Presupuestos de la igualdad, pág

¿Presupuestos de la igualdad?

TATIANA DELGADO PLASENCIA

Las condiciones de vida de este 2021 han empeorado ostensiblemente con un aumento de los niveles de pobreza con las mujeres al frente de familias monomarentales como protagonistas principales. Asimismo, las más diversas violencias aumentan y se sitúan en algunos casos por encima de los niveles prepandemia. Aún así la Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirma que "…desmontamos las grandes mentiras sobre las que se ha sustentado el consenso sobre el sistema económico capitalista en esta fase neoliberal. Que si subir el salario mínimo iba a destruir la economía, que garantizar derechos iba en contra de la prosperidad económica, que los derechos de las mujeres eran una cuestión accesoria y no central del debate político de un Estado... Esos mantras, sobre los que se sustentaba esta forma de organización económica y social, los estamos destruyendo uno por uno".

Quizá olvidado su pasado militante en la juventudes del PCE, se refiera a los preceptos capitalistas que están en el debate académico o en la política a golpe de tuit, ahora inmersos en un nuevo New Deal al servicio de los nuevos tiempos pandémicos, pero sin duda no a los que fundamentan el capitalismo en su fase de desarrollo actual, cuyas crisis las paga la clase trabajadora en general con las mujeres a la cabeza en particular.

Su discurso feminista bien construido no incluye en sus entrevistas prácticamente a las trabajadoras y sus problemas. No nos habla de su sobreexplotación y exclusión, y no ha sido capaz de explicar por qué las inversiones hechas y los planes redactados no se cumplen, y los niveles de desigualdad se agrandan, y las leyes quedan en papel mojado porque las fichas presupuestarias que las acompañan son insuficientes y dedicadas a solventar las consecuencias y no las causas del problema central que debería abordar su Ministerio: la desigualdad y la opresión que sufren las mujeres. Un Ministerio que ha pasado prácticamente desapercibido en este último año, cuyos logros aún por concretar han sido la ley llamada de "solo si es sí" y la de "la autodeterminación de género", ambas envueltas en polémica y lastradas por el feminismo burgués que desarrolla el PSOE, que ha lanzado a sus huestes en el movimiento feminista para que presenten batalla callejera. El PSOE gestionará los 525 millones en 2022 que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aún por negociar y debatir en el Congreso, destina

a Igualdad, una cifra récord, aunque sigue siendo una de las más bajas de todos los Ministerios. El 54 % estará destinado a la lucha contra la violencia machista (284 millones), cuya principal partida es para el cumplimiento del pacto de Estado contra las violencias machistas, acuerdo parlamentario de 2017 que desde un inicio ha estado infradotado y cuyos principales objetivos no se han cumplido.

Otro pilar de los Presupuestos es el plan Corresponsables (190 millones), una política pública que pretende crear una red de cuidados a domicilio o en espacios públicos (no se sabe cómo se creará estos recursos) para el cuidado de menores de 14 años y no supeditados a que la madre trabaje, para que las mujeres puedan compatibilizar los cuidados con la vida personal y disponer de tiempo, no solo para trabajar, sino también para el autocuidado o el ocio. Como la mayoría de las CC.AA. no lo ha iniciado este año, de manera excepcional el Gobierno permitirá ejecutar los fondos de ambos ejercicios en 2022.

De su cuota de los fondos europeos, destinarán 76 millones principalmente a mejorar, digitalizar y ampliar el servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; a modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección; y a crear Centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todo el Estado.

También hay partidas destinadas a la situación de las mujeres rurales y de la llamada "España vaciada", con un presupuesto de 32.5 millones. Para el programa de Igualdad de trato y Diversi-

dad, de orientación y asistencia a las víctimas de discriminación, a la prevención y erradicación del acoso LGTBIfóbico y a la integración sociolaboral de las personas transexuales y transgénero se destinarán 4 millones.

Está claro que estas políticas no están consiguiendo su objetivo, acabar con la violencia contra las mujeres, que siguen siendo maltratadas, acosadas y asesinadas, ni mucho menos acabar con la desigualdad. Las medidas ejecutadas principalmente por las autonomías, que ahora tendrán más competencias y dinero, se centran en abordar la atención a las víctimas, en apoyar una vez que ya han sufrido las agresiones y no a prevenirlas o evitarlas, y ni aún así están teniendo buenos resultados. El personal no profesionalizado es escaso, la atención está subcontratada y la concienciación no se planifica ni se valora, es un conjunto de charlas y talleres aislados y no continuados en el tiempo. Con unos servicios sociales adelgazados hasta la anorexia, el dinero puede aumentar, pero si se dirige a paliar con subsidios lo que el mismo sistema provoca, estarán lejos de cambiar algo y mucho menos destruir nada, diga la ministra lo que diga. Recientemente, el presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, Isidro Díaz de Bustamante, se rasgaba las vestiduras a través de un artículo en un vocero digital de la sanidad privada. En dichas líneas, tildaba de forma bastante pomposa, de "maniobra de agitación y propaganda falaz que perturbará la convivencia" a la tramitación ante el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Sanidad Pública, por parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Si no fuera por ser quien es, bien pudiera encajar en la sección de humor, o confundirse como noticia sarcástica de "El Mundo Today", por la sonora tomadura de pelo que supone la argumentación, bajo la que se pretende justificar el saqueo al sistema público de salud por parte de la patronal de la sanidad privada. Unos días antes los dos partidos del llamado "gobierno más progresista de la historia" (PSOE y U. Podemos) junto con PP y Vox, sumaban fuerzas en la Mesa del Congreso, impidiendo que se aceptara a trámite esta ILP, con la que se pretende recoger firmas para blindar nuestra sanidad pública. Y es que, a pesar de todos los aspavientos propagandísticos de la socialdemocracia y sus tiras y aflojas con la derechona de este país, en última instancia, de lo que se trata es de "no perturbar la convivencia", como señala el señor Díaz en su artículo. O hablando sin ambages, de garantizar la ganancia del capital a toda costa. Y en esto siempre se ponen de acuerdo. Las movilizaciones organizadas por parte de la CAS estos meses atrás a lo largo de todo el estado, ponen el dedo en la llaga: acabar con los conciertos y la gestión privada en la sanidad pública, a través de la derogación de la Ley 15/97 y del Art. 90 de la Ley General de la Sanidad, entre otras urgentes medidas. Luchar por una sanidad 100 % pública y de calidad para acabar con el negocio con nuestra salud. Y esto a la patronal no le gusta. Sus beneficios se han venido engrosando desde hace décadas a costa del dinero público, con el avance de las formas de introducción del mercado en el sistema público de salud. Privatización de la limpieza, mantenimiento, lavandería y demás servicios, gestión privada de hospitales públicos, derivación para pruebas diagnósticas, etc., mientras crecen como la espuma los seguros privados, al calor de las interminables listas de espera de unos hospitales públicos infrautilizados. La COVID-19 mostró las graves contradicciones que afectan a nuestra sanidad. Urgencias colapsadas y triaje de guerra, el criterio de no dar soporte de ventilación mecánica (los famosos respiradores) a mayores de 60-65 años, mientras la sanidad privada recurría a los ERTE, pagados con dinero público, y las residencias de personas mayores eran convertidas en morgues, por la desastrosa gestión privada. Ahora, para más inri, aspiran a recibir parte de los fondos de recuperación europea, porque, en boca de ASPE, patronal del sector, han tenido un "fuerte compromiso y cooperación con la sociedad durante la pandemia". Por supuesto, el gobierno de coalición lo hará a pies juntillas sin ponerse colorado (paradójica expresión puesto que de rojo tiene poco). Por algo es el gobierno de turno por el que apuesta la burguesía... A los y las comunistas nos tendrán enfrente, junto con el resto de compañeros y compañeras de lucha, en la movilización, en los centros sanitarios, junto a la clase trabajadora. Sin dudarlo ni un momento, perturbemos su convivencia, luchemos por una sanidad pública y de calidad, libre de las garras del mercado.

Actualidad Desmantelar la sanidad pública no es ninguna convivencia

¡VAMOS A CONTAR MENTIRAS! (O LA LEY DE VIVIENDA 2021)

MARCOS

El cacareado proyecto de ley de vivienda, que salió finalmente adelante tras dos años denegociaciones y nueve meses de retraso oficial, en base a lo estipulado en el acuerdo que en su día firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, será aprobado en Consejo de Ministros junto a los Presupuestos Generales del Estado 2022, que se han desbloqueado consecuentemente (ya se sabe, los asuntos de palacio van despacio).

Podemos resumir los puntos principales del famoso acuerdo en cinco puntos:

1. Alquileres públicos en las nuevas promociones de viviendas.

2. Ventajas fiscales para pequeños propietarios, para bajar el precio del alquiler.

3. Más impuestos para las viviendas vacías.

4. Limitación del alquiler a viviendas de grandes propietarios.

5. Bonos de ayuda para jóvenes.

Las principales novedades del acuerdo legislativo entre ambos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, afectan a los poseedores de más de diez propiedades con personalidad jurídica, denominados ahora grandes propietarios, a los que se les despoja de los privilegios fiscales actuales y presuntamente pone coto a los precios del alquiler. Esta y otras medidas han sido muy criticadas por agentes inmobiliarios, consultoras, economistas, promotoras, inversores, empresarios y políticos de todos los signos (de la derecha, "of course"). Inseguridad jurídica, atentado contra la propiedad privada, pérdida de inversiones, intervención del mercado, populismo, efecto contrario al deseado e impulso a la oferta como solución, han sido algunas de las opiniones más repetidas en los últimos días. En medio de esta lluvia de declaraciones, el Gobierno está intentado aplacar los ánimos con varios mensajes. Uno de ellos es que la aplicación de una de las medidas más polémicas de la normativa no tendría efectos inmediatos: el acuerdo

establece un periodo de transición de 18 meses desde la entrada en vigor de la normativa para aplicar la bajada de precios obligatoria a los gran-

des propietarios; por lo que, de facto, no podría aplicarse antes de primavera de 2023. Y la fecha podría retrasarse todavía más si tenemos en cuenta que el texto aún no está aprobado por el Gobierno y que se espera una larga fase parlamentaria. "Está pre-

visto que llegue al Consejo de Ministros en unas semanas y el trámite parlamentario podría

durar meses perfectamente", adelantan desde el Ministerio. En cambio, las demás medidas, como las fiscales, entrarían en vigor de manera inmediata.

Fuentes del mercado afirman que desde el Ejecutivo están trasladando la idea de que el trámite parlamentario va a ser largo y que se podría alargar un año o incluso más.

También habrá castigo para lo que la incipiente ley cataloga como vivienda vacía. Término fronterizo e indefinido para muchos propietarios, que desconocen al tipo de casas al que se refiere este novedoso término, les de este organismo, en base al censo de poblaciones y viviendas de 2011, España cuenta

con 3,5 millones de viviendas

vacías. Una cifra creciente, si se tiene en cuenta que son 500.000 más que en el cómputo anterior de 2001.

Otro mensaje que está lanzando la cartera liderada por Raquel Sánchez es que la regulación

de los precios del alquiler afectaría como máximo a 150.000

viviendas. El número apenas supone un 6 % del parque de viviendas en arrendamiento y podría ser muy inferior si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas son las que tienen la última palabra. Al ser competencia regional, son las autonomías las que decidirán si quieren o no regular los precios de los arrendamientos.

En este sentido, desde la Agencia Negociadora del Alquiler explican que "parece que la

al que se le aplicará un recar-

go del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el

150 % para aquellos tenedores de cuatro o más viviendas. Este gravamen será aplicado a consideración de autonomías y ayuntamientos. A expensas de que el Gobierno especifique y acote de forma oficial su concepto, crucial para saber si habrá que pagar o no ese recargo, no existe definición clara en ningún documento gubernamental o estatal sobre la vivienda o casa vacía. Para el Instituto Nacional de Estadística, INE, se trata de "aquella vivienda familiar que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie".

Ley tendrá un alcance real

muy limitado, porque la declaración de zonas tensionadas o la subida del IBI a las viviendas vacías dependerá de que las autonomías y ayuntamientos quieran aplicarlo". Tras el anuncio del acuerdo entre los socios del Gobierno de coalición para sacar adelante la Ley de Vivienda, el principal partido de la oposición, en boca de su presidente Pablo Casado, anunció que en las regiones en las que gobierna el PP no se van a aplicar las medidas que contempla la normativa, tales como la de la aplicación de zonas tensionadas en el mercado de alquiler, que supondrían aplicar un límite a los precios de las rentas en las viviendas de grandes tenedores, además de la congelación de los alquileres a pequeños tenedores que se podrían aplicar una mayor desgravación en el IRPF por los beneficios del alquiler si reducen la renta. Junto a estas medidas tampoco se aplicaría el incremento del gravamen del IBI a los pisos vacíos por un largo periodo de tiempo o la aplicación de que un 30 % de la obra nueva se destine a vivienda protegida.

En la actualidad, hay cinco comunidades y una ciudad autónoma con un presidente autonómico del PP, a saber: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, además de Ceuta. Entre ellas aglutinan el 48.9 % de los grandes titulares de inmuebles en España. En total serían algo más de 142.000 propietarios. Mientras, algunas regiones socialistas como Extremadura han afirmado que no tienen mercados tensionados. De hecho, se estima que la mitad de los "grandes tenedores" se encuentran en regiones que no van a aplicar el límite al alquiler. ¡Lo

que hay que ver! Una ley que se aplica o no dependiendo del territorio en que te ha tocado vivir. ¡Y si no se aplica no pasa nada! Y pregunto: ¿cómo obligar a los propietarios de los sitios donde sí se aplique? ¿No tendrían todas las herramientas para llevar su caso a nuestra "justicia" y que les den la razón?

Diferentes agentes del mercado inmobiliario llevan insistiendo durante años que España arrastra un déficit de viviendas de alquiler social, ya que apenas representan un 1 % del parque inmobiliario, frente al más del 10 % que suponen en Irlanda, Francia o Reino Unido. A la cabeza de la OCDE están Dinamarca, con un 21 %; Austria, con un 23 %; y Países Bajos, con un 37 %. Por otro lado, la normativa deja en

manos de los ayuntamientos la posibilidad de aplicar o no la obligación de destinar el 30 %

de las promociones nuevas de viviendas a vivienda protegida. Y en caso de aplicarla, deberían compensar a los promotores con la aportación de un suelo de valor similar en otra parte del municipio.

Los pequeños propietarios (con menos de 10 viviendas en su poder) podrán optar a grandes

descuentos e incentivos fisca-

les con el fin de incentivar la bajada del precio de alquiler en sus viviendas. De hecho, se planea una bonificación de hasta el 90 % de las rentas que obtengan los propietarios, en caso de que bajen el precio del alquiler respecto al contrato anterior.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que la ley no les obligará a topar los precios del alquiler, pero contarán con importantes incentivos que ayudarán a contenerlos.

Esta nueva normativa incluye la creación de un "bono joven" de vivienda dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años. Este bono va a beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Además, ha informado de que, en los casos de las familias más vulnerables este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40 % de su valor. ¿Y con estos ingresos brutos qué entiende el gobierno que son familias MÁS vulnerables?

No obstante, la Ministra María Jesús Montero ha aclarado que este bono joven para el alquiler estará limitado por el precio del alquiler a pisos con una renta de 600 euros. ¡Que no intenten alquilar un chalet de lujo! Y, por supuesto, lo que sobrepase de los 250 euros mensuales lo tendrá que poner la persona de alquiler con su fastuoso sueldo (si lo tiene). ¿Y al final de los dos años? Parece que ya no será necesario pues todos navegaremos en la abundancia. En fin, más parece una medida destinada a SUBIR en vez de bajar los alquileres, y lógicamente a subirlos una media de 250 euros mensuales.

Y paramos ya, para no extendernos ad infinitum. Se ha producido el parto de los montes y, como dice el cuento, ¡ha parido un ratón!