Info Conflic ENERO 2011 by FUNDACION UNIR BOLIVIA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Enero de 2011

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Enero de 2011

Índice Presentación

p. 3

1. La conflictividad en Bolivia

p. 4

2. Tipología de los conflictos

p. 11

3. Sectores y actores demandantes y demandados

p. 14

4. Distribución geográfica de los conflictos

p. 18

5. Medidas de presión y violencia

p. 20

6. Salida de los conflictos

p. 21

7. Conclusiones

p. 22

Guía rápida

p. 23

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Enero de 2011

Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de enero de 2011. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe. La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Enero de 2011

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Enero de 2011

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Cuadro No 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN ENERO 2011 Nº 1

ACTOR A Central Obrera Boliviana (COB)

ACTOR B Gobierno central

Confederación Nacional de Trabajadores en Salud

Gobierno central

Federación de Maestros Urbanos de La Paz

Gobierno central

Vendedores de pan de mercados de La Paz Juntas vecinales del Distrito 6 de El Alto

Intendencia Municipal de La Paz Confederación Sindical de Choferes de Bolivia

Confederación Sindical de Choferes

Gobierno central

Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto

Alcaldía de El Alto

Trabajadores en salud del Hospital de Clínicas

Padres de familia del Colegio Inglés Santa María Eufrasia Dirigentes Vecinales representantes de la Dirección Local Civil de Salud (DILOS) Vecinos de la zona Cervecería

Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz Ministerio de Educación

Asociación Nacional de Orfebres

Gobierno central

Comité Cívico de Llallagua y Huanuni

Gobierno central

Comerciantes de alimentos de la calle Antonio Gallardo de La Paz

Gobierno central

Trabajadores en salud del Hospital de Clínicas Alcaldía de La Paz

ASUNTO Rechazo a anulación del aumento del 20% en los salarios Rechazo a anulación del aumento del 20% en los salarios Rechazo a anulación del aumento del 20% en los salarios Rechazo a controles de precio y peso del pan Rechazo a posibles incrementos de tarifas de transporte Demanda de alza de tarifas de transporte Demanda de refacción de infraestructura de establecimientos educativos Rechazo a presuntos abusos de autoridad Rechazo a cierre de centro educativo Respaldo al Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de La Paz Rechazo a notificaciones de desalojo Demanda de seguridad y esclarecimiento de los robos y atracos a joyerías Rechazo a atrasos en construcción de carretera Rechazo a filas de venta de alimentos en agencia de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Nº 15 16 17 18 19

ACTOR A Padres de familia del colegio San Andrés Pobladores de la localidad de Guaqui Grupo de comerciantes de la feria de Alasitas Pobladores de San Ramón

ACTOR B Dirección del Colegio San Andrés Aduana Nacional de Bolivia (ANB) Alcaldía de La Paz Gobierno central

Comunarios de los Ayllus Chullpa y Siquya, Federación Regional de Cooperativistas Mineras de Llallagua Postulantes a escuelas normales

Gobierno central

Consumidores de productos de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en La Paz Lecheros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Productores de hoja de coca de todo el país

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) Gobierno central

Vecinos de Parco Pata (El Alto)

Movimiento Sin Techo

Miembros de la Federación de Chóferes “San Cristóbal”

Alcaldía de Oruro

Gremiales de Oruro

Alcaldía de Oruro

Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro

Alcaldía y Gobernación de Oruro

Federación Departamental de Personas con Discapacidad (Oruro)

Gobernador Santos Tito Veliz

Vecinos de Mineros (Santa Cruz)

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)

Comité de Vigilancia del Municipio de Oruro

Sector transporte

Comerciantes minoristas de todo el país

Gobierno central

Pobladores de Yacuiba (Tarija)

Gobierno central

Volqueteros de la empresa Cartellone Construcciones Civiles Sociedad Anónima

Empresa Cartellone y Administradora Boliviana de Caminos (ABC)

21 22 23

Ministerio de Educación

Gobierno de los Estados Unidos de América

Enero de 2011 ASUNTO Extensión de cupos para inscripción de estudiantes Pedido de instalación de recinto aduanero en Guaqui Demanda de cierre de vías para la realización de la feria Pedido de desmilitarización de minas de San Ramón Rechazo a alza precios de productos de la canasta familiar Rechazo a limitación en la convocatoria a las normales de bachilleres de 2008, 2009 y 2010 Rechazo a deficiente atención de venta Permiso para incremento de precios de lácteos Pedido de apoyo para la despenalización internacional del consumo de la hoja de coca Rechazo a avasallamiento de terrenos Control de precios de productos de la canasta familiar Pedido de modificación de tasas de aseo municipal Demanda de control de avasallamientos en la urbanización “La Prensa” Rechazo a destitución del Director del Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS), Isaac Villarroel Pedido de exhibición pública de identidad de presunto delincuente Rechazo a pretensión del alza de tarifas del autotransporte Rechazo a posibles nuevos incrementos del precio de los carburantes y a la reglamentación de la Ley General de Aduanas Pedido de instalación de servicios básicos en viviendas construidas por el Gobierno central Pedido de pago de sueldos atrasados

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Nº 34

Enero de 2011

ACTOR A Ex trabajadores de la Empresa Metalúrgica Vinto y de la Alcaldía de Oruro Pobladores de barrio Sajama I

ACTOR B Empresa Metalúrgica Vinto y Alcaldía de Oruro

ASUNTO Demanda de renovación de contratos de trabajo

Alcaldía de Oruro

Sindicato Departamental de Desocupados de Oruro Representantes del Comité de Vigilancia del Municipio de Oruro, Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Oruro y asociaciones comunitarias de los cinco distritos de Oruro Trabajadores de avance de obras dependientes de la Alcaldía de Oruro Comercializadores de materiales de construcción

Empresa Jindal Steel & Power

Rechazo a control de títulos de propiedad Laboral/salarial

Confederación de Choferes y Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA)

Rechazo al anuncio de incremento de tarifas y demanda de descentralización de Emapa

Alcaldía de Oruro

Socios y trabajadores de la Cooperativa Nueva La Joya

Empresa Minera Inti Raymi (EMIRSA)

Federación Departamental de Panificadores de Oruro (Fedepanor)

Afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) Padres de familia del Centro Educativo “Virgen del Mar” (Oruro) Abarroteros de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales de Oruro (FDTGO) Vecinos y comerciantes del mercado “Evo Morales”

Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) Alcaldía de Oruro

Demanda de mejores condiciones laborales Rechazo a aumento de precios de materiales de construcción Rechazo a presunta injerencia empresarial en asuntos de las cooperativas Rechazo a retraso de entrega de harina y azúcar según acuerdo convenido Pedido de validación de títulos de propiedad de viviendas Pugna por derecho de propiedad de terreno Rechazo a escasez de productos de la canasta básica Rechazo a posible demolición de construcciones en el mercado Extensión de cupos para inscripción de estudiantes Reivindicación de la Ley de Imprenta y rechazo a Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Rechazo al traslado de equipos mineros considerados como patrimonio de Oruro

35 36 37

38 39

43 44 45

Cooperativa No Metálica “Luminosa”

Familia Guzmán Gobierno central Alcaldía de Oruro

Padres de familia de la Unidad Educativa “Luis Llosa” (Oruro) Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia

Dirección de la Unidad Educativa “Luis Llosa” Gobierno central

Cooperativas mineras del departamento de Oruro, autoridades de la Gobernación de Oruro y dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras Habitantes de la provincia Ladislao Cabrera

Servicio Geológico Técnico Minero (SERGEOTECMIN) La Paz

Vecinos del barrio Mirador de Oruro

Empresa Minera Barrosquira (EMBAS) (La Paz)

Empresa Municipal de Aseo Oruro (EMAO), Servicio Local de Agua Potable (SeLA) y Alcaldía de Oruro Campesinos y cooperativistas mineros de la provincia Loayza y Gobierno central

Gobernación de Oruro

Demanda de acciones contra la sequía y la conclusión de la construcción de los tramos carreteros Quillacas-Villa Esperanza-Salinas Refacción de vía pública y atención a la acumulación de basura en la zona Rechazo a tomas ilegales de predios mineros privados

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Nº 52 53

ACTOR A Postulantes reprobados de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) Sindicato Mixto de Micros y Minibuses

Movimiento Sin Techo

Asociación Nacional de Colegios Privados (ANDECOP) Central Obrera Departamental (COD) del Beni Confederación de Pueblos Indígena de Bolivia (CIDOB)

Ministerio de Educación

Juntas vecinales de Sucre

Gobierno central

Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz Asociación de taxis Centinelas del Chaco

Alcaldía de Santa Cruz

Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)

Padres de familia del colegio Ensec

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y avasalladores de terrenos Dirección del colegio Ensec

Padres de familia de la unidad educativa de convenio Urkupiña

Padres de familia del colegio 23 de marzo

Pobladores y Comité Cívico de Samaipata

Central de Campesinos de Punata

Comerciantes

67 68

Comisión de la Organización de Profesionales Obreros de la Revolución de Tarija (La Paz) Comunidades de Misicuni

Comisión Nacional de Refugiados del Paraguay (CONARE) Empresa Misicuni

Familias sin tierra

Alcaldía de Cochabamba

Pesqueros y productores del valle bajo de la represa La Angostura (Cochabamba) Vecinos de la Organización Territorial de Base Santa Ana de Cala Cala Vecinos del Distrito 8 de Cochabamba

Productores del valle alto de la represa La Angostura

56 57

71 72

ACTOR B Universidad Técnica de Oruro Autoridades de Tránsito y Alcaldía de Oruro Juez cautelar Nº 1 de Oruro

Gobierno central Dirigente Renato Asiama

Alcaldía de Santa Cruz

Dirección de la Unidad educativa de convenio Urkupiña Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) de Santa Cruz Gobierno central

Vendedores de Las Islas Alcaldía de Cochabamba

Enero de 2011 ASUNTO Demanda de admisión en la UTO Restablecimiento de antigua ruta de circulación Rechazo a sentencia de medidas sustitutivas contra el ex Alcalde Municipal Edgar Bazán Demanda de incremento de pensiones escolares Pedido de aumento salarial Pugna por la presidencia de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) Rechazo a la restitución de Verónica Berrios como alcaldesa de Sucre Pedido de restitución de bono de antigüedad Rechazo a suspensión de permiso para circulación nocturna Rechazo a avasallamiento de 10.000 hectáreas de tierra productiva Extensión de cupos para inscripción de estudiantes Rechazo a requisitos de inscripción Demanda de destitución de Directora del colegio 23 de marzo Demanda de mantenimiento de vías, obras de prevención para la época de lluvias y mejora del servicio de agua potable Rechazo a presuntos actos de especulación y agio Rechazo a otorgación de refugio al ex Gobernador de Tarija, Mario Cossío Demanda de pago de indemnización por concepto del uso de tierras y recursos acuíferos Pugnas por tierras Incumplimiento de convenios referidos al uso de aguas Pedido de cierre de locales de venta de comida Pedido de esclarecimiento de situación de Subalcalde interino

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Nº 73

ACTOR A Vecinos de las comunidades de Andrada Grande y Chica (Cochabamba) Sindicato agrario de Sacaba (Cochabamba)

ACTOR B Administración de la Urbanización Lomas de Aranjuez Vecinos de los Distritos 1, 2, 4 y 6 de Sacaba

Trabajadores en salud de Cochabamba

Gobernación de Cochabamba

Internos del penal de San Pedro de Sacaba (Cochabamba)

Gobernador del penal de San Pedro de Sacaba

Ministerio de Educación

Docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de Paracaya (Cochabamba) Comerciantes de la Avenida Héroes del Chaco Confederación de Gremiales de Bolivia

Transportistas de la Línea 232

Alcaldía de Cochabamba

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Saneamiento Ambiental (EMSA) Campesinos de la provincia Guarayos (Santa Cruz) Trabajadores del Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras Tarija (PERTT) Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) de Potosí Trabajadores de la Entidad Municipal de Aseo de Potosí (EMAP)

Alcaldía de Cochabamba

Sindicato de Trabajadores Municipales de Potosí Colegio Médico Departamental de Potosí Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Alcaldía de Potosí

Pobladores de Tarapaya

Alcaldía de Potosí

Trabajadores del Hospital Municipal San Juan de Dios Trabajadores eventuales de la Caja Nacional de Salud (CNS) Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Cruz Comité de Vigilancia de El Torno

Alcaldía de Santa Cruz

82 83 84 85 86 87 88

91 92 93

Alcaldía de Quillacollo Gobierno central

Enero de 2011 ASUNTO Pedido de permiso de transitabilidad dentro de urbanización privada Rechazo a construcción de planta de tratamiento de aguas Pedido de dotación de ropa de trabajo e institucionalización de cargos Rechazo a eliminación de alquileres de celda y pago de seguro de vida Rechazo a recorte de cupos de admisión Rechazo a plan de reordenamiento comercial Pedido de cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) e Insumos Bolivia por competencia desleal Pedido de permisos para circulación e intervención en conflicto con otras líneas de transporte Inclusión en programa de reestructuración interna

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Gobernación de Tarija

Demanda de intervención en litigio de tierras Pago de salarios retrasados

Confederación de Choferes

Rechazo a incremento de tarifas de transporte Demanda de incremento de tasa de aseo y mejoramiento condiciones laborales Pedido de incremento de sueldos Rechazo a posibles despidos

Alcaldía de Potosí

Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Potosí Gobierno central

Gerencia CNS Alcaldía de Santa Cruz Fiscalía de Distrito

Rechazo a incremento de precios de artículos de la canasta familiar Administración del balneario de Tarapaya Pliego petitorio referido a condiciones laborales Nivelación de salarios Rechazo a despido de trabajadores Pedido de agilización de procesos judiciales a ex autoridades

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Nº 94

ACTOR A Junta de padres de familia del Colegio Buenas Nuevas (Santa Cruz) Trabajadores del Hospital Materno Infantil Percy Boland

ACTOR B Dirección Departamental de Educación Alcaldía de Santa Cruz

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Confederación Sindical de Choferes de Bolivia

Vecinos de la zona de Alto Lima y Mariscal José Ballivián de El Alto Vecinos de la zona Villa Kumaravi

Alcaldía de El Alto

Dirigentes vecinales del Distrito Municipal Nº1 de El Alto Junta escolar del Colegio Juan Capriles (El Alto) Funcionarios del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz Vecinos del Plan Tres Mil de Santa Cruz Vecinos del barrio Valle Florido de Santa Cruz Asociación Nacional de Colegios Privados (ANDECOP)

Alcaldía de El Alto y Gobierno central Alcaldía de El Alto

Vecinos de la calle José Bustillos de Sucre Internos del penal de San Roque

Sindicato de Comerciantes Sucre Autoridades de Régimen Penitenciario Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (FEDECOMIN) Juntas Vecinales del Distrito 4 de Sucre

dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Tribunal Supremo Electoral Dirección Departamental de Sustancias Controladas Alcaldía de Santa Cruz Ministerio de Educación

ASUNTO Rechazo a cierre de unidad de nivel inicial Atención de pliego petitorio referido a las condiciones de atención de pacientes y condiciones laborales Rechazo a posible incremento de tarifas de transporte Demanda de asfaltado de la Avenida Pucarani Reconocimiento de Tito Lequipe como presidente de la Junta Vecinal de Villa Kumaravi Demanda de construcción de Palacio de Justicia Deterioro del establecimiento educativo Despido de trabajadores Rechazo a traslado de oficina de sustancias controladas Demanda de apertura de octavo anillo Rechazo a categorización de las unidades educativas privadas Uso de espacios públicos Rechazo a hacinamiento de presos Rechazo a elecciones internas del COMCIPO

109

Sistema Integrado de la Seguridad Social Universitaria Boliviana (SISSUB)

Gobierno central

110

Mineros eventuales de Corocoro (La Paz)

Sindicato de trabajadores de la mina Corocoro

111

Guardias municipales de El Alto

Alcaldía de El Alto

112

Trabajadores eventuales de Alcaldía de Warnes Trabajadores de la Administración Autónoma Para Obras Sanitarias (AAPOS) Internos de la carceleta de Riberalta

Alcaldía de Warnes

Rechazo de designación de Javier Patzy como Subalcalde del Distrito 4 Rechazo a contenidos de la Ley Financial 2011 y a inscripción de patrimonio institucional en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) Incumplimiento de reincorporación a sus fuentes de trabajo Cancelación de sueldos adeudados y abusos de superiores Pago de salarios adeudados

Alcaldía de Potosí

Reposición salarial del 5%

Dirección de Régimen Penitenciario del Beni

Rechazo a retardación de justicia y hacinamiento de presos

113 114

Alcaldía de Sucre

Enero de 2011

Fuente: Fundación UNIR Bolivia

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Enero de 2011

Durante el mes de enero de 2011 se produjo una marea alta de conflictos sociales, que alcanzaron a 114 casos, cifra aún mayor que la más alta registrada en el año 2010 (septiembre con 105 casos) y casi cuatro veces más que la de enero de 2010 (30 conflictos, lo que representa un incremento de 280%), contrastando con la tendencia de contracción de la conflictividad que, por lo general, caracteriza a los primeros y últimos meses del año. El contexto económico del país que, según se ha informado, es bueno –el discurso presidencial del pasado 22 de enero nuevamente presentó un balance positivo de la situación macroeconómica: crecimiento del Producto Interno Bruto, reducción de la pobreza, récord histórico de las reservas internacionales– ha generado expectativas en la población respecto al mejoramiento de sus condiciones de vida que contrastan con el incremento de los precios, especialmente de los alimentos. Aunque de acuerdo a cifras oficiales el índice inflacionario en el mes de enero fue de 1,29%, varios analistas económicos señalan que este índice bajo se debe a la inclusión en la canasta familiar de artículos que no son de primera necesidad. El malestar de la población respecto al encarecimiento del costo de vida se ha expresado en el mes de enero a través de la demanda de medidas que permitan mejorar la economía popular, lo que ha generado la mayor parte de los conflictos en este campo. La agudización de los problemas económicos está provocando un efecto expansivo de “bola de nieve” que explica la gran cantidad de conflictos existentes. Los casos de conflicto más destacados del mes, fueron los siguientes: Consecuencias del “gasolinazo” de diciembre Se esperaba que la abrogación del D.S. 748 redujera sustancialmente la espiral de conflictos que se generó en el país en diciembre; sin embargo, aunque a principios de enero varios actores sociales suspendieron las movilizaciones anunciadas en rechazo a este decreto, al transcurrir el mes se hizo evidente que las secuelas del estallido de diciembre siguieron presentes aún después de que la medida quedara sin efecto. El rechazo al incremento de precios de productos de la canasta familiar, las protestas por la escasez de azúcar, las movilizaciones a favor y en contra del aumento del costo del transporte y las demandas de incremento salarial, fueron algunos de los temas que marcaron la conflictividad por cuestiones económicas que, de una u otra manera, se encuentra conectada con los sucesos de diciembre. Varios de estos conflictos se encadenaron entre sí, en tanto el comportamiento de un actor acarreó la inmediata reacción de otro, ya sea en rechazo o a favor de la demanda planteada. Así, mientras distintos actores sociales confluyeron en los mismos objetivos, como los gremiales, transportistas y consumidores en general rechazando el incremento de precios de los productos de la canasta familiar, otros entraron en contradicción, como las juntas vecinales de distintas ciudades que protestaron contra el alza de pasajes demandada por los transportistas. Así, la ola de conflictividad que se inauguró en diciembre continuó presente en enero.

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Demandas de los trabajadores en salud en Santa Cruz El sector salud se ha caracterizado por su recurrente protagonismo en las protestas sociales de este departamento. Al menos durante el último trimestre se suscitaron varios conflictos que buscan llamar la atención de las autoridades respecto a las condiciones de trabajo y de atención a los pacientes. La implementación de las autonomías, la redistribución de funciones entre los distintos niveles estatales –los centros de salud debían pasar del control municipal al de las gobernaciones–, las falencias y retrasos surgidos en estos procesos, han afectado el normal desenvolvimiento de las instituciones de salud, causando problemas a los usuarios y servidores, quienes han manifestado su malestar a través de medidas de presión. Una primera demanda fue el pago del bono de antigüedad (equivalente a tres sueldos mínimos), beneficio que no fue cancelado por haber sido observado por la Contraloría General. Posteriormente los trabajadores de los hospitales Japonés y San Juan de Dios, en demanda de mejores condiciones laborales, anunciaron la paralización de actividades, medida a la cual se adhirieron otros nosocomios. Algunos días después, el escenario se complejizó con la agregación de las demandas de los funcionarios del Materno Infantil Percy Boland y del hospital San Juan de Dios de dotación de alimentos, uniformes y equipamiento médico, registrándose tres paros y huelgas de brazos caídos, que afectaron considerablemente a la población.

Enero de 2011

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2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de enero, nuevamente los conflictos relacionados con la situación económica de las personas fueron los más frecuentes (22%), seguidos por los casos de índole administrativa en entidades públicas y privadas (20%). Los problemas laborales y salariales (15%) y de prestación de servicios públicos (8%) también fueron numerosos.

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TIPO DE CONFLICTO Medidas económicas/situación económica Gestión administrativa Laboral/salarial Prestación de servicios públicos Gestión del espacio urbano Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad Leyes/medidas legales Incumplimiento de convenios Ideológico-político Tierra Recursos naturales y medio ambiente Derechos humanos Seguridad ciudadana Otro Valores/creencias/identidad Total

Nº 35 32 25 13 9 8 8 7 6 5 5 3 3 2 1 1621

PORCENTAJE 22 20 15 8 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 100

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios de estos se encuentran dentro de más de una categoría específica.

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Enero de 2011

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

En general, se ratifican las tendencias presentes en los meses anteriores en cuanto a la distribución temática de los conflictos, existiendo algunas variaciones porcentuales menores. Los cambios más significativos en enero se observaron en las controversias referidas al manejo administrativo de instituciones públicas y privadas, y a la situación laboral/salarial de las personas, observándose un incremento de ambos tipos de conflicto. Si se suma la cantidad de conflictos por medidas económicas y la situación económica y por las condiciones laborales y salariales se tiene que el 37% de los casos son de carácter económico. El temor de la población a que continúe deteriorándose su situación económica es uno de los elementos que propició la condensación de la conflictividad en torno al tema. Desde hace ya varios meses se vienen registrando índices inflacionarios elevados, acompañados de la escasez de algunos productos básicos, especialmente alimentos. Frente a esta situación, el Gobierno adoptó algunas medidas regulatorias, como la importación de azúcar; el Banco Central de Bolivia devaluó el dólar para desincentivar las exportaciones y favorecer las importaciones, aumentó el encaje legal para fomentar la bolivianización, e incrementó la oferta de Operaciones de Mercado Abierto (OMA) o bonos para regular la liquidez existente (BCB, 2011). La promulgación del D.S. 748 significó una agudización de los problemas antes mencionados; el anuncio de incremento de los precios de los carburantes generó, entre otros efectos, una espiral de especulación, aumentaron los precios de bienes y servicios y se acentuó la escasez de varios productos. Pese a que el decreto fue posteriormente abrogado, el impacto de la medida fue tal que no se pudo volver a la situación anterior. La conflictividad del mes de enero es un reflejo de ello. La elevación de precios de los productos de la canasta familiar es uno de los argumentos de los choferes que demandan el aumento de las tarifas de transporte. Como no pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades para hacer efectivo dicho incremento, los transportistas amenazaron con movilizarse, lo que determinó que otros actores sociales también se manifiesten rechazando tal incremento. La escasez de azúcar originada en la baja producción por factores climáticos, la especulación derivada de los acontecimientos de diciembre y el contrabando, entre otros, dio lugar a una serie de controversias. A este problema se sumaron las dificultades logísticas de EMAPA que generaron demoras en la distribución del producto y una deficiente atención a los clientes, lo que suscitó la reacción de grupos de la sociedad que buscaban abastecerse de azúcar. Los gremiales se pronunciaron contra la comercialización de azúcar por parte de EMAPA, argumentando que esta entidad fue creada para apoyar la producción de alimentos y no para hacerles una competencia desleal y adoptaron medidas de presión para hacerse oír. Es importante señalar que en varios de estos casos no se llegó a realizar movilizaciones, sino que se anunciaron medidas de presión, esperando que las autoridades den respuesta a sus demandas.

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Por otro lado, algunos sectores que debían ser beneficiados con el 20% de incremento salarial anunciado por el Gobierno (entre ellos educación y salud), rechazaron la reversión de la medida con la abrogación del decreto, y generaron conflictos. El notorio peso de las demandas de tipo administrativo se asentó principalmente en problemas educativos, dada la proximidad del inicio de clases. Se demandó la ampliación de cupos en distintos recintos educativos escolares, universitarios y de formación docente, la refacción de infraestructura a fin de asegurar condiciones mínimas para la realización de las labores educativas. Asimismo se desarrollaron varios conflictos por prestación de servicios públicos, demandando la refacción de vías camineras y apoyo para la mitigación de los efectos climáticos adversos. Los problemas de gestión del espacio urbano, aunque en menor medida que los temas antes señalados, estuvieron también presentes. El reordenamiento de espacios comerciales y el control de rutas de circulación de diferentes líneas de transporte fueron motivo de varios conflictos, y se acentuaron las pugnas por la ocupación de terrenos urbanos, sobre todo en la ciudad de Oruro.

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes En el mes de enero de 2011 nuevamente los sectores vecinal/comunal y educación ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente, de la lista de principales demandantes. En tercer lugar se ubicaron los gremiales, seguidos por el sector salud y las entidades de los ejecutivos municipales.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES ACTORES DEMANDANTES Vecinal/comunal Educación Gremial Salud Entidad del ejecutivo municipal Minero Transporte Otro Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Empresarial Agropecuario/campesino Indígena Carcelario Medios de comunicación/periodistas

Nº

% 30 16 10 9 8 7 6 4 4 4 4 3 3 2

26 14 9 8 7 6 5 3 3 3 3 3 3 2

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Entidad del ejecutivo departamental Centrales obreras Personas individuales Órgano electoral departamental Cívico

Enero de 2011 2 2 1 1 1 1172

Total

2 2 1 1 1 100

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011

Es importante señalar que el impacto de la promulgación del Decreto Supremo 748, pese a su abrogación, se reflejó en los actores que protagonizaron los conflictos de enero. Cerca de una decena de los sectores incluidos en el cuadro Nº 3 (vecinal/comunal, educación, gremial, salud,

Ver nota 1 para casos similares.

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transporte, agropecuario/campesino, empresarial, indígena, entre otros) protagonizó al menos un caso relacionado con las consecuencias de esta medida. Destacan nuevamente los pobladores de las áreas urbanas y rurales del país, como los que más se movilizaron, concentrando más de un cuarto del total de los conflictos. Como es frecuente, no solamente se manifestaron los miembros de juntas vecinales, sino también grupos de personas que no pertenecen a ninguna organización formalmente establecida. Además de los problemas de incremento de precios y de escasez de azúcar, este sector participó en controversias por la prestación de servicios públicos (construcción y mantenimiento de vías y provisión de servicios básicos). Por su parte, el sector educación concentró el 14% de los conflictos. Los casos más frecuentes fueron la demanda de incremento salarial, de mejoramiento de la infraestructura educativa y de aumento de los cupos de admisión en diferentes recintos educativos del país. A diferencia de otros meses, en enero el sector gremial ocupó un lugar central en la lista de principales demandantes, protagonizando conflictos en rechazo al control del precio del pan y a la comercialización de azúcar por parte de EMAPA, además de su tradicional demanda de espacios públicos para la comercialización de sus productos, lo que ciertamente influyó en el protagonismo que alcanzó en el mes de enero. Todos los conflictos que involucraron al sector salud están relacionados con temas laborales, como es ya frecuente. Los tres departamentos del eje fueron escenario de la gran mayoría de las controversias; sin embargo, la intensidad de las protestas fue mayor en la ciudad de Santa Cruz, donde importantes hospitales paralizaron sus actividades durante varios días reclamando beneficios laborales a la Alcaldía Municipal. Es necesario señalar también que funcionarios de entidades municipales de Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y de Warnes protagonizaron varios conflictos demandando incremento salarial, el pago de salarios retrasados y mejoras de las condiciones laborales, y rechazando el despido de trabajadores. En el mes de enero no se registraron controversias relacionadas con reivindicaciones de género. Sin embargo, los medios de comunicación consultados reportaron la participación de mujeres en los conflictos económicos (movilización de mujeres de Guaqui por la instalación de un recinto aduanero en el municipio de Desaguadero; comerciantes de Alasitas demandando el cierre de vías para la realización de la feria; ex trabajadoras del gobierno municipal de Oruro y de la Empresa Metalúrgica Vinto que exigen ser reincorporadas a sus fuentes de trabajo).

3.2. Sectores y actores demandados El Estado, en todos sus niveles y órganos, concentró algo más del 70% de las demandas totales del mes. Las entidades del Gobierno central fueron el blanco en 33% de los conflictos, mientas que las entidades públicas locales y departamentales concentraron el 29% y el 7% del total, respectivamente.

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CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS ACTORES DEMANDADOS Entidad del gobierno central Entidad del ejecutivo municipal Entidad del ejecutivo departamental Transporte Educación Minero Personas individuales Otro Gremial Empresarial Vecinal/comunal Salud Policía Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Agropecuario/campesino Órgano electoral nacional Indígena Cívico Total

Nº 40 36 8 5 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 123

% 33 29 7 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 100

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

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En relación con el mes de diciembre, las demandas dirigidas hacia alguna entidad del nivel central de Gobierno bajaron de 43% a 32% del total. Más de la mitad de los casos de enero tiene carácter económico, y más de un tercio está relacionado con la conflictividad económica que se arrastra desde la promulgación del decreto 748. El resto de los conflictos fue de diversa índole y, salvo algunos casos concretos, de baja intensidad. Los gobiernos municipales concentraron el 30% del total de los conflictos de enero, percibiéndose un incremento en relación con el mes pasado, cuando estos casos constituían el 25% del total. Nuevamente la gestión del espacio urbano fue uno de los principales temas por los que se interpeló a las entidades públicas locales: los problemas de asentamientos comerciales (La Paz, Oruro y Quillacollo), del transporte (Oruro, Santa Cruz y Cochabamba), de la gestión de tierras (La Paz, Oruro y Cochabamba) fueron algunos de los principales generadores de conflictos en varios municipios del país, sobre todo en las capitales de departamento y en los municipios aledaños. Como ya se mencionó, las controversias laborales en las entidades municipales también fueron relevantes. Además de estos temas, los gobiernos locales también fueron interpelados por cuestiones económicas, fundamentalmente en relación con la demanda de control de precios de productos de la canasta familiar y de intervención en la regulación de tarifas del transporte. Los cuestionamientos dirigidos hacia los gobiernos departamentales se mantuvieron en niveles bastante bajos y similares a los del mes de diciembre. En general se observa una dispersión de los conflictos generados en ese ámbito, aunque un denominador común de algunos casos fue el reclamo laboral (demanda de institucionalización de cargos, pago de salarios retrasados y rechazo a posibles despidos) de entidades dependientes de las gobernaciones. En enero se registró al menos una quincena de conflictos al interior de la sociedad civil (más de 13% del total), lo que representa un leve incremento en relación con los meses precedentes. Entre éstos se encuentran las controversias entre vecinos y transportistas por los anuncios de incremento de los precios de los pasajes; entre grupos de vecinos por el control de tierras urbanas; y entre pobladores urbanos y comerciantes por uso del espacio público para la actividad comercial. En casi la mitad de los casos se recurrió a medidas de presión violentas y varios derivaron en el enfrentamiento directo entre partes. El acceso a la tierra urbana y el control de recursos naturales fueron los dos temas que generaron más situaciones de violencia entre sectores de la sociedad.

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4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS El departamento de La Paz registró la mayor cantidad de conflictos del mes, con un cuarto del total, seguido por Oruro (21%), Santa Cruz (17%) y Cochabamba (14%).

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

Nº

La Paz

Oruro

Santa Cruz

Cochabamba

Potosí

Todo el país

Chuquisaca

Beni

Tarija

TOTAL

114

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

El departamento de La Paz registró un leve incremento en la cantidad de conflictos en comparación con el mes de diciembre. La ciudad de El Alto, que normalmente concentra alrededor de la mitad de las controversias del departamento, en enero aglutinó menos de un cuarto, con varios casos dispersos. Así, la mayoría de las situaciones contenciosas tuvo lugar en la sede de gobierno; el denominador común de varias de ellas fue la problemática económica que ya fue abordada. Cerca de la mitad de los casos no sobrepasaron la declaratoria de estado de

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emergencia o el anuncio de movilizaciones, sin que éstas lograran concretarse. Se registraron ocho conflictos en el departamento en los que se utilizaron medidas de presión violentas y/o que derivaron en enfrentamientos. Oruro continúa manteniéndose en el segundo lugar de la lista, con una cantidad de conflictos similar a la registrada en el mes de diciembre. Además de los casos vinculados con la coyuntura económica (al menos cinco), se suscitaron varios conflictos relacionados con las grandes problemáticas urbanas: avasallamiento de tierras, construcciones ilegales, derecho propietario, demandas de refacción de calles, control de la basura y gestión del transporte, que sumaron aproximadamente un tercio del total de los casos de este departamento. Más del 40% de las controversias del mes fueron anuncios de medidas de fuerza; sin embargo, en al menos seis conflictos se recurrió a acciones violentas (tomas de predios) y/o se desarrollaron enfrentamientos. Santa Cruz experimentó un ascenso en la cantidad de conflictos; en diciembre concentró el 11% del total y en enero 18%. Dos grandes temas marcaron la conflictividad del mes: el laboral y el educativo. El primero, que ya fue descrito, involucró sobre todo al sector salud; el segundo tuvo como protagonista al sector educación, que se manifestó en demanda de refacción de los recintos escolares, de mayores cupos para alumnos, de ampliación de convocatorias para el ingreso a escuelas normales, entre otros temas de carácter administrativo. En la mayoría de los casos se utilizaron medidas de presión y por lo menos seis conflictos tuvieron un carácter violento. La conflictividad en Cochabamba también experimentó un aumento en relación con el mes de diciembre, de 10% a 14% del total. Entre los casos destacados se encuentran los vinculados a la escasez de azúcar, al incremento de precios de los productos de la canasta familiar, al acceso a tierras y al control de recursos naturales. Estos últimos fueron algunos de los que alcanzaron mayores niveles de violencia en el departamento; en al menos seis casos se recurrió a acciones violentas o se llegó al enfrentamiento. Las controversias que quedaron solamente en amenaza de medida de presión fueron pocas (cuatro). El Beni, que durante los últimos meses se situó entre los departamento que concentraron mayor cantidad de conflictos, en enero aglutinó solamente el 3% del total. Los elementos que pueden haber ocasionado este descenso de la conflictividad son la emergencia sanitaria por la epidemia de dengue y el inicio de la época de inundaciones que mantiene a los actores departamentales concentrados en la atención de esos problemas.

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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA En enero se registró un total de 169 medidas de presión llevadas adelante por los actores demandantes, lo que representa un importante incremento respecto a lo ocurrido en diciembre de 2010, cuando se verificó un total de 116.

CUADRO Nº 6 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO Medida de presión Anunci o o a mena za

Oruro Beni 14

La Paz Potosí Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca 3

Concentra ci ón o vi gi l i a

Ma rcha

Pa ro o huel ga

Bl oqueo

Cerco

Huel ga de ha mbre

Cruci fi xi ón

Sa queo

2 1

43,20

4,73

8,88

Des trucci ón de bi enes

Agres i ón di recta pers ona s

Toma fís i ca

Toma de rehenes Total

Todo el país Total Porcentaje 4

1 4

1 2

7,10

12,43

0,59

5,33

1,18

0,59

2,96

1,78

9,47

1,78

169

100,00

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

También se utilizó una mayor cantidad de medidas de presión contundentes, especialmente la toma de instalaciones y la agresión directa a personas. Se produjeron varios choques de manifestantes con fuerzas del orden (10), y algunos casos de enfrentamiento entre sectores de la sociedad civil.

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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Como en anteriores ocasiones, la continuidad de los conflictos al concluir el mes ocupó el primer lugar en la lista de desenlace de los conflictos (52% del total de registros). A diferencia de los meses pasados, en enero los acuerdos totales y parciales tuvieron el mismo porcentaje (11% en cada caso) del total de salidas de los conflictos. La negociación entre partes fue de sólo 4%, seguida del retroceso de uno de los actores (3%), en este caso de los comerciantes de la feria de Alasitas ante la Alcaldía de La Paz respecto de su solicitud de instalación de puestos de venta en vías céntricas, de las autoridades del Ministerio de Educación frente a la demanda de bachilleres antiguos para que se les permita ingresar en las escuelas superiores de formación de maestros, y de la Alcaldía de Oruro en relación con la demanda de choferes de micros y minibuses de circular por sus antiguas rutas. Otras salidas con características no convencionales tuvieron una presencia equivalente al 3%. Por otro lado, el cuarto intermedio fue declarado en un caso (comercializadores de agregados de construcción, a propósito de la solicitud de rebaja de precios por parte de una cooperativa comercializadora), y la conciliación/arbitraje/mediación tuvo igualmente lugar en uno de los conflictos (vecinos de las comunidades de Andrada Grande y Chica, de Cochabamba, vs. administración de la urbanización Lomas de Aranjuez, por permiso de tránsito por ésta). Por último, se desconocen las salidas de 16 conflictos por ausencia de información de seguimiento en las fuentes consultadas. La tabla y gráfico siguientes ilustran en detalle lo anteriormente anotado:

CUADRO Nº 8 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN

Nº

Continúa

51,8

Se desconoce

14,0

Acuerdo total

11,4

Acuerdo parcial

11,4

En negociación

4,4

Retroceso de uno de los actores

2,6

Otra

2,6

Cuarto intermedio

0,9

Conciliación/arbitraje/mediación

0,9

TOTAL

114

100

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

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GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, enero de 2011.

7. CONCLUSIONES En el mes de enero de 2011 se registraron 114 conflictos, 42 casos más que en diciembre y 84 más que en enero de 2010. Al respecto, es importante aclarar que más allá de las cifras, este incremento no se refleja necesariamente a nivel cualitativo, pues la mayoría de los conflictos hasta fin de mes se mantuvieron en un nivel de latencia. El alto número de casos presentes en enero ha sido causado por una conjunción de varios factores entre los que destacan los efectos de la promulgación del D.S. 748 –pese a su abrogación–, especialmente la elevación de los precios de productos de primera necesidad, las demandas propias del inicio de año, como las del sector educativo, y las estacionales, como la atención a desastres naturales. Varias problemáticas que no fueron resueltas por las autoridades (como la escasez de alimentos y la inflación) están dando lugar a un fenómeno de efecto “bola de nieve”; esto significa que las tendencias presentes en enero son, en realidad, una continuación de las ya observadas a lo largo del último trimestre de 2010. De mantenerse esta tendencia se podría generar una mayor conflictividad en el futuro. El impacto de la promulgación del Decreto Supremo 748 también se reflejó en los actores protagónicos de los conflictos de enero. Cerca de una decena de sectores sociales

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protagonizaron casos relacionados con esa situación, aunque, en su mayoría, fueron amenazas o anuncios de medidas de presión que hasta fines de mes no derivaron en movilizaciones efectivas. Los sectores vecinal/comunal y educación fueron nuevamente los que mayor cantidad de conflictos iniciaron, con 26% y 14% respectivamente. En el mes de enero no se registraron controversias relacionadas con reivindicaciones de género. Sin embargo, los medios de comunicación a los que se hizo seguimiento reportaron la participación de mujeres en conflictos de carácter económico. El Gobierno central continuó concentrando gran parte de los conflictos (33%), seguido por los gobiernos municipales (29%) y por los departamentales, aunque bastante por debajo (7%). Entre los conflictos con los que tuvo que lidiar el Gobierno central destacan aquéllos vinculados con la situación económica. Los gobiernos municipales fueron cuestionados por los problemas propios de las grandes ciudades (asentamientos comerciales, acceso a tierras para vivienda y gestión del transporte, entre otros) y por cuestiones laborales. Los gobiernos departamentales fueron interpelados por una variedad de temas dispersos. Se registró al menos una quincena de conflictos que confrontaron a sectores de la sociedad entre sí, observándose un incremento en relación con meses anteriores. Algunos de ellos derivaron en enfrentamientos violentos. Los departamentos de La Paz, Oruro y Santa Cruz fueron los que presentaron una mayor cantidad de conflictos. El Beni, que los meses anteriores concentró un porcentaje relevante del total de los casos del país, en enero registró solamente un 3%. La emergencia sanitaria y las inundaciones en el departamento pueden estar relacionadas con dicho descenso. En enero, los actores demandantes desplegaron un mayor número de medidas de presión que un mes antes; se constató también un correlativo incremento de las acciones destinadas a causar daños a terceros (toma de rehenes y de instalaciones, agresiones directas y bloqueos). La continuidad de los conflictos al finalizar el mes fue superior al 50% de los casos registrados. Los acuerdos alcanzados, entre totales y parciales, alcanzaron a 22%. Los procesos de negociación y/o conciliación significaron menos del 5% de las salidas registradas.

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GUÍA RÁPIDA3 CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 3

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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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