Quince a単os de
Transparencia Mexicana
Quince a単os de
Transparencia Mexicana
Breve historia de Transparencia Internacional
Transparencia Internacional es una organización que desde un inicio fue creada como una coalición de naciones para combatir la corrupción. Su fundador, Peter Eigen, fue funcionario del Banco Mundial por alrededor de dos décadas antes de que en 1993 decidiera dar el paso y crear la organización, convencido de la gravedad del problema de la corrupción. De nacionalidad alemana, abogado por formación, Eigen estableció la sede de la coalición en Berlín, donde se encuentra actualmente. A Peter Eigen le tocó una etapa difícil para formar la organización, pues el problema de la corrupción era visto como un asunto políticamente incorrecto y, por ende, no se hablaba de él en los foros diplomáticos. Se cuenta, a modo de anécdota, que incluso al interior de las instituciones financieras internacionales se hablaba del factor “C”, para referirse a esta cuestión que resultaba incómoda de abordar. Los principios rectores de Transparencia Internacional son muy sencillos pero muy claros: • Como constructores de coaliciones, colaboran con cualquier individuo o grupo, con corporaciones y organizaciones tanto lucrativas como no lucrativas, y con los gobiernos y los órganos internacionales dedicados a combatir la corrupción, sujetos sólo a las políticas y prioridades dispuestas por los órganos de gobierno interno. • Ser una organización abierta, honesta y sujeta a rendición de cuentas con respecto a las relaciones que entable con todas las personas con las que trabaje, así como entre sus propios miembros. • Ser democráticos, políticamente imparciales y no sectarios en el trabajo. • Condenar enérgicamente la corrupción y los sobornos en donde hayan sido identificados. • Las posturas de la organización están basadas en análisis serios, objetivos y profesionales y en altos estándares de investigación. • Sólo se aceptan financiamientos que no comprometan la habilidad para tratar asuntos de forma libre, meticulosa y objetiva.
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• Proveer reportes precisos y en tiempo sobre las actividades de la organización a sus miembros. • Respetar y promover el respeto por los derechos humanos fundamentales y la libertad. • Colaborar y trabajar con y a través de los capítulos nacionales. • Luchar por tener una representación balanceada y diversa en los propios órganos de gobierno. • Al ser un movimiento global, actuar en solidaridad con los capítulos nacionales y no actuar de formas que puedan afectarlos o al movimiento de Transparencia Internacional en su conjunto.
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Así pues, las acciones de Transparencia Internacional se encaminan al diagnóstico del problema, a la elaboración de políticas públicas eficientes, a su aplicación y a su seguimiento. Durante los diez años de la presidencia de Peter Eigen al frente de la Institución se formaron alrededor de cien capítulos nacionales. Cada capítulo tiene un amplio margen para su organización interna pero tiene, en todo caso, que cumplir con los principios básicos de la Institución. El reconocimiento de un capítulo nacional está sujeto a una estricta revisión por parte de
Índice de Percepción de la Corrupción Serie histórica para México 2000-2013* 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8
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Posición global Fuente: Transparencia Mexicana, elaborado con datos del Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, 2000-2013 * Esta serie de tiempo se presenta con fines informativos. El número de países y fuentes han cambiado a lo largo de los años. La línea roja punteada señala un ajuste a la metodología a partir de 2012.
la oficina central de Berlín. De hecho, es frecuente que Berlín retire este reconocimiento si el capítulo analizado no cumple con los principios básicos de la Institución. Transparencia Internacional tiene una reunión anual con los diversos capítulos nacionales, en la cual se exponen los problemas detectados pero también las experiencias exitosas. Por esta razón, dicha reunión se convierte en una gran convención sobre el tema, a la cual acuden jefes de estado, ex-mandatarios, especialistas en economía y en otros temas.
5 Uno de los principios básicos de Transparencia Internacional es que la corrupción, además de ser un problema ético y moral, es un profundo problema para el desarrollo económico. En este sentido, no es casual que los países que más padecen este flagelo sean, con frecuencia, los que presentan bajos niveles de desarrollo y altos niveles de desigualdad. Para medir el fenómeno, Transparencia Internacional creó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que es dado a conocer cada año durante el otoño. El Índice, como su nombre lo indica, es una encuesta que recoge alrededor de una decena de mediciones globales de instituciones como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, la Universidad de Harvard, el Instituto Mundial de Competitividad, entre otras. El IPC retrata la percepción que de un país tienen analistas económicos, empresarios, expertos en el tema y observadores. El Índice muestra que no existe una conexión lineal entre desarrollo y corrupción. En este sentido, rompe con viejas teorías y esquemas de desarrollo que tenían como paradigma el hecho de que un país primero debía desarrollarse para poder reducir la corrupción. Mediante el IPC esta concepción se invierte: se demuestra que, de hecho, es posible reducir primero la corrupción y luego alcanzar el desarrollo. Se han hecho diversos intentos por medir el costo que la corrupción tiene para un país; sin embargo, son tantas las variables en las que se incluye el fenómeno que es difícil establecer una cifra única. La corrupción provoca que los costos de operación de las empresas sean más elevados; condiciona trámites y gestiones –con lo cual ciertas actividades económicas, como el nacimiento de empresas o la apertura de establecimientos, se vuelven tortuosas–, y lo que es más grave aún, la corrupción afecta predominantemente a las familias de menores ingresos y, por lo tanto, se convierte en un lacerante impuesto regresivo que explica en parte la injusticia de los países.
Transparencia Internacional ha sido un impulsor de las convenciones internacionales contra la corrupción. Después de una larga y difícil negociación, los países miembros de la OCDE dieron forma a la primera convención internacional, que el Senado de la República ratificó en 1999. En este mismo sentido, Transparencia Internacional impulsó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que fue signada en Mérida, México, el 9 de diciembre de 2003. Gracias a estos dos instrumentos, la corrupción de empresas y gobiernos de cualquiera de los países signatarios puede ser perseguida jurídicamente. Igualmente, Transparencia Internacional ha contribuido enormemente a incluir el tema de la corrupción y del buen gobierno en parte de la agenda habitual de la mayoría de los gobernantes en el mundo. Este tema ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en un imperativo de discurso y, quizá lo más importante, en una exigencia social irreversible.
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Desde 2005 la presidencia de Transparencia Internacional está en manos de Huguette Labelle, diplomática de carrera y canadiense, quien ha impreso un nuevo ánimo a la Institución. Durante su gestión la multiplicación de los capítulos dejó de ser la mayor prioridad y, en cambio, se puso el acento en la institucionalización de los capítulos. Bajo su presidencia se creó un comité especial que da seguimiento a la vida institucional de los capítulos y que reporta directamente al Consejo Directivo de Transparencia. Uno de los problemas detectados por Labelle es el hecho de que los capítulos se pueden convertir en plataformas de proyección política personal. Con este fin, ha impulsado una política en contra de los conflictos de intereses. Muestra de ello es el cambio de los códigos de ética existentes por nuevos códigos de conducta que elevan el nivel de exigencia a algunos de los capítulos.
La conciencia surgida durante las últimas décadas sobre el fenómeno de la corrupción nos hace ver lo acelerado que ha sido el cambio. Hoy en día suena verdaderamente increíble que la corrupción de servidores públicos y otros agentes haya sido no sólo autorizada, sino, incluso, deducible de impuestos para las grandes empresas hace dos décadas. Trasparencia Internacional fue la institución pionera en el tema y es, por lo tanto, la más conocida a nivel internacional. No obstante, hoy en día, son múltiples las instituciones internacionales que dan seguimiento a este problema. Sin embargo, quizás el mayor impacto organizativo se da al interior de los países. En algunos casos, la multiplicación de organizaciones sociales abocadas a dar seguimiento al problema es francamente asombrosa. Se trata ya de un tema de la agenda nacional y local en muchos países del orbe.
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Transparencia Mexicana
En 1999, un grupo de mexicanos decidió conformar una organización centrada en el problema de la corrupción. Peter Eigen había insistido a uno de sus miembros en que se diera este paso dada la importancia subcontinental del país y la existencia de otros capítulos en el área. Siguiendo esta recomendación nació Transparencia Mexicana, organización no lucrativa que obtuvo su membresía como capítulo nacional en 1999. Transparencia Mexicana cuenta con un muy destacado Consejo Rector (véase lista al final del documento) que se reúne sistemáticamente cuatro veces al año y que da seguimiento a las decisiones estratégicas de la Institución. El Consejo cuenta con lineamientos muy estrictos en lo que se refiere a la independencia de sus miembros de partidos y gobiernos. Uno de ellos establece que si alguno de sus consejeros es invitado a un puesto partidario o gubernamental debe, automáticamente, someter su licencia al Consejo Rector. Asimismo, el Consejo ha aprobado una serie de reglas para la renovación de sus consejeros. Esto con el fin de renovar al cuerpo colegiado pero a la vez para mantener la memoria histórica de la Institución. En la integración del Consejo Rector se ha tratado de mantener un equilibrio entre las profesiones y vocaciones de sus integrantes, así como un equilibrio de género y generacional, con el fin de incorporar a las nuevas generaciones a la organización, pues son éstas las responsables de dar continuidad a la Institución. Todos los miembros del Consejo Rector han donado y donan su tiempo de manera totalmente filantrópica y, con frecuencia, realizan aportaciones con trabajos y acciones correspondientes a sus áreas de especialización. Visto en perspectiva, el hecho de contar con un Consejo Rector de tal calidad y reconocimiento nacional ha sido una pieza clave para contener presiones o francas animadversiones provenientes de muy diversos frentes. El Consejo es, sin duda, el anclaje central de la continuidad de los trabajos institucionales de Transparencia Mexicana.
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Transparencia Mexicana cuenta con un amplio grupo de especialistas en diversas áreas, quienes brindan asesorías en cuestiones relacionadas con los diferentes programas de la organización, especialmente con el programa de Integridad en Contrataciones Públicas. Sólo así, Transparencia Mexicana puede tener presencia en áreas tan distintas y en licitaciones tan diferentes como pueden ser: la construcción de una presa con valor de 800 millones de dólares, la producción de las credenciales de elector o el dragado de arena en las playas de Cancún. Desde hace cuatro años el equipo directivo decidió que, dada la complejidad de las intervenciones, se actuara con grupos multidisciplinarios. Transparencia Mexicana está integrada por una oficina de apoyo ejecutivo que oscila en su tamaño, dependiendo del número de actividades que estén en curso. La oficina cuenta con un director ejecutivo encargado de conducir día a día las políticas establecidas por el Consejo y los programas que de allí se derivan. Además del director ejecutivo, la oficina está integrada por un equipo permanente de máximo siete personas, más una red de conocimiento de hasta 40 personas, que se dividen el trabajo de manera transversal. En la oficina de Transparencia Mexicana todos los
integrantes conocen las características de los proyectos que, como Institución, se llevan a cabo. Esta característica, que podría parecer exclusivamente organizativa, parte de un principio ético central para el equipo. Se busca que los integrantes de la oficina estén de verdad convencidos de la importancia de las acciones que se implementan y que, a la vez, sirvan de filtro ante posibles invitaciones que lo único que buscan es obtener el sello de credibilidad de nuestra Institución. Sin embargo, una de las características del Consejo Rector de la oficina mexicana es la disposición a entrar en áreas altamente conflictivas y trabajar con instituciones de las cuales se conocen problemas de desviaciones y corrupción. Se trata de un principio que intenta romper el círculo vicioso de sólo atender y obtener recursos de actividades en áreas que sabemos que ya no son conflictivas.
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Otro de los principios operativos, establecidos por el Consejo Rector y por la propia ley, es que los remanentes económicos que se obtienen de ciertas actividades sean invertidos en programas que no son autofinanciables pero que tienen una alta relevancia social. Por lo mismo, hay programas que de antemano sabemos que nos van a permitir la obtención de remanentes, los cuales son aplicados a otros programas que sabemos que serán deficitarios. Transparencia Mexicana, a su vez, realiza donaciones en trabajo para instituciones de todo tipo que requieren del apoyo estratégico de la Institución. Los estados financieros auditados de Transparencia Mexicana se encuentran en la página de Internet para que cualquiera pueda consultarlos. La contabilidad de nuestra institución es observada al interior y al exterior.
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Principales líneas de actividad
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a)
Transparencia Mexicana ha venido trabajando en tres áreas básicas: a) Medición e impacto de la corrupción; b) Programa de integridad en contrataciones públicas; c) Programas sectoriales en salud, educación, medio ambiente y otras áreas.
Medición e impacto de la corrupción A finales de 1999, Transparencia Mexicana convocó a un grupo de especialistas para idear un mecanismo estadístico que midiera el impacto de la corrupción en los hogares de los mexicanos. En este diseño participaron 45 profesionistas de muy diversas especialidades y se propuso, de entrada, que el estudio no sólo registrara la percepción de la corrupción, sino, también, el impacto real y medible que tiene sobre los hogares. Debemos destacar que en ese momento el problema de la corrupción era visto como algo anecdótico y poco relevante. Dos de cada tres mexicanos así lo creían. Un porcentaje significativo de la población manifestaba que la corrupción era una cuestión casi congénita a los mexicanos y un poco menos del 10% afirmaba que beneficiaba a la economía. Ante este panorama, uno de los objetivos centrales del estudio era crear conciencia sobre la dimensión del problema y sus alcances. Después de un año de trabajo se obtuvo un diseño totalmente novedoso al realizar una encuesta nacional en hogares para indagar, entre los jefes de familia, sobre los 38 trámites que más dañaban a las familias mexicanas. Se decidió así que el estudio contara con un apartado sobre la percepción de la corrupción y con otro sobre la cultura de los mexicanos en relación a la ilegalidad y a la corrupción. Dados los requisitos metodológicos de representatividad, se aplicaron 16 mil cuestionarios en cada una de las 32 entidades federativas del país. Los costos de un estudio de esta naturaleza son, por ende, elevados por lo cual Transparencia Mexicana recurre a organizaciones empresariales y fundaciones para financiar el estudio. Uno de los condicionantes es que ninguno de los patrocinadores ofrezca un servicio evaluado por el estudio, para evitar así cualquier conflicto de intereses. La primera emisión del Índice Nacional de Corrupción y
Buen Gobierno (INCBG) se dio a conocer en el 2001 y creó tal conmoción, que algunos gobernadores trataron de impugnar la metodología e incluso cuestionaron las intenciones de Transparencia Mexicana. El estudio se ha reproducido en cinco ocasiones más, de manera que actualmente se cuenta con un récord histórico de las distintas entidades en lo que respecta a los desempeños de las distintas administraciones y a la evolución de sus trámites. Estos ejercicios fomentan un aprendizaje mutuo entre los gobiernos estatales para combatir las prácticas corruptas. Dado el contexto político en que se desarrolló el INCBG, se esperaba que sirviera para imputar mayor corrupción a un partido político y menor a otros. Sin embargo, los números muestran que no existe una correlación directa entre niveles de corrupción y color partidario en el gobierno. Esta situación ha sido muy afortunada, pues la lectura del INCBG se ha ido alejando de la discusión partidaria y, netamente, se ha logrado una aproximación más profesional al problema de la corrupción. El estudio se ha convertido en el referente más utilizado por estudiosos, analistas y periodistas nacionales en el tema de la corrupción. No es meramente anecdótico que en los debates de la elección presidencial del
Evolución histórica nacional del incbg 20
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Nacional Fuente: Transparencia Mexicana, elaborado con datos del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, 2001-2010. * Esta serie de tiempo se presenta con fines informativos.
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año 2012 la institución más citada haya sido Transparencia Mexicana, sin que ninguno de los candidatos refutase los datos del estudio. El INCBG ha sido reproducido en varias naciones latinoamericanas: Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Perú, Paraguay y Nicaragua. Ello muestra su utilidad y carácter novedoso. Así, se han seguido utilizando los mismos reactivos durante más de una década; sólo se han eliminado tres por ser irrelevantes, y para dar consistencia histórica al estudio.
14 Transparencia Mexicana ha procurado, en la medida de sus posibilidades, convocar a encuentros nacionales con la asistencia de académicos, servidores públicos, así como con los responsables de gobernanza corporativa de diversas empresas, para compartir los resultados que arroja el Índice. El banco de datos del estudio, que ya constituye la serie histórica más larga en todo el continente, se encuentra alojado en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), con el fin de socializar la información generada.
b)
Programa de Integridad en Contrataciones Públicas Cabe recordar que lo que en México llamamos Pactos de Integridad son producto de una experiencia recogida durante una reunión de Transparencia Internacional en donde se habló de las “islas de integridad”. A partir del año 2000, Transparencia Mexicana ha venido impulsando la idea de que exista una observación ciudadana en distintas áreas de la administración pública. En este contexto y teniendo como base los pactos de integridad, se generó el mecanismo de control y vigilancia ciudadana llamado Testigo Social, el cual ha sido aplicado a lo largo de más de una década. En el año 2001 se modificó la ley para regular este tipo de observación. Con el paso del tiempo y conforme la figura del Testigo Social mostró su enorme utilidad, el gobierno mexicano llegó a la conclusión de que era importante incorporar la figura a la Ley Federal de Adquisiciones y Obra Pública, lo cual hizo en el 2004. A partir de entonces la figura se ha utilizado tanto a nivel federal como local. Transparencia Mexicana no es la única institución que implementa este mecanismo pero sí, por mucho, la más solicitada. Anualmente se declinan más del 80% de las invitaciones que recibe la Institución. A la fecha se calcula que la organización ha monitoreado alrededor de 51,500 millones de dólares de obra pública (véase numeralia de monitoreos de TM al final del documento).
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El objetivo del Testigo Social es garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso de adquisiciones públicas, así como fomentar que las licitaciones estén apegadas a la ley. De hecho, el Testigo Social trabaja entre los oferentes de bienes y servicios y las autoridades, para lograr claridad en los requerimientos de lo que se esté licitando. En ocasiones, cuando se trata de una gran obra pública, las reuniones entre el Testigo Social, los oferentes y las autoridades respecto a las aclaraciones de las pre-bases y bases del concurso pueden llevar meses de trabajo. Uno de los efectos laterales de estos ejercicios es lograr que la prensa esté bien informada de la evolución de estos procedimientos, lo cual disminuye sensiblemente los ataques, las maledicencias e incluso las imputaciones cruzadas de ilegalidad que tanto obscurecen estos procesos ante la opinión pública. Otro efecto no menor pero tampoco central del Testigo Social es incidir directamente en los precios de los bienes adquiridos al fomentar una sana competencia entre los oferentes. Esto ocurre, sobre todo, en el caso de ciertos productos estandarizados que se encuentran en un mercado abierto. Con frecuencia los ahorros que se han logrado mediante
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este mecanismo se miden en cientos de millones de dólares, lo cual trae un beneficio significativo al buen gobierno. La responsabilidad de esta figura, actualmente regulada por la ley, es enorme. De ahí la importancia de llevar a cabo una selección cuidadosa y rigurosa de las personas que cumplirán esta función. La ponderación pasa, es cierto, por la capacidad profesional, pero también por un análisis de la fama pública y de los potenciales conflictos de intereses de los testigos. Hay, así, un contenido objetivo en la invitación y un contenido totalmente subjetivo que es responsabilidad de la Institución.
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Una fórmula que inició Transparencia Mexicana al principio de estos ejercicios fue la de convocar a asesores técnicos de renombre que acompañaran a la Institución en los grandes concursos de seguros de la compañía nacional de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o en la desincorporación de un banco en manos del Estado. Los asesores de entrada ofrecen una trayectoria de probidad que los hace conocidos en el núcleo de referencia del que se trate pero, además, son personajes que tienen todo que perder y nada que ganar en términos de reputación. Son, por lo mismo, personajes blindados por su propia trayectoria (véase lista de asesores técnicos al final del documento).
Ed uc aci ó n El Consejo Rector de Transparencia Mexicana ha decidido que los programas de la Institución se centren en diversos sectores de gran importancia social. Si bien la licitación de una presa es significativa por el monto que se maneja, hay otras áreas como la educación en donde la Institución debe participar. Transparencia Mexicana hizo un cálculo referente al monto de las aportaciones “voluntarias” que los padres de familia realizan en las escuelas públicas. El monto aproximado era de 500 millones de dólares. Además del peso económico, en muchas ocasiones se trata de las aportaciones hechas por las familias de las zonas más marginadas, desde el punto de vista económico, y más pobres por su ingreso. Es por ello que Transparencia Mexicana, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, organizó las Jornadas de Transparencia y la Rendición de Cuentas en escuelas federales de nivel medio superior. Durante éstas, los directores de los planteles se presentan ante la comu-
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c)
Programas sectoriales en salud, educación, medio ambiente y otras áreas
nidad conformada por el grupo de profesores de la institución, los alumnos, los padres y las madres de familia. Frente a ellos, el director expone cuáles fueron las metas educativas planteadas el año anterior y el plan para el siguiente ciclo escolar. Adicionalmente, durante las jornadas los directores deben presentar un balance para explicar cómo y en qué se gastó el dinero aportado por los padres y las madres de familia.
17 Más de mil planteles han participado en dichas jornadas. Uno de los hallazgos del ejercicio es que un alto porcentaje de los directores de las escuelas no tenía nociones básicas de contabilidad, situación que repercutía en las finanzas de la escuela. Actualmente, este ejercicio se ha institucionalizado. Al día de hoy se calcula que alrededor de un millón de estudiantes han participado en las jornadas. Transparencia Mexicana tiene la esperanza de que esta lección institucional de rendición de cuentas repercuta en sus vidas.
Estanci a s infanti l es En junio de 2009 se incendió la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, provocando la muerte de 49 niños y niñas. El inmueble carecía de medidas de seguridad adecuadas y tampoco contaba con salidas de emergencia. La institución estaba subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución mexicana encargada de atender a los trabajadores de las empresas.
18 El IMSS acudió a Transparencia Mexicana en busca de apoyo ante una situación que conmocionó a la opinión pública del país. En respuesta y con el fin de que este tipo de eventos no vuelva a ocurrir, Transparencia Mexicana, con el entusiasmo de su director ejecutivo, diseñó un esquema de observación sistemática por parte de los padres y las madres de familia para este tipo de planteles. Así, se elaboró una guía de observación para que los padres y las madres de familia tuvieran un entrenamiento básico sobre qué elementos debe tener una guardería para garantizar la seguridad de los niños. Se comenzó con un programa piloto en una entidad pequeña y después se lanzó el gran programa nacional. Hubo que vencer
resistencias y reticencias tanto de directivos como de la propia sociedad; sin embargo, entre octubre de 2010, cuando inició el mecanismo, y septiembre de 2012, se han realizado 2,751 visitas con la participación de 16,068 padres y madres derechohabientes del Instituto, quienes donaron más de 31,170 horas de su tiempo para observar las medidas de seguridad integral. Tras la implementación del mecanismo, se verificó que 99% de las guarderías del país cumplió con por lo menos 90% de las condiciones de seguridad e higiene.
19 La propuesta de Transparencia Mexicana es extender este tipo de ejercicios a otras instituciones, como lo ha hecho el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encargado de la seguridad social de los trabajadores del Estado, a los sistemas educativos y de salud estatales. Por supuesto, también existe la posibilidad de elevar la cobertura y llevarla a las Unidades Médico Familiares, que son las primeras instancias a las cuales acuden las familias cuando tienen algún problema de salud. Ahí el reto sería distinto, en tanto que la capacidad de los derechohabientes de organizarse es menor que la de los padres de familia en las guarderías. Sin embargo, de nueva cuenta, se trataría de varios miles de unidades lo cual supone un esfuerzo consistente y ordenado. En todo caso, el principio que sigue Transparencia Mexicana es el de respetar e involucrar a su principal aliado: el ciudadano. En todos los ejercicios en que se ha acudido a la ciudadanía los resultados han sido altamente efectivos. Transparencia Mexicana donó la metodología para la observación de las guarderías a las instituciones involucradas. Institu ci o n al i da d en l a p o l í tic a s o ci a l
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En 2001, cuando aún no se promulgaba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Desarrollo Social planteó a Transparencia Mexicana contribuir al control público de los programas sociales promoviendo la participación ciudadana. Transparencia Mexicana trabajó con la cuantiosa información relativa a las reglas de operación de los programas sociales federales y publicó, junto con el Instituto Federal Electoral (IFE), un manual ciudadano para la observación y monitoreo de los programas sociales. Para 2008 la preocupación por contar con programas sociales institucionalizados había rebasado el ámbito federal; esta preocupación había alcanzado a las entidades federativas. La pregunta, aparentemente sencilla,
“¿cuántos programas sociales hay en México?”, se convirtió en un verdadero acertijo. Entre 2008 y 2011, Transparencia Mexicana sumó fuerzas con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con quien lanzó la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad en los Programas Sociales (IPRO).
En 2011 la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el PNUD y Transparencia Mexicana decidieron impulsar la creación de un Catálogo Nacional de Programas Sociales. Este catálogo, pionero en su tipo, permitirá a cualquier ciudadano conocer la oferta de política social de la federación, de los estados y del Distrito Federal. En su diseño, el Catálogo Nacional de Programas Sociales incluye las directrices de gobierno abierto consideradas por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). Transparencia y c a mbio c l imátic o Una de las prioridades globales más recientes es la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. El mundo está gastando cada vez más recursos para enfrentar sus efectos y facilitar una transición energética. Transparencia Internacional ha empezado a incluir estos problemas en su agenda. Esta es la primera vez en la historia en que una agenda estratégica global nace con una capacidad social de monitoreo y vigilancia de carácter técnico. Transparencia Mexicana colabora con otros seis países para monitorear los recursos privados y públicos que se están invirtiendo en el tema.
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De 2008 a la fecha, con la participación directa de los gobiernos estatales y el Distrito Federal, IPRO ha inventariado más de 1,770 programas sociales en el país. Los niveles de institucionalidad de los programas varían dependiendo de la secretaría federal que los administre, del gobierno estatal donde operan o del objetivo y su alcance. Una constante que indica baja institucionalidad en los programas ha sido la falta de mecanismos de participación ciudadana en aquéllos.
Es importante saber que los fondos privados de los mercados de carbono son considerados como parte de esta iniciativa. La razón es simple: si los recursos fiscales destinados a mitigar y adaptar los efectos del cambio climático son importantes, los mecanismos de mercado son varias veces mayores. Así pues, la vigilancia de los recursos públicos supuso transformar las habilidades de la sociedad civil; monitorear los recursos privados para fines públicos requiere una nueva transformación de la ciudadanía. Por ello, a la par del trabajo de monitoreo de mercados, Transparencia Mexicana ha lanzado la iniciativa “Ciudadanía y Mercado” que permitirá entender y explicar los nuevos rasgos del control democrático.
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Miembros del Consejo Rector / Consejeros Acti vos
22 Manuel Arango Arias
Emilio Carrillo Peñafiel
José Manuel Covarrubias Solís
Es un empresario y filántropo mexicano. Fundó y preside Grupo Concord S.A. de C.V. y Grupo Marina CostaBaja. Es fundador de Compartir Fundación Social, I.A.P., del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., del que es presidente honorario vitalicio, de la Fundación Xochitla, A.C., de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, A.C. y de Caracol de Plata, A.C. Forma parte de la junta directiva de Transparencia Mexicana, así como del consejo directivo de la Fundación para las Letras Mexicanas, A.C. Es también presidente honorario del Consejo Consultivo del Agua. En el ámbito internacional, es miembro del Consejo Consultivo de los Encuentros Iberoamericanos de la Sociedad Civil y miembro del Comité de Dirección del Foro Iberoamérica. Por la producción del documental “Centinelas del Silencio” obtuvo en 1971 dos premios Oscar por parte de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y Contador Público por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Obtuvo la maestría en administración de empresas en la escuela de negocios de Kellogg, de la Universidad Northwestern. Es socio del Bufete Carrillo Gamboa, S.C., despacho de abogados especializado en brindar apoyo legal transaccional a empresas interesadas en oportunidades de financiamiento, adquisición o asociación en México. Se ha especializado en brindar asesoría a empresas involucradas en sectores regulados, tales como el de la energía, las telecomunicaciones y el financiero, además del de los bienes raíces. Los proyectos en los que ha participado a lo largo de su carrera suman un monto que excede los ocho mil millones de dólares e involucran las áreas de acceso al mercado mexicano, privatizaciones, emisiones de valores, fusiones y adquisiciones, coinversiones y financiamientos estructurados. Participa en el consejo de administración de diversas sociedades ligadas a su práctica profesional. Fue asesor del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó sus estudios de maestría en ingeniería civil, en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es profesor titular de Carrera nivel “C” y profesor definitivo de asignatura en la misma universidad. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería desde 1953 hasta la fecha. A su vez, ha desempeñado múltiples cargos en la UNAM entre los que destacan haber sido Secretario General Administrativo, Representante de la Rectoría en la Comisión Organizadora del Congreso Universitario, Director de la Facultad de Ingeniería y Tesorero, entre otras actividades. Es autor de diversas publicaciones entre las que se encuentra: Apuntes para Mecánica de Materiales parte de Torsión, así como de artículos sobre ingeniería y autor de diversos capítulos en múltiples libros. Su práctica profesional la realizó en Ingenieros Civiles Asociados, S.A., en Industria del Hierro, S.A., en Jeffrey Manufacturera Mexicana, S.A. y en Constructora SIA, S.A. Es miembro emérito del Colegio de Ingenieros Civiles de México, miembro de la Asociación Mexicano-Francesa de Ingenieros Civiles, miembro fundador de Fundación UNAM y miembro fundador de la Academia de Música del Palacio de Minería.
23 Sergio García Ramírez
David Antonio Ibarra Muñoz
Sergio López Ayllón
Obtuvo la licenciatura en derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM y el doctorado en derecho en la misma Facultad. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigador Nacional Emérito, en el Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de más de cincuenta libros y numerosos artículos de revista publicados en México y en el extranjero. Pertenece a diversas corporaciones académicas y profesionales, entre ellas la Academia Mexicana de Ciencias Penales (de la que es Presidente), la Academia Mexicana de Legislación y Jurisprudencia, el Instituto Mexicano de Derecho Procesal, entre otras. Es miembro de la Sociedad Internacional de Defensa Social (vicepresidente), de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria. Es Doctor Honoris Causa por varias universidades mexicanas y extranjeras. Fue Subdirector General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, así como Procurador General de Justicia del DF, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Procurador General de la República. Entre 1992 y 1995 fue Presidente (fundador) del Tribunal Superior Agrario. Ha sido Juez y Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Consejero Electoral en el Instituto Federal Electoral.
Es Contador Público y licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Stanford. Recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2010. Ha sido consultor de la CEPAL Naciones Unidas en diversos periodos. Fungió como asesor del Director General de Pemex, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, como Director General del Banco Nacional de México, como Secretario de Hacienda y Crédito Público, como Director General de Nacional Financiera S. A., como Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Oficina en México. Ofrece un ciclo anual de conferencias en la Facultad de Economía de la UNAM, donde ejerció la docencia de 1955 a 1970; y de 1963 a 1968 en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES). Hoy preside el consejo editorial de la Revista Economía UNAM. En la facultad de Economía de la UNAM ha publicado varios libros como: La Tributación en México y Paradigmas monetarios en México, entre otros.
Es doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en sociología del derecho y relaciones sociales en la Universidad de Paris II. Es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) donde actualmente se desempeña como Director General. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de varios libros y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros tanto en México como en el extranjero en materia de derecho a la información y transparencia, regulación y sociología del derecho. Ha impartido diplomados y cursos de posgrado en las más importantes instituciones académicas de educación superior del país y ha participado en numerosos seminarios y coloquios nacionales e internacionales. En la Administración Pública Federal ha desempeñado varios cargos, además ha sido consultor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la H. Cámara de Diputados, la H. Cámara de Senadores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otras instituciones.
Miembros del Consejo Rector / Consejeros Acti vos
24 María del Carmen Pardo López
Olga Pellicer Silva
Felipe Pérez Cervantes
Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de París II. Obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III), miembro del Consejo Consultivo para la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, del Comité Editorial de la revista Gestión y Política Pública del CIDE y del Comité Editorial de Economía, Administración y Finanzas del Fondo de Cultura Económica. A su vez se ha desempeñado como representante del gobierno en calidad de miembro independiente en la Comisión de Inconformidades del INFONAVIT, como Directora del Centro de Estudios Internacionales y como consultora para organismos internacionales como Naciones Unidas y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Es autora de varios libros y ha publicado numerosos artículos y capítulos en libros. Entre sus libros más recientes se encuentran: Administración Pública Mexicana del Siglo XX y La modernización administrativa en México: 1940-2006.
Es maestra en Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de París y su licenciatura en Relaciones Internacionales la realizó en la UNAM. A lo largo de su carrera docente se ha desempeñado como Coordinadora General del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la SRE, como Directora del Departamento de Economía y Política Internacional del CIDE y como profesorainvestigadora en El Colegio de México. Actualmente es profesorainvestigadora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. En su carrera diplomática ha fungido como Embajadora en Austria y Representante Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, como Embajadora alterna ante las Naciones Unidas en Nueva York y como Embajadora en Grecia. A su vez, fue Directora General del Sistema de Naciones Unidas en la SRE. Presidenta de la Comisión de la ONU para la Mujer, Presidenta del Grupo de Trabajo para la preparación de la IV Conferencia mundial sobre la mujer celebrada en Beijing. Es, o ha sido miembro del Consejo mexicano de Asuntos Internacionales, del Consejo Académico para las Naciones Unidas y de la Academia Mexicana de Ciencias.
Actualmente es el Presidente del Consejo Emisor y del Centro de Investigación y Desarrollo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF), institución independiente encargada de emitir la normatividad contable en México, organismo que preside desde enero de 2005. Es miembro del Directorio del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera (GLENIF). Es a su vez miembro del Emerging Economies Group (EEG) del IASB, además de participante activo en el International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS). Fue Socio de PricewaterhouseCoopers, S.C. donde trabajó durante 40 años. Ha sido profesor de Auditoría, Auditoría Operacional e impartió el Seminario de Problemas Profesionales. Fue Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y de la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Es conferencista sobre temas contables y financieros en varios lugares del país y del extranjero.
25 Jacqueline Peschard Mariscal
Ricardo Pozas Horcasitas
Jacqueline Peschard es doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, puesto que ocupó a su vez de 1979 a 1991 y que retomó en el 2003. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1988 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde 1994. La doctora Peschard es a su vez miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana desde 2008. En el año 2005 fue investigador visitante del Centro Woodrow Wilson de Washington DC. En El Colegio de México fue profesora e investigadora durante los años de 1991 a 1998. Fue consejera electoral del Consejo General del IFE durante los años 1996-2003. Fungió como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información del 2007 al 2014 y como presidenta del mismo durante el periodo del 2009 al 2013. En febrero del 2014 se integró al Consejo Rector de Transparencia Mexicana.
Doctor en Estudios Latinoamericanos-UNAM, doctor en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente, se desempeña como Investigador Titular “C” de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fue director de dicho Instituto durante el periodo de 1989-1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel III y nivel D del PRIDEUNAM. Ha publicado 43 artículos en revistas académicas arbitradas de circulación internacional, es autor de 6 libros, 37 capítulos de libros, 23 artículos de difusión y editor de 3 libros. Fue miembro de la representación de América Latina ante el Consejo de Ciencias Sociales de la UNESCO y Consultor del mismo Organismo Internacional; Miembro del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2013. Secretario del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias de 1995-1999. Entre 1994 y 1996 fue Consejero Ciudadano del Consejo General del Instituto Federal Electoral, miembro del Comité Técnico de Naciones Unidas (PNUD) para la Evaluación de la Observación Electoral en las elecciones en México de 1997, 2000 y 2009, entre otras muchas actividades.
Federico Reyes Heroles González Garza Es un reconocido escritor y comentarista político. Tiene más de 12 títulos publicados, entre los que se encuentran ensayos de filosofía política como Entre las bestias y los dioses y Alterados. Ha publicado además cinco novelas entre las que están: Noche Tibia, Canon, está última llevada a la pantalla en el 2014, y El Abecedario, su más reciente publicación. Ha sido comentarista político semanal en artículos de fondo por más de treinta años en distintas publicaciones. Actualmente publica en el periódico Excélsior. Es fundador de la revista de circulación nacional ESTE PAÍS con más de 20 años de vida y presidente actual de la Fundación que lleva el mismo nombre dedicada a la investigación social. En su carrera profesional destaca haber sido miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y miembro del Patronato Universitario de la UNAM. También es fundador y presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana organización creada en 1993 para combatir la corrupción y fomentar el buen gobierno. Preside el Patronato de la Fundación Tagle, avocada a la atención de adultos mayores y recientemente se incorporó a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría.
Miembros del Consejo Rector / Consejeros Acti vos
26 Luis Rubio Freidberg
José Sarukhán Kermez
Ulises Schmill Ordoñez
Luis Rubio es Presidente de CIDAC (Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política. En 1985 recibió el premio APRA al mejor libro, en 1993 el Premio Dag Hammarskjöld y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo en Artículo de Fondo. Es un prolífico comentarista sobre temas internacionales y de economía y política, escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. Es miembro del consejo de dos familias de hedge funds, de Empresas ICA y de la Afore Banamex y es parte del Consejo de Asesores Globales Mars. Fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y es miembro de la Comisión Trilateral. Es autor y editor de cuarenta y seis libros, entre los cuales se encuentran: Ganarle a la mediocridad, Concentrémonos en crecer y Clasemediero. Antes de presidir el CIDAC fue director de planeación de Citibank, en los años setenta, y asesor del Secretario de Hacienda. Tiene Especialización en Administración Financiera, un MMBA y su maestría y doctorado en ciencia política son de Brandeis University.
Obtuvo la licenciatura en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la maestría en Botánica Agrícola en el Colegio de Posgraduados y se doctoró en Ecología en la Universidad de Gales. Fue electo Rector de la UNAM en diciembre de 1988 para el período 1989-1992 y reelecto en este cargo para el período 19931996. Es investigador titular “C” en el Instituto de Ecología desde 1988, e Investigador Emérito del mismo desde 2005, entre otras actividades que ha desempeñado en esta universidad. En 1992 ocupó, por designación Presidencial, el cargo de Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), responsabilidad que desempeña hasta la fecha. Ha publicado más de 180 trabajos de investigación y varios libros, entre ellos: Árboles Tropicales de México, Las Musas de Darwin, Perspectives on plant population Ecology, México ante los retos de la Biodiversidad, Conservating Biodiversity. Recientemente publicó El Cambio Climático causas, efectos y soluciones. Es miembro de la junta directiva de numerosas organizaciones internacionales. Ha recibido numerosos premios y distinciones así como diversos doctorados honorarios de varias universidades.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el doctorado en Derecho en la UNAM, donde, terminó los estudios y no obtuvo el grado. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue subdirector Técnico de la Dirección del Impuesto Sobre la Renta. En la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñó los siguientes cargos: Embajador de México en la República Federal de Austria, embajador de México en la República Federal de Alemania, representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Es socio Fundador del Bufete Schmill del Valle, S.C. y Presidente del Consejo General del Centro de Arbitraje de México. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Ministro Presidente de la Cuarta Sala, Ministro Presidente y Presidente de la Comisión de Gobierno y Administración. Actualmente es profesor investigador del ITAM. Es profesor Titular en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor en el Instituto Mexicano de Estudios Fiscales, A.C. Entre sus libros publicados se destacan: Teoría del derecho y del estado y Reconstrucción Pragmática de la Teoría del Derecho.
27 Bernardo Sepúlveda Amor
Alberto Tiburcio Celorio
Es licenciado en Derecho por la UNAM y tiene Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge. Ha recibido doctorados honorarios por parte de diversas universidades. En el campo académico, ha sido profesor de El Colegio de México, de la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador y Miembro Fundador del Centro de Estudios sobre Estados Unidos del CIDE. Autor de numerosos ensayos, artículos y varios libros. En la Administración Pública ha desempeñado, entre muchos otros, los siguientes cargos: Asesor del Secretario y Director General de Asuntos Hacendarios Internacionales, Asesor del Secretario de Programación y Presupuesto y Secretario de Relaciones Exteriores. Ha representado al gobierno de México en múltiples foros internacionales y ha sido miembro de diversas delegaciones mexicanas en las conferencias de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Fue embajador de México ante el gobierno de Estados Unidos de América y ante el gobierno del Reino Unido. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones. Actualmente es Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia de la cual es miembro desde el 2006.
Contador Público por la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Trabajó en Ernst & Young, México (Mancera, S.C.) de 1969 a 2013, año en que se jubiló de la firma; fue nombrado Presidente y Director General de esta firma, el 1º de enero de 2001, posición que ocupó hasta su jubilación. Antes de este nombramiento, su práctica profesional la desarrolló en el área de Auditoría, en la que además de atender directamente a clientes, fue Comisario y participó en los Consejos de Administración de empresas distinguidas. También ocupó los cargos de Director de Contabilidad y Auditoría y Director de la Práctica Internacional de la Firma. Fue Integrante del Comité Directivo de América de Ernst & Young y del Comité Consultivo Global, así como Presidente del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. En 1994 y 1995 fue Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.; también ocupó el cargo de Vicepresidente de Legislación y presidió la Comisión de Principios de Contabilidad del propio Instituto. En 2003 fue distinguido con el Premio a la Excelencia Profesional otorgado por el ITAM. Actualmente el Sr. Tiburcio está dedicado a la consultoría independiente.
Eduardo Bohórquez López Director Ejecutivo Eduardo Bohórquez es Director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública. Cuenta con estudios de maestría en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Eduardo ha invertido buena parte de su vida profesional en el tema de transparencia y rendición de cuentas, que a su juicio, es el gran obstáculo al desarrollo de América Latina. Eduardo ha impulsado la Alianza para el Gobierno Abierto en México, así como la creación del primer Catálogo Nacional de Programas Sociales. Asimismo, ha sido responsable de coordinar el monitoreo de más de 150 contrataciones públicas, entre las que destacan proyectos de infraestructura carretera, telecomunicaciones y energía. De 2009 a 2011, fungió como miembro del Consejo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Hoy dedica sus esfuerzos a promover la participación social en el monitoreo de trámites y servicios públicos.
Numeralia del monitoreo de contrataciones 2001-2012
29
C uadro 1
Cu ad ro 3
Monitoreos de adjudicación de contratos realizados por TM
Número de procedimientos por sector, de acuerdo a la clasificación emitida por el INEGI
Año
Número de monitoreos
2001
6
2002
13
2003
14
2004
12
2005
11
2006
6
2007
7
2008
18
2009
25
2010
26
2011 2012
Número de Sector procedimientos 7
Servicios financieros y seguros
4
Corporativos
7
Generación, transmisión y distribución de energía, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
18
Servicios profesionales, científicos y técnicos
10
Construcción
5
Transportes correos y almacenamiento
21
13
Información en medios masivos
7
2
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
7
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación
12
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales
T OTAL 156
C uadro 2
Monitoreo de contrataciones respecto de planes y programas de gobierno Número de monitoreos
Plan o programa
14
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006
30
Comercio al por mayor
4
Plan Nacional de Infraestructura 2000-2006
21
Servicios de salud y asistencia social
2
Programa Nacional “Hacia un País de Lectores” (2002)
2
Programa Nacional de Educación 2001-2006
10
Programa Nacional de Infraestructura 2007- 2012
42
Programa Nacional de Salud 2007-2012
3
Estrategia Nacional de Infraestructura
6
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
2
Programa Nacional de Cultura 2007-2012
Montos monitoreados • 565,630,404,653.74 en pesos corrientes correspondiente a lo adjudicado en los procedimientos que TM ha monitoreado. • 51,524,760,310 en dólares corrientes correspondiente a lo adjudicado en los procedimientos que TM ha monitoreado.
Asesores técnicos (por especialidad)
30 Administración Alfredo Torres Cisneros Antropología Social Rosa María Rubalcava Arquitectura Agustín Hernández Hernández Diego Praxedis Cordera Mora Francisco Pérez de Salazar Verea Telmo Azorín Bernárdez Archivonomía Daniel Martínez Bonilla Ciencias Políticas Arcelia Martínez Bordón María Carina Navarro Amieva María de Lourdes Melgar Palacios Contabilidad Mario Espinola Pinelo Roberto Álvarez Argüelles Derecho Luz del Carmen Carrillo Careaga Silvia Eugenia Rocha Torres
Economía Judith Mariscal Avilés Rocío Santoyo Vistraín Samuel Sheinbaum Yoselevit Ingeniería Biomédica María Elena Algorri Guzmán Ingeniería civil Edgar Gerardo Mendoza Baldwin Juan Antonio Mere Alcocer Juan Casillas García de León José Manuel Covarrubias Solís Juan Valdez Juárez Maximiliano García Chabert Salvador Díaz Díaz Ingeniería Eléctrica Ante Salcedo González Federico Kuhlmann Rodríguez Salvador Landeros Ayala Ingeniería Electrónica Alfredo Piero Mateos Papis Fernando Ramírez Mireles José Antonio Thomsen Zenteno Uciel Fragoso Rodríguez Ingeniería en Comunicaciones Eugenio Jorge Gamboa Hirales Jorge Luis Carrasco Marín
Ingeniería en Computación Laura Jácome Madariaga Ingeniería en Sistemas Heriberto Olguín Romo Ingeniería en Telecomunicaciones Arturo Robles Rovalo Laura Silvia Espino Fajardo Ingeniería Industrial y Ambiental Fernando Ortíz Monasterio Prieto Ingeniería Química Benito Bucay Faradji Matemáticas Analía Babinsky Epstein Medicina Guillermo Martínez Salazar Química Adriana Santiago Echauri Sociología Ricardo Pozas Horcasitas
Equipo ejecutivo
Ex Consejeros del Consejo Rector
Eduardo Bohórquez
Sergio Aguayo Quezada José Ramón Cossío Díaz Cecilia Loria Saviñón (†) Gastón Luken Humberto Murrieta Necoechea (†)
Mariluz Arranz Bruno Brandao Araceli Cordero Carla Crespo Nora Etxaniz Rafael García Monserrat Hernández Ana Catalina Mayoral Vania Montalvo Paola Palacios Gabriela Ramírez Alejandra Rascón Gerardo Sarabia Vanessa Silveyra Irene Tello
(Director ejecutivo)
31
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