TODAS, noviembre de 2017 by TODAS

SUPLEMENTO MENSUAL

NOVIEMBRE 2017

TODAS

MAYORES RRESPETO ESESPACIOS PETO A LLAA DE DDIGNIDAD IGDECISIÓN NIDAD DDEEPARA LLAS AS PPERSONAS: LAS ERSMUJERES: ONAS: LUIS LUISMIGUEL RAÚL RAÚL GONZÁLEZ GÁNGEL ONZÁLOSORIO EZ PÉREZ PÉREZCHONG NACIONAL

Opinión

Luis Raúl González • Erika Rodríguez • Diva Gastélum • Ricardo Bucio • Leticia Bonifaz

FRANCISCO A. GONZÁLEZ FRANCISCO D. GONZÁLEZ JESÚS D. GONZÁLEZ CARLOS MARÍN ANGEL CONG PEDRO GONZÁLEZ HUGO CHAPA JAVIER CHAPA ALFREDO CAMPOS ROBERTO LÓPEZ JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA HÉCTOR ZAMARRÓN ÓSCAR CEDILLO BÁRBARA ANDERSON RAFAEL OCAMPO MIGUEL ANGEL VARGAS MAURICIO MORALES ADRIANA OBREGÔN RICARDO ZAMORA DYANA REYES ADRIÍN LOAIZA GUILLERMO FRANCO FERNANDO RUÍZ ALBERTO BRAÑA VALERIA GONZÁLEZ RODOLFO GUTIÉRREZ TOMÁS SÁNCHEZ MARCO A. ZAMORA

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TODAS SUPLEMENTO MENSUAL REGINA REYES-HEROLES ALBERTO PRADO MIGUEL REYES DARINEL BECERRA LAURA ESCAMILLA EMILIANO GONZÁLEZ BERENICE CHAVARRÍA

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DISEÑO EDITORIAL MICHELLE LAGUNA, ANGÉLICA VARGAS, KENYA ALTUZAR, ZYANYA HERNÁNDEZ, FRANCISCO SÁNCHEZ, JAIR PIÑA DOMICILIO: MORELOS 16, COL. CENTRO, MÉXICO, D.F., C.P. 06040 PARA VENTAS E INFORMES: T: 5140.2950

LORENA CRUZ SÁNCHEZ PRESIDENTA DEL INMUJERES MARCELA ETERNOD ARÁMBURU SECRETARIA EJECUTIVA MARÍA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO MARÍA GUADALUPE DÍAZ ESTRADA DIRECTORA GENERAL DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO ANA LAURA PINEDA MANRÍQUEZ DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO ESTADÍSTICO ROCÍO IVONNE PÉREZ MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS FLOR DE LIS VÁSQUEZ MUÑOZ DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES MARTA B. CABRERA GARCÍA DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y CAMBIO CULTURAL PABLO NAVARRETE GUTIÉRREZ COORDINADOR DE ASUNTOS JURÍDICOS ANA ORTIZ MONASTERIO RIVERO COORDINADORA DE ASESORES

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FOTOGRAFÍA DE PORTADA CORTESÍA INMUJERES LOS CONTENIDOS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO SON RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS AUTORES FIRMANTES.

CARTA EDITORIAL FOTO: SHUTTERSTOCK

(†) JESÚS D. GONZÁLEZ FUNDADOR

CERO TOLERANCIA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 confirmó que todavía el 66% de las mujeres mayores de 15 años reconocen sufrir violencia solo por ser mujeres; 6 de cada 10 alguna vez en su vida, sin considerar las cifras de violencia contra las niñas. El fenómeno es recurrente, histórico, sistemático, consentido por la sociedad y no suficientemente reconocido como un problema que atenta contra la estabilidad social, como un problema de Seguridad Nacional, como lo ha sostenido la Secretaría de Gobernación. De ahí la trascendencia de las políticas impulsadas desde distintos frentes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Uno de ellos son los gobiernos, federal, estatal y municipales, a los que se les ha llamado a invertir en prevención; mejorar los sistemas de identificación de la violencia y hacer campañas para promover la conciencia comprometida en la sociedad. Este año se cumplen 36 años desde que, en Bogotá, Colombia, durante el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se propuso que en homenaje al sacrificio y de cómo fueron asesinadas, torturadas, perseguidas y violadas las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1960. Cada 25 de noviembre se realiza una jornada de trabajo para reflexionar sobre esta situación que afecta a las mujeres de todo el mundo. En 1999 se adoptó por las Naciones Unidas y ahora, a iniciativa del Secretario General de la ONU, cada día 25 de mes, con un moño color naranja, se

2. RICARDO A. BUCIO MÚJICA Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

3. LETICIA BONIFAZ ALFONZO Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

reactiva el compromiso de parar la violencia contra las mujeres, que la sabemos inaceptable. En INMUJERES hemos hecho un llamado sistemático a promover tolerancia cero porque la violencia de género afecta a toda la sociedad. Hemos hecho hincapié en la importancia de que el sistema judicial actúe con mayor compromiso, así como lo que la sociedad debe transformar para comprender de que manera lastima la violencia las relaciones de pareja, la familia, las relaciones interpersonales y la vida comunitaria. Insistimos en la urgencia de generar una revolución cultural en el país, que haga posible acabar con la exclusión y discriminación de las mujeres, fuente de la violencia de género. En este número de Todas, hacemos un recorrido por los distintos ámbitos de la violencia; recogemos opiniones y esfuerzos en todo el país para disminuir este oprobio; se describe la importancia de la Alerta de Violencia de Género que, sin ser el único instrumento para terminar con la violencia contra las mujeres, es un dispositivo único en el mundo que permite actuar en la emergencia; su importancia y sus límites. De este modo, nos unimos a la campaña internacional de los 16 días de Acción para Erradicar la Violencia contra las Mujeres del 25 de noviembre al 10 de diciembre. Creemos en INMUJERES que todas y todos somos parte del problema y parte de la solución en un fenómeno que nos lastima e impide el desarrollo pleno de nuestra democracia.

7. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

11. DIVA GASTÉLUM BAJO Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República

4. ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

12. MIGUEL ÁNGEL

Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados

Secretario de Gobernación

OSORIO CHONG

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Sector Gobierno

¿A QUIÉN LE TOCA ELIMINAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS NIÑAS? La responsabilidad cae, inicialmente, en los servidores públicos; pero la sociedad en general debe contribuir.

RICARDO A. BUCIO MÚJICA ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

@ricardobucio

Ricardo A. Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

entro de los fenómenos de violencia que enfrentan las personas de 0 a 17 años de edad en México, las niñas y las adolescentes son quienes resienten más sus lamentables efectos. Hay una cuestión cultural y social que lo explica, al tener normalizada la desigualdad de género impuesta a las mujeres desde que son niñas. Hay también violencias legalizadas, como el matrimonio infantil que aún se permite en seis estados de la República. Ante violencias tan normalizadas y diversiﬁcadas que enfrentan las niñas y las adolescentes en espacios públicos y privados, en espacios físicos y virtuales, no existen soluciones mágicas ni responsabilidades únicas. Familias, gobiernos, empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación y todos los agentes sociales somos corresponsables de atender y resolver esta problemática como un tema de urgencia y alarma social. México presentó en agosto la “Alianza por una Niñez sin Violencia”, la cual es la respuesta del Estado mexicano como país pionero de la Alianza Global para poner ﬁn a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, donde cada uno de estos sectores asumió un compromiso en ese sentido. Ello requiere un cambio cultural sin precedentes. Desde el sector público, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) ha detectado una enorme área de oportunidad al contar con miles de servidoras y servidores públicos federales, estatales y municipales en todo el territorio nacional, quienes día a día atestiguan el embarazo infantil y adolescente, la violencia, la deserción escolar de niñas,

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el matrimonio infantil y muchos problemas más que limitan su pleno ejercicio de derechos y que, por mandato legal de sus atribuciones específicas o por desconocimiento, estas problemáticas se omiten bajo la lógica de “ese tema no me corresponde”. La Política Nacional de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes está dirigida a construir un Proyecto País para este grupo de población donde transitemos de una administración sectorial a una intersectorial, con objetivos y metas comunes en la articulación de programas y presupuestos federales. Una administración donde la eliminación de las violencias sea responsabilidad de todas y todos los servidores públicos en el territorio, sin importar cuál es el tema de su responsabilidad. El reto es lograr ver a las niñas y las adolescentes como niñas y adolescentes, no solo como “estudiantes”, “pacientes”, “beneficiarias”, “afiliadas”, “víctimas”, entre otras. El reto es verlas como personas y abocarnos juntos a su desarrollo integral. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) ha detonado una institucionalidad y un cambio normativo para lograr intervenciones públicas más efectivas en favor de toda la niñez, como responsabilidad ya no solo de unos cuantos actores, sino de la totalidad de instancias y entes públicos y privados, con el conocimiento de que la acción conjunta logrará que todas las partes alcancen sus metas. La Alianza por una Niñez sin Violencia y la estrategia territorial del SIPINNA buscan, entre otras cosas, alcanzar una vida libre de violencia para todas las niñas y adolescentes del país, cuyo presente y futuro dependa exclusivamente de sus sueños y no de los prejuicios que las limitan.

Se necesita una administración donde la eliminación de las violencias sea responsabilidad de todas y todos los servidores públicos en el territorio, sin importar cuál es el tema de su responsabilidad

Poder Judicial

¿QUÉ NOS FALTA? La prevención y denuncia, así como la capacitación de las autoridades son esenciales para combatir la violencia.

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

LETICIA BONIFAZ ALFONZO

emos avanzado en la atención al tema de la violencia hacia la mujer, sin duda. Visibilizar el problema ha sido un paso muy importante. Hoy, se tiene mayor conciencia de la gravedad de los hechos; se llevan registros puntuales de los sucesos y muchos esfuerzos institucionales convergen en la búsqueda de soluciones.

¿QUÉ NOS FALTA? 1. Más acciones de prevención. No podemos seguir llegando tarde ante hechos consumados y ante patrones de conducta previsibles. 2. Mayor trabajo interdisciplinario. Es necesario que exista más comunicación entre las distintas disciplinas que estudian el fenómeno. Hasta ahora, veo al Derecho alejado de la psicología, por ejemplo. Ninguna normatividad va a solucionar el problema de raíz si no se toman en cuenta los aportes de la psicología en cuanto a la repetición de los patrones en los distintos niveles de agresión. Desde el acoso callejero hasta el feminicidio. Ha faltado también el apoyo de la sociología y de la economía para entender los contextos en los que se da la violencia y las razones diferenciadas de la misma. 3. Mayor foco hacia la conducta del agresor. Se ha puesto mayor atención a la víctima —y qué bueno— pero no se puede soslayar el estudio permanente de los perﬁles de quienes repiten patrones de agresión en lo público y en lo privado. 4. Más soluciones a nivel local. Hasta ahora, y como una muestra más de la tendencia a centralizar y uniformar las soluciones, casi siempre se espera la acción del centro del país hacia las entidades, cuando es posible que, a nivel local, se tenga un conocimiento mucho más claro de lo que está sucediendo y, en consecuencia, de las vías de solución. No se puede responder de la misma manera a la violencia en el norte, sur y centro del país o en las costas y fronteras. Los casos pueden presentar diferencias importantes en su georreferenciación, atendiendo a distintas

variables. Por ejemplo, relacionar la trata de personas con ﬂujos migratorios, con la presencia del narco o con niveles de pobreza y marginación. Se trata de resaltar y tomar en cuenta las diferencias. Es muy difícil que desde el centro se tenga una completa comprensión de los fenómenos locales. Quienes deben dar los insumos que permitan las soluciones diferenciadas son los Estados y los Municipios. En ocasiones, los distintos tipos de violencia no se circunscriben a los límites geográﬁcos de Estados y Municipios, sino que trascienden las fronteras de unos y otros o marcan corredores con una continuidad en la tipología de los sucesos. 5. Armonización en la tarea institucional. Dictar leyes a nivel federal y local para atender los distintos tipos de violencia ha sido la tendencia desde hace algunos años. Además de la suscripción de Tratados y Convenciones. Sin embargo, hoy nos encontramos ante una sobrerregulación que ha provocado traslapes en el sistema de competencias, no solo entre la Federación y los Estados, sino también entre las distintas instituciones públicas. La necesidad de atención inmediata ha llevado a que, en la práctica, no exista claridad en cuanto a los límites de actuación respecto de políticas de prevención, orientación, atención a víctimas, denuncia, seguimiento, persecución de los distintos delitos, etc. Urge armonizar. Es necesario, en consecuencia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrumentar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto.

Es necesario, en consecuencia, continuar con lo que se ha hecho bien e instrumentar lo que puede hacerse mejor. Ahí está el reto

Leticia Bonifaz Alfonzo, Directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Poder Legislativo

PRESUPUESTO PARA AVANZAR EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

a igualdad de género se alcanzará con la suma de esfuerzos y voluntades, pero también con la transversalidad en el presupuesto de egresos de la federación (PEF), el cual, como cada año se analiza, discute y aprueba en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Igualdad de Género por segundo año hemos hecho una revisión del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre mujeres y hombres”, a través de la observación puntual de todos los ramos, programas y unidades responsables de las Secretarías; por ello en los ejercicios presupuestales los aumentos están basados en resultados y como consecuencia también han derivado reasignaciones en los indicadores que no son cumplidos y la eliminación de la duplicidad de programas. Lo anterior con el objetivo de generar una distribución equitativa en los montos asignados a las dependencias de acuerdo a su naturaleza y necesidades imperantes en la atención a los temas urgentes en materia de igualdad. Quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género nos pronunciamos para fortalecer los indicadores de resultados, que son los parámetros de evaluación de los avances y desafíos, en este momento en el cual la violencia contra las mujeres se muestra ascendente, requerimos respuestas concretas de cada peso que se destina para el adelanto de las mujeres. Así en la prevención, atención y erradicación de la discriminación y violencias contra las mujeres, los recursos no pueden ser disminuidos. Por ello, en 2018, el Anexo 13 contemplado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asciende a más de 28,000 millones de pesos con un aumento de 1,000 millones en relación con el ejercido en 2017. Sin embargo, diversas dependencias aún no han comprendido que el Anexo 13, es una acción aﬁrmativa que procura mejorar la calidad de vida

FOTO: SHUTTERSTOCK

ERIKA ARACELI RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

y poner el piso parejo para las mujeres. A pesar que desde 2008 se integró por primera vez un anexo especíﬁco para las mujeres que en 11 años ha incrementado tres veces su monto inicial y la meta será la transversalidad del enfoque de género en el PEF. Lograr la igualdad es el reto de los gobiernos, municipales, estatales y federal, los cuales deben armonizar el marco normativo, e implementar los mecanismos y medidas necesarias, para acelerar el empoderamiento, pero además erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. A través de la planeación y diagnósticos con perspectiva de género se debe gravitar las acciones en el plano local, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo cual, los gobiernos deben ejercer las partidas asignadas para la atención, prevención y acceso a la justicia, pero además tienen la obligación normativa de generar presupuestos con perspectiva de género y aplicarlos, sin distingos, prejuicios o tintes políticos, porque los derechos de las niñas y mujeres no son negociables, ni sujetos a voluntad política. En la LXIII Legislatura las diputadas tenemos un compromiso con nuestro género, por ello defendemos el presupuesto para traducir la norma en hecho y garantizar una vida libre de violencia, en pleno apego a los derechos humanos, los Tratados Internacionales y la Agenda 20-30. Por la vida y la dignidad de las mujeres y niñas, ni un peso menos.

Lograr la igualdad es el reto de los gobiernos, municipales, estatales y federal, los cuales deben armonizar el marco normativo, e implementar los mecanismos y medidas necesarias, para acelerar el empoderamiento

Erika Araceli Rodríguez Hernández, Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género de la Camara de Diputados.

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Sector Gobierno

ALERTA AMBER MÉXICO ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

Un esfuerzo internacional para localizar a niñas, niños y adolescentes que puedan encontrarse en una situación de riesgo.

ADRIANA LIZÁRRAGA GONZÁLEZ

lerta AMBER México surge como resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, fomentando la coordinación y cooperación, entre las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, empresas de transporte de personas, medios de comunicación y de otros sectores involucrados. Se trata de un mecanismo independiente del proceso judicial que en su caso, se inicie por las autoridades competentes. Es una herramienta de difusión que coadyuva, un sistema de advertencia temprana, para casos de niñas, niños y adolescentes no localizados, que se encuentren en una situación de peligro de sufrir un daño grave en su integridad personal o ser víctimas de la comisión de un delito. El objetivo de la activación es alertar a la ciudadanía, para que se sume y de esta manera coadyuve en la búsqueda, es decir, que haya muchos ojos atentos para lograr su localización en las primeras horas de ocurrido el suceso. Para solicitar la activación de una alerta, se requiere que: A. La o el solicitante haga del conocimiento de la autoridad (enlace AMBER estatal o nacional) la no localización de la niña, niño o adolescente. B. La o el enlace AMBER realice la valoración de acuerdo con los tres criterios establecidos: 1. Que la persona sea menor de 18 años, 2. Que se encuentre en riesgo inminente de sufrir un daño grave en su integridad personal, 3. Que exista información suﬁciente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de su ausencia, y descripción de los hechos. C. De proceder, Activa la alerta AMBER México a través de la red de enlaces que la conforman.

La alerta tiene una vigencia de 72 horas, ya que es un sistema de advertencia temprana, no es la investigación, es una herramienta alterna, y el hecho de desactivarla no signiﬁca que las autoridades dejen de realizar las acciones correspondientes para localizar a la niña, niño o adolescente. Para poder llevar a cabo su activación además de que se cumplan los criterios anteriormente descritos, es muy importante que el reporte de No Localización se haga de manera inmediata para que las autoridades activen los Protocolos de Búsqueda. El hecho de que el Programa no aplique en todos los casos en que se da la no localización de niñas, niños o adolescentes, no exime a la autoridad de implementar otros mecanismos de búsqueda. Alerta AMBER México es un programa que rompe con las barreras del tiempo y la distancia, por lo que se reﬁere a la operación de este mecanismo con carácter de Programa Nacional, la experiencia nos deja ciertos de ser un mecanismo sin igual pues ha contribuido a eliminar las malas prácticas relativas al tiempo de inicio de la investigación cuando una niña, niño o adolescente no es localizado. Y lo más importante: el fortalecimiento de la ciudadanía, a la que debemos concebir como agente de cambio positivo, pues es en la que radica la fuerza para enfrentar el deterioro del tejido social. Ahora más que nunca es necesario fortalecer las instituciones mediante el diálogo y la construcción de acuerdos con los actores políticos y sociales, el Programa Alerta AMBER México, ha constituido un foro idóneo para llegar a la construcción de esos acuerdos que tanto se requieren para disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad, fortaleciendo las buenas condiciones de vida e inhibiendo las causas del delito y la violencia.

Alerta AMBER México es un programa que rompe con las barreras del tiempo y la distancia, es un sistema de advertencia temprana

Adriana Lizárraga González, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

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ILUSTRACIÓN: CORTESÍA

FAMILIAS Y SEXUALIDADES, LA HERRAMIENTA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA YOLANDA C. AGUIRRE PLATAS

a violencia de género es un mal que mayoritariamente experimentan las mujeres durante todo su ciclo de vida, es decir, no solo lo viven las mujeres adultas, sino también las niñas y las adolescentes. Las mujeres padecen la violencia de género y ésta tiene diferentes matices y expresiones de acuerdo con cada etapa del desarrollo en la cual se encuentren. La violencia sexual y la violencia en el noviazgo son problemas que se experimentan en mayor medida a edades tempranas y en muchas ocasiones persisten a lo largo de toda la vida. Es por ello, que la violencia se normaliza, pues se considera como algo que es inherente a los seres humanos y por ello es inevitable experimentarla. La violencia sexual y la violencia en el noviazgo se deben prevenir, detectar oportunamente, atender y erradicar porque en sí mismas son un agravio contra las niñas y las adolescentes, pero además pueden originar otros problemas como contagiarse de una infección de transmisión sexual, como el VIH o el VPH, o vivir un embarazo no deseado en la adolescencia, cuestiones que pueden afectar su salud, y desencadenar una serie de experiencias discriminatorias que impidan el ejercicio de sus derechos. No obstante, el gobierno tiene una gran responsabilidad en la atención de esta problemática, es relevante visibilizar el papel que juegan la comunidad, la comunidad escolar y las familias en la prevención de la violencia, en la identiﬁcación del problema y en su canalización oportuna para que se atienda de manera expedita. En ese sentido, el INMUJERES, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA),

diseñó una plataforma digital llamada “Familias y Sexualidades. Prevención del Embarazo en Adolescentes”, dirigida a madres, padres, cuidadores, docentes y personas adultas que acompañan el crecimiento y desarrollo de adolescentes, con el objetivo de proporcionarles conocimientos, valores y habilidades sociales para que promuevan en sus hijas, hijos, y alumnado las habilidades necesarias para que ellas y ellos desarrollen su máximo potencial. Esta plataforma contiene ocho cápsulas con diversos contenidos con enfoque de derechos humanos, entre las que se destaca la cápsula de “violencia de género”, en la cual se define conceptualmente la misma, pero, sobre todo, por medio de actividades de aprendizaje se muestra cómo prevenir y atender la violencia sexual y la violencia en el noviazgo. “Familias y sexualidades. Prevención del embarazo en adolescentes”, desde un enfoque de derechos sexuales, aborda la sexualidad adolescente sin estereotipos de género y propone que se fomente en ellas y ellos, habilidades sociales para que tengan una vida libre de violencia y diseñen un proyecto de vida acorde a sus expectativas y posibilidades. Las cápsulas tienen perspectiva de género y abordan la igualdad entre mujeres y hombres en cada una de ellas. Esto es significativo porque se debe trabajar en la prevención de la violencia de género haciendo hincapié en la participación que los hombres tienen en ella y en la corresponsabilidad que deben tener en todos los aspectos de la vida, incluyendo en la vida sexual. Finalmente, el INMUJERES, con plena certeza de que las personas adultas reafirmarán su compromiso con las niñas y adolescentes, les invita a conocer todos los contenidos de esta herramienta didáctica en http:// familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx y, para mayor comodidad, puede visualizarse en cualquier dispositivo móvil, como teléfonos o tabletas.

La violencia sexual y la violencia en el noviazgo se deben prevenir, detectar oportunamente, atender y erradicar porque en sí misma es un agravio contra las niñas y las adolescentes

Yolanda C. Aguirre Platas, Subdirectora de Desarrollo Económico y Social del INMUJERES.

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Órganos Autónomos

ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES: UN MECANISMO QUE SE PUEDE FORTALECER LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ

a violencia contra las mujeres es un problema de carácter estructural, derivado de las profundas desigualdades históricas, sociales y culturales entre mujeres y hombres en nuestra sociedad. Específicamente, la que se comete por razones de género, conlleva múltiples efectos en los derechos humanos de las mujeres y que, en su forma más extrema, puede derivar en feminicidio. Por ello, en medio de las dificultades por las que transitan los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia en México, se presentó el Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres1, para llamar la atención sobre la importancia de prevenir y atender la violencia feminicida, analizando los 28 procedimientos de Alerta abiertos en el país2. Frente al grave problema de la violencia contra las mujeres, se han logrado avances, uno de ellos es el mecanismo de alerta, definido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad” 3, pues ha permitido visibilizar y llamar a la acción conjunta e integral de las diferentes autoridades competentes. Se han dado otros pasos: a excepción de Durango, la mayoría de las entidades prevén la violencia feminicida en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y, en todas las entidades se tipifica ya el delito de feminicidio. No obstante, es necesario armonizar la legislación en esta materia y capacitar a los operadores de justicia para que puedan acreditar y registrar debidamente los supuestos que contiene el tipo penal de feminicidio. Además, las entidades que han entrado a procesos de alerta, se han visto obligadas a hacer ejercicios diagnósticos. Reconocer, nombrar y tipificar son los primeros pasos para elaborar diagnósticos certeros, claves para el diseño de políticas públicas eficaces. Sin embargo, con frecuencia se tiene que recurrir a fuentes hemerográficas, pues aún se enfrentan retos para contar con datos fidedignos y transparentes sobre los asesinatos de mujeres en el país, ante la insuficiente operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre

casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). Instrumento que tiene como propósito almacenar información veraz, actualizada y accesible de las 32 entidades federativas y dependencias de gobierno, para atender la violencia de género de manera integral. Actualmente, México solo cuenta con las estadísticas del INEGI, sobre el número de defunciones de mujeres por homicidio, de acuerdo a esta fuente, de enero de 2015 a diciembre de 2016, se registraron un total de 5,118 defunciones femeninas por homicidio.4 Esta cifra representa siete asesinatos de mujeres cada día. Para fortalecer el procedimiento de alerta se sugiere, entre otras medidas: 1) que se publiquen los informes de seguimiento de los casos donde la Secretaría de Gobernación resolvió no emitir la Declaratoria; 2) que se etiqueten recursos públicos federales para la implementación de las alertas; 3) promover acciones relacionadas con la obligación de “modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”5 para con ellos prevenir la violencia de género. No olvidemos que la violencia contra las mujeres se ejerce en todos los ámbitos y que su atención es también responsabilidad de la sociedad: acompañemos la formación de niñas, niños y adolescentes en el respeto a la dignidad de la persona. En los casos de violencia contra las mujeres, el Estado mexicano tiene, además de las obligaciones genéricas, las contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la Convención de Belem do Pará, en lo que refiere a las obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y, entonces sí, poder hablar de erradicar.

Se han dado otros pasos: a excepción de Durango, la mayoría de las entidades prevén la violencia feminicida en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

REFERENCIAS: [1] Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ Diagnostico-AVGM.pdf [2] En México, solo cinco de las entidades no cuentan con proceso de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes e Hidalgo. [3] Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. [4] El INEGI registra 2,735 defunciones de mujeres por homicidio en 2016 y 2,383 en 2015. Información disponible en http://www.inegi.org.mx/sistemas/ olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est# [5] Artículo 5 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

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OSC

EL CAMBIO SEGÚN QUIÉN… FOTO: SHUTTERSTOCK

MARGARITA GUILLÉ TAMAYO

na de las cosas de las que puede preciarse la generación X, como se denominó a la mía, es de haber visto morir una serie de ideas caducas, inoperantes o ineficaces y ver nacer nuevos paradigmas del pensamiento que al tiempo se instauraron en la academia, la política y la economía como promesa del cambio social. De hecho, pareciera que el cambio social vive una especie de incubación y luego detona en la dinámica de la vida cotidiana. Mi generación vivió la construcción del andamiaje en materia de derechos humanos de las mujeres. Fue en 1975 cuando se llevó a cabo la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en México; luego vino la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en Brasil 1984; llegó la Conferencia Internacional sobre la Mujer de Beijing en 1995 y para 1996 se tipificaba, por primera vez en el país, la violencia dentro de la familia como delito. Un avance importantísimo; surgían así más y más centros de atención para las mujeres ya no sólo en violencia sexual también en violencia familiar. Ese año surgió el primer refugio para mujeres del país en Aguascalientes, y pocos años después surgiría la primer “ley de cuotas”, y en 2007 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Existía ya el Instituto Nacional de las Mujeres, la transversalización de la perspectiva de género y luego las políticas de igualdad. La primera Encuesta Nacional donde las propias mujeres hablaban de las violencias vividas y los lugares de incidencia. Se comenzaron a construir los mapas de la violencia y a identificar metodologías, modelos y manuales eficaces para atender el fenómeno. Se establecieron políticas públicas específicas y se obtuvieron por pri-

mera vez presupuestos etiquetados a programas y asuntos cabildeados por la sociedad civil en el tema de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se iniciaron los observatorios ciudadanos y se incrementó la contraloría social feminista. Pronto nos dimos cuenta de que el cambio social, además de dinámico, es falaz. O, dicho de otra manera, se ha avanzado mucho, pero la dinámica de la sociedad contemporánea presenta desafíos que estimulan a continuar los avances y retan hoy como nunca a la creatividad. ¿Qué les está tocando hoy a la generación denominada millennials? A ellos les tocó la emergencia del crimen organizado, la guerra contra las drogas, la revolución digital y los nuevos medios de ejercer violencia y reproducir la desigualdad patriarcal. La pornografía infantil, la abducción y desaparición como un fenómeno que se ha recrudecido, que divide poblaciones y carcome el tejido social. Si bien la historia se hace de cambios. Y se avanza como se cambia. Hoy tenemos grandes avances que corren el riesgo de apenas disfrutarse porque a la vuelta de la esquina está el nuevo desafío. Después de caminar varios años al lado de mujeres de mi generación y de otras gigantes maestras que nos abrieron camino y nos precedieron, me parece que todas quienes nos hemos dedicado a repensar cómo acabar con la violencia y generar seguridad, y un estado de derechos para las mujeres y niñas reconocemos los avances al tiempo que nos hacemos la pregunta a la que nos llevan los cambios: ¿cómo hacer que los hombres dejen de consumir sexo forzado, clandestino e ilegal? ¿Cómo hacer para que se rompa la cadena de silencio que permite que la trata y explotación de mujeres y niñas ocurra? ¿Cómo hacer para que los pasos que hemos dado las mujeres comiencen a seguirlos más hombres?

Se ha avanzado mucho, pero la dinámica de la sociedad contemporánea presenta desafíos que estimulan a continuar los avances y retan a la creatividad

Margarita Guillé Tamayo, Coordinadora Ejecutiva de la Red Interamericana de Refugios.

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NECESARIO FORTALECER EL MECANISMO DE ALERTA DE GÉNERO ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

Es un mecanismo que, sin duda, contribuye a la erradicación de la violencia contra las mujeres.

PABLO NAVARRETE GUTIÉRREZ

alerta de violencia de género contra las mujeres es un novedoso mecanismo de intervención Estatal en situaciones de violencia contra las mujeres, creado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Su objetivo es generar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, es decir, la violencia extrema, en un territorio determinado y/o proponer la modificación de una legislación o política pública que agravie los derechos de las mujeres, mejor conocido como agravio comparado. Si bien este mecanismo existe desde hace poco más de 10 años, los mismos que tiene en vigor la Ley General, apenas dos años atrás se declararon las primeras en el país. La primera, en julio de 2015 para 11 municipios del Estado de México, y la segunda, el mismo año, para ocho municipios del Estado de Morelos. En 2013, el INMUJERES promovió una reforma al Reglamento de la Ley General, para cambiar el procedimiento de alerta, que en ese momento estaba a cargo del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Era urgente modificarlo, pues no estaba dando los resultados esperados. El procedimiento se había “partidizado” y no estaba cumpliendo con el propósito para el cual se había creado esta novedosa figura. Con esta reforma, ahora un grupo de trabajo es el responsable de analizar las solicitudes de alerta bajo criterios estrictamente técnicos, estadísticos, científicos y jurídicos, no políticos, y emitir su opinión a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) sobre la procedencia o no de la misma. Este grupo está conformado por ocho representantes: dos académicas locales, dos nacionales, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), uno de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), uno del mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad federativa donde se investiga la alerta

y el INMUJERES, que, si bien coordina sus trabajos, no tiene facultades para declararla; esto solo le corresponde a la SEGOB. Esta conformación, en la que la representación gubernamental es minoritaria, sólo tres de los ocho votos, da mayor confianza y legitimidad a sus decisiones. A la fecha, se han declarado 12 alertas en igual número de estados del país1, que comprenden, en su conjunto, 91 municipios. A estas se suma la que motu proprio declaró el estado de Jalisco, bajo su legislación local, en ocho de sus municipios, única a nivel nacional. Actualmente hay nueve procedimientos más de alerta en trámite, entre las que se encuentra la de la Ciudad de México que fue la última que se recibió. A dos años de haberse declarado las primeras alertas y del proceso de implementación de las que se han sumado en los últimos meses, tenemos identificados algunos ajustes que se deben realizar al procedimiento para hacerlo más ágil y eficiente, entre los que se encuentran acortar los tiempos para emitir la declaratoria e incorporar a las organizaciones solicitantes en el proceso de evaluación y seguimiento de las medidas dictadas con la alerta, entre otras. El INMUJERES ha elaborado una propuesta de modificación que se está consultado ampliamente con la intención de fortalecer este mecanismo. Si bien la facultad para modificar el Reglamento de la Ley General, que contempla este procedimiento, recae sobre el Ejecutivo Federal, al igual que en la modificación de 2013, se ha optado por consultarla para enriquecerla. Hace unos días, por primera vez en los 10 años que tiene de vigor ese mecanismo, la CNDH presentó una solicitud de alerta para el estado de Puebla y un diagnóstico nacional sobre este mecanismo, en el que hace diversos planteamientos con miras a fortalecerlo. Desde el INMUJERES, reconocemos y valoramos sus propuestas y recomendaciones que son coincidentes con la propuesta de modificación en consulta. Nos interesa tener un mecanismo que contribuya a la erradicación del flagelo de la violencia contra las mujeres, no escatimaremos esfuerzos porque así sea.

A dos años de haberse declarado las primeras alertas y del proceso de implementación, hay algunos ajustes que deben realizarse al procedimiento para hacerlo ágil y eﬁciente

Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos del INMUJERES.

REFERENCIA: [1] Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

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Sector Gobierno

LÍNEA 01 800 HÁBLALO 01 800 422 5256

FOTO: SHUTTERSTOCK

Esta línea ofrece ayuda a mujeres víctimas de violencia, con un servicio integral y gratuito

MARÍA WADED SIMÓN NACIF

n noviembre de 2013, el Presidente de la República presentó la Línea 01800 Háblalo como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La línea ofrece a mujeres víctimas de violencia un servicio integral, de alcance nacional y fácil acceso; brinda orientación legal y atención psicológica, de manera gratuita y confidencial, las cuales responden a: Atención y orientación psicológica. Se basa en terapia breve estratégica, centrada en soluciones, intervención en crisis y modelo de sesión única, con un acercamiento respetuoso de la terapia. Adicionalmente, se ofrece un servicio único de atención y seguimiento psicológico, que ayuda a las usuarias que así lo requieran, a resolver su situación en el mediano y largo plazos, más allá de la emergencia. El seguimiento se realiza con la o el agente con quien tuvo el primer contacto, lo cual queda registrado en el Sistema de Gestión y Seguimiento para futuras llamadas. En esta vertiente de atención se fijan metas, focalizando los motivos de la llamada y buscando factores del problema o situación que enfrentan las usuarias para identificar posibles soluciones y construyendo un plan de acción basado en su realidad. La orientación legal es proporcionada por abogados (as) capacitados (as) en las diferentes ramas del derecho, con conocimientos de la legislación federal, así como de los ordenamientos estatales, capacitadas (os) en el Modelo de intervención en crisis, perspectiva de género, derechos humanos y en brindar un acompañamiento vía telefónica, chat y correo electrónico. Su intervención se realiza con una visión profesional y sin dar falsas expectativas a la usuaria, con la responsabilidad y confidencialidad requeridas.

Un servicio complementario es la canalización a más de 6,000 instituciones públicas y privadas en las 32 entidades federativas. Para esto, se cuenta con una base de datos que integra instituciones públicas y/o privadas distribuidas en todo el territorio nacional; principalmente, aquellas cuyo objetivo es la atención de las mujeres o la procuración de justicia. Asimismo, se integra una red actualizada de profesionales a nivel nacional para atención personalizada psicológica y legal. De noviembre de 2013 a diciembre de 2016, se brindaron más de 66,000 servicios, lo que incluye 2,463 chats y 293 correos electrónicos. Cabe destacar que cerca de 6,000 servicios fueron ofrecidos a hombres. En lo que va de 2017 los servicios suman casi 24,000, incluyendo 173 chats y 49 correos electrónicos. De igual manera, casi 2,000 de estos se han ofrecido a hombres. La facilidad de acceso a Línea y los servicios que ofrece permite: Atender problemáticas legales asociadas con la situación en que viven y que pueden tener que ver con su situación civil, la tutela de sus hijos e hijas, su situación patrimonial, entre otras. Con ello, reducen su ansiedad y vulnerabilidad al darse cuenta de sus verdaderas opciones. Contener una situación de crisis derivada de una situación extrema, como ser expulsadas de su hogar, violencia física, violación, hostigamiento o acoso laboral entre otras. Buscar resolver situaciones crónicas o de largo plazo, que les permitan tomar decisiones, al reflexionar sobre su situación presente y sus escenarios de futuro. Encontrar ayuda local, profesional y con perspectiva de género para identificar opciones de vida. El incremento en los servicios de la línea y la continuidad de los tratamientos terapéuticos, da cuenta de la eficacia de estos servicios.

En esta vertiente de atención se ﬁjan metas, focalizando los motivos de la llamada, y buscando factores del problema o situación que enfrentan las usuarias para posibles soluciones

María Waded Simón Nacif, Directora General Adjunta de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

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Poder Legislativo

LAS Y LOS JÓVENES COMO PODEROSOS AGENTES DE CAMBIO PARA FRENAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO

oy día, las mujeres jóvenes enfrentan una complicada lista de desafíos para su desarrollo profesional, emocional y social; entre ellas, la desigualdad, la discriminación y la violencia de género como sello distintivo a su edad. La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de las sociedades, pues genera inestabilidad, impide el progreso hacia la justicia y la paz, y atenta contra la gobernabilidad democrática de nuestro país. Durante las últimas décadas, hemos visto cómo la violencia contra las mujeres y las niñas ha sido una constante, sus diversas manifestaciones no solo han lacerado la vida de las mujeres, sino también de toda una sociedad que asume como un hecho “normal, justiﬁcado o tolerado” la violencia que ejercen los hombres en contra de éstas; a pesar de los avances que hemos tenido en materia de género. Las estadísticas reﬂejan cómo la violencia contra las mujeres se inserta en la estructura social y sus manifestaciones; convirtiéndola en conductas cotidianas que incluso se encuentran socialmente “naturalizadas”. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016), 66% de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en nuestro país, han padecido al menos un incidente de violencia; siendo la pareja (novio o esposo), el principal agresor de ella. Resulta preocupante ver cómo 56% de las 28,175 mujeres asesinadas en 2015 eran mujeres jóvenes y de edad mediana entre 15 y 39 años; muchas de ellas asesinadas por sus propias parejas sentimentales. A pesar de que el Estado mexicano, como respuesta a las necesidades de atención a las mujeres y considerando las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia, ha impulsado una serie de

acciones de diversa índole para hacer frente a tan grave flagelo; no hemos logrado frenarla; por el contrario, vemos un importante incremento de asesinatos de mujeres, principalmente jóvenes y niñas. Hoy más que nunca debemos preguntarnos ¿qué estamos haciendo mal?, ¿por qué las políticas públicas y los programas de atención y prevención no están permeando en la sociedad, principalmente entre las y los jóvenes? Frecuentemente notamos que desde el noviazgo los hombres intentan controlar la relación, lo que nos hace identificar ciertas pautas para advertir que la violencia no surge de un día para otro, sino que se va construyendo y reforzando con la interacción cotidiana. En ocasiones, la violencia en el noviazgo se confunde con el amor, lo cual hace que muchas parejas desconozcan sus principales circunstancias y desaten una serie de eventos con consecuencias lamentables; ejemplo de ello, su impacto negativo en las relaciones familiares, de amistad y en el rendimiento académico o peor aún el asesinato principalmente de las mujeres. Es fundamental comprender que la violencia en el noviazgo se vive de manera distinta, dependiendo del contexto, de la manera en que lo viven las y los adolescentes y las consecuencias que traiga. Ahora, a mayores condiciones de desventaja y vulnerabilidad como la pobreza, la educación, el acceso a la información, la pertenencia a comunidades conservadoras, entre otros factores, la violencia en el noviazgo tenderá a ser mayormente naturalizada. Otro factor importante son las relaciones familiares, quienes influyen en todo momento en la construcción de relaciones de pareja; donde predominan patrones de conducta y estereotipos de género que colocan a la mujer en un nivel de subordinación. De ahí que podemos identificar el por qué los adolescentes permanecen en relaciones violentas sin que logren reconocerlo, debido a que obedecen a patrones de privilegio de lo masculino, y en muchos casos a la ausencia de redes de apoyo familiares o de amistad que les permitan detectar señales de actitudes violentas, contener la situación, atender su salud psicológica, conformar redes de apoyo y salir del círculo de la violencia. Ahora bien, la solución no implica una criminalización del problema sino más bien incluir a las y los adolescentes en el diseño de políticas de prevención, detección y atención que les permita deconstruir relaciones hegemónicas de poder y sustentarlas en conceptos de igualdad, dignidad, respeto y reconocimiento. Para ello, es fundamental conocer la problemática desde la perspectiva de la juventud para que el diseño y la implementación de políticas públicas permitan atender, sancionar y prevenir de manera adecuada la violencia en el noviazgo. En este sentido, trabajar las masculinidades con los jóvenes, implica cuestionar y visibilizar los estereotipos y prácticas rígidas de ser hombres, mismos que producen y reproducen las violencias en contra de las mujeres. Es urgente revisar dónde están nuestros jóvenes y dejar que el tema sea discursivo para entrar realmente en una política pública seria y responsable. Hoy más que nunca debemos trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las empresas para lograr la igualdad plena entre mujeres y hombres y una vida libre de violencia; modificando el papel “tradicional” de ambos tanto en la sociedad como al interior de las familias y generando nuevas formas de masculinidad.

Desde el noviazgo los hombres intentan controlar la relación, lo que nos hace identiﬁcar ciertas pautas para advertir que la violencia no surge de un día para otro, sino que se va construyendo y reforzando con la interacción cotidiana

Diva Hadamira Gastélum Bajo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

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Sector Gobierno

ADIÓS AL MACHISMO La conquista de mayores espacios de decisión para las mujeres es una tarea indispensable para dejar atrás las condiciones de desigualdad, subordinación y violencia

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

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odos los días y en todo el país, se escriben nuevas historias de igualdad y empoderamiento. Historias de cambio, que están permitiendo dejar atrás viejas prácticas y estereotipos que obstaculizan el desarrollo pleno de nuestra sociedad. Historias que nos hablan del gran talento, el liderazgo y la capacidad de las mujeres mexicanas. Lo vemos en la economía y el sector privado, donde contribuyen a la prosperidad y la generación de oportunidades, porque cada vez más están emprendiendo, invirtiendo e innovando. Lo vemos en el deporte, en la cultura, la academia, la ciencia y la sociedad civil, donde están destacando y poniendo muy en alto el nombre de México. Y por supuesto, lo observamos también en la política, donde son cada vez más las mujeres que están ocupando espacios en las dirigencias de sus partidos, así como en los municipios, entidades federativas y en el ámbito federal. No es producto de la casualidad. Por un lado, es resultado de muchas décadas de esfuerzo y de la lucha de muchas generaciones

de mexicanas que han actuado para abrir los espacios de decisión y representación que merecen. No ha sido sencillo. Para lograrlo, han tenido que vencer obstáculos y sobreponerse a la adversidad. El contexto que enfrentan ha estado y sigue estando lleno de barreras y diﬁcultades. Por otro lado, durante los últimos años, México ha realizado una serie de transformaciones legales e institucionales para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en la vida del país, especialmente en la esfera de las decisiones públicas. La más reciente de ellas¬ y sin duda, la de mayor calado¬ es la que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto como parte de la Reforma Política de 2014, en la que se estableció el principio de paridad entre hombres y mujeres en el acceso a candidaturas a cargos de elección popular. Fue un paso histórico. Se trató de una acción aﬁrmativa muy necesaria para contar con un piso parejo en las condiciones de participación política, con el objetivo de que las mujeres dejaran de estar sub-representadas en los procesos democráticos. No fue algo gratuito. Fue una exigencia que venía de mucho tiempo atrás y que era necesario atender

FOTO: CORTESÍA

México ha realizado una serie de transformaciones legales e institucionales para que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en la vida del país, especialmente en la esfera de las decisiones públicas

para hacer que la voz de las mujeres se escuchara con mayor fuerza. Los resultados de este cambio se vieron de inmediato. Hoy, 42% de la Cámara de Diputados lo conforman mujeres, una integración derivada del proceso electoral de 2015, el primero en el que se aplicó la Reforma Política. Esto coloca a México como uno de los países más avanzados en materia de representación de las mujeres en las legislaturas nacionales. Estamos en segundo lugar entre los países de la OCDE, tan solo después de Suecia. La conquista de mayores espacios de decisión para las mujeres es una tarea indispensable para dejar atrás las condiciones de desigualdad, subordinación y violencia que aún pesan sobre muchas de ellas. Primero, porque rompe con los roles tradicionales de género y envía un poderoso mensaje para aquellos que aún piensan, equivocadamente, que las mujeres no están preparadas para ejercer funciones de liderazgo o de gobierno. Y segundo, porque es mucho lo que puede hacerse desde estos espacios para diseñar e impulsar más estrategias, acciones y políticas públicas en favor del empoderamiento, y quién

mejor que ellas mismas para tomar en sus manos esta labor. Por eso es tan importante comenzar ahí, tal como ha sucedido durante las últimas dos décadas, para hacer de la esfera pública el primer frente de batalla en la construcción de acciones que contribuyan a revertir y poner fin a los rezagos que aún viven muchas mujeres. Y un paso fundamental en esa dirección es que las mujeres dejen de estar excluidas de la política. Sin embargo, es necesario reconocer la dimensión del reto. Construir una sociedad igualitaria es una tarea que exige ir mucho más allá de cuotas de género o cambios legales e institucionales. Sobre todo, ante problemáticas tan complejas como la violencia de género, uno de los ﬂagelos más dolorosos que pesan sobre las mujeres y que limitan su potencial. De todos los factores que frenan la realización plena de las mujeres, la violencia de género es, sin duda, la más reprobable. No solo por las afectaciones físicas, económicas y emocionales que genera ¬a veces de forma irreparable¬, sino también porque trunca proyectos de vida. Se trata de un desafío que no es exclusivo de México y que no reconoce fronteras, siendo una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes en todo el planeta. Tan solo para dimensionar lo anterior, podemos mencionar que, de acuerdo con la ONU, casi una tercera parte de las mujeres en el mundo que han sostenido una relación de pareja han sido víctimas de violencia física o sexual. De ahí que su erradicación sea parte de esfuerzos internacionales tan importantes como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En México, y debemos decirlo con toda claridad, la violencia de género es una problemática que tiene dimensiones preocupantes. De acuerdo con datos del INEGI, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido, al menos, un incidente de violencia en cualquier

ámbito y momento de su vida; 4 de cada 10 han sido agredidas por su actual o su última pareja, ya sea en su matrimonio o relación de noviazgo; 5 de cada 10 no le cuenta a nadie la violencia que sufre; y 8 de cada 10 jamás denuncia. Aquí, observamos que el silencio es un cómplice recurrente de la violencia. En muchos de los casos, las agresiones se viven en la soledad, sin hablarse y sin visibilizarse. Lo que plasma un patrón cultural en el que la violencia contra la mujer sigue siendo reprimida, aceptada o tolerada. Así, la mentalidad y las prácticas machistas, junto al temor y los estereotipos, están en el fondo de la problemática. Las cifras no solo reflejan el tamaño del desafío, sino también las formas de pensar y de actuar que lo generan. También es importante señalar que detrás del fenómeno de la violencia de género existen factores estructurales. Me refiero a condiciones políticas, sociales y económicas que han prevalecido durante mucho tiempo y que ponen a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y desventaja. Por ejemplo, de acuerdo con cifras de la OCDE, solo 47% de las mexicanas en edad productiva participan en la fuerza de trabajo y casi 60% de las que trabajan tienen empleos informales, con poca protección social y baja remuneración. Dicha circunstancia disminuye o impide la independencia económica de muchas mujeres, generando un doble riesgo: que es más fácil caer y más difícil salir de los círculos de la violencia de género, por la falta de medios para valerse por sí misma; es decir, una mujer que no depende económicamente de su agresor tiene más posibilidades de romper en cualquier momento la situación de violencia. Se trata de problemáticas que no solo se reflejan en las estadísticas, sino que podemos observar en la realidad cotidiana que viven muchas mujeres. La discriminación o el trato desigual al buscar un empleo o al pedir un NOVIEMBRE, 2017 | TODAS |

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Sector Gobierno

ascenso. La frustración de tener que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos o de apoyo familiar. La rabia ante situaciones de acoso en el transporte, los espacios públicos o las redes sociales. O el dolor y la impotencia ante las agresiones sufridas. Ante esta realidad, es necesario actuar de manera contundente. Así lo hemos hecho durante los cinco años de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Lo primero que se hizo fue situar la perspectiva de género al centro de la agenda y los esfuerzos gubernamentales, convirtiéndola en un eje transversal de todas nuestras políticas y acciones; porque ante este desafío, es necesario actuar de forma articulada y con medidas de fondo, no con esfuerzos aislados y sin un enfoque integral, como sucedía antes. A partir de ello, se puso en marcha el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha beneficiado a más de 16.2 millones de mexicanas, con acciones concretas: desde protección y atención especializada para que puedan vencer los círculos de violencia; hasta créditos, proyectos productivos y capacitación para que puedan emprender, salir adelante y recuperar su proyecto de vida. Muy importante en ese sentido ha sido la labor que se realiza desde los Centros de Justicia para las Mujeres, desde los cuales se ha respaldado a más de 343,000 mujeres en situación de violencia. En los centros convergen, por un lado, las áreas de asistencia, en las que 14

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se brinda asesoría jurídica, servicios médicos y psicológicos, atención infantil especializada y apoyo para el empoderamiento económico; y, por otro lado, las áreas de procuración de justicia, integradas por la policía especializada en violencia de género, ministerios públicos, medicina legista, sala de juicios orales y zonas de detención. Durante este gobierno se ha realizado un esfuerzo sin precedentes para la creación y el fortalecimiento permanente de estos centros, a los cuales se ha destinado un presupuesto de más de 253 millones de pesos. A la fecha, contamos ya con 37 centros en 24 entidades federativas (30 de los cuales se han construido en esta administración). Y 11 más se encuentran en proceso de construcción, lo que nos acerca al objetivo de contar con al menos uno en cada Estado de la República. Asimismo, gracias a que se fortaleció y se despolitizó la Alerta de Violencia de Género, ha sido posible un trabajo conjunto mayor con las entidades federativas que enfrentan contextos graves de violencia. Derivado de dichos esfuerzos, se han obtenido avances ahí donde más se requiere, como la elaboración de diagnósticos, la implementación de programas estatales de capacitación a servidores públicos, el fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas, la puesta en marcha de estrategias para la reeducación de agresores, o el rediseño de los Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, entre otras.

De igual manera, y en colaboración con la SEDATU y ONU-Hábitat, se promueve una política de asentamientos humanos seguros, incluyentes y equitativos, que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. Esto a través del programa “Ciudades Seguras para las Mujeres”, rehabilitando, recuperando y dignificando los espacios públicos que recorren las mujeres, niñas y jóvenes en sus trayectos diarios, para garantizar condiciones de movilidad segura y entornos urbanos libres de violencia. A la par de lo anterior, se realizan esfuerzos en múltiples ámbitos: desde la colaboración con el sector privado para impulsar el emprendimiento y el desarrollo de habilidades productivas, hasta la implementación de la línea 01800 Háblalo que ha otorgado más de 66,000 servicios de atención y orientación, o el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Federal. Todo ello, en un marco de trabajo conjunto con organismos internacionales: con la Comisión Interamericana de Mujeres para implementar el Sistema de Indicadores de Progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará; con ONU-Mujeres en el impulso a la Campaña “Nosotros por Ellas”, en la que México ha ocupado los primeros lugares internacionales en la suma de adherentes; y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en favor del acceso a la justicia. Y por supuesto, seguiremos trabajando muy cerca de las entidades federativas para redoblar esfuerzos en tres rubros prioritarios: 1) la capacitación y profesionalización de las corporaciones policiales, para garantizar que actúen de manera efectiva, sensible y con perspectiva de género; 2) el fortalecimiento de los ministerios públicos y sus capacidades de investigación, para evitar la revictimización y no dar cabida a la impunidad en los casos de violencia de género; y 3) la armonización legislativa en todas las entidades federativas, para tipificar el delito de feminicidio y despenalizar el aborto en casos de violación. No olvidemos que se trata de un desafío que nos exige actuar con perspectiva de Estado, sumando los esfuerzos de sociedad, instituciones y órdenes de gobierno. Esa es la única manera de lograr no solo los cambios legales, sino también las transformaciones estructurales y culturales que se requieren para ponerle punto final a este flagelo. Esto pasa, desde luego, por modificar la mentalidad y las prácticas sociales, para ponerle un alto al machismo y decirle adiós en todos los ámbitos y en todos los frentes. Adiós al machismo en las escuelas, trabajos y comunidades. Adiós al machismo en los hogares, las calles y espacios públicos. Un adiós firme y contundente. Un adiós en el aquí y el ahora. Un adiós para siempre.

Numeralia Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016, estos son los números:

Violencia en el ámbito laboral

12.7%de las mujeres que

Violencia total

66.1%

73.3% A 79.8%

de las mujeres de 15 años y más han experimentado por lo menos uno de estos tipos de violencia::

es la prevalencia de violencia en la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Aguascalientes.

49% emocional

Entre 52.4% y 56.7% es la prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más de los estados de Baja California Sur, San Luis Potosí, Guerrero, Tabasco, Campeche y Chiapas.

29% económica, patrimonial o discriminación en el trabajo 34% física 41.3% sexual

Violencia de agresores distintos a la pareja

trabajaban entre 2011 y 2016, vivieron alguna situación de discriminación laboral relacionada con el embarazo.

26.6% es la prevalencia de violencia en el ámbito laboral contra las mujeres que han trabajado de manera remunerada alguna vez en su vida de 15 años y más.

de las mujeres de 15 años y más vivieron situaciones de abuso sexual durante su infancia.

53.1%

de las mujeres han sido violentadas por agresores distintos a su pareja.

20.1% tíos(as)

6.3% padrastro/

16% un vecino

madrastra

26.6% en el laboral

15.7% primo

5.8% padre

25.3% en el escolar

11.5% un desconocido

3.7% abuelo

10.3% en el familiar

8.5% hermano

0.5% madre

Violencia en el ámbito comunitario

Los agresores principales en la violencia en el ámbito comunitario son:

de las mujeres de comunidades sufrieron estos tipos de violencia:

14.6% emocional 9.9% física

73.7% personas desconocidas 9.1% conocidos 6.7% vecinos

34.3% sexual

Violencia en el ámbito escolar Atención obstétrica

25.3%

es la prevalencia de violencia en el ámbito escolar entre las mujeres de 15 y más años, que asistieron a la escuela aguna vez en su vida.

10.4% de las mujeres

33.4%

de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron trabajo de parto durante los últimos cinco años, vivieron situaciones de maltrato.

10.3%

de las mujeres que tuvieron parto por cesárea no se les informó adecuadamente si ésta era necesaria.

fueron víctimas de violencia emocional 16.7% sufrieron violencia física 10.9% de violencia sexual

23.8% son los jefes o jefas 7.7% ubica en el tercer lugar las y los clientes

43.9%

de las mujeres de 15 años y más, han sufrido por lo menos un incidente de violencia:

Los principales agresores que abusaron sexualmente de las mujeres de 15 años y más durante su infancia son:

El 38.7% de las mujeres han vivido violencia en el ámbito comunitario

38.7%

31.8% son las y los compañeros de trabajo

Violencia de pareja

Violencia en la infancia

9.4%

Principales agresores:

9.7%

reveló que ellas no autorizaron la cesárea

40.1% emocional

17.9% física

20.9% económica

6.5% sexual

De las mujeres que sufrieron violencia física o sexual por parte de su pareja: 78.6% no solicitó apoyo ni presentó denuncia 5.6% sólo denunció 8.8% sólo pidió apoyo a alguna institución 5.6% denunció y solicitó apoyo De las mujeres con violencia física o sexual que no denunciaron ni solicitaron apoyo: 28.8% piensa que fue algo sin importancia 19.8% no lo hizo por miedo a las consecuencias 17.3% por vergüenza

Defunciones femeninas con presunción de homicidio 2,746 presuntos homicidios de mujeres ocurrieron en 2016, en promedio 7.5 diarios. Esto es un incremento en relación con 2015 cuando ocurrieron 2,324 homicidios, en promedio 6.4 diarios.

Referencias: INEGI, ENDIREH 2016, Tabulados básicos consultados el 24 de octubre de 2017. INEGI. Bases de datos de Defunciones generales. 31 de octubre de 2017

Conoce más, visita: www.estadistica.inmujeres.gob.mx

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Consejo Social

VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y RESISTENCIA FOTO: EFE

Para combatir este tipo de violencia, es necesario realizar cambios transformadores que acaben con la brecha de desigualdad

ENMA OBRADOR GARRIDO DOMÍNGUEZ

n México, somos varias generaciones que abrimos los ojos en un sistema permeado por el machismo, con una fuerte violencia estructural para las mujeres, quedando en una posición de discriminación en relación con los hombres. Lo que se manifiesta en diferentes esferas de la vida con el no reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos como humanas. Autonomía sobre nuestros cuerpos, alimentación, trabajo, salud, participación política, educación, derecho a una vida libre de violencia, en ámbitos, familiar, laboral, docente, en la calle misma, entre otros derechos humanos, siguen siendo un motivo de lucha. Enfrentar esta violencia estructural, perfectamente enraizada en el sistema, implica una serie de cambios género transformadores que permitan acabar con la brecha de desigualdad construida por razón de sexo. Uno de los mecanismos que desde las feministas y mujeres se pensaron para atender, prevenir y sancionar estas violencias, es la Alerta de Violencia de Género (AVG). La declaratoria de AVG en diferentes estados ha traído una serie de avances que son importantes para su análisis, entre otros, la armonización legislativa que signiﬁca poder contar con marcos normativos nacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres acordes a las Convenciones y Tratados Internacionales. Como el caso de las reformas al Código Penal del Estado de México, en donde se cuenta con un capítulo para la “Violencia de Género”, que tipifica, entre otras, la violencia institucional. Lo que permite la posibilidad de que servidoras y servidores públicos que no cumplan con dar un servicio a mujeres en situación de víctimas acorde a lo señalado por el artículo 20 Constitucional, Apartado C, puedan ser denunciados y sancionados cuando obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Esto es un primer paso hacia esta necesaria transformación social.

Observando que el sistema de justicia y el derecho se han construido desde hombres y para hombres en esta visión hegemónica del sistema hetero patriarcal, en donde la llegada de mujeres a los espacios de toma de decisión va generando avances en una ruta larga y con muchos obstáculos. Pero estos avances normativos obligan a la observancia de nuestros derechos como humanas. De los mayores obstáculos que enfrentamos es la falta de articulación entre las corporaciones policiales, los ministerios públicos y el sistema judicial, lo que signiﬁca confrontamientos entre estas fuerzas que desde hace algunos años se están sensibilizando y capacitando en prevención, atención, y sanción con perspectiva de género. Pero que siguen con prácticas misóginas, sexistas, que generan un sesgo de género en la atención y muy pocas medidas de prevención. La falta de servicio profesional de carrera en materia de género hace difícil una profesionalización permanente y complica programas y proyectos de capacitación que no cuentan con indicadores de resultados y de efectos a largo plazo. Se crean Protocolos de actuación y de Prevención a las violencias que están en proceso de implementación, pero que sin articulación y sin herramientas de trabajo, se convierten en letra muerta e intentos fallidos. Además, agravan la situación, diversas problemáticas que no se han podido acotar: van desde cambios de administraciones municipales cada 3 o 4 años que implican la remoción de la mayoría del personal policial capacitado, así como la enorme carencia de materiales desde guantes para preservar pruebas, cinta para resguardar la escena del crimen, chalecos antibalas, seguros de vida. Acompañado de salarios precarizados y la nula terapia de contención, se convierten en un coctel molotov y poco resuelve el problema de fondo. Aún con la Alerta de Violencia de Género, seguimos siendo brutalmente asesinadas. El feminicidio, crimen de odio contra las mujeres, cobra la vida de al menos 7 mujeres al día, 210 al mes, 2555 al año. No somos cifras, somos vidas, somos humanas, necesitamos de toma de conciencia y acciones conjuntas, de emergencia, entre el gobierno y la ciudadanía. Las resistencias son muchas, sobre todo de quienes han contado con privilegios que signiﬁcan una forma de opresión para una clase social, un colectivo mayoritario, las mujeres. 53.3% de la población en México, hemos sido tratadas en políticas gubernamentales como vulnerables, un estado donde más de la mitad de la población se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es un Estado que debe replantearse.

La falta de servicio profesional de carrera en materia de género hace difícil una profesionalización permanente y complica programas y proyectos de capacitación

Enma Obrador Garrido Domínguez, Consejera Social del INMUJERES.

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Reportaje POR: BERENICE CHAVARRÍA

¿CÓMO SALIR DEL CÍRCULO DE VIOLENCIA?

gresión sexual, humillación, golpes, destrucción de bienes personales: son algunas de las situaciones de violencia que sufre diariamente una mujer en México. Tan solo en la CDMX el Centro de Justicia para Mujeres ha atendido 10,724 casos desde su creación en el año 2015. El tipo de violencia que más se ejerce en las mujeres de la Ciudad de México proviene de la pareja actual, esta representa un 60%, detalló María Elena Ortega Hernández, directora del Centro de Justicia para Mujeres. “16% de las agresiones vienen de la ex pareja y el restante proviene de hermanos, hijos o el padre”, añadió la directora. El miedo impide que las víctimas decidan salir del círculo de violencia, lo cual puede tener una consecuencia fatal: el feminicidio. De las mujeres que han acudido a solicitar ayuda, solo 10% decidieron tomar el camino penal contra su agresor. Actualmente hay 26 Centros de Justicia en operación por todo el país pero solo uno en la CDMX, donde habitan más de cuatro millones de mujeres, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Al llegar a esta instancia, los especialistas realizan una estrategia de atención multidisciplinaria, a partir de ahí la víctima es quien decide qué camino tomar: terapia psicológica, ser llevada a un refugio por tres meses, luchar por la custodia de sus hijos (en caso de tenerlos) o que su agresor sea detenido. En este Centro se reciben aproximadamente 1,000 casos al mes, la mayoría provenientes de la delegación Azcapotzalco, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Esta realidad es vivida “42% por mujeres de entre 21 y 35 años de edad y 40% por personas de 36 a 64 años”, explicó María Elena Ortega. La otra parte de víctimas está constituida por mujeres adultas mayores y niños y adolescentes. Diariamente se presentan situaciones de violencia en lugares públicos y privados, pero ¿qué debe hacer una mujer para romper el círculo del temor? El primer paso es identiﬁcar si se está siendo víctima de violencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deﬁne como agresiones: mentir, chantajear, humillar, celar, culpabilizar, destruir artículos personales, controles o prohibiciones, aislamiento, pellizcos, cachetadas, amenazar con objetos o armas, amenaza de muerte o forzar a mantener relaciones sexuales. ¿QUÉ HACER EN CASO DE AMENAZAS? Al acudir con las autoridades se puede solicitar protección. La maestra María Elena explicó: “En caso de que las mujeres estén en riesgo, se da asesoría para tramitar medidas de protección de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se muestra un escrito donde ella narra su situación de violencia y se acompaña con un diagnóstico psicológico. Esto para que el agresor no se acerque, no la

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Las mujeres entre 21 y 35 años de edad son quienes más sufren algún tipo de violencia, ya sea sexual, psicológica, emocional, patrimonial, o todas a la vez, de acuerdo con datos de la PGJCDMX.

El primer paso para salir de la violencia le corresponde a las víctimas, pero la responsabilidad es de todos moleste o en caso de que quiera recuperar documentos o alguna otra pertenencia, el juez ordena al agresor que se entreguen las cosas”. La directora añadió que para esto se aplica una cédula de riesgo, por ello es importante que la víctima explique si ha sido amenazada con arma de fuego o arma blanca, si su agresor practica algún deporte de alto impacto, como boxeo, o si él forma parte de un grupo criminal. Finalmente se otorga protección, restricciones al atacante o se toma la decisión de llevar a la víctima a un refugio. “Es difícil romper con el círculo de violencia, porque tiene que ver con condiciones de educación. Se naturaliza la violencia y él cree que puede ejercerla por ser hombre y ella piensa que debe aceptarla por el hecho de ser mujer. Al ﬁnal, el primer paso para salir de esto le corresponde a las víctimas, pero la responsabilidad es de todos”, concluyó la directora. NOVIEMBRE, 2017 | TODAS |

Entrevista

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POR: SOLEDAD JARQUÍN/ SEMMÉXICO

LA VIOLENCIA FAMILIAR DAÑA A LA INFANCIA Las víctimas de la violencia sexual viven en silencio las agresiones por varios años.

a violencia familiar tiene efectos en las niñas, niños y adolescentes quienes también son víctimas de ella, sostuvo la Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF, Susana Pérez Guerrero. En Oaxaca, como sucede en el resto del mundo, resulta imposible desligar la violencia que sufren las mujeres con la que viven sus hijas e hijos. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra la Mujer en razón de Género, la violencia familiar es el que mayoritariamente es denunciado ante las instancias gubernamentales, con más de 1,500 casos en lo que va de 2017. Susana Pérez Guerrero, quien ocupó el cargo en la desaparecida Procuraduría de la Niñez, Mujer y la Familia hace 20 años, reﬁere que otro problema que ha detectado en los últimos meses

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es la saña con que se cometen los delitos contra las niñas, niños y adolescentes. También explicó que hoy existen más denuncias de menores de edad violentados, principalmente, por su padre y/o padrastro, y en menor medida por sus propias madres, derivado del recrudecimiento de la violencia que se vive en el contexto social y una mayor conciencia de la violencia entre las personas. El delito más común cometido contra las niñas y, casi en la misma cantidad, contra niños y adolescentes es la violencia sexual, generalmente denunciada por una abuela o por las maestras de la escuela, donde acuden las víctimas. La Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF sostiene que la violencia familiar es un fenómeno que daña a toda la familia, y hay mayor dramatismo cuando está de por medio el abuso sexual, un delito que muchas veces se

denuncia tras varios años de sufrirla, cuando es intolerable e inaguantable para las víctimas. Investigando, explicó encontramos que la violencia también se extiende a la madre por parte del padre o el padrastro y ella no se separa de su pareja por la idea de que el varón es el proveedor, aunque ellas trabajen. Es una forma real de cómo se mantiene el estereotipo, señala la funcionaria. Otros delitos que se ejercen contra las niñas, niños y adolescentes son la violencia emocional y la violencia física en grados extremos, además de la omisión de cuidados. Una regla básica es creer en lo que la víctima está diciendo “porque es cierto” y en ese caso la Procuraduría realiza el proceso legal contra el victimario, el Estado asume esa responsabilidad. Pérez Guerrero sostiene que frente a la violencia social las familias han perdido valores universales que desestabilizan la base de la sociedad o sea la familia hoy fracturada. Los hogares deberían ser un sitio seguro para las niñas y los niños, pero no siempre es así, lo que vemos son niñas, niños y adolescentes que a pesar de todos los esfuerzos les resultará muy difícil reconstruir sus vidas, aunque hay casos de éxito. A veces hay redes de apoyo familiar. Reﬁere el caso de una joven que sufrió violencia en su casa y que, durante varios años ha permanecido en la casa hogar del DIF estatal. Hoy es una exitosa estudiante universitaria. Las casas hogares del DIF son una alternativa eﬁcaz.

LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNA META LEJANA CLAUDIA MARÍA VÉLEZ LONDOÑO

a violencia contra las mujeres es la máxima expresión de la discriminación y la desigualdad que vive este grupo de la población. Las causas más profundas tienen que ver con el desprecio hacia ellas, naturalizado en el inconsciente colectivo por tantos siglos. ¿A partir de qué momento se origina la desvalorización y desprecio a todo lo que representa la construcción de la subjetividad de la mujer? Varias antropólogas feministas, entre ellas Estela Serret, explican que en la definición del sexo biológico está el meollo del asunto: las asignaciones de estereotipos y roles de género pueden variar de una sociedad a otra y es una construcción cultural, pero lo que no cambia en el mundo es la definición de una sexualidad dicotómica, donde se devalúan los órganos sexuales de las mujeres y, desde el momento del nacimiento, se empieza a definir a las personas a través de un estatus de género que nos pone en el peor lugar. Lo anterior quizás nos sirva para comprender por qué, a pesar de tantos esfuerzos, la eliminación de la violencia contra las mujeres se nos resiste tanto. Si no profundizamos en lo que sostiene este flagelo como tal, en lo que representa para la mayoría de las sociedades una persona que cuando nace tiene órganos sexuales “femeninos”, vamos a seguir batallando por muchos años, intentando resolver lo inmediato —la atención a las mujeres en situación de violencia de género— sin resolver lo más importante: sin transformar los estereotipos de género, las creencias que se refuerzan en los diversos espacios sociales, nos desvalorizan como personas y nos ponen al margen, limitando nuestro desarrollo integral en la sociedad. Con la afirmación anterior no le quiero restar importancia a los mecanismos de atención de la violencia contra las mujeres, pasará mucho tiempo para que se pueda prescindir de estos: en la actualidad, las estadísticas de las mujeres que viven violencia de género, en diferentes modalidades

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

Consejo Social

y tipos, es alarmante. Sabemos por ejemplo, que en México son asesinadas cada día siete mujeres, y este dato no es una estadística aislada, nos da información de la violencia feminicida, la más extrema que viven las mujeres, la que termina con sus vidas. Aunque se tenga que seguir trabajando —y mejorando de manera sustantiva— las estrategias y acciones de atención de la violencia contra las mujeres, se hace necesario impulsar acciones de prevención que estén orientadas a cuestionar todas las actitudes misóginas que nos devalúan, aquellas que hacen parte de la violencia invisible y sostienen todo el entramado de la cultura machista. Hay que implementar de manera masiva estrategias de corto, mediano y largo plazo que sean efectivas: para informar, cuestionar los comportamientos machistas, promover el respeto de los derechos humanos de las mujeres, entre otras; una serie de acciones que, en suma, coadyuvarían a transformar la ideología patriarcal; nos tenemos que meter hasta el fondo del asunto para cuestionarlo todo, para asumir con una mirada crítica y propositiva la transformación que requieren nuestras sociedades, con una perspectiva de género que lo atraviese todo para poder generar —desde los cimientos—verdaderos cambios. Empezar a generar una cultura de derechos humanos en la cual las mujeres también estemos en el centro de la sociedad, no en el margen; que ocupemos de manera natural (sin resistencias) todos los espacios y podamos ejercer por fin, nuestros derechos. Llegar hasta el fondo del asunto para transformar el sistema de valores ciudadanos, para que las mujeres también seamos protagonistas de nuestras vidas y, consideradas como sujetas de derechos, podamos disfrutar realmente de nuestra autonomía. No sobra decirlo, México tiene un marco jurídico amplio —aunque necesita ajustes— que reivindica los derechos humanos de las mujeres, pero hemos tenido muchos retrocesos que implican la pérdida de derechos y, por ende, de libertades. Hace poco se legisló en el Congreso de la Unión sobre la objeción de conciencia para la interrupción legal del embarazo. Lo que acaba de suceder es una grave violación a nuestros derechos humanos. Dichos retrocesos son expresiones de violencia. Hay muchas cuentas pendientes: la erradicación de la violencia contra las mujeres es una luz al final del camino, todavía faltan muchos obstáculos por salvar, luchas que enfrentar. Para ello necesitamos un compromiso muy serio tanto de las autoridades que nos representan como de la ciudadanía en general. Rita Segato afirma en uno de sus artículos que “el machismo mata”; sí, nos excluye a las mujeres de los procesos de desarrollo de muchas maneras, hasta acabar con nuestras vidas.

Hay muchas cuentas pendientes: la erradicación de la violencia contra las mujeres es una luz al ﬁnal del camino; todavía faltan muchos obstáculos por salvar, luchas que enfrentar

Claudia María Vélez Londoño, Consejera Social del INMUJERES.

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OSC

URGENTE VISIBILIZAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

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MARIANA BAÑOS REYNAUD

n la sociedad mexicana, están presentes varios factores culturales y estructurales que propician, permiten, justiﬁcan e invisibilizan la violencia que sufren 7 de cada 10 mujeres. Hoy en día tenemos el primer lugar en violencia sexual hacia las mujeres, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También estamos entre los 25 países del mundo con la mayor tasa de feminicidios. Actualmente, 7 mujeres son asesinadas cada día y en los últimos seis años más de 1,900 mujeres y niñas han sido asesinadas. Aunado a lo anterior, 42% de las mujeres trabajan en empleos informales y perciben menos de dos salarios mínimos; y las mujeres en empleos formales ganan en promedio 30% menos que los hombres en puestos equivalentes. Para Fundación Origen es primordial visibilizar, prevenir y atender la violencia que sufren principamente las mujeres. Para ello, ha creado dos programas replicables y de alto impacto social: Línea de Ayuda Origen 01 800 015 16 17, que brinda atención psicológica y orientación legal y médica, a nivel nacional y, los Centros Casa Origen, que son centros comunitarios donde impulsamos su desarrollo individual, familiar y comunitario, a través de talleres para mejorar su salud emocional y promover su desarrollo productivo. De enero a octubre de 2017 hemos atendido a 43,579 personas vía telefónica, chat en línea y por correo electrónico (91.5% mujeres y 8.5% hombres); 41% de los servicios fueron para atención psicológica (relación con la pareja 20.2%, violencia psicológica 11.5%, relación con otros 8.6%, toma de decisiones 7.2%, relación con hijos 7.0%, violencia verbal 6.5% y violencia física 6.4%); y 9% de los servicios fueron por motivos legales (pensión alimenticia 18.6%, guarda y custodia 16.1%, violencia psicológica 13%, divorcio o separación 11.3%, violencia física 9% y trámites legales 7.5%). Cabe destacar que 95.3% de los casos atendidos por violencia se desarrollaron en el entorno familiar.

En el mismo periodo de tiempo, hemos apoyado a mujeres en zonas suburbanas, rurales e indígenas en nuestros Centros Casa Origen, brindado más de 28,000 servicios gratuitos a ellas y sus familias para fortalecer su autoestima, promover el conocimiento y ejercicio de sus derechos humanos, prevenir la violencia intrafamiliar y desarrollar sus capacidades productivas mediante el autoempleo y la capacitación en oficios, con el fin de generar ingresos, mejorar su economía familiar y su calidad de vida. A través de estos dos programas, en 18 años hemos beneficiado a más de 1,200,000 personas. Tanto en el entorno rural como en el urbano, identificamos que la violencia no se presenta de manera aislada, sino que se presentan dos o más tipos a la vez dentro del entorno familiar, ya sea violencia psicoemocional, fìsica, sexual o patrimonial. Aunque la violencia psicoemocional es la más común, también es la más silenciosa porque en nuestra sociedad se ha “normalizado” al grado en que no se ve o se ignora, permitiendo que se siga ejerciendo contra las niñas y las mujeres en los ámbitos familiar, docente, laboral y social. En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, creamos la campaña “Date Cuenta” busca sensibilizar a la sociedad mexicana sobre el fenómeno de normalización de la violencia, el cual es uno de los factores, tanto social como estructural, que impide que este mal sea erradicado para que las mujeres y las niñas puedan gozar plenamente sus derechos humanos y ciudadanos, y vivir una vida libre de violencia. En Fundación Origen buscamos fomentar una cultura de respeto a la dignidad de la persona, generar una cultura de paz y de respeto entre hombres y mujeres, así como una cultura de equidad en las relaciones humanas, tanto en la igualdad de derechos como seres humanos, como en la equidad en el acceso a oportunidades de desarrollo pleno para hombres y mujeres. Para conocer más sobre la campaña, visita nuestra página www.origenac. org; síguenos en nuestras redes sociales y comparte si estás de acuerdo.

Buscamos fomentar una cultura de respeto a la dignidad de la persona, generar una cultura de paz y de respeto entre hombres y mujeres, así como una cultura de equidad en las relaciones humanas

Mariana Baños Reynaud, Presidenta de Fundación Origen.

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Consejo Consultivo

MEMORIOSAS TODAS, SIEMPRE Todos los días se exigen mecanismos y el cumplimiento a los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la eliminación de la discriminación contra las mujeres.

MARIANA ÁVILA MONTEJANO El silencio no nos protege.

l reconocimiento y sanción de la violencia contra las mujeres es una política pública internacional instaurada desde el año 1975 con la Conferencia Mundial de la Mujer, durante la cual, todos los países participantes, incluyendo México, país anfitrión, ratificaron los acuerdos de dicha Convención. De forma paralela, en nuestro continente, en el año 1994, se adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer (Convención de Belém do Pará), en la que se destaca que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres (especialmente en la región). Esta misma Convención señala como una obligación para el Estado el tutelar los derechos humanos de las mujeres, entendiendo que la omisión o tolerancia de dicha violencia, puede constituir violaciones a los mismos. En el panorama nacional, en noviembre de 2004, y ante la urgente necesidad de atender los derechos humanos fundamentales de las mujeres y las niñas, y dar cumplimiento a los instrumentos internacionales en la materia, ratificados por el Senado, es presentada la Iniciativa de la Ley General que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Paralelamente, en la Cámara de Diputados es presentada por un grupo de diputadas feministas la iniciativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ambas iniciativas tuvieron que recorrer un largo camino para ir adecuándose a las necesidades dictadas por la realidad y consolidar así su aprobación, lográndose en primer término la propuesta del Sistema, pero en virtud de que ambos proyectos coincidían en el objetivo principal de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, se estimó pertinente optar por la denominación de la segunda. A partir de su aprobación, el 01 de febrero de 2007, la Ley General brinda los parámetros jurídicos para que de manera coordinada los tres niveles de gobierno prevengan, sancionen, erradiquen la violencia hacia las mujeres y garanticen los derechos humanos específicos de las mismas.

No obstante, la realidad sigue siendo distante: las llamadas diarias de las familias de las víctimas, o los largos e incómodos —para el gobierno— procesos de acompañamiento que dan cuenta que gran parte de la normatividad sigue siendo letra muerta y que el estado continúa incumpliendo los acuerdos internacionales suscritos en la materia. Continúa evidenciándose la violencia institucional en todas sus dimensiones, desde el desdén o la arrogancia en el primer contacto; la revictimización al pasar de un escritorio a otro para relatar el testimonio; la ausencia de políticas públicas eficientes en la prevención o la descalificación a las organizaciones civiles críticas especialistas en el tema, entre otros aspectos, reflejan el incumplimiento en el deber de garantizar la seguridad jurídica a las mujeres y las niñas, omisión que se transforma en injusticia e impunidad en los procesos que son denunciados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hasta hace un par de meses las autoridades del Estado de Aguascalientes habían sido omisas en la homologación legislativa para otorgar seguridad jurídica a toda muerte violenta de mujeres en el estado a través de la tipificación del feminicidio, situación que venía arrastrándose por varias administraciones. Hoy debemos reconocer la importancia de que se hayan realizado las reformas al Código Penal del Estado para la clasificación del feminicidio como delito autónomo y que se hayan observado los Protocolos estatales establecidos en la Sentencia de Campo Algodonero, una obligación que estaba pendiente con todas las mujeres y sociedad de Aguascalientes, avanzando de esta forma otro trecho en la consolidación del derecho a una vida libre de todas las violencias. Sin embargo, consolidar este avance dependerá de la actuación de las autoridades encargadas de los procesos de investigación, procuración e impartición de justicia en el Estado, del apego a los marcos de actuación, de la interpretación jurídica dictada ya en sentencias internacionales y jurisprudencia nacional, de la correcta interpretación y aplicación del Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género de Muertes Violentas de Mujeres en el Estado de Aguascalientes, basado en protocolos más vastos y exhaustivos respecto de los criterios para la investigación de muertes violentas de mujeres, motivo por el cual no podrán aceptarse conclusiones que pretendan cerrar investigación alguna si es que no se ha demostrado la exhaustividad en la investigación o no se han apegado a los estándares internacionales de debida diligencia establecidos en dichos protocolos. No hay duda de que vivimos en un contexto de naturalización del acoso y hostigamiento en todos los espacios —con un acentuado menosprecio y desdén por la obligatoriedad de protocolos específicos en centros laborales y escolares—, en un contexto de violencia feminicida que ha costado vidas; en un discurso abstracto y superficial sobre esta alarmante situación, pero ante este panorama, existen personas memoriosas que no silencian la rabia e impulsan desde su tribuna, su voz y su cuerpo, la denuncia mediante distintas manifestaciones a nivel nacional. Todos los días se escribe la exigencia y la resistencia desde colectivos feministas, academia, instituciones aliadas, sociedad civil organizada y no organizada; se exigen mecanismos como la declaración de las alertas de género o la implementación de protocolos necesarios y en cumplimiento a los marcos jurídicos nacionales e internacionales para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y la de todas las violencias. No nos rendimos, no nos rendiremos.

No hay duda de que vivimos en un contexto de naturalización del acoso y hostigamiento en todos los espacios, en un contexto de violencia feminicida que ha costado vidas

Mariana Ávila Montejano, Consejera Consultiva del INMUJERES y Coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes.

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Estados

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PROFESIONALIZACIÓN, UN AVANCE EN LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA

MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ ARAGÓN

ara el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, las acciones que se realizan desde el nivel municipal son la pauta para el desarrollo de nuestra entidad, y vemos a la profesionalización del funcionariado público local como una tarea prioritaria, porque este ámbito es uno de los grandes desafíos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, principalmente el de vivir libres de violencia, así como a la igualdad. El adelanto de las mujeres requiere de experticia y erradicar la improvisación; por ello resultaba indispensable que las Instancias para el Desarrollo de las Mujeres tuvieran una base sólida de creación y se incorporaran al esquema de profesionalización para servidoras y servidores públicos municipales mandatado desde la Constitución Política del Estado de Hidalgo y desde la Ley Orgánica Municipal. Esta estructura obliga, además, a la persona titular de la Instancia Municipal, a contar con una certificación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema Nacional de Competencias, dentro del primer año de su gestión; el incumplimiento de esta disposición legal redundaría en la remoción de su encargo. Es así como se creó el Estándar de Competencia ECO779 “Transversalización de la perspectiva de género en la administración pública municipal”, en un trabajo coordinado por la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Hidalguense para el Desarrollo Municipal y el Instituto Hidalguense de las Mujeres, con el invaluable apoyo del

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). En su elaboración se procuró la incorporación de la diversidad socioeconómica y cultural del estado y del país, por lo que participaron 10 instancias municipales con la representación de cinco entidades federativas: Guanajuato, Puebla, Jalisco, Coahuila e Hidalgo, lo que garantiza su aplicación en cualquier municipio del territorio nacional. El estándar sirve como referente para la evaluación y certificación de la persona titular y su equipo de trabajo, así como para el desarrollo de programas de capacitación y formación basados en estándares de competencia. Describe las habilidades y conocimientos que una persona debe poseer para elaborar su plan de trabajo, indicadores, agenda de gestión y revisión de proyectos; contiene elementos básicos para planear y gestionar la transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública municipal; criterios de evaluación mediante productos, conocimientos, desempeños, actitudes, hábitos y valores. Exige el conocimiento de la normatividad jurídica internacional, nacional y local que regula su quehacer, lo que le permitirá asesorar al funcionariado público municipal en perspectiva de género, uso del lenguaje incluyente, entre otros tópicos básicos. El avance en la aplicación de este estándar es significativo: a menos de un año del nombramiento de las titulares, 77 de 84 participan en el proceso de certificación y 52 ya están aprobadas. Las restantes continúan en evaluación, considerando que en algunos municipios han ocurrido cambios recientes de personal. El proceso de capacitación y evaluación se realiza por parte de instituciones educativas de prestigio. En resumen, el resultado de este trabajo es que cada uno de los 84 municipios de Hidalgo tiene una Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres, activa, acorde con los retos que nos marca la tendencia internacional en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Esta estructura obliga al titular de la Instancia Municipal a tener una certiﬁcación de competencia laboral expedida por una institución reconocida en el Sistema Nacional de Competencias

María Concepción Hernández Aragón, Directora General del Instituto Hidalguense de las Mujeres.

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Recomendaciones

DOCUMENTAL

BATALLAS ÍNTIMAS En este documental de Lucía Gajá, se narran las historias de violencia intrafamiliar de cinco mujeres de México, España, Estados Unidos, Finlandia e India. Batallas íntimas expone que el amor no debe doler y que el hogar debe ser el lugar más seguro del mundo. El documental pretende mostrar que el machismo es una problemática globalizada. Algunas de las víctimas tuvieron un matrimonio arreglado, otras conocieron a sus parejas en lugares cotidianos; sin embargo, todas llegaron al mismo destino: violencia. En el caso específico de México, se retrata la negligencia de las autoridades y la injusticia en torno a la solución de los casos de violencia contra mujeres.

EXPOSICIONES UNKNOWN (DESCONOCIDA) En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia, llega al Museo de la Mujer la exposición Unknown (Desconocida), de la artista noruega Lise Bjorn. Este proyecto surge gracias al arte comunitario, donde se utiliza el bordado como una herramienta para protestar y mostrar solidaridad con la lucha de las mujeres contra los feminicidios y la trata de personas. Con nombres bordados a mano, se da identidad a cientos de mujeres desaparecidas y asesinadas en México. Museo de la Mujer República de Bolivia 17 Centro Ciudad de México. IMPASSE Con el objetivo de luchar contra los estereotipos, la artista Charles Hinojosa enseña una mirada hacia el interior de la mujer en su muestra Impasse, que tuvo como sede la galería de Arte Moderno Flux Z Chopin Studio. A través de una serie de desnudos, su exposición revela una nueva representación del amor y la fertilidad. Bajo esta mirada, las obras de Charles Hinojosa se acercan más al ideal de mujeres guerreras que resisten los estereotipos. La artista muestra que es posible innovar la realidad. Esta exposición define la obra de arte no como objeto, sino como acontecimiento, como un momento de epifanía. El arte retoma su origen como transformador.

PÁGINA WEB

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE MUJERES ABRAZANDO MÉXICO (AMAM) El portal de AMAM tiene el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las mujeres. En esta Asociación se trabaja para erradicar la violencia de género en México y lo hacen de la mano de organismos internacionales de países como Brasil, Argentina y España. En esta página web se puede contactar con especialistas en género y violencia, además de consultar talleres y conferencias que se realizan en torno a esta problemática. www.mujeresamam.com

LIBROS MARCELA SERRANO DIEZ MUJERES Una terapeuta reúne a nueve mujeres muy distintas entre sí para compartir sus historias. El objetivo es sanar las heridas liberando el silencio. Sin importar su clase social, edad, profesión, o apariencia, todas comparten la misma carga: miedo, soledad, dudas e inseguridades. Las nueve mujeres se dan cuenta que pueden deshacerse de estas presiones sociales con coraje y al tomar las riendas de su situación. Editorial Alfaguara

NOVIEMBRE, 2017 | T ODAS |

Breves IX INFORME DE MÉXICO DE CUMPLIMIENTO CON LA CEDAW De manera conjunta, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), llevaron a cabo, los días 18 y 19 de octubre, los Seminarios Temáticos en seguimiento del IX Informe de México en cumplimiento con la CEDAW, cuyo objetivo fue establecer un diálogo franco y constructivo entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, representantes de la academia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para analizar el cumplimiento del Estado mexicano a las recomendaciones que el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha emitido a México. En la sesión inaugural, la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, señaló que entre los retos identificados por las y los participantes están: tipificar la violencia política como delito en la legislación mexicana; atender y dar seguimiento a la recomendación general 26 del Comité CEDAW sobre trabajadoras migratorias; ratificar el Convenio 156 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las y los trabajadores con responsabilidades familiares, y sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos.

COOPERACIÓN ENTRE INMUJERES Y REPÚBLICA DOMINICANA

La ﬁrma del acuerdo con República Dominicana.

El Instituto Nacional de las Mujeres, que encabeza Lorena Cruz Sánchez firmó un Acuerdo de Cooperación con el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana, a cargo de Janet Altagracia Camilo Hernández; con el fin de promover y desarrollar acciones de cooperación y asistencia técnica tendientes al fortalecimiento institucional e incorporación del principio de igualdad de género en las políticas públicas. Esta institución es reconocida por su capacidad de liderar la ejecución de políticas públicas, planes y programas para lograr la igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Cruz Sánchez dijo: “sabemos que ambos países estamos comprometidos en cumplir con los objetivos propuestos en la Estrategia de Montevideo, que es la ruta que nos llevara a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que ninguna niña ni mujer de la región se quede atrás”.

INMUJERES DIFUNDE SITIO WEB: FAMILIAS Y SEXUALIDADES El embarazo temprano es un grave problema social que afecta a niñas, niños y adolescentes, especialmente en aspectos centrales como son su educación, su proyecto de vida, sus relaciones sociales y su salud. Es un fenómeno que amplía las brechas sociales y de género, que incide en el incremento de la pobreza y en la falta de oportunidades. Por ello, en el marco de la ENAPEA, el Instituto Nacional de las Mujeres pone a disposición de la población el sitio web “Familias y sexualidades. Prevención del embarazo en adolescentes”, cuya finalidad es que madres, padres, familiares, tutores, docentes o cualquier persona que acompañe el crecimiento y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, fortalezcan sus conocimientos y habilidades para interactuar y relacionarse efectivamente con las y los adolescentes, para coadyuvar a prevenir el embarazo a temprana edad. El futuro y desarrollo sostenible de México depende del bienestar actual de niñas, niños y adolescentes. Visita: familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx

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Con el objetivo de establecer una plataforma de diálogo y reflexión para una alianza de las mujeres rurales, indígenas y campesinas como generadoras de la transformación en sus ejidos y comunidades, los días 24, 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas 2017, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con la Procuraduría Agraria. En el acto inaugural, la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez señaló que con este Encuentro “queremos fortalecer el diálogo y la reflexión con todas ustedes; tenemos interés de escuchar sus demandas y sus necesidades, con el fin de afianzar las acciones y las políticas que permitan a todas las mujeres rurales, indígenas y campesinas en el país, superar los obstáculos que impiden que vivan sin discriminación, con pleno respeto a todos sus derechos humanos y con autonomía”.

FOTOS: CORTESÍA

El objetivo del Seminario fue analizar el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW.

MUJERES RURALES, INDÍGENAS Y CAMPESINAS 2017

La titular del INMUJERES durante el encuentro con mujeres rurales, indígenas y campesinas.