TODAS, septiembre de 2018

SUPLEMENTO MENSUAL

SEPTIEMBRE 2018

TODAS

MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VIVEN LOS EFECTOS DE LA POBREZA: MERCEDES JUAN LÓPEZ NACIONAL

Personas con discapacidad

Opinión

Leticia Montemayor • Emmanuel Bautista • Claudia Guzmán • Nora Ricalde

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FOTO: SHUTTERSTOCK

(†) JESÚS D. GONZÁLEZ FUNDADOR

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LOS CONTENIDOS DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO SON RESPONSABILIDAD DE LAS Y LOS AUTORES FIRMANTES.

Millones de mujeres y niñas en México son parte de la población que vive alguna discapacidad, física o mental. Ellas sufren una múltiple discriminación. Su atención significa grandes inversiones en salud, en educación y de apoyo a sus familias.

En nuestro país contamos con un marco normativo y el diseño e implementación de propuestas de políticas públicas, pero aún persisten condiciones de desventaja, inequidad y discriminación, que les impiden el ejercicio pleno de sus derechos. Se requiere una mirada que contribuya a la igualdad entre varones y mujeres en las distintas intervenciones médicas, psicológicas y económicas.

Hoy en día la discapacidad es considerada una cuestión central de la garantía de sus derechos humanos. Los organismos internacionales han concluido que las personas están discapacitadas por la sociedad, no sólo por sus cuerpos, tomando en cuenta que, además, se trata de uno de los grupos más marginados del mundo.

De ahí la importancia del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, que ha permitido diseñar políticas públicas y acciones que atemperen su situación.

En este número de Todas abordamos desde distintos ángulos la condición de discapacidad de la población femenina. En Inmujeres preocupa, sobre todo, además de la discriminación, la inclusión de las niñas al sistema educativo nacional; el desarrollo de la atención en salud; la necesaria visión de género para apoyar su desarrollo, según el tipo de obstáculos a que se

enfrenta, y desarrollar acciones de acompañamiento a las numerosas instituciones públicas y privadas que las atienden.

Importante también —en 2017 se hizo un foro específico— es la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Hemos promovido su salud, atendiendo un señalamiento de la Organización Mundial de la Salud: “Las actividades de promoción de la salud y prevención de las enfermedades sólo raras veces tienen como destinatarias a las personas con discapacidad”.

Estamos atentas, por ejemplo, a la detección oportuna del cáncer mamario y cérvicouterino, que se practica con menos frecuencia en las mujeres con discapacidad. También el peso de las personas con deficiencias intelectuales y diabetes se verifica con menor frecuencia en las mujeres en esta situación, lo que las pone en grave riesgo de obesidad. Las y los adolescentes con discapacidad quedan excluidas/os más a menudo de los programas de educación sexual.

Nos preocupa que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 26% de las mujeres con discapacidad sean analfabetas, mientras que los varones representen 19%.

Aunque hemos avanzado, incluso en cambios de conciencia, para evitar la doble discriminación, todavía hacen falta acciones más globales y sistemáticas. Mirar todas las alternativas y las propuestas aquí reunidas, como los balances, seguramente nos señalarán el camino para seguir avanzando.

3. LETICIA MONTEMAYOR

13. MERCEDES JUAN LÓPEZ

Titular del instituto Nacional de Desarrollo Social.

Directora General del CONADIS.

7. NORA RICALDE

14. ALEJANDRA PRIETO

Presidenta del Centro de Estudios Históricos y Culturales.

IAPA en la Ciudad de México.

DE LA ROSA

9. EMMANUEL BAUTISTA HERNÁNDEZ

15. CLAUDIA ISELA

Visitador Adjunto de la CNDH.

Presidenta de las Mujeres Empresarias Coparmex.

GUZMÁN GONZÁLEZ

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Reportaje POR: REDACCIÓN

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DISPONIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOTO: SHUTTERSTOCK

El Programa Integral y Multisectorial, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para los sectores público, privado y social es una política pública para abatir la discriminación y generar ingreso a esta población

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n México, más de siete millones de personas viven algún tipo de discapacidad, aproximadamente 6% de toda la población.

Poco más de 50% son mujeres.

Frente a ello, en la presente administración se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad, atendiendo los compromisos internacionales; 90% de las entidades de la República, entre 2014 y 2017, firmaron acuerdos para crear Consejos Estatales y Municipales semejantes.

Se puso en marcha el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lo que dio lugar a que 60 de las 70 reglas de operación de los Programas Sociales consideran dar prioridad a quienes reportaron tener mucha dificultad o no poder hacer alguna de las actividades básicas de la vida.

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México reportó recientemente en Ginebra que hubo avances en el acceso a los servicios de salud para las mujeres con discapacidad, ya que en 2012 se calculaba que la carencia de este servicio era de 19%, pero en 2017 disminuyó nueve puntos porcentuales.

Ante los rezagos laborales de las personas con discapacidad, se instituyó el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018, programa especial dirigido a la inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad, centrado en el logro de una vida digna.

El Programa Integral y Multisectorial, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para los sectores público, privado y social es una política pública para abatir la discriminación y generar ingreso a esta población.

Considerando que las mujeres con discapacidad viven una doble situación de desventaja, ya que solo 28% son económicamente activas en comparación con 53% de sus pares varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se hicieron campañas especiales y acuerdos empresariales que tuvieron éxito. Hace poco estaban ubicadas en puestos de baja calificación con desprotección salarial. Hasta 2015, según el INEGI, 50% de los hombres con discapacidad tenían como principal fuente de ingresos su trabajo, a diferencia de 31% de las mujeres en la misma condición. Además, se ha trabajado para abatir el rezago educativo de las mujeres con discapacidad; en 2014 era de 51% y en 2017 bajó a 46%.

También se puso en operación la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la última reforma a la Ley Federal de Trabajo en 2012, en la cual se incluyó el concepto de trabajo digno y decente, y se prohíbe la discriminación por discapacidad para el acceso, desarrollo y permanencia en un empleo.

Desde 2013, el Servicio Nacional del Empleo promovió en todo el país ferias de empleo para favorecer la contratación de personas con discapacidad, además de adultos mayores. La estrategia se llama Abriendo Espacios y se abrieron 20 centros de evaluación y certificación de habilidades.

INDESOL

DISCAPACIDAD, MUJERES E INCLUSIÓN EN MÉXICO FOTO: CORTESÍA INDESOL

Es necesario generar políticas y programas bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

LETICIA MONTEMAYOR MEDINA

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n septiembre de 2001, México propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación de una Convención específica para la protección de los derechos de las Personas con Discapacidad. Cinco años después, el 13 de diciembre de 2006, fue aprobada y, finalmente, el 3 de mayo de 2008 entró en vigor a nivel mundial la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Los principios generales que rigen a esta Convención, jurídicamente vinculante para nuestro país, son: el respeto a la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia; la no discriminación; la plena participación e inclusión social; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre la mujer y el hombre; el respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad.

De acuerdo con datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres con discapacidad representan 51.1%, es decir, más de la mitad de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2010) indica que 37% de las personas entrevistadas dicen que solo en parte se respetan los derechos de las mujeres con discapacidad, mientras que 35% afirma que nunca se respetan los derechos de este sector.

De manera que, si bien la discriminación es una constante en la vida de las personas con discapacidad en México, esta situación se agudiza en el caso de las mujeres, quienes viven una doble discriminación: por su condición de género y por su discapacidad, las que derivan en algún tipo de violencia.

Ello nos obliga a generar políticas y programas bajo el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que rompan con la tradición de asociar las necesidades de las personas y en particular de las mujeres con discapacidad. Por ello, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) cuenta con el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que brinda servicios de prevención, orientación y atención especializada a mujeres en situación de violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas, donde se incluye a este sector, a fin de garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

También contamos con el Programa de Coinversión Social (PCS), que contribuye a fortalecer a los actores sociales, sobre todo a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para que, mediante el apoyo a sus actividades, promuevan la cohesión y el capital social de grupos o comunidades que tienen algún grado de vulnerabilidad o exclusión, entre los que se incluye a las personas con algún tipo de discapacidad.

Ambos programas consideran en su diseño la implementación y seguimiento como instrumentos específicos para identificar a las mujeres con discapacidad, así como las condiciones para su accesibilidad efectiva a los servicios brindados.

De igual forma, impulsamos la Red de Cuidados conformada por 124 OSC, instituciones académicas e instancias gubernamentales, así como la mesa de trabajo permanente en materia de cuidados y la vinculación interinstitucional para fortalecer a la sociedad civil, que se enfocan en la atención de tipos específicos de discapacidad (intelectual, visual, motriz y auditiva, así como en educación en materia de discapacidad).

Sin duda, falta mucho por hacer, la deuda histórica que existe en México para reconocer a las mujeres con discapacidad como sujetos con plenos derechos es amplia y profunda. “Nada sobre nosotras sin nosotras”.

Si bien la discriminación es una constante en la vida de las personas con discapacidad en México, esta situación se agudiza en el caso de las mujeres, quienes viven una doble discriminación: por su condición de género y por su discapacidad

Leticia Montemayor Medina, Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social.

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Reportaje CON INFORMACIĂ“N DE INTER PRESS SERVICE (IPS)

POBLACIĂ“N VULNERABLE Las mujeres, asĂ­ como las niĂąas y los niĂąos con discapacidad sufren mayor discriminaciĂłn, establece la Cumbre Mundial.

FOTO: SHUTTERSTOCK

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Urgente es crear ĂĄreas prioritarias para lograr la equidad de gĂŠnero y el empoderamiento de todas las mujeres y niĂąas con discapacidad 4

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os niĂąos y las niĂąas con discapacidad tienen cuatro veces mĂĄs probabilidades de sufrir episodios violentos, y ellas se llevan la peor parte, alertĂł el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Los riesgos de exclusiĂłn y discriminaciĂłn son preocupantes, especialmente en mujeres e infantes, ya que 80% de las personas con discapacidad viven en paĂ­ses pobres, y son de los sectores mĂĄs marginados de la sociedad. Un informe presentado al secretario general de la OrganizaciĂłn de las Naciones Unidas (ONU), AntĂłnio Guterres, dice que 12% de hombres y 19% de mujeres viven con discapacidad.

Expertos consultados como Georgina Thompson, del Unicef, del Departamento de Desarrollo Internacional de Gran BretaĂąa; A.H. Monjurul Jabir, del Equipo Global de Trabajo sobre InclusiĂłn y Discapacidad de ONU Mujeres y AndrĂŠ FĂŠlix, del Foro Europeo para Discapacidad e InformaciĂłn de la OrganizaciĂłn Mundial de la Salud (OMS), destacaron entre otras cosas, que: š '+ Z[ bW feXbWY_ÂŒd ckdZ_Wb j_[d[ Wb]‘d j_fe Z[ Z_iYWfWY_ZWZ" la mayor minorĂ­a del mundo, mayorĂ­a infantes y mujeres. š BWi d_‹Wi j_[d[d c[dei fheXWX_b_ZWZ[i Z[ j[hc_dWh bW [di[‹WdpW primaria que los varones y ellas son mĂĄs vulnerables a sufrir violencia sexual. š BW cehjWb_ZWZ _d\Wdj_b Z[ bW feXbWY_ÂŒd Z_iYWfWY_jWZW fk[Z[ bb[]Wh W 80% en paĂ­ses donde ese Ă­ndice disminuyĂł de forma signiďŹ cativa.

Representantes de ONG, empresas y gobiernos, durante la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, en julio, aprobaron un plan para hacer realidad la ConvenciĂłn Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

AhĂ­ se destacĂł la importancia de aprobar leyes de protecciĂłn a esta poblaciĂłn y promover su acceso a la tecnologĂ­a que les facilite la vida.

Hay consenso respecto del riesgo elevado que sufren niĂąez y mujeres. Las mujeres son especialmente vulnerables a la discriminaciĂłn, tienen entre tres y cinco veces mĂĄs probabilidades de sufrir violencia y abuso que el promedio de la poblaciĂłn femenina.

Implementar una estrategia para hacer frente al problema requiere responsabilidad ascendente de funcionarios y sociedad.

Urgente es crear ĂĄreas prioritarias para lograr la equidad de gĂŠnero y el empoderamiento de todas las mujeres y niĂąas con discapacidad.

Aumento a la inversión para el desarrollo y producción de tecnologías de asistencia que incluyen audífonos, sillas de ruedas, prótesis y lentes. ;d fW‡i[i feXh[i iebe [djh[ + o '+ fk[Z[d eXj[d[h [iW j[Ydebe]‡W$ Urgen respuestas humanitarias e inclusivas en situaciones de emergencia. Por la doble desventaja de los infantes en conflictos o en desastres naturales: amenazas a su salud y seguridad, malnutrición, desplazamiento, pÊrdida de clases y riesgo de abusos. La falta de movilidad es un gran desafío, sobre todo por la infraestructura daùada, la dificultad de escapar del peligro y prejuicios para acceder a la asistencia de emergencia.

De aplicar los propĂłsitos, se dijo en la Cumbre, todas y todos somos responsables. La sociedad civil debe monitorear y asesorar los compromisos.

Academia

NO MÁS DISCRIMINACIÓN México ha logrado avances, pero aún tiene retos en sus políticas públicas para las mujeres y niñas con discapacidad, en todos los ámbitos de gobierno y el sector privado.

FOTO: CORTESÍA

ELIZARDO RANNAURO MELGAREJO

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ás de 100 millones de personas padecen algún tipo de discapacidad, cifra que representa 15% de la población mundial. Los países con ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países con ingresos altos; la discapacidad es más común entre mujeres, personas mayores, niñas y niños, así como adultos en condición de pobreza (OMS, 2017).

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece los nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible, que reflejan las necesidades de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, de los que más del 80% vive en pobreza.

México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad y sobre todas las formas de discriminación que existen contra las mujeres.

Al respecto, México cuenta con avances, obstáculos y retos en sus políticas públicas con las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de gobierno y en el sector privado; incluso ha creado diversos mecanismos de seguimiento y evaluación.

Sin embargo, recientemente se recibieron las recomendaciones del Comité para la Discriminación contra la Mujer de la ONU, en donde se señala que se deberán tomar medidas de nivelación y acción afirmativa para erradicar la discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación en el diseño e implementación. Además de recopilar sistemáticamente datos y estadísticas

sobre la situación de las mujeres y niñas, con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.

También recomiendan establecer recursos adecuados, metas mensurables que requieren las autoridades en los tres niveles de gobierno, y aplicar los ordenamientos jurídicos pertinentes para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra las mujeres y niñas con discapacidad.

Otras recomendaciones son cerrar las barreras financieras, lingüísticas y geográficas que enfrentan las mujeres con discapacidad para acceder a la justicia.

En materia de empleo, combatir el acceso limitado de mujeres con discapacidad al mercado laboral y formal. Asimismo, garantizar que el derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva estén a disposición de las mujeres con discapacidad de forma accesible y segura, en zonas urbanas y rurales, y prevenir, investigar y sancionar al personal médico que presiona a las mujeres embarazadas con discapacidad para que aborten.

También, elaborar los informes sobre esterilización forzada de mujeres y niñas, y sobre el acceso limitado a servicios de salud reproductiva, en particular para mujeres y niñas con discapacidades mentales y de otra índole.

Otra recomendación es asignar recursos financieros adicionales a los asignados e incrementar el acceso a microcréditos, préstamos y otros créditos financieros para mujeres con discapacidad, con el fin de promover su espíritu empresarial y empoderarlas económicamente.

El objetivo final es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas sin discriminación alguna, a efecto de lograr un desarrollo sostenible.

El objetivo final es hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas sin discriminación alguna

Elizardo Rannauro Melgarejo, Mtro. en Ciencias Jurídicas. Universidad Panamericana.

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DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Los mitos y prejuicios alrededor de las personas con discapacidad han influenciado para invisibilizar estos dos ámbitos tan importantes para la condición humana.

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

ADRIANA SOTO ANDALÓN

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uando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, nos referimos al ejercicio libre, placentero e informado de la sexualidad humana, la cual no deberá de ser condicionada por razones de género, identidad, origen étnico o nacional, condición socioeconómica, religión, estado civil o discapacidad. Sin embargo, no todas y todos ejercemos la sexualidad de esta manera, ya que existen limitantes socioculturales que imposibilitan tanto el conocimiento de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, como la aplicación de la normativa que ampara su ejercicio.

El entorno suele complicarse cuando se trata de grupos en situación de discriminación, como lo son las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, ya que tanto los mitos como los prejuicios alrededor de estos grupos han influenciado, en gran medida, para invisibilizar un ámbito importante de la condición humana como lo es la sexualidad. Estas limitaciones se traducen en desigualdad y falta de oportunidades para lograr un desarrollo humano óptimo.

Es por ello que conocer nuestros derechos humanos, en especial los sexuales y los reproductivos, nos dará la oportunidad de tomar decisiones más certeras que nos conduzcan a tener una mejor calidad de vida, a un bienestar físico, mental y social. Nos permitirá tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones y nuestros afectos, así como también con quién y cómo relacionarnos.

Las personas con discapacidad han experimentado diversas limitaciones impuestas por la sociedad, en términos de accesibilidad, desde los espacios físicos e íntimos para el ejercicio de la sexualidad, hasta el

acceso a la información. La discapacidad ha sido considerada por mucho tiempo como una condición que requiere de cuidados especiales, lo que refuerza los estereotipos de dependencia, siendo estos últimos uno de los principales factores que inciden en la vulneración de sus derechos, en particular, los sexuales y los reproductivos.

Si a esta situación le sumamos la discriminación basada en el género, podremos identificar que las mujeres con discapacidad han experimentado situaciones que transgreden sus derechos, como vivir violencia física, psicológica y sexual; el no acceso a la atención sexual y reproductiva; la negación del ejercicio de su sexualidad, toda vez que son consideradas personas asexuadas, e incluso a que les cesen su reproducción sin su consentimiento.

En este contexto, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha desarrollado una cartilla de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad que próximamente se publicará, la cual enmarca 13 derechos que promueven una vida libre de discriminación y violencia; que impulsan a garantizar la igualdad y la libertad de expresión e identidad de género; el respeto a la orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma, y el derecho a la información y educación integral en sexualidad con recursos acordes a los requerimientos de las personas con discapacidad.

La cartilla está acompañada de un sustento normativo nacional e internacional, que promueve y ampara cada uno de sus derechos, con la finalidad de promover una política que permita el goce de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres, y que opere bajo el principio de igualdad de género y no discriminación.

Las mujeres con discapacidad han experimentado situaciones que transgreden sus derechos, como vivir violencia física, psicológica y sexual

Adriana Soto Andalón, Jefa de Departamento de Derechos Sociales.

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“PIES PARA QUE LOS QUIERO, SI TENGO ALAS PARA VOLAR”

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

NORA RICALDE ALARCÓN

M Nora Ricalde Alarcón, Presidenta del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer A.C.

agdalena Carmen Frida Kahlo decía que había nacido con la Revolución. Su identidad, talento e ideología seguramente se forjaron gracias a este movimiento armado, pero Frida nació muchas veces. Jamás se dejó vencer por las múltiples heridas físicas y emocionales que la vida le infligió.

Nació en la Ciudad de México el 6 de julio de 1907 y aprendió desde pequeña a trascender los impedimentos de la discapacidad. A los seis años enfermó de poliomielitis y tuvo que permanecer muchos meses en cama y varios más sin poder integrarse plenamente a los juegos infantiles, de donde la enfermedad la había arrancado.

Fue su padre, Guillermo Kahlo, quien la animó a rehabilitarse por medio de juegos considerados poco femeninos para la época, como el box y el futbol; prácticas que aunque la vigorizaron, no lograron solucionar las secuelas que dejó el padecimiento en su pierna derecha.

Fortalecida, más emocional que físicamente, entró a los 16 años a la Escuela Nacional Preparatoria con el interés de estudiar medicina.

En ese entonces, 35 mujeres estudiaban a la par de 2,000 hombres y Frida muy pronto entró a formar parte del grupo de “Los cachuchas”, formado por jóvenes rebeldes y contestatarios que exigían mejores condiciones para la educación.

Fue con uno de ellos —su novio, Alejandro Gómez Arias—, con quien abordó el camión que sería embestido por un tranvía ese fatídico lunes 17 de septiembre de 1925.

A partir de ese terrible accidente que le dejó la columna vertebral rota, las costillas fracturadas, la pelvis destrozada, la pierna derecha fragmentada y considerables daños en otras partes de su cuerpo, Frida Kahlo cambió su proyecto de vida.

Recluida nuevamente en cama para soportar una larga y dolorosa convalecencia, descubrió su vocación por la pintura. De su padre fotógrafo

aprendió la importancia de un rostro bien definido y del encuadre de las imágenes; el espejo que su madre instaló en el techo sobre su cama, le permitió que ese rostro a plasmar fuera el que día y noche observaba: el suyo.

Después de una lenta recuperación, Frida fue capaz de integrarse a una vida casi normal. Conoció a Diego Rivera —el segundo accidente que le partiría la vida, según ella— y se casó con él por primera vez en 1929.

Nuevas penas afectaron entonces su alma. Su vida marital con el pintor estuvo llena de satisfacciones, creatividad y compañerismo, pero también de un enorme dolor por los abortos sufridos y por las traiciones que Diego le hizo con otras mujeres, incluida su hermana, Cristina.

Al mismo tiempo que su expresión artística se enriquecía, su discapacidad física aumentaba y sufría cada vez más desengaños en el camino de su poco afortunada ruta sentimental.

A pesar de 32 operaciones, de tremendos dolores del cuerpo que paliaba con dificultad, de la amputación de la pierna derecha por debajo de la rodilla, del uso frecuente de rígidos corsés, de pérdidas del alma y del cuerpo, Frida encontró en el arte el paliativo más grande a su dolor y la expresión más perfecta de su presencia en este mundo. Su vida, sus sentimientos y su arte no pueden ser separados porque su obra constituye su biografía.

Entre 1926 y 1954, Frida creó más de 200 dibujos y pinturas sin importar cuál fuera el estado de su alma y de su cuerpo, probablemente viviendo la frase que se le atribuye: “A veces hay que seguir como si nada, como si nadie, como si nunca”.

A pesar de sus impedimentos físicos y de los muchos sufrimientos que le presentó la vida, las alas de Frida fueron grandes y voló muy alto.

Nos dejó el legado de su pintura, se constituyó en un símbolo de la mexicanidad contemporánea, pero sobre todo, fue un ejemplo de la fortaleza necesaria para trascender la discapacidad a través de la propia expresión.

“Viva la Vida”, escribió Frida en uno de sus cuadros, y aunque murió el 25 de julio de 1954, jamás se ha cansado de vivir.

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Entrevista POR: BERENICE CHAVARRÍA

UNA DISCAPACIDAD NO ES UNA LIMITANTE Nely Miranda, la medallista paralímpica que ha puesto en alto el nombre de México, pide que las personas con discapacidad reciban las mismas oportunidades que los demás.

C

Primera zambullida “Tres años después de mi accidente comencé a recuperarme, en 2004 tuve una recaída, una hipoxia de aproximadamente cinco minutos, y eso me dejó cuadripléjica otra vez. Los médicos dijeron que no podían hacer nada por mí, pero este pronóstico médico me hizo aferrarme a la vida”, cuenta Nely.

A los 29 años comenzó a ir a terapia, y se dio cuenta de que el agua era el único lugar donde podía sentirse ligera. Cuando notaron que podía mover los brazos, los especialistas le dijeron que si continuaba trabajando así, podría ser campeona paralímpica nacional.

Entonces llegó su primera competencia de natación en Morelia, en 2007. Ese día ganó cinco medallas; tres de oro y dos de plata.

De esta forma, Nely comenzó su camino profesional. Temerosa por algo nuevo, pero segura de que el esfuerzo rendiría frutos.

Desde entonces, su carrera ha estado llena de éxitos: ganó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008; cuatro preseas de oro y dos de plata en los Parapanamericanos de Toronto 2015, así como el bronce en los Paralímpicos de Río 2016.

El papel de la familia “No solo tú adquieres la discapacidad, sino la gente que está a tu alrededor; tu familia, tus hijos, tu pareja. Mi mamá actuaba como si no hubiera pasado nada, me trataba como alguien normal y no con una discapacidad; eso me ayudó muchísimo. Ella siempre buscó la manera de que nada fuera un obstáculo y que nos fuéramos adaptando”, dice Nely.

Su hijo es otro de sus motores. “Cuando platicamos de competencias, lo único que me dice es que siente mariposas en el estómago, que está orgulloso de mí y que a veces quisiera estar ahí para jalarme y que pueda llegar más rápido a la meta”, cuenta Nely entre risas.

A su hijo le ha inculcado la idea de que todo en la vida se puede lograr, a pesar de las adversidades.

Los retos Desde los Juegos de Río 2016, Nely ha sufrido crisis espásticas y convulsiones, que la alejaron del agua este año.

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FOTO: CORTESÍA

uando concursaba para ser señorita Puerto de Veracruz la entrevistaron, y una de las preguntas fue ¿cuál es tu mayor miedo en el mundo? Ella respondió que “me moriría si me quedaba en silla de ruedas”, cuenta Nely Miranda.

Años después, mientras trabajaba en un banco, Nely cayó por las escaleras, lo que le provocó pérdida de memoria temporal y cuadriplejia, la misma discapacidad que la llevó a convertirse en campeona paralímpica, parapanamericana y mundial.

“Cuando pasó todo y recuperé la memoria, mi mamá me enseñó el recorte de aquella entrevista, entonces entendí que nadie muere por una adversidad, sino todo lo contrario, es una oportunidad de vida que Dios nos da y nos pone a prueba para sacar lo mejor de nosotros. El rival más fuerte a vencer, tanto en una competencia como en la vida cotidiana, siempre va a ser uno mismo”, dice la atleta.

Las becas no alcanzan para el traslado, y no son pagadas en tiempo y forma, lo que perjudica a los atletas “Hoy por hoy, lo que me toca es tener tranquilidad y esperar la resolución de los médicos sobre mi reincorporación; tener paciencia y sabiduría para enfrentar lo que venga”, menciona la deportista.

Comenta que su mejor terapia es imaginarse dentro del agua. “Mi mente solo piensa en eso: estoy dentro del agua, estoy braceando, nadando en crol, en dorso. Eso me ayuda, mi mente piensa que mi cuerpo está activo, aunque realmente no está al 100%”.

A Nely también le gustaría crear una fundación. “Quiero ayudar a jóvenes interesados en ser deportistas; dar lo mejor a las personas que se acercan buscando el apoyo que uno no tuvo cuando inició, y que ellos necesitan para salir adelante y sentirse orgullosos”.

La medallista paralímpica explica que dos grandes desafíos que enfrentan los deportistas son

los traslados a los entrenamientos y la falta de patrocinios, pues esto impide que tengan un buen desempeño. “Es raro que tengamos patrocinios, tanto en ropa como en traslados, lo que afecta casi todo”.

Añade que “las becas no alcanzan para el traslado; en ocasiones a nivel estatal no son pagadas en tiempo y forma. Esto perjudica a los atletas, ya que se ve interrumpida su preparación para un evento importante”.

No obstante, ella logró salir adelante. Incluso terminó una licenciatura en Administración de Empresas y fue diputada federal por Veracruz entre 2010 y 2013.

“Sigo pensando que la discapacidad o tener medallas no me hace más ni menos que nadie, no pierdo el piso, porque lo único que me separa de él son las llantas. De ahí en fuera, sigo siendo la misma de siempre”, finaliza Nely.

CNDH

Todavía hay trabajo pendiente por hacer para que las mujeres con discapacidad sean tomadas en cuenta.

GERMÁN EMMANUEL BAUTISTA HERNÁNDEZ

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l 13 de diciembre de 2006 fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención o CDPD). Si bien este ordenamiento no crea derechos nuevos para este sector de la población, sí coloca el énfasis en la necesidad de que los Estados Parte establezcan, desarrollen y fortalezcan mecanismos jurídicos y materiales para que las personas con discapacidad disfruten con plenitud de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas.

Llama la atención en el inciso q) de su preámbulo, sobre el mayor riesgo que corren las mujeres y las niñas dentro y fuera del hogar, al ser potenciales víctimas de violencia, abuso, abandono, trato negligente y explotación y, por ello, se da lugar al artículo 6, que debe asumirse con una lógica transversal a toda la Convención, para que les sean garantizadas las mismas oportunidades que a los hombres con discapacidad, de conformidad con el inciso g) del artículo 3 “Principios Generales”.

El 27 de octubre de 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (CDPD-ONU), emitió las Observaciones Finales al Informe Inicial de México, manifestando su preocupación ante la falta de medidas específicas orientadas a prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, causada por la concurrencia de factores de exclusión social, tales como la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas, la ruralidad, entre otros, así como la ausencia de información al respecto.

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

DE LA VISIBILIZACIÓN JURÍDICA A LA MATERIAL

Por su parte, el pasado 20 de julio de 2018, el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) manifestó en las Observaciones finales al IX Informe de México, su preocupación ante la falta de mecanismos y presupuesto para monitorear e implementar leyes sobre equidad de género y sobre el derecho a vivir libre de violencia.

Hizo énfasis en la discriminación interseccional de que pueden ser objeto las mujeres indígenas, afromexicanas, migrantes y mujeres con discapacidad, entre otras, particularizando en las barreras geográficas, económicas y de lenguaje para un eficaz acceso a la justicia; en las esterilizaciones forzadas que suelen practicarse a las niñas y mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, específicamente, así como en el limitado acceso a servicios de salud reproductiva y sobre las escasas oportunidades de empleo.

Estas preocupaciones no solo ofrecen un acercamiento al panorama poco alentador que en nuestro país enfrentan las mujeres con discapacidad, sino que permiten dimensionar la cantidad de pendientes que, de manera ineludible, debe abatir el Estado mexicano, a fin de que cada mujer con discapacidad ejerza en igualdad de condiciones los derechos consagrados en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Se reconoce que, en los últimos años, ha habido investigaciones que pretenden acercamientos a las condiciones que vive este sector de la población, pero la información con que se cuenta todavía no es suficiente, pues la desagregación de datos de acuerdo con el sexo, edad, condición social, pertenencia a pueblos indígenas o a comunidades rurales, siguen siendo un asunto pendiente.

En los últimos años, ha habido investigaciones que pretenden acercamientos a las condiciones que vive este sector de la población, pero la información con que se cuenta todavía no es suficiente

Germán Bautista Hernández, Visitador Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Entrevista POR: REDACCIÓN

SEXUALIDAD Y DIVERSIDAD FUNCIONAL Verónica Maza Bustamante es periodista, orientadora sexual, facilitadora musical, antropóloga de ventanas, lectora voraz, defensora del desvalido y promotora del orgasmo.

¿Cómo es la sexualidad de este sector de la población?

Las personas con alguna discapacidad, hoy llamada “diversidad funcional”, ya sea por nacimiento o adquirida en la infancia o la adultez, se vuelven asexuales. Pero tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos que cualquier ser humano; en su mayoría, pueden experimentar una vida erótica que los acerque al bienestar, por lo que ameritan recibir educación sexual integral. También tienen deseos, son capaces de sentir y brindar placer, pueden vivir en pareja y tener hijos, si así lo deciden. ¿Es fácil en su entorno social y familiar?

No es sencillo. No siempre se les permite ejercer estas posibilidades ni se conoce información correcta, científica, humanista, actualizada, sobre temas como la adolescencia, el género, la erótica, la asistencia sexual, la prevención del abuso, la orientación sexual, la reproducción, los vínculos afectivos y otros temas que forman parte del camino a la felicidad. ¿Por qué?

Vivimos en una sociedad que preserva muchísimos mitos en torno a la sexualidad en general, así que hablar sobre este tema en las personas con diversidad funcional, se vuelve un tabú aún más grande. Por ello fue una gran fortuna haber asistido al Tercer Congreso Nacional de Sexualidad y Educación Especial Los placeres de la diversidad, en mayo pasado, en el Puerto de Veracruz. Yo hice un taller llamado “El Placer sin límite. El acto erótico en la discapacidad” y di la conferencia “El espacio erótico y las discapacidades”. ¿Qué temas trataron?

Se dieron a conocer las investigaciones más recientes en relación con la sexualidad. Se trabajó para desmantelar los mitos respecto de los grupos vulnerables de discriminación, como personas con diversidad funcional/discapacidad, LGBT, entre otras. Se creó un espacio de diálogo, crítica y reflexión del quehacer docente ante la diversidad sexual.

También se habló de estrategias didácticas para la enseñanza de la diversidad sexual.

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FOTO: CORTESÍA

La experta habla en esta entrevista acerca de las personas con discapacidad y el terreno en el que se encuentran dentro de la sociedad mexicana.

Se necesitan políticas, leyes y acuerdos en materia de sexualidad para las personas con diversidad funcional/discapacidad ¿Qué deben hacer gobierno y sociedad para atender la salud sexual de las personas con discapacidad?

Se necesitan políticas, leyes y acuerdos en materia de sexualidad para las personas con diversidad funcional/discapacidad. También se debe promover el conocimiento de la diversidad del erotismo y el placer, así como realizar esfuerzos por comprender las distintas formas de la desigualdad social en la salud y reproducción sexual en hombres y mujeres. ¿Pareciera que se niega a las personas con diversidad funcional su derecho al placer?

Efectivamente. El tema de la sexualidad en personas con diversidad funcional en nuestro país aún está en pañales, ya que no solo se trata de informar, sino también de realizar cambios en materia de leyes, planes y programas de estudio, de tener una mirada acerca de la inclusión más integral y basada en los derechos humanos. Hay temas que en México no se han abordado, como el de la asistencia sexual en la diversidad, del que muchos quieren saber más.

Opinión

LOS INVISIBLES QUE DEAMBULAN POR LAS AULAS Este ciclo escolar estrena Modelo Educativo, pero no para todos.

A pesar de la promesa de equidad e inclusión, nada ha cambiado para el 10% de los mexicanos menores de 19 años con alguna discapacidad.

BÁRBARA ANDERSON @ba_anderson

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l 20 de agosto comenzaron las clases en México. Según la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. No hay ningún asterisco al pie que diga, como en los productos comerciales, ‘aplican restricciones’.

Pero no todos comenzaron. Se calcula —otra vez— que 1.2 millones de mexicanos menores de 19 años tienen alguna discapacidad. La Secretaría de Educación Pública solo tiene censados en sus aulas de educación especial a 516,000. Es decir solo cuatro de cada 10 alumnos con discapacidad son visibles a las estadísticas de la SEP. En México todavía están conviviendo dos modelos de escuelas separados: las regulares y las especiales; las primeras para alumnos estándar y las segundas para quienes tienen alguna discapacidad.

Esto está fuera de los estándares internacionales donde se está migrando a un término tan noble como desconocido para nuestros funcionarios: la inclusión educativa.

“La educación incluyente comporta la provisión de oportunidades significativas de aprendizaje a todos los estudiantes que integran el sistema escolar normal. Lo idóneo es que permita que los niños y niñas con y sin discapacidad asistan a las mismas clases del grado que corresponda a su edad en una escuela local, con el apoyo individual pertinente según las necesidades”, repite en todos los foros a los que asiste Anthony Lake, director ejecutivo del UNICEF. En 2016, cuando comenzaron los foros y las primeras discusiones para el nuevo Modelo Educativo, que estaba contenido dentro de la Reforma Educativa, con un grupo de padres y activistas logramos colar el tema de la inclusión (un tema que no había estado en sus consideraciones y focos hasta ese momento).

Luego de meses de reuniones y cabildeo logramos que, al menos en el tema de discapacidad, hubiera un plan. La propuesta oficial fue “im-

pulsar el tránsito de la educación especial a la inclusiva”, es decir, que todos los niños accederían a los mismos salones, maestros y contenidos.

El año pasado, Aurelio Nuño —aún Secretario de Educación— presentó la Estrategia de Equidad e Inclusión de su Nuevo Modelo. Allí se proponía arrancar con un plan piloto en 250 escuelas (200 básicas y 50 de educación media y superior) para una inclusión plena a los 260,000 planteles que hay en el país, en un plazo de 13 años.

Hace justo un año comenzó el piloto, pero en vez de invertir en capacitación a maestros y directivos, en infraestructura de accesibilidad y en adaptación de materiales “para todos”, se buscó a 200 escuelas que ya de alguna manera —y con más corazón que designio oficial— recibían alumnos con alguna discapacidad y tenían maestros preparados.

Ni un solo nuevo alumno, ni una sola escuela que debutara abriendo sus puertas a otros alumnos que no fueran estándar.

Nunca se informó cuáles eran esas 250 escuelas. Solo hubo promoción del tema de inclusión en redes sociales (la mayor parte de los padres de niños con discapacidad viven debajo de la línea de pobreza sin acceso a esas tecnologías).

Los 560,000 alumnos con alguna discapacidad que registra la SEP son aquellos que asisten a alguna de las 6,100 escuelas especiales. ¿Cuántos alumnos más acuden a otras escuelas que tuvieron la decencia de cumplir con un mandato constitucional? No hay datos.

“Lo más absurdo es la liviandad con que exhiben que no hay datos, siendo tan fácil que en cualquier documento estadístico de la SEP se incluyan las cinco preguntas del INEGI sobre discapacidad para conocer la realidad en cada plantel.

Eso es discriminación”, me explica Agustín de Pavia, abogado y activista.

Si cruzamos los datos del INEGI (los 1.2 millones de mexicanos de hasta 19 años con alguna discapacidad) versus los que tiene detectados la SEP, podemos decir que hay 640,000 alumnos en el país que tienen un súperpoder: son invisibles.

En México todavía están conviviendo dos modelos de escuelas separados: las regulares y las especiales; las primeras para alumnos estándar y las segundas para quienes tienen alguna discapacidad

Bárbara Anderson, Directora de Innovación Editorial en Milenio.

Activista de Yo También, A.C., por los derechos de las personas con discapacidad y miembro del INCAN.

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OSC

DERECHO AL PLACER EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FOTO: SHUTTERSTOCK

ALEXA CASTILLO NÁJERA Y JESÚS OLAYO LORTIA

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a Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, firmada por México el 30 de marzo de 2007 y ratificada el 17 de diciembre de ese mismo año, define la discapacidad como “…el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás”.

La sexualidad y sus potencialidades son parte integral de la personalidad particular de cada uno de los individuos que conformamos la diversidad humana. “…el desarrollo pleno de la sexualidad es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social (…) dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico...” (Asociación Mexicana para la Salud Sexual, A.C).

Toda persona tiene derechos sexuales, los cuales fueron aprobados por la Asamblea General de la Asociación Mundial de Sexología, (WAS por sus siglas en inglés), el 26 de agosto de 1999. Por lo cual deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos.

México es un país donde predomina el machismo en múltiples sectores, la sociedad en su mayoría, tiene construcciones llenas de culpas, prejuicios, roles estereotipados y una inmensa necesidad de pertenecer a la “normatividad” y alejarse de patologías, porque quien no está “sano” está “enfermo”.

Los hombres con discapacidad son menospreciados por la sociedad, privándolos de las mismas oportunidades e impactando directamente a su masculinidad.

Ser mujer en México conlleva a luchar por un trabajo, por respeto, por equidad. La mujer con discapacidad es asexualizada y despojada de su vulva, a causa de construcciones machistas que la reprimen, causando doble discriminación.

El concepto de discapacidad usualmente lleva consigo la estigmatización.

Si pudiéramos instruir a la sociedad a no transmitir juicios, a respetar, a valorar y mirar más allá de un concepto, podríamos visibilizar la importancia de los derechos sexuales a los que todos y todas tenemos derecho, incluidas las personas con discapacidad.

El derecho a la libertad sexual abarca la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. La sociedad mexicana tiende a mirar al colectivo con discapacidad desde una óptica médico-asistencialista, omitiendo su potencialidad erótica y minimizando su decisión a ejercer su sexualidad sin prejuicios.

El placer sexual, incluyendo el autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Ahora, ¿qué es el erotismo? Es la capacidad personal de producir y comunicar cualquier forma de placer (deseo, excitación y orgasmo). Como dice el doctor David Barrios: “Al erotismo hay que conocerlo, aceptarlo y practicarlo”.

Reivindicar el derecho al placer erótico-afectivo y respetar la diversidad son factores irrenunciables del bienestar. Es necesario contar con especialistas formados en el campo de la sexología, que miren desde la discapacidad para potencializar las capacidades individuales, comprender y guiar los procesos de reintegración sexual con un enfoque existencial humanista que, sin transmitir juicios, permitan al consultante encontrar su propio camino hacia el bienestar, sin una mirada patologizante.

La sociedad mexicana tiende a mirar al colectivo con discapacidad desde una óptica médicoasistencialista, omitiendo su potencialidad erótica y minimizando su decisión de ejercer su sexualidad

Alexa Castillo Nájera Zaliv, Directora de Fundación Mandala, A.C. y periodista especializada en salud.

Jesús Olayo Lortia, Doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud.

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CONADIS

CON MENOS OPORTUNIDADES FOTO: SHUTTERSTOCK

Las mujeres y niñas con discapacidad viven los efectos de la pobreza y enfrentan múltiples formas de discriminación.

MERCEDES JUAN LÓPEZ

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e acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6% de nuestra población vive con algún tipo de discapacidad; 7.1 millones de personas que diariamente enfrentan retos adicionales para alcanzar una vida plena, tienen dificultades para acceder a espacios y servicios públicos, estudiar u obtener un empleo que les permita realizarse. Mientras que 53.5% son mujeres, de las que 27.2% tiene 60 años o más y 3.8% son niñas menores de 14 años; esto nos indica que la prevalencia de la discapacidad está aumentando con la longevidad.

Es necesario considerar que, para 2050, 26.5% de la población mexicana tendrá más de 60 años, lo que conduce a un incremento progresivo de la discapacidad originada por caídas, deterioro visual o auditivo o enfermedades crónicas no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud refiere que, debido al aumento en la esperanza de vida en el mundo, cada uno de nosotros vivirá, cuando menos, siete años con algún tipo de discapacidad.

En nuestro país, el tipo de discapacidad más frecuente en las mujeres es la motriz, después la visual, y la causa principal es la enfermedad, seguida por la edad avanzada.

Las mujeres y las niñas con discapacidad viven desproporcionadamente los efectos de la pobreza a nivel mundial al enfrentar múltiples formas de discriminación y quedar excluidas de las mismas oportunidades de desarrollo e inclusión en la sociedad; por lo mismo, durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto se adoptaron diversas medidas con el objetivo de contar con leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, así como buenas prácticas para reducir las desigualdades que les afectan, como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece la perspectiva de género como estrategia transversal obligatoria e incluye la consideración de presupuesto específico.

Con las leyes en materia de discapacidad, infancia y adolescencia e igualdad entre mujeres y hombres, se adoptan medidas para asegurar los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas

con discapacidad, se regulan y garantizan la igualdad de oportunidades y de trato, y se promueven su empoderamiento y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo o condición.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, creado en 2011, establece la política pública para las personas con discapacidad, promueve sus derechos, inclusión y participación. Para ello, elaboró el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, que considera acciones específicas para la atención de mujeres y niñas con discapacidad.

Tres de sus objetivos son evaluados cada dos años por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Destaco de 2016, avances en la disminución del rezago en acceso a los servicios de salud, que en 2014 era de 16.4% y en 2016 de 12%; el rezago al acceso a la educación, que en 2014 era de 51.1% y en 2016 de 48.7%; el avance en el acceso al trabajo, con 32.5% en 2014 y, para 2016 de 39.04%.

Con los programas para la igualdad de oportunidades y no discriminación, y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, se garantiza la igualdad de género y se erradican todas las formas de violencia contra las mujeres, considerando de manera especial su edad y su condición de discapacidad.

Durante la presente administración se ha dado apoyo a 710 mujeres con discapacidad, víctimas de violencia.

Contamos con el Modelo de atención y cuidado inclusivo para niños y niñas con discapacidad en las 9,300 Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, beneficiando a 6,000 menores con discapacidad, de los cuales poco más de la mitad son niñas.

Reconocemos que tenemos retos y desafíos como, por ejemplo, proveer a las mujeres y niñas con discapacidad intelectual y psicosocial; reforzar la atención de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad, que pueden ser objeto de formas múltiples e interrelacionadas de discriminación y exclusión social; así como, por el envejecimiento de la población, el incremento progresivo de mujeres con discapacidad que requieren atención especializada y de prevención.

En México, el tipo de discapacidad más frecuente en las mujeres es la motriz, seguida de la visual, y la causa principal de discapacidad es la enfermedad, seguida por la edad avanzada

Mercedes Juan López, Directora General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

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IAPA

SER MADRE DE UN NIÑO O NIÑA CON DISCAPACIDAD Muchas pierden independencia y vida personal por los cuidados que la condición de su pequeño o pequeña les demanda.

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las mujeres desde niñas se les prepara para la maternidad. El cuerpo femenino está equipado para ello y socialmente se le han asociado una gran variedad de funciones que no son biológicas. Exigencias, responsabilidades y sobrecarga de trabajo son los resultados de asumir la crianza como un deber ineludible y una tarea central para las mujeres y que —en el mejor de los casos— se comparte con los hombres.

En nuestra cultura, la maternidad es concebida como una forma de realización personal, serenidad, equilibrio y estabilidad de pareja, y el nacimiento de un hijo o hija se llena de expectativas. Pero cuando la hija o hijo vive una condición de discapacidad, derivada de una enfermedad, un accidente o un mal congénito, ¿en qué consiste la pérdida?

Se pierde la ilusión y el deseo legítimo de procrear un hijo que viva una infancia como cualquier otro niño o niña; se pierden ideas preconcebidas sobre lo que debe ser la maternidad.

Se pierde la posibilidad de criarlo, verlo crecer y desenvolverse bajo los parámetros normales.

Pareciera que las madres pierden independencia y vida personal por los cuidados que la condición de su hija o hijo les demanda.

Los trabajos de cuidado, crianza y rehabilitación de un hijo o hija con discapacidad recaen principalmente en las madres, esto refuerza la creencia de que los hijos pertenecen a las madres antes que a cualquier otra persona, y una de las principales fuentes de preocupación para ellas es lograr que su hijo o hija con discapacidad tenga un desarrollo lo más cercano a lo normal, sin importar el trabajo, esfuerzo y sacrificio que deban realizar, a pesar de tener que renunciar a proyectos personales, laborales e incluso al tiempo para sí mismas.

En las formas en que actualmente aparece definida la buena madre, destaca la preocupación y la puesta en práctica de actividades tendientes

FOTO: SHUTTERSTOCK

ALEJANDRA PRIETO DE LA ROSA

al cuidado y bienestar del hijo o hija. Una buena madre es definida como amorosa y que cuida a sus hijos, guiada por una esencia “natural”; también se considera que las madres realizan una entrega total hacia sus hijos o hijas.

Ante la ausencia de una niña o niño sano, las mujeres se ven obligadas a cuestionar e incluso a prescindir de la idea de una maternidad normal.

De ello se deriva un ejercicio del rol materno distinto; un proceso que supone asumir nuevas prácticas de cuidado y crianza; construir otro soporte material y emocional, y, sobre todo, construir una legitimidad “normalizadora” de su maternidad.

No hay en esto contradicción alguna con la idea de pertenencia casi exclusiva de las y los hijos a las madres. En los hechos, ellas consienten y asumen que sea así, al cabo fueron socializadas para ello. Pero esto no es obstáculo para que algunas de ellas reconozcan la injusticia que subyace a esta realidad y, a veces, se rebelen y reclamen mayor reconocimiento a las niñas y a los niños con discapacidad; así como el reconocimiento de los trabajos de cuidado y crianza que requieren todos los días.

La maternidad con un hijo o hija con discapacidad es una maternidad diferente en términos del ideal de la maternidad pues, refleja distintas realidades. En el mundo social al que pertenecemos, con sus manifestaciones físicas y simbólicas, la discapacidad adquiere significados compartidos socialmente, y se reconoce como única prioridad la rehabilitación e integración del niño o la niña con discapacidad.

Las madres luchan por definir y mantener la personalidad y el valor de sus hijas e hijos, y por obtener recursos en un contexto en el que la normatividad del cuerpo y las condiciones sociales de existencia implican para los niños y niñas con discapacidad exclusión e inequidad, para el logro de metas y objetivos de salud, educativos y sociales, a la vez que buscan cumplir con el mandato cultural de ser buenas madres.

La maternidad con un hijo con discapacidad es una maternidad diferente en términos del ideal de la maternidad, pues refleja distintas realidades

Alejandra Prieto de la Rosa, Investigadora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA).

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COPARMEX

SOLUCIONES ARMÓNICAS La democracia es el mecanismo para abatir la desigualdad y la discriminación de las personas con discapacidad.

FOTO: EFE

CLAUDIA ISELA GUZMÁN GONZÁLEZ @ClauGuzG

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a democracia va más allá de los aspectos relacionados con las elecciones, se trata del régimen de principios por los cuales es posible establecer condiciones de acuerdos, soluciones que permitan la armónica convivencia y el respeto a las garantías. Existen diferentes ámbitos de la democracia, uno de ellos es el que se concibe como: democracia social, definida por Sartori como “…la igualdad, en donde los miembros de la sociedad se vean y se traten como iguales”.

Esta democracia promueve la efectividad de derechos sociales y la disminución de las desigualdades sociales para toda la población. Por ello, se relaciona con conceptos políticos, económicos y culturales.

Ahora bien, ¿cuál es la relación de la democracia con la igualdad, el desarrollo y la perspectiva de género? Pues que en todo ello es posible sostener políticas públicas que ayuden a defender el respeto a los acuerdos de las mayorías, a los derechos de las minorías y soluciones ante la discriminación.

En este marco, es necesario visibilizar que en México existe una población que sufre una doble discriminación, social y económica, y son las mujeres con discapacidad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010) las mujeres con discapacidad representan 51.1%, de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. Estas mujeres sufren de menores oportunidades para la inclusión laboral y esa es una verdadera limitante que se expresa en la falta de capacidad para garantizar su autonomía financiera, ya sea por las nulas o escasas condiciones de accesibilidad o porque las empresas, simplemente, no cuentan con programas o fuentes de empleo que consideren su talento como recurso humano.

Incentivar el emprendimiento puede considerarse como un instrumento para abatir la desigualdad, pues se convierte en un mecanismo por el cual se adquiere la capacidad de generar sus propios ingresos, al tiempo que es posible adquirir nuevas competencias hacia la inclusión al mercado formal del autoempleo o la empresa.

El contexto democrático señala que los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho al sustento mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles, como reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 27. Sin embargo, una de las principales barreras para el fomento de la participación laboral y social de las personas con discapacidad, sigue siendo la propia sociedad, ya que es la que niega las oportunidades para esta población por estereotipos y prejuicios. Dentro del catálogo de derechos fundamentales contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho al acceso a la justicia es un principio básico del Estado Democrático de Derecho. Con la reforma constitucional de 2011 se incrementó el compromiso del país para elaborar políticas públicas, protocolos y legislación para promover el respeto y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad, al haber ratificado la CDPD, pues se obligó a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas para hacer efectivos sus derechos.

Es aquí donde es necesario reconocer que empresa, sociedad y gobierno juegan un papel fundamental para establecer condiciones genuinas hacia el empoderamiento económico y la inclusión laboral, pues no solo son condiciones que exigen el desarrollo, sino principios democratizadores que permiten la participación en condiciones de equidad en la vida social y económica del país de todas y todos. Reconocerlo es fundamental para establecer una política de inclusión con diversidad, que se observe en los programas de gobierno. Esto, como medidas para evitar y eliminar los obstáculos del entorno, procurando la mejora de las condiciones de participación igualitaria, a fin de garantizar que sea posible erradicar las barreras que afectan la calidad de vida de las personas, incluyendo a las personas con discapacidad.

Considerar el empoderamiento económico de las mujeres, ¡de todas!, no solo se trata de una condición de respeto a sus derechos, sino de una condición obligatoria de desarrollo y progreso para asegurar el crecimiento, la expansión y el incremento de la calidad de vida de nuestro país.

Los hombres y las mujeres con discapacidad tienen derecho al sustento mediante un trabajo libremente elegido o aceptado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo y accesible

Claudia Isela Guzmán González, Consejera Nacional de la COPARMEX. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático COPARMEX CDMX.

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Estados

MUJERES RURALES CON DISCAPACIDAD Las mujeres del medio rural, en su condición humana, viven una realidad histórica de políticas públicas de abandono sistemático, además de padecer condiciones limitantes.

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n las zonas rurales de nuestro país, se observa que la población femenina presenta mayor grado de vulnerabilidad, ante una cultura de abandono y de violencia. Sumado a ello, las mujeres con discapacidad en este sector tienen mayores dificultades, como el acceso a los servicios de salud, educación, formación, vivienda y empleo, entre otros, y rara vez participan en los procesos de toma de decisiones.

Las mujeres rurales con discapacidad experimentan una discriminación por sus condiciones de vulnerabilidad, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono y la explotación, convirtiéndolas en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato.

Actualmente, los grupos políticos, los organismos de igualdad y la sociedad en general son cada vez más conscientes de la existencia de violencia contra las mujeres, por lo que se han creado más programas dirigidos a informar, asesorar y proteger a las que han sufrido cualquier tipo de agresión. Sin embargo, la mayoría de los programas no han tomado en cuenta las necesidades que plantean las mujeres con discapacidad, convirtiéndose en inaccesibles para ellas, sobre todo, en las zonas rurales.

Las principales dificultades que presentan las mujeres con discapacidad son: 7Y[fjWY_ d ieY_Wb o \Wc_b_Wh" Z[X_Ze W bW \WbjW Z[ _d\ehcWY_ d e imagen negativa que todavía hoy se percibe de ellas.

7hgk_j[Yj d_YWi o Z[b jhWdifehj[$ 9kWb_ZWZ[i Z[ bWi fhef_Wi ck`[h[i Yed Z_iYWfWY_ZWZ" feh [b Z[iYenocimiento de sus propias capacidades y falta de conciencia para aceptarlas de forma natural, condicionados por una autoestima muy deficiente y por importantes carencias de formación.

FOTO: CORTESÍA

LOURDES MURGUÍA FERREIRA

Las mujeres del medio rural, en su condición humana, viven una realidad histórica de políticas públicas de abandono sistemático del campo, además de padecer condiciones limitantes en desarrollo humano, en democracia, en acceso a la justica y las reivindicaciones sociales legítimas, como acceso a trabajos dignos y de buena calidad.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), las mujeres con discapacidad representan 51.1% del total de esta población, es decir, más de la mitad de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2017), dice que 58% de las personas entrevistadas para dicha encuesta indican que se respetan poco los derechos de las mujeres con discapacidad, mientras que 65% de las personas entrevistadas indicaron que se respetan poco los derechos de las mujeres indígenas.

Asimismo, esta encuesta nos indica que 15% de la población en general no está de acuerdo con compartir casa habitación en renta con personas con discapacidad, y 14% no estaría de acuerdo con que su hijo o hija contraiga matrimonio con una persona con discapacidad.

Son pocos los avances y muy grandes los retos. Se requieren políticas públicas que atiendan la problemática de las mujeres rurales con alguna discapacidad, que les permitirán tener un desarrollo en igualdad de condiciones y obtener una mejor calidad de vida.

La mujer rural con discapacidad presenta una mayor vulnerabilidad feh ik jh_fb[ YedZ_Y_ d" o [d [ij[ i[dj_Ze" [b 9edi[`e DWY_edWb fWhW [b :[iWrrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su Programa Nacional 2014-2018, planteó estrategias tendientes a promover el ejercicio, en condiciones de igualdad, de sus derechos humanos.

Las mujeres rurales con discapacidad experimentan una discriminación por sus condiciones de vulnerabilidad, convirtiéndolas en un grupo con grave riesgo de sufrir algún tipo de maltrato

Lourdes Elizabeth Murguía Ferreira, Directora General del Instituto Aguascalentense de las Mujeres.

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Reportaje POR: BERENICE CHAVARRÍA

SENSIBILIZACIÓN EN LAS EMPRESAS: LA FÓRMULA PARA LA INCLUSIÓN Las personas con discapacidad son profesionales bien preparados y actualmente son los número uno en productividad, según la Fundación Paralife.

Estrategias de inclusión “Hace mucha falta hacer conciencia hacia las personas con discapacidad.

Se debe entender que, como cualquier otra persona, debemos crecer tanto profesional como personalmente”, explica Francisco Fuentes, coordinador de inclusión laboral de Fundación Paralife.

Fundación Paralife se encarga del reclutamiento y colocación laboral de personas con discapacidad. El objetivo de la fundación es incrementar la cifra de 39.1% de personas con discapacidad que se encuentran laborando en México, de acuerdo con la Organización Impunidad Cero.

“Iniciamos integrando a personas con discapacidad en trabajos muy operativos; como en almacenes y archivos, entre otros. Hoy en día ya nos conocen porque somos una Fundación que impulsa el trabajo de personas con discapacidad, pero en perfiles corporativos de alto perfil”, detalla Francisco Fuentes.

Las estrategias de Fundación Paralife inician con la sensibilización, la cual se basa en la toma de conciencia sobre la necesidad de un programa coherente de inclusión laboral. Posteriormente, se llega al proceso de reclutamiento y selección de personal, donde se abren todos los puestos de trabajo en la empresa.

Después de la contratación, es momento de la retención y el mejoramiento, etapa en la que se realiza una revisión periódica de los empleados

FOTO: CORTESÍA

K

aren inició su camino profesional como cualquier otra persona, con temores, pero con el deseo de cumplir sus sueños. Su discapacidad visual no fue impedimento para que concluyera la licenciatura en Psicología y, posteriormente, trabajara en empresas como HP y Unilever. Su tenacidad hoy la tiene ocupando un puesto gerencial en el área de recursos humanos de una empresa que traslada gas por todo el país; pero a sus 32 años, Karen va por más.

Esta psicóloga forma parte de los 7.1 millones de personas con discapacidad que viven en México, de acuerdo con la cifra más reciente proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Uno de los temas que continúan pendientes al hablar de personas con discapacidad es la inclusión laboral. “El panorama no es el mejor, nos encontramos casos en los que las empresas solo contratan a personas con discapacidad para cubrir una cuota obligatoria. Aunque sí hay mejoras, todavía falta mucho camino por recorrer; falta el interés genuino por crear programas que realmente incluyan y no solo integren”, destaca Gabriela Medina, directora de Fundación Manpower México.

de la empresa, ya que se debe tomar en cuenta los resultados de las personas con discapacidad y determinar si es posible que sean promovidas o cambiadas de área si así lo desean.

En la Guía de inclusión laboral elaborada por Fundación Paralife, basada en su experiencia para implementar una política de inclusión en Nestlé, se destacan los siguientes principios sobre inclusión de personas con discapacidad en las empresas: 1. Garantizar la igualdad de oportunidades laborales, igualdad en las condiciones de trabajo y seguridad social.

2. Incluir a la persona con discapacidad debido a que posee los conocimientos y habilidades necesarias para el puesto, no solo por cubrir un requisito o por compasión.

3. Recordar que cada persona es un ser humano con gustos y aspiraciones diferentes y particulares, por lo que se debería evitar la segregación en el trabajo, descartando la creación de áreas o puestos específicos para ellos.

Hoy empresas como Ford, GNP, GRUMA, HSBC, IBM, Lala y P&G, entre otras, forman parte de la Alianza Éntrale, una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios, que nace con el propósito de conectar oportunidades y cambiar paradigmas para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en México.

Y mientras las empresas continúan con su parte, las personas con discapacidad deben prepararse para integrarse al mundo laboral, “los invitaría a confiar en sí mismos y en sus capacidades. Deben buscar ese talento que no se está explotando y a partir de eso desarrollarse en el área. Identifiquen su visión, su motivación y hagan una preparación profesional para lograr el éxito”, concluye Francisco Fuentes.

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Consejo Consultivo

DISCAPACIDAD Y ACCESO A LA TIERRA FOTO: CORTESÍA

El papel de las mujeres indígenas y rurales ante la CEDAW.

LILIANA VIANEY VARGAS VÁSQUEZ

S

i los gritos de indignación por parte de las personas con discapacidad se juntaran, la melodía sería una ópera de la denuncia. Pienso en una melodía para imaginarme que un día, la condición que viven las personas con discapacidad pueda ser escrita con tintas inspiradas desde lo más subjetivo posible que esta población vive.

Sin embargo, lo que tenemos de frente es una sociedad que, de vez en cuando, recuerda su responsabilidad para con las personas con discapacidad; recuerdo que es traído al presente por activistas de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como sucedió en el 70 periodo de sesiones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) realizado en Ginebra, Suiza. En esta ocasión, se visibilizó una demanda muy concreta: las mujeres indígenas y rurales con discapacidad y el acceso a la tierra, como parte de un informe más amplio.

Entre otras cosas, lo que se denuncia en este informe son las condiciones de vida que llevan las mujeres indígenas y rurales con discapacidad y su experiencia de inaccesibilidad a la tierra; lo que resume la denuncia es que, frecuentemente, no se reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad para la adquisición de un bien; más grave aún, cuando a una persona con discapacidad ni siquiera se le considera como una persona sujeta de derechos para adquirir un bien primordial sobre el cual se tejen las identidades culturales y de recursos materiales.

Lo que interesa aquí, es señalar cuáles son las implicaciones para una persona con discapacidad el contar o no con un recurso mínimo del cual pudiera obtener sus principales recursos básicos de alimentación, y en ese sentido habríamos de plantearnos varias preguntas: ¿qué tanto las políticas estatales encaminadas para garantizar los Derechos Humanos de las personas con discapacidad buscan tener un abordaje focalizado, diferenciado y culturalmente pertinente? ¿Cuáles son las acciones impulsadas por el Estado para poner en debate público la situación y condición de las personas indígenas con discapacidad? ¿Qué tanto se escucha la demanda de las personas indígenas con discapacidad al interior de sus comunidades y fuera de ellas?

Estas preguntas las pongo para poder imaginarnos el contexto de la construcción de las políticas de atención, que debieran de ser garantes de los derechos humanos de las personas indígenas y rurales con discapacidad.

Imaginémonos que las acciones se limitaran a la difusión de un cartel en los pasillos de los edificios de los municipios con población indígena, donde se anuncie la posibilidad de ser beneficiaria de unos lentes o procesos quirúrgicos de intervención ocular (lo cual está muy bien) o la posibilidad de contar con unos aparatos para la sordera, o en su caso, ser beneficiaria de una silla de ruedas (útil en una comunidad de la sierra para recorrer la cocina).

Supongamos que para garantizar que las personas indígenas puedan tener acceso a la información, las autoridades locales hacen todo lo posible: anuncian estos beneficios por aparatos de sonido en una de las 68 lenguas mexicanas; otros más toman la decisión de recorrer las casas donde posiblemente necesiten este tipo de ayuda; otros con medios más modernos, anuncian el apoyo mediante sus radios comunitarias; en fin, podemos pensar en una parafernalia que tenga entre sus metas asegurar la cobertura de estos beneficios.

Pensemos de nuevo en lo descrito anteriormente: se informa a una población necesitada, algunos familiares se acercan para informarse de manera más detallada, otros más ya saben que ello implica traslados hacia la ciudad capital, su recurso económico no da para pagar el pasaje y la alimentación de dos personas; alguna que otra familia decide aventurarse para ser beneficiada, otras definitivamente le temen al maltrato y la imposibilidad de comunicarse en español y deciden no acudir. Al final, pocas familias son las beneficiadas: una que otra consigue un aparato para la sordera, a una más le operaron sus ojos; las sillas de ruedas fueron enviadas para dos beneficiarias, y así una lista de acciones.

Pero, ¿cómo se configura una atención integral en el marco de estas acciones? ¿Cómo es que se evalúan los cambios en la calidad de vida de la persona beneficiada?

Muchos son los caminos que quedan por recorrer; entre otras cosas, se necesita urgentemente revisar de qué manera, cómo y dónde obtienen las mujeres indígenas con discapacidad sus recursos de subsistencia, o en su caso saber cómo la obligación estatal está garantizando que una persona pueda tener una vida digna en condiciones de pobreza extrema, al mismo tiempo, preguntarnos cómo esas acciones están garantizando la participación plena de las personas al interior de sus comunidades. Al final de cuentas, de lo que hablamos aquí es que no existe información interinstitucional fidedigna que pueda ir marcando las pautas de intervención con una perspectiva de derechos humanos, género y de pertinencia cultural.

Se necesita urgentemente revisar de qué manera, cómo y dónde obtienen las mujeres indígenas con discapacidad sus recursos de subsistencia

Liliana Vianey Vargas Vásquez, Consejera Consultiva del INMUJERES.

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OSC

VIVIENDA ADECUADA

FOTO: SHUTTERSTOCK

Las personas con discapacidad no cuentan con las oportunidades para acceder al derecho humano y constitucional de una vivienda.

GUSTAVO GUTIÉRREZ-LEE

H

ablar sobre la discapacidad es difícil, ya que es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que 6.6% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad; al traducirlo en número de personas y, a su vez, multiplicarlo por el número de vinculaciones y/o relaciones que tienen con otras personas de la sociedad, podremos observar el “factor relacional” del fenómeno. Es decir, no podemos abordar el tema de las personas con discapacidad como algo ajeno a nosotras o noso tros, porque una sociedad —en el sentido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)— busca no excluir ni dejar atrás a nadie, reduciendo las desigualdades de todo tipo.

Hablar repetidamente de esta circunstancia es obligación para crear un lenguaje, para “hacer visibles” a aquellas personas que tornamos “invisibles” mediante una discriminación estructural, creando estigmas, prejuicios o estereotipos sobre las personas que tienen alguna diversidad funcional, provocando con ello su exclusión en muchos ámbitos de la vida social, así como la negación de sus derechos. Si a su condición distinta se le añaden otros elementos de vulnerabilidad como ser mujer, niña, niño, edad, origen étnico, etc., la lastimosa exclusión se exacerba.

En mi ámbito de influencia dentro del sector vivienda, veo que la falta de oportunidades para acceder al derecho humano y constitucional de una vivienda adecuada es terrible.

En primer lugar, porque la mayoría de las personas con discapacidad no tienen un empleo formal y el acceso a una vivienda parece más un derecho laboral que constitucional. En segundo término, porque las viviendas que se ofertan a las personas con alguna discapacidad que están en el mercado laboral no están diseñadas para que puedan vivir y habitar plenamente en la vivienda que logran adquirir, aunado a ello, las complicaciones que

representa —como para muchas otras personas— el hecho de que sus viviendas se encuentren en lugares alejados de sus centros de trabajo, esparcimiento o relaciones significativas, y que la movilidad sea un gran reto y represente un alto costo.

Por último, hay muy pocos mecanismos estructurales o programas institucionales que piensen en diseñar opciones (de financiamiento, apoyos económicos, diseños participativos) para producir modelos de vivienda adecuados a sus necesidades, titulación de terrenos o habilitación de suelo apto para construir las viviendas para esta población, que permitan a personas con discapacidad sin un empleo formal —que son la gran mayoría— acceder a una solución de vivienda.

Impulsar todos los ODS, muy particularmente el 10 y el 11, es fundamental para ofrecer la oportunidad de que las personas con discapacidad cuenten con una vivienda adecuada. Desde la sociedad civil hemos buscado opciones e intentado incidir en políticas públicas que coadyuven a la realización de este derecho: pugnar por otro México posible donde la vivienda sea símbolo de plenitud de derechos, de proyección de vida, de construcción de sueños, de seguridad y desarrollo, de afirmación, de identidad y declaración elocuente de que no hay sociedad sustentable si no hay justicia e igualdad.

Hay muy pocos mecanismos estructurales o programas institucionales que piensen en diseñar opciones (de financiamiento y apoyos económicos), para producir modelos de vivienda adecuados para esta población

Gustavo Gutiérrez-Lee, Director Ejecutivo Nacional de Hábitat para la Humanidad México, A.C.

VIDEOS: • Una vivienda adecuada para Ignacio - Hábitat para la Humanidad México https://www.youtube.com/watch?v=JC2i_e3oJig • Una vivienda adecuada para Emanuel - Hábitat para la Humanidad México https://www.youtube.com/watch?v=cmQWfy8f3JU • Una vivienda adecuada para Alberto - Hábitat para la Humanidad México https://www.youtube.com/watch?v=y6Q4MvjqPQY SEPTIEMBRE, 2018 | TODAS |

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Reportaje POR: GABRIELA RAMÍREZ, SEMMEXICO

AGRESIONES SEXUALES EN EL SILENCIO

FOTO: SHUTTERSTOCK

En los casos donde es posible interponer una denuncia, que son los menos, las víctimas y familiares se encuentran con personal sin capacitación que termina por revictimizar a las mujeres

E

n México no es posible saber cuántas mujeres con discapacidad han sido víctimas de violencia sexual. De acuerdo con Irene Torices Rodarte, directora general del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C., esto se debe, principalmente, a que las víctimas no denuncian debido a las limitantes de comunicación o movilidad, dependiendo del tipo de discapacidad que presentan.

La mayoría de estos ataques, de acuerdo con la especialista, ocurren en el interior de los hogares, en donde son perpetrados por familiares o conocidos, o bien en los centros escolares.

“En muchos casos, la identificación de las agresiones sexuales se da por presencia de indicadores derivados de abusos o violaciones, o porque las mujeres llegan a quedar embarazadas y es cuando la familia se da cuenta”, dice Torices.

Pero los ataques no son exclusivos de estas zonas, la especialista relata que tiene conocimiento de casos en donde funcionarios públicos han cometido este tipo de agresiones.

En los casos donde es posible interponer una denuncia, que son los menos, las víctimas y familiares se encuentran con personal sin capacitación que termina por revictimizar a las mujeres. “Ni siquiera existe en estas dependencias un intérprete de lenguaje de señas”, explica Irene Torices.

Al hablar del trabajo de la organización Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C., su directora señala que en ciertas temporadas reciben más casos de agresiones sexuales a mujeres con discapacidad.

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“En los periodos posteriores a las vacaciones de verano recibimos hasta siete casos de violencia sexual a la semana, vienen remitidos por la propia Procuraduría, por escuelas o por los padres de familia. Esto tiene que ver con que existe una mayor permanencia en el contexto familiar que, cuando está por terminar el ciclo escolar, es cuando hay menor cuidado en los centros escolares”.

Es difícil hablar de estrategias de prevención efectivas en esta materia ya que, aun cuando se establece en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se deben respetar sus derechos sexuales y reproductivos, no existe una cultura para ello y las autoridades no cumplen con sus obligaciones para garantizarles tales derechos.

No se habla de que las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su sexualidad, no existe educación entre las autoridades, en centros escolares o de rehabilitación. Por tanto, si no se habla y no se cambia la invisibilización que hay respecto de este tema, no será posible diseñar estrategias de prevención y atención.

Irene Torices explica que, actualmente, los servicios de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad son inexistentes, sigue siendo, dice, una asignatura pendiente.

“La población sorda es la que presenta los índices más elevados de transmisión de VIH, pero las personas con discapacidad no están siquiera contempladas entre el público objetivo de las acciones preventivas”.

Es indispensable tener más información y que contemos con personal altamente calificado en las instituciones, para que las personas con discapacidad y las mujeres que han sido víctimas de alguna agresión sexual, reciban una atención adecuada.

Opinión

RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

E

n septiembre de 2001, México propuso a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una convención para la protección de los derechos de las personas con discapacidad; en el proceso de negociación participaron 189 Estados Parte de la ONU y como resultado, el documento se firmó el 30 de marzo de 2007.

Fue así como nació la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), siendo México el principal impulsor del primer tratado internacional de derechos humanos del siglo XXI. La Convención se caracterizó por presentar un nuevo análisis sobre el paradigma de la discapacidad, al pasar de un modelo solamente médico a uno social, que compromete a los Estados firmantes a contar con legislación y políticas públicas que consideren a todas las personas con discapacidad como sujetas de derechos y en donde el derecho al trabajo, el monitoreo para el cumplimiento de las normas de accesibilidad, los derechos de las mujeres con discapacidad, entre otros temas, se visibilizan y son exigibles para los Estados firmantes.

La Convención otorga particular importancia a promover la cooperación internacional y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en especial en los países en desarrollo.

En México, el documento fue aprobado y ratificado por el Senado el 17 de enero de 2008; ello resultó crucial para que el gobierno y la sociedad civil desarrollaran sinergias y generaran acciones para garantizar el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad, a su autonomía, a la libertad para tomar decisiones, a la igualdad de oportunidades y accesibilidad, así como su derecho a preservar su identidad, entre otras.

ILUSTRACIÓN: SHUTTERSTOCK

FLOR DE LIS VÁSQUEZ MUÑOZ

Si bien en nuestro país las personas con discapacidad son titulares de todos los derechos humanos previstos en la Constitución Política, a partir de la reforma constitucional de 2011, también lo son de aquellos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte.

En el marco de la ONU, es el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad el órgano de especialistas independientes que supervisa la aplicación de esta Convención por parte de los Estados firmantes, que deben presentar periódicamente un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir sus obligaciones y sobre los progresos realizados.

México sustentó su informe inicial relativo a la aplicación de esta Convención, en septiembre de 2014, y presentó su II y III Informe Consolidado en enero de 2018, el cual deberá sustentar en 2019. El Comité orienta sus recomendaciones para que, de manera progresiva, los Estados logren garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas con discapacidad.

Asimismo, el Comité hace suyas las preocupaciones manifestadas por las organizaciones de la sociedad civil y exhorta a los Estados a atender con urgencia situaciones particulares y temas de mayor preocupación.

Por ejemplo, el Comité ha instado a México a prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, tanto en zonas urbanas como rurales, y a recopilar sistemáticamente estadísticas y datos que permitan su evaluación.

A partir de enero de 2019 y hasta 2022, orgullosamente la profesora mexicana Amalia Eva Gamio Ríos fungirá como experta independiente en el citado Comité.

La Convención otorga particular importancia a promover la cooperación internacional y mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, en especial en los países en desarrollo

Flor de Lis Vásquez Muñoz, Mtra. en Estudios Diplomáticos.

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Recomendaciones POR: BERENICE CHAVARRÍA

LIBROS

TALLER RADIO SIN LUZ Este proyecto coordinado por Isabel Toledo, actriz, directora y productora de la compañía Pentimento, busca utilizar el teatro como herramienta para crear conciencia en los niños frente a la violencia de género.

Además, este taller ayudará a los pequeños a expresarse e identificar sus emociones, así como a trabajar en equipo mientras que alimentan su creatividad. ¿Cuándo? 18 y 25 de septiembre ¿A qué hora? 12:30 a 14:30 ¿Dónde? Museo Memoria y Tolerancia, Plaza Juárez, Centro Histórico Registro en: www.myt.org.mx/eventos

PELÍCULA

ACTUALIDAD

EL MILAGRO DE ANNA SULLIVAN Helen Keller es una pequeña que queda sorda y ciega a los 19 meses de edad; los retos para la familia aumentan cuando descubren que a lo largo de los años han tratado a su hija con compasión y como alguien incapaz.

La pequeña adquiere actitudes agresivas a raíz de este trato, es entonces cuando llega Anna Sullivan a su vida, una profesora que logró recobrar la vista tras varias operaciones. Ella le muestra a Helen su poder para comunicarse, además de enseñarle valores y límites que llevan a la pequeña a descubrir una nueva vida.

Esta película refleja que la sobreprotección no es la fórmula para apoyar a una persona con discapacidad; ya que se le debe incluir en el día a día, identificando y reforzando sus capacidades.

EL GRITO DE LA GAVIOTA Soledad, duda y desesperación son los sentimientos de una joven sorda que crece en un lugar donde debía luchar por el reconocimiento de sus derechos. Este libro es el diario de Emmanuelle Laborit, actriz francesa y directora del Teatro Visual Internacional. La joven descubre el lenguaje de signos a los siete años y tiene que luchar contra la creencia francesa de sus tiempos, la cual le prohibía a los sordos usar este lenguaje, pues debían aprender a leer los labios y a hablar.

A lo largo de estas líneas, se lee la lucha colectiva por crear una realidad diferente, la cual ayudó a que en las escuelas se usara el lenguaje para sordos y a que Emmanuelle plasmara su realidad a través de una obra de teatro, en la que refleja cada momento de tristeza y de gloria que vivió.

Disponible en: Librerías Gandhi

Disponible en: Amazon y Youtube

GUARDERÍA INCLUSIVA Servicios Educativos para el Desarrollo Infantil (SEDI) es una guardería corporativa que se localiza al poniente de la Ciudad de México, la cual cuenta con personal dedicado a contribuir al desarrollo y bienestar de pequeños con discapacidad.

Cada niño tiene un programa personalizado de acuerdo con sus necesidades; además, se busca sensibilizar a todos los alumnos en valores como empatía, servicio, respeto, amistad, responsabilidad, justicia y equidad. Espacios como este buscan brindar soporte para potencializar el desarrollo integral de pequeños con discapacidad.

Más información en: www.sedi.edu.mx

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UN RITMO DIFERENTE Bruno, un niño con Síndrome de Down, explica cómo es su vida; cuáles son sus sueños y sus sentimientos. En el libro se destaca la necesidad de que las personas a su alrededor dejen de tratarlo con compasión, pues él busca ser tratado como todos y hacer varias actividades por sí mismo.

Este texto, de Gina Constantine, representa una oportunidad para que los más pequeños conozcan el sentir de una persona con discapacidad y se acerquen a un mundo de respeto y conciencia social.

Disponible en: Librerías El Sótano

Breves PASE DE ESTAFETA

LAS MUJERES DE NAYARIT Con el propósito de brindar más respaldo a las aspiraciones políticas y sociales de las mujeres de Nayarit, Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva del INMUJERES, y el Gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, firmaron el convenio de colaboración interinstitucional para la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Nayarit.

Este Observatorio realiza el seguimiento y la evaluación de los avances en la materia e identifica la participación política de las mujeres en México y su acceso a cargos de toma de decisión pública.

Asimismo, pone a disposición de los gobiernos y sociedad civil estadísticas que permitan medir cuál es el estado actualizado de la participación política de las mujeres en Nayarit.

Se llevó a cabo el “Pase de estafeta. Logros y desafíos para la Igualdad Sustantiva”, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, en el que se resaltó que en las dos Legislaturas se aprobaron 40 reformas en materia de género, se fortaleció el Instituto Nacional de las Mujeres, se avanzó en la igualdad formal, se impulsaron los Refugios para Víctimas de Violencia y la armonización del tipo penal de feminicidio.

Entre los avances también se destacó la integración paritaria de las candidaturas al Congreso y su integración de casi 50-50; 65 hombres y 63 mujeres en la Cámara Alta, y en la Cámara de Diputados, 243 mujeres y 256 hombres.

Por su parte, Marcela Eternod, Secretaria Ejecutiva del INMUJERES, precisó que hay una lista de pendientes legislativos de la mayor trascendencia, pero que las nuevas integrantes del Congreso sabrán de la responsabilidad que tienen para consolidar y avanzar en esta agenda. La nueva Legislatura debe lograr que el presupuesto tenga como centro a las mujeres y a las niñas.

TERCERA REUNIÓN DE LA CEPAL

Se realizó la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (SNIMH); un espacio de coordinación en el que participan todas las dependencias de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con el propósito de que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de garantizar a las mujeres y las niñas sus derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad en todas las esferas de su vida.

En esta sesión, se dio cuenta de los avances en cumplimiento de las instrucciones del Ejecutivo, en materia de igualdad: la certificación de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) y del sector privado en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación; la adopción del Protocolo para Prevenir, Atender y Sancionar el Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual; la revisión de las reglas de operación de los programas para incorporar la perspectiva de género en ellas, y el diseño de más acciones afirmativas en favor de las mujeres.

FOTOS: CORTESÍA

AVANCES EN MATERIA DE IGUALDAD 2013-2018

El Instituto Nacional de las Mujeres participó en la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Lima, Perú, en la que se analizaron los avances y retos de la visión regional del desarrollo sostenible.

La Secretaria Ejecutiva del Instituto dijo ahí que se deben construir infraestructuras de cuidados que permitan a las mujeres trabajar, por lo que es primordial redistribuir las cargas del trabajo doméstico.

A esta reunión asistieron 192 delegados de 32 países miembros de la CEPAL, además de 82 representantes de organismos del Sistema de Naciones Unidas e intergubernamentales y 320 personas de la sociedad civil.

También se abordaron temas como: las demandas de niños, niñas adolescentes y jóvenes, el envejecimiento, la salud sexual y reproductiva y la persistencia de brechas de género.

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Numeralia Tipos de discapacidad

Población con discapacidad

7.2 millones de personas

De las mujeres con discapacidad, tiene discapacidad motriz y de los hombres , siendo el la más frecuente para ambos sexos.

57.7%

con discapacidad había

53.5% eran mujeres y 46.5% eran hombres.

en 2014, de las cuales

50.6%

5.6% de la población de 30 a 59 años tiene alguna discapacidad, la prevalencia aumenta en las edades avanzadas.

La discapacidad visual la vive el de las mujeres con discapacidad en comparación con de el los hombres.

41.2%

Envejecimiento y discapacidad

50.9% de las mujeres con discapacidad tiene 60 años o más, mientras que en los hombres es el

43.4%.

Pobreza y empleo

22.1%

49.4%

de las mujeres y de los hombres de 15 años o más con discapacidad, se encontraban ocupados en el mercado laboral en el 2014.

de la población con discapacidad se encontraban en situación de pobreza en el 2016.

44.2%

36.9%

La discapacidad auditiva se presenta en el de las mujeres con discapacidad y de los hombres con discapacidad.

6.2%

22.1%

Discapacidad de lenguaje la tienen el de féminas con discapacidad y de varones con discapacidad.

10.5% 30% de las

12.6%

mujeres y de los hombres con discapacidad de 12 años y más recibían ingresos por parte de algún programa gubernamental.

440 MIL

21.7%

personas con discapacidad de 70 años o más, les es difícil o imposible vestirse, bañarse o comer por sí mismas. De éstas, son mujeres y son hombres.

66.2% 33.8%

La dificultad para aprender, recordar o concentrar se presenta de mujeres en con discapacidad y de hombres con discapacidad.

20.0%

17.9%

Discriminación

34.3% de las mujeres y 26.8% de los hombres con discapacidad en 2017, consideraron que su mayor problema es que las calles, las instalaciones y el transporte son inadecuados para su condición.

26% de las mujeres y 24.1% de los hombres con discapacidad sufrieron discriminación en el último año.

43.4% de las mujeres y 40.5% de los hombres con discapacidad padecieron discriminación en la calle o transporte público, durante el último año.

Durante el último año, de las mujeres y de los hombres con discapacidad vivieron algún tipo de discriminación por su familia.

34.4% 25.3%

11.6% 11.7%

de las de mujeres y los hombres, ambos con discapacidad, reportaron problemas mentales o emocionales.

La imposibilidad o dificultad para realizar actividades cotidianas, como vestirse, bañarse o comer la vive el de mujeres y de hombres que tienen discapacidad.

14.8% 13.0%

Referencias: INMUJERES, a partir de INEGI-CONAPO, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014. Base de datos. CONEVAL, Medición de la pobreza, Anexo Estadístico 2010- 2016, a partir de INEGI, MEC 2016 del MCS-ENIGH. INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. Tabulados básicos. INMUJERES, a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017. Base de datos. Conoce más, visita: http://estadistica.inmujeres.gob.mx.

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