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7 de septiembre de 2013

B-3

El Heraldo Nacional

Más señales inquietantes

P

Juan

José

or supuesto que no conviene de ninguna manera, que se mantenga en nuestro país un ambiente generalizado de pesimismo, de desmoralización, de inseguridad, como hemos estado sufriendo en los últimos años.

De esta premisa, puede entenderse la posición adoptada por el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje relativo a su primer informe de gobierno, en el cual hizo hincapié en la esperanza optimista de los días por venir, de la rendición de frutos de las reformas legales y las iniciativas que se anuncian, y de los miles de millones de pesos que se dedicarán a tal o cual programa.

Aunque, claro, todo esto quede en este momento en el limbo de lo posible, o en el mejor de los casos de un calendario a varios años, cuando lo que está pidiendo con urgencia la gente son resultados inmediatos para aliviar la difícil situación imperante, acciones ejecutivas para que a la brevedad puedan materializarse las metas nacionales que su gobierno ha fijado: alcanzar un México en paz, lograr un México incluyente, construir un México con educación de calidad, promover un México próspero y consolidar un México con responsabilidad global. Porque se multiplican las señales inquietantes que amenazan con frustrar la sentida y un poco mesiánica convocatoria del presidente para que de aquí a fin de año “movamos y transformemos a México” y que el 2013 “sea recordado “como un año de grandes transformaciones, un año en que México se atrevió a despegar”.

Repasemos algunas de esas perturbadoras señales.

Primero, la acumulación de crecientes descontentos de grupos sociales, que eventualmente pudiera alcanzar una explosiva masa crítica: los maestros de algunos estados, que actualmente centran sus acciones en el Distrito Federal pero que se extienden a otras regiones; los trabajadores despedidos del SME o de Mexicana de Aviación; los grupos de autodefensa o de defensa comunitaria que proliferan en regiones inseguras; los enojados por conflictos locales; los barzonistas; los que no están de acuerdo con los planteamientos aperturistas privatizadores de la reforma energética. La lista es larga y se ha ido engrosando, pero, además, las respuestas del gobierno federal han estado dejando que desear; por ejemplo, para convencer a la gente de las bondades de la reforma energética se ha utilizado principalmente una absurda campaña de propaganda en televisión y prensa escrita y electrónica, que más que avanzar argumentos lanza consignas que quiere sean aceptadas a fuerza de repetición.

Algo que se esperaba fuera definitivamente rechazado por un gobierno moderno como instrumento de convencimiento.

En cambio, casi no se habla de la eliminación definitiva de ese verdadero lastre al desarrollo que es la sistémica corrupción.

Claro, hacerlo significa afectar gigantescos intereses y poderes e incurrir en los riesgos de su desaforada reacción, pero atacar la corrupción omnipresente es una condición sin la cual no es posible pensar en una verdadera transformación de México, pues afecta fuertemente la eficacia y los resultados de la función de gobernar y de todo el entramado institucional… y político.

Sí, porque otros de los ámbitos sobre los cuales hay un descontento sostenido entre los mexicanos es el de la propia clase política, sobre la eficacia y seriedad de su ac-

Multa IFAI a Tarjetas Banamex por dar datos personales

Huerta

cionar en favor de los objetivos nacionales, que muchas veces parece más bien ser utilizado en el exclusivo provecho propio o de grupo. ¿No se sigue hablando de que una iniciativa tan absurda como la “reforma del Distrito Federal” para convertirlo en la “Ciudad Capital y Sede de los Poderes federales” será ofrecida en el toma y daca de las negociaciones entre partidos para aprobar la reforma energética y la fiscal?

Vayamos entre las señales inquietantes al tema de la inseguridad.

Recientemente, el 27 de agosto, se llevó a cabo en esta ciudad la 34 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya clausura estuvo a cargo del presidente Peña Nieto, cuando dio un importante discurso en el cual volvió a señalar las 10 estrategias de que consta la “nueva política pública de seguridad y de justicia” que estableció al inicio de su gobierno para trabajarla de manera coordinada con Estados y Municipios: 1.- Prevención del delito y reconstrucción del tejido social con el objetivo es atender las causas económicas, sociales y culturales que propician la actividad delictiva; 2.- Justicia penal eficaz; 3.- Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía; Transformación del sistema penitenciario; 5.- Promoción y articulación de la participación ciudadana; 6.- Cooperación ordenada y permanente con otras naciones; 7.- Información transparente que sirva al ciudadano; 8.- Coordinación entre autoridades;. 9.Regionalización; 10.- Fortalecimiento de la inteligencia.

El presidente Peña Nieto también anunció que “gracias a la coordinación efectiva y la inteligencia eficaz que distingue a esta política pública, en el periodo que va de diciembre de 2012 a julio de 2013, se redujo en 20 por ciento el número de homicidios vinculados con delitos federales, respecto al mismo lapso del año anterior”.

Todo esto parece muy bien, pero ¿qué es lo que seguimos viendo esencialmente hasta ahora?: la continuación del paradigma prohibicionista de las drogas que no nos va llevar a buen puerto; el enfoque de apresar a miles de narcomenudistas y a los que se considera los principales capos de la droga, en un cuento de nunca acabar pues su reproducción es inmediata en ambos casos.

Sí, la presión del gobierno de Estados Unidos es muy fuerte para continuar con este paradigma, pero la verdad es que a ese pueblo y al nuestro les convendría mucho más que en México nos deshiciéramos de la carga de la lucha contra el narcotráfico.

Para enfocarnos mucho más en combatir los nefastos delitos comunes como el secuestro, el robo, el fraude genérico, el derecho de piso y otros tipos de extorsión, con lo que si serían exitosas las 10 estrategias de la “nueva política pública de seguridad y de justicia”. ¿Y las señales inquietantes en materia económica?

Desde luego, el estancamiento generalizado que se está reportando a diario (por ejemplo, Jonathan Heath, en artículo con aquel título, Reforma, 4se13; también “Reporta INEGI desaceleración en economía mexicana”, Notimex, La Crónica, 5se13; “Inicia lento empleo con Peña”, Ma. Dolores Ortega, Reforma; “El capital ‘golondrino’ sale del país”, J. Jesús Rangel M., Milenio, 4se13).

Estamos así “en la parte más profunda del fuerte bache económico”, (como dice Bank of America Merrill Lynch) no atendido en lo inmediato como es la urgencia.

México

E

l Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), multó con poco más de 9 millones de pesos a Tarjetas Banamex S.A de C.V por revelar los datos personales de un particular, para cobrar adeudo.

En un comunicado, el IFAI informó que en junio de 2012 un particular presentó una denuncia ante el organismo de transparencia, en la que expuso que sin su autorización, Banamex entregó sus datos personales, entre ellos su número telefónico, a un despacho jurídico que le reclamó adeudos de una persona ajena a él.

«El particular sostuvo que el banco se había comprometido, en dos ocasiones y por escrito, a cesar las llamadas telefónicas de cobranza, sin embargo, no cumplió», expuso el IFAI. Por ello se le pidió a la sociedad financiera un informe relacionado con la queja, mismo que no se atendió por lo que el instituto ordenó

inciar un procedimiento de verificación. En marzo pasado se emitió una resolución en la que se expuso que la empresa incurró en diversas infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por lo que se inició el procedimiento de imposición de sanciones.

A pesar de que en abril pasado Tarjetas Banamex compareció para defender sus derechos ante el IFAI, no logró desvirtuar las infraccio-

nes. De acuerdo con el IFAI, Banamex contravinó los principios de consentimiento de calidad y responsabilidad; mantuvo datos inexactos del titular y no hizo la rectificación o cancelación de los mismos, no obstante que resultaba legalmente procedente, por lo que se configuró una omisión que hizo nugatorio el derecho ejercido por el particular.

Además, Banamex obstaculizó los actos de verifica-

MEXICO.- En marzo pasado se emitió una resolución en la que se expuso que la empresa incurró en diversas infracciones a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por lo que se inició el procedimiento de imposición de sanciones.

ción de la autoridad, al no proporcionar la información y documentación que le fue requerida y en la que el titular ejerció sus derechos de rectificacion y cancelación, y continuío con el uso ilegítimo de los datos personales del titular, a pesar de que éste le solicitó que fueran rectificados y cancelados.

«Por tanto, el 28 de agosto de 2013, el Pleno del IFAI resolvió, por unanimidad, imponer cuatro multas, que en total suman 9 millones 848 mil 140 pesos», expuso el IFAI. BANAMEX IMPUGNARÁ SANCIÓN QUE IMPUSO EL IFAI El órgano de transparencia multó al banco con 9 millones de pesos por revelar datos personales de un particular, sin autorización, para cobrar un adeudoBanamex informó que impugnará la decisión del IFAI de sancionar a la institución con 9 millones de pesos por revelar datos personales de un particular, sin autorización, para cobrar un adeudo.

Fin a consolidación fiscal, plantea SHCP México

A

dos días de que se presente la iniciativa de reforma hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP) anunció algunos de los ejes que compondrán en ese paquete, entre los que considera eliminar la consolidación fiscal y dar mayores facultades a estados y municipios para recaudar.

En su primer informe de labores 2012-2013, la dependencia establece que se propondrán modificaciones a la legislación, normatividad y procedimientos que rigen el actual esquema fiscal y el ejercicio del gasto entre el gobierno federal y los estados.

Establece que una directriz de esta reforma hacendaria

será el fortalecimiento de la capacidad financiera del Estado mediante la eliminación de privilegios fiscales, en particular el régimen de consolidación fiscal.

Son alrededor de 400 grupos que se benefician de ese régimen, entre los que destacan Alsea, América Móvil, Cemex, Cydsa, Grupo Elektra,

Grupo Carso, ICA, Gruma, Grupo Peñoles, Televisa, TV Azteca y Kimberly Clark de México, entre otros.

Este año, la SHCP cuantifica en nueve mil 554 millones de pesos la renuncia recaudatoria por tener este privilegio, mientras que para el próximo año la expectativa, de no eliminarse, es un “bo-

MEXICO.- Este año, la SHCP cuantifica en nueve mil 554 millones de pesos la renuncia recaudatoria por tener este privilegio mientras que para el próximo año la expectativa, de no eliminarse, es un “boquete” a las finanzas públicas por nueve mil 942 millones.

quete” a las finanzas públicas por nueve mil 942 millones. En ambos casos, representan 0.05% del Producto Interno Bruto (PIB).

Otra directriz que se revela en el documento es el fortalecimiento del federalismo, mediante promoción de mayores y mejores facultades tributarias para los estados.

Siete de cada 10 pesos que tienen las entidades federativas los obtienen de las participaciones federales que le transfiere el gobierno federal y pocos son los recursos que generan por su propia cuenta.

En México, el impuesto del predial deja una recaudación equivalente a 0.3% del PIB, que se compara baja con el 2% que en promedio captan en promedio países de la OCDE.

Reforma Financiera Presentan sobrecargos amparo contra Aeroméxico busca proteger inversionistas México

I

nsisten en no aceptar un contrato B que, según el sindicato, quiere imponer la aerolínea con el cual se reduce significativamente los ingresos de las futuras contrataciones La Asociación Sindical de Sobrecargo de Aviación (ASSA) presentó un amparo directo en contra deAeroméxico para revertir el conflicto colectivo de naturaleza económica que interpuso la aerolínea encontra de los trabajadores.

Ricardo del Valle, dirigente de ASSA dijo en entrevista que hay confianza de que la «autoridad laboral proceda conforme a derecho respetando, en todo momento, las injusticias del laudo en donde se pretende perjudicar a futuros empleados hasta con un 70% menos de ingresos, en comparación con los sobrecargos en activo».

De acuerdo con Del Valle, la lucha que han emprendido en tribunales en plena defensa de los derechos laborales y como sindicato.

ASSA actúa con esa premisa y por ello han coincidido con la dirigencia los trabajadores en no aceptar un contrato B que quiere imponer Aeromexico con el cual se reduce, de acuerdo con los propios datos de la empresa, significativamente los ingresos de las futuras contrataciones.

Aeromexico revivió en julio pasado el CCNE y señaló

que ASSA no aceptó la creación de un contrato B para sobrecargos de futuro ingreso, lo cual se estableció en la revisión salarial reciente. «Al no respetar los acuerdos firmados el pasado 1 de junio, pone en riesgo las condiciones laborales de los sobrecargos actuales».

«El objetivo de este procedimiento es establecer un contrato colectivo de trabajo para nuevos sobrecargos, que fortalezca estructuralmente a la compañía en beneficio de todos los empleados, clientes y accionistas».

Por otro lado, Ricardo Del Valle comentó que la mayoría de las cuatro organizaciones sindicales de Mexicana de Aviación están de acuerdo con el plan de negocios presentado por uno de los grupos inversionistas: LBD de Jorge Bastida, quien hizo una propuesta por escrito y la presentó a la juez del concurso mercantil, Edith Alarcón, de dar 970 millones de pesos en pasivo laboral a los 8 mil 500 trabajadores de Mexicana de Aviación.

Dijo que los sindicatos de tierra, de trabajadores de confianza, de pilotos y sobrecargos, le entregaron a la juez la respuesta de que la mayoría estaba de acuerdo y le solicitaron que requiera al inversionista el dinero.

Confió en que Edith Alarcón pueda dar una respuesta en breve para que Mexicana de Aviación regrese pronto a volar.

México

E

l addendum de la Reforma Financiera que se aprobará hoy en las Comisiones de Hacienda y Justicia buscará proteger a los derechos de los inversionistas.

En el proyecto se fortalece el marco normativo de bancos y casas de bolsa en la prestación de los servicios de inversión a sus clientes.

En consecuencia, se establece que las entidades financieras que formulen recomendaciones o hagan operaciones, las realicen con apego al concepto de “razonabilidad”, es decir, tendrán que tomar en cuenta el perfil del cliente, el producto financiero y la diversificación de la cartera.

Los asesores en inversiones son aquellas personas que, sin ser intermediarios del mercado de valores, proporcionan de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores, tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros.

En el addendum se establece que esta actividad se reservará a los asesores de inversión que se registren ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores , por lo que las personas que realicen esta actividad tendrán que acreditar que cuentan con honorabilidad y un historial crediticio satisfactorio, además de contar con certificación. Se establece también la

inclusión en la Ley del Mercado de Valores, facultades para que regule la actuación de instituciones de crédito y casas de bolsa en materia de límites en la colocación de valores, regulación para servicios asesorados, la creación de un comité que se encargue de hacer análisis de productos financieros.

Las sanciones en el proyecto se establecen multas que van de 30 mil a 150 mil días de salario mínimo a las emisoras que no den a conocer eventos relevantes y a las casas de bolsa que no cuenten con un sistema de remuneración.

También se aplicará esa misma sanción a las entidades financieras o asesores en inversiones que coloquen, distribuyan o efectúen recomendaciones sobre valores objeto de una oferta pública sin que se sujeten a límites que establezca la CNBV. Se precisa que se sancionará a las entidades o asesores que proporcionen servicios sin contar con las políticas, lineamientos o mecanismos de control interno que marca la ley.

Se infraccionará a las casas de bolsa o asesores que omitan proporcionar a sus clientes información relativa a los costos totales que cobran por sus actividades o servicios. En el addendum se fijó una sanción que va de 10 mil a 100 mil días de salario mínimo.a quien participe en actos de manipulación de mercado.