Venezuela incumple más del 90 % de las recomendaciones de la oit

Además, no cesan las amenazas, ni los actos de violencia, ni la persecución y otras formas de agresión contra empleados organizados y trabajadores no afines al Gobierno.

caracas La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) denunció, en un comunicado difundido ayer, que el Gobierno ha incumplido con más del 90 % de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019, y reafirmadas en el Foro de Diálogo Social entre el Estado venezolano, empleadores y sindicatos, activo desde abril de 2022.

La CTV se pronunció ante el inicio de la tercera sesión presencial de este Foro de Diálogo Social, bajo el apoyo técnico de la OIT, que se llevará a cabo hoy, y recordó que en 2019 una comisión de esta organización internacional visitó Venezuela y formuló varias recomendaciones de las que "no se ha cumplido ni el 10 %".

Entre las sugerencias planteadas están el cumplimiento de los convenios para la fijación del salario mínimo, libertad sindical y protección del derecho de asociación, además del "cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión" contra empleados organizados y trabajadores no afines al Gobierno.

dato exigencias. "La reunión de diálogo social es la tercera que ocurre desde marzo de 2022. Los resultados de las dos previas son insu- ficientes, pues en ninguno de los temas ha habido real voluntad del Gobierno venezolano de avanzar en una agenda consensuada para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora", afirmó la CTV.

La semana pasada, Fedecámaras, la principal patronal de Venezuela, propuso discutir un aumento de salario mínimo entre el Gobierno, los empleadores y sindicatos, en la tercera sesión presencial de ese diálogo social.

Además, reiteró sus exigencias de la recuperación del salario mínimo, cuyo monto actualmente es de unos siete dólares al mes, el "cese de la represión" contra los trabajadores, el cierre de proce- sos penales abiertos a dirigentes sindicales y la derogación de leyes que obstaculizan la libertad sindical. En abril, el Gobierno venezolano, empleadores y sindicatos instalaron, con el apoyo técnico de una comisión de alto nivel de la OIT, mesas de diálogo social para revisar los avances en el cumplimiento de varios convenios relativos al establecimiento del salario mínimo, a la libertad sindical y a la consulta tripartita.

Boluarte insistirá adelanto de elecciones si Congreso de Perú no lo aprueba

EFE l ima La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció ayer que si el Congreso no aprueba hoy un adelanto de elecciones generales en el país para este año, su Gobierno enviará de inmediato dos proyectos para que esos comicios se celebren de todas maneras este 2023 y, además, se proceda a la reforma total de la actual Constitución peruana.

"Depende única y exclusivamente del Congreso la responsabilidad de aprobar el adelanto de elecciones este año", enfatizó

Boluarte en un mensaje televisado. La gobernante remarcó que, "de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana (hoy)", el Ejecutivo "estará presentando inmediatamente las dos iniciativas legislativas con carácter de urgencia".

Juicio de García Luna en EE. UU. no incide en tres pesquisas en su contra en México

EFE ciudad de méXico El juicio que se lleva en Estados Unidos en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García

Luna, no tiene vinculación y no incide "de modo alguno" con las tres órdenes de aprehensión que enfrenta en México, aclaró ayer la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con información de la FGR, García Luna enfrenta tres cargos por uso indebido de atribu- ciones y facultades y asociación delictiva, por enriquecimiento ilícito y por la introducción ilegal de armamento, mientras que se informó de dos investigaciones más en su contra en desarrollo y en espera de judicializarse.

“La FGR informa que cuenta con dos órdenes de aprehensión en contra de Genaro “G” (…) por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos”, aclaró la Fiscalía mexicana en un comunicado.

Asimismo, la autoridad ministerial mexicana explicó que las acusaciones que enfrenta García Luna por penas de entre 10 años y cadena perpetua en prisiones estadounidenses no inciden “en modo alguno” con los procedimientos mexicanos.