TLCAN Los testimonios que se presentaron a la largo de la Audiencia Final permiten afirmar que la inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global. El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los “perdedores”. Lo mismo que la legalidad Nazi y de otros regímenes genocidas. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo. El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de los tratados comerciales es desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características que son trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace muchos años y se ha realizado a través de diversos mecanismos. En ocasiones ha sido simplemente mediante la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono de la conducción de la economía; otras ha sido por cesión, como sería el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía; y otras más eliminando la capacidad gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de control territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando 1
a la soberanía en todos los ámbitos. Algunas de las áreas de pérdida de soberanía que más afectan y afectarán el futuro de hombres y mujeres de México son:
Sobre la conducción de la economía y el manejo de sus instrumentos presupuestales, fiscales, monetarios y regulatorios. Sobre el poder para disponer de los recursos energéticos. Sobre las garantías de un ambiente sano y adecuado, y la conservación de los ecosistemas y hábitats. Sobre la protección de la diversidad cultural y biocultural. Sobre los recursos del subsuelo. Sobre nuestra alimentación. Sobre las garantías de los derechos laborales. Sobre las garantías de la educación y el desarrollo científico y tecnológico. Sobre la política industrial. Sobre las vías de comunicación y transporte. Sobre las telecomunicaciones. Sobre el territorio nacional. Sobre el acceso a la justicia.
México se ha vuelto sinónimo de soberanía estructural y constitutivamente mermada, lo que nos hace excepcionales en un mundo de intensas interdependencia. El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas”, realizando o permitiendo prácticas de genocidio físico o cultural contra ellas. Recordemos que el neoliberalismo es inherentemente eliminacionista. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia. Ayer el Tribunal escuchó varios casos que pueden ser tipificados como crímenes por responder a políticas dirigidas a explotar la fuerza de trabajo con mayor intensidad. Permítanme insistir con casos directamente ligados a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que el TLCAN haya fragmentado artificialmente el mercado de trabajo en una economía regional en todo lo demás integrada ha generado procesos de flujo migratorio y competencia en uno y otro lado de la frontera que mantienen bajo el costo del contenido laboral de las mercancías producidas en México con capital extranjero, y también con capital nacional, y también en el extranjero las producidas con mano de obra mexicana ilegal. Ayer escucharon ustedes cómo esta fragmentación artificial del mercado laboral ha aumentado la flexibilidad contractual y degradado a niveles infames las condiciones de vida de los migrantes y transmigrantes, procurando prácticas genocidas. s hace excepcionales en un mundo de intensas interdependencias.
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La quiebra de soberanía se protege por medio de una armadura jurídica neoliberal fundamentada en los siguientes criterios: 1. El TLCAN se sustenta sobre una profunda falta de legitimidad democrática ya que quiebra los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión - provoca la anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y la soberanía de los pueblos y naciones. 2. La inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la incorporación de anexos, atentan contra los derechos de las mayorías sociales. Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el círculo infernal de la arquitectura de la impunidad. 3. El TLCAN se afianza sobre el principio de los vasos comunicantes entre normas de comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o regional; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Esta guerra tan asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto por el capital y las empresas transnacionales. 4. Se combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales con la re-regulación de sus derechos, lo que implica destruir los derechos del pueblo mexicano y blindar los derechos de las corporaciones nacionales y transnacionales. 5. Los principios normativos del TLCAN son principios demoledores –abiertos a la interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales; el trato justo y equitativo, el trato nacional, la nación más favorecida, el concepto de inversión y las indemnizaciones. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los principios recogidos en el TLCAN. Los principios mencionados se fundamentan en una falsa interpretación del principio de igualdad, ya que tratar igual a las empresas transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales mexicanas es esencialmente discriminatorio. 6. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; sin embargo, el neoliberalismo amplio su labor a conflictos entre Estados y particulares, 3
vinculados al mecanismo de diferencias entre inversor y Estado. Las empresas transnacionales - personas de Derecho Privado que representan intereses particulares - pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales. Prevalece el interés particular sobre el interés general. La impunidad transnacional que el TLCAN regula nos permite afirmar que es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a consta de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos- se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado. El TLCAN colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General. Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad. Hay que restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre las normas de comercio e inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos por encima de los intereses de los de las grandes empresas.
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Quinto. El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas”, realizando o permitiendo prácticas de genocidio físico o cultural contra ellas. Recordemos que el neoliberalismo es inherentemente eliminacionista. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia. Ayer el Tribunal escuchó varios casos que pueden ser tipificados como crímenes por responder a políticas dirigidas a explotar la fuerza de trabajo con mayor intensidad. Permítanme insistir con casos directamente ligados a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que el TLCAN haya fragmentado artificialmente el mercado de trabajo en una economía regional en todo lo demás integrada ha generado procesos de flujo migratorio y competencia en uno y otro lado de la frontera que mantienen bajo el costo del contenido laboral de las mercancías producidas en México con capital extranjero, y también con capital nacional, y también en el extranjero las producidas con mano de obra mexicana ilegal. Ayer escucharon ustedes cómo esta fragmentación artificial del mercado laboral ha aumentado la flexibilidad contractual y degradado a niveles infames las condiciones de vida de los migrantes y trans-migrantes, procurando prácticas genocidas.
Esta situación está directamente ligada con otro caso que escucharon con consecuencias culturales y bioculturales que son inmensas, el de la agricultura mexicana, y en particular el de la producción de maíz campesino. Las reformas neoliberales en el campo mexicano inician desde la crisis de la deuda de 1982 y se desarrolla durante toda la década de los 80s y 90s. La firma del TLCAN sirvió para profundizar y consolidar estas reformas, y volverlas irreversibles. En conjunto, estos cambios buscaron reordenar completamente las relaciones sociales en el campo mexicano a partir de una profunda intervención del Estado para construir un “mercado libre” y completo de tierras, factores y productos agropecuarios. Esto implicaba un viraje político-cultural de primera magnitud, pues por primera vez en la historia el Estado le negaba a la cultura campesina mexicana cualquier papel en la economía y el desarrollo nacional. El argumento es que ya no era necesario un sector campesino para mantener la política de alimentos baratos, ya que ésta podía conseguirse a menor costo importando los granos que estos producían tradicionalmente de los Estados Unidos, a precios subsidiados y mucho menores costos. Con argumentos típicos de la ideología neoliberal, se planteó que todos ganarían al concentrar la tierra y los recursos en el 16% de los productores agrícolas y alentar la emigración del 84% menos productivo hacia otros sectores de la economía más dinámicos. Habría más crédito agrícola privado, al 5
reducirse el sector naturalmente discriminado por el mercado crediticio, y aumentaría el flujo de inversión extranjera directa en el sector agropecuario, mejorarían la tecnología y los insumos con la importación y se consolidarían las expectativas para los exportables. Pero los resultados fueron deplorables. El crédito agropecuario declinó, lo mismo que la inversión extranjera, y al mismo tiempo todas las desventajas competitivas y rezagos productivos se concentraron en los productos tradicionales y las regiones campesinas. Quienes impulsaron estas políticas siempre supieron que, como ciertamente ocurrió, la apertura en condiciones competitivas desiguales acarrearía una importación masiva de alimentos y graves perjuicios para las economías rurales. Para mitigar la protesta social se diseñaron numerosos programas compensatorios a través de transferencias directas. Pero la formación de empleo nunca fue una prioridad para el gasto público compensatorio, y el campo sufrió la fragmentación o disolución de cientos de miles de familias, con gravísimos costos sociales. En la práctica estos programas fueron muy opacos y carentes de rendición de cuentas, y permitieron una gran corrupción. Incluso el programa más generoso e importante de compensaciones para los pobres del campo, llamado Procampo, resultó regresivo, excluyente y con un poder paritario de compra declinante. Además, fue insuficiente para compensar las pérdidas incurridas por los productores con la caída del precio debido a la apertura, y aunque tuvo impacto en reducir la migración, miembros de más de la mitad de las familias tuvieron que emigrar. El precio para el productor de maíz se redujo en 66%, ajustado a la inflación, y la importación creció del 8% del consumo nacional antes del TLCAN al 33% en el 2006. Dos y medio millones de jóvenes campesinos emigraron, y cinco millones de habitantes del medio rural abandonaron la agricultura. Estas personas, literalmente expulsadas, consiguieron trabajos muy precarios por lo motivos señalados arriba y sus territorios vacíos ahora han caído presa o están amenazadas por el extractivismo, la servidumbre energética o la especulación de los servicios ambientales. A pesar de todo esto, el dualismo estructural rural persiste, pues ni la población campesina ni su propiedad sobre la mayor parte de las tierras arables se redujo debido a sus poderes de autoabasto y supervivencia, y las caídas de ingresos agrícolas fueron compensadas por los flujos de remesas de los migrantes, o por su inserción obligada en la agricultura de estupefacientes. Pero las condiciones de vida de los pobres del campo se han vuelto extraordinariamente precarias, riesgosas y tristes.
Mientras todo esto ha ocurrido con los pobres del campo, los productores agrícolas empresariales han recibido considerables apoyos públicos. Los demás programas de compensación, que acumulan más del 50% de las transferencias, se sesgaron a favor de los productores medianos, grandes y super-grandes, para apoyar la productividad y el mercadeo de cultivos comerciales, sobre todo exportables. Un programa, Ingreso Objetivo, fue diseñado para financiar directamente el precio de producción de los cereales, cubriendo el déficit entre el precio internacional y el doméstico para los grandes productores. Este
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subsidio se agrega a los subsidios extranjeros para reducir todavía más el precio para los productores pequeños, lo que implica una competencia tremendamente desleal. Grandes corporaciones, como Cargill y Maseca, reciben subsidios enormes de mercadeo. Se ha calculado que el impacto de estos programas anula más de la mitad del efecto redistributivo del Procampo, aumentando la desigualdad. Como resultado de todo esto, se ha impuesto en varias regiones privilegiadas del campo mexicano el sistema agroalimentario industrial — intensivo y tóxico— que provoca la anulación brutal en la rentabilidad agrícola, erosiona la producción independiente de alimentos, acapara la tierra, criminaliza el libre intercambio de semillas e invade el país con cultivos transgénicos que ponen en riesgo la biodiversidad nacional (y mundial) y la salud general. Dueño ya de gran parte de la cadena alimentaria — de las mejores tierras a la distribución en supermercados— el emporio de los alimentos procesados ha estimulado el crecimiento de las importaciones y la dependencia alimentaria y la pobreza en el medio rural. El sector agro-industrial transnacional ha sido el gran ganador con la crisis agrícola que inició en el 2007, cuando se duplicaron e incluso triplicaron los precios internacionales de los alimentos básicos: maíz, soya, trigo, arroz, etc. , como consecuencia de la manipulación del mercado internacional de alimentos por parte de Estados Unidos y el estrecho vínculo con los movimientos especulativos del mercado financiero. Con el aumento de precios y los subsidios públicos significaron excelentes noticias para los productores empresariales del norte del país, y aumentó considerablemente la producción de maíz híbrido; y también las facturas de importación de alimentos de México, a más de US$20 mil millones de dólares anuales; sólo las importaciones de maíz rebasan ahora los $4 mil millones. El aumento de precios representó un verdadero golpe bajo para el resto de los aliados mexicanos, siempre fieles y esperanzados, que ingenuamente adoptaron estrategias de alimentos baratos alineadas a las políticas de austeridad y apertura neoliberales. Como decimos los mexicanos, otra vez nuestro poderoso amigo nos dejó “colgados de la brocha”.
Sexto. Profundización de la corrupción política endógena y estructural. Para fijar y normalizar la desviación de poder, los gobiernos neoliberales, como personas jurídicas colectivas, se han mutilado a sí mismos y plagado de corrupciones. Por motivos históricos fue posible en México construir entre 1945 y 1976 un capitalismo semi-fordista tutelado por un Estado fuerte y autónomo. Nuestro país no es y nunca ha sido un país democráticoconstitucionalista, y ese régimen político fue tan fuerte y autónomo que recibió el nombre de “La dictadura perfecta”. Aquí el patriarcalismo es rampante, está presente la discriminación de todos tipos y la justicia siempre ha sido difícil de alcanzar. Sin embargo, las condiciones nacionales e internacionales del momento también dieron a las clases políticas mexicanas el poder para organizar durante décadas una alianza popular con la soberanía necesaria para establecer un régimen capitalista desarticulado pero aún basado en las personas y no las cosas, con un gran potencial de industrialización y un crecimiento que
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en promedio alcanzó el 6% anual por 30 años. Esta precaria alianza se derrumbó ante los golpes del neoliberalismo, arrastrando con ella buena parte del tejido social mexicano. Ahora mencionaré dos procesos de descomposición política del Estado relacionados con la economía. En relación con los partidos políticos, en México funcionan en esencia como oficinas oligopólicas de colocación de empleos políticos, y de distribución de las (jugosas) rentas que los acompañan. Esto es una consecuencia directa de la pérdida de soberanía económica del Estado y de más de treinta años de austeridad, ya que determinan que las oficinas políticas se encuentren en competencia feroz entre sí por los recursos que asigna, en última instancia, la clase capitalista global. Ocurre en México lo que también pasa en otros países de la OECD: los partidos políticos carecen de programas distintivos, pero además la competencia política no produce un ciclo productivo virtuoso, un ciclo ampliado de producción de bienes públicos para la población, sino todo lo contrario: un hundimiento en el vicio político colectivo y una profundización de la captura del Estado. A cambio de recibir los recursos partidocráticos, los políticos permiten a los grupos privilegiados apropiarse o controlar sin ninguna oposición los recursos estratégicos públicos y las economías de escala y alcance que requieren para obtener rentas extraordinarias, así como el acceso a información privilegiada y la posibilidad de externalizar los costos ambientales y sociales, todo en beneficio de aumentar sus ganancias. A todo esto hay que agregar el papel importantísimo de la burocracia administrativa neoliberal, ad hoc a este perverso régimen electoral, que forma la otra cara de la moneda de la corrupción. En una acto insólito, los políticos mexicanos han permitido e incluso alentado la imagen de que son, a priori, pésimos provisores de los bienes y servicios públicos, y simultáneamente han destruido su capacidad de provisión con el recorte sistemático y profundo del presupuesto asignado y la casi total descoordinación de las autoridades competentes. Como resultado, la ciudadanía, que está sujeta a una propaganda que su propia experiencia circunstancial corrobora, ha terminado convencida de que las dificultades de la provisión y protección de los bienes públicos se debe sólo a que son administradas por agencias públicas llenas de funcionarios públicos. De esta manera se ha consolidado un conflicto de representación política antidemocrática de grandes proporciones. Séptimo. Para imponer la dominación de espectro completo se necesitó manufacturar el consentimiento. Los gobiernos neoliberales de todo el mundo han utilizado el poder mediático y cultural del Estado para colocar en la sociedad “sentidos comunes” que de tanto repetirse se incorporaron al imaginario colectivo e introdujeron, como única, la visión del mundo del poder hegemónico. Ayer ustedes fueron testigos de las prácticas del duopolio televisivo en construir estos sentidos comunes. Hoy agrego que esta manufactura fraudulenta es especialmente grave pues requiere de desarrollar métodos sistemáticos de ocultamiento de la naturaleza e intenciones del modelo a través de procesos de manipulación sutilísimos y profundamente enajenantes de los espacios académicos y universitarios. Como en todo el resto del mundo, hoy existe en México un poderoso ejército 8
de economistas, politólogos y juristas que celebran las prácticas de desviación de poder neoliberal y las justifican como la mejor manera de garantizar el bienestar de la población mexicana y la modernización del país. Sin embargo, en el contexto de la crisis actual ha quedado claro que sus argumentos y justificaciones están plagados de incoherencias lógicas y contra-evidencias empíricas. Si uno además analiza sus ideas, encontrará que fueron elaboradas y son manejadas por personas sumidas hasta el cuello en conflictos de intereses, muchos de ellos usuarios habituales de la puerta giratoria entre la academia y los organismos neoliberales nacionales y mundiales, y también que se enseñan en las universidades e institutos académicos como una doctrina semi-religiosa plagada de mitos, ritos y ocultamientos. Todo esto le brinda un carácter profundamente fraudulento a sus aplicaciones prácticas, lo que deberá tomarse en cuenta al tipificar los crímenes económicos de lesa humanidad. Concluyo señalando que no por ser actos de Estado se debe limitar la responsabilidad de todos estos crímenes a los actores políticos que han participado en el gobierno, el congreso o las cortes. He señalado que estos actos tienen causas eficientes en la actividad estratégica de sectores privados de gran poder. Como lo declaró con toda claridad Warren Buffet hace un par de años: “Hay guerra de clases, es cierto, pero es mi clase, la de los ricos, la que hace la guerra. ¡Y la estamos ganando!” Sus crímenes económicos ocurren ahora en un contexto tridimensional: imperialismo y neo colonización, guerra de clases global con una nueva acumulación original, y cooptación y desviación de poder. Se expresan en profundas regresiones Constitucionales que tienen como principal propósito redefinir las fuentes, contenidos y formas de la utilidad y la política pública, en el sentido mas amplio. No solo han conducido a la ruptura del tejido social y la desaparición de todo un conjunto de referentes normativos cuya ausencia ha disparado, cuantitativa y cualitativamente, la violencia generalizada y la degradación de la vida del pueblo de México. Por ello solicito, a nombre de todas las organizaciones e individuos participantes en este juicio, que el Tribunal Permanente de los Pueblos, en función de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos:
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Declare a los responsables de los poderes públicos mexicanos del periodo 19822014, a sus semejantes estadounidenses y canadienses, a las corporaciones y accionistas que han realizado ganancias extraordinarias al amparo del TLCAN y otras políticas neoliberales, y a sus intelectuales orgánicos en activo o que reproducen esta ideología en las aulas y centros de investigación, como transgresores de sus obligaciones para con toda la comunidad internacional 9
(Artículo 22). •
Declare la obligación de restitución de todos lo beneficios obtenidos por inversiones de origen nacional y extranjero que han derivado en enriquecimiento en detrimento del pueblo mexicano, por violación de las disposiciones de la Declaración (Artículo 24).
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Declare nulos el TLCAN y otros tratados de “libre comercio” semejantes, las cartas de intención firmadas por el Estado mexicano con el FMI y otras organizaciones que han impuesto las políticas de austeridad y el decálogo del “consenso de Washingto” en nuestro país, y todos los demás acuerdos y convenios inequitativos suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos (Artículo 25).
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Declare no exigibles las cargas financieras cuyo origen haya sido la imposición de estos acuerdos y las políticas y modelos de desarrollo correspondientes sobre el pueblo mexicano, volviéndose insoportables (Artículo 26).
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Establezca responsabilidad penal individual por comisión de crímenes internacionales a los autores de los atentados más graves contra los derechos fundamentales de los pueblos que atañen directamente a su subsistencia, sobre todo cuando por acción dolosa o falta de precaución desatan procesos sociales que ponen en riesgo directa o indirectamente el derecho a la existencia de amplios sectores de la población (Artículo 27).
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Reconozca frente a la comunidad internacional el derecho de pueblo mexicano a hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente por la lucha política o sindical, pero incluso cuando se haga uso del recurso a una fuerza anticapitalista no violenta de resistencia y transformación, pero que pueda implicar la suspensión absoluta y general de toda forma de cooperación con el régimen (Artículo 28).
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Establezca la obligación de la comunidad internacional de coadyuvar a restablecer los derechos fundamentales del pueblo mexicano, hasta ahora gravemente ignorados (Artículo 30).
Bibliografía Davis, M. (2001). Late Victorian holocausts : El Niño famines and the making of the third world. London ; New York, Verso.
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Mattei, U. and L. Nader (2008). Plunder : when the rule of law is illegal. Malden, MA, Blackwell Pub.
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