Informe de conflictividad Junio 2011

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Informe de seguimiento y anรกlisis de la conflictividad en Bolivia Junio de 2011 Elaborado por la Unidad de Anรกlisis de Conflictos Julio de 2011


Informe mensual de Conflictividad en Bolivia

Índice

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Presentación

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1. La conflictividad en Bolivia

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2. Tipología de los conflictos

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3. Sectores y actores demandantes y demandados

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4. Distribución geográfica de los conflictos

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5. Medidas de presión y violencia

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6. Salida de los conflictos

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7. Conclusiones

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Anexo: Detalle de los conflictos de junio de 2011

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Conceptos fundamentales

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Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de junio de 2011. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de más de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de doce periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni, La Patria del Beni y El País) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. A partir del mes de febrero la Fundación UNIR Bolivia ofrece un nuevo formato de informe, que tiene como objetivo brindar la información esencial en torno a la conflictividad del período de manera más sintética, gráfica y de fácil lectura. Esperamos que el trabajo realizado brinde elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

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INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente a junio de 2011 1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA De acuerdo con las fuentes consultadas (doce periódicos y dos redes radiofónicas a nivel nacional), en el mes de junio se registró un total de 127 casos de conflictos sociales en Bolivia, es decir, cinco menos que en mayo y 41 menos que en abril, mes en el cual se registró la cantidad más alta del primer semestre del año. GRÁFICO Nº 1 CANTIDAD DE CONFLICTOS: ENERO A JUNIO 2011

180

168

160

133

140

120

120

113

114

100

127

80 60 40 20 0 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

Junio cierra el primer semestre de la gestión con cifras aún altas de conflictividad en comparación con anteriores periodos. Pese a esta leve disminución de los conflictos y a la solución parcial de algunas de las principales problemáticas que congestionaron el clima social durante los primeros meses (como el encarecimiento de productos de la canasta familiar, el anunciado aumento de las tarifas de transporte y el incremento

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salarial), es evidente la persistencia de malestares profundos que van más allá de lo meramente coyuntural y que, en la medida que no sean atendidos ni resueltos en un plazo razonable, podrían complejizar aún más el escenario sociopolítico futuro. Buena parte de los conflictos de junio presenta un elemento común que requiere ser analizado para comprender mejor la realidad actual del país: la existencia de importantes demandas sociales de acceso a recursos y a medios de subsistencia, como lo evidencian las controversias por el control de yacimientos mineros y de otros recursos naturales estratégicos, el rechazo a la salida de circulación de motorizados con una antigüedad mayor a 12 años, las demandas generalizadas de incremento salarial y otras.

Retrospectiva: Entre junio de 2010, cuando se registró un total de 57 conflictos, y junio de 2011, con 127, hubo un incremento de 123% en el número de conflictos.

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de junio, los conflictos de carácter económico representaron el 30% del total: 16,02% de casos vinculados con la situación económica de las personas y 13,81% de controversias laboral/salariales. Los conflictos de índole administrativa en entidades públicas y privadas alcanzaron a 14,36%. TABLA Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

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En el mes de junio se suscitaron al menos cinco conflictos por disputa de yacimientos mineros, que alcanzaron altos grados de violencia.

GRÁFICO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Ideológico político 5% Gestión del espacio urbano 5%

Leyes/medidas legales 8% Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 12%

Otro 17%

Medidas económicas/situación económica 16% Gestión administrativa 14%

Laboral/salarial 14%

Prestación de servicios públicos 9% Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

Con pocos cambios respecto al anterior mes, se observa un ligero retroceso de los conflictos económicos (situación económica y controversias laborales) de alrededor de 4%, que, tomando en cuenta las cifras de principios de año y las de mayo, muestra una tendencia a la contracción, lo que puede deberse a la frecuente disminución de este tipo de conflictos al avanzar el año. Varios temas se encuentran en este eje, resaltando los persistentes ecos de las demandas de incremento salarial, el rechazo a descuentos por los paros del mes de abril, a la legalización de autos indocumentados y a la prohibición de circulación de vehículos con una antigüedad mayor a 12 años, así como la disputa por yacimientos mineros entre campesinos, mineros y empresas privadas, conflictos que tuvieron serias consecuencias debido a la radicalidad de las medidas de presión adoptadas y a su coste humano. A diferencia de los meses anteriores, y pese a la existencia de algunos temas centrales de conflicto, se pudo comprobar una mayor dispersión de las demandas, especialmente de aquellas relacionadas con cuestiones administrativas. Los conflictos por prestación de servicios públicos fueron importantes, específicamente los referidos a la ejecución de obras municipales, al mejoramiento de la atención en salud y a la otorgación de ítems para el sector educativo. En cuanto a otro tipo de conflictos, resaltaron, al igual que en mayo, las desavenencias político/ideológicas que se expresaron en la pugna por el control de varios municipios, como Oruro, Sucre y La Guardia en Santa Cruz. Página 6


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3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3. 1 Sectores y actores demandantes Los sectores que se movilizaron durante el mes de junio fueron los siguientes: TABLA Nยบ 2 SECTORES DEMANDANTES

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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

En junio, el sector vecinal/comunal (habitantes de áreas urbanas y rurales sin diferenciación específica) fue nuevamente el que más conflictos protagonizó. Hubo tres temas preponderantes por los que dichos actores se movilizaron: prestación de servicios públicos (28,57%), límites político-administrativos (11,43%) y gestión administrativa (8,57%). Los principales conflictos por prestación de servicios públicos protagonizados por el sector vecinal/comunal estuvieron relacionados con la provisión de electricidad, agua potable, dotación de medicamentos en centros de salud públicos y transporte (regularización de horarios y rutas de distintas líneas de transporte en La Paz, apertura de los puentes Trillizos al transporte público, protestas por malos servicios). Destacaron también las demandas de inicio de obras (puerto seco en la localidad de Paria, Oruro; espacio social en Palos Blancos, La Paz). Dentro de la conflictividad por límites político-administrativos hay que mencionar los casos de los pobladores de Omereque, Cercado y Arbieto en Cochabamba, demandado una decisión definitiva a sus controversias, y el de los pobladores de Coroma y Quillacas en relación con la delimitación de parte de los departamentos de Potosí y Oruro, que arribaron a un preacuerdo de reconducción del litigio a través de un arbitraje neutral. Entre los principales conflictos por problemas de gestión administrativa –el tercer gran tema por el que se moviliza el sector vecinal/comunal– se encuentran el rechazo de los vecinos a las determinaciones municipales de ampliación de obras públicas, la oposición al cambio de la ruta de una entrada folklórica (Cochabamba), y el cuestionamiento de la Federación

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Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Potosí a la gestión de las autoridades ejecutivas y legislativas del municipio. GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES Vecinal/comunal Educación Gremial Salud Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Transporte Agropecuario/campesino Ejecutivo municipal Servicios privados Organizaciones políticas Cívico Fabril Minero Indígena Personas Individuales Gobierno central Pueblos indígenas Otro Ejecutivo departamental (empleados) Carcelario

26,47 15,44 8,82 7,35 6,62 5,88 5,15 2,94 2,94 2,94 2,94 2,21 2,21 2,21 1,47 1,47 0,74 0,74 0,74 0,74

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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

El sector educación –número dos dentro de la lista de demandantes por segunda vez desde mayo– se movilizó por asuntos laborales/salariales y de gestión administrativa: los maestros urbanos y rurales del país rechazaron el anuncio gubernamental de descuento por los días que no trabajaron durante las movilizaciones de mayo (pidiendo un incremento salarial mayor al 10%), y los estudiantes de las universidades públicas cuestionaron las decisiones de las autoridades universitarias sobre temas académicos y de representación estudiantil. En el mes de junio, la participación de las mujeres en los conflictos fue significativa. Su protagonismo quedó registrado en conflictos como el que llevaron adelante los vecinos de la zona Cervecería en La Paz por el cumplimiento municipal de un preacuerdo de expropiación de viviendas. Es destacable la existencia de algunos casos protagonizados exclusivamente por mujeres, como el de las trabajadoras sexuales de El Alto que exigían la renuncia de un funcionario municipal a raíz de un violento operativo llevado a cabo en un local nocturno, y el de las esposas de policías en rechazo a la descentralización de la Dirección de Identificación.

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3.2 Sectores y actores demandados A continuaci贸n se presentan los sectores que fueron blanco de los conflictos del mes. TABLA N潞 3 SECTORES DEMANDADOS

La mayor parte de los conflictos protagonizados por el sector vecinal/ comunal se suscit贸 en el departamento de La Paz.

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El Gobierno central volvió a ser el principal blanco de las demandas de los distintos actores de la conflictividad de junio. Sin embargo, en comparación con el mes precedente, hubo una importante disminución (de 35% a 26%). La mayor parte (38%) de las interpelaciones dirigidas contra el Gobierno central fueron de carácter económico (medidas económicas y temas laborales/salariales) seguidas por las vinculadas con la prestación de servicios públicos (12%).

En junio no se registraron conflictos que involucraran a las asambleas legislativas departamentales. .

Es importante anotar que, entre los movilizados por la problemática económica, los principales interpelantes del Gobierno fueron los transportistas (rechazo a la Ley de saneamiento legal de vehículos indocumentados), el sector carcelario (incremento del prediario) y diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Nacional de No Videntes, la Asociación Nacional de Esposas de Policías o el Consejo Departamental del Adulto Mayor de Tarija (véase Anexo). GRÁFICO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS Gobierno central Ejecutivo municipal Ejecutivo departamental Educación Vecinal/comunal Otro Legislativo municipal Cívico Transporte Servicios privados Personas individuales Minero Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Legislativo nacional Gremial Fabril Agropecuario/campesino Salud trabajadores sector público Policía

26,25 25,63 14,68 5,00 3,75 3,75 3,75 2,50 1,88 1,88 1,88 1,88 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,63 0,63

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Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

Los ejecutivos municipales fueron interpelados en junio más frecuentemente que hace un mes, cuando concentraron sólo 20% de la conflictividad. Los problemas de gestión administrativa (20%) y de gestión del espacio urbano (15%) fueron los principales por los que los ejecutivos municipales fueron demandados. Los cuestionamientos a la administración de las obras públicas (impactos previstos y plazos estimados), así como al modo en que las alcaldías gestionan el ordenamiento de los espacios públicos urbanos, especialmente en relación con su aprovechamiento comercial, marcaron una vez más, sobre todo en Cochabamba y Potosí, la tónica de la presión social dirigida hacia los gobiernos municipales. Página 11


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Por su parte, los ejecutivos departamentales, en tercer lugar entre los demandados aunque muy por debajo de los anteriores, no registraron una variación considerable respecto al mes precedente (de 14% a 15%). Mientras que en mayo las distintas gobernaciones del país fueron objeto de demandas principalmente por temas de gestión administrativa, en junio tuvieron que lidiar con asuntos laborales/salariales (22%), como el rechazo a despidos y la demanda de pago de salarios devengados, ambos en el sector salud, y la demandas de ítems educativos. Considerando todos sus niveles y órganos, el Estado concentró cerca del 70% de los conflictos sociales, lo que muestra una importante diminución respecto a los últimos meses en los que rondó el 80%.

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS El siguiente cuadro muestra la distribución de la conflictividad en los departamentos. TABLA Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

Se observan notables cambios en la distribución geográfica de la conflictividad respecto al mes de mayo: la cantidad de conflictos se incrementó considerablemente en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Llama la atención, además, la baja cantidad de conflictos registrados en Santa Cruz, uno de los departamentos que a lo largo del semestre se mantuvo con alrededor del 20% de las controversias, habiendo bajado del segundo y tercer lugares al sexto puesto entre los departamentos con mayor número de conflictos. Como es una constante, alrededor del 78% de los conflictos se desarrollaron en las capitales de departamento.

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GRÁFICO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Santa Cruz 9%

Oruro 7%

Beni 2%

Potosí 10%

Chuquisaca 12%

Pando 2% Cochabamba 21%

La Paz 21% Tarija 16%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

De acuerdo con las fuentes consultadas, los municipios donde se registró la mayor cantidad de casos fueron los siguientes: TABLA Nº 5 CONFLICTOS POR MUNICIPIO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA DE LOS CONFLICTOS TABLA Nº 6 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia (junio 2011)

En al menos 9 conflictos se reportaron heridos, en 3 casos se tomó detenidos y en uno murió una persona.

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Con 226 medidas de presión registradas, cifra apenas menor a la de mayo, en junio se pudo observar una acentuación de los grados de violencia no sólo en el conteo nominal de medidas de presión que implican mayor radicalidad, sino también en relación a la existencia de más intervenciones de fuerzas del orden y de más enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil. También se produjeron más casos en los cuales hubo detenidos y heridos, e incluso un deceso, hecho ocurrido durante los enfrentamientos por la posesión de la mina Chojñacota entre dos comunidades en la provincia Loayza del departamento de La Paz. En mayo hubo 19 intervenciones de fuerzas del orden en conflictos, 6 de las cuales fueron resistidas, generando así fricciones violentas.


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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Al finalizar el mes de junio se pudo evidenciar que: Se alcanzaron acuerdos en 22,05% de los conflictos. Los acuerdos fueron totales en 15,7% de los casos y parciales en 6,3%. Este tipo de salida fue alcanzada principalmente en aquellos conflictos vinculados con demandas económicas – destacándose las laborales/salariales–, gestión administrativa y prestación de servicios públicos. Un tercio de los conflictos (34,6%) quedó sin resolución al finalizar el mes. Las controversias por medidas económicas/situación económica, ideológicopolíticas y por problemas de gestión administrativa, en ese orden, fueron las predominantes entre los conflictos que continuaban vigentes al terminar junio. Entre los conflictos económicos irresueltos se encuentran los de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) y de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la provincia Méndez (Tarija), que demandaron desembolso de recursos económicos y/o modificación de presupuestos anuales por malos manejos económicos, y el de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) demandando medidas para evitar que se sigan produciendo avasallamientos de minas por comunarios. A diferencia de los meses anteriores, en los que el retroceso de uno de los actores era poco significativo, en junio este tipo de salida alcanzó a 5,5%. El principal tema en torno al cual demandantes o demandados cedieron en sus posiciones fue el labora/salarial. El cuarto intermedio fue declarado en un 3,15% de los conflictos y se iniciaron procesos de negociación en 1,5% de los casos.

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7. CONCLUSIONES En junio la cantidad de conflictos disminuyó ligeramente (4% aproximadamente) respecto al mes anterior, manteniéndose todavía una alta tendencia a la conflictividad, si se la compara con el mismo periodo de años anteriores. A pesar de haberse resuelto parcialmente varios de los principales problemas que generaron conflictos en los meses pasados, persiste el malestar en relación a la situación económica en general, lo que se evidencia a través de los conflictos por cuestiones salariales y debido a pugnas por el control de recursos naturales, entre otros. Algunos casos registraron altos índices de violencia, habiéndose producido numerosas intervenciones de fuerzas del orden, despliegue de acciones de presión contundentes, enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil, saldos de heridos e incluso de un muerto. La tipología de conflictos de junio es similar a la de los meses anteriores. Destacan varios conflictos mineros que alcanzaron altos grados de violencia. Se ratifica el protagonismo de los sectores vecinal/comunal y educación, que se movilizaron principalmente por la prestación de servicios públicos, el primero, y por temas laborales/salariales, el segundo. El Estado, en sus diferentes niveles, siguió concentrando la mayor parte de la conflictividad, y dentro de éste el Gobierno central, aunque con niveles menores a los presentados en los meses anteriores. Los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca incrementaron significativamente el número de sus conflictos; mientras que Santa Cruz experimentó un considerable descenso, bajando del segundo y tercer lugares, en los que se mantuvo desde enero, al sexto en la conflictividad nacional. A diferencia de lo ocurrido en mayo, se produjo un importante aumento de casos en los que uno de los actores retrocedió en su posición. Los acuerdos logrados en junio fueron ligeramente mayores que en el mes pasado.

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ANEXO DETALLE DE LOS CONFLICTOS DE JUNIO DE 2011

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CONCEPTOS FUNDAMENTALES Reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación – en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda.

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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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