Acusación General Introductoria - TPP Capítulo México (Versión larga con 8 anexos)

El despojo y depredación de México Libre comercio y desviación de poder como causas de la violencia estructural, la impunidad y la guerra sucia contra los pueblos de México

Acusación General de la sociedad civil ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

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En memoria de nuestros muertos y por la vida de todas nosotras y nosotros

I. Introducción Después de varios años de gestión cientos de organizaciones de la sociedad civil mexicana entregamos el pasado 21 de octubre una petitoria al Tribunal Permanente de los Pueblos con el propósito de solicitarle y justificar la apertura de un Capítulo México. Finalmente la petitoria fue recibida formalmente y este honorable tribunal se ha instalado en nuestro país.

Para quienes soportamos la crisis humanitaria en México es urgente que se documente y visibilice la dolorosa situación de violencia estructural en que se encuentra hundido el país, que se den a conocer las causas económicas que podrían estar por detrás de esta catástrofe histórica, y que se valoren las pruebas que los agraviados tenemos que ofrecer en torno al modo en que el Estado mexicano hoy desvía su poder, usando su fuerza y las leyes en contra del pueblo.

La petitoria presentada abría ya el telón de una cruenta realidad nacional en la que se veía comprometido y aparecía como responsable un Estado plenamente consciente de sus acciones y de los resultados que éstas traerían aparejados. Asimismo, en ella se señalaba ya la intervención del poder económico en la manipulación de las decisiones políticas. Hoy como entonces se apela al Tribunal Permanente de los Pueblos en razón de que el acceso a la justicia ha sido nulificado por las propias autoridades mexicanas. La consigna pareciera ser que todo cuanto contravenga el discurso neoliberal en favor del libre comercio, las privatizaciones, la desregulación y la competencia salvaje e irracional debe ser censurado y criminalizado. ¿Por qué creemos que una instancia ajena a nuestro país será capaz de sensibilizarse ante las violaciones que hemos testificado y que estamos dispuestos a probar? Pensamos que ocurrirá porque la causa de tales violaciones, se han extendido exponencialmente a nivel mundial. Lo que decimos no es algo completamente nuevo, no va a sorprender a muchos; sin embargo, no se evitará la crisis humanitaria en quienes aún hallamos nuestro propio reconocimiento en los demás. ¿Por qué México requiere de la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos? Porque este pueblo, en particular, ya ha sido humillado al extremo; la maleabilidad del ser humano no alcanza para soportar más las condiciones imperantes; nos sabemos merecedores del bienestar del que muy pocos gozan, del que hemos sido excluidos por constantes y evidentes maquinaciones. La clase política y empresarial prejuzga a la población de ingenua y ello encuentra su explicación en el profundo desconocimiento que tienen de nuestra capacidad organizativa y solidaria, lo que

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nos conduce a emprender con firmeza todo tipo de acciones en aras de conseguir una vida realmente digna y plena. Tenemos la convicción de que al exhibir este pequeño laboratorio del sistema universal regente, el horror provocará un cambio que despertará a la conciencia de los pueblos del mundo.

La presencia en México del Tribunal Permanente de los Pueblos dará cuenta de la crisis humanitaria que enmarca sus desgarradas y distorsionadas formas económicas, políticas, jurídicas y culturales. Las formas particulares de violencia que se han visto acrecentadas a partir de los condicionamientos estructurales que ha impuesto el libre comercio en la totalidad de dimensiones de la vida en México, la impunidad con que se ejerce esta violencia conculcando gravemente los derechos fundamentales de la población, los derechos de los pueblos, de las minorías de cualquier tipo y de los individuos, la violación cotidiana e impune de los derechos humanos, esta violencia sin responsables aparentes, pero sí con enormes cantidades de víctimas y agraviados, son todas ellas expresiones de una misma violencia de Estado.

– Ante el alarmante proceso de descomposición que ha sufrido el país, manifiesto en la flagrante y sistemática violación de derechos fundamentales y que históricamente ha significado la transformación, negación y anulación del proyecto de nación que inspiraba el espíritu original de la Constitución de 1917.

– Frente a la incapacidad de las instituciones nacionales y locales, pero también internacionales, para atender las necesidades reales del pueblo de México y para responder por los agravios generalizados que ha padecido.

– Mirando de cerca la evidente instrumentalización de la ley para obstaculizar la consecución de la justicia, frente al enraizamiento estructural del desvío de poder, del uso faccioso del Derecho en contra de los intereses genuinos del pueblo mexicano.

– De cara al advenimiento y consolidación de una virtual dictadura civil que esconde tras de sí la aberrante militarización del país, experimentando la ruptura del tejido social en sus múltiples dimensiones, viviendo día tras día la criminalización de la protesta social y de la pobreza en que se encuentran sumidos millones de mexicanos.

– Frente al espectáculo de miles y miles de víctimas y agraviados, de muertos que caen sin juicio y de desplazados que caminan y caminan sin rumbo, sin brújula y sin futuro.

– Ante la destrucción de la economía nacional, la devastación ambiental del país y el desmantelamiento del Derecho y de las instituciones construidas sobre las bases del constitucionalismo social, frente a la negación y destrucción de los derechos conquistados por los movimientos populares, ante la ausencia de medios adecuados para acceder efectivamente a la justicia, viviendo la desregulación jurídica impuesta por el libre comercio y sufriendo la privatización y el despojo de todo tipo de bienes comunes perpetrado por el propio Estado en beneficio de unos cuantos.

– Frente a la crisis del sistema jurídico mexicano y reconociendo la necesidad de hacer visible en el plano internacional la sombría situación imperante y de desnudar los mecanismos que sostienen la simulación a la que se aferra el gobierno.

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En suma, ante el rastro de destrucción masiva que ha dejado tras de sí el neoliberalismo con sus políticas de privatización, desregulación y libre comercio es que múltiples y heterogéneas organizaciones y grupos de la sociedad civil mexicana presentamos hoy al Tribunal Permanente de los Pueblos este marco general de acusaciones que da cuenta de la barbarie y desolación que cotidianamente experimentamos millones de personas, de las graves violaciones de derechos humanos que individuos y colectivos padecen impunemente día a día, del incremento cualitativo y cuantitativo de la violencia que ha generado la implementación de las políticas neoliberales, en especial tras la celebración 14 tratados de libre comercio con 42 países en tres continentes, entre los que se incluyen gran parte de los países industrializados, un acuerdo marco con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y seis acuerdos de alcance limitado con países sudamericanos y Panamá. En materia de tratados bilaterales de inversión también se han negociado 28 acuerdos.

Esto es lo que se pretende presentar de manera detallada al Tribunal, esperando su inevitable indignación, para que la impotencia que hoy nos asfixia a la mayoría de los mexicanos, se torne en una consecuente acción global.

II. Acusación General Las víctimas y agraviados aquí presentes, representantes de diversos y amplios sectores sociales y civiles del pueblo de México, acudimos a este tribunal para solicitarle respetuosamente tenga a bien contemplar como marco general de referencia de todos los problemas que en los próximos años habremos de volcar dentro del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, a la compleja relación causal que existe entre los crímenes masivos que hoy estructuran la catástrofe humanitaria y socio-política extraordinaria, por la cual atraviesa el país y la forma reiterada, sostenida, sistemática y creciente en que el Estado mexicano ha sostenido durante las últimas tres décadas una creciente política económica de apertura, liberalización del comercio, privatización, desnacionalización de los bienes públicos y estabilidad inflacionaria organizada siguiendo las pautas que marcaron las reformas estructurales de los años ochenta y muy especialmente lo que finalmente se conoció como el Consenso de Washington,1 a

1 La expresión fue acuñada por el economista inglés John Williamsom. El “decálogo” del Consenso de Washington se integra por las siguientes “reformas estructurales de primera generación”: 1. Disciplina fiscal, 2. Priorización del gasto público en educación y salud, 3. Reforma tributaria, 4. Tasas de interés positivas determinadas por el mercado, 5. Tipos de cambio competitivos, 6. Políticas comerciales que favorezcan la liberalización, 7. Apertura a la inversión extranjera, 8. Privatizaciones, 9. Desregulación, y 10. Protección de la propiedad privada. Cf. John Williamsom, “What Washington means by Policy Reform” en John Williamsom, Latin American Adjustment: how much has happened?, Estados Unidos de América, 1990, capítulo 2; y, After the Washington Consensus: Restarting Wrowth and Reform in Latin America, 2003, Estados Unidos de América. Muchas veces suele identificarse el neoliberaismo con el libre mercado, en la idea de que su imposición ha significado la aceptación, por un lado, del mercado como rector único de la economía y, por otro, del rol pasivo que deben jugar los Estados en su dinámica.

Si bien deben reconocerse el papel trascendental del libre comercio y la pretensión de dejar al mercado la definción de las políticas públicas, está claro que el neoliberalismo no se reduce a libre mercado ni

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pesar de múltiples protestas y movilizaciones sociales de millones de ciudadanos, crisis económicas reiteradas, ausencia de resultados colectivos positivos, externalidades costosísimas, criticas científicas de todo tipo y muchas otras formas de reprobación social.

Nuestro interés específico en esta audiencia general introductoria es encuadrar las futuras acusaciones que cada una de las siete audiencias temáticas habrá de ventilar entre 2012 y 2014 dentro de una acusación general en contra del principal actor nacional responsable del gran desastre humanitario que puede ser consistentemente identificado y definido como el Estado mexicano.

Actor que nosotros identificamos como el principal responsable de esta crisis humanitaria en la medida en que se trata de la persona jurídica colectiva que, mediante la participación y colaboración de varios grupos políticos en tareas de gobierno, ha sostenido durante tres décadas una serie de acciones criminales progresivamente complejas, instigado por móviles precisos que parten de la contratación de compromisos signados de manera voluntaria pero no democrática ni legítima, con los poderes económicos más grandes del mundo.

Con base en tales compromisos el Estado ha implementado de forma sistemática dentro de México todo tipo de políticas públicas y programas de gobierno que de forma velada se han centrado en la extracción salvaje de excedentes económicos, una distribución extremadamente desigual y catastrófica de las riquezas, un castigo sistemático de todos los procesos de reproducción (de la economía, la sociedad, la naturaleza, la política y la cultura), así como en la consecución de todo tipo de despojos de los bienes públicos de la nación y de los bienes comunes de los pueblos.

Es necesario aclarar que hemos optado por diferir para otras audiencias la presentación de documentos probatorios en contra de otros importantes actores, como son el grupo de los más grandes monopolios empresariales que conforman actualmente a la oligarquía nacional —muy especialmente el grupo de empresarios dedicados al manejo de los medios de comunicación— otros grupos identificables de instituciones financieras internacionales y de empresas transnacionales extranjeras —principalmente estadounidenses, canadienses y españolas— y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, que son también otras importantes entidades que tienen responsabilidades históricas en el violento dislocamiento de la vida, los derechos y el bienestar del pueblo de México.

El crimen que le imputamos al Estado mexicano, tal y como lo definimos en nuestra petitoria original presentada ante ustedes el 21 de octubre de 2011, es el de la desviación de poder, es decir, la actitud anómala del Estado que ha consistido desde un abuso de mandato por parte de los representantes populares hasta una instrumentalización de las leyes y las instituciones por parte de los grupos instalados en el gobierno y poderes públicos en turno.

Actitud distorsionada en la cual el Estado usa sus atribuciones y poderes para beneficiar intereses particulares que son contrarios y perjudiciales del interés general por el que debería velar. En el caso de México la desviación de poder a que nos referimos ha incluido actos ilegales y de corrupción, la distorsión y destrucción de derechos e instituciones, así

éste puede identificarse sin más con aquél. La desregulación estatal, las privatizaciones, la mejora administrativa o la disciplina fiscal son otros componentes del modelo neoliberal.

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como el reconocimiento de privilegios, mediante la adecuación a modo de leyes, normas e instituciones, nuevamente con el fin de beneficiar a poderosos intereses particulares y obstruir el acceso del pueblo de México a la justicia.

Actitud anómala que combinada con la cultura patriarcal que lamentablemente permea las relaciones sociales, las leyes y las instituciones de nuestro país, ha agudizado la realidad de desventajas particulares para las mujeres y otros grupos sociales vulnerables, las cuales se profundizan por la concurrencia de condiciones que las afectan y perjudican de mayor manera, por razones de género, de raza o identidad indígena, de migración, de edad, de preferencia religiosa y sexual, así como del empobrecimiento que se incrementa cada día.

Desvío de poder patriarcal que se manifiesta en las múltiples discriminaciones que viven las mujeres hasta la forma más extrema que es la violencia cotidiana ocasionada por actores particulares y por agentes estatales, llegando a convertirse en la violencia estructural que ha naturalizado la persistencia creciente de los feminicidios u “homicidios por razones de género”, como los ha llamado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violencia estructural agudizada en las últimas décadas por la “indiferencia fatal” que en este proceso reprochamos al Estado mexicano porque ha negado a las mujeres y a los demás grupos de víctimas derechos justiciables, leyes eficaces e instituciones administrativas y judiciales libres de prejuicios en su contra y con voluntad y capacidad de brindarles la protección judicial y las garantías de no repetición que podrían frenar esas violencias.

Desviación de poder que no es sólo ocasional, parcial ni aleatoria. Sino permanente, estructural y reincidente. Pues se trata de una desviación general en donde el Estado no sólo desarticula y rearticula sesgadamente a las diferentes partes económicas y políticas de la sociedad, en beneficio de los grupos particulares con mayor poder y en detrimento de la sociedad restante. Porque también ocurren al mismo tiempo desviaciones particulares del poder, como la desviación del poder económico del estado, de su poder político, de su poder cultural, de su poder de género, de su poder racial, etcétera. Y también desviaciones singulares dentro de cada desviación particular, por ejemplo, la desviación del poder del Estado en el ámbito económico de la producción, la distribución, el consumo, la reproducción y el desarrollo de la riqueza; o bien ocurren igualmente desviaciones del poder político del Estado, en el ámbito de la gestación, el reparto y el ejercicio o realización de lo político y el poder, etcétera. Por ello, señalamos ante este tribunal que nos encontramos frente a una crimen sistemático que ha estado ocurriendo en la integridad y dentro de cada parte de la totalidad del Estado mexicano, lo que implica que afecta no sólo a algunos ciudadanos, sino a todos los grupos, géneros, razas, clases sociales y generaciones. Afectándolos no sólo durante determinados periodos (por ejemplo, durante los momentos de crisis económicas o crisis políticas), sino durante todo el tiempo. De ahí que la gran mayoría de la población tengamos que enfrentarnos con una dinámica que permea cada vez más hondamente la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

Desviación para la cual el Estado mexicano ha utilizado medios precisos y eficaces, como lo han expresado —según referiremos— organismos regionales de protección de derechos humanos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello acudimos a este tribunal presentando las pruebas que evidencian la responsabilidad histórica del Estado en la desviación de poder arriba mencionada. Pruebas que consideramos están contenidas en la serie de documentos que testifican la aplicación

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dolosa, reiterada, sistemática y creciente de variadas políticas públicas, programas gubernamentales, así como en diversos tipos de decretos que han implicado cambios destructivos o deterioro de derechos e instituciones.

En referencia a las acciones criminales mismas, consideramos que esta situación general dolosamente construida, tiene el agravante de haber sido intencionada configurando una serie de acciones económicas, políticas y mediáticas aparentemente neutras, pero realmente cada vez más excluyentes y violentas, lo cual ha propiciado la creación masiva de todo tipo de situaciones que han destruido cientos de miles de vidas humanas, patrimonios nacionales, de los pueblos y de las personas físicas. Adicionalmente se ha consumado con igual dolo la presentación pública y mediática de todos estos hechos desastrosos y lamentables como meros hechos circunstanciales, para de esta manera poder olvidarlos o banalizarlos dentro de la memoria histórica nacional. Tales políticas de encubrimiento se han venido manteniendo en pie durante tres décadas. Pensamos que ello también debe ser caracterizado como uno de los dispositivos que más han coadyuvado al agravamiento cualitativo y cuantitativo de la crisis humanitaria, social y política de México.

Acusamos entonces al Estado mexicano de utilizar la violencia estructural arriba referida para intentar normalizar situaciones políticas y económicas de corrupción y despilfarro de recursos públicos, situaciones de sobreexplotación laboral y despojo generalizados, de destrucción del medio ambiente, de marginación y exclusión crecientes, de expulsión de población y de cada vez más tipos de desvaloración de las personas y de discriminación, de violación creciente de los derechos humanos y de los pueblos, de persecución política, de criminalización de las luchas de resistencia del pueblo de México, de desapariciones forzadas, de políticas de terrorismo en contra de la sociedad por cuenta del Estado.

Dinámica de descomposición que ha terminado por llegar en diversas regiones del país a formas extremas del exterminio de la población.

Todo lo cual ha resultado en un proceso de destrucción de la soberanía nacional que no sólo beneficia a los intereses de otros países más poderosos que el nuestro, pues ello también beneficia directa y extraordinariamente a instituciones internacionales y grupos muy restringidos de empresarios y políticos tanto mexicanos como extranjeros.

Pensamos que estos resultados masivos deben dejar de ocultarse y maquillarse para pasar a ser presentados a los ojos y a la conciencia colectiva de los pueblos del mundo, a la cual siempre han estado dirigidos los fallos históricos de este reputado tribunal, a fin de que tales atrocidades ya no se continúen presentando como hechos aleatorios, azarosos, imprevisibles o lamentablemente indeseados. Pues más bien nos enfrentamos a la comisión permanente y reiterada de crímenes económicos de Estado, que no sólo han sido fríamente planificados, sino que además han tenido que aplicarse de forma creciente en virtud a la ya inocultable depresión económica mundial, por lo cual junto a lo anterior también se han acumulado una secuela de crímenes políticos, sociales y culturales que están a punto de hundir al país dentro de una situación completamente fuera de control.

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III. Responsabilidad del Estado mexicano en una doble desviación del poder A. Introducción metodológica 1. La desviación del poder La desviación de poder es una conducta institucional y figura jurídica cuyas potencialidades criminales hasta ahora no han sido reconocidas a plenitud por instancia alguna en el mundo.

Si bien, en México la completa desatención al tema expresa el enorme peso que la corrupción tiene dentro de la tradición del estatalismo mexicano.

En nuestro país la desviación de poder es una figura casi desconocida. En un par de resoluciones recientes, la Suprema Corte de Justicia reconoce la figura como una hipótesis plausible, aunque la reduce a la materia administrativa y la orienta contra el Congreso en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales. La Primera Sala de la Corte habla de la “desviación y exceso de poder” como un uso distorsionado de atribuciones discrecionales, uso que, por ello, se convierte en arbitrariedad.2 Esta célebre figura es reconocida legal y jurisprudencialmente en Latinoamérica y Europa, pero casi es completamente desconocida en México. Incluso se ha debatido, en Colombia e Italia principalmente, con toda seriedad al interior de los órganos encargados del control de la constitucionalidad la posibilidad de que la desviación de poder o la ilegitimidad de los fines perseguidos por el acto u omisión de la autoridad sean causales de la nulidad de la decisión por contrariar la Constitución.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Nº 43/96, sobre el caso del General Gallardo y a propósito de la actuación del Estado mexicano, se refirió a la desviación de poder como una actitud anómala de éste, cuyos órganos y autoridades utilizaron sus atribuciones legales para fines distintos a los establecidos en el ordenamiento jurídico mexicano, recurriendo a actuaciones aparentemente legales.

En México algunas de las situaciones y casos que claramente ilustran la desviación del poder son: – Las instrumentalización de las instituciones públicas para favorecer intereses de las élites económicas y políticas a través de múltiples simulaciones jurídicas.

2 En España la figura está prevista expresamente en la legislación desde 1956. La nueva ley reguladora

de la jurisdicción contenciosa‐administrativa nº 29/1998 define la desviación de poder como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico.

Incluso la Constitución española en su artículo 106 establece el deber de los tribunales de controlar la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. En la Constitución francesa de 1791 ya se hablaba del “exceso de poder” de los jueces, luego, el Consejo de Estado francés ya a mediados del siglo XIX extendió la figura al campo administrativo, para enriquecerla después haciéndola transitar de un control restringido a los vicios de forma a un control sobre los motivos internos de decisión de los actos de autoridad. Al parecer, propiamente el concepto de la “desviación de poder” surge en 1864.

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– El desmantelamiento de la Constitución mexicana de 1917 a través de múltiples contrarreformas neoliberales durante los últimos cinco sexenios.

– Las omisiones normativas que han imposibilitado la construcción de estructuras de gobierno auténticamente democráticas y que a la vez han impedido la garantía efectiva de los derechos fundamentales.

– El uso de la institución presidencial para impulsar autoritariamente el establecimiento y despliegue del proyecto neoliberal.

– El fraude electoral de 1988, en el que se impuso a Carlos Salinas de Gortari como triunfador de las elecciones presidenciales.

– La criminalización de la protesta social con pruebas ilícitas, como en el caso Atenco de 2006, y en general el no reconocimiento de las diversas formas de lucha sociales como desarrollos de las libertades de expresión y asociación.

– El desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2006, conculcando sus derechos políticos.

– El fraude electoral que se consumó luego del dictamen emitido por el Tribunal Electoral en 2006, conculcando los derechos políticos de millones de ciudadanos que votaron por Andrés Manuel López Obrador.

– La privación de empleo de cerca de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, con el decreto presidencial de extinción de la empresa en 2009.

– La privación de derechos humanos que padecen los miembros del ejército, la violación impune de estos derechos que padecen los civiles a manos de los propios militares escudados en su fuero especial (particularmente en los tiempos de la guerra contra el narcotráfico). 3

3 La abogada mexicana Magdalena Gómez ha insistido en el tema para el caso de México.

Cf. “Caso AMLO: desviación de poder y privación de derechos políticos”, viernes 9 de julio de 2004 (http://www.jornada.unam.mx/2004/07/09/011a1pol.php?origen=opinion.php&fly=1); “López Obrador y la revocación de mandato”, 21 de diciembre de 2004 (http://www.jornada.unam.mx/2004/12/21/018a1pol.php); “El desafuero y la presunción de inocencia”, 1 de febrero de 2005 (http://www.jornada.unam.mx/2005/02/01/index.php?section=opinion&article=021a2pol); “El TEPJF ante la desviación de poder “ La Jornada, 18 de julio de 2006 (http://www.jornada.unam.mx/2006/07/18/index.php?section=opinion&article=022a1pol); “Pienso, luego resisto”, 1 de agosto de 2006 (http://www.jornada.unam.mx/2006/08/01/index.php?section=opinion&article=027a1pol); “La hora del Ejército”, 13 de marzo de 2007 (http://www.jornada.unam.mx/2007/03/13/index.php?section=opinion&article=020a1pol); “López Obrador: tres años de resistencia”, 24 de noviembre de 2009 (http://www.jornada.unam.mx/2009/11/24/politica/019a2pol); “La protesta social y el desvío de poder”, 6 de julio de 2010 (http://www.jornada.unam.mx/2010/07/06/opinion/022a2pol); “Atenco: legalidad y justicia, ¿agua y aceite?”, 22 de junio de 2010

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La desviación de poder en México se ha convertido en un crimen que avanza invisible y silencioso. Pues no sólo se trata de que sus resultados sean difuminados y acallados, sino que por su propia naturaleza y mecanismo de comisión se trata de un crimen que, pese a la evidencia empírica resultante, parece no haberse cometido y por ello, sus responsables parecen no serlo. La desviación tiene que ver con el ejercicio de atribuciones en principio previstas en las propias normas, pero cuyo fin particular, general, institucional y constitucional, durante el proceso en que son producidas, interpretadas y aplicadas las normas, transmuta en un fin distinto, autónomo y que responde a una lógica propia y a unos intereses independientes del Derecho y la justicia. Lo que se distorsiona con la desviación de poder como un crimen es no sólo el objetivo de una norma, de una institución, de un ordenamiento jurídico o de una Constitución, sino el del Derecho mismo. Y como el “telos” del Derecho responde a las necesidades y libertades de las comunidades que rige, entonces, la desviación de poder es un crimen que implica la distorsión del Derecho y la ignorancia de tales necesidades y libertades. La desviación de poder es el crimen básico en contra de los derechos de los pueblos.

Se trata de un crimen que comete el Estado mexicano como unidad, en tanto persona jurídica colectiva, sus órganos constituidos u otras entidades públicas, y en suma todas sus autoridades independientemente del nivel de gobierno a que pertenezcan, aparentemente 1) en ejercicio de sus atribuciones y dentro de los límites de sus respectivos ámbitos competenciales, 2) cumpliendo con las formalidades de procedimiento y 3) sin incurrir en violación jurídica alguna. Sin embargo, la actitud anómala lleva el propósito de obtener un fin contrario a los intereses públicos o sociales en general, o específicos y concretos del caso, que se buscó satisfacer al otorgar la respectiva competencia; beneficiando intereses particulares que se presentan como generales y en detrimento justamente de éstos.

Se trata de un crimen cuya comisión es dolosa, pues se realizó en el contexto de implantación y desarrollo de un proyecto de Nación distinto y contradictorio al que podría desprenderse de la Constitución mexicana. Se querían los actos y se querían los resultados, pues los beneficios más jugosos no han provenido de los actos u omisiones con los que se destruyeron la economía y la política en México, sino del aprovechamiento de la crisis humanitaria que tal destrucción ha provocado. Además, se trata de un crimen con grados de autoría y participación, pues hay autores intelectuales (Estados Unidos y los organismos financieros internacionales), autores directos (el Estado mexicano en tanto persona jurídica colectiva) autores mediatos (los empresarios locales y trasnacionales que se han beneficiado), cómplices (como los intelectuales orgánicos que han construido la ideología del periodo), e instigadores (el conjunto de otros Estados y otras instancias internacionales que presionaron para que el Estado mexicano actuara de la manera en que lo hizo).

En este sentido, y a manera de titulo de imputación, concebimos al desvío de poder como un crimen doloso cometido de manera directa por el Estado mexicano al implementar

(http://www.jornada.unam.mx/2010/06/22/opinion/018a1pol); “Tribunal Permanente de los Pueblos en México”, 17 de agosto de 2010 (http://www.jornada.unam.mx/2010/08/17/opinion/016a2pol), y; “Existe en México la desviación de poder”, 25 de octubre de 2011 (http://www.jornada.unam.mx/2011/10/25/opinion/020a2pol).

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políticas públicas de libre comercio, pues de esta manera no sólo utilizó el Derecho para beneficiar a ciertos grupos o sectores con intereses particulares, sino que al hacerlo devastó la economía nacional y desmanteló el orden institucional que se había venido construyendo con base en la Constitución de 1917, lo cual redundó en la ruptura del tejido social y la desaparición de todo un conjunto de referentes cuya ausencia ha disparado cuantitativa y cualitativamente la violencia generalizada, y cuya síntesis se traduce en la violación impune de los derechos de los pueblos.

2. El doble carácter de la desviación de poder del Estado mexicano Con el objeto de sostener con más profundidad nuestra acusación al Estado mexicano por el desvío de poder que viene cometiendo de forma sostenida y cada vez más grave desde hace tres décadas —teniendo en cuenta el propósito contextualizador que tiene la presente Audiencia General Introductoria en vistas a integrar los trabajos particulares de denuncia y documentación de agravios que argumentan cada una de las siete audiencias temáticas de este Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos— nos ha parecido pertinente desglosar este crimen general de desvío de poder recién formulado, en dos aspectos particulares básicos: el “desvío del poder económico” y del “desvío del poder político” por cuenta del Estado mexicano.

Nos ha parecido necesario desdoblar este crimen general en estos dos modos básicos de proceder del Estado, para así mejor examinar la manera en que la desviación del poder económico del Estado mexicano se vuelve central conforme en la segunda mitad del siglo XX crece cada vez más la importancia estratégica regional de la economía mexicana, y conforme también crece la inmensa fortuna económica del Estado mexicano.

Para fines de los años setenta —en el contexto de la recesión mundial y la continua elevación de los precios internacionales del petróleo auspiciada por la OPEP— la importancia geopolítica de la industria petrolera mexicana se había vuelto un objetivo central para la seguridad nacional de Estados Unidos. Pues el control de este recurso y su proceso de industrialización ya se habían convertido en la clave desde la cual se podía debilitar y controlar no sólo las reservas energéticas mexicanas, sino también la totalidad de la economía mexicana. Debilitamiento que avanzó de forma significativa en el momento en que se logró que los estrategas de la economía mexicana mordieran el anzuelo solicitando créditos internacionales para el desarrollo de la electrificación y el de la petroquímica en el sureste de México, créditos que a inicios de los años ochenta, gracias a la fuga de capitales, a la magia del anatocismo y el poder militar del imperio, se trasformaron en una deuda financiera internacional impagable.

Como este ataque a la industria petrolera mexicana formó parte de una respuesta geopolítica organizada por Estados Unidos contra todos los grandes países petroleros y gaseros (comenzando por los países de la OPEP y la URSS), el tema de la deuda financiera internacional también formó parte de una operación global en la cual se prestaron petrodólares a todas las naciones que querían desarrollarse en el Hemisferio Sur, a los que después se les pudo cobrar fuera de toda norma un interés compuesto. Ataque a numerosos países del Sur que se complementó en el momento en que en 1985 se logró fracturar a la OPEP (por la sobreproducción petrolera de Arabia Saudita que rompió sus acuerdos de cuotas máximas de producción). Mencionamos el punto, porque fue justo entre 1984 y

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1986 cuando Estados Unidos consideraba que ya tenía nuevamente el control del timón del mercado mundial, pues fue justo en ese periodo cunado comenzó a colocar dentro de la agenda internacional sus más tempranas y agresivas iniciativas de libre comercio.4 Ésa es la razón por la cual la caída internacional de los precios del petróleo, las presiones derivadas de la deuda financiera internacional y las iniciativas internacionales que conducen al establecimiento del GATT llegaron integradas en un solo y mismo paquete, que abrió las primeras compuertas de México y muchos otros países a las agresivas iniciativas estadounidenses y neoliberales de cambio de las políticas económicas, que obligarían a que desde la segunda mitad de los años ochenta comenzaran a aplicarse las primeras medidas de privatización de las empresas públicas.

Nada de esto hubiera resultado posible si no se hubieran trastocado simultáneamente las voluntades políticas de los gobernantes y con ello la esencia misma de la Constitución y las instituciones. No en balde fue en 1988 cuando, a cuento de la sucesión presidencial, ocurrió en México la sorpresiva escisión del partido gobernante oficial (el PRI) después de casi sesenta años de ejercicio indisputado del poder, la sorprendente e inesperada movilización popular nacional incitada por la improvisada campaña presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, así como el descomunal fraude electoral del 6 de julio de ese mismo año.

Tales reacomodos implicaron cambios profundos no sólo en las políticas económicas, sino también en la concepción misma de la propia política del Estado mexicano. Pues dentro de este nuevo contexto comenzó a aparecer como un nueva meta la franca y abierta economización de la política (a cargo de nuevos funcionarios gubernamentales de corte tecnocrático), una despolitización de la sociedad civil (a cargo de una dura represión política y un fomento de los nuevos cárteles del crimen organizado), a la vez que una politización de la justicia (a cargo de un grupo de juristas de élite dedicados al diseño de las reformas constitucionales e institucionales y de la producción de un discurso jurídico de vanguardia y a modo).

Por tales razones históricas nos parece que la anatomía del fenómeno de la desviación de poder y la reconstrucción del proceso histórico dentro del cual ocurrió el desbordamiento generalizado de la violencia estructural del Estado, sólo podrá tocar fondo si procedemos a complejizar esta búsqueda de las raíces procediendo a reconstruir y caracterizar histórica y funcionalmente el modo en que ha ocurrido este crimen de doble carácter como una desviación de poder en el ámbito económico, y como otra desviación complementaria de poder en el ámbito específico de lo político. Todo ello sin menoscabo de que en el curso de nuestras actuales presentaciones de cada uno de los grupos de las audiencias temáticas, así como en el curso de los próximos dos años presentaremos y desarrollaremos otras formas de desviación del poder del Estado mexicano.

4 Iniciativas de 1984 que generan un escándalo entre los diplomáticos de los países nórdicos, Holanda, India y Brasil, razón por la cual la iniciativa habrá de postergarse hasta la Ronda Uruguay de 1986.

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B. La desviación del poder económico del Estado mexicano 1. Qué entendemos por desviación del poder económico del Estado El poder económico del Estado —mas allá de cualquier pretensión doctrinaria referida al modo de administración de ese mismo poder— es la fuerza excepcional que las diversas Constituciones de todas las naciones le reconocen histórica y geográficamente a esta institución, al modo de diversas y crecientes funciones, que hacen del mismo el actor mas grande y complejo que se puede encontrar dentro de la vida económica de cualquier nación.

Por lo mismo, se trata de un actor con un poder económico excepcional, por el modo en que esta dotado de la mayor cantidad de recursos e instrumentos que se pueden reunir dentro del campo de la acción económica.5 La desviación del poder económico del Estado mexicano ha consistido en un comportamiento anómalo en el que esta institución ha dejado de velar por la realización de los intereses generales de la sociedad y el capital, así como por la articulación general de la vida económica, ha dejado de ejercer las actividades económicas que garantizan el proceso de reproducción de la vida de todos los miembros, grupos y capitales de nuestra propia sociedad, lo que incluye la reproducción de toda la población y de todos los actores económicos de la misma.

De ahí que la desviación de poder económico del Estado implique incluso un descuido estructural de la reproducción del capital, sea como capital público o bien como el conjunto de todos los capitales privados. Desviación de poder que resulta particularmente perniciosa

5 El Estado es el propietario originario de toda la riqueza social de una nación, y al mismo tiempo es el encargado de distribuirla, resguardar y garantizar con la fuerza su integridad. El Estado dispone de instrumentos fiscales o hacendarios, al mismo tiempo que desempeña el papel regulador en la emisión y circulación de la moneda. Como principal atesorador de las reservas de oro de la nación y de las reservas de dinero fiat (o dinero respaldado en el puro prestigio del Estado y no en reservas de oro) el Estado tiene facultades financieras (como banquero o como inversor de capital en el ámbito comercial e industrial). El Estado tiene la facultad de emitir papeles de deuda, de jugar como prestamista de última instancia durante los periodos mas dramáticos de las crisis y garantizar el pago de las deudas administrando el aporte nacional futuro de los contribuyentes. Dispone así de un poder crediticio excepcional, que complementa otro poder comercial y una capacidad directa de consumo extraordinariamente grande, así como la facultad institucional de regular el proceso general de consumo. Lo cual se complementa y respalda en el modo en que también es el administrador directo o indirecto de los recursos naturales primarios, infraestructuras y territorios que una nación considere como sus recursos económica, política y militarmente estratégicos. En diversas ocasiones dispone de un poder industrial que puede llegar a ser tan grande como el propio Estado se lo proponga. Lo anterior se suma a la facultad de esta institución para regular el proceso general de producción y empleo (productivo, distributivo, burocrático, etcétera). El Estado tiene adicionalmente la facultad de regular las balanzas comerciales y monetarias con otras naciones, o bien el poder de comunicar la información económica general, el poder a articular a los diversos actores laborales, sociales y empresariales, el poder de construir los espacios sociales de conciliación de intereses al momento en que estallan contradicciones materiales entre los diversos grupos. Lo cual se sintetiza en el poder del Estado como regulador del proceso general de la reproducción y el desarrollo económico. Lo que quiere decir que el Estado posee la atribución de administrar las relaciones entre los indicadores estratégicos (crecimiento, ahorro, inversión, empleo, inflación, tasas de cambio, etcétera) de todos los momentos del proceso de producción y reproducción.

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cuando el Estado mexicano se desentiende de sus motivos fundamentales y renuncia a su facultad de corregir todas las formas en que las dinámicas caóticas de los mercados apuntalan los procesos salvajes de extracción, monopolización, concentración y despojo de la riqueza, al tiempo en que atentan en contra del proceso general de reproducción de la soberanía nacional.

Como una parte sustantiva de estas desviaciones del poder en el ámbito de lo económico, el Estado mexicano ha llevado a cabo una transformación sesgada de la estructura general de sus instituciones económicas, así como de las leyes y normas que se ocupan de gestionar las funciones reproductoras arriba descritas. En función de lo cual ha ocurrido un abandono de tareas fundamentales y de los objetivos vitales de equilibrios reproductivos del Estado para reorientar y reorganizar el poder económico de esta institución como una fuerza enfocada a incrementar los beneficios, a ampliar el poder de una oligarquía conformada por grupos de políticos y empresarios mexicanos y extranjeros, así como a debilitar los derechos fundamentales del resto de la sociedad.

Como resultado de esta desviación el Estado mexicano ha castigado de forma sistemática y permanente cada una de las dimensiones básicas de la reproducción de la vida: la económica, la política, la social, la cultural y la natural. De modo que la desatención social de la producción, el comercio y el consumo que el Estado capitalista mexicano ya cometía de forma regular pero secundaria antes del neoliberalismo, se convirtió en los últimos treinta años en una forma de comportamiento predominante. Mientras que la atención a las funciones vitales básicas de la reproducción social se han convertido ahora en algo progresivamente secundario y desdeñable. De ahí que el Estado mexicano haya llegado al extremo de promover y propiciar la destrucción progresiva de enormes porciones del empleo, de los servicios públicos, así como del nivel de los ingresos generales de la población.

La degeneración funcional del Estado se subraya coyunturalmente de modo cada vez más intenso durante los sucesivos periodos de crecimiento eufórico dentro de los ciclos económicos, o bien en los lugares específicos del mundo en los cuales la debilidad de algún Estado permite la subordinación de sus intereses estratégicos nacionales a los intereses depredadores de otro Estado. De ahí que tales deformidades se hayan vuelto particularmente perniciosas y generalizadas al momento en que la maduración del Mercado Mundial ha coincidido con el desbordamiento de la disminución progresiva de la rentabilidad del capital y la autonomización de las dinámicas autodestructivas del progreso científico técnico.

La globalización neoliberal propicia una nueva forma estructuralmente desviada del Estado orientada a proteger a las empresas líderes del capital mundial (consideradas “demasiado grandes como para desaparecer”) que se defienden de la crisis y las caídas de los beneficios anclando sus formas de acumulación en las figuras científico técnicas que les garantizan ganancias extraordinarias excepcionalmente rápidas. De ahí el modo en que los presentes grupos dominantes están parapetados en la defensa de un patrón científico técnico muy diversificado, extendido en el mundo pero particularmente atrasado y pernicioso en todo el planeta (caso de todas las técnicas ligadas a la civilización petrolera), sea por caduco e insustentable o por novedoso e incierto para los intereses generales de los capitales y la población del mundo.

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Como en el caso presente de México ocurre la combinación de los factores históricos y geográficos referidos, con el agravante de que nuestro país es el vecino de la nación capitalista más poderosa y complejamente decadente del mundo, en el momento histórico de la peor crisis de sobreacumulación planetaria y regional de su historia, ello ha propiciado que los mecanismos geoeconómicos y geopolíticos naturales de control imperial hayan degenerado hacia formas excepcionales de depredación y sacrificio civilizatorio de la riqueza de nuestra nación. Todo lo cual ha alentado formas también excepcionales de desviación y de desfiguración del poder económico y político del Estado mexicano.

Aunque la desviación criminal del poder económico del Estado que progresa en México desde 1982 —subiendo de forma inaudita las formas destructivas con cada nuevo grupo de gobierno, según lo permite la renovación sexenal de nuestro país— sólo resulta explicable dentro de un contexto histórico y geográfico muy amplio, reiteramos que en la presente acusación de esta Audiencia General Introductoria nos limitaremos a ofrecer una documentación inicial que permita a los miembros del jurado de este Tribunal comprender el contexto económico (parcialmente histórico y estrictamente nacional) que nos permite explicar las principales causas inmediatas de la violencia estructural de México.

2. Origen de la vulnerabilidad estructural de México que condujo a los tratados de libre comercio Nuestra condición secular, primero como nación colonial y luego subdesarrollada, desde hace dos siglos en estrecha vecindad con Estados Unidos, nos ha colocado históricamente bajo una presión geopolítica y económica que nunca ha dejado de estar vigente, sobre todo por la dinámica implacable y cada vez más compleja de trasferencia al exterior de una buena cantidad de nuestras riquezas. Mediante mecanismos directos de conquista, esclavitud, diezmos y limosnas; o bien mediante otros dispositivos más modernos de tipo militar, 6 encausados al despojo de extensos territorios y recursos, así como mediante mecanismos financieros de permanentes pagos de deudas internacionales, los mecanismos comerciales de intercambio desigual, o finalmente mediante el control económico directo de empresas extranjeras sobre el proceso productivo nacional.

Estos últimos mecanismos de extracción productiva de riquezas se volvieron particularmente importantes conforme la pujante exportación de capitales estadounidenses

6 Una de las referencias obligadas sobre los mecanismos militares y financieros utilizados por los Estados Unidos para garantizar el despojo de los recursos estratégicos de México es John Saxe Fernández. Al respecto, el autor manifiesta que mediante mecanismos más modernos de tipo geoeconómico y geopolítico encauzados a la transferencia de los principales ejes de acumulación de México ‐petróleo (PEMEX), electricidad (Compañía de Luz y Fuerza del Centro ‐ya incautada, Comisión Federal de Electricidad y los Ferrocarriles Nacionales de México (FNM). La privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, consumada, conlleva el manejo "binacional" del territorio nacional (con empresas ferroviarias de EUA con contrapartes mexicanas propensas al traspaso de sus bloques accionarios). Por indicación del BM cesó el servicio de pasajeros y se eliminó el servicio de "menos de un carro", dejando fuera de servicio a miles de pequeños y medianos empresarios y agricultores y clausurando estaciones, afectando a cientos de pequeñas y medianas ciudades. En la operación diaria de Pemex, Comisión Federal de Electricidad‐Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Ferrocarriles Nacionales de México están involucradas enormes infraestructuras, desplegadas en complejos económico‐territoriales que abarcan virtualmente todo el territorio nacional. Cf. John Saxe Fernández, La compra venta de México, Plaza y Janés, México, 2002.

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de postguerra se volvió significativa, mientras la llamada sustitución industrial de importaciones prosperaba en México con firmeza. Como reconstruyó acertada y valientemente el economista José Luis Ceceña Gámez (1972; 1974; 1992; 2007; 1994 [1963]), durante la segunda mitad del siglo XX el ataque encubierto de las poderosas empresas estadounidenses contra las incipientes industrias mexicanas fue sistemático y muy lesivo desde los años cincuenta. Ello bloqueó la prosperidad de todos los grupos empresariales mexicanos que, a pesar de la mas alta complicidad entreguista de importantes funcionarios del gobierno mexicano, resistieron varios años a convertirse dócilmente en prestanombres de empresas yanquis que se simulaban mexicanas o en los empleados administrativos de esas nuevas compañías estadounidenses mal encubiertas.

Bajo estas circunstancias prosperó a fines de los años setenta la inevitable revancha estadounidense en contra de la nacionalización de la industria petrolera mexicana, que para esas fechas, como consecuencia de la elevación histórica de los precios del petróleo, ya se había convertido en la octava empresa extractiva, refinadora y comercializadora de petróleo en el mundo. Su ejemplo internacional no sólo resultaba lesivo a los intereses imperiales de Estados Unidos en América Latina y el resto del Tercer Mundo, pues los planes de convertir a PEMEX en una gran industria de transformación petroquímica abrían la posibilidad de crear una nueva base que brindara autonomía económica real a la ya por entonces diversificada industria mexicana, que podría haberse convertido en una fuerza competitiva dentro de la región. De manera que los planes desarrollistas del gobierno de México a fines de los años setenta amenazaban potencialmente con echar por tierra el paciente desmantelamiento de la industria mexicana previamente orquestado por la industria transnacional estadounidense.7 La siguiente gráfica muestra el modo en que se petrolizó exageradamente la industria y la economía mexicanas durante los sexenios de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982), el modo en que se colapsó esta industria petrolera en la fase final de ese último sexenio, al mismo tiempo en que, como consecuencia de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional por el cobro de la deuda contraída por México en 1982, se comenzaba a transformar el modelo de sustitución de importaciones por lo que René Villareal nombró como el modelo de “sustitución de exportaciones” (de petróleo por ensamble maquilador).

7 A partir del gobierno de Cárdenas, México alcanzó una tasa de crecimiento anual medio de 6.1% entre

1934 y 1982 con un perceptivo mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El fenómeno causa “inquietud y alarma” en la cúpula petrolera y política de Estados Unidos que temía que “el ejemplo de PEMEX” y sus efectos socio‐económicos se extendiera a otros países latinoamericanos y del Tercer Mundo.

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CUADRO 1 MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES DE MÉXICO 1960-2008 (PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES %) +!" *!" )!" (!" '!" &!" %!" $!"

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Fuente: Elaboración de Andrea Santos con datos de World Development Indicators, Banco Mundial

En dicha gráfica se puede apreciar también 1) Cómo en el mejor periodo de la sustitución de importaciones (el sexenio presidido por Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970) dicha dinámica casi no estuvo anclada en la extracción petrolera. Lo que sugiere que la posterior superexplotación del petróleo, la contratación de deudas financieras internacionales, la vulnerabilidad geopolítica a la que se vio expuesto México, su quiebra financiera, el arrodillamiento frente a la banca internacional, la destrucción de la industria nacional y el mercado interno, etcétera, no eran el destino obligado de la entonces pujante economía de México.

2) Cómo el auge petrolero se articuló con un proyecto de industrialización ambicioso que llevó a la contratación de una deuda financiera gigantesca y de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional y la banca privada internacional. Ello se combinó con la obtención de ingresos excepcionales para la burguesía nacional por el auge petrolero mexicano generado por los precios internacionales sin precedentes del crudo y con el hecho de que estos fondos fueron sacados del país deslealmente por empresarios y banqueros nacionales.

Dentro de una tormenta perfecta, lo anterior se combinó con el cobro anatocista de las tasas de interés impuestas por la banca internacional. En 1982 estalla finalmente una crisis de insolvencia del gobierno mexicano que en el nuevo sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), ya controlado por una nueva generación de tecnócratas anglofílicos,

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propicia la adopción de un nuevo modelo económico de apertura hacia la inversión extranjera directa, así como de exportación maquiladora. (Lustig, 2002).

3) La gráfica finalmente muestra el modo en que este modelo manufacturero orientado a las exportaciones creció desproporcionadamente, mientras los sucesivos gobiernos neoliberales desmantelaban las grandes cadenas industriales mexicanas y el mercado interno, al mismo tiempo en que ocurría el aborto histórico de la posibilidad de articular dicha industria con una industria petrolera fortalecida pero más mesurada y sustentable, que no hubiera estado basada en la superexplotación de las reservas y del medio ambiente nacional (pues la gráfica sólo muestra la caída proporcional de los hidrocarburos dentro del total de las exportaciones mexicanas, pero no exhibe que el monto absoluto de las exportaciones petroleras en realidad siempre estuvo aumentando).8 3. Evolución de los procesos de liberalización, privatización y desnacionalización de las riquezas nacionales En el sexenio del presidente Miguel de la Madrid recomenzó la guerra en contra de la economía mexicana, con el escalamiento de la deuda financiera que México había contraído con el Fondo Monetario Internacional como ya describimos más arriba, lo que lleva en 1986 al ingreso del país dentro de Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), así como al inicio del proceso de privatización de las 1150 empresas de todo tipo que el gobierno de México poseía hacia 1984.9 De 1982 a 1988 la “desincorporación” de empresas del Estado (como eufemísticamente se llama desde entonces a las privatizaciones en México) implicó 294 liquidaciones y extinciones, 72 fusiones y 25 transferencias. De la Madrid concluye se sexenio con 118 privatizaciones efectivas del sector paraestatal y deja en curso la gestión de 54 procesos de ventas al sector privado o al sector social. De ese sexenio sobresalen el inicio de la privatización de las empresas de extracción minera, las privatizaciones de Nacional Financiera (que implica a su vez la venta de empresas como Dirona, Dicona, Forjamex, Sosa Texcoco, etcétera), Somex, Tereftalatos Mexicanos, la industria mexicana del azúcar, pero, sobre todo, las principales empresas estratégicas del ramo siderúrgico como Sidermex (que incluía a Altos Hornos, Fundidora Monterrey y Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas), rentables columnas de la industrialización del país que a raíz de los ataques a la economía mexicana se desestabilizan, quiebran y literalmente se regalan al capital privado (pues un capital de por lo menos 6 mil millones de dólares fue entregado a cambio de 755 millones de dólares)

8 De hecho “durante los últimos doce años México ha exportado 7 mil millones de barriles de crudo, la mitad de las reservas mexicanas actuales”. Carlos Fernández Vega, “México S.A.” en La Jornada, jueves 10 de mayo de 2012, p. 28.

9 El “rescate” de México por parte del FMI supuso el compromiso de: a) exportar el grueso de su petróleo a los Estados Unidos a un precio favorable; b) establecer un programa de austeridad con control de salarios y reducción del gasto público; c) aumentar el precio de los bienes y servicios provistos por el gobierno; d) abrir el mercado mexicano a la competencia internacional; d) buscar la entrada al GATT; e) promover las exportaciones vía la industria maquiladora en al frontera; f) eliminar las restricciones existentes a la inversión extranjera directa y reducir en más del 40% el número de empresas públicas bajo control del gobierno. Esto significó el cierre definitivo de la política económica nacionalista, el inicio del programa de austeridad y ajuste económico, y las tres décadas de neo‐ liberalismo que llegan hasta nuestros días. Para mayor información sobre el tema cfr. Arturo Ortiz Wadgymar, México en Ruinas. El impacto del libre comercio, UNAM‐IIEC, 2010.

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(Sacristán Roy, 2006). Análogamente a lo anterior en 1983 la crisis lleva a la quiebra de la empresa Vehículos Automotores Mexicanos, lo que ofrece la coartada perfecta para su privatización en 1987.

A contrapelo de lo que el imaginario popular supone, no fue con Salinas de Gortari sino con Miguel de la Madrid Hurtado cuando se liberaliza el campo mexicano e inicia la guerra sistemática en contra de la agricultura y el campesinado nacional. Con el ingreso de México en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio el sexenio adapta el campo al cambio neoliberal de la industria y la economía, y contabiliza tecnocráticamente a la población económicamente activa (PEA) agrícola como demasiado extensa (28%) en virtud a su pobre aportación al PIB nacional (8%), sin considerar en sus cálculos de los aportes cualitativos de los pequeños agricultores en la generación de biodiversidad, servicios ambientales, en la cultura social y en la reproducción nacional de la población. Sin contabilizar por tanto las externalidades que genera el modelo agroquimicalizado en el metabolismo agropecuario, ni los costos que tiene el modelo americanizado del consumo de alimentos en la salud general de la población y la reproducción global. Se descampesiniza sin tomar medidas compensatorias globales para reabsorber a la mano de obra agrícola desplazada, mientras se permite la importación de productos agropecuarios básicos estadounidenses con la idea de apuntalar la competitividad de la mano de obra mexicana. Como la competitividad, las ventajas comparativas y la inserción de México en el proceso de internacionalización de la agricultura supuestamente son el nuevo interés estratégico, ello implica: 1) la disminución drástica de los subsidios a la producción que previamente impulsaran la tecnificación del campo mexicano (olvidando que los “competitivos” productos agropecuarios estadounidenses están fuertemente subsidiados), 2) la eliminación de los precios de garantía de doce cultivos básicos (excluyéndose el maíz y el frijol hasta 1994); 3) el retiro del Estado de la comercialización de la producción y el abandono de su papel de rector de las actividades del campo, lo que llega al cierre de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); 4) la reestructuración del crédito rural, lo que implica el cierre de las fuentes habituales de financiamiento de los productores rurales; 5) la desregulación de la producción y la distribución de los insumos, lo que incluye la privatización de las empresas estatales en el sector agropecuario, principalmente de Fertimex y Productora Nacional de Semillas (Pronase). Se elevan así los costos de producción (fertilizantes, insecticidas, semillas mejoradas, asistencia técnica y otras materias primas) que disparan la descapitalizacón de los agricultores. Durante este sexenio se abandonan los objetivos de seguridad alimentaria y autosuficiencia del modelo económico anterior y se desprotegen a los productores de más escaso potencial productivo, lo que genera graves daños a la mayoría de los agricultores, mientras se comienza a permitir la incursión de grandes empresas transnacionales interesadas en el control de los circuitos comerciales de los alimentos mexicanos. Gracias a ello cambia el perfil productivo del campo expandiendo al sector de frutas y hortalizas (productos al servicio de la gran demanda de Estados Unidos) y contrayendo al sector de granos, oleaginosas, cárnicos y derivados. Finalmente es durante este periodo que salta el uso de fertilizantes del 5% al 80% de la superficie cultivada nacional. (Hernández Navarro, 2002; López Jiménez, 2005) La continuidad de este proceso de liberalización de la economía es la causa de que el gobierno del presidente De la Madrid colabore, como lo hizo, con el fraude electoral de 1988. Gracias a ello, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) México

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firma en 1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que para Estados Unidos sólo es el North American Free Trade Agreement (NAFTA);10 así como la firma en 1994 de otros tratados menores de libre comercio con Colombia, Costa Rica y Bolivia. Durante este sexenio el Estado transfiere al sector privado el 50% de sus empresas.

De dicho proceso sobresale el modo en que PEMEX contrata a la empresa transnacional Mckinsey para desarticular su manejo en cuatro empresas diferentes que permitirán su paulatino proceso de privatización. También sobresale el modo en que se culmina en este periodo la privatización de la industria minera estratégica iniciada en el sexenio anterior.11 También se privatiza la red telefónica nacional, la red nacional gubernamental de televisión, la red carretera, así como la importante industria nacional fabricante de camiones de pasajeros y carga DINA. Adicionalmente se reprivatizan 18 entidades financieras, lo que permite la formación de oligopolios con niveles de ganancia únicos en todo el mundo, que adicionalmente coadyuvarán a la financiarización de la economía mexicana.12 El periodo es considerado oficialmente como la culminación oficial del modelo

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hecho de que para nosotros sea un “tratado” y para ellos un simple “acuerdo” implica una asimetría jurídica fundamental. A decir del jurista Carlos Arellano García, “…se trata de un acto jurídico híbrido, desigual, desventajoso que para México tiene las características y el rigor de un tratado internacional mientras que para los Estados Unidos de América y para Canadá corresponde a un ‘agreement’ que en español de traduce como acuerdo. Lo preocupante es que en Estados Unidos de América también existe el traty, en singular, y los treatie, en plural.” (Arellano García, 1994). Desde su perspectiva, Estados Unidos no firmó un tratado con México y Canadá, sino algo más modesto: un acuerdo de comercio (fast track), que en todo caso, dentro del sistema jurídico norteamericano, el acuerdo tiene una jerarquía inferior al tratado. Por otro lado, no se trata simplemente de un tratado de libre comercio, ya que su contenido compromete a México en múltiples renglones económicos y jurídicos. Además, como bien señala Arellano García “no se trata de libre comercio pues, no pertenece a un sistema de integración en el que hubiera libre circulación de personas, libre circulación de mercancías, unificación interna y trato diferencial más riguroso hacia el exterior, ni tampoco una ayuda al país más débil, ni tampoco una buena distribución de satisfactores y de mercados entre los países celebrantes. De la misma manera no se estableció la formación y desarrollo de actividades productivas que pudieran cumplimentarse. Tampoco se previó la posibilidad de corregir resultados que hubieran sido considerados desfavorables para los tres países si es que se hubiera celebrado un auténtico acto jurídico de libre comercio.” (Arellano, op. cit.). Finalmente, la asimetría real entre los países firmantes implicaba una serie de riesgos que Arellano García resume en estos términos: “La asimetría coloca en situación desventajosa al país subdesarrollado si no existen disposiciones en el tratado que puedan tutelar al económicamente débil. En esas condiciones de desigualdad económica, el país más débil corre el peligro de no estar en condiciones de penetrar competitivamente en los países grandes, mientras que el país débil será víctima de amplias penetraciones extranjeras en su mercado interno, lo que redunda en una grave pérdida. Representa un peligro real exponerse a la competencia de países poseedores de gran fuerza económica, cuyas actitudes vencerán cualquier intento de competitividad en sus propios mercados y, por el contrario, dominarán en el mercado del país débil.” (Idem.).

11 La privatización de las principales empresas mineras nacionales (como eran Fundidora Monterrey, Minera Lampasos, Minera Real de los Ángeles, Compañía Real del Monte, Compañía Minera de Cananea, Altos Hornos de México, Minera Carbonífera Río Escondido y Azufrera Panamericana) fueron vendidas al capital privado nacional entre 1986 y 1993 dando pie a la creación y/o al gran escalamiento de las principales empresas mineras mexicanas (Grupo México, Industria Peñoles, FRISCO, Grupo Acerero del Norte y Minera Autlán). (Cfr. Atlántida Coll‐Hurtado, María Teresa Sánchez‐Salazar y Josefina Morales, La Minería en México. Colección: Temas selectos de geografía de México, Instituto de Geografía de la UNAM, México, 2002.

12 O su encarrilamiento dentro del uso de los instrumentos crediticios altamente especulativos y riesgosos que hoy tienen entrampada a la economía mundial. Los fondos de inversión libre (hedge founds) son un caso ejemplar. Estos fondos no están sujetos a regulación; la inversión puede realizarse

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de sustitución de importaciones, lo que afecta masivamente a toda la estructura del mercado interno, el empleo general y la supervivencia de pequeños y medianos industriales. Tal devastación del proceso productivo se la encubre desde entonces con el fomento de una industria maquiladora altamente exportadora,13 así como mediante el incremento de la emigración laboral hacia Estados Unidos y del contraflujo gigantesco de remesas en dólares que reactivan en parte al castigado consumo interno.14 Durante el sexenio de Salinas ocurre la transformación del artículo 27 de la Constitución, sin duda la reforma social más importante a las leyes agrarias del país, lo cual expresa un proceso de crisis de la propiedad social15 de la tierra que venía empujando desde mucho tiempo atrás.16 Dicho cambio jurídico permite que bajo determinadas circunstancias ocurra la compra-venta, el arrendamiento y otras concesiones de la tierra, algo que estaba prohibido bajo la legislación anterior. Esta reforma legal se complementa con el programa de titulación de tierras nombrado Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), que regulariza la tenencia de la tierra y otorga títulos de propiedad a los

en fondos de fondos, es decir invertir en otros fondos de inversión en lugar de hacerlo en activos directamente, pueden endeudarse hasta cinco veces el valor de su activo y su libertad refiere a la capacidad para concentrar riesgos con el objetivo de lograr ganancias extraordinarias.

13 El núcleo de la nueva política industrial descuida desde entonces el encadenamiento general de toda la industria, el “efecto de arrastre” de las maquiladoras, así como el desarrollo científico técnico de la industria y de todo el país. De ahí que la base de toda la estratégia de la competitividad de las exportaciones mexicanas sea el insustentable bajo precio de la mano de obra. (Cfr. René Villareal, Industrialización, competitividad y desequilibrio externo en México: Un enfoque macroindustrial y financiero (1929‐2010), FCE, México DF, quinta edición, 2005) 14 Al parecer importantes economistas del gobierno de México participaron directamente en 1989 como redactores del conocido Consenso de Washington.

15 En el México del siglo XX no existe la propiedad colectiva de la tierra al modo clásico en que la describe Chayanov (Chayanov y la Teoría de la Economía Campesina, Cuadernos de Pasado y Presente, No 94, México 1981). Lo que domina son tres tipos de propiedad: el ejido, la propiedad agraria indígena y la pequeña propiedad. En el ejido la verdadera propiedad de la tierra es del estado, y el derecho a su uso y beneficio es lo que esta en manos de los campesinos ejidatarios. Estos ejidos están compuestos de tres tipo de predios: lo solares que son individuales, son las tierras que se habitan y de traspatio. Los predios de trabajo. Y las tierras que son áreas comunes, dedicadas al pastoreo, a recoger la leña. Dada la complejidad contradictoria de este tipo de propiedad es mejor hablar de propiedad de la tierra colectiva es mejor hablar de una propiedad de tipo social.

16 La propiedad social al margen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ya estaba sujeta a grandes contradicciones y desgastes endógenos, por cuanto el verdadero propietario de la tierra era el Estado. De manera que los campesinos no tenían certeza sobre la propiedad de la tierra, ni tenían la libertad de establecer precios a sus productos de la tierra que correspondieran con su valor. Durante el régimen de la Revolución Mexicana el Estado ejerce coerción a los campesinos para que vendan alimentos a las ciudades por debajo de su valor, al tiempo en que se impide que los campesinos tengan la libertad de vender sus tierras cuando están arruinados por este intercambio desigual permanente.

De ahí la acumulación histórica de una compleja lucha de clases de diversos tipos de campesinos interesados en que este tipo de propiedad social (estatal o autoritaria) termine. Tal el primer sentido histórico endógeno que originalmente tiene la transformación del artículo 27 constitucional. De modo que si bien la propiedad ejidal le ha permitido al Estado mexicano abastecer a las ciudades con alimentos baratos que le garanticen su modelo industrial de sustitución de importaciones con un salario barato, ello redundado en una quiebra estructural del campesinado, y en un freno al desarrollo de las fuerzas productivas en el campo que intenta subsanar mediante un sistema de subsidios. De ahí la complejidad de las contradicciones encarnadas entre los diversos grupos de campesinos que reclaman su derecho no sólo a la propiedad, sino también a las economías de escala.

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ejidatarios. Cambio en la forma de la propiedad de la tierra que converge con los programas neoliberales con que De la Madrid venía castigando a la producción agropecuaria, y con el cambio internacional que también venía ocurriendo en la reorganización de la agricultura mundial y muy especialmente en la agricultura estadounidense.17 De ahí que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se convierta en una forma de consolidar todas las reformas neoliberales que se había impuesto y consolidado previamente en la agricultura mexicana, como un candado que impide cualquier intento de retroceso en la aplicación de las medidas neoliberales.18 Mientras que la transformación al artículo 27 no sólo ayuda a numerosos campesinos a desmantelar lo que consideraban la lesiva propiedad social de Estado, pues dicho impulso a la propiedad privada caerá bajo el campo gravitatorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual durante los siguientes años ayudará como un hoyo negro a que el desenfreno neoliberal estadounidense fortalezca sus procesos de concentración de propiedad de la tierra, a que el poder de sus empresas transnacionales no tengan cortapisas estatales de ningún tipo. 19 (Hernández Navarro, 2002; López Jiménez, 2005) Sin embargo, mayores transformaciones neoliberales estaban aún por venir, pues si en el sexenio de Salinas de Gortari México ya se había convertido a México en el segundo país privatizador de América Latina, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) la cantidad y la calidad de lo entregado al capital extranjero se colocaría a la cabeza en todo el mundo. No sólo porque en ese periodo se continuo ampliando de manera intensa la firma de tratados de libre comercio con otros países y regiones del mundo (con Nicaragua en 1997, con Chile en 1998, con los 27 países de la Unión Europea y con los tres países de la Asociación Europea de Libre Comercio, con Israel y con Triángulo del Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) en el año 2000) sino sobre todo porque en ese periodo se aplicarían los programas de apertura, desregulación y privatizaciones mas agresivos de la historia del país. A cuento de tener que reactivar la economía mexicana que había entrado nuevamente en crisis por el “error de diciembre”, 20 Estados Unidos le otorga a México una

17 Proceso de conversión del agrobussines en uno de los más importantes instrumentos de la geopolítica

estadounidense, como resultado del desarrollo de la agricultura estadounidense procedente de las reformas roosveltianas del campo que garantizan el pago de los productos por su valor, de sus programa de subsidios a los productores, de su intenso proceso de innovación científico técnico de la agricultura y la ganadería, así como de sus condiciones planetarias privilegiadas de fertilidad del suelo, clima templado y abundaría de recursos hídricos. Lo que coloca al imperio en condiciones de proyectar su poder agrícola (agreepower) como uno de sus principales instrumentos de control de los procesos de producción agroalimentaria y de control de los procesos de reproducción demográfica mundiales.

18 Si bien muchos tópicos estratégicos no fueron abordados en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como el de los subsidios, el tratado con su peculiares asimetrías ayudó a establecer un calendario completamente estricto para las desgravaciones arancelarias, lo que allana el escenario futuro para la casi total liberalización comercial.

19 O bien a que el proceso de concentración del capital y la tierra se parapete en el control biotecnológico de la producción agropecuaria, de semillas (mejoradas o transgénicas) y pies de cría, en el control de los circuitos mundiales de comercialización de alimentos y la convergencia técnica de los procesos de producción agrícola, pecuaria, veterinaria, alimentaria, farmacéutica, en la producción de energéticos (primero por el control de los biocombustibles y luego por la producción de la biomasa) o ya muy recientemente en la producción de diversos tipos de sustancias químicas (por medio del maíz bioreactor).

20 En 1994 Salinas de Gortari efectúa un gasto en obras públicas elevadísimo con el objeto de mantener la imagen de un gobierno prospero y así borrar con una pretendida popularidad “transexenal” la

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desproporcionada línea de crédito de 50 mil millones de dólares, que condicionan una canalización nunca antes vista de las exportaciones petroleras mexicanas hacia el vecino del Norte, así como un programa de apoyo mayor a las grandes empresas industriales y maquiladoras de exportación, una profundización de la privatización y desnacionalización de más industrias y sobre todo la entrega integral de nuestros mas importantes recursos naturales estratégicos (partes importantes de la industria petrolera y gasera, electricidad, minería metálica 21 , agua y biodiversidad) y de nuestras principales infraestructuras estratégicas (ferrocarriles, puertos marinos y aéreos, líneas de cabotaje, navegación de altura y líneas aéreas, red satelital, etcétera).22 Por ello no es casual que sea en ese sexenio donde comienza la privatización y desnacionalización de segmentos territoriales estratégicos de la nación (en bordes fronterizos, playas y todo el territorio asociado a las redes ferrocarrileras), que se complementa con el desmantelamiento de los estudios de planificación regional y la protección efectiva del medio ambiente.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se firman dos nuevos tratados de libre comercio (con Uruguay en 2003 y Japón en 2004), así como un acuerdo marco con el Mercosur (2002), dos acuerdos de alcance parcial (uno con Brasil en 2002 y otro respecto al sector

memoria del fraude electoral que había cometido en 1988. Pero dicho gasto generó un déficit histórico en la cuenta corriente (7% del PIB) que se intenta paliar emitiendo tesobonos, peligrosa deuda interna que se la vuelve atractiva prometiendo su pago en dólares. Así recauda Salinas importantes fondos en el Banco de México. Pero la rebelión zapatista en Chiapas y los subsecuentes asesinatos de Luis Donaldo Colosio (candidato oficial del PRI a la presidencia) y José Francisco Ruiz Massieu (presidente nacional del PRI), a lo largo de 1994 asustan a los inversionistas en tesobonos que los canjean por efectivo, vaciando catastróficamente las reservas del Banco de México. Salinas de Gortari, con el propósito de mantener su prestigio internacional —requería de apoyo externo para su candidatura a director general de la OMC—en los últimos días de su gobierno negligentemente no eleva las tasas de interés para recuperar reservas y contraer la base monetaria, ni genera una devaluación controlada del peso, lo que detona una crisis muy poco tiempo después de terminar el mandato de su sexenio. Ernesto Zedillo, el presidente entrante, a fines de diciembre tampoco tiene la capacidad de amortiguar los vencimientos de los Tesobonos, y por ello se vuelve corresponsable en la precipitación de la peor crisis financiera que haya vivido México.

21 Aunque la desnacionalización de la industria minera comienza con la modificación de la ley reglamentaria del artículo 27 (1990) que permite la desincorporación de las reservas mineras nacionales; fue sobre todo gracias a la nueva Ley Minera Nacional (1992), que permite la participación extranjera mayoritaria, gracias a la Nueva Ley de Inversión Extranjera (1993) que otorga trato nacional al capital extranjero; pero sobre todo gracias a la nueva ley de inversión extranjera de 1996 que permitió el 100% de la propiedad foránea (la Ley Minera de 1999 ya sólo consolidó la apertura del sector) que se vuelve finalmente posible la desnacionalización masiva de las nuevas minas a cielo abierto de México, que comienzan a pasar masivamente a manos de empresas canadienses. De ahí que durante los años noventa (en los sexenios de Salinas y Zedillo) cuando las grandes empresas nacionales y extranjeras toman el control de la minería de México, en el ramo crecen las actividades extractivas del carbón (se multiplicó por 8), el oro (por 4), el cobre (por 2), el hierro (que creció un 55%) y el zinc (creciendo 23%). Cfr. Francisco López Barcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El Mineral o la Vida.

La legislación minera en México, Edición COAPI, A.C. México, 2011.

22 Para un análisis pormenorizado sobre las principales infraestructuras estratégicas de México, cfr.

Andrés Barreda Marín, Atlas geoeconómico de Chiapas, tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM, México, 1998. Dentro de las iniciativas privatizadoras también se debe incluir a la costosa e inmoral aprobación del rescate carretero Fobaproa‐Ipab, rescate legislativo de ese sexenio, gracias al cual se impusieron desfalcos que hasta la fecha no han sido aclarados pero que la sociedad sigue pagando. Para mayor información al respecto, cfr. el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, Fobaproa: expediente abierto, Grijalbo, México, 1999.

23

automotriz —también con el Mercosur— en el mismo año) y siete tratados bilaterales (con Suecia y Cuba en 2001, con la Republica Checa en 2002, con Australia, Islandia y Panamá en 2005, con España, Reino Unido y Trinidad y Tobago en 2006). En este sexenio se consuma también la privatización integral de la industria del gas (upstream, midstream y downstream) y el desmantelamiento sustantivo del Instituto Mexicano del Petróleo (centro estratégico de investigación científica y tecnológica vinculado a Petróleos Mexicanos). De las 12 mayores fusiones y adquisiciones empresariales ocurridas en el México neoliberal, diez de ellas han correspondido a empresas extranjeras (principalmente de Estados Unidos y España) adquiriendo a empresas mexicanas.23 Es también en este periodo que avanza con fuerza la privatización de la industria eléctrica y de distintos servicios públicos como: los programas para el financiamiento y la construcción de vivienda para los trabajadores; las infraestructuras y organismos operadores de abasto de agua y saneamiento en los grandes municipios urbanos; las infraestructuras para la captación y distribución de agua en el campo; y las grandes redes de servicios urbanos para el abasto de energía (gasolineras), de alimentos (grandes tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia), servicios educativos (universidades privadas), e incluso la seguridad pública (mediante la autorización para la operación de numerosas empresas de seguridad privada),24 entre otras. No es casual el hecho de que durante este sexenio se hayan desatado las dinámicas hoy todavía vigentes de urbanización salvaje, que implica la construcción de miles de unidades habitaciones con decenas de miles de casitas fraudulentamente diseñadas con obsolescencia programada y sin contemplar la creación de espacios comunitarios de ningún tipo, y con una carga adicional de especulación y fraudes inmobiliarios, despojos de tierras rurales, sobreexplotación de las aguas en las periferias urbanas, generación masiva de aguas negras y basura, falta de infraestructuras de servicios, etcétera.

Finalmente, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) se avanza con más agresividad en la apertura de la industria petrolera a partir de 2008, al permitir que las principales transnacionales de Estados Unidos controlen (mediante contrato) la extracción de los yacimientos marítimos de las principales reservas de crudo en las aguas del Golfo de México, al tiempo que busca (en dos ocasiones, en 2008 y 2011) acelerar el proceso de privatización de la industria petroquímica remanente en manos del Estado, como ocurre con las instalaciones estratégicas dedicadas a la producción de amoniaco (esencial para la producción de fertilizantes, cuya capacidad productiva se mantiene subutilizada hasta en 50% con el fin de favorecer a las empresas importadoras de agroquímicos). El gobierno de Calderón avanza también significativamente en la privatización del conjunto de la red

23 Ocho de esas adquisiciones durante el gobierno de Vicente Fox: en 2001 —mediante una operación bursátil que evadió el pago de impuestos— Citigroup adquirió Banamex; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) adquirió Bancomer en 2004; Santander compró Banca Serfín en el año 2000; Monsanto adquirió Seminis en 2005); Southern Copper compró Minera México en 2005; el conglomerado ítalo‐argentino Techint (Ternium) compró Hylsamex en 2005; British American Tobacco adquirió Cigarrera La Moderna en 1997; Kansas City Southern compró Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) en 2003; Arcelor Mittal adquirió Sicartsa (Siderúrgica Lázaro Cárdenas‐Las Truchas) en 2006; y Telefónica (de España) adquirió la empresa de telefonía móvil Pegaso, en 2002.

24 Moloeznik, Marcos Pablo, “Balance de la gestión a cargo de Vicente Fox Quesada: Reflexiones sobre la alternancia política y cultura de la legalidad, justicia penal y derechos humanos en México”, Revista Letras Jurídicas, n. 5, Universidad de Guadalajara, septiembre de 2007‐marzo de 2008 (http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/sitio/index.php/‐revista‐numero‐05‐otono‐septiembre‐2007‐ marzo‐de‐2008).

24

energética (ya no sólo la eléctrica —mediante permisos al capital privado para establecer plantas de cogeneración o de autoabastecimiento eléctrico—, sino además, para el emplazamiento de plantas de generación de energía eólica, solar, minihidroeléctricas, etcétera). Un ingrediente fundamental del proceso de privatización de la red eléctrica es el decreto de extinción y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (11 de octubre de 2009) que, además de significar el despido masivo de 44 mil trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas —sindicato independiente opositor a las políticas de privatización del Estado mexicano—, oculta la intención de desincorporar la enorme red de fibra óptica asociada a la red eléctrica que controlaba Luz y Fuerza del Centro.

A fines del sexenio (mayo de 2012), se calcula que el 80% de la industria petrolera y el 55% de la industria eléctrica estaban ya en manos privadas. Desde el comienzo del actual gobierno, se inicia un agresivo programa complementario de privatización de la infraestructura hidráulica, consistente en la entrega de toda la red nacional de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales a empresas privadas, mediante contratos tipo CPOT (Construir, Poseer, Operar, Transferir),25 sin olvidar la entrega integral del sistema nacional de abasto de bienes de subsistencia a grandes empresas estadounidenses del comercio (Wal-Mart, Costco, Sam’s, Home Depot, Office Depot, etcétera). El gobierno de Calderón continúa promoviendo la privatización de servicios públicos como los de salud —especialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)—, aduciendo la quiebra técnica de ambas instituciones debida a sus pasivos laborales (particularmente el pago de las pensiones a los trabajadores jubilados), y los servicios de educación pública, mediante la puesta en marcha del Programa Nacional para el Financiamiento a la Educación Superior (PNFE), que busca destinar 2 mil 500 millones de pesos para créditos educativos en universidades privadas, en vez de destinar los recursos a las instituciones públicas de educación superior, pero también mediante la aplicación de la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE), la cual reforma los lineamientos de la carrera magisterial como mecanismo de control sobre la contratación y derechos laborales de los maestros, así como para incorporar al sector empresarial en el diseño de las políticas educativas a través de su participación en los llamados “consejos de participación social” y en la construcción de la infraestructura educativa. Tanto el gobierno federal (por medio de la Secretaría de Seguridad Pública), como la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México preparan ya la privatización de las cárceles del país, mediante una iniciativa que permitiría la construcción, operación y administración privadas de los centros penitenciarios de México, lo cual incluiría el empleo de la población carcelaria como obreros fabriles. A todo lo anterior debe agregarse el avance en la privatización de las áreas naturales protegidas del país por medio del esquema de las llamadas “Unidades de Manejo Ambiental” (UMAs). En el presente sexenio, “al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de ‘Unidades de conservación para la vida silvestre’, […] lo cual implica un total de 2 millones 456 mil 142 hectáreas de áreas

25 Comisión Nacional del Agua, Guía sobre la participación privada en la prestación de servicios de agua y saneamiento, México, Conagua, 2010.

25

naturales protegidas en manos de particulares”,26 sin olvidar que, a través de instancias gubernamentales como la Comisión Nacional Forestal y la Semarnat, se presiona a las comunidades campesinas forestales a ingresar en el esquema de Pago por Servicios Ambientales y, desde 2010 (después de la COP 16), a promover la introducción del programa REDD+ en territorio mexicano, como vía para la privatización de los recursos forestales del país. Por último, en enero de 2012, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas, presentada por el gobierno de Calderón, que otorga francos derechos de despojo empresas que integren proyectos de infraestructura o de prestación de servicios en contubernio con el Estado contra las comunidades locales poseedoras de recursos y tierras que resulten claves para los intereses privados.

4. Los múltiples tratados de libre comercio de México y su significado geopolítico dentro del paquete de medidas económicas neoliberales Tanto el gobierno mexicano como los organismos internacionales destacan el hecho de que México se ha transformado en un centro estratégico de producción a nivel mundial, gracias a un profundo proceso de modernización y, en particular, a una activa política de apertura comercial. A través de la expansión sin precedentes de sus exportaciones y por los flujos crecientes de inversión nacional, ha pasado de ser una economía que producía casi exclusivamente para el mercado interno a ser una economía abierta, capaz de competir en los mercados internacionales.

La política de apertura económica ha permitido a México potenciar sus ventajas comparativas, abriendo mayores oportunidades para el comercio y la inversión, lo que se ha traducido en mayores beneficios para empresas, trabajadores y consumidores en el país. (Diario Oficial de la Federación, 2004) Si partimos de la adhesión de México al General Agreement on Tariffs and Trade en 1986, nuestro país ha firmado mas tratados comerciales que ninguno otro en el mundo (Oladipo, 2011: 63). En total cuenta con 14 tratados de libre comercio con 42 países en tres continentes, entre los que se incluyen gran parte de los países industrializados. Estos países representan más del 60% del PIB mundial. México tiene un acuerdo marco con el Mercado Común del Sur y seis acuerdos de alcance limitado con países sudamericanos y Panamá. En materia de tratados bilaterales de inversión se han negociado 28 acuerdos.

CUADRO 2 RED DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE MÉXICO Fecha de suscripción Acuerdos Multilaterales ALADI GATT

1980 1986

26 Nancy Flores, “Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera”, en Contralínea, 21 de marzo de 2010 (http://contralinea.info/archivo‐revista/index.php/2010/03/21/proyecto‐2030‐venta‐total‐ de‐las‐reservas‐de‐la‐biosfera/).

26

APEC OMC Tratados de libre comercio Canadá-Estados Unidos (TLCAN) Colombia Costa Rica Bolivia Nicaragua Chile Unión Europea (27 países) Israel El Salvador, Honduras y Guatemala (El triangulo del Norte) AELC ( 3 países) Uruguay Japón Perú Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua Acuerdos Marco MERCOSUR Acuerdos de alcance parcial MERCOSUR-Sector automotriz Brasil Argentina Perú Ecuador Paraguay Panamá Tratados Bilaterales de Inversión Suiza Argentina Países Bajos Austria Alemania Belgica/Luxemburgo Francia Finlandia Italia Portugal Uruguay Corea Dinamarca Grecia Suecia Cuba República Checa Australia Islandia

1993 1995 1992 1994 1994 1994 1997 1998 2000 2000 2000 2000 2003 2004 2011 2011

2002 2002 2002 1993 1995 1993 1993 1985 1995 1996 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 2001 2001 2002 2005 2005 27

Panamá España Reino Unido Trinidad y Tobago India Eslovaquia China Belarus Singapur Iniciativas regionales América Latina Alianza del Pacífico Latinoamericano Arco del Pacífico Latinoamericano Asia Pacífico Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Estratégica (TPP ampliado)

2005 2006 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009

2011 2007 2011

Fuente: Sistema de Información sobre Comercio Exterior, OEA.

En diversas ocasiones se ha señalado que los tratados de libre comercio en sentido estricto no son negociaciones simplemente encaminadas a garantizar sin distorsiones estatalistas el libre flujo de bienes y servicios, como indica su título. Sino más bien acuerdos de libre inversión o libre circulación de todo tipo de capital, de reordenamiento general de las políticas económicas internas y externas, al mismo tiempo que acuerdos discriminatorios de “libre” circulación de mercancías. En el caso de tratados asimétricos como los de Estados Unidos y Canadá con México se procura allanar el camino para la venta verdaderamente libre de las mercancías procedentes del Norte hacia el Sur, dado que para Estados Unidos lo signado no es un “tratado” sino tan sólo un acuerdo que le otorga a las diversas entidades de Estados Unidos el derecho de poder reservar proteccionistamente sus fronteras a determinadas mercancías cuando lo considere necesario. El único acuerdo realmente general que Estados Unidos se ha comprometido a tener con México es la determinación de ese país de cerrar completamente todas sus fronteras a la libre circulación de la mano de obra o la mercancía fuerza de trabajo procedente de México.

Tienen razón quienes insisten en que los tratados asimétricos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en realidad forman una parte de una ofensiva económica mayor de las más grandes empresas transnacionales del Norte y de sus respectivos gobiernos. Según la formalización que el llamado Consenso de Washington realiza, el neoliberalismo en realidad es un amplio paquete de políticas publicas restrictivas (disciplina fiscal, prioridades en el gasto publico, reformas en los impuestos, liberalización financiera, tipos de cambio que garanticen estabilidad inflacionaria, liberalización del comercio, garantías a la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y derechos de propiedad) que está destinado a la desprotección sistémica no sólo de las empresas públicas, sino de todas las empresas privadas y de la economía nacional en su conjunto. De modo que las empresas transnacionales más poderosas del mundo tienen el camino limpio para poder llegar hasta las franca desnacionalización y control de todos los

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recursos, industrias, infraestructuras y mercados estratégicos de una nación, así como al control de sus dinámicas de consumo y al control de los procesos públicos y privados de la reproducción económica del país. Dentro de esta dinámica general, se entiende que los tratados de libre comercio, en sentido estricto, representan una suerte de candados jurídicos y geopolíticos, destinados a volver irreversibles este conjunto de políticas integrales de dominio económico internacional27 “…El artículo 41 constitucional previene que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los actos de competencia de éstos. En virtud del TLC-NAFT, el poder legislativo no podrá legislar en renglones ya comprometidos dentro de ese acto jurídico internacional híbrido. El poder ejecutivo ya no podrá reglamentar los aspectos ya regulados por el TLC-NAFTA y, a su vez el poder judicial estará impedido para resolver controversias que serán sometidas a los paneles que son órganos supranacionales previstos por el TLC-NAFTA.” (Arellano García, 1994).

La red de acuerdos y tratados comerciales construida por México, supuestamente asegura la irreversibilidad de la estrategia de libre comercio, evitando a través de acuerdos internacionales que los cambios en el gobierno, resultado de la “democracia” mexicana, constituyan riesgos o incertidumbre de adopción de medidas radicales de signo contrario (Puyana,2003). Es decir, los tratados comerciales y acuerdos de inversión constituyen un “seguro de política“ contra un nuevo proteccionismo tanto al interior como al exterior, debido a que incrementan el costo de los cambios políticos en esta materia (Schott,2001:92).

Aunque los tratados signados por México son múltiples, durante los últimos 18 años el centro indisputado de los mismos ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No casualmente en la actualidad el 83.5% de todo el comercio exterior mexicano se realiza con los Estados Unidos mientras que el 51% de los flujos de inversiones extranjeras directas que recibe México provienen de aquel país (Puyana, 2003).

27 Vale la pena mencionar algunos puntos neurálgicos del debate en torno a los alcances jurídicos de los tratados de libre comercio, y en particular para el caso de México del Tratado de Libre Comercio de America del Norte. Para algunos especialistas dichos tratados son una especie de Constitución mundial que establece los “derechos fundamentales del capital” que en la práctica se ubica por encima del Derecho interno de los Estados, pretendiendo convertir al neoliberalismo en ley supranacional con el propósito de consolidar y perpetuar el libre comercio indepenientemente de los gobiernos en turno o del parecer popular. Está claro que deben reconocerse las oscuras pretensiones de resguardar al neoliberaliso de los derechos de los pueblos, de la democracia participativa y de la soberanía popular.

Al respecto se vuelve fundamental precisar la ubicación jerárquica de los tratados internacionales en el Derecho interno de los Estados, reocnocer la trascendencia del respeto a los derechos humanos y su ponderación, la interpretación conforme y el principio pro persona, así como la posibilidad de denunciar los tratados que lesionen los intereses de un país firmante. En lo que se ha insistido mucho es en no caer en la trampa de la inevitabilidad del neoliberalismo ni en la idoelogía jurídica de la imposibilidad de cuestionar y/o dar marcha atrás a los tratados de libre comercio, así como, en rechazar la tesis de que éstos se ubican por encima de las Constituciones correspondientes de los Estados nacionales. En particular, la posibilidad de denunciar el tratado es un tema sobre el que se debe insistir legal y prácticamente. Para mayores referencias a los alcances jurídicos del Tratado de Libre Comercio de America del Norte y sobre el tema de su denuncia cf. ANEXO 1 y Arellano García, op. cit.

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CUADRO 3 EXPORTACIONES POR PRINCIPALES DESTINOS ORGANIZADOS SEGÚN TRATADO COMERCIAL FIRMADO. MÉXICO 1994-2010

CON TLC TLCAN

Año previo entrada en vigor Año de Valor entrada (millon Partic.

En en vigor es de total dólares % ) 1994 49,497 95.5 1994 44,420 85.7

Triángulo del Norte AELC TLCUEM 27 Colombia Costa Rica Bolivia Nicaragua Chile Israel Uruguay Japón

2001 2001 2000 1995 1995 1995 1998 1999 2000 2004 2005

1,029 131 5,162 306 95 13 89 736 42 34 1,191

0.6 0.1 3.8 0.5 0.2 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.6

2,549 908 14,293 3,760 806 97 307 1,865 89 208 1,926

0.9 0.3 4.8 1.3 0.3 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 0.6

148 591 177 1,129 751 624 247 154 111 506 62

SIN TLC Argentina Brasil Perú Ecuador Cuba Corea Singapur Panamá China India

1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 1995

1,182 283 292 94 57 95 28 131 147 42 42

2.3 0.5 0.6 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.1 0.1

15,227 1,770 3,784 974 699 307 944 658 883 4,198 1,009

5.1 0.6 1.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 1.4 0.3

12 5 12 9 11 2 32 4 5 99 23

Países

2010 Valor (millones de dolares)

Variación Partic. Año previo En 2010 total %

277,431 249,058

93.1 83.5

461 461

Resto del Mundo 1995 1,096 1.8 5,480 1.8 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.

1/ Separado con fines comparativos

4.0

De modo que los tratados de libre comercio de México son una forma que expresa todos los cambios previamente operados y una forma de actualiza y redefine en un nuevo nivel de todo el paquete económico neoliberal de cambios productivos y reproductivos.

Pues en función de las asimetrías económicas, políticas y jurídicas que caracteriza al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a las que ya nos hemos referido, desde el momento en que este tratado es signado por México se intenta promover su imagen como

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un país único extraordinariamente exitoso. De manera que la firma de este peculiar “tratado/acuerdo” pueda ser utilizada geopolíticamente por EU para intentar escalar globalmente sus alevosas condiciones en todo el mundo. De ahí el modo en que desde 1992 simultáneamente se intenta escalarlo planetariamente como el Acuerdo Multilateral de Inversiones y como Área de Libre Comercio de las Américas en todo el continente americano. Si bien, justamente por su agresividad consustantiva ambas iniciativas fracasan rotundamente: el Acuerdo Multilateral de Inversiones en 1998 cuando el gobierno francés anunció que se retiraba de las negociaciones28 y el Área de Libre Comercio de las Américas en 2003 cuando Brasil y Argentina se resisten en Miami a aceptarlo. Aún así, el ejemplo de México es nuevamente explotado al ser instrumentalizado por el hegemón como uno de los buques insignia, en una nueva ofensiva global de tratados bilaterales de libre comercio.

Pues como bien han observado las organizaciones y redes de investigadores que laboran adentro de la Audiencia sobre violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos y la autonomía de los pueblos, los acuerdos de libre comercio no son sólo una serie de normas fijas que atacan las economías desregulando ámbitos agrícolas, laborales, competitivos, ambientales, etcétera, pero que restringen su aplicación a una serie de campos bien definidos y fijos. Pues a pesar de que estos tratados han apuntado desde un comienzo hacia el control de los procesos de producción y reproducción económica de la sociedad, se trata de acuerdos que conciben de forma flexible su duración y amplitud,29 de modo que, conforme se detectan las insuficiencias económicas de los beneficios y las contradicciones jurídicas que surgen al aplicar estos tratados dentro de cada país, “obligan a los países firmantes a ampliar periódicamente lo acordado y a emprender en los años por venir un número indefinido de reformas jurídicas, administrativas, económicas y sociales”. De modo que se trata de “reformas legales paulatinas” que son definidas a nivel ministerial, lejos del seguimiento que pueden realizar algunos parlamentos del mundo o la opinión publica de algún país mas o menos democrático. De esta manera los tratados de libre comercio pueden ser utilizados como herramientas para dividir a los pueblos y las naciones, así como para tejer nuevos aliados y obtener nuevos mercados y ganancias extraordinarias (procedentes de la sobrexplotación de los trabajadores y la naturaleza, la manipulación monopólica de los mercados, el despojo, la especulación financiera, técnica, civilizatoria, el exterminio de población considerada sobrante) en todas las nuevas ramas de la economía global, que

28 Aunque la oposición por parte de organizaciones civiles comenzó en Canadá desde 1997 29 “Una característica fundamental es que los tratados con la UE no son sólo amplios, también son expansivos. Junto a cláusulas específicas y detalladas se incluyen cláusulas muy generales y abiertas, que pueden ser interpretadas de múltiples modos, o que obligan a la reformulación y ampliación futura del acuerdo, siempre con el fin de mejorar las condiciones entregadas a las empresas europeas. Estas son las llamadas cláusulas “paulatinas” o de “revisión”, que pueden formar parte de cada capítulo (como es el caso de Chile y México) o de las provisiones generales (como en el acuerdo con los países del Caribe). En otras palabras, no son sólo un conjunto de acuerdos específicos: son un compromiso sin fecha de término para cambiar las formas de vida y convivencia nacionales y locales en función de entregar garantías crecientes a las empresas europeas. El poder y la obligación de diseñar los cambios futuros y ponerlos en práctica quedan en manos de los gobiernos de turno, sin la posibilidad de negarse o ejercer un control o participación efectiva por parte de los parlamentos o de los movimientos sociales.

Se renuncia en los hechos a ejercer la soberanía nacional o garantizar la participación social.” Cf. Las agudas observaciones de Camila Montesinos en “¿Firmar la renuncia a la soberanía nacional?” , así como en “La enfermedad del momento: trataditis aguditis, mitos y consecuencias de los tratados de libre comercio con Estados Unidos” en la página electrónica www.grain.org.

31

abren las vertiginosas dinámicas convergentes de la innovación científico técnica, la crisis de sobreacumulación mundial y la devastación ambiental global.

El grupo de investigación GRAIN ofrece al respecto la siguiente ilustración: el Grupo Banco Mundial (conformado por el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional y la Agencia Multilateral para las Garantías a la Inversión —MIGA en inglés) desarrollan un área de trabajo denominado “clima empresarial” destinado a facilitar el establecimiento y funcionamiento corporativo en el mundo entero. Han publicado un manual llamado “Cómo reformar los permisos empresariales” (“How to reform business licenses”) y lo describen como un manual para llevar a cabo reformas legales “estilo guillotina”. Entre el tipo de permisos cuyas exigencias hay que “guillotinar” se encuentran los permisos mineros.30 En una segunda publicación, las mismas entidades informan que entre 2008 y 2011 sólo sus programas lograron impulsar en el mundo entero 641 reformas de eliminación de requisitos legales “innecesarios” o “injustificados” para la actividad empresarial.31 Luego, a sólo algunas páginas de distancia, el Banco Mundial justifica la instalación de nuevas leyes de propiedad intelectual que “impida que los agricultores guarden semillas de la variedad protegida, compartan la semilla con sus vecinos o lleven a cabo ventas informales de semilla”.32 5. Los éxitos y buenos propósitos según el libre comercio Durante las últimas dos décadas el gobierno de México, numerosas instituciones internacionales y un sequito de analistas han presentado reiteradamente dentro y fuera del país a la economía mexicana como a una de las más exitosas del mundo, pujante, en crecimiento constante, generadora de grandes negocios y oportunidades para cada vez más personas, con una disciplina fiscal ejemplar, con índices de desempeño excepcionales (siempre mejorables), y por ende con un gran futuro como una economía rica y en curso de consolidación económica. Siempre y cuando la población siga aceptando mas reformas y mas disciplina. El entusiasmo es tan grande entre los forjadores de opinión que existen analistas y políticos que se atreven a sostener en publico que México, en realidad, ya erradicó la pobreza y se ha convertido en un país en donde predominan las clases medias, y en donde campean las reformas democráticas más modernas.33 Las conjeturas no son para menos. Quienes así ven las cosas saben que el libre comercio entre México y Estados Unidos entre 1994 y 2002 se escaló, hasta representar el 10% del comercio mundial (Calderón y Hernández, 2007). La OMC, reportaba que México en 2009 era el decimoquinto exportador del mundo y el primero en América Latina, superando a

30 https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory‐services/ 31 https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/2011%20FIAS%20AR_FINAL.pdf 32 http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/IPR_ESW.pdf 33 La revista Expansión de julio de 2007 entendía por “clase media” a los habitantes que tenían en aquel

entonces ingresos entre 6 mil y once mil pesos mensuales. Para Expansión, este estrato social creció 85% en los pasados 10 años. De la mano del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el gasto en consumo de estas familias de 1997 a 2006, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, creció en 38%. Lo que supuestamente permite a este grupo social ingresar en el mercado de los bienes de consumo “durables” como los automóviles y la vivienda, ello como motor principal de toda la economía nacional.

32

países como España, India, Australia y Brasil. En el periodo comprendido entre 1980-2010 el grado de apertura (exportaciones más importaciones entre producto interno bruto) se triplicó, al pasar de 20% en 1980 a casi 60% en 2010. Esto significa que el valor del comercio de mercancías en el mercado mundial equivale al 60% del valor del producto interno. Pocos países en América Latina (por ejemplo Costa Rica con 86% ) y en Europa (por ejemplo Alemania con 70%) superan el grado de apertura comercial de México.

Como se muestra en la siguiente gráfica donde destaca el ritmo y grado de apertura comercial comparándolo con el promedio regional.

CUADRO 4 GRADO DE APERTURA COMERCIAL EN MÉXICO Y REGIONES DE AMÉRICA 1960-2008 (IMPORTACIONES MAS EXPORTACIONES ENTRE PIB) *!"# )!"# (!"# '!"# &!"# %!"#

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América del Norte incluye: Estados Unidos, Canadá y Bermuda. América Latina: incluye además de México a los países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial Como complemento de lo anterior México es uno de los más importantes receptores de inversión extranjera directa en América Latina (SE,2011:93). A nivel mundial recibe alrededor del 2% del total de inversión extranjero directa en el mundo constituyendo el onceavo destino en la década de los noventa y el decimocuarto en 2000-2010. Los flujos de inversión extranjero directa en México han crecido de manera sostenida desde el proceso de apertura comercial a una tasa promedio anual del 3% y en la primera década del siglo XXI representan alrededor del 3% del producto interno bruto. La industria (50%) y los servicios (48%) son los principales destinos de la inversión extranjero directa. En el periodo 1999-2011, la mayor parte de la inversión extranjero directa que llegó al país fue bajo la forma de nuevas inversiones, provino de Estados Unidos y se destinó a los sectores de la manufactura y el comercio.

33

CUADRO 5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IED EN MÉXICO EN EL PERIODO 1999-2011 Número de empresas que presentaron flujos de IED a México por sector (1999 - 2011) Sector Participación 31,32 y 33 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 24% 43 Y 46 COMERCIO 22% 53 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 14% 56 SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS Y MANEJO DE DESECHOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN 12% 54 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 7% 72 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 4% 23 CONSTRUCCIÓN 4% 51 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 3% 52 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 2% 21 MINERÍA 2% SUB TOTAL 10 SECTORES

94%

IED por páis de origen (Paticipación en el total de IED, 1999-2011 ) País emisor

Participación

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

51% 15%

PAÍSES BAJOS

14%

CANADÁ

4%

REINO UNIDO

3%

SUIZA ISLAS VÍRGENES

3% 2%

ALEMANIA

2%

JAPON LUXEMBURGO

1% 1%

SUB TOTAL 10 EMISORES

96%

IED por tipo de invserión (Participación en el total de IED, 1999-2011) Tipo de inversión Participación Nuevas inversiones 54% Reinversión de utilidades 21% Cuentas entre compañías 26%

Fuente: elaboración propia con datos de Secretaria de Economía, Subsecretaria de Comercio Exterior.

En resumen, se reconocen 7 grandes logros del libre comercio en México: 1) ha contribuido de manera positiva a la estrategia de desarrollo orientada a las exportaciones; 2) generó una expansión significativa de las exportaciones mexicanas; 3) generó un gran flujo de inversión extranjera en México, abriendo oportunidades de desarrollo; 4) ayuda a la rápida recuperación frente a las crisis económicas;34 5) ha contribuido a la estabilidad macroeconómica; 6) ha creado oportunidades de empleo, incrementado los salarios y mejorado el bienestar de los mexicanos; y 7) ha contribuido a reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente.

34 Así por ejemplo en 2006 la revista Expansión N° 934 del 22 de febrero de 2006 año XXXVII, sostenía

con mucho optimismo que el sector elctroinformático había escapado con éxito de la crisis general de la industria maquiladora de 2002, al aprovechar con eficiencia las ventajas que generaron cuatro décadas de experiencia manufacturera: una mano de obra de ingenieros capacitados e infraestructuras de transportes existentes. Lo que permitió desarrollar cadenas de valor agregado en Guadalajara, así como la aceptación nacional de los procesos de diseño e innovación ahí generados. Lo que supuestamente habría permitido que las exportaciones de manufactura electrónica de Jalisco se consolidaran en máximos históricos durante 2005.

34

Logros íntimamente asociados a la red de tratados de libre comercio, compromisos de inversión y cooperación económica, pues son estos los que le permiten a México el acceso preferencial a los principales mercados y recursos financieros del mundo. En palabras del gobierno mexicano, esta red de acuerdos de libre comercio son un elemento fundamental para reforzar la certidumbre de acceso a los mercados más importantes del mundo para los productos mexicanos, para generar inversiones a largo plazo, fomentar la productividad nacional y el uso de nuevas tecnologías, expandir el volumen de las exportaciones al propiciar una mayor diversificación de los destinos de los productos mexicanos (Diario Oficial de la Federación, 2004). Asimismo esta red de acuerdos y tratados constituye una ventaja competitiva de México frente a otros países ya que promueven el establecimiento de empresas y la recepción de capitales productivos en el país (Diario Oficial de la Federación, 2004). Por tales motivos México se promueve con sus socios comerciales de diversas regiones del mundo como una plataforma estratégica de exportaciones hacia el mercado más grande del mundo, los Estados Unidos.

6. Algunos saldos económicos negativos del libre comercio En la actualidad existe una oferta interpretativa muy amplia y divergente para evaluar lo que podrían ser los saldos positivos y negativos de la economía mexicana. No obstante, lo que realmente escasea en nuestra sociedad son los espacios dentro de los cuales pueda ocurrir un debate serio de todas las posturas existentes, que tolere cualquier procedencia metodológica. El elitismo y la exclusión política dentro de la sociedad hace muchos años ha impuesto también dentro de los espacios “científicos” su autodestructiva intolerancia.

Para los defensores del libre comercio México se ha convertido en una frontera civilizatoria de defensa de la catequización mundial de la teoría económica neoclásica. Para este sistema de creencias el libre comercio ha permitido una especialización beneficiosa en aquellas actividades donde los países tienen ventajas comparativas debido a su dotación de factores y patrones de consumo. Frente a la escasez de capital y de ahorro interno el libre comercio ofrece el flujo de inversión extranjera como fuente de empleo, divisas, capital y tecnología.

La vinculación al resto del mundo permite acceder a un mercado de mayor tamaño y por lo tanto aprovechar las economías de escala frente a los mercados internos limitados. Al introducir la denominada “disciplina de mercado“ se crean incentivos efectivos para que los empresarios locales busquen una mayor productividad y competitividad internacional eliminando las distorsiones y fallas generadas por el proteccionismo discrecional, el clientelismo, la corrupción y el cabildeo. La presión por desarrollar una mayor eficiencia y competitividad en las empresas proviene de un mecanismo sumamente efectivo, “limpio“ y “apolítico“: el mercado. Si las empresas no mejoran sus procesos de producción, la competencia en el mercado las desplaza por aquellas más productivas y eficientes. Ante el fracaso de la intervención ampliada del Estado en la economía, expresada en el déficit público insostenible y la protección de sectores no competitivos, el sistema de mercado también es un mecanismo más eficiente para coordinar la asignación de los recursos, definir las actividades que se expandirán y contraerán, determinar los pagos a factores, y distribuir los productos y el ingreso.

Sin denegar el indudable crecimiento de las exportaciones y de la inversión extranjera directa, el aprovechamiento de las economías de escala, así como el lugar geoeconómico privilegiado que ha abierto México dentro de las redes del comercio mundial, existen sin

35

embargo otras dimensiones de la vida económica, política y social del país, en las que después de treinta años de políticas neoliberales y casi veinte años de libre comercio no sólo se observa el incumplimiento de muchas de las metas prometidas (especialización beneficiosa, incremento de la productividad y una competitividad basada en el desarrollo técnico propio, eliminación de las fallas generadas por el proteccionismo discrecional, el clientelismo, el cabildeo y la corrupción, mecanismos limpios y apolíticos de gestión económica, una competencia que desecha empresas que no mejoran y asigna mejor los recursos, etcétera), o en donde no se puede observar un verdadero desempeño general exitoso (estancamiento del producto interno bruto, declinación del producto interno bruto per cápita, desindustrialización neta, pérdida de la soberanía alimentaria, desempleo descomunal, pobreza general y polarización social creciente, aumento de la emigración, etcétera). Pues adicionalmente dentro de la economía mundial también comienzan a desmoronarse aceleradamente presupuestos nodales de lo que se reconoce como los “grandes logros” del neoliberalismo. Es el caso de las externalidades ambientales que ocasionan en el planeta “las mejores economías de escala”, la calidad destructiva de muchos de los principales bienes tecnológicos y de consumo introducidos por el neoliberalismo y su libre comercio, pero sobre todo la crisis económica global que ha sacado a la luz un problema estructural de sobreacumulación que no se quiere reconocer ni reajustar.35 Mas allá de la rapacidad ilustrada con la que la oligarquía y sus economistas más refinados han justificado tres décadas de expolio y sacrificios en México, que rayan ya en una era de despojos que hará época, algunas de las peores inconsistencias de la economía mexicana han sido cuidadosamente registradas por muy diversos balances, en ocasiones rigurosos o científicos, realizados en diversos momentos de nuestra historia reciente por economistas y sociólogos, a veces francos defensores del sistema, a veces sólo prudentes reformadores o en ocasiones por valientes críticos del mismo. Es el caso de los trabajos de René Villareal, Juan Carlos Moreno-Brid, Jaime Ros, Nora Lustig, Alejandro Nadal, Héctor Guillén Romo, John Saxe-Fernández, José Valenzuela Feijóo, Arturo Huerta, Alejandro Álvarez, Huberto Juárez, José Silvestre Méndez Morales, Arturo Ortiz Wadgymar y muchos otros, quienes curiosamente coinciden desde muy diversos ángulos en el muy problemático y en ocasiones casi nulo desempeño favorable de la economía mexicana.

Una constatación reciente de este fracaso, es el muy importante diagnóstico que el CIDE realizó sobre la actual situación de la economía mexicana en el que se reconoce un panorama que indica lo que para nosotros son inquietantes signos catastróficos.36 Para ellos, la reducción estructural de la tasa de crecimiento ha acentuado la divergencia entre México y los demás países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mientras la brecha del ingreso per cápita de México y los otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha aumentado por un

35 Alejandro

Nadal dede 2007 ha dado un seguimiento cuidadoso, sobrio y permanente a la crisis económica mundial, sugirinedo en reiteradas ocasiones que se trata de un fenómeno estructural de sobreacumulación, crticando los límites de las diversas aproximaciones teóricas a la crisis y ofreciendo evidencias sobre la profundidad del fenómeno mundial actual. Cf. www.nadal.com.mx 36 Juan Carlos Moreno‐Brid y Jaime Ros, Development and growth in the mexican economy: an historical perspective, Oxford University Press, 2009.

36

incremento significativo (de 35.6% a 81%) en la brecha en la productividad del trabajo.37 A pesar de que México es uno de los países del mundo en que la población trabaja más horas al día, la tasa de crecimiento del PIB por trabajador fue de -0.5% entre 1981y 2006, y sólo creció lentamente (0.7%) entre 1990 y 2006. La misma tasa fue de 3.2% en el periodo 1940-1981.

Dicho estudio también registra una caída de la productividad del trabajo, resultado del incremento del sector “servicios”, que ha absorbido a la mayoría de los trabajadores mexicanos, mientras su productividad cae drásticamente. Una porción considerable del sector está ocupado por empresas informales, muy pequeñas y poco productivas. Con una base importante en la informalidad, el sector terciario creció masivamente creando subempleos (disfraces de desempleo) y provocando la caída del salario real. Y un aumento de personas jóvenes con niveles altos de educación (entre 10 y 13 años de escolaridad) empleados en ocupaciones poco productivas del sector servicios (informal) o francamente desempleados. Así, la caída de la productividad es una consecuencia endógena de la falta de crecimiento.

También reconoce el esencial debilitamiento o eliminación de los encadenamientos económicos domésticos como consecuencia de la ausencia de una política industrial, el debilitamiento de la inversión pública (sobre todo en infraestructura) y el estímulo casi exclusivo a las corporaciones exportadoras intensivas en importaciones (maquiladoras).

Como consecuencia de lo anterior, se observa la falta de formación de capital a una tasa acelerada, la cual ha reducido la expansión del empleo en los sectores de alta productividad y la modernización de la capacidad productiva, al tiempo que ha restringido el crecimiento de la demanda agregada.

Finalmente este crudo e implacable diagnóstico señala que la economía informal representa hasta 35% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el blanqueo de dinero alcanza cifras de hasta 45 mil millones de dólares al año, encontrando complicidad en la economía informal del país. A lo que se suma la incapacidad estructural del gobierno mexicano para realizar una reforma fiscal frente a los intereses empresariales corporativos.

7. Nuestra necesidad de ampliar la crítica al libre comercio A pesar de lo anterior, por la amplitud y profundidad de los sufrimientos sociales, por la calidad de los sacrificios históricos de todo tipo de fuerzas productivas (técnicas, naturales, demográficas e infraestructuras), por el arrasamiento de los tejidos comunitarios en todos los ámbitos de la vida nacional y los referentes morales del país, por la devastación de nuestras principales instituciones sociales así como por la pérdida neta de la soberanía sobre nuestro territorio nacional, estimamos que los saldos negativos que hoy enfrentamos

37 Lo

que responde las preocupaciones centrales planteadas por Nora Lustig cuando en su célebre estudio México, hacia la reconstrucción de la economía, FCE, México 1998., reconocía el estancamiento de la economía mexicana durante los años noventa y la no solución de los problemas más agudos de la pobreza. Pues la señora Lustig esgrimía a mediados de los años noventa su convicción de que con el paso del tiempo la economía mexicana, vencería al modo como lo hizo el Chile de Pinochet la “lenta recuperación de la demanda interna debido a la sobrevaluación”, con lo cual se podría pacientemente retomar la senda del desarrollo técnico, fincando así la competitividad del país en una verdadera elevación de la productividad del trabajo.

37

no nos permiten continuar valorando nuestras circunstancias de una forma fragmentaria, ni tampoco estamos obligados a continuar expresando nuestros problemas de una forma tan especializada, haciendo concesiones a los lenguajes ofrecidos por diversas ciencias especializadas florecidas en el siglo XX desde una serie de epistemologías igualmente comprometidas ideológicamente con la fragmentación de todas las percepciones y las reflexiones conceptuales. De modo que el masivo movimiento de víctimas de todo tipo que hoy existen en México nos exige un compromiso epistemológico con las aproximaciones integrales y de carácter esencial con la realidad social.

Por lo mismo, pensamos que la caída relativa en la producción de la riqueza en México debe ser asociada no sólo con los problemas puramente distributivos, sino también con el verdadero crecimiento demográfico del país —dentro del cual se requiere contabilizar en algún momento a los emigrantes que tuvieron que marcharse, en su mayor parte por no encontrar oportunidades de crecimiento y prosperidad dentro de la nación— pues sólo teniendo en cuenta a esas decenas de millones de personas que ya se escaparon de México se podría apreciar realmente la verdadera gravedad del decrecimiento real del producto interno bruto per cápita, la magnitud real del desempleo nacional y de la precarización de la nación. De ahí que el castigo a la distribución de la riqueza en México no se puede medir sólo enfatizando los pobres extremos de los estados del sureste mexicano (Lustig, 2002; Levy, Dávila y Kesel, 2004), por más que ellos efectivamente estén entre los más castigados del país. O sólo teniendo en cuenta los más recientes datos generales de pobreza considerados por el Banco Mundial en 2012.

Criterios de medición aparte, las cifras oficiales del Estado mexicano arrojan en nuestro país un saldo de, por lo menos, 52 millones de personas que no tienen garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos al desarrollo social (salud, educación, vivienda, alimentación), al tiempo que carecen de ingresos económicos suficientes para satisfacer otras de sus necesidades básicas que pueden ser transportación, renta de vivienda, cultura y recreación, etcétera, mientras que investigaciones independientes ubican la cifra de pobres entre 72 y 80 millones.38 Esto significa que esos 52 millones de mexicanos viven con ingresos mensuales inferiores a 2 mil 200 pesos (equivalentes a 170 dólares, aproximadamente), aunque en las zonas rurales los ingresos pueden ser incluso inferiores a 1,390 pesos mensuales (alrededor de 106 dólares), lo cual implica que casi 19 millones de personas están imposibilitadas en México —aún gastando la totalidad de sus ingresos— para adquirir la totalidad de los alimentos que constituyen la precaria canasta básica determinada por el Estado como mínimo para no vivir en situación de pobreza alimentaria.

La abismal brecha entre los ingresos de la población más rica del país y los más pobres de México ha sido incluso materia del mencionado informe del Banco Mundial, en el que se calcula que el 20% de la población más rica de México consume el 56.7% de los bienes en

38 Para mayor información cfr. Julio Boltvinik, “Economía Moral”, en La Jornada, México, 19de febrero

de 2010; 26 de febrero de 2010 y 5 de marzo de 2010. Disponibles en Internet: http://www.jornada.unam.mx/2010/02/19/opinion/028o1eco http://www.jornada.unam.mx/2010/02/26/opinion/028o1eco http://www.jornada.unam.mx/2010/03/05/opinion/032o1eco

38

el país, mientras que el 20% más pobre consume sólo el 3.8%, lo cual ubica la distribución de la riqueza en México en el nivel de países como Guatemala o Nicaragua.39 Una aproximación crítica más allá de las estrechas fronteras marcadas por la teoría económica también nos permitiría observar el modo en que los capitales oligárquicos han retornado históricamente hacia actitudes culturales decadentes que no sólo están compuestas de soberbia, cinismo y actitudes racistas, pues estas regresiones del sistema económico hacia un sistema de privilegios aristocráticos no dependen de una moda aleatoria sino de la necesidad histórica presente de obtener y concentrar de forma salvaje todo tipo de ganancias extraordinarias.

Necesidad histórica que se corresponde con una situación global de sobreacumulación y crisis estructural de largo aliento que impone nuevas formas de superconcentrar la riqueza y obtener excedentes económicos desproporcionados. De ahí la insuficiencia de los métodos históricos usuales de obtener excedentes mediante la producción y apropiación del plusvalor. Pues ahora el desarrollo de tecnologías de punta se introduce sin principios de precaución y sin importar las incertidumbres que generen, atendiendo sólo a las dinámicas de recuperación súbita de las inversiones en investigación; mientras los trabajadores ya no son vistos en el mundo como simples trabajadores explotables, sino más bien como trabajadores necesariamente superexplotables, incluso dentro de los países anteriormente considerados como metropolitanos. Entretanto, las tierras ya tampoco son vistas como simples fuentes de diversas variantes tradicionales de la renta de la tierra, pues ésta ya es considerada en todas partes como la fuente de recursos naturales superexplotables (sea explotando sus riquezas tradicionales o bien las nuevas riquezas insospechadas asociadas a los minerales que entregan las técnicas de cielo abierto, al gas esquisto, el DNA de la biodiversidad, la geoingeniería, el sol y el viento, etcétera). Muchos de los grandes accidentes ambientales actuales (la planta nuclear de Fukushima, los oil spills de BP en el Mar Caspio y el Golfo de México, el derrame de lodos industriales tóxicos en Hungría) nos muestran una crisis tan severa que incluso entre capitales transnacionales aparentemente muy poderosos se observa la tendencia suicida a superexplotar y no renovar apropiadamente sus componentes de capital constante.

Lo que implica, en todos estos casos, formas de apropiación de los excedentes que pasan por alto la seguridad técnica, la sustentabilidad ambiental, económica y social, comenzando por los reembolsos (el fondo del trabajo y de la naturaleza) que garantizan la reproducción de los trabajadores y sus familias y la reproducción de los componentes naturales de los ecosistemas (la tierra, el agua, el petróleo, los minerales, la biodiversidad, etcétera).

Métodos salvajes que todavía empeoran más por el uso de otras maneras propias de cualquier crisis, como es la obtención de ganancias extraordinarias por medio de la especulación desaforada y altamente riesgosa, el control oligopólico de los precios, el fraude y el chanchullo40 financiero, el abuso sobre los consumidores, etcétera. Si bien lo que parece avanzar de la peor forma por todo el mundo y de modo imparable es el despojo simple y llano, por medio de las privatizaciones de los bienes públicos y los bienes

39 Roberto González Amador, “Mexicanos ricos consumen 56.7% de bienes; los pobres, apenas 3.8”, La Jornada, México, 1 de marzo de 2012 (http://www.jornada.unam.mx/2012/03/01/economia/029n1eco).

40 Manejo ilícito para conseguir un fin, especialmente para lucrarse (RAE, consultado 05/12)

39

comunes, el crimen o incluso el despliegue de actitudes terroristas organizadas desde el Estado, para la configuración de potenciales políticas de exterminio. De ahí el modo en que proliferan por el mundo la promulgación de leyes que permiten, protegen y allanan la toma de cualquier riqueza a la mala. (Harvey, 2003; 2007).

Con el fin de garantizar la perpetuación de estos métodos el Estado mexicano desvía su poder económico para garantizar las posiciones de privilegio no sólo de la oligarquía nacional, sino directamente de la oligarquía internacional, principalmente la estadounidense. De ahí el modo en que la oligarquía mexicana por casi 30 años ha desarrollado una cultura de sometimiento absoluto y a-crítico del gobierno mexicano a las políticas de ajuste económico sostenido por los dictados del Fondo Monetario Internacional y otras autoridades financieras internacionales. De esta manera, el gobierno de México ha renunciado a defender los derechos de propiedad sobre los recursos nacionales estratégicos, e incluso a negociar mejores condiciones para su transferencia al sector corporativo; pero también ha desarrollado una incapacidad estructural para negociar mejores condiciones de transferencia de tecnología corporativa al sistema científico mexicano, deteniendo el crecimiento de largo plazo.

Con la coartada doctrinaria de que los mercados asignan ciega pero racionalmente los recursos permitiendo especializaciones beneficiosas, la oligarquía y el Estado mexicanos han permitido irresponsablemente no sólo la destrucción del mercado interno, sino también la destrucción de la agricultura nacional (que involucraba el empleo de fuerzas productivas masivas y milenarias patrimonio de la humanidad como como el maíz, el frijol, etcétera), la soberanía y la seguridad alimentarias, 41 la original industria nacional, o los tejidos comunitarios de la sociedad rural y urbana. Con la idea de promover el aumento de las importaciones de alimentos estadounidenses, con el fin de abaratar el salario de los trabajadores industriales mexicanos, alentó la destrucción de la calidad de los alimentos tradicionales propiciando un deterioro generalizado de la calidad de la vida que disparó una pandemia de enfermedades crónico degenerativas de todo tipo (obesidad, diabetes, insuficiencias renales, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades raras, etcétera). Lo que ha coincidido adicionalmente con la suplantación de la burguesía industrial nacional por una burguesía financiera de corte cada vez más especulativo, mientras el libre comercio y la competencia a lo que han conducido dentro de México es a una dictadura implacable de los cárteles de la industria (las grandes empresas estadounidenses automotrices, aeronáuticas y maquiladoras), del comercio (Wal-mart, Costco, Home Depot, Office Depot, Oxxo, etcétera), y de la agricultura (Monsanto, Cargill, Archer Daniels Midland, Dow Chemical, Smithfield, etcétera).

En el caso de la destrucción de la industria mexicana, la oligarquía y el Estado permitieron no sólo la disminución cuantitativa en el peso relativo de la industria al interior de toda la

41 Es bajo este contexto que el comercio agroalimentario de México con Estados Unidos pasa a fundarse

en la importación de alimentos básicos maíz, soya, trigo, sorgo, oleaginosas, lácteos, aceites y grasas, carnes de bovino, porcino y pollo mientras las exportaciones agropecuarias y alimentarias de México se concentran en un reducido número de productos suntuarios para las élites de Estados Unidos: camarón, tequila cerveza, tomate.

40

economía (Méndez Morales, 2008: 166)42, frente a un capital comercial y financiero que se agigantaban. El verdadero deterioro llega más lejos, pues en realidad el centro de la industria que hoy sobrevive casi ya no es mexicana, mientras que el deterioro de la calidad de toda la industria está ligada no sólo a la destrucción de las cadenas industriales y ventajas comparativas, sino también a la elaboración de productos globales nocivos de calidad cada vez más perniciosa. Lo cual se ha complementado con una recalificación de la mano de obra, que también ha implicado la pérdida irreparable de instituciones educativas, de investigación, así como de una cultura de habilidades técnicas y reproductivas que previamente formaban parte de la cultura de los trabajadores e investigadores mexicanos.

Por otro lado, la industria de exportación, que suplantó a la industria nacional, dejó numerosos parques industriales ligados a la importación de un 90% de sus insumos, la exportación casi total de sus productos y el uso depredador de la mano de obra y algunos recursos naturales como el agua.

Por otra parte, el alto y sostenido flujo de la inversión extranjera directa a México, del que tanto se ufanan los defensores del libre comercio, desde la firma del North American Free Trade Agreement se mantuvo sólo hasta 2001. Porque en realidad ha estado dependiendo de los ciclos de la economía mundial (auge, estancamiento, crisis), de la exacerbación de la competencia internacional (principalmente contra China y la India), así como de la incierta suerte económica que corre nuestro principal y casi único socio comercial real (Estados Unidos). Inversión extranjera directa que no ha podido rearticular el encadenamiento industrial previamente destruido, ni un verdadero desarrollo científico-técnico, pues se ha restringido a ordeñar lo que cínicamente se ha dado en llamar el bono demográfico, es decir, las capacidades laborales de los jóvenes trabajadores mexicanos, muy especialmente, las trabajadoras mexicanas. El Banco Mundial reporta en su último informe sobre el desarrollo mundial (2012) que México se ubica entre los 12 países del mundo con mayor brecha de ingresos entre mujeres y hombres, junto con países como Egipto, Benin, Nigeria, Malawi, Etiopía, India, Bangladesh, Sri Lanka, Alemania e Islandia. En México una mujer trabajadora percibe 80 centavos de dólar por cada dólar de ingreso de los trabajadores varones.

42 Al respecto, Méndez Morales señala: "Es preocupante lo que sucede con el sector industrial de 1982 a

la fecha, y en especial con algunas ramas. A partir de ese año se empezó a aplicar una política económica neoliberal basada en la apertura comercial, y en consecuencia en la entrada de productos industrializados importados, lo que ha ocasionado la crisis económica y la del sector industrial, que se traduce en una desindustrialización y en la poca o nula creación de empleos estables y bien remunerados”. Entre las pruebas que presenta el autor sobre el comportamiento industrial entre 1982 y 2006 se encuentran: “a) La industria en conjunto sólo creció 2.3% en promedio anual; b) La participación del sector industrial en el producto interno bruto total pasó de 35% en 1941 a solo 26.7% en 2006; c) En el mismo periodo la industria de la construcción creció anualmente en promedio 0.2%; el conjunto de las industrias de la transformación, 1.1%; el petróleo, 1.6%; la minería sin petróleo, únicamente 1.3%, y el gas sólo 3.2%." (Méndez Morales, 2008: 166).

41

Panorama general

17

CUADRO 6 M A PA 1

Brechas de ingresos entre mujeres y hombres (ingreso de las mujeres por cada dólar de ingreso de los hombres) Alemania 62¢

Islandia 69¢

Georgia 60¢

India 64¢ República Árabe de Egipto 82¢

México 80¢

Bangladesh 12¢

Benin 80¢ Nigeria 60¢

Etiopía 34¢

Sri Lanka 50¢

Malawi 90¢

Trabajadores asalariados

Agricultores

Empresarios

Fuentes: Los datos sobre Benin proceden de Kinkingninhoun-Mêdagbé y otros 2010; sobre Malawi, de Gilbert, Sakala y Benson 2002; sobre Nigeria, de Oladeebo y Fajuyigbe 2007; sobre Bangladesh, Etiopía y Sri Lanka, de Costa y Rijkers 2011, y sobre Alemania, Egipto, Georgia, India, Islandia y México, de LABORSTA, Organización Internacional del Trabajo.

Fuente: Banco Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2012: Igualdad de género y desarrollo, Washington DC, ingresos y la productividad las modalidades limitaciones se presentan en el gráfico 9 como cuñas Banco Mundial, 2012, p. en17todas (http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105de la actividad económica: la agricultura, el empleo que bloquean el progreso hacia una mayor igualdad 1299699968583/7786210-1315936231894/Overview-Spanish.pdf). de género. El aumento de los ingresos tiene cierta asalariado y la actividad empresarial (mapa 1). En casi todos los países, las mujeres asalariadas ganan menos que los hombres. En la agricultura, las explotaciones dirigidas por mujeres suelen tener un rendimiento medio inferior a las que dirigen los hombres, incluso en el caso de hombres y mujeres de las mismas familias y de hombres y mujeres que producen los mismos cultivos34. Las mujeres empresarias también son menos productivas que los hombres35. En las zonas urbanas de Europa oriental y Asia central, América Latina y el África al sur del Sahara, el valor añadido por trabajador o trabajadora es inferior en las empresas dirigidas por mujeres que en las que dirigen hombres36. En las empresas que operan en las zonas rurales de Bangladesh, Etiopía, Indonesia y Sri Lanka, las diferencias de rentabilidad de los negocios son considerables en función de que el propietario sea una mujer o un hombre37.

Así pues, ¿qué es lo que explica la persistencia de la segregación por motivos de género en la actividad económica y las consiguientes diferencias de ingresos? En el informe se argumenta que las diferencias relativas al uso del tiempo, al acceso a las propiedades y el crédito y al trato por parte de los mercados y las instituciones formales (incluido el marco jurídico y reglamentario) son factores que limitan las oportunidades de las mujeres. Estas

influencia a la hora de modificar esos patrones, pero no las elimina. Las interacciones de esos distintos factores, que se refuerzan mutuamente, hacen que el problema sea particularmente difícil de superar. Las examinaremos a continuación.

La distinta cantidad de tiempo que los hombres y las mujeres dedican al cuidado de otras personas y a labores domésticas conexas son un factor que impulsa la segregación y las consiguientes brechas de ingresos. En la mayoría de países, independientemente del nivel de ingresos, las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto a las labores domésticas y de cuidados a otras personas, mientras que los hombres trabajan principalmente en ocupaciones de mercado (gráfico 10). Cuando se suman todas las actividades, las mujeres suelen trabajar más horas que los hombres, lo cual tiene consecuencias para su ocio y bienestar. Y en todos los países dedican todos los días más tiempo que los hombres al cuidado de otras personas y a las labores domésticas: las diferencias oscilan entre 1 y 3 horas más para las labores domésticas, de 2 a 10 veces más de tiempo dedicado a la prestación de cuidados (a los hijos e hijas, personas mayores y enfermas) y entre 1 y 4 horas menos para las actividades de mercado.

Aun en los casos en que las mujeres llevan a cabo

La siguiente gráfica muestra con elocuencia la diferencia abismal que —a partir de los años ochenta, con la implantación del neoliberalismo y el uso masivo de la industria maquiladora en México— se comienza a formar entre la inversión extranjera directa y el valor con que se realizan las exportaciones “mexicanas” al mercado mundial

CUADRO 7

VALOR DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA (ENTRADAS NETAS) EN MÉXICO ($ MILLONES DE DÓLARES)

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Fuente: Elaboración de Andrea Santos con datos de World Development Indicators, Banco Mundial

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Superexplotación laborales que en realidad complementa la otra gran superexplotación que propicia el excedente de población económicamente activa que el neoliberalismo ya no quiere absorber dentro de la economía mexicana, y que por consiguiente empuja hacia Estados Unidos. Lo que implica no sólo la pérdida irreparable de una parte muy importante de la población local y de la soberanía demográfica, sino también la presión competitiva dentro de los mercados laborales de Estados Unidos, para que otros segmentos del proletariado (de trabajadores latinos, negros y blancos) se vean obligados a tener que aceptar condiciones similares de maltrato. (Peña, 2009; 2010).

El crecimiento de la marginalidad, el escalamiento desproporcionado y dolosamente escondido del desempleo, la masificación de los trabajos informales (también maquillados), la caída brutal de los salarios, el deterioro de la calidad de vida, la diarrea migratoria que se entrevera con el flujo de millones de transmigrantes centroamericanos y otros millones de intramigrantes nacionales (de la ciudad al campo, del campo al campo y de ciudad a ciudad), propician un aumento incontrolado no sólo de la mendicidad pública, sino especialmente del crimen general y organizado. De ahí la captura de la economía mexicana y de la política de seguridad del gobierno federal por los intereses del crimen organizado.

Al punto que uno de los investigadores más autorizados sobre el tema, Edgardo Buscaglia, ha expresado en la televisión mexicana que el 40% de la economía nacional ha sido penetrada por el crimen organizado, lo que implica un reemplazo sorprendente de la economía legal por la economía criminal. Lo que, de resultar cierto, permitiría explicar porque la banca mexicana actualmente es considerada en todo el mundo como una de las principales puertas del dinero criminal dentro de los circuitos financieros internacionales.

Además, es durante el actual gobierno que comienzan a hacerse visibles los estragos sociales de la desregulación económica y jurídica del país: en medio de la fiebre privatizadora impulsada por el Estado mexicano, desde finales del gobierno de Fox y durante todo el gobierno de Calderón se suceden numerosos eventos trágicos que ocasionan muertes y daños a la población, vinculados a la negligencia y a la desregulación de la operación (privada y estatal) de numerosas empresas e instituciones en sectores tan diversos como la minería (explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, 19 de febrero de 2006, 65 mineros muertos), las guarderías infantiles (incendio de la Guardería ABC, Hermosillo, Sonora, 5 de junio de 2009, 49 niños calcinados y 76 heridos), las presas hidroeléctricas y la infraestructura para el control de inundaciones (inundaciones de Villahermosa, Tabasco, 2007, 2009, 2010 y 2011, más de un millón de damnificados; inundación en Valle Dorado, Estado de México, septiembre de 2009, 3 muertos, 4 mil damnificados; inundaciones en Valle de Chalco y Naucalpan, Estado de México, febrero de 2010, 10 muertos y 12 mil damnificados; inundaciones en Veracruz y Oaxaca, septiembre de 2010, 80 mil damnificados) y la industria petrolera y petroquímica (explosión de la fábrica de fertilizantes Dragón, Izúcar de Matamoros, Puebla, 24 de marzo de 2010, 30 intoxicados, explosión de ducto de PEMEX en San Martín Texmelucan, Puebla, 19 de diciembre de 2010, 29 muertos y 52 heridos), sin contar los cinco mil fallecimientos y 30 mil heridos anuales ocasionados por la desregulación del transporte de carga en todas las carreteras del país, que permite la circulación de camiones de carga de doble remolque con exceso de peso (más de 80 toneladas), dimensiones y velocidad. El abandono de los servicios de

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salud, vigilancia epidemiológica y de respuesta a emergencias sanitarias43 se hizo evidente en los meses de marzo, abril y mayo de 2009, al estallar en México la pandemia de Influenza AH1N1, cuyo origen posiblemente se ubique en la operación —completamente fuera de control— de las fábricas de ganado porcino que opera la empresa estadounidense Smithfield en el valle de Perote (Granjas Carroll de México) y que rápidamente se extendió a todo el país y que en ocho meses infectó a más de 50 mil personas y ocasionó 780 fallecimientos en México hacia finales de 2009. Además, el virus se extendió a casi 130 países, infectando a más de 600 mil personas, de las cuales fallecieron más de 14 mil, principalmente en los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Queremos proponer una nueva forma integral de ver las cosas, a sabiendas de que en este primer ejercicio jurídico no pretendemos todavía cerrar nuestras acusaciones en contra del Estado mexicano, sino apenas recién abrirlas. Pues en la presente ocasión no sólo pretendemos comenzar a documentar problemas, visibilizando a innúmeras víctimas, procesos e intereses ocultos, o presentando mediaciones usualmente desapercibidas.

Estamos conscientes de que en esta primera Audiencia General Introductoria vamos a intentar romper el cerco de las pseudo percepciones “toleradas” por quienes se detentan como las autoridades dueñas de las opiniones públicas, así como de las principales instituciones académicas de nuestro país, ensayando una visión de la totalidad de los problemas de la nación que muy raramente se ha intentado articular. El profundo dolor de las victimas del neoliberalismo y el libre comercio y la aún más profunda esperanza de todos nosotros en poder reconstruir humanamente a nuestro país así nos lo demandan.

8. La destrucción ejemplar del ciclo económico del sector agrícola El Estado mexicano inició una liberalización unilateral del sector agropecuario como parte de un ambicioso programa de modernización del campo (1989). La apertura comercial, el retiro del Estado de la mayoría de las actividades económicas, la reducción de los subsidios, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, caracterizaron la política agrícola.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte institucionalizó el modelo económico neoliberal y funcionó como el candado que impide dar marcha atrás a las drásticas reformas estructurales. Durante su negociación, los gobiernos de los tres países tuvieron al menos

43 En 1981, México contaba con 1.83 camas por cada mil derechohabientes de la seguridad social, mientras que para 2009, ante el estallido del brote epidémico de la influenza AH1N1, el indicador había disminuido a 0.83. Cuando finalmente se reconoció la emergencia sanitaria, el 23 de abril de 2009, el sistema de salud del gobierno de México operaba (y aún opera) un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) “con modelos obsoletos, e insuficiencia de recursos materiales y humanos. […]

Sólo se disponía de un millón 300 mil antivirales; dos laboratorios de salud incapaces de detectar el virus y compromisos en materia de patentes que fueron plenamente respetados”. Aún cuando podía haberse recurrido al principio de utilidad pública previsto en la Ley para producir las vacunas en México, las autoridades de salud optaron por importarla, en parte porque los institutos de higiene y virología habían sido desmantelados desde finales de los noventa. Véanse los artículos de Gustavo Leal, “SSA de Frenk y Córdova: sin laboratorios ni vacunas, pero abriendo mercado”, La Jornada, México, 16 de mayo de 2009. (http://www.jornada.unam.mx/2009/05/16/index.php?section=opinion&article=019a1pol); y “Influenza A y guarderías: visión ‘sanitaria’ de la tecnocracia calderonista”, La Jornada, México, 13 de junio de 2009 (http://www.jornada.unam.mx/2009/06/13/index.php?section=opinion&article=015a1pol).

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dos objetivos: ocupar los mercados de sus socios y desmantelar sus políticas internas de apoyo a los agricultores, así como sus conquistas sociales44.

Dentro del gobierno mexicano una corriente importante consideraba que la agricultura no tenía importancia económica y sólo valdría la pena concentrar esfuerzos en un sector dedicado a la exportación, aunque esto significara prescindir de la producción campesina y de la soberanía alimentaria45.

Uno de los principales efectos de las políticas neoliberales y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue la penetración y el fortalecimiento de las agroindustrias transnacionales 46 que paulatinamente y a través de la fijación de los precios de los productos y del control de su comercialización y distribución dominaron el sector agropecuario del país47 con el beneplácito y apoyo del Estado.

Durante los primeros diez años de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte las agroindustrias transnacionales tanto estadounidenses como mexicanas presionaron al gobierno de México para permitir la entrada de la oferta excedentaria de productos agrícolas de Estados Unidos sin ninguna restricción, a precios artificialmente bajos y apoyadas por créditos blandos para la exportación.48 A partir de su control del mercado doméstico las agroindustrias logran bajar los precios de los productos nacionales, que son su principal fuente de abastecimiento.49 El caso del maíz es ilustrativo pues es el principal alimento de la población, el cultivo que ocupa la mayor superficie sembrada y el mayor número de productores, principalmente campesinos con parcelas menores a cinco hectáreas, y supuestamente es un producto “privilegiado” por el modo en que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le otorgó el mayor plazo de liberalización (15 años).

Como un ejemplo paradigmático de la desviación del poder económico del Estado mexicano, éste permitió que ingresara al país, a partir de 1996, un volumen de importación inusitadamente alto y por arriba de la cuota estipulada en el Tratado, sin pagar ningún arancel, por medio del desplome de los precios del maíz de los agricultores mexicanos para beneficiar a las transnacionales –Cargill, Archer Daniels Midland ADM, Maseca, Minsa, Corn Products International, Arancia– principales importadoras, exportadoras, comercializadoras y distribuidoras del producto, así como a las fabricantes de alimentos balanceados para el ganado y a las propias agroindustrias pecuarias.50 En el caso de la ganadería las agroindustrias transnacionales dominan una amplia proporción del mercado nacional, del que han hecho casi desaparecer a los pequeños ganaderos o a los ganaderos ejidales, e incluso han instalado enormes plantas cuya producción no sólo es para el mercado interno sino para la exportación, ya que aprovechan

44 Luis Hernández Navarro, “Agricultura y TLC. La construcción de las contrapartes”, Cuadrenos del

Ceccam, No. 2, México, 1993.

45 Ibid.

46 USDA, ERS, Nafta at 15, Building on Free Trade, March, 2009.

47 Blanca Rubio, El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, IIS/UNAM‐Plaza y Valdés, 2004.

48 Ana de Ita, ¿Cuanta liberalización aguanta la agricultura mexicana?, Impacto del TLCAN en el sector agroalimentario, Cámara de Diputados, LVII Legislatura, Comisión de Agricultura, México, 2000.

49 Blanca Rubio, Op. cit.

50 Ana de Ita, Op. cit.

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la falta de regulación ambiental del país. Tyson, Pilgrim’s, Campi y Bachoco controlan el 75 por ciento del mercado avícola; Smithfield, IBP, Conagra, y Farmland absorben la mayor parte del mercado de carne de puerco y res.

En el caso de los cultivos tradicionales de exportación —el café y la caña de azúcar— el dominio de la producción por las agroindustrias transnacionales se opera también a partir de la reducción de los precios y de la sustitución de la producción doméstica que han provocado la quiebra de los ingenios cañeros y la de los productores, la migración de los cafetaleros, muchos de ellos indígenas.

Con las políticas agrícolas y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prioriza el apoyo al sector de exportación de cultivos no tradicionales como hortalizas, frutas y flores, que además insumen agroquímicos producidos por las mismas empresas transnacionales. Sin embargo este sector está también dominado por las agroindustrias transnacionales quienes controlan los canales de comercialización y distribución (brokers) y utilizan tecnologías de punta como un factor de competencia51. Las necesidades de inversión de estos cultivos son tan altas que excluyen a la mayoría de los productores y promueven una alta concentración empresarial. Por ejemplo, la producción industrial de jitomate, uno de los principales productos de exportación, actualmente también controla una amplia proporción del mercado interno, anteriormente absorbida por productores tradicionales de hortalizas.

La integración del mercado norteamericano a favor de las transnacionales es un hecho sin precedentes, que en todos los casos significó una transferencia de renta del sector campesino y empresarial a las agroindustrias transnacionales, con la mediación del Estado.

Estas corporaciones –que controlan el mercado agroalimentario mundial– someten a la agricultura a una subordinación desestructurante, altamente depredadora, que impide la reproducción de los campesinos y agricultores pequeños y medianos, inclusive empresariales y explica el ascenso de una reducida élite en el contexto de la quiebra generalizada del resto. Después de un periodo de sometimiento los productores se ven forzados a salir, los empresarios se desplazan hacia otras ramas productivas y los campesinos emigran a las ciudades o a Estados Unidos,52 mientras que la producción la concentran los grandes empresarios agrícolas y la dependencia alimentaria aumenta. Si en 1994 México era un país autosuficiente en materia alimentaria para el 2010 estábamos importando el 79 por ciento del arroz que consumimos, el 26 por ciento del maíz, el 48 por ciento del trigo, 95 por ciento de la soya, el 24 por ciento del sorgo, el 13 por ciento de la carne de res, el 42 por ciento de la de cerdo y el 16 por ciento de pollo.53 Además, las ventas que realizan en México las empresas transnacionales de Estados Unidos (que ascendieron de 6 mil millones de dólares en el 2003 a 7 mil 100 millones en 2005), superan a las exportaciones de alimentos de Estados Unidos a México.54

51 Blanca Rubio, Op. cit.

52 Idem.

53 Presidencia de la República, Quinto Informe de Gobierno Felipe Calderón Hinojosa, México 2011, con

datos de Sagarpa y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

54 Steven Zahniser, NAFTA at 13. Implementation nears completion, Economic Research Service, USDA, March 2007. p. 9 y Zahniser Steven, Nafta at 15 Building on Free Trade, Economic Research Service 2009.

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Uno de los objetivos originales de la política agrícola en el modelo de sustitución de importaciones durante el sexenio de Lázaro Cardenas (1934-1940) fue mejorar la capacidad de producción de la agricultura para garantizar la autosuficiencia alimentaria y apoyar el desarrollo industrial. El sector agropecuario se soportaba en una política agrícola compensatoria con gran intervención del Estado. La agricultura estaba protegida por permisos previos de importación controlados para garantizar que las importaciones únicamente complementaran la producción nacional. La definición de un precio mínimo de compra al productor precio de garantía fue considerado un instrumento esencial de la política de fomento a la producción y de seguridad de abasto de alimentos del campo a la ciudad55.

La operación del ISI requirió de un sistema de comercialización y distribución estatal, a cargo de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que tenía la obligación de comprar los productos básicos al precio de garantía definido por el Gabinete Agropecuario, si los compradores privados no accedían a pagarlo. Hasta 1989, la empresa pública Conasupo, compraba una parte de la producción nacional de doce cultivos: maíz, frijol, trigo, cebada, arroz, sorgo, soya, semilla de algodón, cártamo, copra, girasol y ajonjolí. También era el importador principal de estos productos. Conasupo operaba también la regulación de los precios a los consumidores pobres del campo y la ciudad, garantizando precios más bajos que los que ofrecía el mercado y asegurando el abasto de los productos a la mayoría de las zonas del país. Las actividades de Conasupo incluían la compra, el almacenamiento, el transporte, la transformación, la distribución y la venta al menudeo.

Las reformas neoliberales implicaron un proceso de cambios estructurales que incluyeron la privatización de las empresas públicas de transformación y comercialización de productos agrícolas, la sustitución de los precios y costos internos por los precios internacionales, la eliminación de los precios de garantía, el abandono de los subsidios ligados a la producción y su transformación en pagos directos a los productores, la apertura de la agricultura al mercado internacional. Los resultados de estas medidas fueron la reducción de los precios internos a los agricultores y campesinos, el aumento de las importaciones y las dificultades de comercialización de las cosechas.

Una nueva desviación del poder económico del Estado fue puesta en escena con el desmantelamiento del sistema de comercialización estatal Conasupo, el cual trajo como resultado el fortalecimiento y consolidación de las agroindustrias transnacionales dedicadas a la comercialización de los granos básicos (Cargill, ADM, Maseca, Minsa, Corn Products International, Arancia, Rice Tec, Country, Pepsico, etcétera). Estas corporaciones son las principales compradoras de las cosechas de los agricultores, las principales exportadoras desde Estados Unidos, las principales importadoras a México y tienen cada vez un mayor control de los mercados. Estas corporaciones fueron las causantes de la crisis de la tortilla a principios de 2007, cuando utilizando su control monopólico del mercado aumentaron el

55 Ricardo Solís, “Precios de garantía y política agraria. Un análisis de largo plazo”, Revista Comercio Exterior, Vol. 40, Num. 10, octubre de 1990, p. 924.

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precio del alimento básico entre 42 y 67 por ciento56.

La desaparición de las empresas estatales productoras y distribuidoras de insumos agropecuarios permitió el fortalecimiento de empresas transnacionales: Albamex, productora de alimentos balanceados pecuarios, fue sustituida por Anderson Clayton y Purina; la Productora Nacional de Semillas (Pronase) dio paso a Monsanto, Dow AgroSciences y DuPont-Pioneer, entre otros. Los sistemas de distribución al menudeo, sin ninguna competencia estatal se han concentrado en muy pocas firmas, la mayoría transnacionales como Wal-mart, Sam’s Club, Costco, etcétera.

La forma en la que el gobierno mexicano ha distribuido los subsidios al sector agrícola es un claro ejemplo de desviación del poder económico. Los resultados de la investigación coordinada por Fox y Haight en 201057, muestran que los subsidios a la agricultura en México son sumamente regresivos. Desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte los subsidios agrícolas funcionan como un “proteccionismo selectivo“ ya que los recursos destinados a la fortalecer la producción (PROCAMPO y ASERCA) se concentran entre el 10% de los agricultores más grandes y relegan a los pequeños, en su mayoría campesinos, al programa de beneficencia social Oportunidades( Progresa in 1997), el cual incluye una educación básica de baja calidad, servicios de salud erráticos y pagos de asistencia social pero que no promueve las actividades productivas ni la generación de empleo. Estos autores concluyen que los subsidios destinados al sector rural son un factor determinante de la desigualdad en México (Fox y Haight, 2010: 77).

Procampo, inicia operaciones en 1993 con la intención de compensar las pérdidas generadas por el libre comercio sobre todo entre los pequeños productores. Sin embargo, el programa está diseñado para pagar más a quien tiene más tierra y los productores que cuentan con tierras de riego tienen el privilegio de recibir dos pagos anuales (Fox y Haight, 2010: 8). Por razones que no quedan claras, señalan estos autores, el programa excluye a la mayoría de los agricultores de más bajos ingresos: únicamente llega al 7% de los que tienen menos de 1 ha, al 19% de los que tienen de 1 a 2 ha y al 39% de los que tienen de 2 a 5 ha (Fox y Haight, 2010: 21). Según los censos ejidales 1991 y 2007, estos productores con hasta cinco hectáreas representan más del 60% de las unidades de producción agrícola en el país.

Los dos programas que siguen en importancia a PROCAMPO, encargados de subsidiar la comercialización y las inversiones productivas, también privilegian al pequeño número de agricultores más grandes del país y los grandes apoyos destinados a la comercialización van directamente a grandes empresas procesadoras y comercializadoras como Cargill y Maseca. Ingreso Objetivo (ahora Apoyos Compensatorios), es un programa que paga la

56 Luis

Hernéndez Navarro, La nueva guerra de la tortilla; The New Tortilla War, Programa de las Américas del International Relations Center (IRC), June 3, 2007; Luis Hernández Navarro, “Tortilla: la quiebra de un modelo”, La Jornada, 16 de enero 2007. Luis Hernández Navarro, “Cargill, el maíz de sus tortillas, en La Jornada, 30 enero, 2007. de Ita Ana “Fourteen Years of Nafta and the Tortilla Crisis”, Americas Program, 1 abril, 2008.

57 Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio.

Woodrow Wilson International Center for Scholars.

México.

Disponible en www.wilsoncenter.org/DesarrolloRuralMexicano

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diferencia entre los precios nacionales y de importación de granos a un reducido grupo de agricultores comerciales. Es decir los grandes productores beneficiados por este programa están protegidos contra la competencia internacional mientras la mayoría de los productores está expuesta. En el reporte realizado por Fox y Haight, se señala que de acuerdo con la listas oficiales de beneficiarios de ASERCA entre el año 2000 y 2009 solamente 4 estados del norte concentraban 72.6% de los pagos totales de Ingreso Objetivo: Chihuahua 34.7%, Sonora 14.4%, Baja California 14.3% y Coahuila 10.9% (Fox y Haight, 2010: 26).

Considerando en conjunto los principales programas de apoyo agrícola administrados por SAGARPA, el 43% de los recursos se concentran en cuatro estados en donde predominan los agricultores comerciales tecnificados con baja participación en el empleo agrícola: Tampico ( 15%), Sinaloa (10.3%), Sonora (9.1%), Chihuahua (8.8%). En contraste, los estados más pobres (Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero) que representan una proporción importante del empleo agrícola reciben una porción mucho menor de los recursos de SAGARPA pero concentran los recursos del programa de asistencia social Oportunidades (Fox y Haight, 2010: 13).

9. La deformidad general de la economía mexicana Queremos proponer, como marco de referencia de nuestro trabajo de documentación aquí iniciado, la idea de que el Estado mexicano ha desviado la totalidad de su extraordinario poder económico no sólo al desatender sus obligaciones para garantizar el funcionamiento vital de los procesos de producción, la distribución y el consumo de la riqueza nacional sino, sobre todo, porque ha procedido a castigar la articulación reproductiva de cada uno de esos tres momentos, dañando así la vida productiva y reproductiva de la población y de la nación, en vistas a ofrecer beneficios exclusivos y excluyentes para los más poderosos grupos empresariales de México y el extranjero, sin que a dichos grupos importe la cauda de violencia generalizada que provoca ese modo negativo de organizar la producción, el comercio, el consumo, la reproducción, la migración, el medio ambiente, el desempleo, el subempleo y la economía criminal.

La desviación del poder económico del Estado mexicano es tan profunda que ha ocasionado el castigo y la tortura sistemática de todos los momentos del proceso de reproducción, al modo de una subordinación y entrega sin límite aparente de los procesos de extracción de cada uno de los recursos naturales estratégicos de la nación; como proceso de desindustrialización y su suplantación con actividades industriales automotrices y maquiladoras; como control productivo y comercial de la producción agropecuaria indígena, campesina y de pequeña y mediana propiedad, como contaminación in situ del maíz mexicano en diversas regiones de México por cuenta del maíz transgénico y como apertura de campos experimentales de esta variedad lesiva y deforme del maíz estadounidense, como desplazamiento de todas las actividades comerciales populares, como eliminación masiva de las fuentes de empleo y como desregulación de todas las formas de abuso de la naturaleza y de los modos de consumo.

La destrucción del maíz como una fuerza productiva y reproductiva milenaria, como base de la cultura nacional y como base de cualquier proyecto nacional de reconstrucción nacional merece una observación aparte, por el modo en que representa las profundidades económicas y culturales que implica el crimen del Estado mexicano desviando su poder

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económico, político y cultural. El estado mexicano no conforme con la apertura de las tierras al proceso de privatización y concentración de la riqueza, con la anuencia y promoción dolosa de diversos tipos de invasión oficial, privada y criminal de los territorios indígenas, con la apertura de todos los circuitos de alimentos a los poderes transnacionales, etc., se lanzó finalmente a criminalizar primero las plantas medicinales tradicionales y luego las semillas campesinas ancestrales, su custodia y libre intercambio no comercial entre las comunidades, como una de las estrategias de desarrollo y supervivencia de las comunidades campesinas. Base sobre la cual se promueve desde 2001 la invasión transgénica legal que ha comenzado a contaminar las 62 razas y las miles de variedades de maíz que existen en México, de modo el campesinado no pueda sacarse de encima esta nueva forma de control biológico.

Este proceso general de control y castigo de los procesos nacionales de producción, distribución y consumo ha ocasionado —como en ninguna otra parte del mundo— una destrucción excepcional de todas las fuentes de empleo y una depresión tan profunda de los ingresos que ha producido el mayor flujo emigratorio del mundo,58 pero también el hecho de que tres de cada cuatro empleos en México sean informales y opere en nuestro país una de las economías criminales más poderosas del mundo, al parecer, con un nivel de incidencia excepcional dentro del producto interno bruto nacional.59 Así, la casi total desaparición de los procesos de producción, distribución y consumo de la riqueza nacional y su reemplazo transnacional, ha causado la emergencia de procesos económicos completamente anómalos como la masiva emigración laboral y su descomunal inyección de remesas hacia la economía nacional, la también descomunal pero oculta informalidad y precariedad laboral,60 así como el crecimiento de todas las figuras de la llamada economía criminal.

La desaparición forzada de las formas básicas de la producción, la reproducción y el desarrollo económico, el ocultamiento de este cadáver económico, se puede constatar al

58 Al respecto, resulta elocuente lo señalado por el Banco Mundial, el cual afirma que México es el

mayor expulsor de migrantes del planeta, por encima de China, Pakistán e India, La Jornada, 16 de abril de 2007. Disponible en internet en: http://www.jornada.unam.mx/2007/04/16/index.php?section=politica&article=003n1pol.

Para mayor información sobre el problema migratorio en México cfr. Peña (2009).

59En la actualidad, 28 millones de mexicanos trabajan en la informalidad lo que equivale al 60% de la población económicamente activa. Cf. Arturo Ortiz Wadgymar, México en Ruinas. El impacto del libre comercio. UNAM–IIE, 2010, p. 173.

60 En materia sindical, de los 40 millones de personas, que supuestamente están empleadas formalmente, sólo el 10% está afiliada a un sindicato, el resto está en la absoluta indefensión, o sea que considerando a los trabajadores informales alredodor de 60 millones de trabajadores no tiene ninguna instancia de organización que les permita la defensa de sus derechos humanos laborales y la posibilidad de luchar por un ingreso justo. A pesar de que en México está prohibido el trabajo infantil para menores de 14 años, en 2009 había 3 millones 14 mil 800 personas de 5 a 17 años, de los cuales 67% son niños y 33% niñas, lo que significa que el 11% de los niños y niñas de entre de esas edades están ocupados, de un total de 28 millones 247 mil 936 niños y niñas. De los niños y las niñas ocupados, 25% recibe hasta un salario mínimo, 24% de uno a tres salarios mínimos, el 2% recibe más de tres salarios mínimos y 47% no percibe ninguna remuneración. El 16% aportan la mitad o más de su salario al hogar y el 32% laboran 35 horas y más a la semana. Cf. Acusación del grupo promotor de trabajo de la Audiencia Violencia contra los trabajadores, 2012.

50

observar cómo las instituciones públicas y los poderes fácticos se han confabulado para ocultar todos los procesos de precarización, depauperación, marginación e, incluso, exclusión extremas, la creación de decenas de millones de desempleados, indigentes y migrantes, bajo el manto de un descarado maquillaje epistemológico de las cifras oficiales, que se complementa fácticamente con el enganchamiento forzoso de la población en calidad de consumidores dentro de los nuevos malls del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ofrecen bienes y servicios desregulados, en su gran mayoría nocivos. La destrucción sistemática de la estructura productiva y distributiva nacional ha derivado también en la construcción de nuevas formas del consumo que incita a los consumidores a adquirir créditos irresponsablemente, pero también adictivo. Reducción cuantitativa y degradación cualitativa del consumo que economistas y propagandistas neoliberales presumen como la prueba del ingreso definitivo de los mexicanos al mundo de la modernidad americana.

Sin embargo, la desfiguración completa del proceso de reproducción económica del país cometida calculadamente por el Estado mexicano, que incluye el castigo y degradación integral de la producción (industrial y agropecuaria), la distribución de la riqueza y el consumo nacional, aunque ha propiciado un profundo malestar histórico social que se ha manifestado en las grandes revueltas sociales de 1988, 1994-2001 y de 2006, así como en las crisis económicas de 1995 y 2001, misteriosamente no ha desembocado en el colapso final de la economía mexicana. Lo cual posiblemente se explique por la presencia de una suerte economía paralela, anómica o incluso espuria, que sirve para dotar de decenas de millones de “empleos” y fondos de consumo extraordinarios a la maltrecha economía real.

Es el caso de la economía migratoria arriba mencionada (que abarca a 35 millones de mexicanos si consideramos a la 1ª y 2ª generaciones de compatriotas nacidos en Estados Unidos)61, que se complementa con esas otras dos tumoraciones económicas, también aportadoras de importantes recursos dentro de la economía “normal”, como son la economía informal (con 28 millones de trabajadores) y la economía criminal (de la que inexplicablemente no existen informes ni cifras oficiales de ningún tipo).

El crimen económico general cometido por el Estado mexicano, en coautoría y con la participación de otros Estados, instituciones financieras internacionales y múltiples grupos empresariales trasnacionales, se consuma, por un lado, por medio de la banalización o minimización de todo lo perdido,62 por el otro, a través de las nuevas formas de generar

61 De estos 35 millones, 11.5 millones son migrantes legales nacidos en México, 7.5 millones son indocumentados y 18 millones son personas de origen mexicano naturalizados o nacidos en Estados Unidos. Cf. Acusación del grupo promotor de trabajo de la Audiencia Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado, 2012.

62 Para muestra, un botón: en marzo de 2011, al ser cuestionado sobre su opinión respecto a la decisión del gobierno de Felipe Calderón de autorizar el sobrevuelo de aviones militares estadounidenses no tripulados (drones) dentro del espacio aéreo nacional, el exsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Vicente Fox —Jorge G. Castañeda— dijo que dicha decisión del gobierno “no constituía una violación de la soberanía nacional. […] Indicó que es facultad del Ejecutivo tomar la decisión de hacer esta ‘cesión de soberanía voluntaria’, que se enmarca en un acuerdo de cooperación bilateral” (Silvia Otero, “Expertos niegan ataque a la soberanía”, en El Universal, México, 17 de marzo de 2011.

Disponible en Internet: http://jorgecastaneda.org/index.php?newsId=B29A644C‐F46D‐8D56‐594C‐ C5714E593646). En otras palabras, aunque la Constitución mexicana no otorga atribución alguna al poder Ejecutivo (ni al Legislativo o Judicial) para hacer “cesiones voluntarias de soberanía”, la traición a

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riqueza civilizatoria y culturalmente deformadas. Bajo la nueva cultura económica del libre comercio, el Estado mexicano procede regularmente a intentar convencer a la sociedad de que la descomunal migración y sus remesas son formas de funcionamiento normales (incluso benéficas) e irreversibles de nuestra economía, sin considerar siquiera el sufrimiento humano y cultural o las muertes de miles de personas que el éxodo migratorio ha generado, sigue produciendo y ocasionará en el futuro. La migración masiva de los mexicanos se erige entonces como una especie de paraguas de la economía anómala y de la irracionalidad estatal dentro de la cual se re-banalizan las otras dos formas extremadamente autodestructivas de la “nueva economía” mexicana: la informalidad y el crimen, a las que, si bien se las considera oficialmente como elementos indeseables, se los presenta dolosamente como efectos “imprevisibles”, pero sobre todo como acontecimientos ya económicamente “incorregibles” dentro de la nueva normalidad anormal de la economía.63 De ahí la inexplicable negligencia que lleva al Estado mexicano a desatender la investigación de todos los flujos de lavado de dinero,64 pero también la inexplicable falta de programas reales de atención a la población crecientemente adicta, o bien los curiosos debates que suceden entre los propios oligarcas y políticos profesionales en torno a la posible legalización del consumo interno de las drogas (entre ellos dos expresidentes: Ernesto Zedillo y Vicente Fox).

Todo esto contrasta con el implacable cinismo con el que los medios, las élites políticas y económicas y, finalmente, las sucesivas legislaturas promueven todas las reformas, la promulgación de nuevas leyes y normas encaminadas a criminalizar tanto a la pobreza como a la protesta, así como a convalidar los procedimientos con que el Estado mexicano pretende convencer a la sociedad de la obligatoria necesidad de incrementar el gasto público destinado al agrandamiento y fortalecimiento de las policías, el ejército, las cárceles, los aparatos de vigilancia y espionaje político, o bien, para solicitar préstamos a la endrogada economía militarizada de Estados Unidos para que nos ayude en la aplicación

la patria que implican estas disposiciones de la Constitución pueden simplemente ser ignoradas por el Ejecutivo alegando un acuerdo bilateral.

63 Las 570 mil personas por año que han dejado el país entre el 2000 y 2006 son un dato suficientemente elocuente sobre la magnitud del fenómeno, el cual presenta diferentes aristas migratorias con un nivel de complejidad desconocido en la historia de México: a) La migración México‐ Estados Unidos; b) la transmigración centroamericana en México; c) los jornaleros agrícolas mexicanos temporales en Canadá y la política de criminalización y vulneración de los trabajadores que Canadá comparte con Estados Unidos; d) la emigración masiva de campesinos y comunidades indígenas, como jornaleros agrícolas y como fuerza de trabajo dirigida hacia las ciudades o hacia centros agrícolas desarrollados en el centro y norte del país; e) la migración de los niños de la calle de una ciudad a otra recorriendo todo el país y ; f) los llamados desplazamientos forzados, entre los cuales se podrían considerar casos emblemáticos como lo ocurrido en Acteal, Chiapas o en Ciudad Juárez, donde la violencia y violación de los derechos de los pueblos ha llevado a la migración forzada de las comunidades o de los habitantes de importantes ciudades.

64 “En relación con la eficacia general del sistema [de procuración de justicia mexicano], debe apuntarse que, aparte del bajo número de procesos por lavado de dinero en general, no ha habido una sola sentencia resultante de investigaciones financieras complejas derivadas de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), recibidos por la PGR. En efecto, sólo ha habido dos acusaciones vinculadas a los informes de la UIF”. Fondo Monetario Internacional, Mexico: Detailed Assessment Report on Anti‐Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Washington, enero de 2009, p. 70.

Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr0907.pdf.

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transfronteriza de irregulares programas de seguridad, que terminan retroalimentando el ingreso de armas ilegales y legales a nuestro país, etcétera. (Acusación del grupo promotor de trabajo de la Audiencia Guerra Sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia, 2012).

Toda esta deformidad real forma parte de la entrega de la soberanía territorial y de zonas clave para la reproducción de la Nación mexicana: los territorios donde se emplazan las redes de infraestructuras desnacionalizadas; los territorios de los corredores urbanoregionales realmente operantes (como son los ferrocarriles del noroeste y del noreste en manos del capital estadounidense o las carreteras transpacíficas del norte del país); las redes portuarias y aeroportuarias y las redes energéticas (oleoductos y gasoductos) en manos del capital español. Pero también los territorios de los recursos estratégicos, yacimientos y reservas petroleros, gaseros, mineros, las Áreas Naturales Protegidas de la biodiversidad, los principales recursos hídricos y todos los campos destinados a la siembra (primero experimental, después comercial) de maíz transgénico; los territorios fronterizos y las playas (en los que la población fronteriza padece desplazamiento forzado y donde las zonas de potencial turístico de todo el país son rematadas a los compradores de las Escaleras Naúticas y megaproyectos hoteleros); además, todos los territorios y cuencas ambientalmente sacrificados, sin olvidar los territorios destinados a alojar las veladas bases militares del Plan Mérida.

Todo este proceso de fragmentación y cesión de soberanía ha sido acompañado por el Estado mexicano con la des-regionalización sistemática de las políticas públicas, que se refleja en el ataque a la economía radial (orquestado por el tecnócrata Santiago Levy), y en la subordinación fragmentada de varias regiones de México (refuncionalizadas) a las regiones estadounidenses de Florida en el Oriente, el Mississippi en el Istmo, del centro de México a la región central de Texas y del noroeste mexicano al Pacífico estadounidense. A ello habría que añadir, finalmente, la fragmentación del territorio nacional por cuenta del crimen organizado (que no sólo aterroriza territorialmente a los pueblos, sino que, al imponer demarcaciones por medio del derramamiento de sangre convierte a segmentos del territorio nacional en espacios de “control fiscal” de la economía criminal, de la expansión de los mercados pirata, de la ordeña de las infraestructuras, etcétera), lo cual muy posiblemente ya forme parte de una ingeniería de conflicto fríamente administrada desde Washington.

C. La desviación del poder político del Estado mexicano 1. Qué entendemos por desviación del poder político del Estado Nuestra acusación al Estado mexicano por desvío de poder, en este momento de la argumentación, requiere explicar el modo en que el castigo y la desfiguración extremas de las necesidades económicas impuestas por el neoliberalismo y sus políticas de libre

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comercio no podrían haberse cumplido si al mismo tiempo no se hubieran acompañado de otro desvío específico, sistemático y excepcional, el del poder político del Estado mismo.65 Entendemos que este desvío del poder político del Estado mexicano está integrado por un conjunto de actitudes anómalas (que como decíamos mas arriba comprenden desde el abuso de mandato hasta la instrumentalización de las leyes e instituciones) desplegadas por los políticos gobernantes y poderes en turno, que mediante actos de corrupción, manipulación de instituciones, uso abusivo de derechos, omisión legislativa, legalización de la injusticia y la barbarie, o aplicando una falsa ciudadanización del Estado, emplean las atribuciones y poderes de la institución para encausar sesgadamente la libertad de acción de la misma y para favorecer unilateralmente la libertad de actuación de poderosos grupos empresariales nacionales y extranjeros, o bien para dotar de una mayor libertad al propio Estado.

Actuación sesgada que adicionalmente se la dirige: 1. En contra de la generación, reparto, ejercicio, reproducción y desarrollo de las libertades del pueblo en su conjunto.66 2. En contra del derecho del pueblo a existir, a la identidad nacional y cultural, a conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar a él si ha sido expulsado, el derecho exclusivo sobre sus riquezas y recursos naturales, el derecho a recobrarlos si ha sido expoliado y a cobrar las indemnizaciones injustamente pagadas, el derecho de poderse liberar de toda dominación colonial o extranjera, el derecho a un régimen democrático que represente al conjunto de los ciudadanos, así como el derecho a participar del progreso científico y técnico como parte del patrimonio común de la humanidad;

65 Entendemos por el poder político del Estado la fuerza excepcional que las instituciones y el Derecho

internacional le reconocen histórica y geográficamente a esa institución, al modo de diversas y crecientes funciones que hacen del mismo el actor más grande y complejo que se puede encontrar dentro de la vida política de cualquier nación. Se trata de un actor político excepcional que incluso puede llegar a representarse como el escenario mismo de la política moderna, o bien como el factor delimitante y excluyente de toda actividad política, y esto, por el modo en que está dotado de la mayor cantidad de recursos e instrumentos que se pueden reunir dentro del campo de la acción política. El Estado moderno antes de monopolizar el uso de la violencia —supuestamente legítima— detenta la producción normativa: la capacidad de definir el Derecho y la capacidad de obligar a su acatamiento. El Estado monopoliza adicionalmente la producción de un discurso oficial que hace las veces de una ideología histórica auto justificante.

66 El desvío universal del poder político que trae aparejado el neoliberalismo en todo el mundo tiene como un componente central la necesidad de fragmentar exhaustivamente a los sujetos sociales, lo que implica el desmantelamiento sistemático de todas las formas de organización colectiva, sean las formas ancestrales de las comunidades campesinas e indígenas o sean las formas más modernas de resocialización anticapitalista propias de los obreros, los habitantes de las ciudades, los jóvenes, las mujeres, etcétera, o de los mismos campesinos. Proceso de fragmentación política que ha sido cuidadosamente diseñado por el poder económico y político mediante una ingeniería de fragmentación económica que ha sido dolosamente aplicada desde la base social promoviendo las debilidades previas de todas las formas de cohesión popular (de los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones colectivas barriales, los ejidos, las comunidades agrarias, las comunidades indígenas ancestrales, etcétera), acelerando artificialmente su descomposición y promoviendo premeditadamente en su lugar y en todos lados que sólo prospere la libertad mezquinamente entendida como la libertad fragmentada de los individuos privatizados y sus respectivos derechos ciudadanos minimizados.

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3. En contra del derecho y la libertad popular de auto-determinarse, de poder optar por el sistema económico y social que el propio pueblo elija, de buscar vías propias de desarrollo económico, en libertad y sin injerencia exterior; 4. En contra de la libertad de optar por un modelo político propio, que refuerce el desarrollo de la libertad y la esperanza históricas; en contra del derecho de autodeterminación de su propio estatus político de manera tal que le permita asegurar el despliegue efectivo de los derechos fundamentales. 67 En la desviación del poder político del Estado las restricciones a las libertades no responden a la necesidad de resolver ningún interés público, ni ninguna emergencia histórica real, pues se trata de restricciones de derechos fundamentales y de manipulaciones diseñadas en vistas a la restitución de privilegios aristocráticos, de dinámicas de exclusión extrema e incluso de la perpetración de crímenes de lesa humanidad como son la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada o el exterminio.

La desviación de poder político del Estado procede del abandono que lleva a cabo esta institución en su tarea general de expresar y actualizar la articulación de la vida política del todo social. De manera que el Estado deja de apuntalar el proceso general de producción y reproducción de lo político en cuanto tal, como aquello que incumbe al fin y la estructura misma del Estado. Tal deformación de la política implica una degradación, un reconocimiento simbólico o una simulación sublimada, una restricción, e incluso una anulación de los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos.

La desviación del poder político en la época actual y particularmente en México debe necesariamente ser considerada como un resultado posible no sólo de una actuación arbitraria y circunstancial de los políticos que administran el Estado, sino de acontecimientos históricos ligados estrechamente a la desviación de su poder económico.

En primer lugar porque esta desviación del poder económico institucional sólo puede ocurrir mediante la necesaria transformación de la Constitución y de las instituciones públicas. Lo cual induce un primer tipo de desviación necesaria del poder político, en tanto vuelve obligatoria la intervención combinada de diversos órganos constituidos.

En segundo lugar, no es posible desviar de forma sostenible las funciones vitales del poder económico del Estado si no coincide con una desviación del poder político. Lo que implica que no se puede interferir de forma consistente en contra de la economía y en contra del papel económico del Estado, es decir, en contra de la gestión y satisfacción histórica de las necesidades de los pueblos, si no se interfiere y desvía la gestión política de las libertades de los individuos y las colectividades.

Nuestra acusación busca establecer que en el México actual viene ocurriendo hace tres décadas un desvío de poder excepcional, que puede ser identificado nítidamente en el origen, el reparto, el ejercicio, la reproducción y el fin del poder mismos. Lo que ha redundado en una catastrófica desfiguración general de la vida política de la sociedad mexicana, en su capacidad de decidir el futuro nacional y el ejercicio de la soberanía.

67 Cf. Tribunal Permanente de los Pueblos, Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Argel, 4 de julio de 1976. Disponible en www.filosofia.org/cod/c1976pue.htm.

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2. Algunas causas estructurales de la desviación del poder político Las causas que anteceden la irrupción del neoliberalismo en México no sólo son importantes fuerzas en nuestro pasado que permiten explicar la génesis histórica de algunas premisas de nuestra situación actual, pues también se trata de fuerzas que siguen operando a favor de la desviación del poder del Estado mexicano en nuestro presente.

La cultura política mexicana esta marcada por una historia propia de dominaciones imperiales y servidumbre, rastreable incluso desde la época precolonial, a lo cual habría que añadir el secular y asimétrico asedio geopolítico y militar de Estados Unidos sobre nosotros. Acoso que se corresponde con la actitud servil y entreguista, también histórica, de importantes grupos de la derecha y el empresariado mexicanos. Todo esto en el contexto de una progresiva y al parecer irrefrenable decadencia económica y política del imperio que viene operando de forma cada vez más visible desde hace aproximadamente medio siglo.

No obstante, una explicación seria y actual de la presente desviación del poder político del Estado mexicano requiere, adicionalmente, tener en cuenta de forma muy rigurosa la más reciente aplicación de estrategias geopolíticas específicamente dirigidas a controlar la economía y la política mexicanas. Ha sido el caso de las iniciativas de la segunda postguerra del siglo XX destinadas a la subordinación puntual de numerosos funcionarios públicos mexicanos.68 Y sobre aquel programa neoliberal de reparto de generosas coimas descrito por Joseph Stiglitz, estratégicamente acompañado de un agresivo giro cultural y

68 Los presidentes priístas Miguel Alemán Valdés, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, fueron, todos, abogados egresados de la Escuela Nacional de Jurisprudencia o de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, Miguel de la Madrid fue el primero que estudió un posgrado en Estados Unidos, donde realizó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Carlos Salinas se formó como economista en la Facultad de Economía, luego, en Harvard, estudió una maestría en Administración Pública y otra en Economía Política, así como un doctorado en Economía, Política y Gobierno. Ernesto Zedillo también estudió economía, pero en el IPN, y también hizo un doctorado en ciencias económicas en Estados Unidos, sólo que en la Universidad de Yale. El presidente panista Felipe Calderón estudió en la Escuela Libre de Derecho, hizo una maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y otra en Administración Pública en Harvard. (Vicente Fox, que es la excepción sólo figuró como gerente regional de la Coca Cola para América Latina antes de comenzar la carrera política que lo llevó a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos). Estos cambios evidentes en la formación académica de los presidentes mexicanos no fueron para nada azarosos. Todo lo contrario, fueron cambios ubicables y comprensibles dentro del proyecto de privatización, desregulación y libre comercio con que el Estado mexicano pretendió afrontar la crisis económica en que derivó el proceso de industrialización por sustitución de importaciones. O incluso se puede decir que forman parte de un proyecto secular de dominación, tal y como lo muestra la siguiente declaración: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta controlar a un solo hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que ello eso llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo: debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de administradores competentes. Con el tiempo, estos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros.” Declaración de Robert Lancing exsecretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos (1915‐1920), hecha en 1924. Cf. Guillermo Zermeño Padilla, EUA. Documentos de su Hisotria Socioeconómica, México, Instituto Mora, 1988.

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académico, que permitió la aceptación social de un sistema de creencias doctrinarias basadas en los teoremas de la economía neoclásica, los postulados políticos de la rational choice (elección racional) y la “cooperación estratégica”, así como los principios pragmáticos de la argumentación jurídica orientada hacia el litigio estratégico. Creencias que cándidamente compartieron intelectuales y personalidades religiosas, políticas o civiles del país sin necesariamente haber recibido algo a cambio. Transformaciones ideológicas que resultaron claves para la reeducación orgánica de la clase política mexicana, gracias a la cual fue posible suplantar a las viejas generaciones de políticos y burócratas con nuevas camadas de funcionarios públicos educados en universidades estadounidenses y convencidos motu proprio de la inamovible pertinencia del individualismo metodológico, economicista, instrumentalista y judicialista, en la planificación y programación de la llamada “gobernanza”.69 Como culminación de este relevo generacional y cultural de la élite política mexicana, se efectuó un progresivo y meticuloso desmantelamiento estratégico de la Constitución, constatable a partir de la exagerada cantidad de reformas que se le han realizado al texto constitucional durante los últimos cinco sexenios y del carácter profundamente reaccionario de muchas de ellas.70

69 La palabra inglesa governance y la francesa gouvernance aparecen en el siglo XIII como equivalentes de gobierno. El término inglés reaparece en el lenguaje moderno equiparado a governing, para referirse al proceso de gobierno. A finales de la década de los ochenta, governance se integró al vocabulario usado en los informes del Banco Mundial para referirse a un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico, que se caracterizaría por una mayor cooperación e interacción entre el Estado y otros actores al interior de redes de decisión mixtas público‐privadas. En el ámbito internacional la gobernanza o gobernancia tiene que ver con múltiples actores no reducibles al sistema de Estados nacionales. Tanto en su dimensión interna como en la externa, la gobernanza nos remite al papel tan importante que juegan las empresas y las organizaciones no gubernamentales, asociadas y coordinadas con las instancias tradicionales de gobierno, en la implementación de políticas y la prestación de servicios públicos. En todo caso, la gobernanza se relaciona con la imposición del neoliberalismo: en un primer momento el concepto fue utilizado para criticar la intervención del Estado en la economía y reivindicar, entonces, los principios del mercado y la organización horizontal (la regulación no estatal de las relaciones y procesos sociales). En la década de los noventa apareció, finalmente, en documentos del Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos la expresión good governance para referirse a las características que debe tener un Estado para facilitar el buen funcionamiento del mercado. Cf. Paolo Colombo, Gobierno, Nueva visión, Argentina, 2003, pp. 130‐132; José María Serna de la Garza, Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el Derecho público, UNAM, México, 2010, pp. 21‐51 (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2818/5.pdf); y, “Reflexiones sobre el concepto de ‘gobernanza global’ y su impacto en el ámbito jurídico” en Luis Díaz Müller (coord.), V jornadas: crisis y derechos humanos, UNAM, México, 2010, pp. 23‐41 (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2897/3.pdf).

70 Pese a la reivindicación oficial del Estado de Derecho y de los ya caricaturescos principios de supremacía, rigidez e inviolabilidad constitucional, hasta febrero de 2012 se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación 201 decretos de reformas constitucionales. La primera reforma data de 1921 y recayó sobre el artículo 73, que es el que en más ocasiones ha sido modificado, sumando hasta ahora 63 reformas. En total y sin contar los transitorios se han modificado 107 artículos, por lo que solamente 29 se han mantenido en su estado prístino. Como dato curioso, en menos de dos días el artículo 4 fue reformado en tres ocasiones: dos veces el 12 de octubre de 2011 y una vez más el día 13.

Sin contar las fe de erratas ni las reformas sobre artículos trasnsitorios, los sexenios en los que se han modificado más artículos constitucionales fueron: el de Ernesto Zedillo con 73 a través de 27 decretos,

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Las contrarreformas neoliberales fueron posibles gracias a la conjunción de vicios de origen. Por principio, un deficiente procedimiento de revisión constitucional previsto en el artículo 135 de la ley fundamental, que no establece mayores condicionamientos ni límites materiales expresos a la actuación de los órganos constituidos que participan en él. Sin mencionar la inexistencia de medios jurídicos útiles para echar atrás las decisiones ilegítimas resultantes, pues en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha decidido a reconocer la necesidad de controlar la constitucionalidad de una reforma constitucional, lo que ha llevado al máximo tribunal del país a tolerar, cuando no a convalidar, múltiples actos notoriamente anticonstitucionales y a contemplar sin más la legalización de atroces injusticias. 71 Aunado a ello, una errada interpretación que los doctrinarios mexicanos serviles al partido en el poder o al Presidente en turno han hecho de la letra del artículo mencionado, pues al no distinguir entre las decisiones políticas fundamentales y las normas constitucionales que las expresan jurídicamente, han sido incapaces de reconocer los límites lógicos implícitos de todo ámbito competencial.

Finalmente, tal precariedad técnica ha sido oportunamente instrumentalizada por los poderes salvajes, resultando todo ello en una usurpación de la soberanía popular y un secuestro del poder constituyente a favor de la institución presidencial y los intereses que ésta representa.72 A la par que se han concentrado en anular el contenido social de la Constitución y cancelar su proyecto revolucionario original, así como derrumbar sus contados pero “amables” desarrollos institucionales construidos durante buena parte del siglo XX, las contrarreformas neoliberales han insistido en las modificaciones electorales como la vía franca para la construcción de un sistema político aparentemente democrático. Asimismo, luego de la alternancia en el año 2000, han puesto énfasis en la necesidad de consolidar la transición y llevar a cabo una renovación institucional que permita la gobernabilidad democrática, urgencia última de los políticos mexicanos.73

el de Felipe Calderón con 71 artículos (hasta ahora) mediante 31 decretos, el de Miguel de la Madrid con 58 a través de 20 decretos y el de Carlos Salinas con 47 mediante 14 decretos. De los 201 decretos de reformas que se han expedido el 54.7%, 110, han tenido lugar durante la época del libre comercio, es decir, en los últimos cinco sexenios. Sobra decir que precisamente han sido éstos los decretos que contuvieron las contrarreformas mortales para la vida económica y política de los mexicanos.

71 En su resolución de la controversia constitucional 82/2001 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió la improcedencia de este medio de control para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, y esto porque el “órgano reformador” posee una naturaleza jurídica singularísima, además de que las normas constitucionales no están comprendidas en la expresión “disposiciones generales” del artículo 105, fracción I. De esta manera, haciéndose a un lado, dicho tribunal convalidó el decreto del 14 de agosto de 2001 conocido como contrarreforma indígena (La sentencia puede consultarse en: http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=17281&Clase=DetalleTesisEjecutorias).

72 Miguel Covián Andrade, Diez estudios antidogmáticos sobre el sistema constitucional mexicano, CEDIPC, México, 2009.

73 Cf. Juan José Carrillo Nieto, “La transformación del proyecto constitucional mexicano” en Política y cultura, número 33, 2010, México (http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/8‐475‐ 6862umh.pdf); Miguel Covián Andrade, La Constitución mexicana del siglo XXI, CEDIPC, México, 2006; ¿Cómo transformar el sistema político sin reformar el Estado social?, CEDIPC, México, 2008; Luis Javier Garrido, “El desmantelamiento de la Constitución mexicana de 1917” en AA.VV. ¿Qué es la Constitución mexicana, por qué y para qué reformarla?, Porrúa, México, 2002, pp. 93‐108.

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3. La destructiva desviación del poder contra la vida política de México Bajo las circunstancias excepcionales de manipulación y exclusión social extrema impuestas a México por el neoliberalismo según el Consenso de Washington, el Estado mexicano también desvía su poder político de una forma integral. Lo que quiere decir que ha desviado el poder en la totalidad del proceso de reproducción y desarrollo de la vida política, no sólo en el ámbito del Estado sino incluso de la sociedad civil.

De ahí que estas desviaciones se las haya padecido en México desde los momentos e instancias productivas de origen del poder político mismo, pasando por el reparto y distribución de ese poder, hasta los momentos e instancias finales donde se consuma el ejercicio del gobierno. Procederemos al análisis desglosado de estos momentos particulares en la medida en que ello nos permitirá observar varias formas de desviar el poder político que despliega el Estado mexicano en vistas a apuntalar, complementar y desarrollar las otras formas extraordinarias de desviación de su poder económico impuestas durante la época del libre comercio. Una explicación de estos hechos nos permitirá comprender mejor el modo en que la violencia económica neoliberal ha favorecido en nuestro país la creación de formas sistemáticas y permanentes de violencia política, las cuales nos han puesto al nivel de las peores prácticas del capitalismo mundial.

I. En el sistema político controlado por el Estado neoliberal mexicano, el momento generador de las fuerzas y espacios de la vida política nacional (momento en el cual se definen las posibilidades de elegir las opciones y los procesos políticos mismos de los cuales dependen todas las posibilidades de movilización política posterior) se ve castigado, desfigurado e incluso parcial pero severamente destruido.

Dicho momento creador de las fuerzas y los espacios políticos históricamente ha sido castigado y desfigurado por las maneras extremadamente autoritarias que adoptó el Estado de la Revolución a lo largo de todo el siglo XX, pero también por las relaciones cada vez más autoritarias y difíciles de sobrellevar que el Estado norteamericano le ha impuesto al propio Estado mexicano y a la nación en su conjunto.

Bajo las nuevas circunstancias históricas de desregulación, privatización y libre comercio, las reglas del juego se han deteriorado a tal punto que ya los poderes salvajes no se satisfacen con bloquear permanentemente la participación en la vida política y en la definición de sus espacios a las clases subalternas y a las organizaciones laborales, así como a los grupos sociales que el poder económico considera relativamente improductivos, pues las nuevas condiciones geopolíticas de subordinación de México a Estados Unidos han requerido, adicionalmente, del bloqueo a la participación de la mayor parte de las clases medias e incluso de la mayor parte de lo que fue la burguesía mexicana hasta la década de los años ochenta. De manera que la facultad de construir estos espacios y de sintetizar colectivamente estas fuerzas políticas se restringió progresiva y exclusivamente al cerrado grupo de unos cuantos empresarios mexicanos extremadamente ricos e influyentes, que a partir de este momento se consideraron a sí mismos los únicos interlocutores válidos de las potencias mundiales y de las empresas más poderosas y agresivas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Sujetos únicos, que monopolizan y excluyen, tanto en el proceso de construcción y definición de la vida política de la nación, como en el proceso de rediseño institucional de su vida pública.

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El mejor ejemplo de esta pulsión de las elites oligárquicas y políticas mexicanas por reducir a los sujetos políticos colectivos de México a la condición de objetos lo tenemos en el trato ejemplar que el Congreso de la Unión le dio a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas cuando en 2001, redactando su contra-reforma indígena les negó la posibilidad de reconocerlas como entidades de derecho público, a lo cual añadió una batería de candados en contra de los derechos indígenas, que bloquean jurídicamente la posibilidad de ejercer autogobiernos y asociarse para crear consejos regionales entre municipios y comunidades, para ejercer organización en proyectos productivos y comerciales o gobierno e impartición de justicia propios. Bloqueado el reconocimiento de la subjetividad indígena (que se expresa en los Acuerdos de San Andrés firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal cunado se propone el estatus jurídico a las comunidades como “entidades de derecho público”) lo que cínicamente se les otorgó a las comunidades fue el reconocimiento de su calidad de objetos (que se expresa en el reconocimiento que el gobierno hace de las comunidades objetos de “interés publico”, colocándolos en el artículo de la Constitución destinado al desarrollo regional, la escolaridad, la salud, sus normas tradicionales).

A estas violentas dinámicas de exclusión social, que reiteradamente han sucedido en México en los momentos críticos que han definido nuestras fuerzas políticas durante los últimos treinta años y que por ello han marcado cada uno de los campos prácticos de nuestras movilizaciones, se les ha buscado compensar, maquillar y esconder meticulosamente en el plano internacional a través de la construcción de instituciones virtuales de “participación” política destinadas a remedar procesos democráticos que simulan espacios deliberativos y de definición de políticas públicas o de libre elección de representantes.74

74 Las referencias constitucionales a consultas populares o públicas o a la participación de los sectores

social y privado y de la ciudadanía en diversas actividades y procesos del Estado implican, en la mayoría de los casos, intervenciones meramente simbólicas carentes de todo efecto vinculante o bien la participación política se canaliza por completo a través de los partidos políticos en términos exclusivamente electorales. Por ejemplo, la planeación democrática del desarrollo nacional teóricamente implica procedimientos de participación (de los diversos sectores sociales) y consulta popular (incluidos los pueblos indígenas) con el propósito de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad (artículos 2 y 26 constitucionales); las propuestas para Consejero Presidente y consejeros electorales del Instituto Federal Electoral que presentan los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados requieren de la realización previa de una amplia consulta popular (artículo 41); la elección del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los miembros del Consejo Consultivo, así como los titulares de las comisiones locales, deben ajustarse a un procedimiento de consulta pública (artículo 102). En materia de consulta y participación ciudadana el teatro de la política mexicana exhibe sus mejores obras, pues incluso para ser ministro de la Suprema Corte, magistrado del Tribunal Electoral, miembro del Consejo de la Judicatura, consejero electoral del Instituto Federal Electoral, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o comisonado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por ejemplo, se exige que los aspirantes se encuentren alejados de la alta política al momento de ocupar el cargo y durante su gestión, y para ello se establecen garantías de designación y un estricto régimen de incompatibilidades. No obstante ello, la ciudadanización del Estado ha fracasado y la partidocracia ha colmado estos órganos supuestamente ajenos a las coyunturas políticas e intereses partidistas. Para una revisión de los perjuicios derivados de las carencias en materia de control del poder político a través de institutciones eficaces de control por participación ciudadana en México cf. Miguel Covián Andrade, La teoría del rombo. Ingeniería constitucional del sistema político democrático, CEDIPC, México, 2000.

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Tal ha sido hasta ahora la función del llamado sistema de partidos, pues a esta forma de participación esclerotizada y sofisticadamente manipulada se le ha asignado una vocación estrictamente electoral, lo que permite un vaciamiento, una invisibilización y una neutralización o sometimiento implacable de la identidad de clase y de los conflictos materiales encarnados por los grupos políticos, pues ahora los grupos políticos sólo son reconocidos como suma aritmética de “ciudadanos”, formalmente iguales ante la ley. Ello ha permitido, dentro de la vida política, hacer de lado eficazmente la gestión colectiva de los problemas y necesidades históricas específicas de cada estrato o clase social al momento de tener que velar por su propia reproducción, así como al momento de tener que traducir estas necesidades de afirmación vital en caminos políticos propios.

Tal y como ocurre en el resto del mundo neoliberal, en México el régimen de los partidos busca idealizar el momento de la elección de los representantes políticos como el gran momento mítico, que fetichistamente expresa y suplanta a todos los demás momentos en los cuales ocurre la verdadera gestión material y colectiva de la vida política. Momentos como la creación de todas las opciones políticas, de negociación entre los miembros de la sociedad que se reparten las diversas funciones y ámbitos competenciales para el ejercicio del gobierno, o el momento en donde finalmente ocurren las negociaciones que tienen que ver con el ejercicio efectivo del poder, o las actividades en donde ocurre la vigilancia y control colectivo sobre quienes ejercen de forma continua el gobierno y sus decisiones. En lugar de que todo ello transcurra libremente, se construye con plena conciencia al evento electoral como un proceso absolutamente cerrado y manipulado por partidos políticos verticales que impiden por todos los medios el registro partidario abierto de otros posibles grupos o candidatos independientes, 75 y que adicionalmente están aupados y/o sobre controlados por la red oligárquica de los medios de comunicación, que no dudan en promover la “fiesta electoral” como el gran espectáculo y acontecimiento político de moda, lo que en el fondo esconde la promoción de una profunda pasividad política entre los votantes.

La poca legitimidad y representatividad que produce el desequilibrado sistema electoral vigente a nivel nacional y reproducido en las entidades federativas y municipios, merced al cual, por ejemplo, un candidato puede convertirse en Presidente de la República y detentar un inmenso poder irresponsablemente sin contar con un apoyo mayoritario real, o bien, gracias al cual la conformación de los órganos colegiados expresa una constante sobre y subrepresentación de las preferencias ciudadanas.76

75 Los partidos políticos han secuestrado la participación política de los ciudadanos, limitándola a los procesos electorales e instrumentalizándola como mecanismo legitimador de la rotación de las élites reinantes. Indicadores de ello son la prohibición de candidaturas independientes (convalidada por la Suprema Corte de Justicia al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2003) y la restricción que significa para los electores la imposición de candidatos a través de listas cerradas y bloqueadas.

76 Esta sobre y sub representación deriva del hecho de que en México se elige al Presidente de la República por mayoría relativa de votos, siendo éste el mismo sistema que se aplica para elegir a los gobernadores de las entidades federativas. Por otro lado, la Cámara de diputados se integra por 500 miembros, 300 de los cuales son electos por mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 200 por representación proporcional, 40 en cada una de las cinco circunscripciones plurinominales, mediante listas cerradas, con un umbral para entrar al reparto de un 2% de la votación válida para la elección proporcional respectiva. Finalmente, la Cámara de senadores está integrada por 128

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En el caso de la extraordinaria exclusión de todos los grupos sociales que en México inútilmente intentan abrirse paso una y otra vez dentro de juego político real (como viene ocurriendo de forma exhaustivamente subrayada desde que en 1986 se decidió subirnos al barco del libre comercio), el espectáculo mediático nacional no se limita a la promoción de los peores candidatos de las mafias oligárquicas, al marketing de las campañas ni al drama de las encuestas, pues en el caso de México se ha requerido en todo momento varias de la activa participación de la televisión, la radio y la prensa en varios fraudes electorales nacionales, locales y municipales, lo que ha incluido desde la burda cobertura desinformativa en torno de las urnas embarazadas, los robos masivos de las mismas, la quema y extravío de boletas y actas, las campañas sucias de desprestigio de los candidatos de “indeseados”, las intervenciones sesgadas de decenas de analistas, hasta la redefinición continua de los engaños, la fabricación de candidatos de ensueño o el lavado de imagen sistemático de los peores crímenes políticos y electorales.77

miembros, 64 de los cuales son electos por pares en cada entidad federativa, mediante una fórmula electoral de mayoría relativa compuesta de dos candidatos, 32 legisladores más, con base en una modalidad de la mayoría relativa denominada “primera minoría” y los otros 32 por representación proporcional, mediante listas cerradas, en una sola circunscripción, también con un umbral mínimo para entrar al reparto de un 2% de la votación para la elección plurinominal. Para la integración de los congresos locales se usan tanto la mayoría relativa como la representación proporcional también de manera desequilibrada. En la conformación de los ayuntamientos también se combinan ambas formas de elección para elegir al Presidente municipal, síndicos y regidores. Autores como Dieter Nohlen han demostrado los incovenientes de combinar en estas proporciones ambos principios de elección. Para un desarrollo profundo de esta crítica aplicándola al sistema electoral mexicano y sus implicaciones antidemocráticas cf. Miguel Covián Andrade, El sistema político mexicano. Legitimidad electoral y control del poder político, CEDIPC, México, 2004.

77 Para una revisión de análisis profundos y bien documentados respecto del fraude electoral de 1988 cf. José Barberán, Cuahutémoc Cárdenas et al., Radriografía del Fraude, Nuestro tiempo, México, 1988, y; Martha Anaya, 1988: el año en que calló el sistema, Debate, México, 2008, y; Octavio Rodríguez Araujo, “De la Madrid y el fraude de 1988”, La Jornada, 5 de abril del 2012 (http://www.jornada.unam.mx/2012/04/05/politica/016a1pol). Precisamente en respuesta a lo acontecido en la imposición de Carlos Salinas, los ingeniros institucionales del régimen fueron construyendo el Instituto Federal Electoral, una institución que ha sido completamente desprestigiada al paso de los años. Es sabido que Ernesto Zedillo apareció en la televisión mexicana para reconocer el triunfo de Fox apenas dos horas después del término de la votación, cuando tan sólo se tenían los resultados de cerca del 4% de la votación. Cuando Zedillo declaró vencedor definitivo a Fox inutilizó las intervenciones del Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral. En referencia a las elecciones de 2000, el Pemexgate y el caso de Amigos de Fox ilustran bien lo que son capaces de hacer los partidos del México “democrático”. Por lo que toca al fraude de 2006, cabe recordar que la votación unánime de los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación favoreció a Felipe Calderón en el marco de un proceso electoral marcado por un clima de polarización agravado por los resultados cerrados de la votación, aderezado por la llamada “propaganda sucia”, la intervención constante de Vicente Fox en tanto Presidente saliente y conducido merced a la explícita intromisión de los poderes fácticos durante todo el proceso. El Tribunal reconoció en efecto problemas, ilegalidades, violaciones, intromisiones, participación indebida y demás, pero al momento de ponderar y hacer el balance relativizó las pruebas aduciendo su incapacidad para medir el efecto de esas irregularidades en el voto; no obstante ello, el Tribunal sí pudo decir que la afectación fue menor, circunstancial y de carácter general. No obstante haber reconocido que podía anular la elección y haber reconocido circunstancias contrarias a los principios constitucionales que supuestamente rigen la elección presidencial, decidió no anular la elección porque la gravedad de las irregularidades “no fue debidamente probada”: el Tribunal le prohibió hacerlo a la Coalición por el Bien de Todos a la vez que el propio Tribunal decidió autorestringirse la posibilidad de hacerlo. Luego del fallo, el pretsigio y la

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En suma, la desfiguración y desviación del momento generador de la vida política y el poder del Estado consiste, primero, en la forma abortiva en que se reduce todo el proceso constructor de las dinámicas y los espacios políticos de la sociedad al simple proceso electoral. Si bien, el Estado resulta incapaz de sostener posteriormente de una manera mínimamente democrática este procedimiento, pues en México al parecer siempre resulta obligada la manipulación fraudulenta de los más variados vericuetos de los procesos electorales importantes.

II. Un siguiente momento de la vida y la reproducción política, el proceso de distribución o reparto del poder entre los grupos sociales, en el neoliberalismo y muy especialmente en el México de hoy en día, ocurre no sólo siguiendo formalmente el principio esencial de cualquier régimen no absolutista: la prohibición de que un mismo órgano constituido concentre las funciones básicas de gobierno (producir normas, aplicar normas y resolver conflictos derivados de la producción y aplicación de normas). Lo cierto ha sido que las estructuras de distribución del poder dentro del sistema político mexicano han estado condicionadas por una dinámica fuertemente autoritaria. El presidencialismo mexicano, al igual que cualquier otro régimen presidencial, ha bloqueado todo posible desarrollo democrático.

El poder del Presidente de la República se manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, a las que deben agregarse muchas más de enorme importancia que no están previstas jurídicamente, pero que el titular del ejecutivo detenta en virtud de la propia fuerza real que posee gracias a las estructuras del régimen presidencial autoritario.

Derivado de este poder, el Presidente termina situándose en el ámbito de la anticonstitucionalidad, toda vez que esa fuerza enorme de la que dispone se manifiesta al interior de estructuras constitucionales tales que lo convierten en omnipotente, permitiéndole transgredir con su fuerza real metaconstitucional sus límites normativos, realizando actos aparentemente legales, pero esencialmente y jurídicamente viciados de anticonstitucionalidad (como han sido las contrarreformas neoliberales). Todo esto en un marco de completa irresponsabilidad política y de mínima responsabilidad jurídica.78 A partir de estos principios básicos, las instancias de gobierno, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, se reparten política e institucionalmente las fuerzas, así como las disputas que expresan, atienden y neutralizan las principales contradicciones reproductivas y materiales de la sociedad.

Bajo las actuales circunstancias neoliberales de sobreacumulación de capital y de gran crisis económica imperantes en el mundo, a las grupos dominantes de la economía que buscan sobrevivir a los permanentes y cada vez más profundos procesos de desvalorización ya no les alcanza con la simple extracción de plusvalor, sino que requieren de la aplicación

imparcialidad del Tribunal quedaron profundamente mermados. Cf. Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso, México, una democracia vulnerada, CIESAS‐Miguel Ángel Porrúa, México, 2009; José Antonio Crespo, 2006: hablan las actas, Debate, México, 2008, y; Alejandro Madrazo Lajous, “El Tribunal falló” en Configuraciones, número 26, enero‐marzo 2008, México, pp. 20‐36.

78 Para comprender el funcionaiento antidemocrático del sistema político mexicano, el papel central que en ello ha jugado el régimen presidencial y para desenmascarar la ideología de la transición a al democracia cf. ANEXOS 2 y 3, así como Miguel Covián Andrade, El sistema político mexicano. Democracia y cambio estructural, CEDIPC, México, 2001.

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de mayores mecanismos anómalos para obtener dentro y fuera de la economía todo tipo de ganancias y poderes extraordinarios. Lo que inevitablemente incrementa la intensidad y el tipo de contradicciones económicas, sociales, políticas y militares.

Las actuales clases dominantes parecen hipnotizadas por su creciente necesidad de pagar salarios cada vez más bajos que ya no cubran la reproducción efectiva de los trabajadores; por la necesidad de sobreexplotar cada vez más aceleradamente los recursos naturales, sin asumir ningún tipo de responsabilidad respecto de los ciclos metabólicos de reposición de las condiciones materiales de la vida natural y humana; por la necesidad de realizar todo tipo de despojos que mitiguen las inmensas desvalorizaciones de las grandes empresas; o incluso por la necesidad de liquidar grupos de población que algunas empresas y Estados consideran como sobrantes, en virtud de los agudos problemas de sobrepoblación y de falta de recursos estratégicos presentes en cada vez más regiones del mundo. Ni que decir de todos los abusos de derecho y fraudes a la ley con que los grupos financieros y políticos más poderosos del mundo se esfuerzan sea para intentar transferir a otros sus pérdidas o para sustraer de otros lo que no les pertenece.

En la medida en la que en el siglo XX la expansión mundial de las dinámicas de acumulación, industrialización y de sobreacumulación entre las Naciones ha disparado y acumulado conflictos competitivos cada vez más severos y con ello la emergencia de todo tipo de Estados antidemocráticos (metropolitanos, semiperiféricos y periféricos) —poder concentrado y autorreferente que se ejerce en un contexto mundial de escasez creciente de recursos naturales, así como de sobreacumulación de capital y de sobrepoblación también crecientes—, ha ocurrido un incremento en las contradicciones internas de la sociedad civil internacional y el sistema de Estados que conforman el capitalismo mundial, que a su vez se ha visto reflejada en otra serie de contradicciones en la vida interna de los propios Estados que ha resultado cada vez más difícil de resolver. De ahí el intento por desahogar una masa creciente de conflictos políticos acumulados en las entrañas de los órganos tradicionales de gobierno de los Estados modernos, promoviendo un nuevo reparto institucional del poder mediante la creación progresiva y experimental de un órgano constituido especializado en el ejercicio de la jurisdicción constitucional en diversas naciones europeas y latinoamericanas, principalmente.

Nuevo órgano que en dichas naciones se ha enfocado a desempeñar el papel de árbitro de los conflictos potenciales y actuales entre los órganos constituidos tradicionales de los regímenes parlamentarios y presidenciales (conocidos en México coloquialmente como Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial). Pero sobre todo, este nuevo órgano se ha concentrado en vigilar el cumplimiento de los derechos fundamentales reconocidos en las normas constitucionales y cuyo aseguramiento pretende impedir que los gobiernos del presente retornen a las peores configuraciones políticas del siglo XX (como lo han sido el nazismo, el fascismo, el falangismo, el “socialismo” autoritario de la URSS, China, etcétera, las dictaduras militares o los presidencialismos hiperautoritarios), e impongan de facto un estado de excepción encubierto por la exaltación de las formas legales.

No obstante, en el caso del México neoliberal, que a la sazón se ha vuelto un país excepcionalmente conflictivo y sofisticadamente autoritario, los encargados de operar la reforma de las estructuras de gobierno se han mantenido lejos de crear un cuarto órgano constituido al modo de lo que ha ocurrido en Europa, por ejemplo, con el establecimiento

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de cortes y tribunales constitucionales. Pues si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha absorbido en términos generales todos estos nuevos requerimientos de arbitraje político, de garantía de los derechos fundamentales y de control de la constitucionalidad, esta institución no ha dejado de estar subordinada estructuralmente a la figura presidencial ni sus miembros comprometidos personal y fundamentalmente al Presidente en turno que con el visto bueno de los senadores los convierte en ministros.79 Además, el titular del ejecutivo federal sigue operando inmerso en un régimen presidencialista sólo coyunturalmente acotado, que para colmo se mantiene singularmente subordinado al gobierno norteamericano.80 Aunado a lo anterior, la ausencia de medios de control de la constitucionalidad adecuados es otro elemento que explica el modo en que las distorsionadas instancias judiciales de México han tolerado la reiterada violación de derechos fundamentales.81 La Suprema Corte ha convalidado tales violaciones y resguardado la impunidad de los responsables. Ha resuelto asuntos y establecido criterios de interpretación obligatorios para el resto de los tribunales del país que contrarían los principios de interpretación (de las normas relativas a derechos humanos) conforme (con la Constitución y con los tratados internacionales) y pro persona (en todo tiempo a favor de la protección más amplia para las personas) colocando a los agraviados en franco estado de indefensión o sin posibilidad de exigir jurídicamente justicia y reparación algunas.82

79 Durante la renovación de la Corte en 1995 la banacada priísta en el Senado decidió por sí misma la conformación del máxmo tribunal, lo que permitió a Zedillo determinar en su totalidad a sus miembros.

Luego de la reforma de 1994, los ministros son designados exclusivamente de entre ternas que propone el Presidente en turno, lo cual compromete y pone en duda la independencia e imparcialidad de sus actuaciones. Al respecto cf. Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, “La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado? En en El cotidiano, 172, mazo‐abril 2012, México, pp. 18‐31. (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/numeros.asp). Casos como Aguas Blancas o la legalización de la capitalización de intereses moratorios son ilustrativos de la influencia que ejerce el titular del ejecutivo sobre la Corte. La Suprema Corte es un órgano de control de la constitucionalidad inserto en un sistema de control incoherente y confuso, en el que a veces actúa coomo instancia única, en otras como instancia última y en algunos casos, ni siquiera es competente en la materia. Por otro lado, a la falta de independencia e imparcialidad y a la distribución caótica e irracional del control de la constitucionalidad, debemos sumarle la ignorancia en la materia por parte de los ministros, así como los deficientes medios y procedimientos de control previstos, como los elementos estructurales que explican la crisis constitucional del Estado mexicano. Para conocer las limitaciones estructurales y los errores crasos que suelen cometer los minisros del máximo tribunal mexicano cf. Miguel Covián Andrade, La Suprema Corte y el control de la constitucionalidad (diez años de fallas e imprecisiones), CEDIPC, México, 2005.

80 Cf. Luis Javier Garrido, “¿Un protectorado?, La Jornada, 21 de agosto de 2009 (http://www.jornada.unam.mx/2009/08/21/opinion/019a1pol).

81 Ni siquiera la futura reforma a la ley de amparo resolverá el problema, pues pesé a las importantes modificaciones establecidas a nivel constitucional la estructura básica del amparo como medio de protección de derechos individuales persiste más allá del reconocimiento del interés legítimo y más allá de los loables esfuerzos por superar los efectos relativos de las sentencias. Por otro lado, el gobierno mexicano hipócritamente apoyó la gestación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en diciembre de 2008, pero se ha reusado a firmarlo y ratificarlo.

82 Las intervenciones contradictorias y cuestionables de la Suprema Corte en asuntos como Acteal (en el que la Suprema Corte dejó libres a los responsables de la masacre al reconocer violaciones formales), Florances Cassez (en el que la Corte reocnoció violaciones formales de derechos pero fue incapaz de

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Ante la oleada de violaciones a derechos fundamentales y afrontando las presiones internacionales, principalmente a raíz de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derecho Humanos y de los Informes de la Comisión,83 es que el Estado mexicano ha respondido primero desde la Suprema Corte con la resolución de mayo de 2010 respecto de la acción de inconstitucionalidad 121/2008 y en segundo lugar modificando la Constitución con las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de amparo.84 Al parecer la postura doctrinalmente mayoritaria insiste en que el resultado de todo este debate ha sido la aceptación plena de un sistema de control de la constitucionalidad difuso, junto con el cual los jueces ordinarios también ejercerían el llamado control de la convencionalidad.85

emitir una sentencia luego de más de un año de haber recibido el asunto) o el de la guardería ABC (incendio en el que murieron 49 niños y resultaron heridos otros 75 y en el que la Corte dijo que en efecto había habido violaciones graves pero cometidas sólo por funcionarios menores), son otros tantos ejemplos que ponen en entredicho el prestigio e incluso la independiencia e imparcialidad del máximo tribunal. Sobre la actuación de la Corte pueden consultarse los artículos de Magda Gómez en La Jornada, en particular “El debido proceso sin verdad histórica”, La Jornada, 13 de marzo de 2012 (cf. http://www.jornada.unam.mx/2012/03/13/opinion/018a1pol) y “Atenco: ¿legalidad y justicia?, agua y aceite”, La Jornada, 22 de julio de 2010 (cf. http://www.jornada.unam.mx/2010/06/22/opinion/018a1pol). Igualmente es de lectura obligada el trabajo de denuncia que Luis Javier Garrido vino realizando durante varios años en el diario mexicano La Jornada, en especial para este punto “Los fallos”, La Jornada, 5 de marzo de 2010 (cf. http://www.jornada.unam.mx/2010/03/05/opinion/023a1pol).

83 Casos como Alfonso Martín del Campo Dodd, Castañeda Gutman, Campo Algodonero, Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, y Cabrera garcía y Montiel Flores, sobre los cuales se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ilustran la ausencia de mecanismos judiciales efectivos para la defensa de derechos humanos. De especial interés para nosotros es el Informe Nº 43/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del General Gallardo (http://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Mexico11430.htm). Cf. Magdalena Gómez, “El sinuoso camino de la justicia en México” en El cotidiano, 172, mazo‐abril 2012, México, pp. 124‐135. (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/numeros.asp).

84 Las reformas constitucionales de junio de 2011 pretenden mejorar la situación de protección de los derechos humanos reconociendo expresamente la interpretación conforme y el principio pro persona.

Además, las autoridades quedan obligadas en sus respectivos ámbitos de competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Sin embargo, la ley sobre reparación a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1 constitucional, la ley sobre asilo a que se refiere el artículo 11, la ley reglamentaria del artículo 29 en materia de suspensión del ejercicio de derechos y garantías, la ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros, todas ellas producto de la reforma en cuestión, no han sido expedidas, aunque el plazo máximo para hacerlo fue de un año luego de la entrada en vigor del decreto. También es cierto que el artículo 9 transitorio del decreto de reformas publicado el 10 de junio ordena la derogción de todas las disposiciones que lo contravengan.

Finalmente, el decreto publicado el 6 de junio en su artículo segundo transitorio ordena la expedición de las reformas legales en un plazo no mayor de 120 días posteriores a la fecha de publicación del decreto, lo cual no ha sucedido.

85 La constitucionalidad es cuando una autoridad actua conforme a la Constitución, mientras que convencionalidad es cuando la autoridad actua conforme a Convención Americana de Derechos Humanos. El debate sobre los alcances del control difuso y del ocntrol de la covnecionalidad se intensificó luego de la sentencia del caso Radilla Pacheco de diciembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana. En ella se insiste a las instancias judiciales mexicanas a realizar una interpretación de derechos humanos conforme con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con la

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El peligro de aceptar esta tesis de la Suprema Corte que establece una nueva figura institucional del poder judicial —según la cual los jueces pueden ejercer el control difuso de la constitucionalidad y el control de la covencionalidad— y de darle valor normativo a dicha tesis (convirtiéndola en criterio oficial de interpretación) radica en que fácilmente podría suplantarse el rol de censor que realiza la Corte Interamericana al verificar la correspondencia de los actos u omisiones del Estado mexicano con la Convención Americana de Derechos Humanos y, de este modo, instrumentalizarse el supuesto control de la convencionalidad interno para convalidar nuevas violaciones de derechos fundamentales y abrir la puerta a una mayor impunidad.86 Entre tanto, los juristas orgánicos del periodo neoliberal han procedido a crear y presentar como instituciones garantes de una democracia de calidad a un conjunto de entidades que realizan funciones especializadas dentro del régimen presidencial mexicano denominadas popularmente órganos constitucionales autónomos entre los que se reconocen el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, aunque también suelen incluirse los tribunales agrarios y hasta las universidades autónomas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Instituciones que lejos de atender los conflictos de cohabitación inherentes al pluripartidismo, de coadyuvar con una efectiva rendición de cuentas y una erradicación real de la corrupción o simplemente de realizar tareas exclusivamente técnicas y apolíticas, en

interpretación que de ella ha hecho la propia Corte Interamericana, en tanto es obligación del Estado mexicano observar los tratados internacionales que ha firmado y ratificado. El debate a que se dio pie se ha proyectado al interior de la Suprema Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 121/2008 y cobrado bríos tras las reformas constitucionales de junio de 2011.

86 Para una mejor comprensión crítica de las implicaciones del llamado control de convencionalidad cf.

Karlos Castilla, “El control de convencionalidad: un nuevo debate en México a partir de la sentencia del caso Radilla Pacheco” en Anuario Mmexicano de Derecho Internacional, vol. XI, 2011, México, pp. 593‐ 624. Como atinadamente observa Karlos Castilla unicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede verificar la concordancia de los actos u omisiones de un Estado miembro con la Convención Americana, pues es su auténtica inérprete, sólo ella puede determinar el incumplimiento de una obligación internacional, así como fincar responsabilidades internacionales. En todo caso, el deber de las instancias judiciales internas consiste en interpretar, aplicar y resolver controversias conforme a su Constitución y al Derecho interno, y por supuesto que deben aplicar la Convención Americana tomando en cuenta la interpretación y resoluciones que emite la Corte Interamericana, pero no con motivo de que estén autorizados para ejercer el control de convencionalidad, sino porque están obligados a cumplir con los tratados internacionales que celebra y ratifica el Estado mexicano y porque la Convención forma parte del Derecho interno, y teniendo siempre en cuenta la ponderación a partir del principio pro persona. Las instancias judiciales de los Estados no pueden realizar el control de la convencionalidad so pena de graves infortunios para la Corte Interamericana y para los propios derechos humanos. En ningún caso las resoluciones de la Corte Interamericana pueden modificar ipso facto las atribuciones de los órganos internos de un Estado, exigiendo, por ejemplo, la conversión de un sistema concentrado de constitucionalidad a un sistema de control difuso. Los Estados podrían emplear el control de la convencionalidad no para proteger los derechos humanos sino para evadir sus responsabilidades internacionales apelando al examen interno de la convencionalidad, pesando específicamente en temas que aún no llegan al conocimiento de la Corte Interamericana y sobre los cuales, por lo tanto, ésta aún no se ha pronunciado http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/11/pim/pim20.pdf).

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razón del escandaloso atraso que padece la democracia en México, más bien se han enfocado a recuperar la legitimidad perdida del Estado mexicano tanto por sus prácticas políticas de por sí autoritarias como por los resultados del libre comercio y las novedosas prácticas hiperautoritarias de los sexenios de la transición a la democracia, de la alternancia y de su consolidación, simulando además una presuntuosa ciudadanización del Estado.

Pues la creación de estos nuevos espacios políticos justamente ha servido para que dentro de ellos reiteradamente se repartan tajadas de gobierno los “ciudadanos amigos” de los principales funcionarios en turno, de los expresidentes y los partidos políticos, así como los llamados poderes fácticos: las empresas monopólicas de televisión, los propios ingenieros institucionales, la jerarquía católica, los “mejores” analistas generadores de opinión pública, las empresas encuestadoras y de marketing político, etcétera.

Los órganos constitucionales autónomos son instituciones politizadas, secuestradas por los partidos, cuyos titulares se encuentran condicionados o comprometidos con las bancadas parlamentarias o con el Presidente de la República. En el fondo los llamados órganos constitucionales autónomos han sido funcionales a las necesidades del Estado, resguardan importantísimos intereses económicos internacionales de las conductas irresponsables de los gobernantes mexicanos, bañan de falsa pureza los procesos electorales, dan fe de un Estado hipócritamente preocupado por la protección de los derechos humanos, obstaculizan la rendición de cuentas y la transparencia de las gestiones públicas, además de que convalidan fraudes, maquillan cifras sobre la situación socioeconómica del país, les cubren transexenalmente las espaldas a los funcionarios públicos de alto rango (porque algunos de los funcionarios medianos y bajos pagan los platos rotos) y descubren que sus resoluciones a final de cuentas son en la mayoría de los casos impotentes, cuando inexplicable y esporádicamente deciden cumplir con sus funciones.

Procesos electorales imparciales y transparentes, protección de derechos humanos y rendición de cuentas, por ejemplo, son tareas por completo pendientes para el Estado mexicano, tareas muchas de ellas que hasta ahora no han podido llevar a cabo los ciudadanos y los pueblos porque no son ellos quienes conforman esos órganos, sino políticos que han quedado sujetos a la lógica partidista y a las coyunturas políticas. Y es que los requisitos para ocupar los cargos y los mecanismos de designación no garantizan el origen ciudadano de base y la imparcialidad de estos órganos, que al final no han servido para contrarrestar los efectos negativos crecientes de la partidocracia ni para contener la influencia de los grupos de intereses nacionales y trasnacionales en sus determinaciones “técnicas” y “apolíticas”.87 Pues incluso, algunos de ellos se han dedicado a allanar la manipulación de los procesos electorales desde afuera del país, como ocurrió durante el proceso electoral de 2006 cuando el Instituto Federal Electoral permitió la entrega del registro federal de electores a la empresa estadounidense Choice Point. Órganos constitucionales pseudo-autónomos que al momento de ser explotados mediáticamente como órganos “ciudadanizados” en los hechos quedaron emparentados con otras entidades públicas, que forman parte importante de esa demagógica fachada

87 Para adentrarse en las deficiencias e irregularidades cometidas por el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación y Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cf. John Ackerman, Organismos autónomos y democracia.

El caso de México, UNAM‐Siglo XXI, México, 2007, y; Alberto Aziz Nassif y Jorge Alonso, op. cit..

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ciudadanizada que hoy tiene el Estado mexicano. Nos referimos a los órganos reguladores, encargados desde los años noventa de todas las privatizaciones de las empresas estratégicas del Estado mexicano, que, aunque en realidad son órganos desconcentrados de la administración pública centralizada y por ello tentáculos del poder ejecutivo, han sido espacios dentro de los cuales se ha invitado a participar a los expertos de las poderosas empresas interesadas en el control monopólico de las redes y recursos estratégicos propiedad del Estado. Órganos reguladores que además de facilitar la dinámica natural del mercado y coadyuvar en el arraigamiento del libre comercio, así como arbitrar sesgadamente los procesos de privatización a favor de las empresas favoritas de cada sexenio, son entidades que operativizan el mercado de materias especializadas, labor muy necesaria dado el carácter fluido que tienen estas materias en virtud a la incesante y vertiginosa revolución tecnológica y financiera.88 En resumen, la desviación del reparto del poder político organizado por el Estado mexicano neoliberal consiste 1) en que el Estado mexicano ha reformulado el estatus jurídico y político privilegiado del presidente, de modo que este mantiene su capacidad de influir y determinar la configuración y toma de decisiones de los órganos del legislativo y judicial, así como desplegar sus poderes en órganos aparentemente técnicos y ciudadanos como son los órganos constitucionales autónomos y los órganos reguladores. 2) en que el Estado mexicano ha reformulado al poder judicial de tal manera que los derechos fundamentales, simulando ser protegidos, en realidad se encuentran inmersos en un proceso de deterioro que amenaza su protección, incluso a partir la Convención Interamericana de Derechos Humanos; mientras que la esencia de la Constitución tampoco tiene claro resguardo bajo las nuevas atribuciones que se otorgan a la Suprema Corte y a los demás tribunales. 3) en que el Estado mexicano simulando su propia ciudadanización, transparencia electoral, protección de derechos humanos, transparencia informativa y rendición de cuentas, así como pretendiendo separar sus funciones técnicas de otras funciones de carácter político ha entregado sus órganos constituciones autónomos a los partidos políticos y las mafias de poder, al tiempo en que ha entregado los órganos reguladores a los representantes de los poderes empresariales oligárquicos.

III. Otro ámbito de desviación clave del poder del Estado mexicano ocurre en el momento de la realización final de la vida política. Nos referimos ahora al momento en donde se ejerce el gobierno de la sociedad, al momento de aquellas negociaciones en las cuales se decide la vida y la libertad de los individuos y las comunidades, el acceso final de todos a la riqueza y la justicia, así como lo que puede ser considerado un derecho o una ley, etcétera.

En el caso de las sociedades antagónicas de clase son justo estas negociaciones las que se encierran adentro de los Estados, como los espacios de control en los cuales se dirimen los conflictos, de modo que su resolución asegure la reproducción de los grupos opresores pero también de los grupos oprimidos.

88 Para una exposición sucinta repecto del sigmificado histórico y político de estos órganos cf. Beatriz

Garfias García, “Los órganos reguladores como entes subordinados y a la orden del Ejecutivo” en El cotidiano, 172, mazo‐abril 2012, México, pp. 40‐51 (http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/numeros.asp). Para conocer cuáles son algunos de los órganos desconcetrados de la administración pública federal puede concultarse el ANEXO 4.

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En el neoliberalismo las duras reglas de castigo a los trabajadores, de despojo abierto de todo tipo de bienes materiales e inmateriales a la sociedad y los pueblos, así como el exterminio de los que son considerados sobrantes, propicia que el ejercicio del gobierno se lo haya encogido dentro de las llamadas “cooperaciones estratégicas”, que se supone ocurren de forma exitosa porque todos ganan (win-win) sólo cuando el Estado las organiza como negociaciones cerradas entre entreprenours o grupos sociales de ganadores, es decir, cuando las logra organizar como negociaciones entre las verdaderas élites oligárquicas que al modo de piratas democráticos negocian el reparto “justo” y equilibrado de sus despojos.

Aunque estas negociaciones también ocurren cuando los poderosos les “informan” intimidatoriamente a sus grupos subalternos los términos en los que les van a aplicar la superexplotación laboral, la superexplotación de sus recursos naturales comunitarios, los despojos de bienes o incluso el exterminio de partes de su población. Tal y como ejemplifica magníficamente el modo en que el Estado mexicano recientemente discutió en 2011 con las víctimas de la violencia de la guerra contra el terrorismo, pues dentro de éstas había un subgrupo que generosamente fue informado de que carecía del derecho a disponer de una ventanilla pública en donde se pudieran colocar sus quejas por asesinatos y actos de violencia cometidos por la policía federal o el ejército.89 Como en el caso del neoliberalismo mexicano los grupos ganadores se depuraron y reconcentraron mas allá de la barbarie mundial promedio, los horizontes y el ejercicio de la ya de por sí encogida política neoliberal se volvieron a reducir otro tanto más.90 Como ya hemos estado señalando, en el caso de México además de los brutales expolios a los subalternos, en la década de los años noventa también ocurrió que la mayor parte de la original burguesía nacional sorpresivamente pasó a ser despojada de sus capitales, fuera por medios económicos, políticos, jurídicos o gangsteriles. Capitales que muy ágilmente pasaron a concentrarse en aún menos manos, gracias a las habilidades de unos magos de las finanzas, la desregulación librecambista y la política nacional.

De ahí la peculiar situación en la que, a pesar de que el neoliberalismo imponía un ejercicio de poder cada vez más estrecho y cerrado, al servicio cada vez más incondicional del Estado y la oligarquía estadounidenses, las nuevas formas de repartir y ejercer el poder entre los 300 grupos empresariales de la nueva élite gobernante, así como las reformas políticas del Estado mexicano, fueron hábilmente representadas en el imaginario de los grupos académicos dominantes y de los medios de comunicación como una reforma democratizadora del Estado, que a su vez fue usada como una forma cínica de suplantar y desviar las crecientes y encolerizadas movilizaciones de reclamo popular.

En función de ello los espacios dedicados al ejercicio del poder en México en cada uno de los órganos constituidos se transformaron siguiendo pautas anómalas de desviación de poder, que posiblemente resulten únicas en el mundo.

En el caso del poder ejecutivo, la principal desviación proviene de los tratados de libre comercio por la forma en que éstos permitieron abrir canales de comunicación y negociación secreta y permanente entre diversas oficinas de la Presidencia, las Secretarías

89 Cf. http://www.jornada.unam.mx/2011/06/24/politica/002n1pol y http://www.jornada.unam.mx/2011/10/15/politica/005n1pol 90 Cf. Jorge Zepeda Patterson (coord.), Los amos de México, Planeta, México, 2007.

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de Gobernación, Economía, Hacienda, Energía, el Ejercito y la policía, etcétera, así como de la cima del poder ejecutivo de México con el de Estados Unidos. De modo que ello permitió crear en nuestro país el primer tratado mundial de libre comercio geopolíticamente paradigmático por su extrema asimetría económica, política, militar e incluso jurídica.91 Sin embargo, como esta verticalización a la que se vio sujeto el poder ejecutivo ocurrió justo en el momento de mayor desgaste del presidencialismo mexicano, toda la maniobra se tuvo que adaptar a un nuevo régimen de suspensión parcial de las potencialidades autoritarias del Presidente de la República frente a las potencialidades del poder legislativo y el poder judicial. De ahí que eso haya requerido de una sofisticada ingeniería constitucional que permitiera ampliar al mismo tiempo que velar algunas de las nuevas atribuciones autoritarias del Presiente. Nuevas facultades de control vertical que como ya señalamos más arriba resultan notables al interior de los órganos reguladores, en donde el Presidente nombra funcionarios y establece complicidades y arbitrajes de carácter completamente empresarial para la resolución de materias y conflictos que en realidad son de interés público.

Como correlato de estos cambios en el ámbito del ejercicio del poder, también ocurrió una franca autonomización de la política legislativa respecto de los intereses y la vigilancia populares, basada en un desmantelamiento puntual de los mecanismos tradicionales caciquiles y gremiales de comunicación que existían entre las organizaciones populares y los representantes legislativos. Lo cual también sucede como una progresiva subordinación de los legisladores a los nuevos grupos de lobby, que representan en el limbo del Congreso a los más poderosos intereses empresariales de México y el extranjero. Ello se consuma perfeccionando espacios progresiva y sistemáticamente más restringidos a las negociaciones entre las comisiones legislativas, los jefes de las bancadas parlamentarias o bien en los secretos vasos comunicantes que permiten el metabolismo de los órganos constituidos.

La culminación de las nuevas formas de extrema exclusión del pueblo de México en el ejercicio de su vida política también se la observa en el nuevo modo neoliberal con que en todo el mundo se han pretendido desviar las necesidades, exigencias y protestas sociales de los oprimidos fuera del ágora política en donde tradicionalmente se solían debatir y dirimir

91 Los estudios más importantes sobre el modo en que el libre comercio influenció en la legislación mexicana (desfiguró las leyes mexicanas) son los de Luis Malpica de Lamadrid, La influencia del Derecho Internacional en el Derecho mexicano. La apertura del modelo de desarrollo de México, Noriega, México, 2002; y Lucinda Villarreal Corrales, TLC, las reformas legislativas para el libre comercio, 1991‐ 2001, Porrúa, México, 2001; y Carlos Arellano García, Tratado de Libre Comercio‐North American Free Trade Agreement. Una Voz Ciudadanam Escuela libre de Derecho de Puebla, México, 1994. Carlos Arellano García señala importantísimas y controvertibles implicaciones jurídicas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por ejemplo, las disposiciones y compromisos bilaterales previstos en el propio tratado y que desfavorecen a México; la jerarquía normativa en el ordenamiento noerteamericano; las potenciales actuaciones unilaterales de parte de Estados Unidos bajo el cobijo de sus leyes internas; la ley de implementación; las modificaciones legislativas para el libre comercio que dejaron a México en estado de indefensión; la necesidad y posibilidad de denunciar el tratado; la supeditación al Derecho interno norteamericano; etcétera. Finalmente, Arellano García menciona algunas contradicciones constitucionales de forma y de fondo en el tratado que en su mmento no fueron atendidas por los negociadores ni por las autoridades mexicanas una vez celebrado o bien después de haber entrado en vigor (Cf. Arellano, 1994).

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los conflictos sociales para así llegar a la toma de las decisiones vitales. En lugar de esto, en el neoliberalismo se ha procurado que dichos conflictos ya sólo ingresen en el espacio aséptico y superespecializado de los tribunales, los abogados y el lenguaje esotérico de las leyes cambiantes; 92 espacio en donde se trata de que los reclamos sociales puedan ser atomizados y traducidos en términos de derechos humanos, pues es en este ámbito en donde se procura “reconocer” los derechos colectivos únicamente suponiendo todo el tiempo y sin cuestionamiento de nadie derechos de individuos que se comportan de una forma rigurosamente privatizada.93 Como parte nodal de esta nueva judicialización de la política se aplican formas puras y abstractas de “litigio estratégico”, 94 que se esmeran en recurrir a nuevas formas de argumentación jurídica que no tienen en cuenta contextos históricos concretos, a formas de negociación completamente abstractas y ambiguas porque carecen de puntos de vista fijos, y en donde a propósito de no incurrir en discursos ideológicos, supuestamente desgastados y a priori por autoritarios, se descarta de antemano el recurso al fundamento revolucionario de la Constitución Mexicana de 1917, a su contenido social o al reconocimiento de un sujeto histórico clasista y una esencia constitucional ahora ya desdibujados tras treinta años de libre comercio.

De modo que los conflictos no sólo se trasladan a un campo jurídico gravitatoriamente trucado, en donde los subalternos —pase lo que pase, digan lo que digan y demuestren lo que demuestren— siempre pierden, y en donde los poderosos —a pesar de delinquir continuamente en flagrancia ante los ojos de todo el mundo— siempre ganan. De ahí que no resulte exagerado considerar que este infierno de supuesta “negociación” judicializada en el fondo haya sido diseñado para desgastar, desmoralizar, desdibujar en los medios, meter en el embudo de una visión empobrecida de los derechos humanos y neutralizar democráticamente a la mayor parte de los conflictos que continuamente estará generando la guerra de clase que el capital neoliberal le ha declarado a todos los pobres del mundo.

Como la verticalización y ensimismamiento de los órganos constituidos ha llevado a un desmantelamiento de instituciones y derechos colectivos, el gran desprestigio del Estado se lo pretende paliar mediante la creación artificial de un repentino prestigio de los jueces.

Pero como la misma dinámica neoliberal de judicialización de la política también presiona en dirección al vaciamiento puro de lo jurídico, la descomposición general del Estado mexicano empuja incluso hacia la perdida general del principio histórico de racionalización

92 Sobre la necesidad del Estado neoliberal de judicializar la política, el renovado prestigio de los jueces y la exaltación de la argumentación jurídica cf. Óscar Correas, Acerca de los derechos humanos, UNAM/Coyoacán, México, 2003.

93 Para reflexionar sobre el uso abusivo o inocente de los derechos humanos cf. Óscar Correas, Acerca de los derechos humanos, UNAM/Coyoacán, México, 2003; La criminalización de la protesta social en México, UNAM/Coyoacán, México, 2011.

94 A manera de ilustración de estas prácticas perversas del Derecho puede revisarse la labor realizada por miembros del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el caso Acteal, con el claro auxilio de la Suprema Corte de Justicia. Es muy útil el informe de 2008 presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas “Acteal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La defensa de paramilitares” (cf. http://www.frayba.org.mx/informes.php?hl=es&tag_ID=3), así como el artículo de Magdalena Gómez “Las víctimas de la Corte”, La Jornada, 18 de enero de 2009 (cf. http://www.jornada.unam.mx/2009/08/18/opinion/019a2pol).

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burguesa de las funciones de los tres órganos constituidos tradicionales, así como al bloqueo de la nueva necesidad de concentrar y asegurar el control de la constitucionalidad fundamental desde un auténtico Tribunal Constitucional. Todo lo cual ha redundado recientemente en México en la fragmentación absurda de estas funciones esenciales entre todas las instancias del poder judicial.

En resumen, la desviación del poder político del Estado mexicano en el momento de su ejercicio consiste: 1) el perfeccionamiento todo tipo de mecanismos que garanticen una exclusión cada vez más amplia de los individuos y grupos que componen a la sociedad mexicana dentro de todas las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales en donde se consuman la decisiones de gobierno. 2) Para lo cual se convierte a los conflictos de clase o de la nación en controversias relacionadas unidimensionalmente con la aplicación de la ley. Todo lo cual se lo encamina 3) a permitir que el verdadero ejercicio del poder quede en manos de grupos oligárquicos en contubernio con los poderes salvajes transnacionales.

4. Un aspecto central del ciclo completo de desviación del poder político del Estado mexicano: la represión política del pueblo ¿Cómo llegamos hasta esta desviación extrema del poder del Estado mexicano que nos caracteriza actualmente? El proceso evidentemente no responde a una serie de hechos simples o lineales, ni a tendencias históricas completamente necesarias o decididas de antemano desde hace seis décadas. Responde más bien a la sucesiva y desafortunada coincidencia de múltiples hechos, unos necesarios y otros aleatorios, que convergen como presiones económicas, políticas, diplomáticas y militares coyunturales, tanto internas como externas, que condicionan las diferentes figuras que va adoptando el Estado mexicano a lo largo de dicho periodo. Presiones derivadas de la economía interna, de los intereses económicos y políticos imperiales y su permanente pulsión de control sobre la vida económica y política de México, presiones ligadas al modo en que evolucionan la exclusión social y el maltrato de la población, así como al modo en que ello ocasiona tanto estallidos sociales como la reformulación de parte del poder de sus técnicas de control y neutralización de los estallidos. Todo lo cual evoluciona junto el modo en que también está ocurriendo el desarrollo paralelo de otras formas estatales (y sus respectivas estructuras institucionales y constitucionales) dentro del mercado mundial, muy especialmente en EU, en AL, en Europa, en España y en el bloque socialista, así como en las instituciones internacionales (financieras, políticas, jurídicas, etcétera), instancias que también se encuentran en un permanente proceso de cambio.

Esta complejidad no debe perdernos dentro de una fragmentación de causas infinitamente complejas, porque ésa es justamente una de las trampas epistemológicas que más apuntalan a todas las prácticas de desvío del poder, pues dolosamente impiden establecer diagnósticos teóricos precisos y consiguientes cambios sustantivos en los focos en torno de los cuales se organiza toda la vida social. La complejidad de factores referida está finalmente circunscrita dentro del destino general que le ha marcado al mundo la acumulación del capital, pero sobre todo su desbocamiento en una crisis de sobreacumulación que requiere adicionalmente que nos esforcemos para captar de modo unitario y articulado todos los hechos complejos mencionados. Pues el advenimiento histórico del neoliberalismo sólo resulta inteligible cuando se lo explica no sólo refiriéndolo al agotamiento de los modelos keynesianos y el estado del bienestar, sino sobre todo a una caída permanente de las tasas

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de ganancia, así como a la resistencia profunda por reajustar, desparecer y reformular los capitales y sus patrones técnicos y sociales que le sobran. De ahí el modo en que el neoliberalismo institucionaliza en todo el mundo la sustracción de ganancias extraordinarias por los más diversos métodos violentos.

El impedimento estructural del acceso del pueblo a la justicia es el giro final del proceso de desvío del poder. El Estado usa todas originalmente sus fuerzas públicas (económicas, políticas, culturales, etcétera) para el beneficio de grupos privados, no sólo a sabiendas de que ello perjudica el interés del resto de la sociedad, sino incluso administrando meticulosamente este perjuicio. De ahí que el proceso de progresiva decadencia del Estado mexicano impidiendo de forma cada vez más sofisticada el acceso del pueblo a la justicia no pueda entenderse si no se tiene en cuenta la forma en que ha evolucionado históricamente el desvío estructural del Estado respecto de su vocación pública y de salvaguarda de la soberanía nacional.

La exclusión de la vida política nacional de la población trabajadora, desempleada y marginada, de los pueblos indios y los campesinos, de las mujeres y de las llamadas minorías, etcétera, es la peor cara de la historia nacional de los procesos de desviación de poder. Exclusión que en el siglo XX empeora y se recrudecerse de forma implacable a partir del periodo de la postguerra, justo cuando Estados Unidos decide retomar las riendas de control de un país que a su juicio se ha extraviado en la idea de un desarrollo económico soberano. Exclusión que se aplica en todos los momentos y aspectos del despliegue de lo político, así como en cada una de las instituciones del Estado mexicano, sea al momento de reclamar mejores condiciones de vida, sea durante la gestación, el reparto, el ejercicio o la reproducción del poder, sea en los procesos de elección presidencial o de representantes legislativos, sea al momento de cuestionar la estructura general del régimen político, etcétera. De ahí la forma en que continuamente nacen y renacen todo tipo de protestas y movilizaciones sociales en la historia del país. Grandes movilizaciones campesinas, obreras, de profesionistas, estudiantiles, indígenas, etcétera, que al no ser nunca escuchadas ni tenidas en cuenta siempre terminan por marcar trágicamente la historia de los últimos sesenta años de México.

Las formas en que se ha impedido al pueblo de México el acceso a la justicia son muy amplias. Obviamente esta acusación general introductoria no es el espacio adecuado para abordar este panorama completo. Sin embargo, las luchas sociales representan la parte más importante de todo el esfuerzo del pueblo por acceder a dicha justicia. Porque se trata del conjunto de acciones más articuladas, fuertes, depurados y decididas del conjunto social.

De manera que la represión de estas luchas configura la piedra clave de todo el bloqueo del poder al acceso del pueblo a la justicia. De ahí que la represión de la lucha y la resistencia sea también la piedra clave de todo el desvío de poder.

Pues es ahí donde se muestra cómo todas las protestas no han sido escuchadas ni atendidas históricamente por el Estado mexicano cuando se han salido de los dispositivos históricos de control95 que esta institución, omnipotente y progresivamente sujeta al imperio del Norte, ha construido cuidadosamente al interior de una sociedad civil profundamente

95 Es el caso de las redes caciquiles campesinas, las organizaciones verticales de control sindical, barrial, de los comerciantes, profesionistas, estudiantes, etcétera.

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estatalizada. La intolerancia permanente y creciente para con todos los movimientos sociales de protesta auténtica, no tiene que ver entonces sólo con la personalidad o psicología autoritaria de los gobernantes en turno, sino sobre todo con una forma permanente de conducir la política de México cada vez más autoritaria, menos soberana, mas decadente y excluyente.96 De ahí que la represión de la lucha popular se convierta en un eje histórico y estructural que atraviesa a todas las formas de exclusión y desviación de poder que hemos analizado previamente. La virulencia que ha ido adquiriendo la desviación de poder que se observa en México está ligada entonces al modo geográfico e histórico en que coinciden o se superponen varias fuerzas distorsionantes: la progresiva desviación a favor de los capitales particulares, la desviación a favor de los intereses de Estados Unidos, así como el modo en que el capitalismo estadounidense y mundial progresivamente se ha ido sumiendo dentro de le mencionada crisis de sobreacumualción de la que no parece dispuesto a salir ajustando nada. De manera que el proceso de contención y neutralización de la protesta de la sociedad, se ha anclado dentro de un despliegue cada vez más sofisticado y abrumador de fuerzas represivas de todas las protestas sociales del pueblo.

La desviación del poder, el consiguiente impedimento del acceso del pueblo a la justicia y la represión de los movimientos sociales ha evolucionado de forma decadente por el modo en que el Estado mexicano y el liderazgo burgués decidieron insertarse sumisamente dentro de la carrera estadounidense por la modernidad, y muy especialmente dentro de la prolongada evasión histórica de sus propias contradicciones y crisis. Sin atender, esta dinámica que se exacerba y termina de descomponer con el neoliberalismo no puede entenderse el modo en que ha evolucionado la exclusión de cada vez más clases sociales y grupos de población dentro del país, el modo en que ha evolucionado la protesta social y su represión y sobre todo el sofisticado modo en que finalmente ha evolucionado el maquillado destinado a esconder, endurecer y perfeccionar tanto la exclusión de fondo como la represión a la resistencia social.

Los ejemplos más representativos del sistema represivo mexicano en los últimos cincuenta años han sido, en primer lugar, la llamada “guerra sucia” que se gesta a fines de los sesenta —cuando la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco obliga a que numerosos grupos de estudiantes, intelectuales y ciudadanos reprimidos virulentamente por el Estado formen diversas organizaciones sociales de resistencia de forma clandestina— y se prolonga hasta la década de los ochenta. Una segunda forma del sistema represivo del Estado mexicano fue la “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico” 97 enmarcada en las políticas de seguridad nacional, cuyos antecedentes directos datan de la derrota del bloque soviético y el posterior derrumbe de la Torres Gemelas ocurrido en septiembre de 2001.98

96 Para

un recuento inicial de los principales movimientos sociales reprimidos durante los últimos cincuenta años y de las políticas que para ello se han implementado pueden consultarse los ANEXOS 5 y 6.

97 Carrillo Olea, Jorge. México En Riesgo; Grijalbo, México 2011, pp 12‐15. Anabel Hernández. Los Señores Del Narco. Grijalbo; México 2010, pp. 473, 475, 476. Y “Calderón: costará vidas el combate al terrorismo y al crimen organizado” La jornada. 8 de noviembre 2006, p. 1.

98 Arturo Sarukhán, La Jornada, 23 de abril del 2012. P, 5.

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El eje ideológico y político de la guerra sucia giró alrededor de la lucha contra el comunismo. Desde esa óptica fueron reprimidos todos los movimientos progresistas y democráticos de índole política, cultural o económica; comunistas o no comunistas. La guerra sucia tomó la forma de contrainsurgencia. La represión se focalizó en dirigentes, grupos políticos y sus bases de apoyo. Mientras que los métodos represivos más socorridos fueron las detenciones ilegales, las desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato, la guerra mediática y los allanamientos ilegales.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 en el contexto de la Guerra Fría, junto al Ejercito Mexicano, fue el principal instrumento ejecutor de las labores de inteligencia y represión política del Estado mexicano. La Brigada Especial que más adelante cambio a Brigada Blanca, formada en 1972 a propuesta del Subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, fue la sección, dentro de la DFS, que se hizo cargo del combate a la “subversión” de izquierda. Entre 1960 y 1980 la DFS acumuló en la Organización de Naciones Unidas (ONU) 374 denuncias por crímenes de Estado; aunque el Comité Eureka encabezado por Rosario Ibarra de Piedra integró 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1969 y 2001, de los cuales más de 530 corresponden al periodo previo a 1980.99 En cambio la “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico”, forma embozada de asumir la lucha contra la subversión tendencialmente anticapitalista, 100 cobró un carácter más extensivo e indiscriminado. La naturaleza “permanente” de la crisis de la economía y la sociedad, el avance de su descomposición criminal, el proceso de declive de los Estados Unidos y la americanización cultural de México, impusieron un modelo represivo de amplio espectro. El episodio de las Torres Gemelas aceleró la transformación del sistema represivo mexicano. Innovación que se venía ensayando desde la desaparición en 1985 de la DFS y el surgimiento de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989, un año después del Fraude Electoral arriba explicado, se volvió a transformar en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

El énfasis predominantemente represivo de las viejas políticas de la DFS se conserva en el nuevo esquema, mientras las articulaciones de los cuerpos represivos con el crimen organizado alcanzan un nivel de sofisticación que ha superado con creces los viejos esquemas contrainsurgentes del pasado inmediato. En los que el Estado, según consigna una persistente denuncia periodística nacional, al parecer promueve el desarrollo del narcotráfico y otros géneros delincuenciales para desarticular movimientos sociales y políticos que preveían implantarse en amplias franjas del territorio nacional. De esta manera, el nuevo combate al terrorismo y el narcotráfico tiene por antecedente directo las viejas estrategias y doctrinas contrainsurgentes. A esa lógica se subordinan básicamente las nuevas reformas a los dispositivos de legitimación social y electoral descritas en el apartado anterior. Reformas que han achicado los derechos colectivos a cambio de mínimas y frágiles aperturas electorales, que globalmente refuerzan los procesos coercitivos.

99 Carrillo, op cit. p. 116. Asi como Wikipedia, “Guerra sucia en México”.

100 Jalife‐Rahme, Alfredo. “México, ¿Transfrontera de la guerra de cuarta generación? La jornada 25 de junio 2008.

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Un personaje representativo de la evolución de los sistemas represivos, asesinado el 20 de abril de 2012, fue el General Mario Arturo Acosta Chaparro, quien junto a Nazar Haro y el General Francisco Quirós Hermosillo, entre otros, vio nacer a la Brigada Blanca. Acosta Chaparro intervino en casi todas las actividades imaginables de la guerra sucia aplicada en México. Se graduó en guerra irregular en Fort Bragg, Carolina del Norte; participó en la tortura, desaparición y asesinatos de civiles y guerrilleros en el Estado de Guerrero durante los setenta; se calcula que ejecutó directamente a unas doscientas personas; cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas en 1995, trabajaba como asesor del gobernador en turno; estuvo al servicio del Señor de los Cielos, jefe del Cartel de Juárez; trabajó en la Coordinación de Seguridad Nacional en el Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo y fungió como puente entre Felipe Calderón y grupos de narcotraficantes. Al final de sus días, investigaba varios asuntos por encargo de su amigo, el Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, quien lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad”.101 Múltiples indicios muestran que la guerra contra el narcotráfico en México, que en poco más de 5 años ha dejado más de setenta mil muertos entre asesinados y desaparecidos, es una faceta de los dispositivos de seguridad aplicados por el gobierno estadounidense en la lógica y los planes de la guerra contra el terrorismo y la ocupación integral de México,102 que se dirige a hacer de cualquier mexicano un “enemigo interno”. La construcción social del miedo va de la mano con la militarización del país y el intervencionismo policiacomilitar estadounidense, operado desde el Plan Mérida y el Acuerdo Para la Seguridad Hemisférica de América del Norte. Todos los procesos anotados deben leerse como una de las consecuencias necesarias de la imposición de los esquemas de “libre” comercio ensayados por Estados Unidos, que han contado con la total anuencia de las autoridades gubernamentales y el grueso de los grandes empresarios mexicanos.

5. Suplantaciones degenerativas de la vida política Los apartados 3 y 4 han descrito la forma cuidadosa cómo el neoliberalismo mexicano del libre comercio ha sometido destructivamente a cada uno de los momentos generadores, distributivos y consuntivos de la praxis política de nuestro país. De manera que a la impotencia económica derivada de la desfiguración estadounidense y la abducción de una parte de la producción económica primaria, agropecuaria e industrial de México, le corresponde una anulación paralela de las capacidades de los principales actores políticos.

A la cada vez más desigual distribución de la riqueza nacional y al asalto contra todas las formas comerciales desarrolladas por la burguesía y la pequeña burguesía, en la vida política de México también corresponde una forma extremadamente decadente de bloquear el reparto del poder político, sin siquiera cumplir con las tímidas agendas neoliberales europeas preocupadas para crear o consolidar tribunales constitucionales que hagan valer los intereses generales del capital y la sociedad. A la forma lesiva, degradada y manipulada de controlar el consumo económico por cuenta de las empresas transnacionales, así como tolerada y alentada por el Estado mexicano, también le corresponde otra forma cada vez

101 De la redacción, “Asesinan al general Acosta Chaparro”, Proceso. 20 de abril, 2012.

102 Pablo González Casanova, et al. “Llamamiento a la Nación”

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más descompuesta y nociva de ejercer y desplegar el poder político fuera y dentro del gobierno.

Sin embargo, la destrucción de nuestra vida política no termina aquí. Pues así como la destrucción de la producción, la distribución y las actividades de servicios dentro de nuestra economía han disparado durante los últimos veinte años un desempleo monumental del que se han alimentado los tres grandes tumores de la economía mexicana actual (el flujo migratorio más grande del mundo, una economía informal desproporcionada y una de las economías criminales aparentemente más incontrolables de planeta), el empeoramiento y destrucción dolosa de la creatividad política y la degradación creciente de nuestras formas históricas de repartir el poder político, han generado una suerte de “desocupación” política entre la mayor parte de los actores reales y determinantes en la construcción histórica de nuestra sociedad civil y el Estado mexicano. Desocupación que, al parecer, retroalimenta el crecimiento de varias formas descompuestas de la vida política en el país.

Junto al permanente bloqueo estatal de la creatividad política del pueblo ha crecido una preocupante migración de los actores sociales, de los movimientos colectivos y de la ciudadanía hacia afuera de lo político, sea porque se migra rumbo a otros espacios nacionales (donde se carece de derechos políticos) o bien, a espacios apolíticos, caso de los migrantes mexicanos desencantados que ya no quieren volver a escuchar nada de la vida política de México y que renuncian a su nacionalidad, lengua, etcétera; pero también están aquellos otros grupos que al escapar de las garras de los políticos se tornan alérgicos al tema, o bien se desmoralizan, defraudan, deprimen y se vuelven indiferentes, renunciando para siempre a sus facultades políticas básicas; también es el caso de quienes observando la cerrazón completa del sistema ya sólo sienten atracción por la idea de participar con violencia y denostaciones dentro de la sociedad, saltando por encima del espacio que permite el intercambio de los razonamientos colectivos, así como las deliberaciones y negociaciones con otros grupos e instituciones políticas. Es el caso de las agrupaciones secretas juramentadas, las sectas religiosas o políticas intransigentes, etcétera.

Otro caso diferente es el de aquellos actores que sin renunciar completamente a lo político no obstante participan en agrupaciones que ofrecen una suerte de empleo político precario o “informal”, donde se permite a los grupos o a los ciudadanos mantener algunas conexiones secundarias con el entorno político, sin que en el fondo ello permita incidir realmente de forma autónoma y decisiva en la vida política de la sociedad civil, o en ninguna de las instituciones de los partidos políticos y el Estado. Es el caso de quienes realizan algunas tareas políticas (de protesta, o incluso de colaboración o coyotaje), pero que al desplegarse de una forma cándida dentro de un contexto de abundante información falsa, de manipulación y extrema fragmentación social, continuamente constatan con dolor cómo sus energías políticas se pierden regularmente entre redes de poder que, al estar completamente fuera de su alcance, constantemente les faltan al respeto.

No obstante, el más letal de los tumores que aquejan a la nueva “política” deforme de México está dentro del crimen organizado, pues es ahí donde se genera el peor remedo de actuación política, por el modo en que dentro de ese ámbito se retroalimentan y escalan fuera de toda proporción las peores prácticas corruptas, ilegales y delictivas como el nepotismo, los sobornos, el clientelismo, el tráfico de influencias, la compra-venta de voluntades y de cargos públicos, el pago de “chayotes” a los medios de comunicación, los

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chantajes mediáticos y la venta sesgada de información política, la financiación oscura de las campañas electorales, la conformación de grupos criminales, los asesinatos de políticos, policías, soldados o periodistas por encargo, las decisiones arbitrarias de los jueces, el lobby legislativo y judicial, las grandes tajadas a los tribunales por decisiones sesgadas y un largo etcétera. Pues es en este ámbito completamente descompuesto donde mejor crecen los otros tumores de la economía y de la política, y en donde mejor se refleja y recrea la vulnerabilidad geopolítica de México frente a la ingeniería de conflicto alentada por los grandes poderes salvajes de Estados Unidos.

Si la remesas en dólares generadas por la migración, así como los fondos de consumo abiertos por la informalidad y la economía criminal se han convertido con el paso de los treinta años del neoliberalismo en las formas más perversas de sostener nuestras dinámicas de consumo “dopado” y adictivo, y por ende de garantizar el reinicio continuo de la reproducción de una economía mexicana artificial; de la misma manera, las compensaciones emotivas individualistas de la fuga fuera de lo político, así como las ganancias políticas informales y criminales que generan los nuevos tumores políticos del país, todo ello conforma un fondo de “insumos” o “valores” políticos disformes de los que se nutre el renacimiento continuo de las peores formas de ejercer la política y el poder en México.

El ciclo de la vida política de México se ha convertido en un espacio deforme donde ha ido triunfando la verticalización excluyente de todo tipo de grupos sociales en el ejercicio del poder: de indígenas, mujeres, obreros, migrantes, campesinos, ancianos, jóvenes, minorías sexuales, etcétera; así como nuestro presidencialismo americanizado y ventrílocuo, un severo autismo legislativo, la judicialización de los conflictos de clase que son reducidos a meros conflictos legales, 103 la politización de la justicia donde los jueces realizan la interpretación de las normas conforme a los intereses privados que representan, la distribución cada vez más irracional del poder entre los órganos constituidos y demás instituciones públicas. Formas desviadas de ejercer el poder del Estado al momento de gobernar, formas institucionales decadentes que se sostienen no sólo del modo en que el sistema cerrado de la clase política cree en sí misma y en sus instituciones disformes, sino también en el modo en que cada día los grupos de poder comen de la mano de las desilusiones y los desencantos que propician la fragmentación de los grupos y los ciudadanos, de los odios mezquinos y de los dogmas, así como de la confusión que reina en el limbo de la pseudo participación política al interior de las mafias que desde la “informalidad” y el crimen organizado simulan hacer política. Todo lo cual está al servicio de una corrupción truculenta y una violencia abierta en la que también se retroalimentan de forma esencial el aborto de los movimientos sociales, así como las atrofias y degeneraciones originales de los tejidos políticos.

Como vimos más arriba, la desfiguración del consumo ha propiciado en México un espectro inusitado de enfermedades de pobreza y crónico degenerativas que han castigado de forma ominosa al cuerpo y los deseos de las y los mexicanos. De forma análoga y complementaria el modo excluyente de ejercer lo político y el poder se lo dirige hacia el

103 Como fueron los casos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en el Estado de México y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cf. Óscar Correas (coord.).

La criminalización de la protesta social en México, op. cit..

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castigo y la desfiguración permanente de las esperanzas históricas y de la conciencia política libertaria de todos.

6. Articulación reproductiva entre la desfiguración de la política y sus suplantaciones degenerativas La desfiguración permanente de nuestras fuerzas políticas básicas y sus grandes procesos históricos de construcción de espacios políticos han ocasionado que la vida y los tejidos políticos reales del país de manera irremediable se necrosen progresivamente. Lo que comienza con 1) la implantación de un régimen de partidos políticos en el que se logra degradarlos hasta su actual figura excluyente y abortiva; pero que se consuma 2) con el modo también desfigurado con que funcionan los actuales órganos constitucionales autónomos y los órganos reguladores —entes consagrados al bloqueo de todas las necesidades metabólicas y articuladoras del capital social (mexicano y mundial) y de la sociedad en su conjunto—; 3) con la decadencia del régimen presidencial, la corrupción y sesgamiento cada vez destructivo del poder legislativo; 4) la judicialización de la política y la politización de la justicia; 5) así como con la simulada ciudadanización del Estado.

Frente a esta ruina —en la que el organismo de la sociedad política de México dispone de órganos vitales e instituciones públicas cada vez más deterioradas y perdidas— emerge esa otra vida pseudopolítica completamente disforme, como un sistema de tumores cancerígenos que en parte la suplantan y en parte le aportan su enfermiza “sangre”, mediante un peculiar sistema de “remesas políticas” y fuerzas perversas que le insuflan vida artificial a esta lamentable anarquitectura nacional. 104 Si el organismo político completo de la sociedad mexicana exuda toda suerte de desempleos y subempleos políticos que también nutren las filas de la “migración política”, la “informalidad política” y el crimen político, este sistema de tres tumores le retribuye al sistema político normal (donde se construyen, reparten y ejercen la política y el poder) una serie de servicios y remesas que coadyuvan en los procesos de control de las fuerzas políticas, los procesos de reparto y ejercicio del poder del Estado.

De ahí la apariencia de insustentabilidad que muchos han observado en la vida política mexicana. No obstante, a pesar de reiterados pronósticos de colapso, el Estado nacional ha resistido y sobrevivido con fuerza durante los últimos veinte años, gracias a los extraordinarios aportes económicos, políticos y militares que le han brindado sus socios comerciales de libre comercio. Pero también gracias al modo en que el Estado mexicano ha sido capaz de desarrollar mecanismos internos de articulación y equilibrio entre sus órganos enfermos y sus nuevos órganos deformes. Estado que sorprendentemente ha sobrepasado varias crisis políticas que parecían terminales (en 1988, 1994, 2000 y 2006), aprendiendo a reconstruir un extraño y delicado equilibrio entre ese cuerpo enfermo y su peculiar sistema de tumores “vitalizantes”. De ahí que no resulte muy claro para la sociedad mexicana cuándo es que dicho equilibrio se colapsará.

104 Adolfo Vásquez Rocca, “Gordon Matta‐Clarke: Anarquitectura y deconstrucción”, Escáner Cultural, revista de Arte contemporáneo y nuevas tendencias, No 7, agosto 2008 ( http://revista.escaner.cl/node/894).

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Como los verdaderos y grandes financiadores de este adefesio han sido el libre comercio, la red de empresas e instituciones financieras, los medios de comunicación globales y la red de Estados codependientes del libre comercio, esta coalición histórica ha teniendo la habilidad de presentar internacionalmente al peculiar Leviatán mexicano como a un cuerpo relativamente sano y en firme curso jurídico, constitucional e institucional de democratización ciudadana.105 Trabajo de promoción internacional, que no ha resultado muy difícil de realizar, si se tiene en cuenta el estrecho contubernio de intereses que existe entre las más importantes redes de la comunicación mundial, la red financiera internacional y la red de otros tantos Leviatanes igualmente desviados.

Finalmente, el toma y daca establecido entre los dos adefesios referidos (el sistema político enfermo y el sistema de tumoraciones degenerativas) dispone del auxilio de dos grandes mecanismos institucionales de control social que todos los días revisan y limpian de coágulos los conductos que unen artificialmente a las vísceras enfermas y disformes.

Mecanismos que son parte central e interna del propio Estado mexicano por el modo en que de ellos depende la reproducción reiterada del establishment.

El primero, es el sistema represivo del Estado mexicano que como ya vimos ha actuado históricamente en contra de todas las grandes, medianas y pequeñas protestas sociales que el pueblo de México ha levantado contra la explotación y la superexplotación de los trabajadores, contra la extorsión de los campesinos e indígenas, o bien contra la marginación, el franco despojo y el exterminio, así como frente a la creciente exclusión en los procesos de construcción de la política, en el reparto del poder, así como en contra de la arbitrariedad y el desatino autoritario del Estado al momento de ejercer el poder.106 El segundo, es la televisión mexicana y el sequito de otros medios de comunicación e intelectuales orgánicos, que en complicidad con el Estado mexicano ha contribuido puntualmente a ilusionar, trastocar, mistificar, engañar, ocultar, difamar, discriminar racistamente, recolonizar, denigrar, pero sobre todo a robar directamente al pueblo de México. Relación de contubernio entre el Estado y la oligarquía mediática que se ha convertido en la base de uno de los principales negocios lucrativos de las poderosas empresas mexicanas de comunicación, ya también poderes económicos transnacionales. Es el caso de Televisa que durante las innúmeros sexenios de gobiernos priístas y durante los doce años de gobierno del Partido Acción Nacional ha adquirido un poder tal que actualmente se coloca incluso por encima de las leyes y el Estado Mexicano.107 En las funciones metabólicas del organismo político nacional y de ese sistema tumoral fuente de vida artificial, se observa siempre un importante rasgo en común: todas son funciones que desembocan en la fragmentación del tejido político de la sociedad civil mexicana. Pues la exclusión política siempre lleva a la diseminación de la sociedad, lo mismo que la migración hacia lo apolítico, la informalidad o las formas criminales de hacer política, todas verdaderas licuadoras de la vida comunitaria. Ello se redondea con la violencia represiva del Estado que impone en los tres niveles de gobierno redes de corrupción y burocratismo, redes de intimidación, represión a las protestas, masacres,

105 Cf. Sara Sefchovich, País de mentiras, Océano, México, 2008.

106 Cf. John Gibler, México rebelde, Debate, México, 2011.

107 Cf. Jenaro Villamil, El sexenio de Televisa. Conjuras del poder mediático, Grijalbo, 2010.

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desapariciones forzadas, actos de tortura, violaciones a los derechos humanos. Si bien como se ha comenzado a documentar en varias de las audiencias temáticas de este Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos las actuales políticas de terrorismo de Estado, de militarización de los cuerpos policíacos y de otras instituciones públicas, también fragmentan mortalmente a los mejores actores económicos, políticos y culturales de la sociedad, al momento en que logra contaminarlos de miedo por sus acciones letalmente caprichosas, irracionales y extremadamente violentas, así como destructoras de cualquier sentido que pueda tener la vida de las personas. Tal es el modo en que descaradamente ha venido creciendo la guerra sucia de Felipe Calderón, que como ya señalamos anteriormente ha cobrado a mediados de 2012 varias decenas de miles de muertos.108 Pero la actuación de los medios de comunicación electrónica vuelve a licuar mucho más finamente lo que el mercado y la política salvaje el Estado ya han previamente pulverizado.

Porque estos medios, a través de sus noticieros, telenovelas, talk shows, series policiales y programas de análisis político, siempre ofrecen coartadas perfectas para justificar la supuesta necesidad que todos tenemos de una violencia supuestamente legítima del Estado.

De ahí la necesidad de ocultar las contradicciones reales, las necesidades materiales y culturales de la población, el sentido humano de los acontecimientos, las incongruencias institucionales y empresariales, así como las tendencias catastróficas del presente. En lugar de ello, los medios de comunicación dominantes ofrecen hechos mistificados, como si fueran “normales” y pacíficos.109 Gracias a esta labor estratégica los medios de comunicación en México monopolizan la fabricación todo tipo de mentiras que rayan en lo metafantástico, desinforman al pueblo, preparan reiterados fraudes electorales, al tiempo en que acumulan fondos económicos extraordinarios que todas las empresas transnacionales, los partidos políticos y las instituciones públicas les pagan para mantener circulando deformes significados económicos, políticos y culturales. De ahí que en México, como en muchos otros lugares del mundo, su papel de síntesis sólo sea equiparable al que en el plano de la economía desempeña el capital financiero. Pues estamos frente a una institución que cohesiona a todos los elementos de la vida económica, política y cultural, al mismo tiempo en que les succiona cuantiosos excedentes.

No casualmente éste es el único sector económico, a diferencia del petróleo y el maíz, que el Estado mexicano no permitió se abriera al huracán del libre comercio. Inconsistencia librecambista que se comprende sin dificultad si se tiene en cuenta la eficacia golpista, el imaginario político democrático y la estabilidad que continuamente produce y reproduce la televisión mexicana, en virtud al modo único con que resulta capaz de construir mensajes pertinentes —sin competencia efectiva por cuenta de otras empresas transnacionales de comunicación— al momento de tener que manipular racistamente la identidad psicosocial de los mexicanos.

108 Cf. Charles Bowden, Ciudad del crimen, Ciudad Juárez y los nuevos campos de exterminio de la economía global, Grijalbo, 2010, y; Augusto Sánchez Sandoval, Mexico y su nueva guerra sucia, documento elebaorado para Amigos del Tribunal, México, 2012.

109 Cf. Jenaro Villamil, op. cit., y; Sara Sefchovich, op. cit..

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Gracias al contubernio entre el Estado y los medios de comunicación se realiza cotidianamente la manipulación de las conciencias que permite consolidar una simulación grotesca de Democracia constitucional. Pues es en los medios de comunicación en donde más y mejor se difunde la imagen construida de la supuesta ciudadanización del Estado que complementa a la terrible legalización de la injusticia y a la criminalización de la pobreza y de protesta. Gracias a los medios es que en México se reproduce cotidianamente la dictadura civil y el estado de excepción que caracterizan al presente sexenio de Felipe Calderón. Y finalmente, es gracias a los medios de comunicación que se intenta todos los días desviar nuestra atención y conciencia de las tendencias catastróficas de nuestro tiempo y el abismo profundo que se abre en el futuro, al vez que se intentan abortar todas nuestras esperanzas políticas de que algún día concluya definitivamente la pesadilla de la presente mitigación, adaptación y normalización a la barbarie.

Por ello es que frente a la actual política de manipulación y encubrimiento necesitamos de otros medios de verdadera conexión comunitaria, que nos ayuden a recuperar la memoria histórica y a pelear por el derecho a la verdad. Para así poder entonces hablar libremente y sin miedo de las situaciones terroríficas por las que hemos tenido que pasar durante todas estas décadas. Situaciones inefables pero que en verdad han estado ocurriendo: masacres, guerra sucia, fraudes electorales, manipulación partidaria del proceso electoral, represión de la protesta social, terrorismo de Estado, etcétera. Si bien, el tema principal que tendrán esos nuevos medios de comunicación serán otras circunstancias sociales y materiales verdaderamente esperanzadoras, en donde reine una reconciliación democrática entre nosotros y la naturaleza, así como una verdadera prosperidad no depredadora que en realidad nunca hemos podido ver.

IV. Violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, de las minorías y de los individuos El balance de tres décadas de políticas neoliberales y de libre comercio arroja, además de un saldo claramente negativo en términos económicos, una cauda de violaciones sistemáticas a los derechos individuales y colectivos fundamentales de los pueblos de México,110 lo cual resulta consistente con la comisión del delito de desviación de poder económico y político del Estado mexicano denunciado en la presente Acusación.

La aplicación ortodoxa e implacable de políticas públicas afines al Consenso de Washington, presuntamente dirigidas a “generar un marco de estabilidad macroeconómica para fomentar la actividad económica y reiniciar el ciclo de inversión”, llevó al Estado mexicano a promover reformas a la Constitución, a leyes secundarias y a la normatividad oficial para eliminar las restricciones a la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos (mediante su reclasificación, como lo ejemplifican los sectores petroquímico y minero), a la eliminación —dentro del proceso de planificación estatal— del requerimiento de diseñar y aplicar programas industriales sectoriales, así como a la implementación de

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Una exposición puntual de la evolución de las violaciones en relación con el neoliberalismo puede consultarse en el ANEXO 7.

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programas de corto plazo de ajuste estructural,111 consistentes en la reducción del gasto público, la reducción del poder adquisitivo del salario, la devaluación de la moneda, la imposición de una estricta disciplina fiscal y monetaria, la apertura comercial (mediante la drástica reducción de los aranceles a los productos importados) y la restricción al crédito y el consumo, entre otras medidas. Asimismo, el Estado mexicano emprendió una profunda reestructuración de sus funciones e instituciones mediante la privatización de la mayor parte de sus activos productivos 112 , la desregulación de las actividades económicas privadas, la simplificación administrativa para facilitar las inversiones extranjeras (por ejemplo, en el sector minero) y para la individualización de la propiedad social de la tierra.

Este modelo, de aplicación aún vigente en México, no sólo no logró generar las tasas de crecimiento e inversión esperadas. Tampoco se generaron los empleos prometidos y, mucho menos, el proceso de redistribución de la riqueza prometido por medio de los nuevos flujos de inversión, especialmente porque el Estado abandonó la regulación y el control sobre la reinversión de las ganancias empresariales que condujo, tanto a la extrema concentración de la riqueza, como a la fuga de capitales del país.

Sin embargo, más allá de las promesas incumplidas del neoliberalismo, uno de los principales problemas consiste en que la decisión de aplicar estas políticas económicas desde el Estado mexicano es violatoria de los derechos humanos. Más aún, el modelo económico del libre comercio es constitutivo de una serie de violaciones complejas a los derechos humanos Es decir, que con los actos conformadores del modelo se violan múltiples derechos, como se detalla a continuación:

Violaciones al principio de participación y a la obligación de verdad El proceso por el cual el Estado mexicano determinó y estableció las políticas de libre comercio en el país simuló la participación de la sociedad mexicana por medio de mecanismos indirectos —a través de los representantes en los distintos órganos legislativos— fuertemente cuestionados por la falta de autoridades electorales confiables, pero también porque muchas de las medidas económicas neoliberales y de libre comercio se aplicaron directamente por medio de acciones y omisiones del poder ejecutivo, sin pasar por el Congreso de la Unión.

El principio de participación implica no sólo los mecanismos indirectos, sino la participación directa de la ciudadanía cuando las políticas a aplicar suponen procesos relacionados con los derechos humanos. El principio de participación requiere del cumplimiento de estándares, como el que las negociaciones no sean muy desiguales para evitar que las decisiones no sean contraproducentes para un grupo, así como que haya consentimiento debidamente informado de las decisiones, del contexto y de las posibilidades alternativas a esa decisión.

111 Por ejemplo el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), de 1983‐1985, el Pacto de Solidaridad Económica (PASE) (1987‐1988) y el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), de 1988.

112 entre 1982 y 1991 el número de empresas públicas pasó de más de mil a 269

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Claramente, en México no se han cumplido estos criterios en la determinación y aplicación de las políticas públicas dirigidas al libre comercio: no hubo una participación masiva que permitiera determinar la decisión ni hubo transparencia y acceso a la información para que los pueblos de México deliberaran si ésa era la mejor decisión o si había posibilidades alternativas. Por ello, afirmamos que de manera sistemática y reiterada el Estado mexicano ha violado el principio de participación y el derecho a la verdad.

Violaciones al derecho al desarrollo En la medida en que se daba por hecho que la aplicación de las medidas de política económica y la deformación del sistema político mexicanos ocasionarían la multiplicación de los grupos sociales “perdedores” dentro del modelo de libre comercio, podemos hablar de una violación del derecho al desarrollo. Como se observa en la Recomendación de la Comisión Africana de Derechos de las Personas y los Pueblos en el caso de la comunidad de Endorois vs. Kenia, se puede considerar que el derecho al desarrollo es violentado si: a)

el desarrollo general de un país tiene como consecuencia un decremento en el bienestar de una comunidad. Toda la teoría promotora de la concentración de la riqueza en pocas manos para reiniciar el ciclo de inversión (y en perjuicio de una minoría empobrecida), es directamente violatoria del derecho al desarrollo.

b)

Alguna comunidad queda excluida del desarrollo. Una de las principales consecuencias de la desviación del poder aplicada en México es que las condiciones de contracción del mercado interno, de profundización de las crisis económicas y del aumento continuo en el número de desempleados y subempleados obligados a desempeñarse en condiciones laborales de precariedad e informalidad no son condiciones temporales sino permanentes. En consecuencia, se ha generado una comunidad en crecimiento de personas y pueblos que han quedado claramente excluidos del desarrollo, por lo cual se ha violentado su derecho correspondiente.

Violaciones sistemáticas a los derechos económicos, sociales y culturales (derecho a no ser pobre) La retirada del Estado mexicano de los sectores estratégicos de la economía y su entrega al capital privado nacional y trasnacional, así como la desinversión en servicios públicos básicos, ha tenido como consecuencia la violación a la obligación de garantizar diversos Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tales como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, el acceso al agua y a la vivienda, entre otros. La obligación de garantizar estos derechos significa para el Estado mexicano tomar las medidas necesarias, dentro de su estructura institucional, para proveer los bienes y servicios requeridos que garanticen su pleno ejercicio.

Estos derechos también son violentados a partir de la política económica dirigida a la contracción del mercado interno. La profunda pérdida de poder adquisitivo del salario en México a lo largo de tres décadas, viola el derecho a un salario digno y suficiente. Esto ha conducido a una falta de capacidad de los pueblos de México para acceder al conjunto de bienes constitutivos de otros derechos, lo que implica una relación de interdependencia que

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ha llevado de la violación del derecho al salario digno a la violación del resto de derechos económicos, sociales y culturales. Igualmente, la violación del principio de interdependencia de los derechos implica, además, que en México se violentan otros dos derechos: el derecho a una vida digna y el derecho a la igualdad y no discriminación.

La violación de todos estos derechos constituye una violación al derecho a no ser pobre, a ser capaz de autodeterminar aquello que es una buena vida con los medios suficientes para realizarla. Dado que estas violaciones de derechos son inherentes al modelo ejecutado por el Estado mexicano, su reparación no puede darse por medidas restaurativas, sino que se requieren medidas transformativas. A partir del principio de indivisibilidad de los derechos humanos, debe buscarse la relación directa de derechos en las violaciones (interdependencia) y la identificación de la violación originaria y su desaparición (el modelo económico). En otras palabras, la reversión del crimen de desviación del poder económico y político del Estado mexicano implica el establecimiento de medidas de política pública que abran paso a un modelo económico que no sea intrínsecamente violatorio de los derechos humanos.

V. Peticiones derivadas de la Acusación A sabiendas de que – El Tribunal Russel I, raíz del presente Tribunal Permanente de los Pueblos, y que atendió los crímenes de guerra cometidos por el gobierno norteamericano en contra del pueblo de Vietnam, retomó como eje de trabajo el reconocimiento que los juicios de Nurenberg hicieron de la actuación anómala y perversa del Estado nazi como antecedente para la primera caracterización histórica de los crímenes cometidos por los Estados.

-El Tribunal Permanente de los Pueblos conoce de violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, de las minorías y de los individuos, independientemente de que los responsables sean Estados, otras autoridades o grupos u organizaciones privadas.

– El Tribunal Permanente de los Pueblos puede pronunciarse sobre cualquier crimen internacional, sobre cualquier infracción a los derechos fundamentales de los pueblos y de las minorías, y sobre las violaciones graves y sistemáticas de los derechos y libertades de los individuos reconocidos por los principios internacionales del ius cogens, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración sobre las relaciones Amistosas entre los Estados, las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre la descolonización y el nuevo orden económico internacional, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, así como por otros instrumentos internacionales, universales o regionales, cuyo propósito sea desarrollar, actualizar o extender la aplicación de los documentos mencionados.

– El Tribunal Permanente de los Pueblos no es competente para pronunciarse sobre casos particulares de violación de los derechos y libertades de un individuo.

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– La misión del Tribunal Permanente de los Pueblos es promover el respeto universal y efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos, de las minorías y de los individuos, determinando si tales derechos han sido violados, examinando las causas de tales violaciones y denunciando a sus autores ante la opinión pública mundial.

Y considerando – Que el título del Capítulo México es LIBRE COMERCIO, VIOLENCIA, INMPUNIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS. – Que el núcleo de la Petitoria que se entregó el día 21 de octubre de 2011 a las autoridades y jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, y con base en la cual se abrió el Capítulo México, apunta a juzgar el desvío de poder que ha ejercido el Estado mexicano al implementar las políticas de libre comercio, pues de esta manera no sólo utilizó el Derecho para beneficiar a ciertos grupos o sectores con intereses particulares, sino que al hacerlo devastó la economía nacional y desmanteló el orden institucional que se había venido construyendo con base en la Constitución de 1917, lo cual ha traído como resultado la ruptura del tejido social y la desaparición de todo un conjunto de referentes cuya ausencia ha disparado cuantitativa y cualitativamente la violencia, y cuya síntesis se traduce en la violación impune de los derechos de los pueblos.

– Lo anteriormente expuesto en este documento de Acusación.

Las víctimas y agraviados aquí presentes, representantes de diversos y amplios sectores sociales y civiles del pueblo de México, en el contexto de esta Audiencia General Introductoria del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos y a modo de marco general de peticiones, que las subsiguientes audiencias temáticas habrán de ir precisando, solicitamos respetuosamente a los miembros de este jurado 1)

Con el propósito de continuar el proceso del Capítulo México avanzando en firme, reconozcan la profunda crisis y emergencia humanitaria en que México se encuentra sumido, así como sus causas estructurales que hemos señalado, y coadyuven en su visualización internacional.

2)

Para salvaguardar el derecho a la verdad que fue violentado en la instauración del modelo económico, recomienden el establecimiento de una Comisión de la Verdad que especifique en qué condiciones se tomaron las decisiones de política económica que son constitutivas del modelo neoliberal y cuáles eran otras alternativas históricas posibles y no lesivas de los derechos de los pueblos.

3)

Ante la andanada de iniciativas de ley y nuevas legislaciones que han estado abusando de figuras jurídicas como la utilidad pública (tal es el caso de la ley minera o de la ley de asociaciones público-privadas), la conformación de un observatorio interdisciplinario de carácter internacional que visibilice ante la opinión pública mundial las graves violaciones que los poderes legislativos y los tribunales mexicanos están efectuando en contra de los derechos fundamentales y de los principios básicos de la Democracia constitucional.

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4)

Tomando en consideración que no se aplicó el principio de participación en la instauración del neoliberalismo y que este modelo es intrínsecamente violador de derechos humanos, corroboren la necesidad de realizar un proceso amplio de participación –por ejemplo, un congreso constituyente con confirmación de las resoluciones por medio de referéndum- que permita transformar el modelo económico hacia uno que no sea sistemáticamente violatorio de derechos humanos.

5)

Apoyen nuestra exigencia de una investigación real sobre los culpables de la sistemática violación de derechos de los pueblos por la instauración del modelo.

6)

El reconocimiento de la desviación de poder como un crimen de Estado, a la altura de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, es decir, de las potencialidades criminales de la figura jurídica, así como de todas sus vertientes, en tanto desviación del poder político, del poder económico o del poder cultural del Estado.

7)

Confirmen la responsabilidad del Estado mexicano en la violación flagrante y sistemática de los derechos de los pueblos, de las minorías y de los individuos, en los crímenes internacionales e infracciones a los derechos fundamentales de los pueblos y de las minorías, en las violaciones graves y sistemáticas de los derechos y libertades de los individuos reconocidos por el “código internacional de derechos humanos”; violaciones todas que han resultado de la implementación de políticas públicas de libre comercio, operación concretada a partir de la comisión dolosa del crimen de desviación de poder, con todas las agravantes posibles, en perjuicio de la Nación mexicana y en beneficio mediato de grupos económicos minúsculos y directo de políticos corruptos y entreguistas, como parte de un proyecto perfectamente planeado desde las más altas esferas del Imperio.

8)

Soliciten al gobierno de México la denuncia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con base en el artículo 2205 del propio tratado.

9)

Convaliden nuestro reclamo de justicia y de cese a la impunidad, recomendando las reparaciones y transformaciones conducentes y el cumplimiento de las sanciones respectivas.

10)

Soliciten urgentemente un pronunciamiento a los jueces miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la titularidad del ejercicio del control de la convencionalidad, con el propósito de que las autoridades jurisdiccionales mexicanas no difuminen, confundan ni se sustraigan de esta importante atribución propia de dicho tribunal regional de protección de derechos humanos.

11)

Convoquen a la realización de actividades simbólicas que permitan crear conciencia social en torno a las violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos por el modelo económico neoliberal.

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Índice I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2 II. ACUSACIÓN GENERAL ........................................................................................................... 4 III. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN UNA DOBLE DESVIACIÓN DEL PODER ...................................................................................................................................... 8 A. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA ................................................................................................ 8

98

1. La desviación del poder…………………………………………………………………………………………..….….8 2. El doble carácter de la desviación de poder del Estado mexicano .................................... 111 B. LA DESVIACIÓN DEL PODER ECONÓMICO DEL ESTADO MEXICANO.......................................... 13 1. Qué entendemos por desviación del poder económico del Estado ..................................... 133 2. Origen de la vulnerabilidad estructural de México que condujo a los tratados de libre comercio.................................................................................................................................. 155 3. Evolución de los procesos de liberalización, privatización y desnacionalización de las riquezas nacionales................................................................................................................. 188 4. Los múltiples tratados de libre comercio de México y su significado geopolítico dentro del paquete de medidas económicas neoliberales ........................................................................ 266 5. Los éxitos y buenos propósitos según el libre comercio ..................................................... 322 6. Algunos saldos económicos negativos del libre comercio.................................................. 355 7. Nuestra necesidad de ampliar la crítica al libre comercio .................................................. 37 8. La destrucción ejemplar del ciclo económico del sector agrícola ..................................... 444 9. La deformidad general de la economía mexicana ................................................................ 49 C. LA DESVIACIÓN DEL PODER POLÍTICO DEL ESTADO MEXICANO .............................................. 53 1. Qué entendemos por desviación del poder político del Estado .......................................... 533 2. Algunas causas estructurales de la desviación del poder político ....................................... 56 3. La destructiva desviación del poder contra la vida política de México ............................... 59 4. Un aspecto central del ciclo completo de desviación del poder político del Estado mexicano: la represión política del pueblo ............................................................................ 733

5. Suplantaciones degenerativas de la vida política……………………..………...…....77 6. Articulación reproductiva entre la desfiguración de la política y sus suplantaciones degenerativas……………………………………………………….……………………………….80 IV. VIOLACIONES FLAGRANTES Y SISTEMÁTICAS DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS, DE LAS MINORÍAS Y DE LOS INDIVIDUOS ..................................................... 83 VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN Y A LA OBLIGACIÓN DE VERDAD ....................... 84 VIOLACIONES AL DERECHO AL DESARROLLO ........................................................................... 8585 VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (DERECHO A NO SER POBRE) .......................................................................................................... 85 V. PETICIONES DERIVADAS DE LA ACUSACIÓN............................................................... 86

99

VI. REFERENCIAS: ....................................................................................................................... 89 VII. PÁGINAS VISITADAS: ......................................................................................................... 97 ÍNDICE ............................................................................................................................................. 98 ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................... 100

Índice de Cuadros CUADRO 1 MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES DE MÉXICO 1960-2008 (PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES TOTALES %) ................................ 17 CUADRO 2 RED DE ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE MÉXICO ................ 26 CUADRO 3 EXPORTACIONES POR PRINCIPALES DESTINOS ORGANIZADOS SEGÚN TRATADO COMERCIAL FIRMADO. MÉXICO 1994-200 .......................................................... 30 CUADRO 4 GRADO DE APERTURA COMERCIAL EN MÉXICO Y REGIONES DE AMÉRICA 1960-2008 (IMPORTACIONES MAS EXPORTACIONES ENTRE PIB) .................. 33 CUADRO 5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IED EN MÉXICO EN EL PERIODO 1999-2011 .......................................................................................................................................... 34 CUADRO 6 ....................................................................................................................................... 42 CUADRO 7 VALOR DE LAS EXPORTACIONES E INVERSIÓN EXTRANJERA (ENTRADAS NETAS) EN MÉXICO ($MILLONES DE DÓLARES)........................................... 42

100

ANEXO 1 Zona de Libre Comercio, Unión Aduanera o Mercado Común OLLINTZIN MIGUEL ARAGÓN AVILA A partir de 1994, México decidió formar parte de un bloque comercial con Estados Unidos y Canadá, materializado jurídicamente a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado buscó viabilizar el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros, referente a la aplicación territorial, tráfico fronterizo, uniones aduaneras y zonas de libre comercio. En otras palabras, el TLCAN es un instrumento jurídico‐político de carácter procesal cuyo fundamento sustantivo está en el GATT. Para algunos autores, el TLCAN es algo más que un acuerdo comercial, debido a que su contenido trasciende los compromisos de México como miembro del GATT, puesto que: por el alcance de sus objetivos, sus normas no solamente regulan el comercio transfronterizo de bienes y servicios, sino contienen, además, las propias de una integración económica más amplia que una zona de libre comercio, al permitir la libre circulación de uno de los factores de la producción (capital productivo y financiero), pero es más limitado que un mercado común (mercomún) al restringir la libre circulación del otro factor de la producción que es la fuerza de trabajo, cuya modalidad queda sujeta a las leyes internas de cada país socio y a acuerdos migratorios bilaterales.113 Basándose en el proceso de la formación de la comunidad europea, diversos autores han coincidido en señalar que los niveles o grados de integración económica que se pueden presentar entre los países son los siguientes:

113

Tayde Morales y Francisco Ramírez, “Fundamentos jurídico‐políticos para una renegociación del TLCAN”, en Juan Sandoval Palacios (compilador) TLCAN Balance general e impactos subregionales y sectoriales, México, RMALC/Universidad Autónoma de Chapingo, 2009, p. 177.

101

1. Zona de libre comercio.

2. Unión aduanera.

3. Mercado común.

4. Unión económica y monetaria.

5. Integración económica completa.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo XXIV, apartado 8 del GATT, se permite a los signatarios de dicho acuerdo dos formas de integración económica: una zona de libre comercio y la unión aduanera. La primera tiene que ver con un acuerdo entre países que buscan la eliminación de las barreras al comercio interior con el fin de dar libertad al movimiento de mercancías en la zona. En esta área los países miembros del acuerdo mantienen las barreras de comercio con el resto de los países; la segunda se produce cuando un Área de Libre Comercio establece un arancel exterior común frente al resto de países.

El TLC firmado por México, EUA y Canadá adoptó únicamente la forma legal de “zona de libre comercio”114, es decir, este tratado busca “eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las Partes”115.

A pesar de que el objetivo general del TLCAN era crear una zona de libre, sus objetivos particulares rebasan en mucho el grado de integración del propio artículo XXIV , apartado 5 del GATT (“Por consiguiente, las disposiciones del presente Acuerdo no impedirán, entre los territorios de las partes contratantes, el establecimiento de una unión aduanera ni el de una zona de libre comercio, así como tampoco la adopción de un acuerdo provisional necesario para el establecimiento de una unión aduanera o de una zona de libre comercio”116). Asimismo, esto queda evidenciado en el apartado 3, “Las disposiciones del

114

Artículo 101 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,

http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP01.asp#Cap.I (Consultado el 20 de mayo de 2012).

115

Ibídem, artículo 102.

116

Artículo XXIV, apartado 5, Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), http://www.jurisint.org/pub/06/sp/doc/05.htm (Consultado el 20 de mayo de 2012).

102

presente Acuerdo no deberán interpretarse en el sentido de obstaculizar: a) las ventajas concedidas por una parte contratante a países limítrofes con el fin de facilitar el tráfico fronterizo”; y 4 del mismo artículo del GATT, el cual reconoce la “conveniencia de aumentar la libertad del comercio, desarrollando, mediante acuerdos libremente concer‐ tados, una integración mayor de las economías de los países que participen en tales acuerdos”117.

Lo anterior demuestra que el objetivo del apartado 4 del GATT, busca que se trasciendan los límites de la figura de zona de libre comercio, para ubicarse en un grado de integración económica mayor, a decir: un mercado común, sólo que sin los beneficios para México de esta forma de integración, como sería la movilidad transfronteriza de la fuerza de trabajo.

Por lo tanto, por sus objetivos el TLCAN no es ni una zona de libre comercio porque la trasciende, ni es un mercado común porque está por debajo de esta forma de integración económica; es lo que podríamos llamar un mercomún incompleto, una forma de integración que contiene los elementos de una zona de libre comercio y parte de los componentes de un mercomún en medidas que convienen más al socio norteamericano que a México. Es un acuerdo que de entrada legaliza relaciones entre desiguales con reglas para iguales118.

117

Ibídem, artículo XXIV, apartado 4.

118

Tayde Morales y Francisco Ramírez, op. cit., p. 180.

103

ANEXO 2 El discurso de la transición como ideología RAYMUNDO ESPINOZA HERNÁNDEZ §1. Al menos desde 1997, políticos y analistas han insistido en el tema de la transición democrática.

Expresiones como “nuevo sistema político”, “cambio de régimen”, “fin del autoritarismo” o “colapso del presidencialismo” han sido usadas asiduamente. Asimismo, el tema de los gobienros divididos, de la cohabitación política, del pluralismo político, de la competividad y trasnparencia electoral, de la renovada vigencia del Estado de Derecho, de la efectiva división de poderes y otros tantos, han sido tomados como indicadores inequívocos de lo irremediable: el arribo de México a la democracia. Ante la fascinación ingenua por los logros de la democracia electoral, teniendo en el horizonte inmediato la sucesión presidencial de 2012, y de cara a la barbarie provocada por treinta años de privatizaciones, desregulación y libre comercio, bien vale la pena preguntarse si el desvío de poder, la corrupción y la impunidad, son simplemente malas costumbres que nada tienen que ver con la democracia.

§2. Resulta curioso constatar que, dentro del léxico político mexicano, expresiones como “democratización integral”, “modernización”, “reforma del Estado” y “reformas estructurales”, por ejemplo, han sido empleadas tanto por los gobiernos del PRI como por los del PAN. Algunas otras como “transición democrática”, “alternancia política”, “consolidación de la democracia” y “gobernabilidad democrática”, comenzaron a usarse constantemente a partir de la segunda mitad del sexenio zedillista y especialmente durante el gobierno de Fox. Las expresiones que real y progresivamente han sido proscritas del léxico político mexicano, o cuyo uso se ha ido restringiendo, son todas aquellas que remitían a la democracia social o a la legitimidad revolucionaria del régimen. §3. La opinión generalizada, no sólo entre los políticos sino entre los especialistas, es que “…en el año 2000 […] México había logrado una transición pacífica –gradual y pactada en múltiples reformas electorales– hacia la democracia política…”. Para José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra “…la transición ya se había consumado, pues más allá de lo que expresaran los electores con sus votos, existían las condiciones institucionales para que la alternancia fuera posible…”. En todo caso, “…al menos por unos cuantos lustros, en la historia del México moderno ha existido un

104

periodo en el que la democracia política ha sido una realidad.” 119 A decir de Woldenberg, “…Transitamos de un régimen autoritario, que concentraba las decisiones centrales de la política, a otro, suma de normas e instituciones renovadas.

Llegamos ‘simplemente’ a un sistema democrático, donde el voto del ciudadano de a pie decide lo fundamental en política: quién gobierna y cómo se componen los cuerpos legislativos.”120 §4. Algunas vertientes del pensamiento liberal contemporáneo han restringido la idea de democracia a su dimensión formal, para después reducir ésta al tema de las elecciones y los procesos electorales: la celebración periódica de elecciones, la existencia de varios partidos políticos que compiten libremente y en condiciones de igualdad por el voto ciudadano, la pulcritud y transparencia de los procesos electorales, la aplicación irrestricta de la normatividad electoral y la alternancia en el poder, por ejemplo. La legitimidad y el control del poder político, así como la pléyade entera de decisiones no electorales que se toman cuando se ejerce el poder, quedan fuera de esta idea, por lo que no son problemas considerados intrínsecos a la democracia. Los gobiernos divididos, la activación de los contrapesos legislativos o la constante rotación de cargos, entre otras novedades, son vistos como retos de la democracia o como efectos colaterales de la transición que ahora debe afrontar la gobernabilidad democrática. Pareciera ser que el desempeño de las estructuras de gobierno y de control del ejercicio del poder fuese una cuestión contigua a la democracia, pero, en todo caso, no esencial a ella. §5. Lo que sucede es que los especialistas reducen la democracia a sus aspectos político‐electorales, desconociendo sus aspectos materiales, ontológicos y teleológicos para privilegiar sus aspectos procedimentales en materia electoral. Al contrario del pensamiento liberal, las modernas democracias constitucionales de posguerra se han construido a partir del reconocimiento del vínculo orgánico entre la dimensión formal (condición necesaria pero no suficiente) de la democracia y su dimensión sustancial (relativa no al quién o al cómo sino al qué se decide). Las democracias constitucionales de posguerra no se satisfacen con un sistema pluripartidista o con elecciones periódicas, transparentes y limpias, pues no miran al poder como un fin en sí mismo sino como un medio para garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales.121 §6. En el fondo, el artilugio de la democracia político‐electoral, centrada en las condiciones necesarias para la competencia, no garantiza la legitimidad ni el control del poder. Lo que sí hace es justificar la idea misma de mercado como una institución democrática, pues los procedimientos para la competencia por el voto ciudadano entre varios partidos se presentan como análogos a los procedimiento requeridos

119

Cfr. la presentación que los autores elaborar con motivo de la cuarta edición de su libro La mecánica del cambio político en México, publicada en 2011 por Cal y Arena.

120

José Woldenberg, La construcción de la democracia, Plaza & Janés, México, 2002, p. 66.

121

Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes, Trotta, España, 2011.

105

para la competencia entre propietarios privados en el mercado que se disputan el favor de los consumidores. De este modo, al identificar la democracia con el mercado (una institución democrática per se), entonces sí, el pensamiento liberal, específicamente la “ideología de la transición”, puede hablar de la consumación del proceso de cambio político haciendo a un lado múltiples aspectos de la democracia formal y el ámbito completo de su dimensión sustancial.

106

ANEXO 3 La ideología de la transición y el presidencialismo RAYMUNDO ESPINOZA HERNÁNDEZ §1. La alternancia política fue un proceso claramente distinguible al llegar los tecnócratas al poder, no cuando se consumó formalmente el cambio de partidos en la Presidencia de la República y oficialmente comenzó a gobernar el PAN. La implementación de políticas públicas de corte neoliberal inicia y avanza gradualmente y cada vez con mayor fuerza con las últimas administraciones priístas. El sexenio de Ernesto Zedillo es el sexenio en el que más tratados de libre comercio se celebraron, asimismo, es el sexenio en el que más reformas constitucionales se aprobaron. Estas reformas le permitieron a Zedillo apuntalar una red de poder transexenal aún vigente y que, junto a los “políticos conversos” que se sumaron a las filas del PAN, han asegurado la continuidad del proyecto neoliberal hasta su estancamiento y descomposición actual. La alternancia política real estuvo determinada por el cambio de proyectos, no por el cambio de personas o de partidos en el poder. §2. La transición política es un proceso mucho más rico que la pura alternancia, pues tiene que ver con los cambios en las estructuras de obtención y ejercicio del poder. ¿Qué pasaría si, en los comicios de este año, hipotéticamente, el PRI recuperara la Presidencia de la República y obtuviera mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso?, ¿habría un retroceso democrático y una transición de regreso al autoritarismo? El punto clave no es quién gobierne, sino las estructuras con base en las cuales gobierna, pues muy bien podría suceder que el PAN retenga el poder, obtenga las mayorías necesarias en las cámaras para tomar decisiones y gobierne con total independencia respecto de otras fuerzas políticas. De aquí que, más bien, el problema fundamental del sistema político mexicano sea estructural, y que su viabilidad democrática dependa de necesarios cambios estructurales que permitan que el poder político alcance los niveles necesarios de legitimidad en todas sus etapas y que logren someter a esté a sistemas eficaces de control en todas ellas. §3. El pluralismo político que se expresa en la conformación de los órganos de representación no es sinónimo de democracia, a pesar de que el poder del Presidente de la República se vea mermado al no contar con mayorías absolutas o relativas en las cámaras y esto haga pensar que el Congreso ya no es un subordinado más del titular del Poder Ejecutivo. En este punto, la confusión radica en que se confunde una situación contingente, como lo es el hecho de que el Presidente no cuente actualmente con mayorías en las cámaras, con una cuestión

107

estructural, como lo es la forma de gobierno presidencial. Es cierto que, desde que el partido del Presidente no posee la mayoría de curules en ambas cámaras, el sistema político mexicano no ha funcionado como solía hacerlo. También es cierto que el pluralismo político ha permitido que el Congreso ejerza atribuciones que se habían mantenido suspendidas de facto durante los años dorados del régimen priísta. Sin embrago, lo que no es cierto es que estos hechos hayan colapsado al presidencialismo mexicano y blindado al nuevo régimen frente a toda tentación autoritaria. Lo que realmente ha sucedido es que, al no contar con las mayorías suficientes de su partido en las cámaras, el Presidente y su partido se han visto obligados a negociar, además, dependiendo del caso concreto, el Presidente y su partido se han impuesto la práctica de obstaculizar y descalificar la labor del Congreso, tal y como los legisladores de oposición y sus partidos han hecho respecto de las acciones del Presidente. §4. Los partidos políticos, el Presidente y los legisladores han tenido que aprender a ponerse de acuerdo para gobernar, y esto ha implicado un ejercicio pragmático de la actividad política, que muy pronto produce corrupción, violencia y desvío de poder. Éste es el punto crítico de todo régimen presidencial: el hecho de que la legitimidad del Presidente y del Congreso emane de la misma fuente (mediante votaciones populares) genera una incongruente doble representación, que, combinada con la ausencia de mecanismos constitucionales que permitan solucionar las potenciales crisis de gobernabilidad, derivadas de la incapacidad para ponerse de acuerdo y alcanzar las votaciones requeridas para tomar decisiones, obliga a que los políticos recurran a la corrupción e incluso a la violencia y cometan actos de desviación de poder. §5. Las relaciones entre los órganos constituidos se han complejizado a raíz del pluralismo político, pues se han actualizado los supuestos de gobiernos divididos y de cohabitación política. Sin embargo, el acotamiento del régimen presidencial motivado por el pluralismo político es meramente coyuntural. La estructura básica de esta forma de gobierno se mantiene incólume. No obstante la actualización y renovación de diversas figuras que operan como “frenos y contrapesos” al poder del Presidente, y en términos generales como “excepciones y temperamentos” a la “división de poderes”, también a propósito del pluralismo político, el funcionamiento de las instituciones públicas sigue estando marcado por el desequilibrio estructural que favorece a todo gobierno en un régimen presidencial.

Los controles intra e interorgánicos que podemos encontrar establecidos en constituciones presidencialistas suelen ser meramente simbólicos o inefectivos, aunque, ciertamente, en escenarios de presidencialismo coyunturalmente acotado cobran mucho sentido. §6. Las dudas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales, sean administrativas o jurisdiccionales, son vigentes pese a la competitividad y la apertura de la normatividad electoral. Los cuestionamientos muchas veces apuntan a la legalidad de los actos de autoridad, y tienen que ver con violaciones

108

flagrantes de la normatividad o con actos velados de corrupción, pero en muchas otras ocasiones lo que se cuestiona es la actitud negligente de las autoridades, la manipulación de la legalidad y su instrumentalización en beneficio de intereses facciosos o de grupo. §7. La participación ciudadana en la vida política del país es limitada. Los ciudadanos únicamente pueden votar entre los candidatos que los partidos deciden que pueden ser votados, y esta necesidad de mediación partidista entre la ciudadanía y los órganos de representación opaca el ejercicio efectivo de los derechos políticos. Las listas cerradas y bloqueadas que se utilizan en las elecciones por representación proporcional, por ejemplo, son una muestra clara del servicio que el voto ciudadano presta a los partidos políticos: las elecciones son necesarias para legitimar la rotación de las élites políticas; además, sintetizan las restricciones reales a las que se encuentra sometido el derecho al voto. Asimismo, las limitaciones para las candidaturas independientes también sirven para ejemplificar estas restricciones. La práctica ciudadana no puede reducirse a la elección de representantes, pues no se agota en el ejercicio cíclico del derecho a votar o ser votado, sino que debe extenderse al control permanente del ejercicio del poder político y a la construcción de éste a través de mecanismos efectivos de deliberación. Finalmente, la pretendida ciudadanización del Estado a partir de la creación de órganos constitucionales autónomos tales como la CNDH, el IFE o el IFAI, ha sido un fracaso, pues siguen siendo los partidos políticos, las cámaras y el Presidente quienes monopolizan y negocian los nombramientos, además de que su desempeño ha sido fuertemente cuestionado por tratarse de instituciones instrumentalizadas políticamente y, por tanto, carentes de imparcialidad y en las que la sociedad civil y la opinión pública no se ven representas.

109

ANEXO 4 Órganos Reguladores ARELI ESPINOZA ZAPATA El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que “Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”

SECRETARÍA

ÓRGANO O AGENCIA REGULADORA

Secretaría de Hacienda y Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Servicio de Administración Tributaria Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional del Agua Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Instituto Nacional de Ecología Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional de Pesca Ganadería, Desarrollo Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Rural, Pesca y Agroalimentaria Alimentación

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

110

Secretaría de Salud

Comisión Nacional de Bioética Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades

Servicios de Atención Psiquiátrica (conformado por la confederación de los Hospitales Psiquiátricos Fray Bernardino Álvarez, Juan N. Navarro, Samuel Ramírez Moreno, y los Centros Comunitarios de Salud Mental Cuauhtémoc, Iztapalapa y Zacatenco)

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia

Centro Nacional de Trasplantes Centro Nacional de Transfusión Sanguínea

Secretaría de Economía Comisión Federal de Competencia Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad Comisión Federal de Mejora Regulatoria Secretaría de Energía

Comisión Reguladora de Energía Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía Comisión Nacional Salvaguardias

de

Seguridad

Nuclear

y

111

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Comisión Federal de Telecomunicaciones Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano Puertos Mexicanos

Secretaría de Educación Pública

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura Instituto Nacional de Derechos de Autor Instituto Nacional de Antropología e Historia Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Instituto Politécnico Nacional Radio Educación Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría de Gobernación

Archivo General de la Nación Centro de Investigación y Seguridad Nacional Centro de Producción de Programas Informativos Especiales Centro Nacional de Prevención de Desastres Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Instituto Nacional de Migración Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal Consejo Nacional de Población Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

112

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Secretaría de Desarrollo Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Social Humano Oportunidades (Programa de Educación, Salud y Alimentación) Instituto Nacional de Desarrollo Social Instituto Nacional de Adultos en Plenitud

Programa de Abasto Social del Leche Liconsa Fondo Nacional Para El Fomento De Las Artesanías Secretaría de Turismo

Corporación Ángeles Verdes Centro de Estudios Superiores en Turismo

Secretaría de Defensa Nacional

Escuela Médico Militar Escuela Militar de Materiales de Guerra Escuela Militar de Ingenieros Heroico Colegio Militar Escuela Militar de Aviación Escuela Militar de Sanidad Escuela Militar de Odontología Escuela Militar del Servicio de Transmisiones Escuela Militar de Enfermeras

Secretaría de Seguridad Pública

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Policía Federal Preventiva Prevención y Readaptación Social Consejo de Menores

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 113

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario Secretaría de la Reforma Registro Agrario Nacional Agraria Secretaría de la Función Pública

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

Los llamados órganos reguladores son órganos administrativos desconcentrados, previstos a nivel nacional pero que también existen a nivel de las entidades federativas.

Son entidades a las cuales les han sido delegadas ciertas funciones regulatorias por parte de las Secretarías de Estado. Teóricamente, para el adecuado desempeño de sus objetivos se procura la preparación técnica de sus miembros y su independencia política. Sin embargo, ya en la dinámica de la administración pública mexicana estos órganos reguladores han dejado en claro su falta de independencia política y de autonomía operativa y técnica.

114

ANEXO 5 México y su Nueva Guerra Sucia AUGUSTO SÁNCHEZ SANDOVAL122 a. La nueva guerra sucia y la legislación de seguridad nacional, en el inicio del siglo XXI

Los nuevos motivos para torturar, desaparecer personas y ejecutar extra‐ judicialmente a los ciudadanos, lo constituyen las sospechas de pertenecer a la delincuencia organizada. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 1996, constituye la legislación fundamental de seguridad nacional en México y engloba una serie de delitos, tanto del orden federal, como del fuero común y entre los que están: El Terrorismo, el acopio y tráfico de armas, la falsificación y alteración de monedas, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tráfico de indocumentados y de menores, y los delitos contra la salud, entre otros.

Felipe Calderón, después de un incierto triunfo, inició su gobierno el 1 de diciembre de 2006 y para legitimarse se alió al ejército, a cuyos miembros les dio de entrada, una serie de beneficios laborales hasta del 107%. La deserción en el ejército era de 16,405 y de 16,641 militares en 2006 y 2007 respectivamente, pero para 2009 y 2010 se redujo a 6,879 y 4,764 desertores.123 Calderón declaró que la guerra contra la delincuencia organizada, produciría muertos, pero que había que hacerla, en beneficio del país. Los resultados han sido atroces para la descomposición de la vida social y de la economía de México. Nunca antes el país había vivido una situación tan infame.

•

Muertos. La gravedad de la guerra actual se puede ver comparativamente, con otros momentos dolorosos que ha vivido la población mexicana:

Muertos en la historia de México124

122

Sánchez Sandoval, Augusto. Profesor titular “C” de tiempo completo definitivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

123

Jimenez, Benito. “Levantan salarios moral de la tropa”. Periódico Reforma, domingo 27 de Marzo de 2011, México D. F., p principal y p 6.

124

Vera, Rodrígo. “Estadísticas del horror: 2006-2010”. Revista Proceso, Semanario de Información y Análisis, 1774. México, D. F. 31 de Octubre de 2010. Entrevista realizada a Arturo Arango y Juan Pablo Arango Durán, del grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, quienes recopilan información y realizan evaluaciones estadísticas, con base en tasas, dependiendo de las diferentes poblaciones del país en las distintas épocas históricas. Nosotros realizamos el cuadro e incluimos otros datos.

115

Año Concepto 1810‐1822 Guerra de independencia: 23,000 muertos (6’000.000 hbts) 1835‐1836 Guerra con Estados Unidos y la pérdida de Texas: 2,200 muertos 1846‐1847 Guerra con Estados Unidos: 23,000 muertos y la pérdida de 2 millones de Km2: California, Arizona y Nuevo México.

1857‐1862 La guerra de Reforma: 8,000 muertos 1862‐1867 Intervención francesa e invasión de todo el país: 63,000 1910‐1921 Revolución mexicana: Población entre 15.2 millones de habitantes al inicio y 15.4, al final del período. Muertos posibles en combate 1’100.000125 1926‐1929 Guerra Cristera: Gobierno‐Iglesia católica: 90,000 muertos.

1965‐1980 Primera Guerra Sucia:  Insurgencia en el Estado de Guerrero: Desaparecidos 1,112 126  Movimiento social de 1968: De 150 a 350 muertos.  Jueves de Corpus de 1971: 23 muertos.  Otras desapariciones forzadas. 557  Lucha rural y urbana contra las guerrillas en esa época: Sin datos.

1994 Conflicto armado de Chiapas: Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación nacional: 100 muertos 2006 Muertos colaterales en la guerra contra el narcotráfico: 2,119 2007 La nueva guerra sucia con Felipe Calderón: 2,275 adultos muertos colaterales.

2008 Adultos muertos colaterales: 5,207 2009 Adultos muertos colaterales: 6,587 2010 hasta Adultos muertos colaterales: 9,361127

125

MacCaa, Robert. “Mexicans Studies”/Estudios Mexicanos, Summer 2003, p 367-400. El autor realiza un amplio estudio sobre las muertes ocurridas durante el período de la Revolución Mexicana, tratando de explicar con información de otros nueve autores mexicanos y extranjeros, cuáles pudieron ser los datos de los muertos por la revolución y por otras causas. Correo electrónico: rmccaa@umn.edu Consulta electrónica en Google: Costo_humano_revolucion_ mexicana.pdf. 18 de Marzo de 2011.

126 Vazquez Sansores, Berenice y Hernández Tinajero, Gabril. “12,500 Caso Rosendo Radilla: Herida abierta de la guerra sucia en México”. DVD. Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos A. C. y Witness. México, D. F. 2009 127

La Universidad alemana de Heilderberg en su “Barómetro de Conflictos de 2010” realizado por el Grupo de Investigación sobre Conflictos CONIS, financiada por el Unión Europea, declaró que México es un país en guerra, por los más de 10,000 muertos ocurridos en ese año, ya que superaron los de Paquistán y Afganistán donde hubo 6,800 muertes en 2010 y es comparable con Irak, Sudán y Somalia. Periódico Reforma miércoles

116

octubre Dic.2006 a Niños, muertos colaterales: 610128.

Marzo de 2009 2007 a 2010 Van 1,123 niños asesinados. Cerca de treinta niños muertos en promedio al mes129.

2010 Hijos de policías o hijos de fuerzas federales muertos: 6 2006 a 2010 Militares muertos: 191

Vale anotar, que los muertos calificados de terroristas, narcos o sicarios, son etiquetas que se han colocado, a los que aparecen balaceados o despedazados en cualquier parte del país, pues no es posible saber si tenían o no responsabilidad, ya que no fueron llevados a juicio. Esta es otra característica de la guerra sucia: la autoridad actúa de hecho y no de derecho, mata por su propia mano, sin seguir los procedimientos legales.

Por lo general, en los operativos oficiales no quedan heridos, por eso al hablarse de muertos colaterales queremos referirnos a todos aquellos, que sin haber sido vencidos en juicio, fueron asesinados.

•

Torturados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos giró la recomendación 14/20111, a la Secretaría de Defensa Nacional y al gobierno del Estado de Tabasco por la detención arbitraria y tortura de dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Emiliano Zapata, para obligarlos a firmar una declaración en la que auto‐incriminaron.130 El subteniente de infantería José Feddy Colorado M. en declaraciones hechas en la causa 407/2009 ante el Juzgado Tercero Penal Militar del Campo Militar número Uno, denunció torturas físicas y psicológicas realizadas por los militares, para obligarlo a

12 de Enero de 2011.México, D. F. página principal y 8. Otros informes sobre los muertos pueden consultarse en www.presidencia.gob.mx/voceria_seguridad/ y en www.milenio.com/node/620402 . En esta última página se reportaban para el 26 de Marzo de 2011, un total de 34,612 muertos por ejecuciones y crimen organizado en una secuencia así: En el año de 2006: 62; en 2007: 2,888; en 2008: 6,850; en 2009: 9,614; en 2010: 15,273 con lo cual pueden verse las diferencias en el conteo y el seguimiento de los datos. Ver también: El Diario Reforma del 26 de Septiembre de 2010, México, D. F. en su suplemento Enfoque: Parte de Guerra, p 8 128 “

La Guerra Infame”: Revista Proceso 1785, 16 de Enero de 2011. México D. F., p 6 a 13. Artículo: Victimas Colaterales escrito por Marcela Turati , que aparece en su libro: “Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco”, editorial Grijalbo, México, D. F. El artículo cita a la Secretaría de la Defensa Nacional que da el dato de 610 niños asesinados en el período indicado y aclara que de ellos hay por lo menos 73 niños que murieron por estar con adultos posiblemente involucrados.

129

Turati, Marcela. “Fuego Cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco”, editorial Grijalbo, México, D. F., cita a La Red por los Derechos de la Infancia en México y al programa Infancia en Movimiento que indican el promedio de 30 menores asesinados al mes y aclaran que Del 1 de Enero al 31 de julio, el Monitoreo de Medios del programa Infancia en Movimiento, de Ririki Intervención Social sumavaen 1,123 los menores de 18 años asesinados en el contexto del conflicto armado. Ver también: “La Guerra Infame”: Revista Proceso 1785, 16 de Enero de 2011. México D. F. Artículo: Victimas Colaterales escrito por Marcela Turati.

130

Rea, Daniela. “Revelan detención arbitraria”. Periódico Reforma, 9 de abril de 2011, México, D. F. p 6 117

auto‐inculparse e implicar a cuatro soldados más, con la amenaza de mandar a matar a su esposa e hijos, cuyas fotografías le fueron mostradas.131 •

Niños muertos. El 19 de Marzo de 2010, los soldados mataron a dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el 3 de abril mataron a los menores Bryan y Martín Almanza Salazar. En ambos casos los militares modificaron la escena del crimen para indicar que los primeros tenían armas y los segundos habían muerto en el fuego cruzado con otros delincuentes. El 5 de septiembre un convoy militar disparó contra un vehículo que llevaba a siete miembros de una familia, matando a Alejandro Gabriel de León de 15 años y a su padre Vicente de León, varios parientes más quedaron heridos.132 El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, manifestó preocupación por los aproximados mil niños que han muerto durante los últimos cuatro años (2007‐2010) y denunció violaciones a las garantías fundamentales de los menores y omisiones del gobierno mexicano, al no investigarse los delitos perpetrados por el personal militar en la lucha contra el narcotráfico.133

•

Horfandad, viudez y lesionados: El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto: actualmente habrá unos 32,000. La viudas podrán ser de 18,000 a 20,000 y los lesionados serían 3 por cada muerto, por tanto se hablaría de 75,000.134

•

Desaparecidos: Pero a todo lo anterior debe agregarse el número de personas desaparecidas contra su voluntad en todo el país, tanto en forma individual como en grupos: En el período 2006‐2010 los desaparecidos, sólo en el norte del país son: en Ciudad Juárez, 400 entre las cuales hay 50 mujeres y niñas; en Coahuila, 104,

131

Díaz, Gloria Leticia. “Proceso en la Prisión Militar. Represores y Reprimidos” y “Testimonios de la Guerra”. Revista Proceso, número 1804, del 29 de Mayo de 2011. P 6 a 15 132

Departamento de Estado, USA. “Informe Anual sobre Derechos Humanos, 2010. “Acusa Washington abusos de militares”. Periódico Reforma, México, 9 de Abril de 2011. México, D. F. p 6. Cfr. También: Esquivel, Jesús. “Embate en Estados Unidos contra el Ejército Mexicano”. Revista Proceso 1797, del 19 de abril de 2011. P 17 a 20.

133

Periódico La Jornada. “Preocupa a la ONU la elevada cifra de niños muertos por la guerra antinarco”. Nota de la Redacción, con información de Rubicela Morelos, corresponsal. México, D. F., 5 de Febrero de 2011.

134

Vera, Rodrigo. “Estadísticas del horror: 2006-2010”. Revista Proceso, Semanario de Información y Análisis, 1774. México, D. F. 31 de Octubre de 2010. Entrevista realizada a Arturo Arango y Juan Pablo Arango Durán, del grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, quienes recopilan información y realizan evaluaciones estadísticas, con base en tasas, dependiendo de las diferentes poblaciones del país en las distintas épocas históricas.

118

en Tijuana más de 200 135 y en Zacatecas 139 personas 136 . Pero las desapariciones también recaen sobre 700 niños en el año 2010.137 Además de las desapariciones colectivas, a mayor precisión: de las 194 víctimas documentadas por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), sólo 17 personas han desaparecido individualmente, y el resto, en grupo”.138 Los secuestros masivos de migrantes, siguen ocurriendo incluso con la participación de agentes de seguridad.139 A nivel de todo el territorio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó 5,397 expedientes de personas extraviadas o ausentes, además de 8,898 cuerpos que no fueron identificados o cuyas causas de muerte no fueron aclaradas, en el período de 2006 a Marzo de 2011. 140 Se criticó que no estuvieran establecidas las causas de las desapariciones y de las muertes, pero todas se han dado en el marco de la Guerra del Calderón, con el ejército actuando en todo el territorio nacional, por tanto los muertos no identificados pudieran ser también desapariciones previas.

•

Desapariciones y muertes de migrantes. Las mafias de traficantes y las mafias colaboradoras dentro del gobierno, han estructurado una estrategia de violación de personas, extorsión, secuestro y muerte de decenas de miles de migrantes latinoamericanos y de otras nacionalidades, que viajan a través de México hacia los Estados Unidos. Al respecto, La ONU indica que son anualmente 500,000 migrantes guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Human Rights Watch en enero 2011 indica que cerca de 18,000 indocumentados son secuestrados al año, para obtener rescates de sus familiares en Estados Unidos… Los rescates van de US$100 a US$3,000 que se entregan a través de empresas de transferencias financieras… En los últimos 10 años están en calidad de

135

Ramos, Leopoldo; Carrizales, David y otros. “Preocupante aumento de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en el país: ONG”. Periódico La Jornada, 11 Diciembre de 2010, p 13 136

Valadés, Alfredo. “Comisión Estatal de Derechos Humanos”:139 desaparecidos en Zacatecas en 10 meses”. Periódico La Jornada, miércoles 27 de Abril de 2011, p principal y 12.

137

Castillo García, Gustavo. “Desaparecidos, 700 menores en meses recientes: ONG”. Se suma México al Programa de búsqueda Alerta Amber. Periódico La Jornada, 29 de abril de 2011, p principal y 11 138

Rodríguez García, Arturo. “Desapariciones masivas… y silenciosas”. Revista Proceso, 1783, 2 Enero de 2011, p 24.

139

Camacho Servín, Fernando. “El sacerdote Alejandro Solalinde pone en duda rescate por la Policía Federal de Centroamericanos”. Periódico La Jornada 27 de Abril de 2011, México, D. F. p 16 140

Camacho Servín, Fernando. “Reporta la CNDH más de 5 mil ‘extraviados’ en este sexenio”. Sin el registro de las causas el informe no es de mucha utilidad, adviertes ONG. Periódico La Jornada, domingo 3 de abril de 2011, México, D. F. El corresponsal agrega: Esta información se dio a conocer dos días después de que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias le sugiriera al gobierno mexicano que retirara al ejército de las tareas de seguridad pública. P 5

119

desaparecidos 60,000 salvadoreños… El 22 de febrero de 2011 el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva informó que se documentaron 244 secuestros masivos de migrantes, tan sólo de abril a septiembre de 2010, con un total de 11,333 víctimas.141 •

Fosas comunes: En Tamaulipas, en el Municipio de San Fernando se han hallado, fosas clandestinas con unos 250 cadáveres, en la ciudad de Durango dos fosas con 96 cuerpos 142 y en el municipio de Benito Juárez se han encontrado 11, de las cuales se han extraído hasta ahora 85 muertos, en Nuevo León. 143

•

Suicidios: La guerra genera además otros daños colaterales como la desestructuración institucional, laboral‐productiva, educativa‐cultural, desesperanza y miedo a la vida. Por ello es importante anotar que en el año 2007 hubo en México 4,388 muertes por suicidio144. En 2008 fueron 150,000 niños y adolescentes de 12 a 17 años, los que intentaron quitarse la vida, principalmente en los estados de Chihuahua, Michoacán y Tabasco. 145 Al amplíarse el rango de edad, de 15 a 29 años, se encontró que de finales del 2008 a las postrimerías de 2009, fueron alrededor de 350 mil adolescentes y jóvenes los que intentaron suicidarse.146

•

Efectos post‐traumáticos: Si consideramos además los efectos post‐traumáticos de las victimas, niños y adultos, y también de los victimarios, el panorama es grave, pues cuando no es el suicidio, lo son las secuelas psicológicas con que tienen que vivir. quienes sobreviven a la tragedia:

141

Dávila, Patricia. “Migrantes: Los que ni huella dejan”. Revista Proceso, n 1798 del 17 de Abril de 2011, México, D. F., p 15 a 17. Síntesis. Nota: La periodista obtiene las fuentes de la Organización de las Naciones Unidas, del Instituto Nacional de Migración, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP, de la Comisión de Migración del Parlamento Latinoamericano PARLATINO, del Movimiento Migrante Mesoamericano y sin Fronteras, entre otros.

142

Maldonado, Saúl. “Suman 96 los cuerpos hallados en las narcofosas de Durango. Periódico La Jornada, miércoles 27 de abril de 2011, p 10.

143

Nota de la Redacción en el períodico La Jornada. “Hallan once fosas clandestinas en el municipio de Benito Juárez, Nuevo León. En la misma entidad, tres hombres fueron acribillados y dos aparecieron decapitados. En acciones violentas mueren 38; ejecuciones en Sinaloa, Durango y Aguascalientes.” México, D. F., 23 de junio de 2011, p 13 144

Igartúa Santiago. “Repunta el suicidio infantil ante la ola de violencia”. En Revista Proceso. 1775, 7 de noviembre de 2010. P 26 a 30.

145

Ibidem p 27. Santiago Igartúa cita el informe Conducta suicida en adolescentes y adultos jóvenes en la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, presentada al Instituto Mexicano de la Juventud (Injuve) por el Instituto Nacional de Psiquiatría (INP)en noviembre de 2009 146

Igartúa Santiago. “Repunta el suicidio infantil ante la ola de violencia”. En Revista Proceso. 1775, 7 de noviembre de 2010, p 27.

120

Un grupo de militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizado de la novena Zona Militar de Culiacán, el 1 de abril de 2007, disparó contra una camioneta pick‐up que llevaba a la familia de Adán Abel Esparza Parra, su esposa Griselda, su hermana Gloria Alicia y la maestra adolescente Teresa de Jesús Flores Sánchez, las niñas Grisel Adanay (3 años) y Juana Diosnirely (un año) y los niños Eduin Yoniel (7 años) y su amiguito José Duvuán de 6 años. Varios quedaron heridos, pero los militares los dejaron morir.

El militar cabo de sanidad Eladio Pérez Arriaga alertó a sus compañeros que viajaban niños, pero fue ignorado. En el hospital de Culiacán donde fue internado por stress agudo con embotamiento emocional subjetivo, reducción en su relación con su entorno y re‐experimentación del evento traumático, en su delirio repetía: ¡No, a los niños no…! 147 •

Expulsión y desplazamientos de la población. Este factor es consistente en todas las guerras y en México, se está dando la situación que varios pueblos quedan vacíos por la estrategia de tierra arrasada y más de 150,000 personas con capacidad económica han emigrado hacia los Estados Unidos u otros países. ““El Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC) por sus siglas en inglés, advirtió que alrededor de 230.000 personas en México se han visto orilladas a salir de sus lugares de origen. A Estados Unidos han llegado 115,000 y el desplazamiento interno es de otros 115,000, provenientes principalmente de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Sinaloa y Michoacán.

“Además, las localidades tamaulipecas más afectadas son Praxedis G. Guerrero y El Porvenir en Valle de Juárez todas las casas están vacías, quemadas y destrozadas.148 En Ciudad Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz hay miles de viviendas abandonadas… Además, cifras de diversas autoridades locales revelaron que había 116,000 hogares

147

Turati, Marcela. “Victimas Colaterales” en: Revista Proceso 1785, “La Guerra Infame”, 16 de Enero de 2011. México D. F. p 8-10. La periodista entrevistadora agrega que los militares: En lugar de pedir ambulancias, solicitaban refuerzos… El trayecto de dos horas duró ocho. La caravana llegó a las cuatro y media de la mañana al cuartel del Badiraguato, A los tripulantes no los autorizaron para bajar de los vehículos. Esperaron al amanecer: vivos y muertos recostados juntos. La espera fue una agonía en la que vieron cómo se les iba escurriendo la vida a los heridos que sí habían aguantado el camino… La Comisión Nacional de Derechos Humanos conoció el caso y declaró que los miembros del batallón no sólo dispararon a ciudadanos inocentes y dejaron morir a los sobrevivientes, también los quisieron culpar de su tragedia.

148

Carrasco Araizaga, Jorge. “La Guerra interna toma forma”. Revista Proceso, 1795, 27 de Marzo de 2011.

México, D. F., p17-18

121

vacíos, 11,000 negocios cerrados, y 11,000 alumnos que abandonaron sus estudios””.149 •

La limpieza social. La guerra también ha tenido como objetivo la muerte de muchas personas que son desechos para el sistema. Varios centros de atención a adictos han cerrado sus puertas, porque a sus usuarios no sólo se les secuestra para robarlos y torturarlos, para sacarles información sobre sus vendedores de drogas, sino también, se les acribilla en los mismos centros de salud o de acogida en que se encuentran. Así ha ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en centro El Aliviane, en septiembre de 2009, mataron a 18 personas internas; diez, en el Anexo de Vida; diecinueve en el Centro Fe y Vida; diez, en dos irrupciones al CIAD; cinco, en La Vida sin Adicciones; y una, en el anexo Doceava Tradición. En 2010, nueve personas fueron masacradas en Fuerza para Vivir, de Durango y catorce, en El Camino de Tijuana; en Tepic, Nayarit, el 27 de Octubre de este mismo año, acribillaron a 15 lavacoches, de los cuales 10, pertenecían al Centro Alcance Victoria. 150

•

La persecución y homicidio de líderes políticos y luchadores por los derechos humanos. En rio revuelto ganancia de pescadores, dice el proverbio popular y los operadores de la guerra actual en México, lo ponen en práctica. Detrás de los cateos sin orden judicial, de los muertos, desaparecidos y desplazados, hay también reivindicaciones agrarias, obreras y políticas. Así, Maricela Escobedo quien por exigir justicia para su hija asesinada, lo fue también, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Susana Chávez acuñó la frase Ninguna Más, para luchar contra los feminicidios en Ciudad Juárez. Marisol Ortíz y María Luisa García Andrade de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, han tenido que solicitar asilo a los Estados Unidos para no ser asesinadas, al igual que Cipriana Jurado Herrera del Centro de investigaciones y Solidaridad Obrera.151

149

Camacho Servín, Fernando. “La guerra ha expulsado de sus hogares a 230,000 personas: 0NG”. Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC), nacida en 1998 y vinculada al Consejo Noruego para los Refugiados. Retoma datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En periódico La Jornada, sábado 26 de marzo de 2011, p 3.

150

Turati, Marcela. “Si no los mata la droga, los mata el narco”. Revista Proceso 1775, 7 de noviembre de 2010, p 10-16.

151

Álvarez Icaza, Emilio:”Activistas de Derechos Humanos en Ciudad Juárez”. Programa de Televisión “El Mañanero” con Brozo. ForoTv, canal 104 Televisa, México, D. F. Emilio Alvarez I. señala además, que se está dando una segunda generación en los feminicidios en Ciudad Juárez, porque ahora se está asesinando a mujeres líderes y luchadoras por los derechos humanos. Ver también: Rubén Villalpando, “Otorga E. U. asilo a defensora de los derechos humanos perseguida por el Ejército”. Cita entre otros a la activista Cipriana Jurado, al periodista Jorge Luis Aguirre, a Maricela Ortíz fundadora del grupo “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, a Malú García Andrade quien huyó de Ciudad Juárez luego de que le quemaron su casa con bombas molotov, a Marisol Valles perseguida por la delincuencia organizada. En 2008 los periodistas Ricardo Chaves Aldana de Radio Cañón, Emilio Gutiérrez Soto de El Diario y en 2010 Horacio Nájera corresponsal del

122

•

La sinceridad de la barbarie. El general Carlos Bibiano Villa Castillo152 manifestó ante los medios de comunicación: Cuando veo a un Zeta lo mato ¿Para qué interrogarlo? …

Halconas, hay tres o cuatro en cada red. Son mujeres pobres, gordas, todas jodidas, pero también se mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo un hilo en la cabeza y se ahogan.

No deben vivir. Al menos mueren completas. Un detalle por ser mujeres… Respecto de las bonitas, también se matan, salvo que las agarren otros. Lo que yo desconfío de la Policía Federal, es que ellos no matan, ellos nomás agarran y el Ejército y la Marina matan… Es un código de honor contra quienes deben morir...153 Con ese ejemplo se demuestra que la guerra ha llegado al momento, de la no indignación, de la no humanidad, del cumplimiento del deber de matar a toda costa, porque éstos se consideran los buenos.

•

El servicio militar anticipado. Es una consecuencia de la deserción de los militares y de la militarización de los pueblos. Ahora, se obliga a los menores de 18 años a prestar el servicio militar anticipado, con el fin declarado de ayudar a desmontar áreas de cultivos ilícitos. Sin embargo, si esos niños cometen faltas a la disciplina militar, se les aplican las leyes castrenses que están hechas para adultos y no para menores de edad.

•

La necesidad de declarar la guerra interna o el conflicto armado interno, para que a través de las normas y tribunales internacionales, se pueda establecer responsabilidad a las autoridades nacionales, por la violación de los derechos de guerra. No obstante lo visto, el gobierno mexicano en 2011 niega que haya guerra interior, pero por lo menos debemos aceptar que hay conflicto interno:

Diario Reforma. Periódico La Jornada 13 de Junio de 2011, México, D, F, p 14. Ver también: “Periodista mexicana, primera en ser asilada política en España. Periódico la Jornada, del 5 de Julio de 2011, p 9 152

Carlos Bibiano Villa Castillo fue Director de Seguridad Pública en Torreón Coahuila y luego, trasladado al Estado de Quintana Roo. 153

Martínez, Sanjuana. “Llevarán caso del general Villa Castillo ante la CIDH por apología del delito”.

Periódico La Jornada, 27 de marzo de 2011, México, D. F., p 8. “Los Zetas” son una organización formada por ex-militares Kaibiles, especializados en contra-insurgencia, que participaron en la muerte de más de 100,000 guatemaltecos durante la rebelión de ese pueblo contra sus gobiernos en la década de los 80.

Además, cuenta con exmilitares mexicanos entrenados también con contra-guerrilla. Al inicio los Zetas hicieron parte del Cártel del Golfo, pero captura de su líder Osiel Cárdenas se escindieron formando un Cártel independiente, con ramificaciones en Centro y Sur América. Las “Halconas o los Halcones” son personas que sirven como informantes al Cartel de los Zetas.

123

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998 ratificado por México, prevé la hipótesis del conflicto armado interno, que puede ser aplicado al caso mexicano, por los Delitos que cometen las autoridades: Estatuto de Roma, Artículo 8, Crímenes de Guerra: Numeral 2. A los efectos del presente Estatuto, se entienden por crímenes de guerra, infracciones graves a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

En el Numeral 2, ordinal c) se establece que se son crímenes de guerra: En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves al artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, a saber: cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención, o por cualquier otra causa. i)

Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, y la tortura.

ii)

Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes.

iii)

La toma de rehenes,

iv)

Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.154

En estos casos, para la declaratoria del conflicto interno no se requiere que los grupos contendientes sean militares, sino que pueden estar constituidos por civiles.

Sin embargo, al gobierno mexicano no le conviene hacer la declaratoria de conflicto armado interno, para alejar la posibilidad real de su responsabilidad penal internacional por crímenes de guerra.

Esa estrategia de muerte se ha incrementado y continúa en esos mismos términos, con el apoyo del Plan México ‐ Plan Mérida. Para ello, la secretaria de Estado

154

Cfr. Estatuto de Roma que da nacimiento a la Corte Penal Internacional de 1998. Vinculante jurídicamente para México. Ver también: Los Cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 cuyo artículo 3 se refiere a los “Conflictos no internacionales”.

124

norteamericana Hillary Clinton han recomendado continuar la guerra, con el presidente que llegue después de Felipe Calderón al finalizar el año 2012.

b. El Plan México o Plan Mérida (2007) El ‘Plan México’ sirve para que los Estados Unidos se posesionen militarmente, del territorio, de la infraestructura y los recursos estratégicos, así como de la conciencia de los mexicanos. El cambio de nombre a ‘Plan Mérida’ se adecua, para ampliar sus efectos sobre Centroamérica, en el desarrollo del Plan Puebla‐Panamá, es decir, sobre una extensión geográfica llena de recursos naturales y acuíferos que servirán a la supervivencia de la “Organización Regional de Integración Económica de América del Norte” compuesta por México, Estados Unidos y Canadá,155 en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte ASPAN) para el siglo XXI. En el marco de esa estrategia geo‐política, se encuentra la toma por el ejército norteamericano el territorio de Haití, luego del gran sismo; el golpe de estado en Honduras en 2009, que consumó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el envío de trece mil ‘soldados y civiles’ a Costa Rica en 2010, para protegerla del narcotráfico.

Así, la estrategia estadounidense de control del subcontinente Puebla‐Panamá, se asegura con la gran tenaza constituida por el Plan México‐Mérida y el Plan Colombia.156 Algo similar ocurrió con el Plan Colombia, que sirvió a los Estados Unidos de América para obtener físicamente bases militares y controlar el territorio de ese pais, pero a su vez tener la influencia directa sobre la Amazonía y los indisciplinados países del UNASUR, formando otra pinza estratégica con Paraguay donde los norteamericanos tienen también otras bases militares.

El plan México o iniciativa Mérida157 tiene como principales programas de gobierno, los siguientes: a) De carácter ideológico y de capacitación: El apoyo a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) vinculadas con los derechos humanos, a la sociedad

155

La constitución de la Organización Regional de Integración Económica de América del Norte, resulta de la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de Marzo de 2003. En esa convención México, Estados Unidos y Canadá, como participantes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se conforman como un solo país, en materia económica y de seguridad.

156

Fazio, Carlos. “Dominación de Espectro Completo”. Periódico La Jornada, México, D. F., 12 de Julio de 2010, p 17, paráfrasis.

157

Iniciativa Mérida. Principales Programas. Página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Abril de 2010. Aquí hacemos una paráfrasis de los diversos programas.

125

civil, a las escuelas de derecho y a las barras de abogados, para el fortalecimiento institucional y del estado de derecho. Esta línea se complementa con el apoyo a los Consejos de Participación Ciudadana dirigidos desde la Procuraduría General de la República, al parecer con el ánimo de constituir una red civil de denunciantes; con la expansión de una nueva Cultura de la Legalidad y el aprendizaje de la Solución Alternativa de Conflictos previas al juicio, como la negociación del reconocimiento de la culpabilidad, la mediación y la justicia restaurativa. b) De formación policíaco‐militar: Que busca fortalecer los Programas de Profesionalización Policíaca y un Registro Nacional de Policía, para unificar los sistemas de reclutamiento, de capacitación, de operación activa y la creación de unidades especiales contra la Delincuencia Organizada. Además, proporcionar equipo para el Registro Nacional de Policías, y coadyuvar la captura y sistematización de datos. Las dependencias participantes recibirán unidades móviles de inspección no intrusiva, así como entrenamiento para equipos caninos para la detección de armas, explosivos, drogas y precursores químicos. 158 El concepto no intrusivo hace referencia a la no inspección física y a la detección sonora a distancia, sin que sea necesario la manipulación directa sobre los objetos o sujetos sometidos a observación‐revisión. c) De apoyo a la investigación y procuración de justicia: Por medio de equipo de protección personal y seguridad para los servidores públicos que la desarrollan. Para ello se les proporcionarán vehículos blindados, chalecos anti‐ balas y equipo de radio‐comunicación. Se les capacitará en la investigación y se les dará asistencia técnica para la conservación de evidencias, la confiscación de activos, la protección de víctimas y testigos, y el programa de trata de personas. El rescate de migrantes en situación de riesgo. La capacitación e intercambio de experiencias en materia de extradiciones. La modernización de los sistemas informáticos y de los laboratorios periciales. El fortalecimiento de los programas de control de confianza, principalmente en el Centro de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (CISEN), en la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), en las aduanas y en el Instituto Nacional de Migración (INAMI). d) De apoyo al poder judicial: Para capacitar a sus funcionarios mexicanos en la especialización legal de la extradición internacional. Pero aquí es importante anotar, que el sistema de juicios orales que está en proceso de instrumentación a nivel federal y local, constituye la conquista por parte de las estrategias ideológico‐jurídicas de la cultura anglo‐sajona, del poder judicial mexicano. e) En materia administración de prisiones: Se busca proporcionar asistencia técnica para mejorar la capacidad del sistema penitenciario y la capacitación de los funcionarios y del personal de apoyo, en todos los niveles. De aquí se

158

Iniciativa Mérida. “Principales Programas”. Página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Abril de 2010.

126

derivará la construcción de cárceles al estilo norteamericano y se llenarán de enemigos mexicanos. f) El fortalecimiento de acciones para el control de la demanda de las drogas ilícitas, mediante la expansión de la Red Nacional de Transferencia de Tecnología en Adicciones, que permita al Consejo Nacional contra las Adicciones desarrollar campañas a nivel nacional. g) El apoyo para la modernización técnica de la Unidad de Inteligencia Financiera…

Para que los equipos y programas informáticos respondan de manera más efectiva ante la naturaleza evolutiva del lavado de dinero159 h) La modernización de los sistemas de inspección postal en el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX). Con ello se busca la aplicación de tecnologías no intrusitas para la inspección de todo lo que circule por el SEPOMEX y el uso de equipos de seguridad y detección en varias instituciones postales. i) La dotación de helicópteros y equipos. Para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, se darán Helicópteros Bell‐412 para el transporte de personal, mantenimiento y capacitación; y escáneres para la inspección no intrusiva. Una aeronave CASA 235 para la vigilancia marítima, su mantenimiento y capacitación. Un helicóptero UH‐60 para el transporte de personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por último debemos anotar, que el apoyo a las actividades de la Iniciativa Mérida en su primera etapa (2008‐2012),160 será de mil seiscientos millones de dólares y que la administración será ejercida por la Embajada de los Estados Unidos de América.

De esta manera se logra la conquista territorial, político‐ideológica, jurídico‐ administrativa, policíaco‐militar y la implantación de una nueva estructura cultural norteamericanizada en México.

159

Iniciativa Mérida. “Principales Programas”. Página electrónica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México, Abril de 2010.

160

Díaz Briseño, José. “Pide Obama Fondos para el Plan Mérida”. Periódico Reforma, México, D. F. 15 de Febrero de 2011: En el año 2008 fueron US$400’000.000; en 2009, US$300’000.000; en 2010, US$420’000.000; en 2011, US$310’000.000 y se solicitaron para 2012, US$281’000.000 p 6.

127

ANEXO 6 Cronología de la represión MARCOS TELLO En México la represión es un sistema de control y castigo que atraviesa la vida cotidiana de la población. Está presente en todas las relaciones que pueden ser instrumentalizadas en la lógica de la dominación ejercida por el estado y las multinacionales.

El sistema represivo articula y comprende a los llamados poderes formales y a los facticos; donde los poderes formales se mueven ambivalentemente, tanto como poderes institucionales y como poderes facticos, confundidos con la delincuencia organizada, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia Antinarcóticos (DEA)161 y organizaciones de extrema derecha. En las dos situaciones, formal o fáctica, la represión estatal suele operar a contracorriente de la Constitución y la legalidad. A pesar de sus contradicciones los poderes legales y facticos se compenetran e interactúan en torno a una misma finalidad: reproducir de forma ampliada los vínculos y los procesos de poder que alimentan la dependencia semicolonial y el colonialismo interno, con sus cargas de racismo, sexismo, discriminación y patriarcalismo. En ese contexto la represión se conjuga con los componentes “consensuales” del sistema de dominación; con sus políticas reformistas de legitimación social y electoral.

Los ejemplos más representativos del sistema represivo mexicano en los últimos 50 años han sido, en primer lugar, la llamada “guerra sucia” que se gesta a fines de los años 60 y se prolonga hasta la década de los años 80 y, en segundo término, la “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico”162 cuyos antecedentes directos datan de la derrota del bloque soviético y el derrumbe de la Torres Gemelas ocurrido en septiembre de 2001163.

Durante la “guerra sucia” el eje ideológico y político giró alrededor de la lucha contra el comunismo. Desde esa óptica son reprimidos todos los movimientos progresistas y democráticos, sean de índole política, cultural o económica; comunistas o no comunistas. La “guerra sucia” tomó la forma de contrainsurgencia, la represión se focalizó en dirigentes, grupos políticos y sus bases de apoyo. Las detenciones ilegales,

161

Hernández, Anabel. “Los Señores Del Narco”. Grijalbo; México 2010, pp 104-116.

162

Carrillo Olea, Jorge. “México En Riesgo”; Grijalbo, México 2011, pp 12-15.

- Anabel. Op. cit., pp,473, 475, 476.

-La jornada. 8 de noviembre 2006, p. 1.

163

Sarukhán, Arturo. La Jornada, 23 de abril del 2012, p 5.

128

las desapariciones forzadas, la tortura, el asesinato, la guerra mediática y los allanamientos ilegales fueron algunos de sus métodos más socorridos.

La Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en 1947 en el contexto de la Guerra Fría, junto al Ejercito Mexicano, fue el principal instrumento ejecutor de las labores de inteligencia y represión política del estado mexicano. La Brigada Especial que más adelante cambio a Brigada Blanca, formada en 1972 a propuesta del Subsecretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios, fue la sección, dentro de la DFS que se hizo cargo del combate a la “subversión” de izquierda. Entre 1960 y 1980 la DFS acumuló en la Organización de Naciones Unidas (ONU) 374 denuncias por crímenes de estado; aunque el Comité Eureka encabezado por Rosario Ibarra de Piedra integró 557 expedientes de personas desaparecidas entre1969 y 2001, de los cuales más de 530, corresponden al periodo previo a 1980164.

En cambio la “guerra contra el terrorismo y el narcotráfico”, forma embozada165 de asumir la lucha contra la subversión tendencialmente anticapitalista, cobró un carácter más extensivo e indiscriminado. La naturaleza “permanente” de la crisis de la sociedad capitalista, el avance del componente criminal de su economía, el proceso de declive de los Estados Unidos y la “recolonización” de México, impusieron un modelo represivo de amplio espectro que algunos académicos llaman de cuarta generación. El episodio de las Torres Gemelas aceleró la transformación de los núcleos de conducción del sistema represivo mexicano. Innovación que se venía ensayando a partir de la desaparición en 1985 de la DFS y el surgimiento de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional que en 1989, a su vez, se transformó en Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

El énfasis predominantemente represivo de las viejas políticas de la DFS se conserva en el nuevo esquema, mientras las articulaciones de los cuerpos represivos con el crimen organizado alcanzan un nivel de sofisticación que ha superado con creces los viejos esquemas contrainsurgentes del pasado inmediato. En los que el estado promovió el desarrollo del narcotráfico y otros géneros delincuenciales para desarticular movimientos sociales y políticos que amenazaban con implantarse en amplias franjas del territorio nacional. De esta manera, el actual combate al terrorismo y el narcotráfico tiene por antecedente directo las viejas estrategias y doctrinas contrainsurgentes. A esa lógica se subordinan las reformas a los dispositivos de legitimación social y electoral. Reformas que han achicado los derechos sociales a cambio de mínimas aperturas electorales, que globalmente refuerzan los procesos coercitivos.

Un personaje representativo de la evolución de los sistemas represivos, asesinado el 20 de abril pasado, fue el General Mario Arturo Acosta Chaparro, quien junto a Nazar Haro y el General Francisco Quirós Hermosillo, entre otros, vio nacer a la Brigada

164

Carrillo, op cit. p. 116. “Guerra sucia en México”. Wikipedia.

165

Jalife-Rahme, Alfredo. “México, ¿Transfrontera de la guerra de cuarta generación? La jornada 25 de junio 2008.

129

Blanca. Acosta Chaparro pasó por casi todas las actividades imaginables de la guerra sucia. Se graduó en guerra irregular en Fort Bragg Carolina del Norte, participó en la tortura, desaparición y asesinatos de civiles y guerrilleros en el Estado de Guerrero durante los 70; se calcula que ejecutó a unas 200 personas; cuando ocurrió la matanza de Aguas Blancas en 1995, trabajaba como asesor del gobernados en turno; estuvo al servicio del Señor de los Cielos, jefe del Cartel de Juárez; trabajó en la Coordinación de Seguridad Nacional en el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo; fungió como puente entre Felipe Calderón y grupos de narcotraficantes. Al final de sus días, investigaba varios asuntos por encargo de su amigo el Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván, quien lo mantenía como operador para asuntos de narcotráfico, grupos subversivos y “casos especiales de seguridad166.

Múltiples indicios muestran que la guerra contra el narcotráfico en México, que en poco más de 5 años ha dejado más de 70 mil muertes entre asesinados y desaparecidos, es una faceta de los dispositivos de seguridad aplicados por el gobierno estadounidense en la lógica y los planes de la guerra contra el terrorismo y la ocupación integral de México 167 , que se dirige hacia la implantación de una dictadura civil‐militar, donde cualquier mexicano puede ser convertido en “enemigo interno”. La construcción social del miedo va de la mano de la militarización del país y del intervencionismo policiaco‐militar estadounidense; operado desde el Plan Mérida y el Acuerdo Para la Seguridad Hemisférica de América del Norte. Todos los procesos anotados deben leerse como la consecuencia necesaria de la imposición de los esquemas de “libre” comercio ensayados por Estados Unidos, que han contado con la total anuencia de las autoridades gubernamentales y el grueso de los grandes empresarios mexicanos.

Los acontecimientos represivos que ha continuación vamos a enumerar evidencian la participación deliberada y sistemática del estado mexicano y de los poderes facticos, nacionales y extranjeros, en crímenes e ilegalidades que violan el derecho del pueblo mexicano, de sus comunidades y naciones. Apenas es una breve lista de lo más “representativo”, de lo que se ha constituido en una especie de muerte sin fin desde hace 500 años. ‐ Junio y julio de 1958 ‐ Represión al movimiento ferrocarrilero. ‐ 4 de agosto de 1958 ‐ Represión al movimiento de telegrafistas ‐ 26 de agosto de 1958 ‐ Represión al movimiento de trabajadores petroleros ‐ septiembre de 1958 ‐ Represión al movimiento magisterial. ‐ 29 de marzo de 1959‐ Represión al movimiento de los ferrocarrileros, Despido de más de 9 mil ferrocarrileros; muchos fueron detenidos y los locales sindicales fueron asaltados y ocupados por la policía y el ejército. Demetrio y Valentín Campa, dirigentes del Sindicato Ferrocarrilero, estuvieron 10 años en prisión. En ese proceso los maestros de la sección IX del Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, trabajadores petroleros y otros empleados públicos, también fueron reprimidos y

166

Peroceso: “Asesinan al general Acosta Chaparro”; de la redacción 20 de abril, 2012.

167

González Casanova, Pablo, et al. “Llamamiento a la Nación”

130

varios de sus dirigentes encarcelados ‐30 de diciembre de 1960 ‐ Represión al movimiento de la Asociación Cívica Guerrerense y de la población en Chilpancingo ‐23 de mayo de 1962 ‐ Masacre de Xochicalco Morelos. Rubén Jaramillo, su esposa y sus tres hijos fueron asesinados, por un grupo de policías judiciales y militares. Se presume que el asesinato fue ordenado por el propio presidente Adolfo López Mateos. ‐‐30 de diciembre de 1962 y principios de 1963 ‐ Represión en contra el movimiento de la Asociación Cívica Guerrerense en Iguala. ‐2 de diciembre de 1964 ‐ Represión al movimiento médico ‐23 de septiembre de 1965 ‐ Masacre de Madera Chihuahua ‐Febrero de 1967 ‐ Represión al movimiento estudiantil de Sonora ‐18 de mayo de 1967 ‐ Masacre de Atoyac ‐20 de agosto de 1967 ‐ Masacre de copreros en Acapulco ‐29 de julio de 1968 ‐ Represión al movimiento de estudiantes de la Universidad Benito Juárez en Tabasco ‐9 de septiembre de 1968 ‐ Masacre de Tezopaco Sonora ‐Julio‐noviembre de 1968 ‐ Masacre de Tlatelolco, represión al movimiento estudiantil en la ciudad de México ‐10 de junio de 1971 ‐ Masacre de San Cosme, El Halconazo ‐14 de febrero de 1974 ‐ Masacre de Nepantla, Estado de México ‐23 de octubre de 1975 ‐ Masacre de San Ignacio Río Muerto Sonora ‐ 1975, 1977‐ Represión y destrucción de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas. ‐‐‐‐‐‐1988, 1994‐ Gobierno de Carlos Salinas de Gortari Asesinato de más 500 militantes pertenecientes al movimiento político de Cuauhtémoc Cárdenas. ‐‐‐‐‐‐1989, 1990‐ Represión a huelgas de trabajadores de la educación; trabajadores de la Ford, Metro, Modelo, Sicartsa ‐‐‐‐ ‐‐‐Enero de 1994, 1995 Masacres de Ocosingo, San Cristóbal, Chicomuselo…

Chiapas ‐28 de junio de 1995 ‐ Masacre de Aguas Blancas, Guerrero ‐22 de diciembre de 1997 ‐ Masacre de Acteal, Chiapas ‐7 de junio de 1998 ‐ Masacre del Charco, Guerrero ‐10 de junio de 1998 ‐ Masacre del Bosque en Chiapas ‐19 de febrero de 1999 ‐ Ocupación de la Normal del Mexe, Hidalgo ‐6 de febrero 2000 ‐ Toma de la PFP de las instalaciones de la UNAM, represión al movimiento del CGH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ 2001‐ Represión Atenco ‐Febrero 2004 ‐ Represión al movimiento de Tlalnepantla Morelos ‐2003 ‐ Represión al movimiento contra la instalación de un COTSCO en el casino de la Selva de Cuernavaca ‐2005 ‐ Represión al movimiento contra la instalación de un Wall Mart en Teotihuacan ‐2005 ‐ Represión al Pueblo de Tlahuac, Distrito Federal ‐2005 ‐ Represión al movimiento altermundista en Cancún ‐2005 ‐ Represión al movimiento altermundista en Monterrey ‐28 de mayo del 2004 ‐ Represión al movimiento altermundista en Guadalajara. ‐6 de Febrero del 2006 ‐ Represión al movimiento contra la crueldad a los animales,

131

en la Plaza de Toros México. ‐2006, abril ‐ Represión a la huelga de Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. ‐3 y 4 de mayo 2006 ‐ Represión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. ‐14 de junio del 2006 ‐ Represión al movimiento magisterial en Oaxaca. ‐25 de noviembre del 2006 ‐ Represión al movimiento popular de Oaxaca. Más de 20 asesinatos ‐2007 ‐ Represión al movimiento en repudio a la visita de George Bush, en Yucatán. ‐1 de mayo del 2007 ‐ Represión al movimiento contra la Minera San Javier en San Luis Potosí. ‐ 2007, 2012‐ Huelga de Cananea y represiones. ‐12 de diciembre de 2012‐ Represión a los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero 2 asesinados.‐2009‐ 11 de octubre, ocupación policiaco‐militar de las instalaciones de Luz y Fuerza. ‐‐‐‐‐ 2009 noviembre‐ Chicomuselo Chiapas. Represión de lucha contra minera canadiense. ‐‐‐‐2011, 2012‐ Represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Ostula Michoacán, más de 10 asesinados. ‐ 2011‐ 2012‐ Represión a la lucha contra minera canadiense, San José del Progreso.

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ANEXO 7 El Neoliberalismo en México y los Derechos Humanos Charla para el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México: Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos.

Grupo de trabajo interdisciplinario: "Amigos del Tribunal" Miércoles 18 de abril del 2012, 16:00 LUIS DANIEL VÁZQUEZ VALENCIA PRIMERA PARTE: EL CAPITALISMO NEOLIBERAL EN MÉXICO GOBIERNOS EN CRISIS Programas de estabilización: programas de corto plazo cuyo objetivo es rectificar desequilibrios macroeconómicos tales como los déficits en la balanza de pagos y la inflación. Estos programas se vinculan generalmente con el FMI (préstamos condicionados en momentos de coyuntura). Normalmente incluyen: • • • •

•

Fuerte reducción del crédito (control de la inflación por medio de la demanda) especialmente los préstamos al sector público.

Fuerte reducción del gasto público (gasto social, desempleo público, salarios, materiales de trabajo e inversión).

Reducción del poder adquisitivo.

Devaluación (disminuye importaciones ya que aumenta su precio, y aumenta exportaciones ya que se abarata la mano de obra interna). Lo que se observa es una transferencia a favor de los exportadores y en detrimento del poder adquisitivo.

Liberalización de precios (control de la inflación por medio de la demanda).

Miguel de la Madrid (1982‐1988) 1983‐1985: Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). No hay aún medidas de liberalización comercial ni privatizaciones.

Programas de ajuste estructural: están más relacionados con el BM que sumó en su cartera a partir de 1980 los créditos de ajuste estructural. Hay tres tipos de medidas en estos programas: •

Desregulación.

133

•

•

o Eliminación del control de precios. o Retiro del Estado de todos los mecanismos de comercialización. o Eliminación del control sobre las inversiones. o Del sistema financiero –crisis del 2008.

Integración a la economía mundial. o Tasa de cambio competitiva (devaluación). o Reducción de los aranceles. o Transferencias del gobierno a los exportadores para incentivarlos. o Incentivos a las empresas privadas para que inviertan en el país.

Redefinición del papel del Estado: Estado pequeño y eficiente con objetivos más precisos (timonear focalizadamente). o Reducción del gasto público. o Reducción de empleados. o Reducción de salarios (aunque de forma diferenciada). o Privatización de empresas públicas.

Miguel de la Madrid (1982‐1988) 1983: Reforma constitucional determina cuáles son los sectores considerados estratégicos, antecedente para el retiro del Estado. (1970 = 391 empresas públicas / 1982 = más de mil / 1991 = 269).

1983: Antes había múltiples programas industriales sectoriales para propiciar la integración nacional, incrementar las exportaciones de manufacturas y desarrollar a las empresas mexicanas en campos específicos. En 1983 sólo se mantienen 3 programas: automotriz, farmacéutica y bienes de capital. En 1985 se hace un programa de microcomputadoras que no se publicó.

1984, 86 y 89: Sobre inversión extranjera habría que revisar los cambios realizados a la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Transferencia de Tecnología y la Ley sobre Invenciones y Marcas. Había múltiples restricciones por áreas reservadas al Estado, a los mexicanos, a no más del 49% del capital total. Mayo de 1989 se aprueba el nuevo Reglamento de la primera Ley donde se expande el conjunto de actividades abiertas al 100% y se eliminó el requisito de aprobación del organismo regulador.

1987: Se anuncia qué campos y actividades seguirían siendo propiedad del Estado.

Diciembre de 1987: reducción de aranceles de 10 a 5 niveles y arancel máximo de 100 a 20%. Desde entonces lo que hay es una sistemática reducción de aranceles con o sin negociación previa.

1985‐1987: Programa de Estabilización (reestructuración de la deuda por medio del Plan Baker). Ya empieza a haber liberalización comercial y privatizaciones.

1987‐1988: Pacto de Solidaridad Económica (bajar 2% mensual la inflación mediante disciplina fiscal y monetaria).

134

Salinas de Gortari 1988: Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). Recuperación del crecimiento sin sacrificar la estabilidad de precios.

1989: Renegociación de la deuda vía el Plan Brady.

1989‐1990: Se intensifica la venta de empresas estatales. Fuerte proceso de desregulación, aquí es donde habría que verificar las modificaciones a las leyes: • • • • • • • •

Julio de 1989: Decreto de desregulación del transporte terrestre.

Agosto de 1989: reclasificación de la industria petroquímica (básica y secundaria).

Diciembre de 1990: Modificación a la Ley Federal de Pesca que establecía especies reservadas a las cooperativas pesqueras y otras limitaciones.

Elaboración de Ley Minera para abrir 50% de las reservas nacionales al capital privado. Simplificación administrativa para concesiones.

1989 Desregulación de la industria azucarera y privatización de ingenios.

Privatización de Telmex y liberalización de procedimientos de autorización para instalar y operar equipos de telecomunicaciones.

Flexibilización de precios mediante la omisión del uso de pactos.

Para mirar los cambios en la política industrial vale la pena revisar los decretos de importación, aquí es donde se van diluyendo las restricciones. Serra Puche: La mejor política industrial es no tener ninguna.

1990: Re‐privatización de los bancos y comienza la búsqueda de un TLC con EU. 1992: Reforma constitucional a los artículos 27 y 130.

1994‐95: Efecto Tequila: inicio de las crisis globales y de los macro‐salvamentos (50 mil mdd en este caso).

1997: Crisis de los Tigres.

1998/99: Efecto Samba.

1999: Efecto Vodka.

2000/01: Efecto Tango.

Objetivos de la primera etapa: reducir la inflación y restaurar el crecimiento a través de lo que se conoció como Consenso de Washington (Williamson): 1.

2.

3.

4.

5.

Disciplina fiscal, Priorización del gasto público en educación y salud, Reforma tributaria, Tasas de interés positivas determinadas por el mercado.

Tipos de cambio competitivos 135

6. Políticas comerciales que favorezcan la liberalización 7. Apertura a la inversión externa 8. Privatizaciones 9. Desregulación 10. Protección de la propiedad privada.

Textos clave de este proceso: Rolando Cordera y Carlos Tello. (1981). La disputa por la nación. Perspectivas y opciones de desarrollo.

Arturo Ortíz. (1988). El fracaso neoliberal en México. 6 años de fondomonetarismo, 1982 – 1988.

Lorenzo Meyer. (1992). La segunda muerte de la revolución mexicana.

Nora Lustig. (1998 / PE 1992) México. Hacia la reconstrucción de una economía.

Alonso Aguilar Monteverde. (1996). Nuevas realidades. Nuevos desafíos. Nuevos caminos.

REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN: LA REFORMA DEL ESTADO Mediados de la década de los 90: Neo‐Consenso de Washingon o Acuerdo de Santiago (segunda cumbre de las Américas en 1998).

Dos estudios clave: Shahid Burki y Sebastian Edwards. (1996). Dismantling the populist State. The unfinished revolution in Latin America and the Caribbean. Washington: Banco Mundial.

Shahud Burki y Guillermo Perry. (1998). Más allá del consenso de Washington: la hora de la reforma institucional. Washington: Banco Mundial.

Objetivos de la segunda etapa: Mantener la estabilidad macro, incrementar la competitividad y mejorar las condiciones sociales de la población.

• • • • • • • •

Reforma burocrática y administrativa del Estado.

Reinvención gerencial del gobierno.

Eficientización de la administración y provisión de justicia.

Fortalecer las capacidades regulatorias del Estado.

Reformas de la legislación laboral.

Promover las capacidades de exportación.

Finalizar los procesos de privatización compleja.

Construir un sistema sólido de pacto fiscal entre el gobierno federal y los locales.

136

Tipo de reformas: • • • •

Autonomía, independencia y eficacia del poder judicial.

Autonomía del Banco Central.

Agenda de transparencia, derecho a la información y rendición de cuentas.

Contraloría social.

EL DISENSO DE WASHINGTON: LA APARICIÓN DE LA EQUIDAD. La tercera generación de reformas. Inicios del siglo XXI (2001).

Textos básicos: CEPAL. Equidad, desarrollo y ciudadanía. José Antonio Ocampo.

Empujado tanto por la CEPAL como por PNUD. Fracaso económico Latinoamericano de las dos décadas pérdidas: 1980 y 1990.

El Consenso de Washington estaba demasiado concentrado en el crecimiento y en las políticas de liberalización financiera y comercial.

Hay un ambiente de “mayor preocupación” por la equidad y las políticas pro‐pobres. La pobreza y la desigualdad impiden tasas de crecimiento razonables.

FALLAS DEL CONSENSO DE WASHINGTON

PROPUESTAS DEL DISENSO DE WASHINGTON

1.‐ Disciplina fiscal reglamentada.

2.‐ Atemperar el ciclo económico mediante la política fiscal (programas de reactivación).

Incremento de la inequidad

3.‐ Gravar a los ricos y gastar más en los más perjudicados.

4.‐ Redes de protección automática tendientes a mejorar la eficacia de las políticas sociales y el bienestar de las poblaciones más pobres y desocupadas

Déficit de la provisión de bienes públicos

5.‐ Igualación de oportunidades por medio de la educación 6.‐ Incentivar a los emprendedores 7.‐ Proteger a los trabajadores mediante leyes que no impidan la movilidad laboral.

8.‐ Evitar la discriminación.

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9.‐ Creación de un mercado de tierras donde haya minifundios y tierras comunales.

10.‐ Mejorar la defensa de los consumidores.

EL NEO‐DISENSO DE WASHINGTON: LA REGULACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL. Contabilidad creativa y movilización financiera extrema: los fondos de pensión.

Crisis mundial del 2008.

Intento de controlar capitales / acuerdo de Basilea II y obligaciones de reservas de la banca internacional.

SEGUNDA PARTE: POSIBILIDADES DEL DISCURSO DE DERECHOS HUMANOS FRENTE AL NEOLIBERALISMO 1. EL TRIUNVIRATO TRIUNFANTE: democracia representativa y procedimental, neoliberalismo y derechos humanos.

2. LOS DERECHOS HUMANOS COMO ESTRATEGIA. Los derechos humanos como discurso y como norma. / Los derechos humanos como estrategia de resistencia: la construcción contrahegemónica de los derechos humanos. a. Los derechos humanos como discurso. b. Los riesgos de presentarse frente a la justicia (tensión estatal). c. Los riesgos de la atomización e imposibilidad de crear un frente común.

3. HERRAMIENTAS ANALÍTICAS QUE PUEDEN SER ÚTILES. Mostrar la totalidad de las herramientas.

4. LA UNIVERSALIDAD • La pata liberal de los DH. La relación con igualdad.

• La forma en que ha cambiado la igualdad: modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias y modelo de igual valoración jurídica de la diferencias.

• Necesidad de hacer análisis situados, los derechos humanos como derechos locales.

Análisis de los contextos sistemáticos de opresión. Permite mirar la violencia cotidianizada proveniente del Estado neoliberal.

138

• Este es el paso previo para hacer diálogos interculturales. Elemento esencial para recuperar los derechos de los pueblos en torno a su derecho al desarrollo en los contextos neoliberales.

5. LA INTERDEPENDENCIA • Disputa política entre derechos civiles y políticos y DESCA. • Un derecho depende de otros derechos.

• Derecho a la vida: ¿sólo que no haya ejecuciones extrajudiciales? Incorrecto, el derecho a la vida digna supone otra multiplicidad de cosas entre ellas el derecho a la alimentación, al nivel más alto de salud, a la educación, al acceso al agua (mencionados por la CoIDH).

6.

• • • 7.

•

• •

LA INDIVISIBILIDAD No hay jerarquías entres derechos civiles y políticos y DESCA. No se trata de relaciones directas e inmediatas, sino de relaciones mediatas.

Verificar no sólo las violaciones últimas, sino también las violaciones originarias.

CONTENIDO ESENCIAL Todos los derechos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) tienen núcleos que son de cumplimiento obligatorio y que el Estado no puede incumplir bajo ningún pretexto ni presupuestal ni de ninguna otra índole. ¿cuál es la base mínima obligatoria a partir de la cual debe progresar el derecho?

Opción 1: observaciones generales de los Comités de las Naciones Unidas. Por ejemplo, derecho a la alumentación adecuada. El Comité ha sostenido que su contenido mínimo esencial comprende: A.

La disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos,

B.

Sin sustancias nocivas,

C.

Aceptables para una cultura determinada,

D.

Accesibles en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

• Opción 2.‐ Test de razonabilidad seguido por las cortes constitucionales tanto en Sudafrica como en Colombia.

• OBJETIVO: Identificar cuál es el mínimo esencial de cada derecho que no está siendo cumplido por el Estado debido a las reformas neoliberales, a las restricciones en gasto social, pensar –por ejemplo‐ si la falta de inversión pública no se puede leer como una violación al derecho al trabajo con un salario digno (Aviso de que en esto es donde las cortes se han animado menos).

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• El contenido esencial se complementa con otras obligaciones que adjetivan a los derechos. Los derechos deben ser cumplidos, pero no de cualquier forma, sino a partir de ciertas características mínimas: o Elemento esencial de disponibilidad o Elemento esencial de accesibilidad (económica, física). o Elemento esencial de calidad o Elemento esencial de aceptabilidad • Estos elementos esenciales operan tanto para los contenidos iniciales de los derechos como para todas las demás obligaciones futuras provenientes para la progresividad y la no regresión.

8. PROGRESIVIDAD Y PROHIBICIÓN DE REGRESIÓN • Una vez identificado el núcleo de la obligación, esto no quiere decir que el derecho no puede expandirse (hay que recordar que los DH establecen los puntos mínimos, no los máximos de cada derecho), sino que el Estado y sus políticas no pueden encontrarse por debajo de esos mínimos.

• Obligaciones de la progresividad: planes con metas de corto, mediano y largo plazo; indicadores para verificar el cumplimiento de metas.

• Un aspecto central para nosotros debe ser la prohibición de regresión ¿Toda regresión es violatoria de los DH? No hay acuerdo. Corte Colombiana.

• Test de razonabilidad de la medida en relación con el conjunto de derechos y la situación que se pretende remediar (siempre que esta situación esté fuera de control por parte del Estado).

• El grueso de las reformas de primera generación –y especialmente de segunda‐ no estuvieron fuera del alcance del Estado, por el contrario, se necesitó de Estados fuertes y decididos para llevarlas a cabo.

• Peor aún, en el caso de México, el grueso del peso de las pérdidas recayó en la población por medio de la pérdida de poder adquisitivo, a diferencia de otros países – como Argentina‐ donde hubo una mayor distribución de perdedores de la crisis por medio de negociaciones a la deuda.

• Análisis de integralidad: o Contracción del mercado = violación al derecho al trabajo y a un salario digno. o Violación a estos dos derechos = violación a otros derechos como acceso a la salud, a la alimentación, a vivienda digna o acceso al agua, etc.

9. MÁXIMO USO DE RECURSOS DISPONIBLES • Este uso máximo deberá atender también a las necesidades concretas del lugar y de la población y comprende no sólo a los recursos económicos sino también a los recursos tecnológicos, institucionales y humanos.

• Análisis presupuestario: se puede observar, primero, cuáles son las cantidades que efectivamente pueden ser disponibles y, después, cómo fueron ejercidas.

• Uno de los problemas implicados con este principio tiene que ver con la elección del derecho al que se asignará el recurso y la proporción que la realización de cada derecho

140

debe ocupar del gasto público. Dado que el Estado tiene obligaciones de inmediato cumplimiento, como los niveles esenciales mínimos de cada derecho, el presupuesto debe garantizar, en primer lugar, estos deberes. Respecto del restante, los recursos deben asignarse de conformidad con los planes desarrollados para atender el aseguramiento progresivo de todos los derechos.

• En condiciones de escasos o muy escasos recursos ¿en qué se gasta el dinero? En momentos de crisis económica creo que este principio da para priorizar el cumplimiento de los contenidos esenciales de las obligaciones en materia de derechos humanos por encima del pago a la deuda.

• En condiciones de bonanza (como los primeros años del siglo XXI por el aumento de los precios de los comodities) ¿en qué se gasta el excedente? Este análisis da para criticar el despilfarro de los excedentes petroleros en lugar de dar un cumplimiento progresivo de los derechos.

10. OBLIGACIÓN DE PROTEGER • Obligación dirigida a los agentes estatales en el marco de sus respectivas funciones para crear el marco jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares y por agentes estatales.

• El Estado debe generar los mecanismos correspondientes para evitar que privados violenten derechos humanos. En la medida en que muchas de las actividades que antes realizaba el Estado fueron privatizadas (salud, educación), lo menos que el Estado debe otorgar es la protección, es decir, mecanismos para asegurar que estos actores no violenten derechos humanos (la privatización no exculpa al Estado del cumplimiento del contenido esencial de los derechos, esto no se observa en esta obligación sino en la de garantizar).

• Uno de los casos más claros es la inspección laboral, el Estado tiene la obligación de observar que las empresas no violenten los derechos humanos laborales de sus trabajadores y para ello debe tener un cuerpo de inspectores con mecanismos eficientes de verificación y sanción. A partir de las tragedias sufrida recientemente por los mineros ha quedado de manifiesto que la flexibilidad laboral se llevo a cabo por mecanismos formales e informales, dentro de los segundos está la “relajación” de la inspección laboral.

• La protección incluye cualquier violación a DH cometida por empresas y/o cualquier otro particular, lo que pasa por inspecciones para evitar que se transgreda el derecho a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada (para las empresas de alimentos que usan transgénicos o producen alimentos poco propicios para la salud) y a tantos derechos como se les ocurra.

• El principal derecho humano laboral es la libertad sindical. En la medida en que las reformas neoliberales necesitaban de ciertos acuerdos mínimos cupulares para que se pudieran llevar a cabo, los arreglos corporativos de México fueron muy útiles. Uno de los aspectos más descuidados en la obligación de proteger la libertad sindical a partir de estos acuerdos corporativos es la elección democrática del sindicado, a la par de la existencia de miles de sindicatos blancos.

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11. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR • Tiene por objeto: o Realizar el derecho y asegurar para todos la habilidad de disfrutar de los derechos. Objetivo: principio de efectividad, que los derechos sean vividos por las personas. Creación de la maquinaria institucional para tomar medidas y la provisión de bienes y servicios para satisfacer los derechos. ¿Cómo la destrucción de la capacidad productiva en la reforma neoliberal minó estos dos puntos? o Investigar violaciones a DH: ¿posible comisión de la verdad sobre las decisiones de política económica que tuvieron repercusiones en los derechos humanos? Ni Argentina se ha animado a esto. o Sancionar a los culpables. o Reparación de las víctimas.

12. DERECHO A NO SER POBRE • Aplicación del enfoque de derechos humanos a las políticas antipobreza (OACNUDH).

• Enfoque de capacidades a partir de la idea de libertad humana (Amartya Sen) donde la libertad se piensa como autonomía (un mix entre libertad e igualdad para pensar la capacidad de acción).

• ¿Cuáles son esas capacidades básicas? ¿cuál es su relación con los contenidos esenciales de los derechos?

• ¿cómo esas capacidades básicas fueron minadas por las reformas neoliberales?

• ¿Qué de lo que se mantiene de las reformas neoliberales debe ser removido para poder dar cumplimiento a esas capacidades básicas?

13. DERECHO AL DESARROLLO • Caso de la comunidad de Endorois por la Comisión Africana de Derechos de las personas y los pueblos. Primer caso donde se reconoce al derecho al desarrollo y se determina la violación del mismo.

• Article 22 of the African Charter states that: All peoples shall have the right to their economic, social and cultural development with due regard to their freedom and identity and in the equal enjoyment of the common heritage of mankind.

• El derecho al desarrollo es constitutivo e instrumental, es decir, es un medio y un fin.

LA PARTICIPACIÓN, está en todo el paradigma de DH y es peligroso: nos permite construir desde abajo, pero también se puede convertir en un paso administrativo más: enfoque de DH, derecho al desarrollo, aceptabilidad, derecho a la consulta en comunidades indígenas. Revisar las condiciones de negociación ¿son muy desiguales?

Si lo son, se puede poner en duda la participación. o ¿Se cumplió el criterio de participación en las decisiones que instauraron el modelo neoliberal?

• El derecho al desarrollo supone capacidad de decisión, no sólo –por ejemplo‐ proveer casas, sino darle a la gente la capacidad de decidir dónde vivir (el derecho a no migrar).

• Se puede considerar que el derecho al desarrollo es violentado si

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o El desarrollo general tiene como consecuencia un decremento en el bienestar de una comunidad, más si está se encuentra en condición de vulnerabilidad. De aquí que toda la teoría del goteo, la medicina amarga, etc, que supone dar prioridad a la concentración de la riqueza para reiniciar el ciclo de inversión y generar mayor crecimiento sería contraria al derecho al desarrollo. o Alguna comunidad queda excluida del desarrollo, de aquí que toda la política contractiva que generó una nueva estructura social de excluidos –los desempleados o desocupados‐ que ahora se leen como una generación de jóvenes sin acceso al estudio o al trabajo, es por sí misma violatoria a DH.

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ANEXO 8

Libre comercio, violencia estructural, impunidad y guerra sucia

Además de las ocho acusaciones ya presentadas ante este tribunal a lo largo de todo el día de ayer y esta misma mañana, también hemos puesto en sus manos dos pormenorizados apéndices elaborados también por nosotros que acompañan a la presente acusación (titulados “El desvío del poder económico del Estado mexicano” o Anexo I y “El desvío del poder político del Estado mexicano” o Anexo II), así como otros siete estudios o referencias especializadas que diferentes investigadores y colaboradores que se desempeñaron como amicus curiae nos hicieron llegar para mejor soportar nuestras investigaciones y la acusación al Estado mexicano. Con todo este material, el jurado podrá ubicar mejor el nuevo conjunto de pruebas que nos hemos abocado a recopilar y que se adicionan a las ya aportadas durante la instalación del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos el 21 de octubre de 2011. Esperamos que la suma de esta información sirva para sustentar los argumentos que a continuación ofrecemos.

1. La desviación del poder económico del Estado mexicano ha consistido en que las políticas neoliberales de desregulación, privatización y libre comercio se convirtieron en ley gracias a una serie de contrarreformas constitucionales, que desmantelaron el Estado social mexicano y que han implicado un proceso muy complejo de actos dirigidos desde un principio a favorecer empresas privadas e intereses particulares de la más diversa índole.

Poco les importó a los gobiernos en turno que el precio que el pueblo de México tuviese que pagar fuese su propio sacrificio, pues para beneficiar dichos intereses mezquinos el Estado tuvo que atentar contra el interés general de la población y violentar su derecho a una impartición real de justicia.

El Estado mexicano dejó de velar por la realización de los intereses generales de la sociedad, así como por la articulación general de la vida económica, dejó de ejercer las actividades económicas que garantizan el proceso de reproducción de la vida de todos los miembros, grupos y capitales de nuestra propia sociedad, lo que incluye la reproducción de toda la población y de todos los actores económicos de la misma. Con esta actitud anómala el Estado ha atentado contra la vida y la dignidad de millones de mexicanos.

Lo anterior ha propiciado una cascada de transformaciones constitucionales e institucionales que han sido diseñadas ex professo para facilitar el acceso de la oligarquía al poder del Estado e impedir la participación del pueblo en la construcción y conformación de instituciones públicas, en la distribución del poder y en las negociaciones propias de su ejercicio público, haciendo nugatorio con todo ello el disfrute efectivo de sus derechos políticos básicos.

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La desviación del poder político del Estado mexicano comenzó por el abandono de su tarea general de expresar y actualizar la articulación de la vida política del todo social. Dejó de apuntalar el proceso general de producción y reproducción de lo político en cuanto tal, como aquello que incumbe al fin y la estructura misma del Estado. Tal deformación de la política implicó una degradación, un reconocimiento simbólico o una simulación sublimada de derechos y procedimientos democráticos, una restricción e incluso una anulación de los derechos y las libertades fundamentales de los pueblos.

Acusamos al Estado mexicano ante este tribunal por el hecho de que la desviación del poder económico y del poder político, como dos potentes fuerzas combinadas, forman la principal causa compleja que ha desembocado en una situación estructural de violencia, impunidad y guerra sucia en contra del pueblo de México, creando una crisis humanitaria que no tiene precedentes en la historia del país.

La desviación del poder económico del Estado ha provocado una destrucción neta de los procesos productivos y riquezas nacionales, una destrucción de procesos distributivos, desempleo, marginalidad, injusticia, concentración monopólica de privilegios y desenfreno en las dinámicas de despojo. Estas formas de violencia en contra de la mayor parte de la población han generado desde hace treinta años numerosas y enormes manifestaciones sociales de descontento e inconformidad en contra del Estado mexicano. El cual ha respondido con un desvío progresivo y creciente de su poder político, pues sólo mediante el mismo ha podido garantizar la exclusión del pueblo de la vida pública estatal. Como ello ha agravado el descontento social, el Estado mexicano, empeñado en defender a toda costa su proyecto de modernización neoliberal, se ha visto en la necesidad no sólo de cerrar las puertas de las instituciones políticas al pueblo sino de aplicar mecanismos de represión social cada vez más duros, amplios, sofisticados y engañosos. Lo cual no ha hecho sino acumular dentro de la vida cotidiana de los mexicanos todo tipo de situaciones de violencia económica, política, social y criminal.

Lo anterior ha requerido que se bloquee el acceso popular a los medios de comunicación a través de variados mecanismos institucionales y extra gubernamentales que atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información, que opacan los procesos económicos y políticos a la vez que nulifican la rendición de cuentas y el establecimiento de responsabilidades. La manipulación cínica de la información y el contundente cerco que se ha creado allende a nuestras fronteras, son factores que han anulado la posibilidad de ventilar públicamente, detener y corregir en el momento adecuado, las situaciones de injusticia, violencia estructural e impunidad que ahora denunciamos.

Asimismo, el Estado no sólo ha obstaculizado muchas de las vías legítimas de organización social para protestar, corregir y transformar las condiciones generales de vida, pues además de ello ha desarrollado una política represiva de criminalización de la protesta y de la pobreza, recurriendo a las instancias judiciales para reducir los reclamos sociales a controversias de carácter técnico-jurídico y para desgastar los movimientos sociales y deshacerse de sus molestos líderes.

2. Acusamos al Estado mexicano de desvío de su poder económico por haber encausado su fuerza material, pecuniaria y reguladora a generar no sólo el enriquecimiento obsceno de una minoría extremadamente restringida, sino que ello se ha visto acompañado de la

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destrucción de la economía del pueblo y de la nación. Lo que quiere decir que desde hace treinta años se ha ido generando una destrucción de la agricultura nacional, de las empresas productivas del Estado (extractivas, industrial, agropecuarias y distributivas), de la planta industrial, así como una destrucción sistemática de las actividades privadas distributivas que estaban en manos del pueblo y el Estado, una destrucción del acceso al consumo de la depauperada población y el deterioro nocivo de la calidad del consumo de todos, lo cual ha propiciado ya la muerte silenciosa de incontables de mexicanos.

El primer desvío de poder en México comienza cuando se permite y fomenta que las principales riquezas nacionales queden en su integridad directamente bajo las poderosas manos monopólicas de la oligarquía nacional y de un cerrado grupo de empresas transnacionales. De entre varias miles de empresas mencionamos sólo, a modo de ejemplo paradigmático, la fragmentación de Pemex siguiendo las pautas impuestas por la empresa de reorganización estratégica McKinsey, la subcontratación de un sistema de servicios estratégicos que permiten disfrazar la entrega de yacimientos terrestres y marinos a empresas petroleras transnacionales de primer orden como Shell, Halliburton, Schlumberger o Repsol. La entrega de la electricidad en manos de Iberdrola, Endesa, Fenosa, Gamesa, etc.. La extracción de los minerales en manos de empresas mexicanas como el Grupo México, Industria Peñoles, Frisco, Grupo Acerero del Norte y Minera Autlán, mientras que la mayor parte del oro ha sido entregada empresas canadienses como Gold Group, Continum Resources, etc. La biodiversidad y los servicios ambientales en manos del Banco Mundial y las redes transnacionales estadounidenses de “protección ambiental: como The Nature Conservancy, Conservation International y Worl Wildelife Foundatiosn. Los sistemas operadores de agua potable en manos de Veolia, Suez, Aguas de Barcelona, US Water, o el emporio de Carlos Slim. El agua embotellada en manos de Coca Cola, Pepsicola, Nestlé y Danone. El maíz y la agricultura mexicana en manos de Monsanto, Cargill, Archer Daniels Midland, Dow Chemical, Smithfield, Corn Products International, Arancia, Rice Tec, Country, Pepsico, Maseca, Minsa, Corn Products International, Arancia, Femsa. Tyson, Pilgrim’s, Campi y Bachoco controlan por su parte el 75 por ciento del mercado avícola; Smithfield, IBP, Conagra, y Farmland absorben la mayor parte del mercado de carne de puerco y res. La siderurgia nacional en manos de Ternium, Tenaris, Aceror, Altos Hornos, De Acero, Acerlor Mittal, etc.; la industria automotriz en manos de Ford, Nissan, Volkswagen, Honda, Toyota, Mazda, etc. La industria maquiladora en manos de Hewlett-Packard, Mabe, Jabil Circuit, General Electric, LG Electronics, Flexitronics Manufacturing, Bosh, Magna International, Nemak, IBM, Motorola, etc. Las redes telefónicas en manos de América Móvil, Nextel y Telefónica. Las redes de televisión en manos de Televisa y Telefónica. Las redes de transporte en manos de Union Pacific, Kansas City, TMM, TFM y otras empresas españolas menores. Las redes del tráfico de migrantes en manos de las empresas criminales o cárteles de la droga que operan, sobre todo en el Golfo de México. Las redes comerciales de los circuitos de distribución al pormenor de los medios de subsistencia en manos de Wal-Mart, Aurrerá, Soriana, Oxxo, Comercial Mexicana, Chedraui, Liverpool, Copel, Elektra, Home Depot, Office Depot, 7 Eleven, Exxtra, etc. La casi totalidad de la banca en manos de empresas estadounidenses, españolas y otras (City Bank, Banco Bilbao Vizcaya, Santander, HSBC, etc.). La construcción de infraestructuras y vivienda popular en una serie empresas de construcción como ICA, OHL, FCC, Casas Geo, Ara, Homex, Homex-Beta, Urbi, Sadasi. El turismo

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bajo empresas como Operadora Nacional Hispana, Barceló, Grupo Posadas, AM Resorts y un largo etcétera.

Desvío que fue operado desde el centro neurálgico del extraordinario poder económico del Estado, promoviendo una nueva política de apertura comercial, desregulación de aspectos estratégicos de la producción, la distribución, la inversión y la reproducción, así como estableciendo una política progresiva de privatización de los recursos naturales estratégicos (petróleo y gas, minerales, agua y biodiversidad), las redes de infraestructuras claves de la nación (electricidad, ferrocarriles, carreteras, puertos aéreos y marinos, satélites, servicios urbanos, etc.), las actividades agropecuarias e industriales centrales, los circuitos de distribución de alimentos, los principales centros de investigación y diagnóstico de las principales empresas públicas, etcétera.

Mediante estas operaciones se propició la destrucción progresiva y sistemática del proceso de producción (primario, agropecuario, de transformación y de servicios) y de reproducción económica, que al haber desencadenado la desocupación permanente más importante del mundo, también desencadenó el principal flujo emigratorio mundial, así como un crecimiento desbocado del trabajo informal y la construcción dolosa con premeditación, alevosía y ventaja de una economía criminal.

Acusamos al Estado mexicano de la destrucción directa de las fuerzas productivas básicas de la nación. De la destrucción de la agricultura milenaria del maíz, de toda la potencialidad soberana que significan las principales tierras agrícolas y ganaderas,168 así como la posesión milenaria de todas las semillas agrícolas tradicionales, el manejo de biodiversidad así como de los servicios ambientales y geográficos, que han costado miles de años domesticar. Lo acusamos por que esta destrucción cultural ha buscado romper la base económica última de subsistencia de nuestro pueblo. Pero también porque, junto con la compleja fuerza productiva integral que encarna el maíz, ha procedido a sacrificar y destruir a todas las demás fuerzas productivas naturales del país, comenzando por el sistema hidrológico nacional, la fertilidad natural del suelo, la limpieza del aire, la riqueza de nuestra poderosa biodiversidad, así como el sistema completo de nuestros servicios ambientales y culturales.

Lo acusamos porque ha procedido a la entrega indiscriminada de nuestros principales recursos naturales estratégicos —la energía hidrocarburífera y minera, todas las fuentes de la energía hídrica, eólica, solar y maremotriz, así como todos los minerales metálicos y no metálicos del subsuelo, el agua y el patrimonio genético de la nación— en manos de unas cuantas empresas privadas transnacionales, principalmente estadounidenses, canadienses y españolas. Provocando el sacrificio de ese otro capital fundamental del cual depende la vida actual y futura de todos los mexicanos.

Lo acusamos porque ha sido capaz de llevar estas pérdidas hasta el grado de destruir todo el esfuerzo industrial que la nación había realizado a lo largo de más de cien años, destrozando el sistema soberano de extracción de metales básicos, la industria siderúrgica nacional, la industria automotriz y ferrocarrilera, la industria de transformación

168 Que no sólo medimos por su producción de toneladas de granos contra hectáreas, sino también por su producción de biodiversidad contra hectárea, servicios ambientales contra hectárea, servicios culturales y comunitarios contra hectárea.

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petroquímica y química nacional e infinidad de ramas estratégicas y secundarias de la industria mexicana. Lo acusamos porque arguyendo el credo de la competitividad y las ventajas comparativas en realidad procedió a destruir todas las cadenas productivas nacionales, suplantándolas por una poderosa industria automotriz y más recientemente por una industria aérea, completamente transnacional y en manos cien por ciento extranjeras, pero sobre todo lo acusamos por la irresponsabilidad histórica que implica apostar todo el futuro nacional en esta industria estructuralmente en crisis no sólo por la sobreproducción y sobreacumulación mundial del sector, sino sobre todo por el modo en que esta directamente en la base de la crisis climática del mundo, en la deformación del sistema energético mundial (caso ejemplar de los biocombustibles, etc.) y en el agotamiento histórico de las fuentes mineras, hídricas y de la biodiversidad del planeta.

También acusamos al Estado mexicano por haber suplantado toda las viejas cadenas industriales por un sistema maquilador que nunca ha tenido una verdadera capacidad de arrastre dentro de la industria al haber sido diseñado como un sector importador de sus insumos y exportador de todos sus productos, que sustenta su competitividad sólo en el escalamiento de sus exportaciones pensando en superexplotar a la mano de obra joven del país (que cínicamente llaman bono demográfico) y las ventajas competitivas que ofrecía la desregulación ambiental indiscriminada en todo el territorio nacional. Sin pensar nunca en desplegar un verdadero plan de desarrollo técnico nacional y regional.

Acusamos al Estado mexicano por la forma en que, después de haber debilitado el importante sistema ferroviario nacional, ha procedido a desregular el tráfico carretero presionando a que todas las pequeñas y grandes empresas nacionales del transporte que todavía subsisten compitan sin freno intentando cubrir las necesidades del sistema intermodal que esta al servicios de las fábricas y las empresas de distribución globales (just in time), propinando la saturación del aforo en las carreteras, la violación sistemática de las normas de carga y circulación, y con ello la muerte anual de miles de personas que pierden anónima y silenciosamente la vida como resultado de la corrupción de las autoridades.

Lo acusamos por las destrucción de todos los derechos laborales que el sistema de la subcontratación (outsorcing) ha implicado, por la persecución sistemática de cualquier intento de organización sindical, por el modo en que ello desencadenó la prolongación criminal de las jornadas de trabajo, por la masificación del trabajo infantil, por la destrucción de la salud industrial de los trabajadores, por la salud ambiental de los parques industriales en todo el país, por la caída permanente de los salarios regulares desde hace treinta años, por el desmantelamiento del salario social y por la destrucción especulativa del salario pensional. Lo acusamos por la forma descarada en que abiertamente ha procedido a desmantelar empresas publicas, a destruir el Derecho colectivo del trabajo, así como importantes organizaciones sindicales del país.

Acusamos al Estado por el modo en que procedió a destruir sus empresas públicas de producción de alimentos, sus políticas públicas de regulación de la producción de alimentos básicos, la distribución popular de medios de subsistencia básicos. También lo acusamos por la forma en que ha procedido a destruir sistemáticamente todas las empresas comerciales nacionales, desde las grandes cadenas hasta la venta callejera al menudeo, pasando por el mediano y el pequeño comercio, todo con el fin de permitir que unas cuantas empresas de la oligarquía nacional y una serie de cadenas comerciales

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transnacionales estadounidenses se apoderen de todos los circuitos comerciales del país.

Sistema de destrucción de la soberanía distributiva que ha redundado en un agravamiento severo de los problemas del desempleo, la superexplotación laboral, el uso arbitrario del suelo, las dinámicas de urbanización salvaje, la precarización de la calidad del consumo y la consiguiente destrucción de la salud, así como la destrucción de la cultura y la identidad nacional.

Acusamos al Estado porque al destruir toda nuestra base cultural secular y milenaria, toda la regulación ambiental y todo principio de precaución en el país, toda regulación laboral, distributiva y de calidad del consumo y social, al fomentar y permitir la destrucción de todos los tejidos comunitarios así como las instituciones públicas de investigación y de los servicios de salud, al destruir la red de hospitales públicos y de institutos nacionales de investigación médica y de la nutrición, al desmantelar la red de alarma sanitaria, al manipular a modo a todas las procuradurías destinadas a velar por la calidad del medio ambiente y el consumo, y al otorgar con todo lo anterior a las empresas transnacionales la potestad de hacer lo que quieran y cuando quieran en el ámbito del consumo, ha procedido a la destrucción nacional de los servicios de salud, generando con ello una pandemia de enfermedades de pobreza y otra pandemia de enfermedades crónico-degenerativas, sobre las cuales no se ofrece a la población información pertinente y verdadera.

Acusamos al Estado mexicano porque la creación de toda esta falsa economía mortificante o zombi, basada en el manejo de remesas, descomunales ingresos informales e ingresos criminales, no sólo se ha convertido en el sostén oculto del grueso de la economía mexicana, sino porque además dicha forma de operar la reproducción y el desarrollo económico ha implicado el sufrimiento de la mayor parte de la población, una falta de acceso creciente a la riqueza, la superexplotación estructural del trabajo y la naturaleza, la corrupción extrema como forma normal de operar, la obtención de ganancias extraordinarias generadas por el monopolio creciente de la riqueza, la especulación sin freno y chanchullos financieros crecientes, el despojo como forma normal de enriquecimiento, el reparto puro de privilegios aristocráticos, pero sobre todo la muerte visible y evidente de miles de mexicanos, así como la muerte escondida de cientos de miles y tal vez millones más.

Acusamos al Estado no sólo por propiciar, alentar y fomentar dolosamente con todo su poder económico esta forma completamente deforme de operar el proceso de reproducción económica de la sociedad, sino también por el modo en que adaptándose a toda esta decadencia, no sólo no le ha puesto freno sino que cínicamente se ha esmerado en diseñar nuevos esquemas de negocios perversos que le saquen jugo a la catástrofe ambiental (economía verde), a la catástrofe agropecuaria (especulación con el maíz blanco), a la catástrofe industrial (especulación con la industria automotriz, aérea y maquiladora), a la catástrofe distributiva (especulación y corrupción de las megaempresas distribuidoras), a la catástrofe de la urbanización salvaje (con los sistemas operadores de agua potable la nueva red de distribución del gas y la especulación inmobiliaria de las empresas que monopolizan la construcción de la vivienda), a la catástrofe de la salud (con las iniciativas de medicina génica), a la catástrofe comunitaria y a la catástrofe criminal y de guerra sucia (con la privatización del sistema policial y carcelario) que impera en todo el país.

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Acusamos entonces al Estado mexicano, en primera instancia, de generar todos los días y desde hace treinta años esta zozobra sorda y creciente, que es una forma de violencia estructural básica que se ha organizado 1) como una verdadera guerra de clase en contra del pueblo de México, y 2) como una guerra en contra de la soberanía de la nación. De manera que, nuestra acusación implica iniciar los trabajos de documentación y demostración de un crimen histórico de traición a la patria, cometido por todos los grupos políticos que se han turnado para administrar sexenalmente al Estado en cinco equipos de gobierno.

Acusamos al Estado mexicano en segunda instancia por llevar el ataque en contra de nuestras fuerzas productivas y reproductivas históricamente acumuladas al grado de tolerar con anuencia, permitir dolosamente, coadyuvar y en ocasiones dirigir el desmantelamiento del control que la sociedad y el Estado mantenían sobre el territorio nacional. Comenzando por la invasión de los territorios indígenas y campesinos, así como por la destrucción de las comunidades indígenas con sus territorios para la mejor aplicación y desarrollo de diversos tipos de megaproyectos, para la extracción de minerales, megagranjas, plantaciones forestales, basureros industriales, etc. Así como el saqueo del agua para el acaparamiento de los servicios ambientales, siguiendo con las invasiones ganaderas, de grupos de narcotraficantes o por las dinámicas de la urbanización salvaje. A lo cual se suma la andanada jurídica que despoja a la tierra de su carácter inalienable e inembargable, abriendo la puerta a la privatización y concentración de la propiedad de la tierra.

Entrega del territorio indígena que está íntimamente ligada a la entrega de los territorios públicos a las empresas oligárquicas nacionales y a los poderes salvajes transnacionales, sea como entrega de los territorios terrestres y marinos de los principales yacimientos de recursos estratégicos (petróleo, gas bituminoso, oro, manganeso, y demás minerales metálicos, áreas naturales protegidas, etc.), de todas las redes nacionales de infraestructuras estratégicas (¡tan sólo la entrega de la red ferrocarrilera a empresas estadounidenses significó la entrega de 5% del territorio nacional!), la apertura a la inversión de capital externo en las zonas de playas y fronteras o el permiso velado para comenzar a emplazar instalaciones estratégicas en suelo patrio pertenecientes a la seguridad nacional de Estados Unidos (instalaciones de observación de la National Aeronautics and Space Administration y bases militares).

Acusamos finalmente al Estado mexicano porque ha procedido con dolo a desmantelar la constitucionalidad fundamental y conculcar los valores básicos de la sociedad, en vistas a sostener esta situación torcida, desleal e injusta, pero sobre todo a tratar de impedir por todos los medios el acceso del pueblo a la riqueza y al ejercicio libre y soberano de la política, así como el acceso del pueblo de México a sus propios derechos fundamentales, así como al ejercicio regular de la justicia.

3. La desviación del poder económico ha propiciado un sin fin de transformaciones políticas del Estado mexicano a favor del control del poder económico y político del mismo por cuenta de los grupos oligárquicos nacionales e internacionales, en contra del acceso por cuenta de la mayor parte de los habitantes del país y en contra de la expresión de los intereses colectivos de la nación, así como en contra del acceso político del pueblo a los medios de comunicación, a los derechos fundamentales (individuales y colectivos) y a la impartición de la justicia.

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Acusamos al Estado por haber degradado hasta lo más bajo la vida política nacional, la ética y la lealtad a la patria de los funcionarios públicos, las prácticas regulares de gobierno (administrativas, legislativas y judiciales), así como los ideales o miras a los que tiene que estar sujeta la actuación pública. Acusamos al Estado mexicano por haber degradado todos los elementos de los que están hechos los procesos de creación y construcción diaria de las relaciones y espacios políticos, la distribución social equilibrada, así como el ejercicio mismo del poder. Propiciando no sólo el desmantelamiento integral del proceso de reproducción económica y política de la sociedad, sino la emergencia de un sistema de actuaciones deformes e incluso criminales que simulan el ejercicio de la política ciudadana y la política institucional, pero que en realidad se han encargado de impedir y/o degradar la participación de los más diversos grupos de la sociedad civil mexicana, el debate efectivo entre ellos que serviría para dirimir los intereses contrapuestos, así como su acceso efectivo a las prácticas políticas de la soberanía, la autonomía y la solidaridad que deberían ocurrir dentro de estas instituciones.

La desviación del poder del Estado mexicano ha propiciado transformaciones constitucionales de forma y de fondo, transformaciones fundamentales y reglamentarias que han sido diseñadas ex professo para facilitar adicionalmente el acceso directo de esta misma oligarquía al comando central del Estado, en sus tres órganos constituidos en los tres niveles de gobierno y muy especialmente en los órganos constitucionales autónomos, en los órganos reguladores de los que dependen las privatizaciones de las empresas públicas. De manera que los poderes salvajes de las empresas transnacionales han tenido acceso directo y privilegiado a la información pública, así como a la construcción de los espacios económicos y políticos nacionales, a la distribución estratégica del poder, así como el comando regular del mismo.

Para ello, el Estado mexicano ha consumado sus transformaciones constitucionales e institucionales, usurpando la soberanía del pueblo mexicano, valiéndose de las formas legaloides y de una interpretación letrista de la Constitución, sin consultar al pueblo de México y excluyéndolo en todo momento de los espacios e información estratégicos de los cuales dependen dichas transformaciones, y con ello de la construcción de los espacios y destinos políticos del país.

Acusamos al Estado por impedir sistemática y sostenidamente el acceso del pueblo a los procesos sustantivos de información veraz y oportuna, a la distribución del poder que se resguarda dentro de cada una de sus respectivas instituciones, así como por volver a excluir a la población de todas las negociaciones políticas importantes que han ocurrido durante los últimos treinta años de neoliberalismo.

Quien observe las doctrinas, la estructura funcional y las prácticas, así como la ingeniería constitucional e institucional dedicada a la automodificación del Estado, se percatará de que la distribución de funciones en órganos constituidos es utilizada en una suerte de división del trabajo que implica desviar el poder. El Poder Ejecutivo de México se ha especializado en dialogar directamente con las cúpulas de los poderes salvajes de las empresas transnacionales, de sus representantes estatales respectivos y de los poderes oligárquicos nacionales para determinar los planes de acumulación y expansión de sus intereses productivos, comerciales, financieros, políticos, militares, diplomáticos, mediáticos, etc., a

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cambio de lo cual el Presidente en turno y su gabinete también diseñan sus propios negocios privados transexenales. El Poder Legislativo aunque negocia, reajusta y refuerza los acuerdos desviados del Ejecutivo, proclamando las leyes que le allanan el camino a los poderes del libre comercio, tiende adicionalmente a realizar los balances sociales que permiten establecer el control de daños implicados en los actos criminales del desvío de poder, lo que adicionalmente ayuda a mantener encendida la esperanza de una pequeña pero significativa parte de la sociedad civil, ilusionada con poder incidir dentro de la hermética estructura del Estado. El Poder Judicial apalanca la desviación del poder en la medida en que se encarga de traducir en términos jurídicos las luchas y las protestas sociales en pro de los derechos y el acceso a la justicia, conteniendo de forma perversamente legal todas las reacciones sociales que despliega la sociedad superexplotada en el trabajo, en el ámbito comercial y del consumo, en sus condiciones ambientales, así como despojada de sus bienes privados o comunes; o bien, conteniendo todas las reacciones sociales que vienen del conjunto de ciudadanos que se asumen históricamente como agraviados por el desmantelamiento de la soberanía nacional. Cuando el dique jurídico ya no alcanza para contener el descontento social contra este sistema de desvíos criminales del poder, irrumpe nuevamente el Poder Ejecutivo cerrando el círculo de los crímenes de Estado y el ciclo de la desviación de poder, al momento de ejercer todas las formas imaginables de violencia represiva de esta institución en contra de todos los movimientos ciudadanos y sociales de protesta.

La desviación del momento generador de la vida política y el poder del Estado ha consistido, primero, en la forma en que se ha reducido todo el proceso constructor de las dinámicas y los espacios políticos de la sociedad al simple proceso electoral. No obstante, el Estado ha resultado incapaz de sostener posteriormente de una manera mínimamente democrática este procedimiento, pues en México al parecer siempre ha resultado históricamente obligada la renovada y perpetua manipulación mediática y directamente fraudulenta de todos los procesos electorales importantes referidos a la conformación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En segundo lugar, la desviación del poder también ocurre durante el reparto mismo del poder político, pues persiste el estatus jurídico y político privilegiado del Presidente de la República, de modo que éste, a partir de la “reforma política” de los últimos treinta años, en realidad ha mantenido su capacidad de influir y determinar la configuración y toma de decisiones de las cámaras y de los tribunales, así como desplegar sus poderes en órganos aparentemente técnicos y ciudadanos como son los órganos constitucionales autónomos169 y

169 Los juristas orgánicos del periodo neoliberal han procedido a crear y presentar como instituciones garantes de una democracia de calidad a un conjunto de entidades que realizan funciones especializadas dentro del régimen presidencial mexicano denominadas popularmente órganos constitucionales autónomos entre los que se reconocen el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Banco de México, aunque también suelen incluirse los tribunales agrarios y hasta las universidades autónomas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Instituciones que lejos de atender los conflictos de cohabitación inherentes al pluripartidismo, de coadyuvar con una efectiva rendición de cuentas y una erradicación real de la corrupción o simplemente de realizar tareas exclusivamente técnicas y apolíticas, en razón del escandaloso atraso que padece la democracia en México, más bien se han enfocado a recuperar la

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los órganos reguladores. 170 De ahí el modo en que se ha reciclado en México un presidencialismo agresor de la Constitución, pero ahora al servicio de los poderes salvajes y los poderes externos, un autoritarismo omnipotente sobre la totalidad del aparato estatal, basado en un injerencismo integral tanto durante el momento electoral, como en el proceso de distribución del poder, en la conformación del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos.

El Estado mexicano adicionalmente ha reformulado el Poder Judicial de tal manera que los derechos fundamentales, simulando ser protegidos, en realidad se encuentran inmersos en un proceso de deterioro que tiende a cancelarlos, incluso desde la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 171 mientras que la esencia de la Constitución

legitimidad perdida del Estado mexicano tanto por sus prácticas políticas de por sí autoritarias como por los resultados del libre comercio y las novedosas prácticas hiperautoritarias de los sexenios de la transición a la democracia, de la alternancia y de su consolidación, simulando además una presuntuosa ciudadanización del Estado. Pues la creación de estos nuevos espacios políticos justamente ha servido para que dentro de ellos reiteradamente se repartan tajadas de gobierno los “ciudadanos amigos” de los principales funcionarios en turno, de los expresidentes y los partidos políticos, así como los llamados poderes fácticos: las empresas monopólicas de televisión, los propios ingenieros institucionales, la jerarquía católica, los “mejores” analistas generadores de opinión pública, las empresas encuestadoras y de marketing político, etcétera. Los órganos constitucionales autónomos son instituciones politizadas, secuestradas por los partidos, cuyos titulares se encuentran condicionados o comprometidos con las bancadas parlamentarias o con el Presidente de la República. En el fondo los llamados órganos constitucionales autónomos han sido funcionales a las necesidades del Estado, resguardan importantísimos intereses económicos internacionales de las conductas irresponsables de los gobernantes mexicanos, bañan de falsa pureza los procesos electorales, dan fe de un Estado hipócritamente preocupado por la protección de los derechos humanos, obstaculizan la rendición de cuentas y la transparencia de las gestiones públicas, además de que convalidan fraudes, maquillan cifras sobre la situación socioeconómica del país, les cubren transexenalmente las espaldas a los funcionarios públicos de alto rango (porque algunos de los funcionarios medianos y bajos pagan los platos rotos) y descubren que sus resoluciones a final de cuentas son en la mayoría de los casos impotentes, cuando inexplicable y esporádicamente deciden cumplir con sus funciones.

170 Los órganos reguladores son órganos constitucionales pseudo‐autónomos que al momento de ser explotados mediáticamente como órganos “ciudadanizados” en los hechos quedaron emparentados con otras entidades públicas, que forman parte importante de esa demagógica fachada ciudadanizada que hoy tiene el Estado mexicano. Nos referimos a los órganos reguladores, encargados desde los años noventa de todas las privatizaciones de las empresas estratégicas del Estado mexicano, que, aunque en realidad son órganos desconcentrados de la administración pública centralizada y por ello tentáculos del poder ejecutivo, han sido espacios dentro de los cuales se ha invitado a participar a los expertos de las poderosas empresas interesadas en el control monopólico de las redes y recursos estratégicos propiedad del Estado. Órganos reguladores que además de facilitar la dinámica natural del mercado y coadyuvar en el arraigamiento del libre comercio, así como arbitrar sesgadamente los procesos de privatización a favor de las empresas favoritas de cada sexenio, son entidades que operativizan el mercado de materias especializadas, labor muy necesaria dado el carácter fluido que tienen estas materias en virtud a la incesante y vertiginosa revolución tecnológica y financiera.

171 Al parecer la postura doctrinalmente mayoritaria insiste en que el resultado de todo este debate ha sido la aceptación plena de un sistema de control de la constitucionalidad difuso, junto con el cual los jueces ordinarios también ejercerían el llamado control de la convencionalidad. Bajo estas circunstancias fácilmente podría suplantarse el rol de censor que realiza la Corte Interamericana al verificar la correspondencia de los actos u omisiones del Estado mexicano con la Convención Americana de Derechos Humanos y, de este modo, instrumentalizarse el supuesto control de la convencionalidad interno para convalidar nuevas violaciones de derechos fundamentales y abrir la puerta a una mayor impunidad.

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tampoco tiene claro resguardo bajo las nuevas atribuciones que se otorgan a la Suprema Corte y a los demás tribunales.

La ausencia de medios de control de la constitucionalidad adecuados es otro elemento que explica el modo en que las distorsionadas instancias judiciales de México han tolerado la reiterada violación de derechos fundamentales. La Suprema Corte ha convalidado tales violaciones y resguardado la impunidad de los responsables. Ha resuelto asuntos y establecido criterios de interpretación obligatorios para el resto de los tribunales del país que contrarían los principios de interpretación (de las normas relativas a derechos humanos) conforme (con la Constitución y con los tratados internacionales) y pro persona (en todo tiempo a favor de la protección más amplia para las personas) colocando a los agraviados en franco estado de indefensión o sin posibilidad de exigir jurídicamente justicia y reparación algunas.

Gracias a la manipulación general del Poder Judicial se ha logrado despolitizar y convertir a todos los conflictos colectivos, de clase y de la nación en su integridad en meras controversias técnicas relacionadas unidimensionalmente con la aplicación de la ley.

El Estado mexicano finalmente ha simulado su propia ciudadanización, la transparencia electoral, la protección de derechos humanos, la transparencia informativa y la rendición de cuentas, así como ha pretendiendo separar sus funciones técnicas de otras funciones de carácter político entregando sus órganos constitucionales autónomos a los partidos políticos y las mafias de poder, al tiempo en que ha entregado los órganos reguladores a los representantes de los poderes empresariales oligárquicos.

En tercer lugar, la desviación del poder político del Estado mexicano durante el momento de su ejercicio ha consistido en el perfeccionamiento de todos los mecanismos que garantizan una exclusión cada vez más amplia de los individuos y grupos que componen a la sociedad mexicana dentro de todas las instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales en donde se consuman la decisiones de gobierno.

Un ejemplo claro de esta forma completamente desviada de ejercer el poder la ofrecen las cámaras del Congreso, en donde ocurre una franca autonomización de la política legislativa respecto de los intereses y la vigilancia populares.172 Lo cual sucede como una progresiva subordinación de los legisladores a los nuevos grupos de lobby, que representan a los más poderosos intereses empresariales de México y el extranjero. Lo que se consuma perfeccionando espacios progresiva y sistemáticamente restringidos a las negociaciones de las comisiones legislativas, los jefes de las bancadas parlamentarias o bien en los secretos vasos comunicantes que permiten el metabolismo de los órganos constituidos.

Bajo estas circunstancias el Poder Legislativo ha mantenido en pie el procedimiento de revisión de la Constitución más atrasado del mundo, pues para modificar o adicionar el texto constitucional es suficiente el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso General más la mayoría de las legislaturas locales. Esto implica la forma más atrasada de llevar a cabo cambios constitucionales pues

172 Basada durante los años previos al neoliberalismo en mecanismos tradicionales caciquiles y gremiales de comunicación que existían entre las organizaciones populares y los representantes legislativos.

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muchos otros países cuando reciben una propuesta de reforma convocan a elecciones para erigir un congreso ad hoc que atienda y resuelva tal iniciativa. O bien, una vez que se da trámite y se aprueba alguna reforma, ésta es sometida inmediatamente a referendum, en el cual la ciudadanía considera las propuestas legislativas y decide en última instancia el destino nacional. En otros países se reconocen límites expresos para tales reformas, pues existen listas de decisiones políticas fundamentales intocables. De ahí que resulte pertinente acusar al Estado mexicano por mantener deliberada y dolosamente la forma política más atrasada de transformar el texto constitucional pues ello es justamente lo que le permite llevar a cabo de modo completamente elitista, herméticamente cerrado, autoritario y sin ningún tipo de auscultación ni participación popular, las modificaciones constitucionales.

Como este anacronismo político ha sido ampliamente explotado por los tratados de libre comercio, el Poder Legislativo ha llevado a cabo continuos cambios constitucionales y de legislación secundaria que durante los últimos treinta años se los ha organizado puntualmente favoreciendo directa y exclusivamente los intereses de las más poderosas empresas privadas nacionales y transnacionales,173 así como al conjunto de los grupos políticos que monopolizan el poder.174 Por ello acusamos al Estado mexicano y muy especialmente a su Poder Legislativo de manipular las leyes no sólo para bloquear el acceso del pueblo a la información y a la justicia, sino también para bloquear su a la política misma, pues gracias a la ingeniería constitucional e institucional diseñada por la llamada “reforma política” se ha vuelto cada vez compleja la organización sectorial y colectiva de los trabajadores, campesinos, indígenas, vecinos, consumidores, géneros, minorías y demás grupos, no sólo en el ámbito económico de la producción, la distribución y el consumo, sino especialmente en el ámbito

173 Fue el caso de las reformas del 3 de febrero de 1983 a los artículos 26, con la que se estableció el

“sistema de planeación democrática del desarrollo nacional” regido por el proyecto nacional contenido en la Constitución; 25, reconociendo la concurrencia del sector público, el sector social y el sector privado en el desarrollo económico nacional; y 28, estableciendo la distinción entre áreas estratégicas y actividades prioritarias. En las áreas estratégicas el Estado (el sector público) ejerce sus funciones de manera exclusiva, mientras que en el impulso y organización de las áreas prioritarias se autoriza la participación de los sectores social y privado. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles en un principio eran áreas estratégicas, pero con la reforma del 2 de marzo de 1995 se convirtieron en áreas prioritarias, sobre las cuales el Estado ejerce su rectoría, manteniendo el dominio sobre las respectivas vías de comunicación al otorgar concesiones o permisos. Algunas de las leyes que fueron modificadas o creadas a propósito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron: la Ley sobre la Celebración de Tratados, la Ley Agraria, la Ley de Pesca, la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Minera, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, la Ley Forestal, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas y la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados, entre muchísimas otras.

174 Lo anterior quedó muy claro para el caso de las televisoras tras el debate sobre la reforma del 13 de noviembre de 2007 al artículo 41 constitucional en materia de campañas electorales y medios de comunicación. Los antecedentes inmediatos de este debate deben ubicarse en las controversias que suscitaron las reformas del 11 de marzo de 2006 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

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específico de la política, de suerte que les resulta cada vez más difícil a los ciudadanos poder expresar sus intereses colectivos sin cortapisas dentro de agrupaciones y partidos políticos en vistas a transformar el destino general, particular y singular del país.

Estas desviaciones del poder del Estado (poner el interés público en manos privadas y perjudicar el interés mayoritario), resultan posibles también porque se impide al pueblo de México el verdadero acceso a la producción, la difusión y el cuidado de los medios de comunicación, de modo que el poder siempre cierra de antemano la posibilidad de equilibrar la situación de desventaja en la que se encuentran los intereses populares frente a todos los poderes institucionales y fácticos. Lo cual genera una verdadera situación de acoso y vulnerabilidad extrema de los grupos explotados, marginados, discriminados, despojados o en proceso de exterminio frente al poder. Por ello resulta esencial acusar al Estado mexicano por bloquear de forma sistemática el acceso oportuno de la población a la información pública (científica, económica, jurídica, política, etc.) que le podría permitir comprender, caracterizar o denunciar públicamente si es preciso los cambios constitucionales e institucionales impuestos por el libre comercio. Pero también resulta necesario acusar a este Estado de impedir por todos los medios que el pueblo de México tenga la posibilidad colectiva de gestionar sus propios medios de comunicación, veraces, dialogantes, plurales, profundos y con un sentido cultural colectivo y nacional.

El Estado mexicano finalmente es culpable por el modo en que se ha ocupado de impedir el acceso del pueblo a la justicia, al deformar, cerrar y destruir leyes que históricamente le otorgaban derechos fundamentales sustanciales y adjetivos, mientras por otro lado se ha esmerado en redactar una colección de nuevas leyes que no sólo recortan derechos colectivos, sino que adicionalmente permiten criminalizar la pobreza y la protesta, aplicar políticas de terrorismo de Estado, judicializar las luchas sociales, politizar la justicia, así como fragmentar la resistencia colectiva de los grupos oprimidos dentro del fino registro curricular de los derechos humanos reducidos a derechos individuales.

Finalmente acusamos al Estado por haber encerrado al país dentro de una burbuja política imaginaria, cuidadosamente creada en todos los foros internacionales importantes por costosísimas actividades del lobby diplomático, ya que dicho aislamiento respecto de la opinión pública internacional y de las tasas medias de los derechos democráticos y de constitucionalidad fundamental ha sido perversamente usada para disponer de márgenes de maniobra en cada una de sus sistemáticas actuaciones de desvío de poder económico, político y cultural efectuadas durante los últimos treinta años.

4. Mucho antes del arribo del neoliberalismo y los tratados de libre comercio, el Estado mexicano nos tenía acostumbrados a un autoritarismo cruel y permanente, mientras los trabajadores estaban habituados al terrorismo cotidiano de los líderes sindicales “charros”, los campesinos e indígenas veían con normalidad el autoritarismo “generoso” de los caciques, los habitantes de las ciudades estaban habituados a la manipulación de los poderosos, al autoritarismo monárquico del Presidente, a la injusticia diaria, en ciudades y campos todos estábamos habituados a los asesinatos políticos de los disidentes, a la impunidad permanente de los poderosos, e incluso a las represiones violentas, a las masacres políticas, así como al monopolio, a la censura y a la corrupción de los comunicadores. No obstante, con el arribo del neoliberalismo, las políticas de desregulación, la privatización de las empresas públicas y la promoción del libre comercio

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se abrió la posibilidad de que Estados Unidos y su profunda dinámica de decadencia histórica escalaran brutalmente sus métodos injerencistas en los nervios y médulas centrales de la nación, con lo cual todos estos parámetros de desigualdad, marginalidad, injusticia y sinsentido se vieron profundamente sacudidos y negativamente revolucionados.

Ya hemos denunciado al Estado mexicano por haber provocado que la desviación del poder económico y político, como dos fuerzas combinadas que conforman una fuente compleja, continua y reiterada de destrucción de nuestra riquezas colectivas, de nuestras fuerzas productivas más profundas de tipo agropecuarias, forestales y pesqueras, de nuestras originales fuerzas productivas industriales, pero sobre todo de nuestra riqueza social, de nuestra diversidad biológica, cultural, económica y política, de nuestras fuerzas productivas demográficas, de nuestro medio ambiente y del bienestar de las y los mexicanos, de la seguridad de los centroamericanos que transitan por nuestro país en búsqueda de mejores oportunidades, o simplemente de nuestra salud y nuestra tranquilidad.

Sin embargo, lo que ahora queremos añadir en nuestra acusación en contra del Estado mexicano es que esta destrucción de bienes ha trasmutado y se ha convertido también en una destrucción compleja del valor de todas las personas, de los tejidos comunitarios de los pueblos, de las relaciones entre los géneros, entre las generaciones y entre todos los grupos de población diferente; en una destrucción de las costumbres solidarias en los barrios urbanos, en los centros de trabajo y estudio; en una destrucción de nuestras relaciones políticas y jurídicas, en una exacerbación del racismo y de los valores coloniales externos; en una destrucción de leyes fundamentales, de los derechos sociales, de los valores éticos, de nuestras principales instituciones educativas, así como de nuestra irrepetible herencia cultural e incluso de las esperanzas de millones de mexicanos.

Si todas estas destrucciones no han arrasado literalmente con todos nuestros patrimonios y formas de vida, ello es así por la obvia inmensidad del país, pero también por la extraordinaria resistencia cotidiana, compleja y modesta, de millones de mexicanos que en todos los niveles sociales y todas las áreas de su actividad, con mayores o menores niveles de conciencia histórica se resisten de una manera u otra a perder y entregar todas las riquezas económicas, políticas y culturales que este país les ha donado.

Pero quienes han encabezado este proceso de destrucción de bienes, relaciones y procesos han sembrado con plena conciencia la injusticia general, han roto todos los precarios equilibrios previamente existentes y han escalado el descontento social, que ciertamente ya era muy grande antes del neoliberalismo. De ahí que la represión política sistemática de dicho descontento se haya agravado de un modo cada vez más sórdido.

Sin haber abandonado nunca el reino de la superxplotación laboral o la discriminación, la extorción y el despojo de los pueblos indios, en realidad hemos ingresado en una nueva era de violencias e injusticias en donde reinan el abuso sobre pobladores que no tienen el derecho a un medio ambiente que no los ponga en riesgo, los intoxique o simplemente los mate, de consumidores que no tienen la posibilidad efectiva de reclamar fraudes regulares en la calidad de lo que consumen, de minorías sexuales que no se las discrimine, pero sobre todo de abusos crecientes en contra de grupos de población muy vulnerables como son los transmigrantes centroamericanos que, bajo el manto de los flujos de millones de mexicanos que huyen hacia Estados Unidos en busca de trabajo, son extorsionados hasta el límite de la

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dignidad por las autoridades mexicanas, secuestrados y extorsionados por los cárteles del narcotráfico, o masacrados por grupos de paramilitares organizados oscuramente desde la penumbra de los más grandes poderes; o bien las niñas y niños que son introducidos en los circuitos de la esclavitud sexual, las mujeres jóvenes que son secuestradas dentro de los circuitos de la trata de personas, o las trabajadoras y trabajadores que también son secuestrados como esclavos dentro y fuera de México.

De manera que aunque en el México previo al neoliberalismo y el libre comercio era normal, a pesar de algunas leyes en contra, el abuso permanente del poder, la corrupción, el robo de fondos públicos, el desvío de miles de millones de dólares procedentes de la explotación del petróleo hacia las fortunas presidenciales, la conformación de grupos de choque y la manipulación de los procesos electorales, el tráfico de influencias, la represión de los movimientos masivos, el encarcelamiento de los líderes, el secuestro político y la tortura como forma normal de regular el descontento por cuenta de la policía política, así como las desapariciones forzadas por cuenta del Estado, e incluso la realización de algunas masacres políticas históricamente dosificadas, los niveles de violación de los derechos humanos y especialmente de los derechos sociales se escalaron peligrosamente con el arribo del neoliberalismo.

Pues el nuevo Estado, simulando una cuidadosa reforma política, en realidad generalizó nuevas políticas de terrorismo de Estado, lo mismo que intensificó la organización de grupos paramilitares en diversas regiones conflictivas del país, la actuación violenta e impune del Ejército, la realización de numerosas masacres políticas, así como de masacres “apolíticas” encaminadas no sólo a regular el flujo de transmigrantes hacia Estados Unidos o a vaciar las entidades fronterizas ricas en yacimientos descomunales de gas, sino también a sembrar un miedo irracional entre la población más pobre y vulnerable.

Este huracán de acciones irregulares por cuenta del Estado, perfectamente confundido con los crecientes problemas de pobreza y violencia, ayudó a crear y promover un clima de tropelía general, de zozobra, de inseguridad cotidiana, de impunidad en todos los niveles y por cuenta de todos lo diversos grupos con poder armado, el secuestro de empresarios y miembros de clases medias, el cobro criminal de cuotas por protección, el sicariato y el terror extremo de las bandas de narcotraficantes, el habituamiento al modo criminal de obtener recursos para sacar adelante todo tipo de fines delictivos, la desconfianza generalizada entre todos, la confusión colectiva, así como los conflictos irreductibles entre innumerables mexicanos.

Hace muchísimos años que los trabajadores de los medios de comunicación e investigadores especializados han venido denunciando por diversos medios al Estado mexicano por haber cohabitado y convivido durante toda la segunda mitad del siglo XX con los grupos criminales encargados de sembrar amapola para el ejército estadounidense, o de transportar desde Sudamérica y de transformar industrialmente todo tipo de drogas, o de exportar los narcóticos nacionales, primero al servicio del Ejército de Estados Unidos, después al servicio de diversos órganos de inteligencia estadounidense (CIA, FBI, DEA, etc.) o finalmente al servicio de la manipulación general de la población de ese país. Como parte de esta descomposición permanente México ya ocupa el primer lugar mundial por asesinato impune de trabajadores de los medios de comunicación.

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Por todo ello es nuestra obligación acusar al Estado mexicano por haber permitido que este clima social completamente negativo naciera, creciera y desembocara en una situación estructural de violencia, impunidad y guerra sucia, en contra del pueblo de México; por haber permitido que este caos se saliera completamente de control, como una táctica distractiva para continuar con los planes criminales de asalto privado al patrimonio nacional. Aunque el Estado mexicano no es el único imbricado en este proceso criminal general, sí es, indudablemente, el principal responsable. De ahí que lo acusemos por cometer un crimen de Estado calificado, al haber actuado con dolo, premeditación, alevosía y ventaja en la destrucción de su propia sociedad civil y de su propia nación.

Como tenemos memoria para reconocer dentro de nuestra historia los múltiples esfuerzos que diversos grupos de mexicanos han realizado intentando detener estas catástrofes económicas, políticas, culturales, así como institucionales, queremos acusar en esta tribuna superior de la conciencia histórica de los pueblos del mundo al Estado mexicano por haber destruido fríamente todos los patrimonios arriba referidos de forma calculada, progresiva, en aras del enriquecimiento desmedido de unos cuantos oligarcas, de elevar el índice general del egoísmo individualista, pensando sólo en la elevación de las exportaciones industriales de las principales empresas industrias yanquis, en el incremento del parque vehicular nacional, en la expansión de la mancha urbana, en el despilfarro energético, en el consumismo desenfrenado y en el aforo de las personas dentro de los malls. En suma, los acusamos de promover fribolamente todas las destrucciones referidas a cuento de impulsar la subordinación de la nación a valores culturales completamente ajenos a nosotros mismos.

Como el proceso apenas comienza y requerimos seguir discutiendo, ahondando en la recopilación de pruebas, así como en la configuración jurídica de nuestras acusaciones, el horizonte que por ahora únicamente avizoramos apunta a atribuirle al Estado mexicano la comisión dolosa del crimen de traición a la patria.

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