Reflexiones sobre el Control Social en la construcción de paz en Colombia by Transparencia por Colombia

Comisi贸n Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupci贸n

Reflexiones sobre el Control Social en la Construcción de Paz en Colombia

© Corporación Transparencia por Colombia, Comisión Nacional Ciudadana de Lucha Contra la Corrupción Diciembre de 2014. Elaborado por Estefanía Sáenz y editado por Andrés Hernández. Montaje: Azoma Criterio Editorial Ltda. Este documento ha sido realizado con la ayuda de la Comunidad Europea y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción y Transparencia por Colombia y en modo alguno debe considerarse que no refleja la posición de las entidades que proporcionaron apoyo para su realización.

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción

Introducción Durante varios años la Corporación Transparencia por Colombia, organización sin ánimo de lucro creada en 1998 cuya misión es liderar desde la sociedad civil la lucha integral contra la corrupción y por la transparencia, en lo público y en lo privado, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las instituciones y consolidar nuestra democracia, ha realizado esfuerzos de promoción y acompañamiento de iniciativas de control ciudadano en el país. Teniendo en cuenta el inicio de los diálogos de paz en noviembre 2012 y los avances logrados hasta el momento en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, desde Transparencia por Colombia y otras entidades aliadas de la sociedad civil y sector público se ha considerado relevante elaborar algunas reflexiones con el fin de impulsar un diálogo que involucre a distintos actores y sectores sobre el rol que el control social puede desarrollar en el proceso de construcción de paz en el país. Con ese propósito, el presente documento de trabajo presenta una revisión general sobre los puntos de negociación en la Habana en materia de participación política, con el fin de ubicar el control social como mecanismo de participación directa que aporte a la materialización de los acuerdos de paz. Igualmente, el documento identifica diversos retos que deben enfrentarse para lograr el desarrollo efectivo del control social como herramienta que potencia la realización de los derechos humanos y la participación política de diversos sectores en el país. Para esto, Transparencia por Colombia recogió información de diversas organizaciones de la sociedad civil con presencia a nivel territorial que han sido aliadas de la Corporación en procesos de control social en diversos ámbitos y temáticas, así como reflexiones derivadas de la experiencia de algunos expertos sobre control social como Nuria Cunill Grau, y de algunos análisis realizados sobre procesos de acompañamiento que ha realizado la Corporación a grupos ciudadanos de base en el seguimiento a proyectos y programas a nivel local. Este documento es además un insumo para la elaboración de análisis y recomendaciones que serán incluidas en el cuarto informe de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha Contra la Corrupción1, teniendo en cuenta que en distintos informes y pronunciamientos de esta instancia ciudadana se ha identificado la importancia de promover de manera efectiva y la participación y el seguimiento ciudadano a los asuntos públicos a nivel nacional y territorial, así como la necesidad de fortalecer los esfuerzos de lucha contra la corrupción en el marco del proceso de construcción de paz en el país.

Instancia creada por la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción con el propósito fundamental de contribuir desde la sociedad civil colombiana a hacer seguimiento a las políticas, programas y acciones formuladas e implementadas por el Estado y el Gobierno Nacional para la prevención, control y sanción de la corrupción.

Reflexiones sobre el Control Social en la Construcción de Paz en Colombia

1. Contexto general sobre los diálogos de paz Desde noviembre del 2012 el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) acordaron la instalación pública de una mesa de conversaciones encargada de desarrollar un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En este marco se han adelantado diálogos alrededor de seis puntos que constituyen la agenda de las conversaciones, cinco de ellos se refieren a temas específicos tales como el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, las drogas ilícitas y las víctimas del conflicto armado, el sexto punto, por su parte, se refiere al proceso de la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos generados en cada momento de la negociación. Este proceso de diálogo reviste una gran importancia para el país y representa una valiosa oportunidad para avanzar hacia el fin del conflicto armado a través de la negociación y el diálogo estructurado. En septiembre de 2014 se hicieron públicos los acuerdos generados sobre los tres primeros puntos de la agenda: desarrollo agrario, participación política y drogas ilícitas. Uno de los principios que ha orientado los diálogos en la Habana ha sido considerar que “la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto, que requiere de la participación de todos, sin distinción”2, por lo cual se ha identificado la necesidad fundamental de “ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas para la paz”3. En particular, del acuerdo en materia participación política se desprenden una serie de disposiciones que son transversales a los demás puntos de la agenda, que se erigen como garantías indispensables para la construcción de la paz, y posibilitan el seguimiento a la implementación de los demás acuerdos generados en la mesa de negociación. La esencia de este acuerdo radica en reivindicar la democracia como forma de gobierno, que a través de un proceso de revisión y robustecimiento de varios de sus procesos, permitirá “fortalecer el pluralismo y la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad”4, lo cual será garantía para que “las organizaciones alzadas en armas se transformen en partidos o movimientos políticos, que participen activamente en la conformación, ejercicio y control del poder político, para que sus propuestas y proyectos puedan convertirse en alternativa de poder”5. Será entonces en el campo de la política donde se tramitarán las demandas de diversos sectores sociales, a través de las reglas, la legalidad y la legitimidad que ofrece la democracia. Lo anterior representa un avance en la forma como se concibe la negociación con grupos armados en el país y llama la atención acerca de la posibilidad de romper el vínculo creado históricamente entre violencia y política, a partir de la apertura del estatus quo y la creación de garantías para el ejercicio de la oposición. En este contexto, “nadie recurrirá a las armas para promover sus ideas políticas, y a su vez nadie que promueva sus ideas políticas será víctima de la violencia”6.

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Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. La Habana, Agosto de 2012, Pág. 1. Ibíd. Borrador conjunto sobre Participación política: Apertura democrática para construir la paz. Pág. 1 Ibíd., Pág. 2 Ibíd.

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Desde diversos sectores de la sociedad se ha venido generando una demanda por contar con mecanismos que permitan conocer de una mejor manera el desarrollo del proceso de negociación, sin que una mayor divulgación ponga en riesgo las reglas del diálogo y los avances obtenidos hasta el momento. Este aspecto resulta de gran importancia teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentran las conversaciones, los esfuerzos y expectativas que han circulado en su desarrollo, y los diversos obstáculos que se han sorteado en su devenir. Dichos mecanismos deberán ser sostenidos en el tiempo teniendo en cuenta que pueden contribuir a abonar la confianza, sumar mayor credibilidad al proceso de firma de acuerdos y generar mayores elementos de juicio para la refrendación ciudadana de los mismos. Lo anterior cobra relevancia teniendo en cuenta que “la ciudadanía se ha mantenido muy al margen del proceso, aún prevalece un grado de desinformación muy alto que se presta para que las personas tengan preocupación o incertidumbre sobre, por ejemplo, lo que pasará con las tierras, si existirá una redistribución o una pérdida de propiedades y la forma como esto se llevará a cabo, principalmente en un contexto de alta concentración territorial”7. En este sentido será útil incrementar los esfuerzos de difusión de información sobre el proceso (justificación, principios, características, participantes, principales resultados y su trascendencia en el contexto nacional) a través del uso de campañas que sean paralelas a la realización de los diálogos, y se valgan de mecanismos efectivos con fuerte presencia territorial y regional.

2. Sobre el Acuerdo en participación política Los tres componentes que estructuran el acuerdo sobre participación política son, en primer lugar, los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política para los nuevos movimientos, en segundo lugar, los mecanismos democráticos de participación ciudadana en diferentes niveles y temas, y, en tercer lugar, las medidas para promover una mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores8. Sobre el primer componente se han generado acuerdos para el reconocimiento de la oposición política que se ejercerá a través de nuevos partidos, movimientos y organizaciones de la sociedad civil, se presentan desarrollos en el ajuste institucional y la creación de garantías normativas y de seguridad para el ejercicio de la oposición política. Sobre el segundo componente del acuerdo, se definió una línea de reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales para potenciar su participación e interlocución con las autoridades, que redundará en la creación de un proyecto de ley para la promoción efectiva de la participación ciudadana bajo elementos como: el derecho a la información, apoyo legal y técnico a las organizaciones y movimientos, fortalecimiento de los mecanismos de financiación de las iniciativas, creación de redes de organizaciones que garanticen su capacidad de interlocución con el poder público, y metodologías que orienten la incidencia de las instancias de participación. En este componente, se define además, la importancia de afianzar el control y la veeduría ciudadana, como herramienta para construir la paz y avanzar en la democratización y la transparencia de la administración pública, se esbozan elementos para fortalecer la planeación democrática y participativa, como garantía para la incidencia de la ciudadanía en las decisiones administrativas.

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Entrevista a Pilar Plaza del Programa para el desarrollo y paz para Córdoba y Urabá. Noviembre 18 de 2014. Borrador conjunto sobre Participación política: Apertura democrática para construir la paz.

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En relación al tercer componente del acuerdo, relacionado con la promoción de la participación electoral se hace referencia al desarrollo de una cultura de transparencia en los procesos electorales para la financiación de campañas políticas y para la asignación de la pauta oficial de publicidad. En este componente se da un desarrollo acerca de la promoción de la representación política de las poblaciones y zonas afectadas por el conflicto y por el abandono, a través de la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las cuales se elegirán representantes al congreso de la república específicamente a la cámara de representantes. Es importante prestar atención al segundo componente del acuerdo, relacionado con las consideraciones acerca del control, veeduría y participación ciudadana. Resulta positiva la articulación que genera el acuerdo entre la representación política, a través de nuevos partidos, y el involucramiento de la ciudadanía en diversos espacios de participación para el seguimiento a la gestión pública y la concertación con las autoridades locales. Estas dos aristas de la participación se complementan, y permiten vislumbrar un panorama amplio para la realización de los derechos políticos de diversos actores, condición necesaria para la construcción de paz en al país. De igual forma, resulta pertinente el esfuerzo que propone el acuerdo para desarrollar estrategias, planes y programas específicos de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y a las instancias de participación ciudadana, con el propósito de incrementar sus capacidades para incidir en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta lo anterior, el acuerdo presenta una oportunidad valiosa para dinamizar e impulsar los procesos de participación como condición necesaria para canalizar las demandas ciudadanas y así contribuir en la construcción de paz en los territorios. Resulta importante recordar el papel que juega el control ciudadano en este camino. El control ciudadano o el control social, entendido como una herramienta de participación, permite a las personas y a las organizaciones de la sociedad civil influir en los asuntos del Estado, a partir de acciones en defensa de intereses o bienes públicos9. En un sistema democrático el control social es “el motor que da sentido a los procesos de transparencia y de rendición de cuentas, permite la configuración de una ciudadanía activa que recibe información y cuestiona las acciones del poder”10. En este escenario la ciudadanía se posiciona frente a los gobernantes como un actor con capacidad para decidir, en permanente construcción de lazos de solidaridad con respecto a los grupos sociales en que está inmerso, y en una búsqueda permanente de condiciones de igualdad. Desde la perspectiva de Nuria Cunill, el control social juega un papel preponderante en la construcción de lo público, en la definición de aquello que nos pertenece y que está al servicio de todas y todos, por lo cual “la existencia y defensa de lo público implica una responsabilidad compartida, un nosotros, un espacio común”11.

3. El control social: contexto actual y desafíos En Colombia, el control social se ha desarrollado durante muchos años y en ámbitos muy diversos dentro de los cuales se encuentran ejercicios de seguimiento a la implementación de normatividad, políticas y programas a nivel nacional y territorial, a la ejecución de proyectos de inversión local en diversos ámbitos y temáticas, al desempeño a corporaciones públicas como los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales, entre otros aspectos. Resulta de gran importancia detenerse a revisar algunas condiciones que han dificultado el curso de 9 Presentación sobre Ciudadanos al Cuidado de lo Público. Transparencia por Colombia, agosto de 2014 10 Nuria Cunill Grau. Conferencia internacional sobre control social, organizada por la Veeduría Distrital en el

marco del tercer premio distrital de control social. Bogotá, 21 de noviembre.

11 Ibíd.

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estos ejercicios en años recientes, y que limitan las posibilidades de incidencia e interlocución efectiva entre la ciudadanía y las autoridades públicas. Estas condiciones pueden agruparse de manera general bajo dos tipologías: la primera de ellas se refiere a las respuestas que genera la institucionalidad pública a los ejercicios de control social, y el segundo grupo se refiere a las dinámicas propias del ejercicio del control ciudadano. Dentro del primer grupo encontramos barreras para el acceso a la información pública -insumo fundamental para el control ciudadano- que se traducen en largos tiempos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos y en la circulación de información con contenidos y formatos que dificultan su compresión. También se encuentran obstáculos para abordar a las autoridades locales, reflejados en altos niveles de prevención, resistencia y desconfianza para el diálogo con la ciudadanía, y debilidades en los procesos de petición y rendición de cuentas como espacios para la interacción con la sociedad civil. En el segundo grupo, encontramos bajos niveles de articulación y comunicación entre los procesos de control ciudadano lo cual conlleva un alta dispersión y una reducida apuesta estratégica de incidencia, dificultades para su sostenimiento en el tiempo, débil articulación con órganos estatales de control, altas demandas de acompañamiento técnico y financiero para su desarrollo, y cuestionamientos a su legitimidad e independencia. A pesar de estas dificultades, es posible identificar casos exitosos de control ciudadano que han logrado reorientar las acciones de las autoridades locales de acuerdo a las demandas ciudadanas, lo cual les ha permitido contribuir a la transformación de las condiciones de vida de grupos poblacionales en el marco de un diálogo argumentado y propositivo con la institucionalidad pública. En dichas experiencias se identifican niveles de cohesión y confianza significativos al interior de las organizaciones sociales que ejercen control social, conocimientos sobre la institucionalidad pública y la toma de decisiones en el ámbito estatal, movilización permanente y reconocimiento al interior de los territorios donde se ejerce el control social, y capacidades para la gestión de recursos técnicos y financieros para el desarrollo de los ejercicios. La combinación de estos elementos ha contribuido al éxito de los procesos ciudadanos y abonan la re significación de la participación ciudadana como mecanismo democrático para la incidencia ante las autoridades y el trámite legítimo de reivindicaciones de los grupos sociales. Mirando hacia el contexto de construcción de paz, es necesario llamar la atención sobre el esfuerzo sostenido que debe hacerse para modificar las condiciones que actualmente prevalecen en el desarrollo de ejercicios de control social y veeduría ciudadana, con el fin de potenciar sus niveles de éxito. Esto cobra mayor importancia en la zonas más afectadas por las dinámicas del conflicto armado en las cuales “los niveles de organización de las comunidades son muy bajos, la voluntad política y la apertura de las administraciones locales es reducida y, por extensión, son pocas las experiencias de control social efectivo”12. Al mismo tiempo cabe mencionar los contrastes que encierran estos territorios, pues en algunas zonas “al norte del país, por ejemplo, en la región del Catatumbo, la representación de la sociedad civil se encuentra en manos de muy pocos grupos, el Estado ha negociado con ellos los temas de desarrollo rural, participación ciudadana y productividad, así se han posicionado como únicos interlocutores, a través de los cuales se debe validar cualquier acción o iniciativa ciudadana”13. En este sentido resulta de gran importancia, además, otorgar posibilidades para la emergencia y la interlocución con diversos actores en el espectro político. Como lo recuerda Nuria Cunnil, “uno de los retos actuales del control social consiste en asimilar la diversidad y el pluralismo, no se puede asumir que existe un único público, por el contrario hay diversidad de actores cuya diferencia radica en sus intereses y sus demandas. Debemos hablar de públicos, teniendo presente 12 Entrevista a Pilar Plaza del Programa para el desarrollo y paz para Córdoba y Urabá. Noviembre 18 de 2014. 13 Entrevista a Lewis Delgado. Profesional de Norte de Santander vinculado al Programa Transparencia para

la Paz y el Desarrollo. Noviembre 14 de 2014.

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que no todos cuentan con los mismos recursos políticos para defender sus derechos, hay públicos más frágiles que otros, existen algunos grupos a quienes les cuesta más organizarse, otros grupos surgen y responden a las situaciones de crisis”14. De esta forma los esfuerzos que deben realizarse para contribuir en el fortalecimiento de los procesos de control ciudadano deberán enfocarse en las dos dimensiones en las cuales presenta sus mayores debilidades. En términos de la respuesta institucional, se debe identificar la importancia de asignar recursos económicos, humanos e institucionales que garanticen el compromiso de las entidades territoriales y el Gobierno Nacional en el desarrollo de ejercicios efectivos de control social. En esta dirección es necesario definir metas y resultados concretos que permitan evidenciar el avance en el fortalecimiento de estos procesos. En relación a la gestión de la información solicitada por la ciudadanía en el desarrollo de los procesos de seguimiento, esta debe responder a las necesidades específicas de los ejercicios y de los grupos solicitantes, deben revisarse los contenidos, los formatos y la presentación en la cual se responde a los requerimientos de la ciudadanía. A este reto deberá aportar el proceso de implementación a nivel nacional y territorial de la Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional. Es de gran importancia además, generar acciones que sensibilicen a los funcionarios públicos sobre la importancia de mantener diálogos con la ciudadanía y responder a sus requerimientos. Esto abonará a la posibilidad de mantener en el tiempo la voluntad y el compromiso de la institucionalidad para incorporar en su gestión la concertación con la sociedad civil, como elemento que permite orientar sus intervenciones en los territorios. Con estos elementos “la ciudadanía organizada puede valorar los beneficios del control social, motivándose aún más para desarrollar acciones de seguimiento, pues se tiene la certeza que la administración pública está escuchando a la ciudadanía y está prestando atención a sus recomendaciones”15 Así mismo, es de gran importancia generar un fortalecimiento uniforme de la institucionalidad en las entidades territoriales, especialmente en aquellas zonas con mayor presencia de actores armados y de las dinámicas de conflicto, orientado a incrementar las capacidades para interactuar con la ciudadanía, ofrecer información útil, comprensible, completa y oportuna, y canalizar las demandas sociales, entiendo en cuenta que “en el proceso de posconflicto se necesitan unas instituciones fuertes que hagan presencia en el territorio y que tengan la posibilidad de recoger las recomendaciones de la ciudadanía y transformarlas en acciones concretas”16. A través de ello será posible, además, avanzar en la restauración de la credibilidad y confianza a las instituciones y corporaciones públicas. Existe una demanda generalizada por parte de las regiones por tomar el liderazgo y contar con mayor protagonismo en la validación e implementación de los diversos programas que se implementarán en la construcción de paz. El posconflicto debe construirse desde las regiones, lo cual implica que se les debe permitir a quienes han estado afectados por el conflicto una participación plena para comentar, desarrollar y proponer las medidas más apropiadas para implementar los acuerdos en los territorios17. Dentro de la dimensión sobre la respuesta institucional al control social, también es importante agudizar el conocimiento sobre las organizaciones sociales y grupos ciudadanos que han venido 14 Nuria Cunill Grau. Conferencia internacional sobre control social, organizada por la Veeduría Distrital en el

marco del tercer premio distrital de control social. Bogotá, 21 de noviembre

15 Entrevista a Juan Camilo Grajales. Profesional del Observatorio Concejo Visible Medellín. Bogotá,

Noviembre 28 de 2014

16 Entrevista a Lewis Delgado. Profesional de Norte de Santander vinculado al Programa Transparencia para

la Paz y el Desarrollo. Noviembre 14 de 2014.

17 Tomado de la Presentación de Yilber Saavedra, sobre la Red Nacional de Observatorios a Concejos y

Asambleas. Mesa No.3 sobre control social y veeduría ciudadana, en el marco del evento “Ciudadanía en clave de Paz” realizado por la Misión de Observación Electoral. Moe. Bogotá, Noviembre 28 de 2014.

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desarrollado ejercicios de control social y que tienen presencia en los territorios, con el fin de estimular el intercambio de experiencias y la constitución de redes efectivas a través de las cuales movilizar aprendizajes para la interlocución con autoridades públicas, y generar encuentros que permitan vislumbrar estrategias ciudadanas para abordar las nuevas dinámicas que implicará la construcción de paz. Estos espacios deberán contar con un carácter permanente y lograr escalarse desde los territorios, con el fin de abrir nuevos canales para la interlocución con autoridades del orden nacional. Este camino de movilización y ajuste institucional debe ser dinamizado por el interés legítimo y las iniciativas de los diversos grupos sociales y fuerzas políticas emergentes interesados en participar, en acercarse a la gestión pública y en hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos. En este sentido, resulta de gran importancia que las experiencias de control ciudadano perfeccionen el contenido de las recomendaciones que generan a las autoridades públicas con el fin de hacer claro y contundente el mensaje que transmiten a las instituciones. Para ello es fundamental que la ciudadanía y las autoridades logren evaluar e identificar los modelos de acompañamiento que mejor se ajustan a las necesidades de los grupos ciudadanos, modelos que puedan contribuir a su perfeccionamiento técnico, a la agudización del conocimiento de la administración pública, que otorguen respaldo a las acciones que se adelantan y garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de control social. Igualmente es importante que el control social se articule y complemente con los diferentes tipos de control que adelantan las entidades que hacen seguimiento a la gestión pública. Lo anterior con el fin de otorgar insumos adicionales a las autoridades orientados a identificar las debilidades de la gestión pública y los ámbitos en los cuáles es necesario emprender acciones que reduzcan los riesgos de corrupción, especialmente en la puesta en marcha de los programas y proyectos derivados de los acuerdos de paz. Para ello será necesario pensar en mejorar, potenciar e innocar respecto a las estrategias y mecanismos de comunicación e intercambio entre órganos de control y grupos ciudadanos. De igual manera, es necesario que el control social se articule con los diversos momentos que configuran a la gestión pública, como un elemento transversal y una herramienta que permite hacer un seguimiento permanente y estructurado a los procesos de las administraciones locales y nacionales: la elección popular de autoridades, el seguimiento a la financiación de las campañas, la evaluación del contenido de los programas de gobierno de los candidatos, la construcción y aprobación de los planes de desarrollo, la aprobación de presupuestos anuales y la implementación de los programas y proyectos a nivel sectorial. En este contexto, el control social será útil para evaluar la coherencia de las acciones de las autoridades frente al proceso de construcción de paz y los imperativos del contexto local. Esta articulación permite que la ciudadanía logre dimensionar un panorama de mayor amplitud para el desarrollo del control social, donde se expanden los escenarios y temáticas en las cuales es posible incidir en la toma de decisiones, y a través de ello, canalizar sus demandas de construcción de paz y de desarrollo territorial. Esta aproximación permitirá además superar la atomización que experimenta el control social y se darán pasos para que el mismo sea un elemento constitutivo en la gestión pública, teniendo en cuenta que hasta el momento “algunos modelos de acompañamiento a grupos ciudadanos han centrado sus esfuerzos en el seguimiento a proyectos muy específicos que luego de arrojar sus resultados, hacen que los grupos ciudadanos pierdan el horizonte y no tengan claridad sobre dónde continuar desarrollando sus acciones y hacia donde enfocar sus esfuerzos de incidencia”18.

18 Entrevista a Lewis Delgado. Profesional de Norte de Santander vinculado al Programa Transparencia para

la Paz y el Desarrollo. Noviembre 14 de 2014.

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4. Control social más allá de la administración pública: oportunidades para fortalecer el tejido social Según el último informe del Barómetro de las Américas para Colombia19 en el año 2014, el proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC mantiene el respaldo de los colombianos, pues en “promedio el 53% de los encuestados apoya las negociaciones, el 34% no apoya el proceso y el 10,9% restante se declara indeciso”20. En relación a la participación política de las FARC, “el 21,7% de los colombianos encuestados considera que el gobierno debe garantizar su participación política, 65,3% no está de acuerdo y 13% se declara indeciso”21; según el informe esta variable presenta un incremento en relación al año 2013, cuando sólo el 18,3% de los colombianos encuestados afirmaba estar de acuerdo con la participación política de las FARC. En conjunto estas mediciones permiten identificar actitudes positivas de la ciudadanía en relación al proceso de paz, actitudes que han ido mejorando con el avance del proceso y la generación de acuerdos concretos. En esta medida resulta importante continuar afianzando el apoyo de la sociedad civil al proceso, más aún ante los hechos recientes que han alterado el desarrollo de los diálogos y que han permitido la expresión de diversos sectores solicitando la continuidad del proceso. Como se mencionó anteriormente, este apoyo puede lograrse incrementando la información sobre el proceso y sensibilizando a diversos sectores sobre el agotamiento de la confrontación armada como mecanismo para la transformación social y el ejercicio del poder. La mejoría que se registra en estas actitudes, aunque a un ritmo leve, presentan la posibilidad para dar a conocer a la ciudadanía la oportunidad que revisten los diálogos de paz para la sociedad colombiana hacia el tratamiento de las causas estructurales que han configurado el conflicto social y político en el país, especialmente acerca de la participación política de grupos al margen de las dinámicas de la democracia y del nuevo impulso que puede tomar la participación ciudadana, a través de herramientas de incidencia directa como el control social. En esta medida es urgente avanzar en la preparación de los grupos sociales para que sus respuestas e iniciativas se vinculen a la construcción de paz a lo largo del territorio. Como recuerda Rubén Fernández, “es necesario involucrar a toda la ciudadanía en procesos de formación, a través de sus diversas formas organizativas, a través de sus diversas manifestaciones, para que se tome conciencia de que la construcción de una vida pacífica es responsabilidad de todos, de que los acuerdos de paz son transversales al desarrollo de nuestros proyectos y que como ciudadanos tenemos la obligación y el derecho a aportar en la reconciliación de la sociedad”22. En el contexto de construcción de paz en los territorios, el control social contribuye a la reconstrucción del tejido social y en el fortalecimiento de relaciones de confianza y proximidad entre ciudadanía e institucionalidad pública. En este sentido, resulta fundamental prestar atención, además, a la reconstrucción de los lazos y relaciones al interior de la sociedad civil, teniendo en cuenta la emergencia de nuevos grupos ciudadanos. Aquí será necesario promover prácticas y discursos que incentiven el acercamiento y la convivencia con los nuevos actores; los cuales facilitarán su injerencia en escenarios cotidianos y potenciarán su articulación con otras organizaciones con presencia y trayectorias en los territorios, para la interlocución con autoridades locales. Esta será una condición necesaria para avanzar en la reconstrucción del tejido social y posibilitar la incidencia de la sociedad civil en su conjunto ante los diversos procesos de la administración pública. Que se apoya en que se apoya en la encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop por sus siglas en inglés) 20 Tomado del artículo: ¿Posible perdonar? Consultado en http://www.uniandes.edu.co/noticias/cienciassociales/lapop-2014 Noviembre 19 de 2014. 21 Ibíd. 22 Entrevista a Rubén Fernández. Funcionario de la Gobernación de Antioquia. Noviembre 17 de 2014. 19

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Así mismo, como herramienta de participación política el control social permite la reasignación de poder y capacidad de incidencia de diversos grupos sociales en la toma de decisiones, en el trámite de sus demandas y en la transformación de sus condiciones de existencia. Bajo este panorama y como plantea Rubén Fernández, “el control social goza de dos virtudes, pues logra despertar el interés de la ciudadanía en la administración de los bienes públicos, y dificulta el uso de los recursos para fines distintos a los inicialmente previstos”23. Sin embargo sólo podrán verse los resultados que puede generar el control social siempre y cuando se promuevan escenarios favorables para el desarrollo de los ejercicios de seguimiento, el contenido de los acuerdos se traduzca en acciones de fortalecimiento concretas y la promoción de la participación ciudadana se desarrolle como un esfuerzo real y sostenido en el tiempo. Sólo así será posible avanzar en la superación de las lesiones que ha dejado el conflicto armado en los grupos sociales y en las instituciones, durante más de cincuenta años.

5. Algunas recomendaciones iniciales para avanzar en el fortalecimiento del control social • Ante los bajos niveles de información que se evidencian sobre el proceso de diálogos de paz

y los acuerdos logrados a la fecha, es necesario desarrollar campañas de información amplias que permitan superar algunos imaginarios negativos que se han construido alrededor del proceso, y que doten de elementos de juicio a la ciudadanía para la refrendación de los mismos.

• Resulta importante emprender esfuerzos que permitan superar las dos debilidades que presenta el control social, en cuanto a la respuesta institucional sobre las demandas de la sociedad civil y sobre las dinámicas propias del ejercicio del control ciudadano.

• En cuanto a la respuesta institucional frente al control social es necesario garantizar diferentes tipos de recursos que garanticen el compromiso de las entidades territoriales y el gobierno nacional en el desarrollo, atención y resultados de los ejercicios de control social, en esta dirección es necesario definir metas y resultados concretos que permitan evidenciar el fortalecimiento de los procesos. En relación a la gestión de la información solicitada por la ciudadanía en el desarrollo de los procesos de seguimiento, se deben realizar ajustes a las respuestas que genera la institucionalidad, verificándose que esta responda de manera efectiva a las necesidades específicas de los ejercicios y de los grupos solicitantes, que su contenido, formato y socialización guarde sintonía con el contexto del ejercicio.

• Es necesario emprender un proceso de fortalecimiento uniforme de la institucionalidad en

las entidades territoriales, especialmente en aquellas zonas con mayor presencia de actores armados y de las dinámicas de conflicto, cuyo foco esté en incrementar las capacidades para interactuar con la ciudadanía, para ofrecer información, para canalizar sus demandas. A través de ello será posible, además, avanzar en la devolución de la credibilidad y confianza a las corporaciones públicas.

• Acerca de las dinámicas de la participación ciudadana, es necesario que las experiencias

de control ciudadano perfeccionen el contenido de las recomendaciones que generan a las autoridades públicas, con el fin de hacer claro y contundente el mensaje que transmiten a 23

Ibíd.

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las instituciones. Para ello es fundamental que la ciudadanía y las autoridades logren evaluar e identificar los modelos de acompañamiento que mejor se ajustan a las necesidades de los grupos ciudadanos, modelos que puedan contribuir a su perfeccionamiento técnico, a la agudización del conocimiento de la administración pública, que otorguen respaldo a las acciones que se adelantan y garanticen los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de control social.

• Es importante que el control social se articule y complemente los diferentes tipos de control

estatal que adelantan las entidades que hacen seguimiento a diversas esferas de la gestión pública, con el fin de otorgar insumos adicionales que permitan identificar las debilidades de la gestión pública y los ámbitos en los cuáles es necesario emprender acciones que reduzcan los riesgos en el desempeño de las administraciones, especialmente en la puesta en marcha de los programas y proyectos para los acuerdos de paz.

• Es necesario que el control social se articule con los diversos momentos que configuran

a la gestión pública, como un elemento transversal y una herramienta que permite hacer un seguimiento permanente y estructurado a los procesos de las administraciones locales y nacionales. En dichos momentos entendemos la elección de autoridades, en cuanto al seguimiento a la financiación de las campañas y a la evaluación del contenido de los programas de gobierno, la construcción y aprobación de los planes de desarrollo, los presupuestos anuales y la implementación de los programas y proyectos a nivel sectorial. Así es posible que la ciudadanía logre dimensionar un panorama de mayor amplitud para el desarrollo del control social, donde se expanden los escenarios y temáticas en las cuales es posible incidir en la toma de decisiones, y a través de ello, canalizar las demandas ciudadanas.

• Resulta fundamental prestar atención a la reconstrucción de los lazos y relaciones al interior

de la sociedad civil, teniendo en cuenta la emergencia de nuevos grupos ciudadanos. Aquí se deben promover prácticas y discursos que incentiven el acercamiento y la convivencia con los nuevos actores; los cuales facilitarán su injerencia en escenarios cotidianos y potenciarán su articulación con otras organizaciones con presencia y trayectorias en los territorios, para la interlocución con autoridades locales.

• La realización del control social como arista de la participación política directa de la

ciudadanía, sólo podrá evidenciarse si se promuevan escenarios favorables para el desarrollo de los ejercicios de seguimiento, si el contenido de los acuerdos se traduce en acciones de fortalecimiento concretas y la promoción de la participación ciudadana se desarrolle como un esfuerzo real y sostenido en el tiempo.