La Directiva Wistleblowers y su importancia en el marco europeo. Por Nayla Glaise

El trabajo de Eurocadres en la Directiva Whistleblowers y su importancia en el marco europeo

Nayla Glaise Presidenta de EUROCADRES

El 1 de septiembre de 2016, los miembros de Eurocadres adoptaron por primera vez una posición sobre la protección de los denunciantes en toda la Unión Europea, en la que pedían medidas legislativas para garantizar que aquellos lo suficientemente valientes como para denunciar las malas prácticas no sufrieran repercusiones por sus acciones. Fuimos recompensados con la Directiva de Protección de Denunciantes de 2019 —también conocida como Directiva Whistleblowers—, que aportó peso legislativo a la protección de las personas que denuncian infracciones de la ley de la Unión Europea, y fue el resultado de una campaña incansable de ciudadanos y organizaciones en todo el bloque. La inspiración detrás de este esfuerzo siguen siendo las valientes personas que, con demasiada frecuencia, se ven obligadas a arriesgar su sustento y su privacidad para corregir los errores que ven cometerse. Esta directiva fue un hito para la Unión Europea, enviando una señal clara de que los hombres y mujeres que evidencian las desigualdades en nuestra sociedad merecen ser protegidos. Sin embargo, al avanzar en el tiempo nos encontramos que veinte Estados miembros no han comenzado o han retrasado sus esfuerzos de transposición, incumpliendo la fecha límite del 17 de diciembre de 2021. Sorprendentemente, de los siete que tienen leyes adoptadas, ningún Estado miembro ha transpuesto la directiva por completo. Afortunadamente, la Comisión Europea ha iniciado recientemente procedimientos de infracción a veinticuatro Estados miembros con ánimo sancionador en el caso de que no se avance rápidamente en su transposición.

Trabajo colectivo La justificación de la norma que protege a los denunciantes es bastante obvia y queda tristemente representada en la serie de escándalos a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. Desde LuxLeaks, los documentos de Panamá y Pandora, hasta las recientes revelaciones de la denunciante de Facebook, Frances Haugen, los denunciantes han llamado la atención sobre algunos de los puntos ciegos legislativos más grandes que tenemos, llevando a las personas ante la justicia y creando una sociedad más justa. Sus actos desinteresados han obligado a los organismos internacionales a actuar y han proporcionado al público en general información que nunca habría visto la luz del día, a menudo sin ninguna garantía de que ellos o sus familias estarían a salvo. Pocos argumentarían que estas personas no merecen la protección más completa posible, y muchos insistirían en que son recompensados por sus esfuerzos. Estas razones hacen que sea difícil entender por qué los Estados miembros están dando largas a la transposición. En el transcurso del viaje de la directiva, la consulta con una variedad de partes interesadas ha sido parte integral del proceso. Para que la legislación encaje en el molde del texto proporcionado —dinámico y holístico, necesario para funcionar en todos los escenarios—, las instituciones europeas se han comprometido con personas y organizaciones de todo el espectro político. Como socio reconocido, Eurocadres ha estado a la vanguardia a través del proceso de campaña, redacción y transposición, mediado por nuestra secretaría en Bruselas, nuestros miembros y nuestro papel en la plataforma de protección de denunciantes. Somos conscientes de que el trabajo no estará terminado hasta que se garantice la protección de los denunciantes en todo el bloque, y continuaremos presionando a los gobiernos nacionales para que tomen medidas.

Causa justa En Bruselas, la marea se está volviendo contra las grandes empresas. La Comisión Europea se erige como un fuerte actor global contra las prácticas anticompetitivas y de evasión fiscal de las empresas tecnológicas, mientras que las plataformas en línea serán objeto de regulación por su trato despreciable a los empleados. Los denunciantes siempre han desempeñado un papel importante en descubrir algunas de las peores acciones de estas empresas, mantener a los reguladores bajo control y garantizar que los políticos actúen en interés de sus electores. Con una gran cantidad de acciones positivas que se están tomando actualmente para defender nuestros derechos laborales, nuestros datos y nuestro derecho a la libre expresión, ¿por qué no podemos garantizar que quienes arriesgan su sustento con el objeto de ayudar a mejorar la sociedad estén protegidos? Hemos recorrido un largo camino desde 2016 y estamos a punto de cumplir con esas valientes personas. Con un último empujón, finalmente podremos brindar la protección que los denunciantes merecen.

La Directiva de Transparencia Salarial, una herramienta más para alcanzar la igualdad de género

El pasado 18 de febrero, la Oficina en España del Parlamento Europeo organizó un seminario referido a la Directiva de Transparencia Salarial en el marco del acuerdo institucional ¿Dónde están ellas?. Una iniciativa a la que pertenece Unión Profesional desde su fundación hace un lustro centrada en la promoción de la igualdad a partir de la presencia de mujeres expertas en la esfera pública. La nueva Directiva de Transparencia Salarial fue el tema a abordar en la última sesión convocada por la Oficina, una normativa que tiene entre sus objetivos reducir la brecha salarial de género en la Unión Europea, que actualmente es del 14,1%. España se sitúa por debajo de la media comunitaria con un 9,5%, según datos de Eurostat correspondientes a 2019. Para abordar esta problemática, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva en marzo de 2021 por la cual se busca reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, o un trabajo de igual valor, a través de medidas de transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento. Una normativa considerada «un paso adelante en la lucha contra las desigualdades, pero que, según el informe del Parlamento Europeo a la propuesta, «ha de complementarse con medidas adicionales que apunten aún más a cerrar la brecha salarial».

Requerimientos del Parlamento Europeo Dicho informe solicita que la normativa comprenda también a las pymes y que el modelo de documentos sobre pagos esté vinculado al tamaño de la empresa. De la misma manera, se pide que las evaluaciones de puestos de trabajo deban realizarse utilizando una metodología sistemática que sea objetiva, neutral en cuanto al género y libre de sesgos, y que las empresas incluyan un sistema de clasificación de salarios. Esto se traduce en que los Estados miembros deberán aclarar el principio de igual salario por igual trabajo en la legislación nacional. Asimismo, se requiere un fortalecimiento del diálogo social para evitar obstáculos a la hora de reclamar, así como tener en cuenta la interseccionalidad en la evaluación de la discriminación, y ajustar la compensación o reparación en consonancia. En el debate llevado a cabo se contó con la voz de cuatro de las eurodiputadas de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo: María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la comisión y eurodiputada por el Grupo La Izquierda; Rosa Estarás, eurodiputada del Partido Popular Europeo; Lina Gálvez, eurodiputada del Grupo Socialistas y Demócratas; y Margarita de la Pisa, eurodiputada perteneciente al Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Todas ellas estuvieron de acuerdo en destacar la idoneidad de esta normativa y el hecho de que se trata de una herramienta que ha de estar acompañada de otras políticas —como las recogidas en la Directiva de conciliación de la vida familiar y profesional— en línea con los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.