Noviembre 2021
Unidad y Lucha
¿Presupuestos de la igualdad? TATIANA DELGADO PLASENCIA
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as condiciones de vida de este 2021 han empeorado ostensiblemente con un aumento de los niveles de pobreza con las mujeres al frente de familias monomarentales como protagonistas principales. Asimismo, las más diversas violencias aumentan y se sitúan en algunos casos por encima de los niveles prepandemia. Aún así la Ministra de Igualdad, Irene Montero, afirma que "…desmontamos las grandes mentiras sobre las que se ha sustentado el consenso sobre el sistema económico capitalista en esta fase neoliberal. Que si subir el salario mínimo iba a destruir la economía, que garantizar derechos iba en contra de la prosperidad económica, que los derechos de las mujeres eran una cuestión accesoria y no central del debate político de un Estado... Esos mantras, sobre los que se sustentaba esta forma de organización económica y social, los estamos destruyendo uno por uno". Quizá olvidado su pasado militante en la juventudes del PCE, se refiera a los preceptos capitalistas que están en el debate académico o en la política a golpe de tuit, ahora inmersos en un nuevo New Deal al servicio de los nuevos tiempos pandémicos, pero sin duda no a los que fundamentan el capitalismo en su fase de desarrollo actual, cuyas crisis las paga la clase trabajadora en general con las mujeres a la cabeza en particular. Su discurso feminista bien construido no incluye en sus entrevistas prácticamente a las trabajadoras y sus problemas. No nos habla de su sobreexplotación y exclusión, y no ha sido capaz de explicar por qué las inversiones hechas y los planes redactados no se cumplen, y los niveles de desigualdad se agrandan, y las leyes quedan en papel mojado porque las fichas presupuestarias que las acompañan son insuficientes y dedicadas a solventar las consecuencias y no las causas del problema central que debería abordar su Ministerio: la desigualdad y la opresión que sufren las mujeres. Un Ministerio que ha pasado prác-
ticamente desapercibido en este último año, cuyos logros aún por concretar han sido la ley llamada de "solo si es sí" y la de "la autodeterminación de género", ambas envueltas en polémica y lastradas por el feminismo burgués que desarrolla el PSOE, que ha lanzado a sus huestes en el movimiento feminista para que presenten batalla callejera. El PSOE gestionará los 525 millones en 2022 que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, aún por negociar y debatir en el Congreso, destina
atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; a modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección; y a crear Centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todo el Estado. También hay partidas destinadas a la situación de las mujeres rurales y de la llamada "España vaciada", con un presupuesto de 32.5 millones. Para el programa de Igualdad de trato y Diversi-
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Actualidad
Desmantelar la sanidad pública no es ninguna convivencia
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ecientemente, el presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, Isidro Díaz de Bustamante, se rasgaba las vestiduras a través de un artículo en un vocero digital de la sanidad privada. En dichas líneas, tildaba de forma bastante pomposa, de "maniobra de agitación y propaganda falaz que perturbará la convivencia" a la tramitación ante el Congreso de los Diputados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una Sanidad Pública, por parte de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS). Si no fuera por ser quien es, bien pudiera encajar en la sección de humor, o confundirse como noticia sarcástica de "El Mundo Today", por la sonora tomadura de pelo que supone la argumentación, bajo la que se pretende justificar el saqueo al sistema público de salud por parte de la patronal de la sanidad privada. Unos días antes los dos partidos del llamado "gobierno más progresista de la historia" (PSOE y U. Podemos) junto con PP y Vox, sumaban fuerzas en la Mesa del Congreso, impidiendo que se aceptara a trámite esta ILP, con la que se pretende recoger firmas para blindar nuestra sanidad pública. Y es que, a pesar de todos los aspavientos propagandísticos de la socialdemocracia y sus tiras y aflojas con la derechona de este país, en última instancia, de lo que se trata es de "no perturbar la convivencia", como señala el señor Díaz en su artículo. O hablando sin ambages, de garantizar la ganancia del capital a toda costa. Y en esto siempre se ponen de acuerdo. Las movilizaciones organizadas por parte de la CAS estos meses atrás a lo largo de todo el estado, ponen el dedo en la llaga: acabar con los conciertos y la gestión privada en la sanidad pública, a través de la derogación de la Ley 15/97 y del Art. 90 de la Ley General de la Sanidad, entre otras urgentes medidas. Luchar por una sanidad 100 % pública y de calidad para acabar con el negocio con nuestra salud. Y esto a la patronal no le gusta.
a Igualdad, una cifra récord, aunque sigue siendo una de las más bajas de todos los Ministerios. El 54 % estará destinado a la lucha contra la violencia machista (284 millones), cuya principal partida es para el cumplimiento del pacto de Estado contra las violencias machistas, acuerdo parlamentario de 2017 que desde un inicio ha estado infradotado y cuyos principales objetivos no se han cumplido. Otro pilar de los Presupuestos es el plan Corresponsables (190 millones), una política pública que pretende crear una red de cuidados a domicilio o en espacios públicos (no se sabe cómo se creará estos recursos) para el cuidado de menores de 14 años y no supeditados a que la madre trabaje, para que las mujeres puedan compatibilizar los cuidados con la vida personal y disponer de tiempo, no solo para trabajar, sino también para el autocuidado o el ocio. Como la mayoría de las CC.AA. no lo ha iniciado este año, de manera excepcional el Gobierno permitirá ejecutar los fondos de ambos ejercicios en 2022. De su cuota de los fondos europeos, destinarán 76 millones principalmente a mejorar, digitalizar y ampliar el servicio integral de
dad, de orientación y asistencia a las víctimas de discriminación, a la prevención y erradicación del acoso LGTBIfóbico y a la integración sociolaboral de las personas transexuales y transgénero se destinarán 4 millones. Está claro que estas políticas no están consiguiendo su objetivo, acabar con la violencia contra las mujeres, que siguen siendo maltratadas, acosadas y asesinadas, ni mucho menos acabar con la desigualdad. Las medidas ejecutadas principalmente por las autonomías, que ahora tendrán más competencias y dinero, se centran en abordar la atención a las víctimas, en apoyar una vez que ya han sufrido las agresiones y no a prevenirlas o evitarlas, y ni aún así están teniendo buenos resultados. El personal no profesionalizado es escaso, la atención está subcontratada y la concienciación no se planifica ni se valora, es un conjunto de charlas y talleres aislados y no continuados en el tiempo. Con unos servicios sociales adelgazados hasta la anorexia, el dinero puede aumentar, pero si se dirige a paliar con subsidios lo que el mismo sistema provoca, estarán lejos de cambiar algo y mucho menos destruir nada, diga la ministra lo que diga.
Sus beneficios se han venido engrosando desde hace décadas a costa del dinero público, con el avance de las formas de introducción del mercado en el sistema público de salud. Privatización de la limpieza, mantenimiento, lavandería y demás servicios, gestión privada de hospitales públicos, derivación para pruebas diagnósticas, etc., mientras crecen como la espuma los seguros privados, al calor de las interminables listas de espera de unos hospitales públicos infrautilizados. La COVID-19 mostró las graves contradicciones que afectan a nuestra sanidad. Urgencias colapsadas y triaje de guerra, el criterio de no dar soporte de ventilación mecánica (los famosos respiradores) a mayores de 60-65 años, mientras la sanidad privada recurría a los ERTE, pagados con dinero público, y las residencias de personas mayores eran convertidas en morgues, por la desastrosa gestión privada. Ahora, para más inri, aspiran a recibir parte de los fondos de recuperación europea, porque, en boca de ASPE, patronal del sector, han tenido un "fuerte compromiso y cooperación con la sociedad durante la pandemia". Por supuesto, el gobierno de coalición lo hará a pies juntillas sin ponerse colorado (paradójica expresión puesto que de rojo tiene poco). Por algo es el gobierno de turno por el que apuesta la burguesía... A los y las comunistas nos tendrán enfrente, junto con el resto de compañeros y compañeras de lucha, en la movilización, en los centros sanitarios, junto a la clase trabajadora. Sin dudarlo ni un momento, perturbemos su convivencia, luchemos por una sanidad pública y de calidad, libre de las garras del mercado. Francisco Valverde. (Enfermero del Servicio Murciano de Salud)
