Memorial explicativo sobre el P. de la C. 463

18 de febrero 2022 Hon. Gretchen M. Hau Presidenta Comisión de lo Jurídico Senado de Puerto Rico Re: Memorial explicativo sobre el P. de la C. 463 Estimada Senadora Gretchen M. Hau, Reciban las personas integrantes de la Comisión de lo Jurídico, a través de su Presidenta, la Hon. Gretchen M. Hau, un cordial saludo desde Taller Salud.

Taller Salud es una organización feminista y de base comunitaria fundada en 1979, con sede en Loíza desde el 1989. Nuestra institución está dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios, y fomentar el desarrollo económico a través de la educación y el activismo. Nuestra visión es forjar una sociedad inclusiva, con comunidades activas y libres de violencia, que aboguen por su derecho a una salud integral, y que impulsen su desarrollo sostenible. Creemos que la salud integral es un derecho humano no negociable.

Nuestra organización impulsa tres iniciativas de transformación social: Mujeres y Salud, Comunidad y Liderazgo, y Paz y Desarrollo. La iniciativa de Paz y Desarrollo de Taller Salud tiene como objetivo principal organizar y movilizar a la comunidad para la erradicación de la criminalización y el desarrollo de un modelo comunitario de justicia restaurativa.

Este modelo propone un proceso en el que las partes entre sí —con apoyo de terceros— y sin recurrir a las formalidades restrictivas de los procesos tradicionales, busquen una solución satisfactoria para todas las partes envueltas.

Este modelo persigue tres fines: reparar el daño ocasionado en satisfacción con los intereses de la víctima, el ofensor y la comunidad, reintegrar al ofensor y restaurar la paz social.1 Con este objetivo en mente, se estableció el programa Acuerdo de Paz en el año 2011.

Mediante el mismo, se emplean modelos alternativos de resolución de conflictos en las comunidades del municipio, se promueve el acceso a programas de bienestar social, y se realizan acciones de incidencia política a favor de la transformación del sistema de justicia

Una Mirada Alternativa al Tratamiento Legal y Criminal de la Violencia Doméstica en Puerto Rico, Ríos Vallejo, (2018)

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criminal. Utilizando estos mecanismos, para el año 2018, este programa tuvo un impacto en la reducción de violencia en un 80% en el pueblo de Loíza.

En el espíritu de trabajar por nuestros objetivos, y con el fin de visibilizar las voces de las personas que se ven afectadas directamente por estas problemáticas, agradecemos la oportunidad de poder exponer nuestros argumentos y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley de la Cámara 463 (PC 463) que se encuentra ante su consideración.

I.

Resumen del PC 463

El PC 463 es un proyecto presentado por les representantes Jesús Santa Rodríguez y José E. Meléndez Ortiz. Esta medida legislativa busca agregar claridad al Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, al establecer de manera específica que las personas halladas culpables de la comisión de delitos que se benefician de la libertad bajo palabra, tienen el mismo derecho a recibir las bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta y asiduidad, trabajo, estudio y otros servicios que tienen las personas privadas de la libertad en las instituciones carcelarias de Puerto Rico.

II.

Análisis de la legislación

En nuestro trabajo de analizar los posibles beneficios, efectos y efectividad de esta legislación, partimos de las voces de las poblaciones que se ven directamente afectadas por la exclusión social, y la deficiencia en el cumplimiento de los derechos constitucionales a la rehabilitación y reinserción social por razón de haber sido encontradas culpables de la comisión de delitos.

Reconocemos que las condiciones y factores de exclusión que se enfrentan en la actualidad son el origen de los conflictos que se suscitan en sociedad, y por ende se encuentran estrechamente relacionados con la seguridad pública del país. Por tanto, sostenemos que cualquier iniciativa dirigida a mejorar nuestro sistema de justicia criminal, debe estar fundamentada en esta definición que trasciende el tratamiento punitivo.

En una definición más amplia de la seguridad pública, vemos que establece a la persona como sujeto activo, y señala que su actividad en la sociedad se ve afectada, por las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que conforman su entorno, muchas de las cuales se constituyen en factores de riesgo, o en verdaderas amenazas para la convivencia social. En esta percepción, el Estado y los medios de comunicación social tienen un papel fundamental.2 Sobre esto, se ha descubierto que los programas efectivos de seguridad pública se basan en respuestas lideradas por la comunidad son necesarias de manera urgente para construir una 2

Henry Dunant, Seguridad ciudadana y seguridad pública, disponible en: https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/ddhh-segciudadana-violenciaurbana/Seguridad_ciudadana_y_se guridad_p%C3%BAblica.pdf.

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verdadera seguridad pública, especialmente en las comunidades negras y de bajos ingresos.

“La seguridad pública se sostiene mejor con viviendas seguras, estables y asequibles, un sistema educativo sólido, un salario digno, cuidado infantil accesible, atención médica y de salud mental accesibles, y una red de seguridad social fuerte”. (Traducción nuestra)3 Para Taller Salud, procurar seguridad pública es mejorar las condiciones de vida y el acceso al disfrute de los derechos humanos y constitucionales básicos y esenciales. Esto tiene un efecto directo en la rehabilitación, prevención de la delincuencia, y, combinado con la rendición de cuentas y la asignación responsable de recursos humanos y fiscales, resulta más efectivo que las medidas reactivas que perpetúan la violencia de manera institucionalizada.

A. Derechos constitucionales a la rehabilitación y la reinserción social La legislación propuesta debe estar amparada en las garantías constitucionales de rehabilitación y reinserción social, e inspirada en un marco jurídico armonioso entre las partes relacionadas que provee nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto a esto, la Constitución de Puerto Rico establece que “[l]a dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley”, e instituye que “la suspensión de los derechos civiles […] cesará al cumplirse la pena impuesta”.4 El documento constitucional reitera que el respeto hacia la dignidad humana debe prevalecer en el marco jurídico-penal. A su vez, reafirma que el Estado tiene la obligación de crear las condiciones adecuadas para la rehabilitación y la reinserción social.

Conjuntamente, la Ley Suprema del Estado Libre Asociado de Puerto Rico decreta como política pública el “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.5 Entendemos que esto aplica al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y todas sus dependencias, incluyendo la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta). Por lo tanto, no tan solo la Junta tiene esta misma responsabilidad constitucional con las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sino que cumplir cabalmente con la misma tiene un impacto positivo directo en la reducción de violencia en nuestras comunidades, y en la rehabilitación de las personas que cumplen actualmente con una sentencia penal. En Taller Salud, creemos firmemente en que todas las personas merecen la oportunidad de reformarse y transformarse. Para que esto se logre, es imperativo que el Estado ponga a las personas en posición de disfrutar de estas oportunidades usando los recursos y herramientas que tiene a su disposición.

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Feeding the Beast, The Popular Center for Democracy (2020) CONST. PR art. II § 1.

5 CONST. PR art.VI § 19.

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Tratadistas criminalistas en Puerto Rico indican que [...] la peligrosa expansión del Derecho Penal en nuestra jurisdicción cada vez limita más y, por lo tanto, desnaturaliza estos instrumentos penológicos que podrían potenciar la resocialización de la persona convicta. Las limitaciones de beneficios penitenciarios en las leyes especiales más severas, así como la arbitrariedad en la concesión, supervisión y revocación de estos, le restan efectividad de forma muy contraproducente. De la rehabilitación moral y social de la persona no sólo se beneficia la persona confinada, sino la sociedad en su conjunto, a la que en su momento, en el mejor de los casos, deberá regresar esta.6 III.

Estado de derecho vigente de la Junta de Libertad bajo Palabra

Cónsono con los derechos establecidos en nuestra Constitución, el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) del 2011, decreta como política pública del gobierno de Puerto Rico la creación de un sistema que establezca procesos de rehabilitación moral y social de les miembres de la población correccional con el fin de fomentar su reincorporación a la sociedad.7 Al ser la Junta una entidad adscrita al DCR, esta política pública establecida en el Plan es de aplicación a la misma, y debe ser garantizada y cumplida a cabalidad para todas las personas liberadas, al igual que aquellas que continúan privadas de su libertad. Por lo tanto, todas las personas que se encuentran bajo la supervisión del DCR, incluyendo la Junta, merecen tener acceso a los derechos de rehabilitación y reinserción social por igual.

El propósito de la Junta, es otorgarle una libertad condicionada y supervisada de manera estricta a personas que se encuentran privadas de libertad en las cárceles de Puerto Rico, y que sean elegibles de acuerdo a los criterios establecidos en ley. Esto se realiza a través de un sistema de bonificaciones que tienen como efecto reducir la sentencia de las personas que son halladas culpables de la comisión de delitos, siempre que cumplan con los requisitos principales de buena conducta, asiduidad, trabajo, estudio, entre otros servicios.

Las bonificaciones son técnicas que contribuyen al propósito que le sirve de razón de ser al sistema penitenciario puertorriqueño. No son ni deberían ser, en estricto derecho, válvulas de escape para obviar la ejecución de una pena, sino herramientas para propiciar efectivamente la rehabilitación y reinserción social de la persona condenada.8

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La Rehabilitación de la Persona Convicta como Derecho Humano: Su Tensión con el Ordenamiento Penitenciario de Puerto Rico, Zambrana González, (2018) 7 Plan de Reorganización Núm. 2, 2011 8 Bonificaciones por ‘buena conducta’: entre la rehabilitación y la improvisación, Zambrana González, (2020)

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Sin embargo, como indica la exposición de motivos del P. de la C. 463, las personas que se encuentran liberadas bajo la supervisión de la Junta se encuentran excluidas de estos recursos, contrario a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Esto tiene el efecto inevitable de limitar a las personas liberadas sus derechos a la rehabilitación y reinserción social. Además, según señala la medida legislativa, esta exclusión provoca que las personas privadas de la libertad prefieran permanecer en las cárceles antes que solicitar libertad bajo palabra con la intención de poder recibir bonificaciones que reduzcan su sentencia, y les permita salir de la supervisión del DCR más rápido.9 IV.

La experiencia de nuestres participantes

Taller Salud a través de su programa Acuerdo de Paz, lleva 10 años trabajando a favor de la rehabilitación y transformación de las personas en Loíza que han sido encontradas culpables de la comisión de delitos. En nuestra labor con esta población, hemos encontrado y constatado las dificultades que enfrentan estas personas para poder reintegrarse a sus comunidades, y transformar sus vidas mientras se encuentran bajo la supervisión del DCR, ya sea porque están cumpliendo una sentencia suspendida, porque se encuentran en libertad bajo palabra o porque no cualifican para solicitar este recurso.

Como bien establece el Reglamento de la Junta de Libertad bajo Palabra, la misma tiene la potestad de limitar los derechos de las personas liberadas a su discreción. Además, estas personas que se encuentran bajo la supervisión de la Junta, deben cumplir con una serie de requisitos estrictos para conservar esta libertad condicionada, y no ser ingresadas nuevamente a la prisión a través de los procedimientos administrativos de la Junta. 10 Estos procedimientos que pueden limitar aún más el derecho a la libertad de las personas bajo la custodia del DCR, son informales y carentes de protecciones constitucionales. A modo de ejemplo, se establece en la Ley que las personas liberadas tienen derecho a asistencia de abogade en la vista sumaria inicial que es parte del proceso de revocación de libertad bajo palabra; sin embargo, no es deber de la Junta garantizarles este derecho en caso de que no lo puedan gestionar por su cuenta.11 Estos procedimientos vulneran la libertad de las personas bajo la jurisdicción de la Junta más que las de aquellas que no lo están. Por lo tanto, no resulta difícil comprender por qué las personas privadas de libertad prefieren permanecer en las instituciones penales, ya que esto les permite salir de la supervisión y poder estricto del DCR, y les permite recuperar su libertad completa con todos sus derechos con mayor prontitud.

Al igual que expresa la exposición de motivos de la medida legislativa de referencia, nos parece insostenible que las personas que han sido halladas culpables de alguna comisión de delitos prefieran estar encarceladas que acogerse al beneficio de libertad bajo palabra, aún 9

P. de la C. 463 de 25 de enero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19va Asam. en la pág. 3 Reglamento de la Junta de Libertad Palabra, 2020 11 Id. 10

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cuando sus sentencias les proveen este recurso, dada esta disparidad en el tratamiento de las personas que se encuentran reclusas y aquellas que se encuentran liberadas en la concesión de las bonificaciones a las cuales todes tienen derecho por mandato de ley. Es importante que esta distinguida comisión conozca y comprenda que, aún cuando las personas se encuentran en libertad bajo palabra, se encuentran sometidas al poder y la autoridad del DCR al verse obligadas a cumplir con una serie de requisitos estrictos, y no poder disfrutar plenamente de sus derechos. Por lo tanto, es deber de esta rama legislativa garantizar que todas las personas que se encuentran bajo la custodia del DCR puedan tener acceso a sus derechos a la rehabilitación y reinserción social por igual.

V.

Recomendaciones y conclusión

En Taller Salud, reconocemos que el propósito del P. de la C. 463 es un paso afirmativo para garantizar los derechos constitucionales a la rehabilitación y reinserción social de las personas que han sido encontradas culpables de la comisión de delitos. Por lo tanto, apoyamos firmemente la aprobación de la medida.

No obstante, al identificar este proyecto de ley como un paso en la dirección correcta, queremos aprovechar esta oportunidad para realizar recomendaciones que trascienden el alcance de esta medida, con miras a fortalecer los derechos constitucionales en el marco jurídico general de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Estas recomendaciones están dentro de las facultades de la asamblea legislativa, y son las siguientes: 1. Equiparar los criterios legales y reglamentarios para que las personas que están bajo la custodia de la Junta de Libertad bajo Palabra tengan igual acceso al recurso de las bonificaciones y a la libertad bajo palabra. En cuanto a esto, autores han expresado que “[n]o es coherente con el objetivo de las propias bonificaciones -dentro de un sistema que debe priorizar la rehabilitación moral y reinserción social- que se excluyan tantos delitos por su gravedad”.12 Por lo tanto, la gravedad de los delitos, circunstancias concomitantes o su cualificación bajo los sistemas de sentencia determinada o sentencia indeterminada, no deben ser factores para excluir a la población correccional de acceder al recurso de las bonificaciones y la libertad bajo palabra.

2. Formalizar los procesos de revocación de libertad bajo palabra, para que cuenten con las mismas garantías constitucionales, que aquellas personas que no están bajo la supervisión del DCR. 3. Investigar la eficacia del “Programa de Aprendiendo a Vivir sin Violencia” en la rehabilitación de las personas que cometen los crímenes violentos estipulados en ley, siendo este un requisito para solicitar la libertad bajo palabra en estos casos.

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Supra

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Sostenemos que para que estas iniciativas sean realmente efectivas, tienen que estar conectadas a diversos servicios gubernamentales que atienden las necesidades básicas de esta población, y que reduzcan el riesgo de reincidencia.

Agradecemos la oportunidad de someter nuestros comentarios y quedamos a su disposición.

Cordialmente,

Tania Rosario Méndez Directora Ejecutiva Taller Salud

Verónica Díaz Torres Analista Senior de Política Pública Taller Salud

Zinnia Alejandro Directora de Iniciativas de Paz y Desarrollo Taller Salud

Jailene Sotomayor Sánchez Analista de Política Pública Taller Salud

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