Colombia, porque usted aparentemente se encontraba muy enfermo, afectado con un cáncer terminal. ¿Qué hay de cierto en esa versión? Ese es el resultado de la política de desinformación del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esa mentira fue montada directamente por el Ejército y los medios de Colombia. Yo, como usted ve, estoy en perfecto estado. Nunca me he sentido mejor, pero según los medios estoy de muerte. Con eso se pretendía engañar al gobierno francés y al brasileño. Las FARC 156

mantienen su propuesta de que la señora Betancourt también es parte del grupo de prisioneros canjeables. El momento en que el canje con los prisioneros de las FARC se concrete, ella será liberada. ¿Cómo se encuentran la candidata presidencial y el resto de secuestrados? En primer lugar, para nosotros esos no son secuestrados. Son rehenes, sujetos a un intercambio de prisioneros. Son tratados en un estricto acatamiento de los convenios internacionales de derechos humanos. Los mantenemos en perfectas condiciones de salud. En estos momentos, la escalada del conflicto colombiano es evidente. El presidente Uribe Vélez anunció que en 18 meses acabaría con las FARC por la vía armada. ¿Cuál es la propuesta de las FARC para encontrar una salida a esta crisis? Los diálogos fueron rotos por el Gobierno en febrero del año pasado. Esto fue una consecuencia de lo que ocurrió luego del ataque a las torres gemelas, el 11 de septiembre del 2001. El presidente de Estados Unidos, George Bush, le declaró la guerra a los grupos terroristas e incluyó en esa lista a los movimientos revolucionarios. Sobre esa base, Uribe consigue ayuda de asistencia técnica y militar de EE.UU. Pero Uribe parece decidido a acabar con la guerrilla. Eso no lo va a lograr porque las FARC son una guerrilla ideológica, que lucha por unos principios revolucionarios. Son 39 años de experiencia.

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¿Se puede considerar a la lucha de las FARC ideológicamente pura, si ustedes se abastecen con recursos del narcotráfico? La lucha de las FARC siempre ha sido ideológica y pura con el objetivo de tomar el poder para gobernar Colombia. Hoy en todo el mundo circula el dinero del narcotráfico. Producto del narcotráfico circulan en EE.UU. 5 000 millones de dólares. Esa economía es la principal beneficiaria del narcotráfico. Pero la guerrilla se sostiene con los recursos del narcotráfico, a través del cobro de un impuesto, lo que a la vez incentiva la producción. Nuestra participación llega hasta el cobro del impuesto a los narcotraficantes, a los empresarios y terratenientes. ¿En este momento ustedes sienten que se han quedado solos en su lucha? Todo lo contrario. Lo que hay es muchos gobiernos interesados en que se solucione el conflicto colombiano. ¿Qué gobiernos? Ustedes los conocen mejor que nosotros. Lastimosamente esos gobiernos no pueden expresarlo públicamente porque luego dicen que están apoyando a los terroristas. ¿Cuánto tiempo más están ustedes en capacidad de resistir el conflicto? Las FARC están en condiciones de mantener la lucha por el poder el tiempo que sea necesario. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Todo hace prever la escalada de la guerra y estamos preparados. ¿Cuál es su lectura sobre las repercusiones regionales del conflicto colombiano? EE.UU. ha encontrado en Colombia a un presidente títere, como Álvaro Uribe. No solo eso sino que quiere vincular al resto de países vecinos. En la región ustedes son percibidos como el detonante de muchos problemas de inseguridad fronteriza. Las FARC tienen una política de fronteras clara: no realizar ofensas militares fuera de Colombia. Lo que pretendemos es estrechar esas relaciones de amistad y respeto, para todos los países vecinos. Lo que sí reclamamos es que otras naciones no participen en la guerra, lo que sería grave y afectaría las relaciones de amistad.

En Ecuador, para nadie es desconocida la importancia que representan para las FARC las provincias fronterizas (Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas) como zona de retaguardia y abastecimiento. La política de las FARC es hacer de las fronteras remansos de paz y amistad con los países amigos. La geografía de Colombia es muy amplia y nosotros estamos y nos movemos a lo largo y ancho de este país. Hace varios meses, el presidente Lucio Gutiérrez se ofreció primero como mediador del conflicto colombiano, y luego pidió la mediación de la ONU. ¿Cuál es su opinión sobre ese giro? Gutiérrez fue engañado por Uribe. El presidente Gutiérrez empezó con unas propuestas muy cuerdas y sensatas para solucionar el conflicto. Luego llegó a la reunión del Grupo de Río y lo que escuchamos es el discurso de Uribe dicho en boca de Lucio Gutiérrez. Proponer la intermediación de la ONU es una intromisión. Es una forma de presión que no aceptamos, porque se toma partido en favor de Uribe. ¿Por qué no confiar en un organismo arbitral, como las Naciones Unidas? Las FARC no desconfían de la ONU. El conflicto debe resolverse entre colombianos. No podemos aceptar que Uribe delegue su responsabilidad. Antes de postularse como candidato, Lucio Gutiérrez aparentemente tuvo una reunión con ustedes. ¿Es cierto que mantuvieron ese contacto con el hoy Presidente? Eso es algo que yo no le puedo responder.

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Quito se convirtió en un punto de enlace de las FARC EL COMERCIO, domingo 11 de enero del 2004

l líder guerrillero Raúl Reyes, en mangas de camisa y sin su fusil M-16, comió un cebiche en una conocida marisquería de la avenida 6 de Diciembre, muy cerca del estadio Atahualpa de Quito. No terminó su menú: en segundos burló a ocho agentes encubiertos de Inteligencia de Colombia que lo espiaban desde dos vehículos, hace 8 meses. Reyes, del Secretariado de las FARC, subió a un jeep de cuatro puertas y se fugó por el norte de Quito. Una fuente de Inteligencia de las FF.AA. ecuatorianas recuerda que “el guerrillero se les fue de las manos. Los espías colombianos eran militares. El jefe de las FARC se huyó antes de que pudieran pedir ayuda a la Policía para capturarlo”. Políticos de centroizquierda y civiles que estuvieron en el lugar ratificaron la versión. Altos mandos de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frecuentan Quito, mientras pesquisas clandestinos de espionaje de otros países los rastrean con asistencia de la CIA en Ecuador. Los cuerpos de Inteligencia de las FF.AA. y la Policía de Ecuador coinciden en que desde hace una década los guerrilleros de los frentes de las FARC del sur de Colombia ingresan al país, especialmente a Sucumbíos, para descansar, curarse de enfermedades y buscar nexos con traficantes de explosivos y químicos para procesar la hoja de coca que se cultiva en Putumayo. También se presume la inversión de miles de dólares en el sistema financiero. Sin duda, la ruptura del diálogo entre el Gobierno de Colombia y las FARC y la conse158

cuente expulsión de la guerrilla de su zona liberada (42 000 km del Caquetá) marcó un antes y un después. Los altos miembros de esa subversión empezaron a frecuentar el país y de forma particular Quito, desde mediados del 2002, según una fuente de la Unidad de Investigaciones Especiales Secretas de la Policía de Ecuador (UIES). Por eso, la casi libre circulación en Ecuador del subversivo 'Simón Trinidad', detenido el 2 de enero del 2004 por un seguimiento de Inteligencia de EE.UU. y Colombia, no sorprendió a los agentes del país. La Policía ecuatoriana le reveló a este Diario que desde el 2001, cuando se aplicó el Plan Colombia, agentes encubiertos de los órganos de Inteligencia de Colombia ingresan al país de forma constante para hacer seguimientos a prófugos de su Justicia. Los guerrilleros son considerados terroristas por el gobierno de Álvaro Uribe y están acusados por narcotráfico, secuestro y más crímenes de lesa humanidad. Lo preocupante, según militares del Comando Conjunto de las FF.AA., es que el espionaje hecho por esos cuerpos internacionales no es compartido con Inteligencia Militar de Ecuador, pero sí con la Policía. De hecho, el lunes hubo una reunión reservada entre el comandante de la Fuerza Terrestre, general Luis Aguas, y el director de Inteligencia del Ejército, general Jaime Andrade, para tratar el delicado tema. En la captura de ‘Trinidad’, según datos del influyente diario estadounidense The New York Times, sí hubo una participación directa del Pentágono, el Gobierno de Bogotá y la

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Policía de Ecuador. “La Policía se maneja de forma autónoma, con el aval de EE.UU.”, dice Fredy Rivera, investigador de la Flacso. Entre el 2000 y 2003, EE.UU. invirtió 66 millones de dólares en la Policía de Ecuador, básicamente en su Inteligencia. Una fuente del diario El Tiempo de Bogotá conoce que desde el 2003 las FF.AA. de Colombia cuentan con un poderoso equipo para rastrear llamadas e Internet, con control satelital, en su frontera con Ecuador. Así establecen los nexos de uniformados de la Fuerza Pública y políticos de Ecuador con mandos guerrilleros en Putumayo. En ese esquema, la triangulación del programa de Inteligencia se cumple desde tres bases: Manta (Ecuador), Tres Esquinas (Colombia) e Iquitos (Perú), con técnicos del Comando Sur. La detención de ‘Trinidad’ puso en evidencia otra debilidad de la seguridad. Inteligencia Militar de Ecuador no advirtió la presencia de agentes colombianos en el país ni evitó el paso de 'Trinidad' por la frontera, vigilada por 12 000 hombres, según la Dirección de Comunicación Social del Comando Conjunto. Tampoco evitó la continua llegada de jefes guerrilleros a Quito ni advirtió la influencia internacional que adquirió la capital de Ecuador para las FARC. En el 2003, Quito operó como ciudad de enlace de la guerrilla para concertar las entrevistas de al menos una decena de corresponsales de la prensa internacional con jefes de las FARC, especialmente con Reyes. También fue la sede de una nueva red de contactos de la subversión con el exterior. Políticos, sindicalistas y ex militares de Ecuador contactaron a la guerrilla desde esta ciudad antes de citarse con sus mandos. Inteligencia Militar, sin embargo, tiene datos de una mujer guerrillera, cuya misión fue trabajar como ‘correo’ entre Quito y las bases de las FARC en la Amazonia de Colombia. Ella circulaba de civil por las vías del este de Ecuador, hasta Sucumbíos, y cruzaba la frontera por Puerto El Carmen. También conoce que en Shushufindi y Lago Agrio la guerrilla y los paramilitares de Colombia (AUC) tienen delegados logísticos para adquirir químicos (en el 2003 el Ejército se incautó en línea de frontera de 71 240 galones de gasolina blanca robada a Petroecuador en Shus-

hufindi) o insumos (160 trajes de camuflaje y 110 botas militares se decomisaron). Por Puerto El Carmen, una suerte de pueblomuelle en la orilla ecuatoriana del correntoso río San Miguel, ingresaron 'Trinidad', Reyes y otros guerrilleros de menor jerarquía. Quito también fue un punto de salida para las FARC. Los insurgentes utilizaron sus puertos aéreos y terrestres para viajar a otras naciones. La visita de Raúl Reyes a Quito, hace ocho meses, fue precisamente una escala para ir al exterior, según una fuente cercana a las FARC. La guerrilla utiliza Ecuador como un paraíso para descansar desde hace 40 años, dice el general (r) René Vargas Pazzos, ex jefe de las FF.AA. De hecho, Inteligencia Militar sabe que las FARC tienen 100 campamentos en la frontera, en Sucumbíos. Habitantes de esa provincia dicen sin empacho que hasta antes del Plan Colombia (2001) jefes guerrilleros transitaban Lago Agrio, hacían inversiones y comían en sus restaurantes, abiertamente, sin negar su jerarquía en la guerrilla. Según oficiales, 'Trinidad' y Reyes “pecaban de arrogantes” al transitar por Quito sin protección durante el 2003. En el interior del Ejército se cree que la detención de ‘Trinidad’ cambiará el escenario. Antes del 2 de enero, cuando fue arrestado, “la presencia de guerrilla no implicó una intervención violenta en el país”. Por eso, el lunes el Director de Inteligencia del Ejército se desplazó con urgencia a las bases militares de la frontera norte para impartir nuevas disposiciones y tomar medidas preventivas ante posibles represalias. Sin embargo, los cuerpos de seguridad de Ecuador no tienen pruebas de los nexos de la guerrilla en el país. En la visita de hace ocho meses, en el restaurante de Quito, Reyes estuvo sonriente y habló de filosofía con tres ecuatorianos...

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Shushufindi tiene una red de tuberías para la coca EL COMERCIO, domingo 29 de agosto del 2004

l sicario que circula en una moto azul usó su pistola de 1 500 dólares y ejecutó la sentencia de la mafia de Shushufindi. Disparó cinco balazos a la cabeza de un hombre respetado, que fue acusado de enviar a miembros del Ejército el mapa de ubicación de una válvula clandestina, usada para el robo de gasolina blanca. La víctima fue acribillada en la calle, hace dos meses, pero parte de su información sirvió para desmontar una red de tuberías camufladas que lleva la gasolina blanca desde las instalaciones de Petroecuador, hasta fincas de la selva de Sucumbíos, y de allí a Colombia. Develó un negocio que, según el Ejército, deja unos 2,5 millones de dólares anuales de ganancia a los traficantes que frecuentan Shushufindi, a 90 minutos de Nueva Loja. La gasolina blanca es un solvente químico ilegal (éter de petróleo) que sirve para refinar la hoja de coca. Es un gas licuado que proviene de la separación del petróleo. En el Campo Libertador de Petroecuador, al norte de Sucumbíos, la refinación de Petroproducción lo genera: separa el crudo del gas y el agua. El gas es enviado a la refinería de Shushufindi, a través del gasoducto, una tubería que se extiende por 84 km, que es perforada por los traficantes en varios tramos. Entre julio y agosto, 10 pinchazos fueron detectados en ese ducto por el Batallón de Operaciones Especiales del Ejército (BOES-54). Los hallazgos se concretaron con patrullajes por el ducto, que está tendido a un lado de la vía que sale del norte de Shushufindi hasta el río Aguarico. La DEA, de EE.UU., ayudó al Ejér160

cito con gasolina para sus vehículos y asistencia técnica. En la ruta al Aguarico se ubicaron ocho pinchazos al tubo, tres de ellos por accidente: Petroindustrial envió líquido por el gasoducto, en lugar de gas, lo cual provocó incendios en el bosque tropical. “El humo nos alertó”, dice el mayor Miguel Rueda, quien hasta anteayer comandó al BOES-54. Las otras dos perforaciones se hallaron al otro lado del río Aguarico, en la mitad de la vía lastrada que une a Nueva Loja con Tarapoa, junto a fincas. “Hace un mes vinieron los cuatro mal encarados y ¿qué podía hacer?, cargaban revólver. Pusieron la manguera por un lado de mis frutas para sacar gasolina”, cuenta Bolívar V., de 57 años, que vive en una casa de tablas, a 15 metros de una de las perforaciones. Hay pobladores que desmienten el robo del éter, pero este Diario recorrió las fiscalías de la provincia y halló 18 investigaciones por el ilícito. Desde enero, el fiscal de Shushufindi, Mario Martínez, inició ocho indagaciones por el robo de la gasolina blanca. En Nueva Loja, el fiscal Luis Ordóñez investigó tres casos y aún estudia otras cinco indagaciones en una oficina sin teléfono ni computadora, tras un escritorio lleno de carpetas y cerca de un ventilador que le ayuda a burlar el calor. Y el fiscal Borcman Peñaherrera lleva otros dos expedientes. La DEA ayuda al Consep a cubrir los exámenes de laboratorio de la gasolina incautada. Los fiscales validaron que en cada perforación de la tubería los traficantes soldaron una válvula de salida de líquido. Y que desde esta había

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mangueras de caucho que se extendían por la selva hasta piscinas de tierra (silos cavados a pico y pala, y cubiertos con plásticos negros para acopiar 4 000 galones de éter). Curiosamente, una calle de Nueva Loja tiene 10 ferreterías, distanciadas entre sí por menos de 20 metros. Y todas tienen la misma muestra a la calle: rollos de plástico, mangueras, palas, picos, carretillas. Y en el interior es posible adquirir sueldas y válvulas. Los bidones plásticos para 55 galones que son usados por traficantes para transportar el éter son desechos de las empresas que brindan mantenimiento a las petroleras y manejan químicos. Y aunque los taxistas de Shushufindi niegan vínculos con las redes, hay más de 40 vehículos de alquiler para una urbe con menos de 10 calles adoquinadas. Los directivos de la única empresa de camiones de transporte, la Cooperativa Río Orienco, de Nueva Loja, también niegan su participación en el ilícito. Pero el flete de un camión, de Shushufindi a Dureno, cuesta 70 dólares. Las indagaciones dicen que la gasolina blanca no solo se envía a Colombia, donde se pagan 36 centavos de dólar por cada galón. También se comercializa en Ecuador, con tanqueros que llevan el éter a la Amazonia y a la serranía. El solvente se vende en estaciones de servicio del país a 70 centavos el galón, donde es mezclada con combustibles comercializados legalmente. Según el Ejército, el robo es asistido por técnicos petroleros que saben cuándo traspasar el ducto y tienen un taladro de perforación al vacío, que en el mercado cuesta 75 000 dólares.

“No se ha llegado a determinar cuáles son las personas que ponen las válvulas”, dice Rueda. “Los gasolineros (traficantes) saben el movimiento de los militares. Y para taladrar los huecos deben tener especialistas”. Pero esa no es la única sospecha contra empleados de las petroleras. El robo también se produce en los mecheros de Petroindustrial: hay 5 calderos en Shushufindi que queman el gas. Al pie de las gigantes salchichas existen llaves para acceder al éter. Hasta esos sitios se llega en vehículos, y, extrañamente, no hay cercas. Pero el peligro es mayor: la evacuación del gas genera constantes incendios. El 19 de febrero seis campesinos fallecieron quemados; suman 30 los incinerados desde el 2002. Las cruces de madera se divisan sobre la tierra, junto al gasoducto, cerca del Aguarico. Allí hay tumbas clandestinas de 24 personas, 10 de ellas murieron por quemaduras. El hallazgo de los 10 agujeros del gasoducto develó también 17 piscinas de éter. El operativo militar puso a Rueda en la mira del sicariato. Por eso la mafia de los ‘gasolineros’ puso un precio de 15 000 dólares a su cabeza.

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La guerrilla de las FARC manda en el río Putumayo EL COMERCIO, domingo 11 de abril del 2004

a mirada del guerrillero era desafiante. Su bote no respetó fronteras y encalló, de golpe, en la ribera ecuatoriana. El comandante Hernán se identificó como insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), vestido con un fino cafetero blanco, botas negras y una pistola 9 milímetros al cinto. “El mensaje, que lo entenderán en Ecuador porque vive una grave crisis, es que nosotros no hemos abandonado la lucha bolivariana y que no tomamos represalias contra su gente. Esta conversación es una muestra”, dijo con tono sereno pero enérgico a tres ecuatorianos obligados a salir de su lancha, a pocos minutos de Montepa, la población más cercana. Por el río Putumayo no patrulla el Ejército del Ecuador. Ese tramo es custodiado por las veloces lanchas de las FARC, artilladas con ametralladoras, como la nave de Hernán. Montepa es un atracadero en el que viven indígenas kichwas. Sus chozas tienen techos de ramas y sus habitantes fueron estigmatizados por una confusión. Hace más de 10 años, la guerrilla emboscó a una patrulla militar en el río y segó las vidas de una docena de uniformados. Once kichwas ecuatorianos inocentes (los 11 del Putumayo) fueron capturados por el Ejército, y absueltos cuatro años más tarde. En el río San Miguel, también fronterizo, tampoco hay soldados. En El Palmar, fundado hace 38 años en Sucumbíos, viven 10 familias sin agua potable, energía o comunicaciones. Pero hay una gran pista de baile y grandes parlantes colocados en las columnas. “Hoy día llegó una enfermera colombiana para vacunar a los niños. Uno siente la pobreza. 162

Desde octubre han llegado los militares dos veces a preguntar por los guerrilleros”, dice María Gutiérrez, de 50 años. A ella, quien llegó hace 14 años a El Palmar, no le molestan los tiros que resuenan en la otra orilla. Pero, del otro lado, un juego de fútbol se desarrolla entre diez hombres; unas 20 personas observan el juego de lujo que cada tarde ofrecen los colombianos, con corte de cabello militar. En Las Rosas, en Colombia, habitan 400 familias. El Movimiento Bolivariano, liderado por ‘Alfonso Cano’, controla ese caserío, que acababa de inaugurar su planta de energía eléctrica. ‘Pablo’ atendía en su residencial ‘Brisas del Putumayo’; 16 cuartos con paredes de madera para guerrilleros. El viejo combatiente está interesado por saber detalles de la captura de ‘Simón Trinidad’ en Quito. Pregunta por los militares colombianos que lo siguieron. El pueblo guerrillero tiene espacios para el esparcimiento: billares y bares. También tiene una escuela, a la que acuden 60 niños. Y una casa comunal para encuentros con pobladores. La guerrilla controla el paso por el río de botes que llevan gasolina blanca proveniente de Ecuador, un insumo para procesar la coca. ‘Pablo’, tajante, advirtió: “Más desconfianza tenemos de la visita de compatriotas que de personas ecuatorianas”, y permitió a tres integrantes de este Diario dormir en el pueblo. A pesar de que Las Rosas tiene una mejor calidad de vida que el ecuatoriano El Palmar, el comandante Hernán no lo acepta. “Nuestros pueblos no están bien, tienen muchas necesidades. No hay vías de acceso solo hay el río”.

Capítulo 4

El ‘canciller’ de las FARC tiene una casa a su nombre en Quito EL COMERCIO, miércoles 12 de enero del 2005

la Dirección Nacional de Migración, de la Policía de Ecuador, nunca le notificaron que el “empresario” Rodrigo Granda Escobar era integrante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el centro de cómputo de la Dirección de Migración constan ingresos y salidas de Granda a diferentes destinos. “Si hay un pedido de arraigo para una persona se le impide la salida o si existe una orden de detención se la detiene”, dice el coronel Jaime Hurtado Vaca, director de esa unidad. “Pero si una persona tiene todos los papeles en regla, nosotros solo controlamos los documentos, como es el caso”. El 13 de diciembre del 2004, Granda, conocido como el “canciller” de las FARC, fue arrestado por agentes de Colombia (al parecer en Caracas, Venezuela, aunque el Gobierno de Bogotá asegura que fue en Cúcuta, Colombia). El abogado de Granda, Miguel González, reveló que el guerrillero le comentó que dentro de sus innumerables viajes por el mundo, como miembro de la comisión Internacional de las FARC, se había reunido en Quito con el presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Este Diario accedió al archivo migratorio de Granda. La base de datos lo identifica como colombiano, nacido el 9 de abril de 1949. Y refiere que pasó por Quito 16 veces. Arribó por primera vez, a través del aeropuerto Mariscal Sucre, el 16 de julio de 1999, desde Colombia, en vuelo 077 de Avianca, con pasaporte CC19104578. Ese año entró otras cuatro ocasiones. Lo curioso fue que el 6 de diciembre de 1999 salió del país hacia Panamá, en vuelo de Continen-

tal Airlines, y el mismo día retornó a Quito en un avión de Copa Airlines. Consiguió la cédula ecuatoriana 171493523-4, con su nombre, y en 1996 adquirió un terreno en el norte de Quito, muy cerca del aeropuerto. El bien fue inscrito el 15 de enero de 1997 en el Registro de la Propiedad de la ciudad. EL COMERCIO obtuvo una copia del registro, número 596. Rodrigo Granda y su esposa Yamile Restrepo compraron el lote de terreno 83 de la urbanización El Labrador, en la parroquia Chaupicruz. Lo hicieron el 17 de diciembre de 1996, ante el notario primero, Jorge Machado Cevallos. La propiedad mide 280 metros cuadrados, por la cual la pareja pagó 4 millones de sucres. El registro dice que Granda y Restrepo, en esa época, estaban domiciliados en Quito. ¿Migración nunca fue notificada de que Granda fuera miembro de las FARC o que era requerido por Colombia? “No. En absoluto”, enfatiza el coronel Hurtado. “Para que esto suceda debe llegar un oficio con el nombre y número de cédula de la persona requerida y la rúbrica de la autoridad que hace el pedido. Si no hay explícitamente el pedido, no podemos irnos en contra de la libertad de una persona”. La certificación de movimientos migratorios de Granda en Ecuador precisa que durante el 2000 el guerrillero arribó nueve veces a Quito. No se conoce cómo ingresó después, pero el colombiano salió de Quito en mayo, agosto y diciembre del 2002. La última vez partió por el aeropuerto el 13 de marzo del 2004, rumbo a Venezuela, en vuelo de Santa Bárbara Airlines.

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Angostura: El tour FARC que acabó en tragedia EL COMERCIO, domingo 16 de marzo del 2008

i las FF.AA. colombianas no interceptaban una comunicación radial de los militares ecuatorianos esta historia no iba a ser contada. A las 11:30 del sábado 1 de marzo dos patrullas salieron de la IV División del Ejército con la orden de detener a la unidad colombiana que penetró sin permiso a Sucumbíos, en la línea limítrofe. Para entonces, el mundo ya sabía que Raúl Reyes, el segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había muerto por la madrugada en un bombardeo a un campamento levantado en Angostura, un caserío ecuatoriano inhóspito en el cordón fronterizo. A esa hora, en Angostura, una patrulla de 18 policías Antinarcóticos de Colombia cuidaba las espaldas de los soldados que incursionaron en la base y que habían conseguido un botín de guerra sin precedentes para esa nación. Ellos llevaban un uniforme totalmente verde con distintivo rojo en uno de sus brazos, recuerda la estudiante mexicana Lucía Morett, una de las tres sobrevivientes del bombardeo. Ella estaba herida en su pierna y glúteos y los policías le dijeron que la llevarían a Bogotá. Su destino sería la cárcel para que afronte un interrogatorio y un seguro juicio. La amenaza no se cumplió. Súbitamente los policías dejaron el campamento. Le dijeron a Morett, de 26 años, que los militares ecuatorianos “estaban bravos” y que llegarían de un momento a otro. Lo mismo escuchó Martha Pérez, guerrillera colombiana, que estaba cerca, tendida en el piso con fracturas en un brazo y en las piernas. Antes de retornar a su país, les dejaron una botella con agua y dulces. 164

Doris Bohórquez, la otra guerrillera colombiana herida estaba escondida metros atrás, también miró que los policías regresaban a Colombia. Según su relato, las tres mujeres nunca se habían visto, pero esa noche sobrevivieron a un feroz bombardeo. Los ideales y la simpatía que tenía Morett por los movimientos de izquierda afloró en 1998. “Sí. Mi hija es de izquierda, pero no guerrillera”, dice su padre Juan, que trata de explicar cómo Lucía, quien cursaba estudios universitarios en México, estaba en el mismo cuartel que el número 2 de la guerrilla más antigua de Colombia. Ese año, ella fue multada por protestar contra su presidente Ernesto Cedillo, y dos años después en la Universidad Autónoma de México (UNAM) proclamaba un discurso de bienvenida al subcomandante Marcos, el líder de la rebelión de Chiapas en México. En cambio, Martha y Doris nacieron en el Putumayo colombiano. Martha tiene 24 años y hace uno las FARC la reclutó -ella sostiene que a la fuerza- y le prometió una vida de miliciana. Doris, de 21, estuvo con la guerrilla desde enero, cuando llegaron a su comunidad en Pinuña Negra y le dijeron que debía ir con ellos. Por su corto paso con la insurgencia, dicen ambas, que aprendieron básicamente a cuidar animales. Llegaron a Angostura los últimos días de febrero. En ese lugar, las FARC habían montado clandestinamente, por los menos tres meses atrás, una base que rompía las reglas conocidas de la insurgencia: moverse para no ser encontrada. El asentamiento, que no se puede identi-

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ficar por aire, tiene unas dos hectáreas de extensión y estaba cubierto por bosque nativo, con árboles Guambo y Sangre de Gallina. Se podía ingresar por tierra. Además, a 1,5 km había una finca. La base estaba divida en áreas de dormitorios, cocina, aseo, cuidado de animales y otras para adiestramiento y capacitación. Además, tenía generadores de energía eléctrica, televisiones plasma, antenas satelitales, computadoras portátiles... Martha y Doris eran de los rangos inferiores de las FARC, pues dicen que no vieron nada y no conocían a nadie. Pero por los uniformes hallados en el lugar, durante esos días, allí estaban miembros de las columnas 48, 55, 56, 59... El contingente más grande de las FARC que opera en la zona sur del vecino del norte. Lucía Morett llegó a Quito a fines de enero en compañía de Juan González (28 años), Verónica Velásquez (30), Fernando Franco (29), Soren Avilés (33). Cuatro eran estudiantes de la UNAM y Avilés del Instituto Politécnico. Todos eran solteros. Llegaron para participar en el II Congreso Continental de la Coordinadora Bolivariana, desde el 24 hasta el 27 de febrero. Antes del Congreso, los jóvenes participaron en un seminario sobre el pensamiento de Simón Bolívar. Según la Coordinadora Continental Bolivariana, el seminario era un instrumento de desarrollo de la Escuela de Formación Bolivariana de Cuadros. Tuvo una parte formativa destinada a líderes populares y revolucionarios destacados de los diferentes capítulos y organizaciones filiales de la Coordinadora. Morett recuerda que ella y sus compatriotas conocieron Quito, visitaron universidades y hablaron con las personas que organizaban el Congreso. A ese encuentro también acudieron delegados de Raúl Reyes, que llevaron su saludo grabado en video. “Posteriormente, tuve la oportunidad de conocer un campamento de las FARC, lo que me ayudaría a continuar mi investigación sobre la cultura de América Latina”. Ella se destacó en la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Egresó y luego trabajó recopilando información para las noticias del Centro de Medios Independientes. Y actualmente, realiza la tesis ‘El teatro de creación colectiva en

América Latina: dos casos, Cuba y Colombia’. Morett guarda en secreto cómo ella y sus cuatro compañeros consiguieron llegar al campamento de Reyes. “No hice ningún contacto, tal vez fue una de las personas fallecidas”. Aunque se sospecha que la visita ya estaba programada desde mucho antes. Dos chilenos, Valeska López y Manuel Olate, también estuvieron en el campamento de Reyes, sus fotos aparecieron en la computadora del guerrillero. En ellas se ve a un Reyes risueño, seguro y tranquilo. Los chilenos tampoco sintieron temor, sabían que estaban en Ecuador y no en Colombia. La noche del 28 de febrero, los cinco mexicanos salieron en un bus hasta Nueva Loja, capital de Sucumbíos. Al día siguiente, con su contacto, que Morett no identifica, fueron en una camioneta a la frontera, luego tomaron una lancha (en el sector de Palmar) y posteriormente caminaron hasta la base. El trayecto a pie no superaba los 40 minutos y la guerrilla había hecho trochas como guías. Cuando llegaron al campamento insurgente eran las 18:00 del 29 de febrero. Entonces, esperaron hasta que su contacto hablara con una mujer y les explicó que hacían una investigación. Luego la mujer les llevó hasta los dormitorios, con la promesa de que al otro día podían aclarar sus dudas. Pero la evidencia encontrada en la base dice lo contrario. En una hoja se detallan las actividades de la noche del 29, las cuales incluían la bienvenida a la delegación mexicana, una hora social organizada por los visitantes, teatro música, poesía. El festejo terminaba en un ‘streeptease’. Lejos de Angostura, la Policía y los militares de Colombia estaban afinando los últimos detalles para un operativo sin precedentes, que era parte de la estrategia del presidente Álvaro Uribe para terminar con el Secretariado de las FARC (el máximo mando). A principios del 2007, nació la unidad especial Dipol, con la misión de ubicar a cada uno de los siete miembros del Secretariado. Para seguir a Reyes, que se movía en la frontera colombiana-ecuatoriana, agentes encubiertos se radicaron en Puerto Asís, Colombia. En esa zona, un informante les proporcionó pistas clave de la seguridad y los movimien165

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tos del líder guerrillero. La noche del 29, el operativo militar colombiano empezó en la base de Tres Esquinas, en el Putumayo. Los informes militares ecuatorianos señalan que los aviones Súper Tucano cruzaron en pocos minutos el territorio ecuatoriano y con precisión milimétrica descargaron sus bombas en la zona de dormitorios de la base. A las 00:00, Lucía Morett se despertó con el estruendo de las bombas. Percibía un olor a quemado y veía cómo los árboles caían con fuerza. Quedó herida y tuvo que arrastrase para protegerse con una mochila en el piso. En ese lugar sobrevivió a un segundo bombardeo a las 03:00. Luego llegaron las tropas. “No se mueva somos el Ejército colombiano, le estamos apuntando tres personas. Me hicieron levantar las manos y me esposaron. Entonces, me dieron los primeros auxilios”. Cuando la atendían escuchó los últimos tiros. Las evidencias muestran que se usaron tres tipos de armas, entre ellas pistolas o revólveres. Martha Pérez intentó correr. Se puso sus botas y salió de la cama, pero sus heridas le impidieron seguir. Antes de desmayarse solo oyó gritos de hombres y mujeres. En cambio, Doris Bohórquez solo esperaba la muerte. Ella estaba atada a un árbol. Se liberó como pudo, corrió y se refugió en un hueco, pero las esquirlas la alcanzaron. Oculta escuchaba el vuelo de aviones y de helicópteros que disparaban sin cesar. Observó, sin ser ubicada, el arribo de soldados colombianos. “Gritaban y alumbraban. Decían entréguense que les respetamos la vida y luego escuchaba disparos”. La acción militar siguió hasta el amanecer. Con el alba, las mujeres contemplaron el festejo de los soldados y policías colombianos, en medio de la devastación. Tenían como trofeo el cadáver de Reyes y de otro de bigote (el ecuatoriano Franklin Aisalla, compañero de la guerrillera Nubia Calderón). Decían que habían hallado la computadora del guerrillero. Exclamaban “nos van a condecorar”. Llegaron más helicópteros para llevarse el cadáver de Reyes. En la base solo se quedaron los policías. Ellos dijeron al Ejército ecuatoriano que estuvieron en combates con la guerrilla, que necesitaban su ayuda. 166

Ese aviso ocurrió a las 06:30, el Ejército ecuatoriano envió helicópteros con personal de Inteligencia para ubicarlos, pero las coordenadas entregadas estaban erradas. Los policías no se preocuparon por el tiempo. A Morett y a Pérez las ubicaron en la zona norte, mientras apilaban 22 cadáveres. Se afanaron en el cuidado de Morett, la ayudaron a cambiarse de ropa y la inyectaron medicamentos para el dolor. Pero también la vejaron con comentarios sobre sus nalgas, busto y con pedidos para que sea su novia. Cerca de las 15:00, los policías dejaron Angostura. ”Les pregunté si me llevarían a Colombia y me dijeron que no, que iría a Ecuador”, recuerda Morett. Ella y Pérez esperaron por ayuda. Mientras que Bohórquez prefirió quedarse en su escondite. Unos minutos después observaron a helicópteros, Morett se quitó una camiseta blanca que llevaba en la cabeza para dar señales. Eran naves ecuatorianas, pero no pudieron desembarcar a las patrullas y decidieron bajar unos 2 kilómetros antes de la base. Los soldados llegaron al anochecer (18:00). Ayudaron a Morett y a Pérez y sacaron a Bohórquez del refugio. Recogieron las pruebas del ataque. Un soldado le mostró a la mexicana la credencial del estudiante mexicano Juan González que había muerto. Sus otros tres compatriotas tampoco sobrevivieron (en el bombardeo murieron, además de Reyes, Aisalla y los cuatro estudiantes mexicanos, 19 guerrilleros de las FARC que no fueron identificados y están sepultados en Quito). Los ecuatorianos les dijeron que esa noche no saldrían del campamento. Morett se durmió agarrada de la mano de un soldado. Pérez y Bohórquez descansaron tranquilas.

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Un ecuatoriano cercano a Reyes perdió la vida en Angostura EL COMERCIO, domingo 30 de marzo de 2008

os movimientos del cerrajero quiteño Franklin Aisalla eran bien conocidos por los órganos de Inteligencia de Ecuador y Colombia. Aunque no se sabe con precisión cómo fue que se relacionó con las FARC, su nexo fue la colombiana Nubia Calderón, de 51 años, quien vivió en Quito, de forma casi permanente, la última década. Nubia Calderón, conocida también como ‘Esperanza’, integraba la Comisión Internacional de las FARC y actuaba como facilitadora para la logística del grupo en Ecuador. Por eso, imágenes de Inteligencia la muestran con los cabecillas subversivos Rodrigo Granda y Simón Trinidad, detenidos en Quito y en Caracas, entre el 2004 y el 2005, precisamente a raíz de esos seguimientos. En diciembre del 2004, Granda declaró ante la Fiscalía colombiana que Calderón era una dirigente del Partido Comunista colombiano que trabajó con la Unión Patriótica y tuvo que refugiarse en Ecuador. Sin embargo, en Colombia tenía orden de captura por terrorismo y rebelión, desde el 2004. “Ella ha ayudado en algunas tareas de la Comisión Internacional, pero tiene otros negocios, es modista, tiene una producción de chaquetas de cuero y de jean, vende cosméticos, calzado, ropa; así la he conocido”, especificó Granda. En esa diligencia, el Fiscal le mostró a Granda una serie de fotos. En una describió su contenido: “…estaba en Quito, Ecuador, en contactos con varias organizaciones políticas y sindicales, como el Sindicato Eléctrico del Ecuador”. Entre el 2003 y el 2005 la actividad de Calderón fue intensa en contactos en Ecuador por una inicial actitud de apertura del gobierno del

entonces presidente Lucio Gutiérrez. “Incluso, desde antes de la llegada de Lucio Gutiérrez, tuve varias entrevistas con él y se comprometió a no perseguir a las FARC en su territorio. En Venezuela realicé la misma actividad con la diferencia que jamás he podido conversar con Hugo Chávez”, relató Granda. Nubia Calderón mantenía diálogos permanentes en Quito. “Era entregada a la causa guerrillera, solo buscaba que Colombia se convierta en una tierra solidaria con menos desigualdades”, comentó un sindicalista que la conoció de cerca y se entrevistó con Reyes. Calderón guiaba a los periodistas y a otros visitantes hasta el campamento de Reyes, en el Putumayo colombiano. Su papel fue vital desde septiembre del 2001, luego del ataque a las torres gemelas. EE.UU. incluyó en su lista de objetivos a las FARC. Calderón gestionaba documentos de identidad ecuatorianos falsos para guerrilleros. Ella se apoyaba en Franklin Aisalla. La figura del humilde cerrajero, de 37 años, era perfecta para camuflar sus actividades. Sus familiares se niegan a aceptar sus vínculos con las FARC. En los últimos dos años, Calderón permaneció en Quito, donde recibía tratamiento por un cáncer de seno. Pero desde fines del 2007, Raúl Reyes la requería en el campamento de Angostura, por la llegada de un gran flujo de visitantes, con motivo del Congreso Bolivariano, celebrado en Quito a fines de febrero del 2008. Calderón viajó al campamento (logró escapar del bombardeo), que se convirtió en la tumba de su pareja Franklin Aisalla.

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Solarte, el eslabón de Puerto Nuevo a la Bocana del Búa EL COMERCIO, lunes 26 de julio del 2010

a puerta principal de la casa está abierta. En la pared de la entrada cuelga un cuadro grande con la imagen de Ernesto ‘Che’ Guevara. En el fondo, en la sala, se avista un televisor plasma de 42 pulgadas. “Esa es una de las casas de seguridad de Olidem Solarte, jefe del Frente 48 de las FARC”, dice un agente de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, encargado de vigilarla, en la frontera norte. “Tenemos información de que la ocupa por temporadas, pero es difícil determinar cuándo”. El inmueble de ladrillo es de una planta. Tiene vidrios polarizados y se construyó en la orilla del río San Miguel, en Puerto Nuevo (Ecuador). En la otra ribera está Colombia. Por el San Miguel pasan a altas velocidades lanchas con potentes motores fuera de borda. Según el Ejército, por ese río -que en su mitad sur pertenece a Ecuador- las FARC trafican droga. “Cerca a la casa de Solarte, siempre hay una embarcación para escapar. Nos han dicho que incluso utiliza máscaras, como las de los actores, para no ser reconocido”, refiere un oficial ecuatoriano. Según Inteligencia, Solarte sería el encargado de manejar el comercio de las drogas y llevar esos réditos para la logística del Bloque Sur de las FARC, el contingente más grande de la guerrilla. Ingresó a la subversión en 1995, a la comisión de logística de la Compañía ‘Hermes González’. Pero escaló de forma acelerada. “Solarte es el gestor del crecimiento explosivo de las plantaciones de coca en el departamento colombiano de Putumayo”.

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En el 2000, en Putumayo -limítrofe con Ecuador y Perú- habían 66 000 hectáreas de hoja de coca (40% del total de cultivos ilícitos en Colombia). En el 2004, la producción en esa zona representaba apenas el 5% de cultivos ilegales del vecino país, pero en el 2006 volvió a subir al 37%. En el 2009 bajó al 8%, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Inteligencia agrega que Solarte ha tejido en Ecuador una red de colaboradores para traficar la coca que se cosecha en Putumayo y Nariño, Colombia. Según la Unodc, en el 2009 Nariño y Guaviare fueron los departamentos con mayor cantidad de cultivos de coca en Colombia con el 36%. Solarte tendría influencia (con milicianos infiltrados como José C., Freddy C., Gonzalo R., Patricio L., Vinicio L., Gilma M. y Wílmer P.) en poblaciones fronterizas como Puerto Nuevo, General Farfán, Barranca Bermeja, etc. “Solarte tiene un ejército de sicarios para proteger el sistema de tráfico de armas y droga”. En Puerto Nuevo lo conocen y lo temen. “Quienes no siguen sus órdenes son obligados a salir del territorio o son ejecutados”, dice Luis (nombre protegido), poblador de ese caserío. Según Inteligencia, Solarte es una pieza clave en el sur de Colombia para el tráfico de drogas a través de Ecuador. Esa ruta se inicia en Sucumbíos. Las FF.AA. han identificado 10 corredores del tráfico de drogas desde el límite. Seis de ellos son fluviales, en los sectores Puerto Nuevo, Bermeja, Gabarra de Canta Gallo, Cuembí, Restrepo y Puerto El Carmen. Cuatro más son terrestres: vías que se inician

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en Bermeja, Puerto Nuevo, El Palmar y Puerto El Carmen. Los traficantes utilizan la infraestructura vial que une a Sucumbíos con la Sierra para avanzar a un sitio considerado estratégico: la zona comprendida entre Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. “Solarte tiene centros de operaciones en esas provincias del país”. A través de ríos y rutas poco transitadas de esa región, la droga es transportada a las costas para enviarla por mar al mercado internacional: México y EE.UU. La Comisión de la Verdad de Angostura determinó que el colombiano utilizó el alias de ‘Casimiro’ cuando vivió en los límites entre Esmeraldas y Manabí. Ocupó la hacienda del ex embajador de Ecuador en Venezuela, René Vargas Pazzos, en la Bocana del Búa. El diplomático negó toda relación con las FARC. Su hija, Alexandra Vargas, asegura que ella administró la hacienda cuando la habría ocupado Casimiro. “Me mostró una cédula ecuatoriana, pero si no era su verdadero nombre, cómo iba a saberlo”. Solarte también fue fotografiado junto a Jefferson Ostaiza, en una hacienda ganadera. Por la vegetación que se muestra, Inteligencia estima que estaban en Ecuador. Ostaiza se encuentra prófugo, por del juicio que se abrió en su contra dentro del caso Huracán de la Frontera (hallazgo de 4,7 toneladas de cocaína en Campanita, Esmeraldas, en el límite con Nariño). Cerca del mediodía el calor es intenso y, aunque la geografía se asemeja a Puerto Nuevo, no se divisan lanchas con motores fuera de borda

en el río Quinindé; el caudal cruza la Bocana del Búa. José R., habitante de la Bocana, refiere que las “personas armadas que mataban a campesinos se retiraron”. Marco P., otro lugareño, dice que la retirada de 15 hombres armados se dio luego del 1 de marzo del 2008, cuando Colombia bombardeó Angostura y falleció Raúl Reyes, líder de las FARC. Este año, los extraños volvieron a la Bocana. Los campesinos dicen que extranjeros venden droga “en pequeñas cantidades”. El vicepresidente del Comité Promejoras de San Juan del Búa, Almirante Zambrano, remitió un pedido al Comando de Policía de Manabí, para que montara un puesto de vigilancia fijo. Su zona pertenece a Manabí, mientras que San Francisco del Búa corresponde a Esmeraldas. En este último sector hay tres policías, pero no tienen influencia sobre sus vecinos. Jacinto González es el sargento del puesto en San Francisco. Refiere que hace 10 días los agentes cruzaron el puente de madera, llegaron a San Juan del Búa y detuvieron a un extranjero, quien “por venta de droga armó un escándalo en la calle”. La Policía considera que esos extranjeros son un riesgo, aunque ahora no actúan abiertamente como lo hacían los 15 armados al mando de Solarte. A ese grupo se atribuye la muerte de al menos nueve campesinos de la Bocana.

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Las Águilas Negras atraviesan la frontera y llegan hasta Quinindé EL COMERCIO, miércoles 28 de julio del 2010

as Águilas Negras reprodujeron su estrategia paramilitar en Ecuador. El grupo colombiano difundió panfletos en los cuales se anunciaba el asesinato a trabajadoras sexuales, secuestradores, adictos a las drogas y narcotraficantes. Las hojas volantes aparecieron desde el 2009 en las entradas de las viviendas de La Concordia, Quinindé y San Lorenzo, en Esmeraldas, límite con Colombia. Según Inteligencia del Batallón de Infantería Motorizada Esmeraldas (Bimot-13), las Águilas Negras son una amenaza en la región. Buscan amedrentar a personas y controlar el territorio, que es estratégico para el narcotráfico. En Colombia, las Águilas Negras comenzaron a operar como un ejército privado. Los hacendados los contrataban para mantener alejada a la guerrilla. Luego, los narcos los ocuparon como grupo de choque y más tarde los paramilitares empezaron a adueñarse del negocio de la droga. Según Inteligencia del Ejército ecuatoriano, esta organización tiene el control en la frontera norte, especialmente en Esmeraldas y cuenta con su propia red de sicariato para custodiar el transporte de drogas. En Ecuador, se les atribuye la muerte de los sicarios locales que operaban en la frontera norte. Así -dice Inteligencia Militar- han posicionado a sus hombres en la frontera, para que se apoderen de las principales rutas fluviales y terrestres para el tráfico de drogas. Pero no es el único grupo armado vinculado al narcotráfico. Frente a Esmeraldas también actúa la columna móvil Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC. La evidencia de la exis-

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tencia de narcos es el hallazgo de sumergibles para llevar productos ilícitos. El 2 de julio, agentes antinarcóticos revelaron el hallazgo de un submarino en medio de una caleta de difícil acceso, ubicada en el sector La Loma, al sur del río Mataje, en San Lorenzo. Hace dos años la Policía de Colombia halló una nave similar al norte del fronterizo Mataje, como parte de la operación Huracán. La influencia de las Águilas Negras se ha extendido al centro de la provincia de Esmeraldas. Allí, además de los panfletos de ‘limpieza social’, se han registrado muertes violentas, vinculadas al narcotráfico, como la del comandante de Policía de Quinindé, Luis Villafuerte. El oficial fue asesinado el 19 de agosto en El Oro. Según el parte policial, fue emboscado por un grupo de personas armadas con armas largas, en la vía entre Balsas y Zaracay. El oficial y los policías Juan Z. y Segundo S. viajaban en una camioneta Ford Sport Trac, verde, sin placas. En ella se encontraron 272 kilos de cocaína. Segundo S. fue el único sobreviviente del ataque y fue dado de baja de la Policía el 10 de septiembre. Segundo S. únicamente argumentó que cumplía órdenes de Villafuerte. Ahora, el ex policía está detenido en el Centro de Rehabilitación de Machala. Las investigaciones en torno al tiroteo, por un posible ajuste de cuentas entre miembros de una red de narcotráfico, todavía no terminan. Las autoridades policiales consideran a Esmeraldas, especialmente San Lorenzo, como zona vital para el tráfico de alcaloides. Desde el viejo muelle de este poblado se ob-

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serva decenas de canales, cubiertos de manglares, que conectan al puerto con el mar. “Hay que conocer bien esta zona para poder circular sin problema”, comenta el teniente Víctor Sánchez, vestido con camuflaje, mientras comanda la lancha Amazonas, a través del Canal del Viento. Esta es una de las rutas fluviales, que enlaza a San Lorenzo con decenas de pequeños pueblos. Se trata de una geografía compuesta por esteros, riachuelos, islas y manglar que, por la frondosa vegetación, se tornan complicados para los patrullajes. Eso lo sabe Sánchez, que recorre la zona en la lancha metálica y acompañado de un motorista y cuatro hombres armados con fusiles de asalto. La vigilancia de las rutas fluviales, terrestres y marítimas es la misión encomendada al grupo de Tarea 1.4, de las Fuerzas Armadas, que tiene a cargo la seguridad de Esmeraldas. Inteligencias Militar y Policial saben que por los canales fluviales circula buena parte de las drogas, combustibles y armas que van y vienen de Colombia. Las autoridades consideran que el narcotráfico tiene conexión directa con la violencia. En San Lorenzo y Eloy Alfaro hay denuncias contra perpetradores que bajo el membrete de las Águilas Negras y Los Rastrojos están acusados de asesinatos y extorsiones. El 15 de julio pasado, el relator especial de las ONU, Philip Alston, reveló que en Esmeraldas y Sucumbíos el número de muertes excede los 100 por cada 100 000 habitantes. En esa lista está el caso de Raúl V., asesinado el 22 de noviembre en Quinindé. Hasta ahora no existen indicios de los responsables del crimen. El mayor Manuel Silva, ex jefe de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), sostiene que las Águilas Negras también operan en el sector de Las Golondrinas, cercano a Quinindé. “Esa zona sirve de acopio de armas y drogas”. Las Águilas Negras son consideradas como disidentes de los paramilitares (derecha) de Colombia que trafican drogas. Combaten por territorios con la columna móvil Daniel Aldana del Frente 29 de las FARC (de extrema izquierda). Eso obligó a la fuerza pública a reforzar su presencia en el norte de Esmeraldas. La Infantería de Marina cuenta con un batallón en San Lorenzo.

En conjunto con la Dirección de Antinarcóticos, entre enero y diciembre del 2009, se decomisaron 10,5 toneladas de droga en la provincia de Esmeraldas. Esto significa el 14,7% de todo lo que se incautó en el país (68 toneladas). Entre enero y julio de este año ya se han incautado 537 389 gramos de alcaloides. Según el ex director de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, estas cifras demuestran “la fuerte actividad de los narcotraficantes en esa zona”. El 13 de mayo, tres pescadores fueron detenidos en alta mar. La embarcación que ocupaban trasladaba clorhidrato de cocaína y había zarpado desde Esmeraldas. Un guardacostas de EE.UU. los capturó en aguas internacionales y entregó a las autoridades ecuatorianas con 10 kilos de la droga. Las parroquias La Tola y Las Peñas, del cantón Eloy Alfaro, son clave para el tráfico de droga, precursores químicos y combustible, estos dos últimos son llevados a Colombia, según agentes encubiertos de la Policía.

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Capítulo 4

Los combates se escuchan en la ribera ecuatoriana del San Miguel EL COMERCIO, viernes 22 de septiembre de 2010

as ráfagas de los fusiles se escuchan unas tras otras. Faltan 20 minutos para las 14:00 y una fuerte explosión retumba en El Afilador, una zona selvática en el departamento del Putumayo, en Colombia. Solo el correntoso río San Miguel separa a este sector de la cooperativa 18 de Noviembre, de Sucumbíos, Ecuador. Las ráfagas siguen y los soldados que recorren la selva ecuatoriana se detienen. Son 16 hombres. Uno de ellos dice llamarse Rogelio (nombre protegido). Está en la selva desde el sábado y no sabe cuándo saldrá de allí. El rostro del militar está cubierto con sudor, pese a que lleva un pañuelo verde atado a su cabeza. El calor es intenso, aunque el sol se queda en las copas de los árboles nativos que miden hasta 15 metros de alto. El fin de semana, él escuchó el rugido de las ametralladoras en El Afilador. En ese sector, en Colombia, a 3 kilómetros de la frontera, murieron 27 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Allí estuvo Sixto Antonio Cabaña, alias ‘Domingo Biojó’, quien era señalado como uno de los jefes políticos del Frente 48 de las FARC. “Desde ese día, los enfrentamientos al otro lado no han parado”, dice Rogelio, que en la guerra con Perú (1995) operó en el Alto Cenepa. Otro fuerte sonido interrumpe al militar. “Lo que ahora escuchamos son explosiones de granadas y morteros”. Por la cercanía de los combates entre guerrilleros y militares de Colombia, los soldados de Ecuador tienen la orden de aumentar los patrullajes. Rogelio pertenece a la IV Divi-

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sión Amazonas, una unidad militar que cubre Sucumbíos, Napo, Pastaza y Orellana. Desde este lugar, asentado en esta última provincia, se coordinan patrullajes con el Ejército, Infantería y Fuerza Aérea. El número de soldados que operan en esa zona y la inversión económica se mantienen en reserva La 18 de Noviembre tiene 13 km de distancia. Este Diario recorrió el lugar en medio de la selva. En 2 km apenas existen dos casas de madera que se levantan a orillas del San Miguel. En una de esas viviendas habita Julia C., una señora con pelo cano. Desde adentro dos hombres con camisetas y pantalones cortos salen presurosos cuando llegan forasteros. “Vea señor, aquí no pasa nada, todo está tranquilo, pero es mejor que se retire”, alerta uno de ellos, que tiene el cabello corto. Ellos dicen ser de Colombia, pero que están en Ecuador como refugiados, aunque no muestran documentos que lo certifique. La única forma de llegar a sus casas es por botes y el recorrido desde Nueva Loja puede costar hasta 3 dólares. En la cooperativa no hay vías habilitadas, solo pequeños surcos lodosos y serpenteantes, que los militares abren entre las montañas. Por allí camina Rogelio. Detrás va Marlon (nombre protegido), un militar musculoso que realiza el curso para soldado. Él pertenece desde hace 10 años a las denominadas Fuerzas Especiales. Sus botas negras están cubiertas de lodo, suda copiosamente y de una pequeña bolsa de cartón saca dulces para evitar que su presión baje. En su espalda lleva una maleta verde de 40 libras y en

Capítulo 4

sus manos, un fusil de 16 libras. Está en la selva desde el domingo; su hija y esposa quedaron en Quito. Él cuenta que las cosas cambian cuando los ataques de las FARC o de las Fuerzas Armadas colombianas aumentan en la frontera. De pronto, otra ráfaga se escucha desde El Afilador. Los militares se quedan en silencio. Hacen señales con las manos y avanzan despacio. Cuando los uniformados se internan, cada uno lleva raciones de comida precocida, como arroz y carne. Además, toldos, poncho para aguas, cobertores, pasta y cepillo dental. En el cinto cargan municiones y los enfermeros deben llevar sus medicamentos. Así caminan de ocho a nueve horas diarias y en las noches hacen turno en los puestos móviles. Randy Tapuy es soldado iwia. Se graduó hace dos meses, tiene 22 años y con su ametralladora abre paso para que los soldados lleguen hasta la unión de los ríos San Miguel y Opuno. Desde allí se observa el paso de pequeñas lanchas con colombianos que visten ropa civil. A la distancia se ve que llevan plátano y lonas blancas. Pasan en silencio aguas arriba y en cinco minutos desaparecen. Allí también navegan embarcaciones militares de la Infantería ecuatoriana, que operan en Nueva Loja (Sucumbíos). Uno de los oficiales de esta unidad confirmó que, tras los últimos problemas en la línea de frontera, el número de infantes de Marina aumentó de 60 a 100. El número de lanchas también se incrementó de tres a cinco. La cooperativa 18 de Noviembre también es un sector peligroso, en la línea de frontera. Los militares lo consideran así por su cercanía con la localidad de El Afilador. Fue allí (departamento del Putumayo colombiano) donde precisamente fue asesinado Édgar Tovar, máximo cabecilla del Frente 48, en enero de este año. Tovar fue reemplazado por ‘Domingo Biojó’, quien -tras su muerte-, aún no tiene sucesor. Un kilómetro antes de llegar al río Opuno y en medio de una copiosa vegetación, dos cilindros de gas fueron hallados. No están en buenas condiciones, sino cortados en la mitad superior. Los militares presumen que iban a usarse para fabricar bombas caseras. Cerca hay botellas de cerveza, fundas y pedazos de llantas de autos. Militares ecuatorianos detectaron que las condiciones de estos

cilindros son similares a las de los utilizados como explosivos en el puente internacional San Miguel, el 10 de septiembre. Ese día, guerrilleros de las FARC atacaron y asesinaron a ocho policías de Colombia. Otro soldado encontró dos orificios. El uniformado dice que pueden ser para esconder los tanques. La patrulla no sabe exactamente cuándo los irregulares estuvieron allí, pero sí que improvisan pequeños cauces para entrar al río y retornar a Colombia. Las ráfagas siguen. Por el fronterizo río San Miguel no cruzan lanchas. Los militares de Ecuador circundan sus aguas. Permanecen menos de 30 minutos antes de movilizarse, hasta otro punto, por la selva.

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Capítulo 3

La extorsión es un paso previo al secuestro en las zonas fronterizas EL COMERCIO, miércoles 8 de diciembre del 2010

n martillo golpea el filo de un machete y un fragmento del dedo cae al suelo. El hombre, que tiene los ojos vendados, grita de dolor. La imagen, una prueba de vida recogida en un video, muestra a un grupo de hombres armados, con los rostros cubiertos con pasamontañas y traje militar. Ellos advierten a los familiares del secuestrado que si en 48 horas no pagan por el rescate del joven no solo recibirán el dedo, sino la cabeza. “Esta cinta fue enviada a la familia de un ciudadano plagiado en Manabí”, dice el teniente Carlos Flores, de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía (Unase), quien da cuenta de la crueldad que ha adquirido el delito en la Costa y en la frontera norte. En esta última región, las víctimas son personas que se han resistido a las extorsiones, conocidas como vacunas. Es una práctica en la que los desconocidos exigen dinero periódicamente a cambio de una supuesta venta de seguridad. “En Carchi hay varios casos que no se han denunciado en contra de comerciantes y hacendados”, asegura un directivo de la Cámara de Comercio de Tulcán, que no da su nombre. Dice que una de las víctimas más recientes es Orlando I., de quien no se conoce dónde está. En la Unase se advierte que los plagios están dirigidos frecuentemente a empresarios, comerciantes, hacendados, petroleros, estudiantes y menores de edad. Flores dice que detrás de los secuestros hay bandas organizadas y delincuentes comunes. “Son redes que tienen un líder y células a cargo de planificar, ejecutar,

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cobrar y liberar a un secuestrado”. Indica que, especialmente en la frontera, muchas redes actúan a nombre de grupos armados irregulares de Colombia, como una fórmula para infundir temor. Detrás de la extorsión, en cambio, están bandas organizadas, delincuentes comunes, grupos subversivos y hasta detenidos que dirigían la operación desde la cárcel, indica Flores. “Conocimos casos en que algunos alcaldes recibían llamadas anónimas en las que se indicaban que alguien quería asesinarlos. Luego, los extorsionadores pedían que se les envíe un mensaje telefónico con el número de una tarjeta prepago para poder seguir el diálogo”. La investigación -dice- nos llevó a las cárceles desde donde provenían las llamadas. “Algunos presos adquirían el código de tarjetas, para luego venderlas a otros reclusos en una suerte de modo de vida”. Datos de la Policía Judicial señalan que entre enero y octubre del 2009, a escala nacional, se presentaron 463 secuestros. En el mismo período del 2010 hubo 600. Según la Unase, desde el 2000 ha resuelto 324 hechos: 23 de ellos este año y 28 en el 2009. Una preocupación que ronda entre la Unase y la Fiscalía es que muchos casos de extorsión no se denuncian. “Una de las razones es que los montos solicitados están considerados bajos, por lo que las víctimas prefieren pagar para que les dejen en paz. Los desembolsos periódicos van desde los 50, 100, 500 dólares y hasta 5 000”, asegura Flores. La Fiscalía de Imbabura dice que entre enero y octubre del 2010, en esta provincia se han re-

Capítulo 3

gistrado 13 casos por extorsión y 50 por plagio. En la Secretaría de la Fiscalía se aclara que en la última cifra también se agregan personas desaparecidas. Pero la Policía Judicial señala que en similar período en Imbabura hubo cinco casos de extorsión y cuatro de plagio. La fiscal Yolanda Muñoz, de la Unidad de Delitos contra las Personas de Imbabura, investiga dos casos de personas extraviadas. En el primero aún no hay pedido de rescate, por lo que no se considera secuestro. En el segundo, a la madre de la desaparecida la intimidan con restos de una osamenta. Según la Fiscalía, los delincuentes atemorizan a las víctimas. En el cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, la Policía investiga dos explosiones. Ocurrieron en noviembre en las afueras de las casas de dos ciudadanos a los que un grupo denominado Escuadrón de la Muerte les exigían dinero telefónicamente. Uno de ellos es un político, que presentó una denuncia en la Fiscalía. “La vacuna es un fenómeno creciente. Pero hay mucha gente que se queda callada por temor”. El funcionario recuerda la marcha de los habitantes del cantón fronterizo de San Lorenzo, al norte de Esmeraldas, en junio del año anterior (foto). “Cansados salieron a las calles y aseguraron ser víctimas de amenazas, extorsiones y asesinatos”. Ahí decenas de comerciantes, políticos, estudiantes, etc. acusaron a los grupos extranjeros Águilas Negras y FARC y a ecuatorianos que se hacen pasar por sus representantes.

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La impunidad es alta en la frontera norte de Ecuador EL COMERCIO, sábado 24 de julio del 2010

n hombre vestido con ropa negra entró a la discoteca y con tres tiros por la espalda asesinó a su administrador. Raúl V., de 38 años, cayó al piso, el desconocido salió del local y escapó en una motocicleta conducida por otro hombre. El hecho ocurrió un poco antes de las 21:00 del 22 de noviembre en Quinindé, Esmeraldas. Ocho meses después, la hermana de Raúl, Luisa V., dice que la Policía no ha hallado a los culpables y teme que el caso quede en la impunidad. “Mi familia espera que la muerte no permanezca en el olvido como otras”. La impunidad en asesinatos como este fue el principal cuestionamiento que hizo el relator especial de la ONU, Philip Alston, al analizar el sistema judicial ecuatoriano. Según el funcionario, la tasa de homicidios en el país se duplicó en los últimos 20 años. El informe de Alston revela que en 1990 se registraban 10,3 casos por cada 100 000 habitantes, en el 2009 se disparó a 18,7 y los cálculos sugieren que al finalizar este año será de 20. Otro dato que lanzó fue que, pese a este aumento, solamente el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía termina en sentencia. Esos porcentajes se presentan pese a que la Fiscalía conoce menos casos que los registrados en la Policía Judicial (PJ). Mientras en el 2009 la Fiscalía investigó 2 286 homicidios (entre agravados y simples), en la PJ hubo 2 625. El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Daniel Pontón cree que esta diferencia en las cifras se debe a que no todas las muertes se denuncian. Alston ya alertó eso cuando dijo que en

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Sucumbíos solo uno de cada tres o cuatro homicidios es reportado oficialmente. Según el Relator, de conocerse todas las muertes, la tasa de impunidad aumentaría. El estudio sobre el homicidio elaborado por la Flacso en junio último revela que la mayor cantidad de homicidios ocurre en las zonas fronterizas. En la línea entre Ecuador y Colombia la tasa de muertes es de 36 por 100 000 habitantes. Es decir, la más alta de la región, superada solo por la frontera entre Colombia y Venezuela con 67 por 100 000. Entre el 10% y el 14% de muertes violentas tiene relación con ese nuevo fenómeno. ¿Por qué esos casos no se resuelven? El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Benjamín Cevallos, lanza una hipótesis. “A la Policía le corresponde vestigarpero no tiene elementos para hallar culpables. Cuando aparece uno, por distintas razones el fiscal no formula cargos y sin cargos el juez no puede hacer nada”. Eso ocurre con la muerte de Raúl. La PJ de Quinindé empezó a investigar desde el levantamiento del cadáver, pero hubo una reestructuración interna en la institución. El jefe de la Policía del cantón, Gary Arellano, reconoce que recién hace dos semanas se destinaron nuevos agentes para recopilar evidencias. Luisa y su familia no esperaron; descubrieron que pagaron 1 500 dólares para matar a su hermano. Tras los disparos, clientes de la discoteca subieron a Raúl en un camión y lo llevaron a una casa de salud. Las balas causaron una hemorragia y murió dos horas después.

Capítulo 4

La minería ilegal crea tensión en el norte de Esmeraldas EL COMERCIO, miércoles 23 de noviembre del 2011

n medio de la espesa vegetación se escucha el ruido de una máquina retroexcavadora. Proviene del estero Miguel, en la comunidad Alajita, en la parroquia Selva Alegre, de Eloy Alfaro (Esmeraldas). El pesado vehículo ingresó el 17 de noviembre por la madrugada para extraer oro. En esa comunidad, de 52 familias, varias máquinas fueron destruidas con dinamita el 21 de mayo. Así, un grupo de militares ocupó las minas y las cerró. En San Lorenzo y Eloy Alfaro existen 800 familias dedicadas a la minería. Pero los mineros volvieron a agruparse para seguir con la actividad extractiva, pese a la prohibición declarada por el Gobierno. En Alajita hay agujeros que tienen la forma de grandes cráteres, llenos de agua azul. Algunos están cubiertos con una espesa capa verde. Por los pequeños senderos, en medio del follaje, están las huellas frescas de las máquinas. Los habitantes dicen que no denuncian a los mineros por temor a ser agredidos. Ni siquiera los guías de la zona se atreven a acercarse a las minas. “Si usted quiere arriesgar su vida hágalo”, dice uno de ellos. “Algunos están armados y son peligrosos”. Por eso tampoco se puede dialogar con los mineros en la zona. La máquina que llegó al estero Miguel acabó con parte de la vegetación. El conductor abrió un camino para facilitar el trabajo de minería. En un costado se colocaron alargadas manqueras, para tomar el agua del estero y lavar el oro. La mina está a un kilómetro de la vía principal a Eloy Alfaro y San Lorenzo, donde también hay campamentos. “Ellos dicen que son legales y que tienen permisos. Pero se esconden en las montañas para explotar el oro”, re-

lata un morador de Playa Nueva. En un sobrevuelo se constata la presencia de maquinaria pesada en Alajita, a dos kilómetros del destacamento de Infantería de Marina, que tiene 30 uniformados, un vehículo y dos lanchas para el patrullaje. Los militares tienen a su cargo las comunidades mineras Chaplita, Picadero, Alajita, Nueva Brisa, Chanusal, Playa Nueva y Angostura; todas en el Alto Santiago . “La Boca del María, Colón Eloy y Maldonado también están afectadas por la extracción del oro”, dice un habitante de Maldonado. Según él, la prohibición declarada por el Gobierno no ha tenido efecto. “El agua de los ríos Santiago, Ónzole y Cayapas es turbia porque el trabajo ilegal de la minería no se ha detenido”. Una moradora de la comunidad Alajita relata que por la contaminación del río Santiago (con mercurio, plomo y otros) no se puede utilizar el agua. Ellos se abastecen de pequeños pozos construidos en sus casas. La mujer cuenta que por consumir el agua del río su hijo se enfermó. Gastó 52 dólares en medicamentos para calmar los dolores de estómago. Fue atendido en el hospital de Borbón. “El trabajo que ha generado la minería no compensa los efectos en la salud de las familias”, agrega otra mujer, habitante de Chanusal. Después de clases, tomaba la batea (bandeja de madera) y buscaba el oro en un estero cercano. Ganaba dos pepas de oro al día. “Mucha gente pudo hacer sus casitas, pero están muriendo con las enfermedades adquiridas”.

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Capítulo 4

El grupo Los Rastrojos tiene base en dos provincias EL COMERCIO, lunes 16 de abril del 2012

os vehículos de lujo paraban en la garita de un conjunto habitacional de Lumbisí, en el nororiente de Quito. Los guardias saludaban con los conductores y estos salían con dirección a la avenida Interoceánica. El sitio está rodeado de árboles, ciudadelas residenciales y a tres cuadras funciona un colegio. En ese sector fue capturado el 16 de marzo pasado Juan Carlos Calle Serna, presunto narcotraficante y supuesto líder de la banda Los Rastrojos. ¿Cómo es el ambiente allí tras la detención del sospechoso? Solo hay hermetismo. “No podemos hablar, tenemos la orden de no topar ese tema con los periodistas que vienen a averiguar”, dice uno de los celadores que trabajan allí. Informes de Inteligencia de la Policía Nacional indican que Los Rastrojos “operan principalmente en Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí para el envío de grandes cantidades de droga con destino a Europa y EE.UU. El principal representante de esta organización residió en Quito y mantendría reuniones con los cabecillas de esta organización en Colombia y Ecuador”. Ellos se presentan como ejecutivos, viven en sitios exclusivos y andan en vehículos costosos, cuenta un agente de Inteligencia. De hecho, la vivienda de Calle Serna se encuentra en un conjunto ubicado en las periferias de Quito. Es blanca, tiene un jardín con césped, es de dos plantas, posee ventanas grandes, más de tres habitaciones y puertas de madera con acabados lujosos. Además, él tenía visa de inversionista en el

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país y tenía como negocio una boutique. Según los reportes de Inteligencia, la misión de Los Rastrojos es dominar el eje de los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (frontera con Ecuador) y apoderarse de las rutas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos debido a su posición estratégica. A eso se suman nexos con las FARC para controlar el traslado de alcaloides y la agrupación Cordillera, desarticulada por la Policía en diciembre del 2010. Esta última fue investigada en Quito por una serie de crímenes relacionados con la venta de alcaloides al menudeo en un operativo en el que fueron detenidas 12 personas. “Se alinearon para la comercialización de droga (en la ciudad) y para matar a los delatores”, dijo. Calle no fue el único integrante de Los Rastrojos que realizó negocios relacionados al narcotráfico en el país, según la Policía. Reinaldo Bedoya fue detenido en Cali (Colombia) el 14 de junio del 2011, tras haberse reunido en Manta con alias ‘Güerito’, un miembro del cartel de Sinaloa (México), para negociar el envío de 3 toneladas (t) de droga y era considerado como otro miembro importante de la agrupación. Las autoridades colombianas lo indagaban por supuestamente haber enviado al menos 50 t de cocaína a México, EE.UU. y Europa. Frente a esos casos, las autoridades policiales sospechan que Los Rastrojos dominan casi todas las rutas del narcotráfico en el país. Se presume que los carteles mexicanos que negocian con la banda serían los del Golfo, Sinaloa, Los Zetas y utilizan los puertos ecuatorianos para sacar las drogas hacia el mar. Las autoridades conocen que los alcaloides comercializa-

Capítulo 4

dos por Los Rastrojos salen del país en lanchas rápidas desde Esmeraldas, Muisne y Manta. “Esas son las rutas. Otros puntos de salida que se utilizan son Puerto Bolívar (El Oro) y Rocafuerte (Manabí). En las Islas Galápagos hacen abastecimiento de combustible. Luego parten al denominado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y Nicaragua) o México para ingresar a EE.UU. La mayoría de droga pertenece a Los Rastrojos”, cuenta un oficial. El uniformado cita dos grandes incautaciones de droga que, según las investigaciones, habrían pertenecido a esa banda. La primera es el operativo Aniversario, realizado en octubre del 2009, en el que se decomisaron 8,3 t de drogas que llegaron al país desde el sur de Colombia. Este cargamento tenía como destino Manta y Guayaquil para salir al exterior. La segunda es el operativo Paisa, desplegado el 17 de diciembre del 2011, en San Mateo (Manabí). En este, 16 personas fueron detenidas y se incautaron de 318 paquetes de clorhidrato de cocaína con un peso de 415,66 kilos. El costo de los alcaloides llegaría a 12 millones de dólares, según agentes. Las autoridades policiales presumen que ese cargamento pertenecería al Frente 29 de las FARC. Luego de la detención de Juan Carlos Calle, la Policía y la Fiscalía investigan a un posible testaferro del aprehendido, quien se encargaba de manejar las propiedades de este. Se estima que la casa en la que vivía tiene un costo que sobrepasa los 300 000 dólares, a eso se suman más de 100 vehículos y dinero.

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Capítulo 4

La mafia usa la difícil situación del pescador para el narcotráfico EL COMERCIO, domingo 21 de octubre del 2012

n pescador, al que conocía desde la infancia, le hizo la propuesta. Freddy C. (nombre protegido) recuerda que se sorprendió al escucharla. “Me dijo que unos empresarios estaban pagando hasta 1 000 dólares por llevar cargamentos desde el puerto de Esmeraldas hacia barcos que se encontraban en aguas internacionales. Que el pago sería en efectivo y se lo haría durante las madrugas”. Freddy C. reconoce que en un principio le fue atractivo el ofrecimiento, porque esa cantidad de dinero representaba el triple de lo que gana normalmente en una jornada de pesca. Pero al final desistió. “Conozco de muchos compañeros que siendo buenas personas, con familia, han terminado presos por ganarse unos dólares más”. El 8 de octubre, fueron detenidas en altamar 16 personas que eran conocidas en Esmeraldas y Manabí, por estar relacionadas con la actividad pesquera. La guardia costera de Estados Unidos interceptó un barco con bandera ecuatoriana a 361 millas náuticas de Esmeraldas. Según la Marina, presuntamente llevaba 250 kilos de cocaína. “Los pescadores somos vulnerables”, señala un representante del sector en el puerto de Esmeraldas. “Las condiciones de vida, si bien no justifican lo que se hace, sí explican una realidad” En Esmeraldas hay 10 000 pescadores artesanales. Es la segunda provincia más importante luego de Manabí, que tiene 17 000, según la Secretaría de Pesca.

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Quienes pescan en lanchas de fibra de vidrio ganan, por cada jornada de tres días, en promedio 300 dólares. Pero el 70% debe reinvertirse en compra de equipos, alimentación, insumos y también el mantenimiento de los motores y de las lanchas. Además, solo 436 pescadores tienen seguro social en la provincia. “A esto se suma que no tenemos las seguridades del caso para poder denunciar todo lo que pasa en el puerto”, afirma Freddy C. Las personas involucradas son conocidas y muchas veces hasta son familiares. Además, las mafias del narcotráfico tienen un aparato de Inteligencia que permite detectar a quien los delata. Por eso la mayoría opta por callar y evitar el contacto con los narcotraficantes. “Acá uno sabe quién está en lo legal y quién en lo ilegal. Pero si decimos algo nos mandan a matar. Ellos tienen sicarios que se encargan de desaparecer a las personas que los molestan”, comenta otro pescador. La Policía Antinarcóticos registró el año pasado el decomiso de 2,9 toneladas de droga en Esmeraldas. Según Inteligencia, hay una relación entre el narcotráfico y el incremento de la violencia. “La mayor parte de muertes es por ajustes de cuentas porque salieron mal los negocios o porque se disputan el territorio”. Entre enero y julio del presente año, la Policía Judicial ha recibido 125 denuncias por asesinato, 83 por extorsión y 14 personas desaparecidas en la provincia. Según el gobernador de Esmeraldas, Lenin Lara, se han impulsado acciones para contrarrestar la inseguridad. Por ejemplo se construyen 18 nuevos retenes policiales en sitios con-

Capítulo 4

siderados claves para el envío de droga (frontera) y también donde se han registrado mayores delitos. También se ha creado el comité de seguridad humana, que esta última semana permitió la recuperación de 32 motores en tierra. Lo lideró la Capitanía del Puerto. “El robo de motores es uno de los problemas que más afecta a los pescadores artesanales”. Pero los pescadores coinciden en que los esfuerzos oficiales no son suficientes con relación a las estructuras que tienen las bandas que actúan en Esmeraldas. Un fiscal de Esmeraldas dice que tienen vehículos, armas, implementos y aparatos de comunicación que ni la Policía maneja. “Por eso también es difícil combatirlos y siguen actuando. Recién intentaron matar al rector de una universidad”. El fiscal hace referencia al atentado del 11 de octubre pasado. Ese día, por la noche, el rector de uno de los principales centros de educación de la región cruzaba la ciudad en su vehículo. De pronto, desconocidos en motocicleta abrieron fuego en su contra. En el hospital del IESS se confirmó que resultó ileso del atentado. La Policía y la Fiscalía abrieron una indagación, que está en curso.

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Capítulo 4

Las FARC mueven hilos del tráfico de combustible desde Esmeraldas EL COMERCIO, lunes 4 de marzo del 2013

ada casa es una potencial bodega para el tráfico de combustible. En los poblados de Lagarto, Palestina, Rocafuerte, La Tola (norte de Esmeraldas), el Ejército ecuatoriano decomisa entre 60 y 50 galones de gasolina artesanal cada semana. El combustible, que es subsidiado por el Estado, se produce para que los pescadores lo usen en sus motores fuera de borda, durante sus faenas. Sin embargo se filtra por la frontera a Colombia y sirve como precursor para la elaboración de droga, según Mauricio Alvear, principal del Comando Operacional de Esmeraldas. En 2012 se incautó de 37 503 galones. La mayoría de golpes se dieron gracias a denuncias. Inteligencia asegura que hay indicios de que detrás de este negocio están las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En la frontera con Esmeraldas, señala un agente, opera la columna móvil Daniel Aldana de las FARC, Los Rastrojos y lo que aún queda de las Águilas Negras. Hasta hace un año operaban por separado y se disputaban el territorio para la producción y comercialización de droga. Pero la columna de las FARC ganó poder e hizo alianza con los otros grupos armados, según lo informó la Armada colombiana a diario El Tiempo. Ahora todos los grupos armados están al mando de Gustavo González Sánchez, conocido como 'Rambo'. Es el jefe máximo de la columna Daniel Aldana. Para las autoridades del país del norte es uno de los más sanguinarios. Tiene orden de detención internacional por terrorismo, asesinato, tráfico de drogas, entre 182

otros delitos. Se le imputó el atentado con una moto bomba al comando de Policía de Tumaco, en febrero del año pasado, que dejó 11 fallecidos y 70 heridos. Ejerce su influencia en los municipios de Nariño, que son claves para el cultivo y tráfico de droga por el Pacífico. Desde ahí –según Inteligencia ecuatoriana- también mueven los hilos del tráfico de armas, combustible y la minería ilegal en el norte de Esmeraldas. Han tejido redes de informantes que les permiten cruzan a territorio ecuatoriano a descansar, por pertrechos o para coordinar las acciones delictivas. En los poblados de Esmeraldas, donde se almacena el combustible, incluso han orientado a los pobladores sobre cómo reaccionar frente a los operativos que hace el Ejército. Un pescador de Palestina dice que cuando se conoce que los militares están cerca, decenas de pobladores se activan. Distribuyen la gasolina en diferentes casas. Así las pérdidas por incautaciones se reducen. Luego, una vanguardia enfrenta a los militares. Los acompañan en el frente mujeres y niños. "Es muy complicado ingresar en esas condiciones", comenta Alvear. "Pero lo hacemos por su seguridad. Cada casa es una bomba de tiempo. El combustible se almacena sin seguridades". Según otro pescador de Esmeraldas "si no se hace lo que piden (narcotraficantes) amenazan con matar a las familias". Aunque también es un negocio lucrativo. La poma de gasolina artesanal, que contiene 18 galones, se obtiene en Ecuador en 16,74 dólares. Y los narcotraficantes pagan hasta 80 dólares por esa poma.

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"Es una tentación. Al salir de pesca se obtiene una ganancia de unos 200 o 300 dólares. Cada faena dura tres días y hay que aguantar frío, falta de comida, mala noche…", comenta otro pescador del Puerto de Esmeraldas. "En cambio con el tráfico de gasolina artesanal hay una ganancia de 1 200 dólares en promedio por viaje". La dirección de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) proyecta que -aunque no se puede determinar con precisión- de cada 10 000 galones de combustible artesanal que contiene un tanquero, solo 3 000 se usan para la pesca. El resto va para Colombia. En Esmeraldas hay 16 depósitos (distribuidores) de gasolina artesanal para pescadores. Están bajo la lupa de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). Eduardo Montaño, director provincial de la ARCH, explica que para vender la gasolina, los pescadores deben presentar requisitos como la matrícula de la lancha, la orden de zarpe de la Capitanía del Puerto de Esmeraldas y la cédula de identidad, entre otros. Entonces el despachador confiere una guía de remisión donde se detalla el sitio donde se compró, la ruta que seguirá el pescador y el uso que le dará. Según Montaño, existía la presunción de que los despachadores vendían la mayor parte de gasolina a personas dedicadas al tráfico. Estas incluso pagaban por adelantado el combustible. Por eso se impulsó un plan de control que implica la ubicación de interventores en cada depósito. Se comenzó con los más vulnerables, en la frontera norte. Aún faltan 6 interventores para el resto de depósitos de combustible. Pero los involucrados con el tráfico ahora utilizan un sistema conocido como 'compra hormiga', según Inteligencia Es decir, la compra permanente pero en pequeñas cantidades. En lugar de que un pescador lleve 25 pomas, que es el límite de su cupo, aparecen 12 o 13 personas solicitando dos pomas todos los días. Legalmente no se les puede negar la compra. El 28 de febrero pasado, en dos depósitos del Puerto de Esmeraldas, cinco personas llegaron en 10 minutos para comprar, cada uno, dos pomas de gasolina. No se les pidió documento, según el administrador, porque se trataba de pequeñas cantidades. En el 2012, la ARCH registró el decomiso de 44 547 galones de combustible. El 65% era para

pesca artesanal, es decir de bajo octanaje. En el 2011 la cifra fue menor; 25 714 galones. Según el titular de la ARCH, en julio del 2012 se hizo un diagnóstico de la actividad pesquera en el Puerto de Esmeraldas y se determinó que existe "gran cantidad" de embarcaciones sin registrar y con tripulación extranjera sin documentos. "Por el carácter migratorio es difícil determinar específicamente cuántas personas, pero con base en ese diagnóstico pudimos hacer operativos importantes". Se han identificado 14 pasos de tráfico en la frontera. Por eso en el norte se ha fortalecido la seguridad. La isla de Palma Real, por ejemplo, era considerada un refugio de las FARC. Ahora hay una estación de guardacostas y una unidad de la Policía que vigilan las 24 horas.

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Las redes de trata reclutan jóvenes para grupos delictivos EL COMERCIO, martes 7 de mayo de 2013

l muelle llegan embarcaciones de madera y fibra de vidrio. Dos horas de viaje y la gente que sale de Colombia arriba a San Lorenzo, cantón fronterizo de Esmeraldas. Es miércoles y el movimiento es de todos los días: hombres y mujeres con maletas, trasladando canecas con combustible. Otros llevan fundas o cartones. El comercio es intenso, pero el muelle también es identificado como un paso para llevar a jóvenes ecuatorianos reclutados por guerrilleros o grupos delictivos que operan en frontera. A cuatro cuadras del muelle funciona la Policía, pero allí nadie habla de lo que dice un informe sobre trata de personas que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) levantó en ese cantón fronterizo. El documento, de 64 páginas, señala que existe el 'reclutamiento forzoso' para el conflicto colombiano. Otra revelación: "integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cruzan la frontera y buscan jóvenes para sus filas y para que trabajen en las plantaciones de coca o en los laboratorios de procesamiento de narcóticos". "Hay temporadas, yo creo que cuando es época de cosecha que reclutan en cantidad, para ir de raspachines (recolectores de hojas de coca), a la cocina (procesamiento en los laboratorios) y hay otros para vincularse a los grupos irregulares", señala uno testimonio que se recoge en la investigación. Los afectados son hombres de entre 15 y 25 años, "aunque también se estaría reclutando a mujeres...". Gente del lugar confirma que guerrilleros se

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llevaron jóvenes y que incluso "se formaron escuadrones". Un dirigente dice que la Policía frenó esas actividades "con la llegada de grupos de élite (…) Por lo menos eso de la formación militar se eliminó, pero sí quedan rezagos y se origina violencia". En el nuevo edificio blanco de la institución uniformada tampoco se habla de lo que dice otro informe reservado que fue levantado por una ONG extranjera el año pasado en la frontera norte. El comandante encargado solo se limitó a decir que "no está autorizado para dar declaraciones". En ese documento se menciona que existen redes de trata que trasladan mujeres desde Colombia para explotarlas sexualmente y que estas operan en San Lorenzo. En la página 38 incluso se asegura que "algunos policías sirven de sicarios a los negocios de los burdeles, para los ajustes de cuentas" y que "los pagos por estos servicios son con mujeres y en dinero". En ese cantón, los moradores piden que no les pregunten porque "no quieren conflictos". Diego Falconí, subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior, no niega el problema y afirma que el caso de los policías "se están investigando". "Incluso tenemos un último caso que salió hace pocos meses en donde se están haciendo los seguimientos necesarios para que estas cosas empiecen a servir como precedentes también", precisó el funcionario. Falconí advierte que los casos de trata en los que se establecen nexos con autoridades es común en todo el mundo. "Es generalizado que

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puede darse desde funcionarios de nivel bajo como notarios, servidores de documentación, migración en fronteras hasta los más altos niveles. Son los factores coadyuvantes al fenómeno de la trata de mujeres". Según la OIM, la explotación sexual en San Lorenzo "se desarrolla a través de redes bien organizadas" e identifica siete clubes. Cuatro están en la ciudad y el resto en zonas rurales. En las afueras de uno de estos locales se escuchan canciones de corridos colombianos. Un hombre corpulento pide documentos a quienes ingresan allí. Adentro, clientes y trabajadoras sexuales toman cerveza y se abrazan. Tres hombres ingresan y una de las personas que trabaja en el local ofrece servicios de las jovenes que han llegado al lugar desde Colombia. En el documento de la OIM se agrega que la trata de personas para fines de explotación sexual afectaría a mujeres de entre 14 y 17 años de la frontera de Esmeraldas. En ese grupo también se incluyen a mujeres mayores de edad de Ecuador y Colombia. Las estadísticas de la Fiscalía General del Estado refieren que, el año pasado, el 17,6% de víctimas de trata en el país tuvo ese promedio de edad a escala nacional. No solo el muelle de esa ciudad fronteriza con Colombia ha sido identificado como punto de paso de víctimas de trata. El reporte de la ONG extranjera también señala a Mataje (Esmeraldas) como otro sitio por donde las mafias ingresan afrodescendientes víctimas de explotación sexual. "Son reclutadas por mujeres que tienen relaciones con dueños de burdeles y van por ellas (…) La mayoría son pobres y sin educación (...)". Reportes de Inteligencia señalan que en las ocho parroquias de San Lorenzo están presentes mafias relacionadas con el grupo de exparamilitares Águilas Negras y la banda delictiva de Los Rastrojos. Estos grupos delictivos se dedican al narcotráfico, secuestro, extorsión, sicariato y al tráfico de armas, municiones y explosivos. Esta última también maneja redes de trata de personas en Colombia. ¿Cómo reclutan a los adolescentes para integrar las bandas? En sus testimonios, dirigentes coinciden que miembros de organizaciones acuden a las discotecas "para ganarse la

confianza de los jóvenes". "Primero les invitan a tomar unas cervezas y así entablan amistad. Lo hacen varias veces hasta proponerles que ingresen a los grupos", señala un hombre que pidió el anonimato. En otros casos, los menores son captados por redes para vender estupefacientes al menudeo, especialmente en las afueras de planteles educativos y discotecas que existen en esa zona. Con base en datos proporcionados por la Policía se conoce que, en Ibarra (Imbabura), las bandas delincuenciales suelen reunirse en "fiestas clandestinas que se organizan en diferentes barrios de la ciudad, a donde llevan mujeres para que presten sus servicios sexuales y donde aprovechan para reclutarlas". Ese dato consta en una investigación realizada por la Organización Internacional para las Migraciones. El reporte dice que eso ocurre los días de descanso (domingo). Se reúnen con la "crema y nata" de la delincuencia.

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El cultivo de coca atrae a más campesinos del lado ecuatoriano EL COMERCIO, martes 28 de abril del 2015

a vieja lancha de madera y fibra de vidrio navega por el San Miguel, un río que marca la frontera entre Ecuador y Colombia, en la Amazonía. Desde allí se observan las hectáreas de plantaciones de hoja de coca que nacen desde las faldas de pequeñas montañas colombianas y llegan hasta las orillas. Eran las 10:00 del jueves y ya había pasado una hora y media desde que la embarcación zarpó desde puerto General Farfán, en Sucumbíos, hasta llegar a Puerto Mestanza, el segundo poblado ecuatoriano de la frontera, a donde se llega en lancha. Al frente, del lado colombiano, se levantan pequeños caseríos con viviendas de madera en las que aparecen leyendas a favor de las FARC. Las frases, pintadas con espray en las paredes, dan mensajes como este: "FARC EP, Ejército del Pueblo", "La lucha continúa". Dos kilómetros más abajo se levantó un letrero de cuatro metros que luce descolorido, con las fotos de los comandantes de la guerrilla y la leyenda: "Antes vencimos y siempre venceremos". En esa zona opera el frente 48 de las FARC y el mapa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha identificado que en el departamento del Putumayo (en el vecino país), el cultivo de la hoja de coca es la principal actividad, que, pese a ser ilegal, capta a los campesinos. Datos levantados por la Unión de Comunidades de la Frontera Norte Viva del Ecuador refieren que el 70% de la gente que incluso vive en el lado ecuatoriano se dedica a esa actividad. Y advierte que lo hacen por subsistencia.

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Virginia es unas de las personas que trabaja en esas plantaciones. La mujer de 44 años vive en el sitio desde 1995 y ese jueves barría su casa de madera. Al principio se mostró nerviosa, pero luego comenzó a detallar qué hace en los sembradíos. Trabaja como cocinera, desde las 08:00 hasta las 15:00, de lunes a sábado. Por esa tarea gana 20 000 pesos diarios (8,88 dólares), que le alcanza solo para la comida de sus cuatro hijos. De lo que recibe por cada jornada, tiene que pagar 2 dólares de transporte desde su casa hasta Colombia. Su esposo falleció el año pasado en el vecino país, luego de recibir disparos cuando se fue a trabajar como peón en otro sembradío. Él se encargaba de limpiar las hojas de coca, poner fertilizantes, remover la tierra y sacar maleza. También era raspachín, es decir, recolector. Por esta tarea le pagaban 2 000 pesos al día y los invertía en víveres para su casa, aunque los precios se duplican en la frontera. Por ejemplo, un litro de aceite que en la ciudad cuesta 4,77 dólares en la frontera alcanza los 8,44 dólares. Lo mismo pasa con los enlatados, agua, fideos, etc. Pero, ¿qué se hace con las hojas de coca recolectadas que salen de los sembradíos? En las investigaciones de Naciones Unidas se estableció que, tras la aparición de tres nuevas especies de hoja, como la Pringa María, Amarga o Caturra, cada arroba puede valer 26 dólares. En un cuarto de paredes blancas, un alto oficial de la Policía colombiana muestra un mapa que está sobre su escritorio y detalla que en los puntos fronterizos de Colombia se siembra la hoja de coca, la comercializan y es llevada a los

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laboratorios de procesamiento. La cosecha se vende a bandas del narcotráfico o a la guerrilla. Luego de que las hojas de coca son procesadas en los laboratorios y se convierten en droga, las mafias cruzan la frontera -añade el uniformado- para trasladarla a Ecuador. Luego, esta pasa a los puertos para que la embarquen con dirección a México o Estados Unidos. La gente de los puertos ecuatorianos y colombianos ubicados en las orillas del río San Miguel saben que los laboratorios de procesamiento están en el vecino país, instalados en las faldas de las montañas. Algunos incluso se ubican junto a las plantaciones de hoja de coca. Prefieren no hablar sobre el tema y admiten que viven como raspachines. Uno de ellos es Octavio, tiene 18 años, y es hijo de Virginia. El joven sabe que es ilegal colaborar en los sembradíos de hoja de coca, pero asegura que no hay otra actividad para sobrevivir. "Desde que se dieron las fumigaciones con glifosato, la producción de yuca, plátano y maíz no es la misma. Tenemos que ganar algo para vivir". Se queja que el ganado se enferma o muere por los químicos. En los dedos de su mano se pone taipe, para no lastimarse mientras saca las hojas. Un viejo teléfono celular del que suenan vallenatos lo acompaña mientras trabaja como jornalero. Cuando hay trabajo, pasa la mañana y tarde en las plantaciones del lado colombiano, pero la semana pasada se quedó en la casa junto a su madre. Quiere conseguir trabajo rápido para viajar a Lago Agrio para comprarse ropa, utensilios de aseo, comida... Junto a su casa fue construida la vivienda de

sus vecinos. En las paredes de la nueva edificación aparece un mensaje de la guerrilla: "El reclutamiento de los jóvenes es voluntario". Dos chicos decidieron irse por su cuenta y después desertaron porque no les gustó la vida militar. Ahora se dedican a recolectar hoja de coca en plantaciones que pagan por el peso del producto recogido. Por cada arroba les pagan 5 000 pesos (2,20 dólares). "Un buen cosechero alcanza las 20 arrobas en un día y obtiene 44,40 dólares", cuenta uno de ellos.

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Las FARC pasaban a Ecuador por comida, municiones y gasolina EL COMERCIO, lunes 26 de septiembre del 2016

as FARC celebraron su última conferencia en los llanos del Yarí, en una remota región de la selva colombiana. Combatientes jóvenes y veteranos hablaron abiertamente con EL COMERCIO del conflicto y cómo Ecuador, con sus 700 kilómetros de frontera con Colombia, jugó un papel clave para sus operaciones clandestinas. Seusis Pausivas Hernández, una de las cabezas más importantes en la cúpula subversiva, conversó con este Diario. En la guerrilla lo conocen con el alias de 'Jesús Santrich'. El jueves 22, al mediodía, el guerrillero apareció con unas gafas oscuras, camisa blanca, sandalias y una bufanda alrededor del cuello. Se acomodó en una silla de plástico y habló sobre las frecuentes incursiones al Ecuador. Reconoció, entre otras cosas, que la frontera norte era utilizada para todo tipo de abastecimientos, como municiones, comida y armas. Otro guerrillero, con 15 años en las FARC, reveló más detalles: aseguró que solían cruzar a Sucumbíos para comprar comida y combustible. El subversivo es parte del Frente 15. La selva ecuatoriana también fue utilizada como zona de descanso y entrenamiento. Los guerrilleros del Frente 48 levantaban campamentos en los que dormían uno, dos, o tres días. Antes de montar estas bases, hacían inteligencia y evitaban los sitios considerados "calientes", donde había fuerte presencia de militares ecuatorianos. Uno de esos puestos de descanso estuvo en Angostura, Sucumbíos; pero fue descubierto y bombardeado en marzo del 2008, hubo

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25 muertos, incluido el segundo de las FARC: Raúl Reyes. ¿Cuál fue el impacto de esa incursión? Santrich admitió que fue un fuerte golpe para el Secretariado, pero aclaró que lograron recuperarse. "La estructura de las FARC permite asimilar este tipo de golpes, por fuertes que sean. Esto no debió ocurrir. El Estado colombiano violó absolutamente todas las normas del derecho internacional", dijo el guerrillero, que participó en las negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Milton Toncel Redondo, alias 'Joaquín Gómez', es otro veterano en la organización insurgente. Reemplazó a Reyes en la comandancia del Bloque Sur. Él admitió que el Frente 48 solía ingresar a Lago Agrio ¬para tomar provisiones. Recordó que en una de esas incursiones el Ejército ecuatoriano "metió plomo" a un camarada que intentaba introducir gasolina desde La Bermeja hacia Colombia. Por décadas, las FARC utilizaron el cordón fronterizo para sus actividades clandestinas. En el 2015, las FF.AA. ejecutaron 52 operaciones de inteligencia para detectar las actividades de estos grupos. Un informe del Ministerio de Defensa ecuatoriano indica que los GIAC utilizan la frontera norte para el tráfico de pertrechos, explosivos y droga. "En las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos existen ciudadanos colombianos y ecuatorianos que colaboran a los GIAC, de forma voluntaria o por temor". Los uniformados también refieren que en sectores como La Bermeja, en Sucumbíos, han

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tenido intercambios de balas con la guerrilla. En uno de esos enfrentamientos, los soldados descubrieron dos bases de descanso con capacidad para 20 personas cada una; otro campamento abandonado, en donde se localizó armamento (dos alimentadoras de fusil AK-47) y otras evidencias (gasolina, ropa, mochilas, toldos, mosquiteros…). Tras el ataque de Angostura, Colombia, con base en un video hallado en el computador de Raúl Reyes, dijo que las FARC supuestamente financiaron la campaña de Alianza País, en el 2006. Santrich sostuvo que fue eso "una falsedad total" y que las autoridades colombianas descartaron al computador como evidencia porque se comprobó que lo "manipularon". Y aclaró: "cuando hemos tenido necesidad de estar temporalmente en alguno de los puntos de países limítrofes, tratamos de hacerlo sin interferir en la política interna".

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Sucumbíos. 2000 10 extranjeros fueron secuestrados en los pozos de Pompeya, en el helicóptero de la contratista. Dos fueron liberados a las 48 horas.

Quito. 2001 Siete técnicos extranjerossecuestrados en Pompeya fueron liberados a los 5 meses. Uno murió en cautiverio.

Quito. 2001 El subteniente José Salazar murió junto a otro uniformado en un ataque al cuartel de Policía en Nueva Loja. 190

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El Pan. 2003 Infantes de Marina ecuatorianos hallan y destruyen un sembrío de coca en la frontera, cerca de San Lorenzo.

Quinindé. 2015 Una avioneta fue incinerada en Esmeraldas. Se presume que en su interior habían rastros de droga.

Esmeraldas. 2009 3,5 toneladas de droga se hallaron en el barco pesquero María Eulalia, en una operación de la Armada. 191

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Río Mataje. 2008 4,5 toneladas de cocaína halladas junto al río Mataje fueron atribuidas a las FARC en la operación policial Huracán de la Frontera.

San Lorenzo. 2010 Un submarino fue hallado en una operación de la Policía Antinarcóticos en las inmediaciones de Mataje.

Sucumbíos. 2008 Soldados ecuatorianos hallaron un laboratorio de procesamiento de coca en el sector Los Cofanes. 192

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Quito. 2010 El 13 de abril fue capturado Ramón Quintero Sanclemente, jefe del cartel del Norte del Valle de Colombia.

Quito. 2004 Simón Trinidad (Juvenal Ovidio Ricardo Palmera), líder de las FARC, fue detenido y enviado a Colombia.

Quito. 2012 Juan Carlos Calle Serna, de la banda Los Rastrojos (Colombia), fue capturado en su casa en Lumbisí. 193

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Sucumbíos. 2002 El Ejército halló una base ideológica y de descanso de las FARC en la ribera ecuatoriana del San Miguel.

Quito. 2008 14 hombres y cuatro mujeres muertos en el bombardeo de Angostura fueron sepultados el 21 de mayo en San Diego.

Angostura. 2008 El 1 de marzo, Colombia bombardeó la base de Raúl Reyes, líder de las FARC, en Sucumbíos, Ecuador. 194

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Extorsíon. 2010 Los habitantes de San Lorenzo marcharon en contra de la extorsión y del sicariato de los actores armados.

Minería ilegal. 2011 Grupos armados manejan la extracción de oro en la frontera norte, con un impacto ambiental en Esmeraldas.

Narcotráfico. 2003 A través de tuberías clandestinas se roba éter de petróleo en Shushufindi para el procesamiento de la coca. 195

Foto: PAÚL RIVAS / EC

La frontera colombo-ecuatoriana ha sido un amplio territorio de encuentros y desencuentros físicos, sociales, económicos y políticos, que no han pasado desapercibidos para el lente y la mirada de los periodistas de EL COMERCIO por al menos dos décadas.

2018. El puente sobre el río Mataje es un paso binacional incompleto: está al final de una vía asfaltada en Esmeraldas, Ecuador, pero conduce a una peña, en Colombia.

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Periodistas de El Comercio en la frontera norte Ordenado por número de coberturas

Reporteros

Fotógrafos

Dimitri Barreto Arturo Torres* Javier Ortega (†) Fernando Medina* Byron Rodríguez* Christian Torres* Geovanny Tipanluisa Amelia Ribadeneira* Jean Cano* Diego Bravo Agustín Eusse Diana Hinojosa* Nancy Verdezoto Luis Boada* Susana Morán*

Patricio Terán Eduardo Terán Galo Paguay Alfredo Lagla* Diego Pallero Vicente Costales Julio Estrella Paúl Rivas (†) Guillermo Corral* Armando Prado Pavel Calahorrano* Francisco Espinosa Mario Egas* José Mafla* César Morejón* Eduardo Santillán* Eduardo Valenzuela* Juan Carlos Pérez* Jorge Vinueza* Juan Silva*

Corresponsales en Esmeraldas Galo Sosa* Mayra Prado* Andrés Jaramillo* Marcel Bonilla

Corresponsales en Nueva Loja Ángel Sallo* David Bolaños*

Corresponsales en Tulcán

Diego Montenegro* Liliana Mugliza* Dalia Montalvo*

Corresponsales en Sierra Norte Washington Benalcázar José Luis Rosales

* Ya no laboran en EL COMERCIO 197

Índice Capítulo 1. Esmeraldas es el actual escenario de violencia por la coca Gobierno liga ataque terrorista en San Lorenzo con narcos ..................................... 10 Ecuatoriano disidente de las FARC, sospechoso de atentado ................................. 12 Guacho’ se movía con facilidad entre Limones, Borbón y Mataje ........................... 14 Guacho’ también causa terror en Nariño ............................................................................. 16 ExFARC y narcos, detrás de la minería ilegal en la frontera norte ......................... 18 El tráfico de armas permea la frontera ................................................................................. 20 Tareas conjuntas se ejecutarán en la frontera .................................................................. 22 El Pan está cercado por FF.AA. luego del ataque a militares .................................... 24 Pobladores abandonan El Pan tras ataque ......................................................................... 26 Tres bandas operan frente a San Lorenzo .......................................................................... 28 Narcos tienen en zozobra a pobladores ............................................................................... 30 Extranjeros frecuentan pueblos fronterizos ....................................................................... 32 Narcos invaden tierras para acopiar droga ........................................................................ 34 Un ataque terrorista sacudió Borbón .................................................................................... 36 San Lorenzo soportó dos ataques en un día ..................................................................... 38 El reforzamiento de la frontera incluirá a Sucumbíos y Carchi ................................. 40 Atentado mató a 3 marinos que patrullaban la frontera norte .................................. 42 En Mataje se usó una vieja trampa de los guerrilleros .................................................. 44 Militares usan drones para ver si hay más explosivos en Mataje ............................ 46 Campesinos denuncian presión de los disidentes .......................................................... 48 Gráfica: Cobertura periodística del 2018 en Esmeraldas y Nariño ......................... 50 Semblanza del periodista Javier Ortega .............................................................................. 57 Semblanza del fotógrafo Paúl Rivas ....................................................................................... 59 Semblanza del conductor Efraín Segarra ............................................................................ 61

Capítulo 2. La frontera, de Puerto El Carmen a Palma Real Puerto El Carmen, en el umbral de la guerra ..................................................................... 64 Los fusiles apuntan a Puerto Ospina ..................................................................................... 66 Un comandante de las FARC vive en Puerto Nuevo ...................................................... 68 La tensión bajó en Teteyé, zona de las FARC ................................................................... 70 La pesadilla del glifosato atemoriza a Puerto Mestanza ............................................. 72 Las FARC todavía infunden miedo en Puerto Asís ......................................................... 74 El comercio se redujo en General Farfán ............................................................................ 76 La Hormiga es todo un fortín en el Putumayo ................................................................... 78 La Bermeja convive con los combates .................................................................................. 80 Orito: La violencia se refleja en un panteón ........................................................................ 82 Tufiño y El Carmelo viven de la ganadería y el agro ....................................................... 84 La Victoria está unida a El Carmelo ........................................................................................ 86 El Chical y Maldonado limitan con el ELN y las FARC ................................................... 88 El ELN sigue activo en Tallambí y otros poblados de frontera .................................. 90 Tobar Donoso está más ligada a Colombia ........................................................................ 92 Mataje, sin trabajo y detrás de una valla militar ................................................................ 94 Los asesinatos alarman a San Lorenzo ................................................................................ 96 Las Bacrim se disputan con las FARC el narcotráfico en Tumaco ......................... 98 A Palma Real no llegan noticias de Ecuador ...................................................................... 100 Gráfica: Recorrido por poblados de la frontera en Ecuador y Colombia ............. 102

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Índice Capítulo 3. El Plan Colombia Los niños colorean su Plan Colombia .................................................................................. 110 El paro armado del Putumayo golpea a Sucumbíos ....................................................... 112 41 vidas cobró ajuste de cuentas entre paras y FARC en Nueva Loja ................... 114 Uniformados encapuchados en las vías de Sucumbíos ......................................... 115 Los paramilitares avanzan frente a Sucumbíos ................................................................. 116 Los refugiados llegan por comida a lago Agrio ................................................................. 118 Los colombianos sin refugio crecen en Sucumbíos ....................................................... 120 La solidaridad con los refugiados colombianos se afincó en San Lorenzo ........ 122 ‘Ecuador tiene un compromiso para atender a los refugiados’ ................................. 123 El 98,4% de refugiados en Ecuador tiene nacionalidad colombiana ..................... 124 Más víctimas del conflicto llegan a Sucumbíos ............................................................. 125 Pilotos de EE.UU. fumigan en la frontera ............................................................................. 126 La fumigación deja cultivos quemados y gente con alergias .................................... 128 La fumigación con glifosato causó secuelas en la salud y el ambiente ............... 129 ‘La Base de Manta dará información a Colombia’ ............................................................. 130 EE.UU. rastrea desde Manta ...................................................................................................... 132 El hundimiento de barcos desacreditó la labor del FOL .............................................. 134 La partida de la Base de Manta es agridulce .................................................................... 136 Gráfica: Los cultivos, fumigaciones, Base de Manta y los refugiados .................. 138

Capítulo 4. Ecuador, permeado por actores armados de Colombia 12 personas fueron secuestradas en Tarapoa ................................................................. 146 Así fue la negociación secreta del secuestro de Pompeya ....................................... 148 Conmoción por secuestro y crimen del Teniente Político de Mataje ........ 150 2 policías fallecieron en ataque al cuartel policial de Nueva Loja ........................... 152 El Ejército destruyó una base y escuelas insurgentes ................................................ 154 ‘La coca se desplazó a Nariño y hay hectáreas en Ecuador’ ................................... 155 Raúl Reyes: ‘Estamos listos para la escalada del conflicto’ ...................................... 156 Quito se convirtió en un punto de enlace de las FARC ............................................... 158 Shushufindi tiene una red de tuberías para la coca ...................................................... 160 La guerrilla de las FARC manda en el río Putumayo ....................................... 162 El ‘Canciller’ de las FARC tiene una casa a su nombre en Quitio ........................... 163 Angostura: El tour FARC que acabó en tragedia ............................................................ 164 Un ecuatoriano cercano a Reyes perdió la vida en Angostura ................................ 167 Solarte, el eslabón de Puerto Nuevo a la Bocana del Búa ......................................... 168 Las Águilas Negras atraviesan la frontera y llegan hasta Quinindé ....................... 170 Los combates se escuchan en la ribera ecuatoriana del San Miguel ................... 172 La extorsión es un paso previo al secuestro en las zonas fronterizas ................ 174 La impunidad es alta en la frontera norte de Ecuador ........................................ 176 La minería ilegal crea tensión en el norte de Esmeraldas .......................................... 177 El grupo de Los Rastrojos tiene base en dos provincias ............................................ 178 La mafia usa la difícil situación del pescador para el narcotráfico ........................ 180 Las FARC mueven hilos del tráfico de combustible desde Esmeraldas ............. 182 Las redes de trata reclutan jóvenes para grupos delictivos ..................................... 184 El cultivo de coca atrae a más campesinos del lado ecuatoriano ......................... 186 Las FARC pasaban a Ecuador por comida, municiones y gasolina ....................... 188 Gráfica: Secuestros, submarinos, avionetas y capturas de capos........................... 190 Lista de periodistas de EL COMERCIO desplazados a la frontera norte .......... 197 199

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