INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Agosto de 2010
Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Agosto de 2010
Índice Presentación
p. 3
1. La conflictividad en Bolivia
p. 4
2. Tipología de los conflictos
p. 11
3. Sectores y actores demandantes y demandados
p. 13
4. Ámbitos de los conflictos
p. 20
5. Medidas de presión y violencia
p. 23
6. Salida de los conflictos
p. 25
7. Conclusiones
p. 27
Guía rápida
p. 29
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Agosto de 2010
Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de agosto de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe. La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Agosto de 2010
INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Agosto de 2010
1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos en Bolivia, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN AGOSTO DE 2010 Nº
ACTOR DEMANDANTE
ACTOR DEMANDADO
ASUNTO
1
Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y otros actores de Potosí
Gobierno central
Pliego de demandas regionales
2
Pobladores de Coroma
Gobierno central
Solución a conflicto de límites
3
Pobladores de Llallagua
Gobierno central
Demanda de solución de conflicto de Potosí y pliego petitorio
4
Sindicato mixto de trabajadores mineros de Huanuni
Gobierno central
Demanda de solución de conflicto limítrofe entre Oruro y Potosí
5
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO)
Gobierno central
Solución a conflicto limítrofe con Potosí
6
Comité Cívico de Oruro y Comité Interinstitucional de Defensa Territorial del Departamento de Oruro
Gobierno central
Pliego petitorio regional
7
Pobladores de Uyuni (Potosí)
Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)
Demanda de levantamiento de medidas de presión a actores del conflicto regional de Potosí
8
Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia
Gobierno central
Rechazo a proyecto de ley de modificación del Código Tributario y la Ley General de Aduanas
9
Confederación Sindical de Choferes de Bolivia
Gobierno central
Rechazo a proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas
10
Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana
Gobierno central
Rechazo a nueva Ley de Pensiones
4
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Agosto de 2010
de Potosí
11
Central Obrera Departamental (COD) de Oruro y Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni
Gobierno central
Rechazo a nueva Ley de Pensiones
12
Vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Oruro
Gobierno central
Rechazo a la aprobación del proyecto de Ley 780 que modifica el Código Tributario y a la Ley General de Aduanas
13
Comité de Vigilancia de Warnes
Concejo Municipal de Warnes y Movimiento al Socialismo
Rechazo a suspensión de Alcalde electo Nyls Carmona
14
Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA)
Gobierno central, Ministerio Público y Senador Fidel Surco
Rechazo a persecución judicial a dirigentes y renuncia del senador Fidel Surco
15
Militantes de la agrupación ciudadana Insurgencia Martín Uchu
Movimiento al Socialismo y Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba
Control de la Alcaldía de Punata
16
Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari
Gobierno central
Demanda de reestructuración del gabinete ministerial
17
Concejales del Movimiento Sin Miedo (MSM) del Concejo Municipal de Oruro
Concejales por el Movimiento al Socialismo (MAS) del Concejo Municipal de Oruro
Defensa de la Alcaldesa Rossío Pimentel
18
Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG)
Gobernación de Santa Cruz
Rechazo a designación de subgobernador
19
Pobladores de Ayacucho, La Merced y Punta Rieles (provincia Ichilo, Santa Cruz)
Gobernación de Santa Cruz
Demanda de ejecución de la segunda fase del proyecto caminero Ayacucho-Punta Rieles
20
Unión de Transportistas de Vaca Díez (Beni)
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Demanda de mantenimiento de carreteras interprovinciales e interdepartamentales
21
Comité Cívico de Camargo
Empresa constructora OAS
Demanda de mantenimiento de carreteras
22
Asociación de Transporte Libre (ATL) de Potosí
Alcaldía de Potosí
Demanda de refacción de calles y avenidas
23
Juntas Vecinales del Distrito 1 de Santa Cruz
Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de pavimentación de calles y avenidas
24
Asociación del Transporte Libre (ATL) del Beni
ABC
Demanda de mantenimiento de carreteras
25
Pacto Intersindical de Trabajadores Municipal de Sucre
Alcaldía de Sucre
Demanda de restitución de personal despedido
26
Trabajadores de la ex Compañía de Servicios Eléctricos de Trinidad (COSERELEC)
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)
Demanda de pago de salarios atrasados
27
Central Obrera Departamental (COD) del Beni
Órganos ejecutivo y legislativo del Gobierno Departamental del Beni
Demanda de solución del conflicto laboral del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM)
5
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Trabajadores del Seguro Universal de Salud Autónomo (SUSA)
Subgobernación de la provincia Vaca Díez (Beni)
Demanda de pago de salarios retrasados
29
Federación de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (FENSEGURAL)
Gobierno central
Incumplimiento de acuerdos laborales
30
Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia
Gobiernos municipales de ciudades capitales del país
Rechazo a despidos de trabajadores
31
Trabajadores del Hospital Municipal de Camiri (Santa Cruz)
Alcaldía de Camiri
Demanda de pago de bono de antigüedad
32
Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni
Gobernación del Beni
Rechazo a despido de trabajadores
33
Trabajadores del Hospital Materno Infantil Germán Urquidi
Alcaldía de Cochabamba
Demanda de incremento salarial de 5%
34
Federación Departamental Única de de Trabajadores Eventuales del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) y Trabajadores del Plan de Empleo Urgente (PEU)
Gobierno Departamental de Tarija
Demanda de proyecto de ley departamental del Plan de Empleo Urgente (PEU)
35
Sindicato Departamental de Desocupados de Oruro
Gobierno central
Demanda de fuentes de trabajo
36
Sindicato Mixto de Trabajadores del Municipio de Oruro
Alcaldía de Oruro
Incumplimiento de acuerdos
37
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (SINTRAUTO)
Autoridades universitarias de la UTO
Demandas laborales
38
Jugadores de Real Mamoré
Directivos de Real Mamoré
Demanda de pago de salarios adeudados
39
Jugadores de The Strongest
Dirigencia de The Strongest
Demanda de pago de sueldos atrasados
40
Docentes de la Universidad Autónoma del Beni (UAB)
Autoridades de la UAB
Demanda de pago de salarios retrasados
41
Egresados de la especialidad en lengua aymara de la Normal de El Alto
Ministerio de Educación
Demanda de ítems
42
Vecinos de la calle Amboró (Santa Cruz )
Comerciantes de La Ramada y Alcaldía de Santa Cruz
Rechazo a asentamientos comerciales
43
Comerciantes de la Terminal Bimodal de Santa Cruz
Comerciantes afines al dirigente Clemente Chambillo
Ocupación de puestos comerciales
44
Vecinos del distrito de Pompeya (Trinidad)
Comerciantes del distrito de Pompeya
Demanda de reubicación de comerciantes
45
Vecinos y comerciantes de la zona de Miraflores (Oruro)
Alcaldía de Oruro
Demanda de pronta conclusión del Mercado de Abasto
46
Junta vecinal del barrio Urbarí (Santa Cruz)
Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de uso de terrenos municipales
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Vecinos del barrio Ambrosio Villarroel (Santa Cruz)
Concejo Municipal de Santa Cruz
Demanda de derogación de ordenanza municipal que dispone de terrenos aledaños al río Piraí
48
Campesinos de Santa Bárbara (La Paz)
Hacendado Jorge López Videla
Demanda de utilización de terrenos para construcción de cancha
49
Concesionarios dragueros de oro de la cuenca del río Piraí
Gobernación de Santa Cruz y Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de protección de cuenca del río Piraí y reglamentación de actividades mineras
50
Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de las provincias Velasco y Ñuflo de Chávez
Gobernación de Santa Cruz
Demanda de construcción de un puente entre las comunidades de Santa Rosa de Roca, Piso Firme, Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff
51
Sindicato de Trabajadores del Hospital Japonés
Alcaldía de Santa Cruz
Demanda de materiales y personal para cubrir demanda de salud
52
Internos del penal de San Antonio (Cochabamba)
Dirección del Régimen Penitenciario
Demanda de pago de prediarios adeudados
53
Transportistas de la línea W (Quillacollo)
Policía Nacional
Rechazo a detención del asesor legal del sindicato
54
Estudiantes pensionados de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba
Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil (DUBE) de la UMSS
Rechazo a irregularidades en la gestión administrativa del comedor estudiantil
55
Asociación de Matarifes de Quillacollo
Alcaldía de Quillacollo
Demanda de construcción de nuevo matadero municipal
56
Vecinos de Pampa San Miguel (Cochabamba)
Universidad Mayor de San Simón
Demanda de regularización de títulos de propiedad
57
Propietarios de terrenos del barrio Ushpa Ushpa (Cochabamba)
Asentados en terrenos del barrio Ushpa Ushpa
Demanda de desocupación de terrenos ocupados con asentamientos ilegales
58
Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba
Concejo Municipal de Cochabamba y Transporte Federado de Cochabamba
Demanda de cumplimiento de ordenanza municipal que permite la circulación de transporte público no sindicalizado
59
Mancomunidad de Municipios del Chaco Chuquisaqueño (MMCH)
Gobierno central y Gobernación de Chuquisaca
Demanda de atención a sequía en la región
60
Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de Sucre
Gobernación de Chuquisaca
Demanda de mejores condiciones para estudiantes
61
Confederación Sindical de Choferes de Bolivia
Gobierno central
Rechazo a reglamento de licencias de tránsito para mayores de 60 años
62
Directores del Complejo Hospitalario Viedma
Alcaldía de Cochabamba
Demanda de dotación de mayores recursos económicos
63
Importadores de vehículos de todo el país
Gobierno central
Demanda de devolución de vehículos incautados
64
Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Beni
Ministerio de Salud
Demanda de ítems para la región
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65
Cooperativa de Comercializadores de Carne Tauro
Alcaldía de Tarija
Rechazo al aumento del precio del faenado y demanda de renuncia del Gerente del Matadero Municipal
66
Movimiento por la Dignidad y la Vivienda
Alcaldía de Trinidad
Rechazo a expropiación de terrenos baldíos
67
Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB)
Gobierno central
Rechazo a construcción de carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos
68
Universidad Técnica de Oruro (UTO)
Gobierno central
Demanda de incremento presupuestario
69
Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro
Gobernación de Oruro
Rechazo de avasallamientos a sus terrenos
70
Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA)
Gobernación de Oruro
Demanda de militarización del distrito minero La Joya
71
Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Oruro
Alcaldía de Oruro
Rechazo a incremento de precio del pan
72
Universidades públicas del país
Ministerio de Economía y Finanzas
Demanda de incremento presupuestario
73
Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) Sur de El Alto
Dirección Distrital de Educación de El Alto
Demanda de destitución de la directora del colegio Andrés Bello
74
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto
Gobierno central
Rechazo a exclusión de las OTB de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD)
75
Federación de Artesanos Trabajadores en Madera (FATMA)
Gobierno central
Rechazo a escasez de madera
76
Universidad Pública de El Alto (UPEA)
Gobierno central
Demanda de entrega de nuevo edificio
77
Activistas de derechos humanos
Gobierno central
Demanda de colaboración para encontrar los restos de los desaparecidos durante las dictaduras
78
Dirigentes del Distrito 1 de El Alto
Presidencia de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto
Pugnas por cargos dirigenciales
79
Federación Regional de Comunidades Campesinas (FERCOCA) de Palos Blancos
Gobierno central
Rechazo a erradicación de coca
80
Estudiantes de secundaria del colegio Andrés Bello Aeropuerto (El Alto)
Junta escolar
Demanda de renovación de dirigentes de juntas
81
Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto
Alcaldía de El Alto
Pliego petitorio
82
Padres de niños con discapacidad de El Alto
Gobernación de La Paz
Demanda de ítems
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83
Choferes de transporte público mayores de 60 años de La Paz
Organismo Operativo de Tránsito
Rechazo a reglamento de licencias de tránsito para mayores de 60 años
84
Trabajadores de avance de obras de la ciudad de Oruro y Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Oruro
Concejo Municipal de Oruro
Demanda de pronta aprobación del POA reformulado
85
Vecinos de la urbanización Sajama de la ciudad de Oruro
Alcaldía de Oruro
Demanda de firma de resolución judicial para la demolición de construcciones clandestinas en la urbanización Sajama
86
Afiliados a la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro (CODEJUVEPURO)
Alcaldía de Oruro
Demanda de aceleramiento de Auditoria Técnica a los lotes de terreno de diferentes urbanizaciones
87
Suyus Jach´a Carangas, Jatun Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru Chipaya (Oruro)
Asamblea Legislativa Departamental de Oruro
Demanda de proyectos de desarrollo y cuotas de poder
88
Afiliados a la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Súper Feria (Oruro)
Gobierno central
Pliego petitorio sectorial
89
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) (Yacuiba)
Gobierno central
Rechazo a pruebas sísmicas para encontrar petróleo en el Aguaragüe
90
Docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma del Beni (UAB)
Gobierno central
Demanda de respeto a institucionalidad
91
Personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad
Alcaldía de Trinidad
Demanda de designación de nuevo administrador
91
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
La cantidad de conflictos en agosto se mantuvo elevada y prácticamente invariable con respecto al mes de julio. La gravedad de la conflictividad en el mes no sólo se evidencia por el alto número de conflictos, sino también por los niveles de violencia que continuaron siendo elevados e incluso, en algunas situaciones, se incrementaron. Como se indicó en anteriores informes, parte de esta tendencia de alta conflictividad se explica desde los procesos de transformación del sistema político, la formulación de leyes para la implementación de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, y la operativización de las autonomías, entre otros. Estos procesos han generado cierto malestar, en parte a raíz de las altas expectativas que diversos sectores sociales tienen en torno a ellos, ya que consideran que pueden resolver los problemas estructurales que aquejan al país y, en parte, debido a la forma en que el partido de gobierno está desarrollando estos procesos.
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Agosto de 2010
Existe otro elemento que ha coadyuvado al incremento de la conflictividad y que, de hecho, ha sido un factor importante y evidente en el alto grado de confrontación que caracterizó al conflicto de Potosí, el más importante del mes. Este elemento es el clima de confrontación política, que una vez debilitada la oposición, se expresa al interior del bloque gobernante y genera fuertes fricciones entre las tendencias centralistas y las aspiraciones de las regiones. Evidentemente las elevadas cifras registradas se deben también a la presencia de problemas recurrentes. La demanda de prestación de servicios públicos, la situación precaria de los trabajadores y la pobreza de grandes sectores de la población son determinantes estructurales de la conflictividad que, durante el mes de agosto, han estado marcadamente presentes. A continuación se presenta un resumen de los casos de conflicto más importantes del mes: -
El principal caso de conflicto en agosto fue el del departamento de Potosí, que ya se había iniciado en los meses anteriores. El paro departamental generalizado, los bloqueos de carreteras interdepartamentales y la huelga de hambre de miles de ciudadanos en Potosí y en otras regiones del país, agravaron en gran medida el conflicto que el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) encabezaba desde hacía un tiempo. El conflicto giró en torno a las siguientes demandas: puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa; freno al deterioro del Cerro Rico; instalación de una fábrica de cemento en la localidad de Coroma, próxima al cerro Pahua donde existen yacimientos de piedra caliza; consolidación de la explotación e industrialización del litio del salar de Uyuni; conclusión de los trabajos de la carretera del sur; construcción de un aeropuerto internacional; solución al conflicto de límites interdepartamentales con Oruro; transferencia de acciones de las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí, y solución al conflicto con Chile en torno a las aguas del Silala. En el proceso de negociación entre las partes estas demandas se concentraron en seis. La cohesión que lograron los pobladores del departamento, sin que se presenten mayores fisuras entre áreas urbanas y rurales, fue determinante en la efectividad y contundencia de las medidas de presión, las cuales fueron progresivas y sostenidas. Es necesario destacar el hecho de que, durante el conflicto, algunos líderes priorizaron su identidad regional por sobre su filiación políticopartidaria, fortaleciendo con ello las demandas potosinas. Pese a que, finalmente, se arribó a acuerdos con el Gobierno central, el conflicto no fue del todo resuelto, ya que algunas de las demandas no pudieron ser atendidas, incluyendo la resolución del problema de límites con el departamento de Oruro, quedando aplazadas para futuras negociaciones.
-
El proyecto de modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario, que impulsan las autoridades nacionales, sigue siendo un trascendental foco de malestar social en sectores económicos dependientes del comercio. Aunque las medidas de presión no adquirieron mayor contundencia pese a anuncios de cierre de mercados y de fronteras, algunas derivaron en enfrentamientos con efectivos del orden e incluso se presumió la culpabilidad de los manifestantes en el incendio de las oficinas de la Aduana
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Nacional en Oruro. Las movilizaciones se desarrollaron a nivel nacional, con una mayor concentración en la zona occidental del país, donde también se manifestaron sectores ajenos a los gremiales. Cabe mencionar que el sector gremial no es un cuerpo cohesionado; algunos de sus miembros, como los de la Confederación Única de Trabajadores por Cuenta Propia y los gremialistas de Santa Cruz, adoptaron posiciones más bien conciliadoras, aceptando las nuevas leyes a cambio de continuar en el régimen simplificado y de contar con el tiempo suficiente para regularizar la tenencia de su mercadería en el marco de las nuevas exigencias.
2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de agosto los conflictos por medidas económicas/situación económica de las personas, por temas laborales/salariales y de gestión administrativa ocuparon los primeros lugares con el mismo porcentaje (16%). También se distinguieron los conflictos por prestación de servicios públicos (11%) y por leyes/medidas legales (9%). A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su importancia:
CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS TIPO DE CONFLICTO
Nº
%
Medidas económicas/situación económica
23
15,86%
Laboral/salarial
23
15,86%
Gestión administrativa
23
15,86%
Prestación de servicios públicos
16
11,03%
Leyes/medidas legales
13
8,97%
Ideológico-político
10
6,90%
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad
9
6,21%
Tierra
6
4,14%
Gestión del espacio urbano
6
4,14%
Recursos naturales y medio ambiente
6
4,14%
Límites político-administrativos
5
3,45%
Incumplimiento de convenios
2
1,38%
Derechos humanos
2
1,38%
Valores/ creencias/identidad
1
0,69%
1451
100%
TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
1
Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios casos están vinculados con más de una categoría de tipo de conflicto.
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Agosto de 2010
GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
Las principales problemáticas que generaron conflictos en los pasados meses tuvieron continuidad en el mes de agosto. Esto hizo que, con mínimas diferencias, se presenten los mismos tipos de conflictos en un similar orden de distribución. La conflictividad relacionada con temas económicos concentró un tercio de los casos. Dos fueron las principales cuestiones que les dieron origen: la gestión y utilización de recursos naturales y la modificación del Código Tributario y de la Ley General de Aduanas. Por otro lado, hubo casos por atención a zonas que sufrieron desastres naturales, pedidos de incremento presupuestario por parte de entidades universitarias y conflictos relacionados con la problemática de asentamientos comerciales. Todas las controversias se dirigieron hacia algún nivel del Estado, especialmente al Gobierno central. Los conflictos laborales fueron ocasionados por demandas de creación de fuentes de trabajo o defensa de éstas ante eventuales despidos masivos. Varios de los casos –como el de los trabajadores municipales de ciudades capitales, el de los trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni y el de los beneficiarios del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) en Tarija– se originaron por la dilación en la atención de demandas interpuestas desde el mes de junio e incluso mayo. Los actores demandantes lograron obtener apoyo de otras organizaciones sociales, las cuales desplegaron medidas de fuerza, ya sea por similares reivindicaciones o exigiendo la pronta solución del conflicto inicial. La perseverancia de los actores involucrados en movilizaciones continuas y de alto coste personal, como lo fueron las marchas y las huelgas de hambre, da cuenta de la difícil situación laboral del país que determina que buscar una fuente de trabajo alternativa no sea parte de sus opciones. Por otro lado, se registraron varios conflictos exigiendo el pago de salarios o bonos adeudados, sobre todo por parte de funcionarios públicos; en el sector privado prácticamente no hubo
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
controversias de esta índole, aunque por segundo mes consecutivo se registraron conflictos internos por temas salariales en dos clubes de fútbol profesional. Destacaron también los conflictos por prestación de servicios públicos, siendo un común denominador en estos las demandas de mantenimiento y mejoramiento de calles, avenidas y carreteras, con mayor énfasis en las regiones oriental y sur del país. La persistencia de conflictos por temas legislativos obedece al proceso de diseño del nuevo sistema jurídico del país; en agosto se cuestionaron, ya sea de manera parcial o total, el proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas, el proyecto de Código Laboral, el proyecto de Ley de Pensiones y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Finalmente, se distinguieron tres nuevos casos de judicialización de la política: uno en Warnes, otro en Punata y el tercero en la ciudad de Oruro; los mismos muestran que las pugnas políticas entre el partido de gobierno y los partidos opositores continúan y se están convirtiendo en un foco frecuente de conflictos.
3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes El principal sector demandante fue, como es ya habitual, el vecinal/comunal, que concentró el 19% de los conflictos. El sector educación, cuyo perfil había bajado durante los dos últimos meses, en agosto volvió a protagonizar una cantidad relevante de controversias, situándose en el segundo lugar de la lista (15%). En tercer lugar aparecen organizaciones y grupos de la sociedad civil que aglutinan el 12% de la conflictividad del mes.
CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES SECTOR DEMANDANTE
Nº
%
Vecinal/comunal
20
19,42%
Educación
15
14,56%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
12
11,65%
Transporte
8
7,77%
Salud
8
7,77%
Agropecuario/Campesino
7
6,80%
Minero
5
4,85%
Gremial
5
4,85%
Indígena
4
3,88%
Cívico
3
2,91%
Entidad del ejecutivo municipal
3
2,91%
Otro
2
1,94%
Carcelario
2
1,94%
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Entidad del ejecutivo departamental
2
1,94%
Empresarial
2
1,94%
Entidad del legislativo municipal
1
0,97%
Entidad del gobierno central
1
0,97%
Entidad del legislativo departamental
1
0,97%
Entidad del legislativo nacional
1
0,97%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas
TOTAL
1
0,97%
1032
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
Durante el mes de agosto, los habitantes de áreas urbanas y rurales del país se movilizaron fundamentalmente en torno a dos grandes temáticas: la gestión del espacio urbano y la demanda
2
Ver nota anterior para éste y otros casos similares.
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Agosto de 2010
de atención al conflicto del departamento de Potosí. Aunque en menor medida, la prestación de servicios públicos fue también un asunto que produjo controversias en el sector. En cuanto al primer tema, la mayor cantidad de los conflictos se generó en torno a la problemática de ocupación de terrenos para la construcción de viviendas. Algunos conflictos se suscitaron por la demanda de desalojo de ocupantes presuntamente ilegales (vecinos del barrio Ushpa Ushpa de la ciudad de Cochabamba, vecinos de la urbanización Sajama de la ciudad de Oruro, vecinos del barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz), mientras que otros casos se produjeron por el pedido de regularización de terrenos con problemas de derecho propietario (vecinos de Pampa San Miguel en Cochabamba, miembros de la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro y también vecinos del barrio Ambrosio Villarroel). Como se puede observar, en el mes de agosto los escenarios privilegiados de estos conflictos fueron las ciudades de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba, pero sin duda es una problemática que atinge a todas las grandes ciudades del país. Los procesos de reforma y las políticas de tierra en Bolivia se han concentrado fundamentalmente en áreas rurales, mientras que la problemática de la tierra urbana, que adquiere cada vez mayor importancia, ha ocupado un rol marginal en la agenda pública. La escasa legislación existente sobre este tema y la falta de mecanismos efectivos para velar por su cumplimiento, además de la apertura de un gran mercado informal de la tierra urbana3, fomentan el asentamiento de grupos humanos en zonas de riesgo (caso del barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz) y/o bajo condiciones irregulares, provocando diversidad de problemas que, como se hizo evidente en el mes de agosto, pueden canalizarse hacia el conflicto. Otra problemática ligada a la gestión del espacio urbano que movilizó al sector vecinal en agosto, fue la relativa a los asentamientos comerciales; nuevamente se hicieron evidentes las tensiones entre vecinos, gremiales y gobiernos locales por este motivo. En términos generales, y como sucede regularmente, los vecinos demandaron la reubicación de comerciantes asentados en las vías públicas, alegando problemas de transitabilidad, salubridad y seguridad ciudadana. Los conflictos se produjeron por la negativa de los gremialistas a trasladarse, debido a motivos fundamentalmente económicos y culturales; algunos de estos casos derivaron en enfrentamientos. Entre los factores fundamentales que explican la recurrencia de conflictos vinculados a la tierra urbana y a los asentamientos comerciales en varias ciudades del país, se encuentran los acelerados procesos de migración campo-ciudad y el consecuente crecimiento demográfico de las urbes, la pobreza estructural del país, el déficit estructural de gestión pública local, así como cuestiones de carácter cultural. Por otro lado, el sector vecinal/comunal no fue ajeno a los temas que marcaron la conflictividad coyuntural de los últimos meses, como la implementación de la nueva Constitución Política del Estado y la controversia del departamento de Potosí. En lo que se refiere al primero, tanto juntas vecinales como vecinos organizados circunstancialmente cuestionaron algunos aspectos de la 3
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Ley Marco de Autonomías y Descentralización y del proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario. En relación al segundo tema, pobladores de diferentes localidades del departamento de Potosí (ciudad de Potosí, Uyuni, Llallagua) fueron manifestando progresivamente su apoyo a las reivindicaciones regionales y exigiendo una pronta solución al conflicto al verse perjudicados por las múltiples medidas de presión adoptadas. Es necesario destacar que algunos actores vecinales, a tiempo de pronunciarse sobre el conflicto regional, hicieron propicia la oportunidad para plantear sus propias demandas al Gobierno central. Esto pone una vez más en realce que cuanto mayor es la duración de un conflicto, mayores son las probabilidades de que se complejice a través de la incorporación de nuevos actores y demandas. El sector vecinal protagonizó solamente dos conflictos por la prestación de servicios públicos; en ambos casos los movilizados señalaron que se trata de compromisos asumidos hace tiempo, lo que evidencia que el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos da lugar a una mayor conflictividad. Por su parte, los actores de la educación volvieron a cobrar protagonismo en el mes de agosto, luego de que en informes anteriores se destacara la reducción de los conflictos impulsados por el sector. El pilar de las controversias de agosto fue de carácter administrativo financiero; algunas derivaron en conflictos laborales, que constituyeron la mitad de los conflictos protagonizados por el sector educación. Actores centrales fueron las universidades públicas, que se encuentran nuevamente en tensión con el Gobierno central por el tema presupuestario. Varios centros educativos reclamaron a las autoridades mejores condiciones para desempeñar sus funciones, como la oportuna y suficiente provisión de materiales escolares y de escritorio. Algunos de estos casos dieron lugar a controversias laborales puesto que por problemas financieros hubo retrasos en el pago de salarios. El sector también se vio envuelto en conflictos por pugnas dirigenciales (fundamentalmente en El Alto), además de otros vinculados con la clásica demanda de ítems. Finalmente, es pertinente mencionar que el sector educativo de Potosí también se plegó al conflicto departamental. En cuanto a los conflictos del sector salud, el total de los casos fue protagonizado por trabajadores dependientes del Estado, quienes plantearon demandas laborales (ítems, pago de sueldos atrasados, incrementos salariales y pago de bonos), y de tipo administrativo (dotación de material, contratación de nuevo gerente administrativo). Tres de los ocho conflictos provienen del mes anterior: uno de estos resurgió por incumplimiento de convenio (FENSEGURAL), otro se resolvió durante el mes de agosto (Trabajadores del Seguro Universal de Salud Autónomo de la Provincia Vaca Díez) y el tercero continúa vigente (Federación Sindical de Trabajadores en Salud Pública del Beni). El sector transporte se movilizó sobre todo en rechazo a las normas que pretendían regular su actividad (proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario; reglamento de licencias de tránsito), y en demanda de construcción y pavimentación de calles y carreteras para desempeñar mejor su labor. Seis de los ocho conflictos tuvieron que ver directamente con alguno de estos dos temas.
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Por segundo mes consecutivo el sector campesino protagonizó siete conflictos, cantidad relevante tomando en cuenta el bajo perfil que tuvo en la conflictividad del primer semestre del año. En agosto, las controversias estuvieron principalmente relacionadas con temas económicos y políticos. Entre los primeros se encuentran la demanda de solución al conflicto de Potosí por sus efectos económicos sobre el sector, la construcción de un puente para facilitar el traslado de sus productos y el rechazo a la erradicación de coca; entre los segundos destacan la demanda de reestructuración del gabinete ministerial y las pugnas en el seno de la organización de colonizadores de Caranavi, vinculadas con un alto dirigente/legislador del Movimiento al Socialismo. Igualmente es pertinente referirse al sector indígena, que en agosto continuó expresando demandas ligadas a temas políticos, culturales y territoriales en el contexto de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado en general, y de las autonomías en particular. Así, los pueblos del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se manifestaron nuevamente en rechazo a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos Villa Tunari; los suyus del Jach´a Carangas, Jatun Quillaka Asanajaqi, Sura y Uru Chipaya demandaron su incorporación efectiva en la toma de decisiones del departamento de Oruro; la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos consideró ilegítima la designación de un subgobernador y demandó su reemplazo; y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba se opuso a la realización de pruebas de exploración hidrocarburífera en su territorio. Varios de estos casos están vinculados al derecho a consulta establecido en la CPE (artículos 11, 30, 304 y 403) y en convenios internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece, entre otros puntos, que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos. En la medida en que la legislación derivada de tales preceptos constitucionales pueda reflejar y aplicar debidamente lo que estos establecen, los conflictos como los antes mencionados podrán ser evitados o adecuadamente gestionados. Es necesario señalar que aproximadamente 10% de los actores demandantes pertenecen a entidades del ejecutivo y legislativo de los tres niveles estatales, lo que no es frecuente. En la mayoría de los casos se trata de funcionarios públicos que expresaron demandas laborales. De esta manera el Estado, además de hacer frente a conflictos que provienen de la sociedad civil, también debe lidiar con controversias internas. Finalmente, se debe mencionar que en agosto no se tuvieron registros de conflictos vinculados a la problemática de género, ni de participación de mujeres en las controversias del mes.
3.2. Sectores y actores demandados Durante el mes de agosto las demandas dirigidas hacia algún nivel u órgano del Estado sobrepasaron el 80% del total. Las entidades del Gobierno central concentraron aproximadamente el 35% de los conflictos, seguidas por las entidades de los ejecutivos municipales (23%) y las entidades de los ejecutivos departamentales (15%).
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CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS SECTOR DEMANDADO
Nº
%
Entidad del gobierno central
35
34,65%
Entidad del ejecutivo municipal
23
22,77%
Entidad del ejecutivo departamental
15
14,85%
Educación
5
4,95%
Entidad del legislativo municipal
4
3,96%
Gremial
3
2,97%
Vecinal/comunal
2
1,98%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas
2
1,98%
Policía
2
1,98%
Personas individuales
2
1,98%
Empresarial
2
1,98%
Cívico
1
0,99%
Otro
1
0,99%
Transporte
1
0,99%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
1
0,99%
Órgano Electoral Departamental
1
0,99%
Entidad del legislativo departamental
1
0,99%
TOTAL
101
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
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La cantidad de interpelaciones hacia el Gobierno central se mantuvo en un nivel muy similar al registrado en el mes de julio. Como ocurre generalmente, las entidades del Poder Ejecutivo central fueron demandadas por una pluralidad de sectores provenientes de todo el país, los que plantearon una diversidad de pedidos. Sin embargo, los temas preponderantes por los que fue interpelado el Gobierno central son los vinculados a la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. La controversia de Potosí fue también importante; diversos sectores – vecinal/comunal, campesino, minero, cívico, entre otros– exigieron una solución al conflicto regional. De igual manera, el Ejecutivo central tuvo que atender pliegos petitorios de varios sectores; así, no sólo tuvo que dar respuesta a múltiples demandas en términos de cantidad, sino que también se enfrentó con controversias que involucran intereses contrapuestos de distintos sectores. Las entidades municipales también se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el mes de julio. Si se suman las demandas dirigidas hacia los ejecutivos y las orientadas a los legislativos municipales se tiene que aproximadamente 27% de los conflictos fueron canalizados hacia el nivel local de gobierno. Las entidades municipales más demandadas fueron las del departamento de Santa Cruz (ocho casos, seis de los cuales se presentaron en la ciudad capital), Cochabamba (cuatro casos, tres en la capital) y Oruro (tres casos en la capital). El Gobierno Municipal de El Alto, al que usualmente se dirige una importante cantidad de demandas, en agosto fue objeto de apenas una demanda. La prestación de servicios públicos, la problemática de acceso a terrenos para vivienda (que ya fue abordada anteriormente) y los temas salariales fueron los asuntos planteados con más frecuencia a las instituciones estatales locales. Durante los últimos meses los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental han ido en sutil pero constante aumento, alcanzando en agosto su máximo número en lo que va del año. Entre las temáticas destacadas se puede mencionar la laboral, que presenta algunos casos iniciados en el mes de julio, y la prestación de servicios públicos. Es notable que este tema, usualmente concentrado en los niveles local y nacional, destaque entre las interpelaciones dirigidas hacia el nivel intermedio. Como ya se observó durante el mes de julio, la tendencia de cambio en los referentes de interpelación parece estar acentuándose, reflejada en la progresiva reducción de la brecha existente en cuanto a la cantidad de demandas que recibe cada uno de los niveles estatales. Esto coincide con el proceso de implementación de las autonomías, que muy probablemente tenderá a reforzar este fenómeno, como se ha mencionado en repetidas ocasiones. Otra constatación global en referencia a los demandados es que, en algunos casos, determinados sectores expresan pedidos a más de un nivel estatal simultáneamente. Un ejemplo de ello es el conflicto de Potosí, en el que diferentes sectores pidieron atender sus demandas a las alcaldías, a la Gobernación y al Gobierno central, aunque, sin duda, éste fue el destinatario principal de los reclamos. Otro ejemplo es el de los concesionarios dragueros del río Piraí en Santa Cruz de la Sierra, quienes plantearon sus demandas a la Alcaldía de la ciudad y a la Gobernación. Este
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fenómeno puede significar que los sectores demandantes están solicitando la coordinación entre los distintos niveles estatales para la atención efectiva y eficiente de sus reivindicaciones. Finalmente, en lo que respecta a los conflictos que confrontaron a sectores de la sociedad civil entre sí, en este mes se cuenta con aproximadamente una docena de casos.
4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS 4.1. Ámbito geográfico de los conflictos En agosto, al igual que en el mes de junio, el departamento de Oruro concentró la mayor cantidad de conflictos del país (21%); La Paz, que usualmente aglutina la mayoría de las controversias con amplia diferencia respecto de los demás, esta vez se ubicó en el segundo lugar de la lista (18%). El Beni por segundo mes consecutivo ocupó el tercer lugar (15%), seguido por Santa Cruz (13%) y Cochabamba (11%).
CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
Nº
%
Oruro
19
20,88%
La Paz
16
17,58%
Beni
14
15,38%
Santa Cruz
12
13,19%
Cochabamba
10
10,99%
Todo el país
7
7,69%
Potosí
6
6,59%
Chuquisaca
4
4,40%
Tarija
3
3,30%
TOTAL
91
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
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Agosto es el tercer mes que presenta cambios en la tradicional distribución geográfica de la conflictividad. Hasta junio del presente año, tomando en consideración incluso los años 2008 y 2009, eran los departamentos del eje, encabezados por La Paz, los que concentraban la mayoría de los conflictos. Por su parte, Potosí se había posicionado en el cuarto lugar. En agosto no sólo La Paz dejó de concentrar la mayoría de los conflictos, sino que se constató un incremento sustancial de las controversias en los departamentos de Oruro y Beni, que en los meses anteriores tenían índices reducidos de conflictividad. A continuación se brinda un panorama de los conflictos por departamento para intentar identificar algunos elementos que puedan explicar estas modificaciones. La mayoría de los conflictos del departamento de Oruro se generó en la ciudad capital y tuvo un carácter fundamentalmente económico, tendencia que se mantiene desde junio. Entre las principales movilizaciones destacan las planteadas en rechazo a la Ley General de Aduanas y al Código Tributario (lo que se explica por la condición comercial de la ciudad) y por reivindicaciones laborales. Se trata de conflictos que, en su mayoría, provienen de meses anteriores, y cuya atención por las autoridades ha sido tardía, ineficaz o inexistente. De manera adicional, se produjeron varios conflictos (un cuarto del total) protagonizadas por vecinos y relacionados con la gestión del espacio urbano; la ciudad de Oruro se ha convertido en un centro receptor de migrantes de áreas rurales, lo que explica el surgimiento de conflictos relacionados con la posesión de terrenos para viviendas. Finalmente, es importante destacar que también se generaron controversias vinculadas al problema limítrofe con Potosí. En términos generales se puede decir que el aumento de la conflictividad en el departamento tiene que ver, en gran medida, con un incremento de la conflictividad en la ciudad de Oruro, el que se ha visto alimentado por el anuncio de políticas gubernamentales que afectarán a la urbe y por la falta de atención a conflictos originados meses atrás. El departamento de La Paz registró menos conflictos en comparación con el mes pasado. En agosto, más de la mitad (nueve) de las controversias se produjo en la ciudad de El Alto y cuatro involucran a áreas rurales del departamento. Como es habitual dada su importancia en el mapa político del país, la ciudad de La Paz fue uno de los núcleos de las grandes controversias nacionales. En lo que respecta a los casos de El Alto, cabe reiterar que el Gobierno Municipal de esa ciudad, que usualmente era uno de los más demandados, en agosto sólo fue cuestionado en un conflicto. Así, la mayoría de las controversias, que son de carácter económico, fueron dirigidas hacia el Gobierno central. De igual manera, se observa la existencia de conflictos por pugnas dirigenciales internas en organizaciones de base. El importante rol político que han adquirido algunas organizaciones sociales de El Alto, como la Federación de Juntas Vecinales o la Federación de Padres de Familia, por ejemplo, hace que la lucha interna entre líderes que buscan acceder a cargos dirigenciales sea frecuente, derivando incluso en violencia. En lo que respecta al departamento del Beni, ocho de los trece conflictos registrados provienen de meses anteriores, y tienen como actor demandado al Gobierno central (cuatro casos), al nivel departamental (tres casos) y al nivel local (un caso). De esta manera es posible inferir que, en
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gran medida, el Beni se mantiene desde julio con un nivel significativo de conflictos por falta de atención oportuna por parte de las autoridades de los tres niveles estatales. Tres de los conflictos nuevos tienen que ver con demandas salariales; sumando estos casos a los anteriores, se puede decir que el pilar de la conflictividad del Beni en agosto fue laboral-salarial. Por otra parte, todos los conflictos suscitados en el departamento de Santa Cruz estuvieron dirigidos hacia gobiernos locales o hacia la Gobernación; no se registraron casos que interpelaran al Gobierno central, lo que distiende, al menos provisionalmente, las relaciones entre la región y el Poder Ejecutivo. El actor más interpelado de agosto fue el Gobierno Municipal de Santa Cruz, que tuvo que lidiar mayormente con conflictos relacionados con la planificación y manejo del espacio urbano (pugnas entre vecinos y gremiales por asentamientos comerciales, luchas por terrenos para asentamientos humanos). Así, Santa Cruz junto a Oruro fueron los más afectados por esta problemática que se hizo fuertemente presente en agosto. Es pertinente destacar también que el departamento continúa siendo escenario de conflictos políticos post electorales, los que se fueron reduciendo considerablemente en el resto del país. El caso de Potosí es digno de ser destacado, puesto que fue en agosto cuando el departamento alcanzó su índice más elevado de conflictividad de todo el año. Aunque el número de controversias se mantuvo en un nivel similar al de los meses anteriores, las características del conflicto que enfrentó al departamento con el Gobierno central hicieron que el conflicto cobrara proporciones mayores, irradiándose a todo el país. La mayoría de los casos (cuatro de seis) está directamente vinculada al gran conflicto departamental; los otros dos fueron temas aislados en los que solamente se plantearon amenazas de medidas de presión. Así, todos los actores del departamento, estratégicos y no estratégicos, concentraron sus recursos materiales y simbólicos en la consecución de un fin común, que se sobrepuso a las tradicionales demandas sectoriales. Sin embargo, es necesario destacar un matiz en este panorama de unidad generalizada que presentó el departamento: la contundencia de las medidas de presión empleadas ocasionó graves perjuicios a diferentes sectores de la sociedad potosina, generando “contra conflictos”. Tal es el ejemplo de los pobladores de Uyuni, localidad dedicada a la actividad turística, quienes a su vez recurrieron a acciones de hecho para demandar el fin de los bloqueos que los estaban asfixiando económicamente. Este fenómeno, usual en conflictos de gran envergadura y larga duración, contiene un alto potencial de violencia que puede estallar en cualquier momento. Se registraron algunos episodios violentos de este tipo que, frente a la magnitud del conflicto principal, quedaron como hechos aislados. En cuanto a los casos que de alguna manera involucraron al conjunto del país, dos de ellos se encuentran registrados entre los conflictos más importantes del mes: el de Potosí y el de los sectores movilizados contra el proyecto modificatorio de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario. Los demás se refirieron esencialmente a temas económicos y laborales: las universidades públicas del país demandaron un incremento presupuestario, los importadores solicitaron la devolución de los vehículos incautados, los choferes rechazaron el reglamento que inhabilitaba a los conductores de transporte público mayores de 60 años, la Federación de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud planteó demandas laborales, y la Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia rechazó los despidos de personal en varios gobiernos locales.
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Como se puede observar, muchos de los conflictos más importantes se originaron en meses anteriores; algunos fueron resueltos en agosto, pero otros continuaron vigentes al terminar el mes.
5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos Si bien en el número total de conflictos en agosto fue elevado, la cantidad de medidas de presión ejercidas por los actores demandantes se redujo en comparación con el mes de julio: se registró un total de 156 medidas de fuerza, es decir 16 menos que en el mes anterior. Sin embargo, esta variación cuantitativa no necesariamente significa una reducción de la violencia ejercida por los actores.
CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO Anuncio o amenaza Concentración o vigilia Marcha Paro o huelga
Oruro Beni La Paz Todo el país Potosí Santa Cruz Cochabamba Tarija Chuquisaca No 15
7
13
8
6
10 1
1 1 5 7
1 2
1 6 1 2 1
4 1 3
4
1
2
1
1
Bloqueo Cerco Huelga de hambre Destrucción de bienes Toma física Toma de rehenes Agresión a personas
Total
23
2
2
3 1
2 4
1
6 1
1
1
60
39%
9 29 10 19 2
5% 98 / 64,1% 19% 6,5% 12,4% 1,2% 47 / 30,7%
16
10,5%
2
2 4
1,3% 2,6%
1
1
0,7% 8 / 5,2%
7 1
31
6
Porcentaje Total
1 22
20
1 2
2 1
21
18
11
3
4
1 153
0,7% 100% 153 / 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
Pese a la ligera disminución global de las medidas de presión de violencia contundente, éstas estuvieron dirigidas a afectar con mayor intensidad a terceros. Así, se registraron hechos como la destrucción de bienes inmuebles y agresiones directas a personas, acciones que denotan una mayor agresividad por parte de los movilizados. También se desplegaron con mayor rigurosidad bloqueos de caminos y paros generalizados, entre los que destacan los llevados adelante en Potosí, donde se paralizaron las actividades y el tránsito interdepartamental durante más de quince días, situación que afectó no sólo a los pobladores del departamento, sino que, al encontrarse importantes centros mineros en la región, y en un momento de alta cotización internacional de los precios de los minerales, sin duda golpeó considerablemente a la economía boliviana en su conjunto. Ningún conflicto derivó en una crisis seria que pudiera afectar a la gobernabilidad del Estado, aunque, como ya se mencionó anteriormente, la gran tensión en la que desarrolló la controversia de Potosí estuvo cerca de desembocar en una confrontación mayor. No sólo se paralizó todo un departamento, sino que la solidaridad de los residentes potosinos en otras regiones del país llevó a
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una masificación de las medidas de presión en varios puntos; sólo en la ciudad de Potosí se sobrepasó el número de 2.000 ayunadores y se instalaron piquetes de huelga de hambre en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. Es probable que de haberse prolongado por más tiempo las medidas de presión, el conflicto hubiese desencadenado una desestabilización del país o una situación de violencia contundente. Por último cabe decir que es preocupante el hecho de que dos tercios de los episodios de enfrentamiento se hayan producido entre sectores de la sociedad civil. Dos de ellos fueron producto de la tensión en el departamento de Potosí y el resto a raíz del constante problema de manejo del espacio urbano en Santa Cruz. 5.2. Alcance de las medidas de presión En agosto, como en casi todos los meses, las amenazas, las huelgas de hambre y las marchas fueron las principales medidas de presión. La mayoría de estas acciones (48%) no llegó a afectar a terceros, aunque el 24% repercutió sobre espacios vecinales/comunales. CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ALCANCE
Nº
%
Intrainstitucional
44
48,35%
Vecinal/comunal
22
24,18%
Municipal
10
10,99%
Regional
10
10,99%
Nacional
4
4,40%
Departamental
1
1,10%
TOTAL
91
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010
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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Al concluir el mes de agosto, más de la mitad (52%) de los conflictos registrados continuó vigente. Por otra parte, los acuerdos alcanzados (totales y parciales) sumaron 16%; 4% de los casos se encontraba en cuarto intermedio, 2% en negociación y en 1% se produjo el retroceso de uno de los actores. Además existió un caso en que la salida fue distinta de las anteriores. De los diez acuerdos totales, uno de los más significativos fue el logrado entre el Gobierno central y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia en relación con el proyecto de ley que modificará el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, originalmente rechazado por dicha organización. Entre los acuerdos parciales más importantes reportados en el mes se encuentran los que alcanzaron el Gobierno central y COMCIPO sobre varias reivindicaciones regionales; y las autoridades nacionales con el Comité Cívico de Oruro y el Comité Interinstitucional de Defensa Territorial del Departamento de Oruro, a propósito de un extenso pliego petitorio. El cuarto intermedio de mayor significación fue el declarado por los representantes de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, en el marco del conflicto por la demanda de cambio de algunos ministros de Estado cuestionados por su trabajo. Los dos conflictos que a finales de mes quedaron en fase de negociación fueron el protagonizado por la Federación Especial de Transporte Libre de Cochabamba, en demanda del cumplimiento de una ordenanza municipal que garantiza la circulación normal de choferes no sindicalizados, y por el personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad pidiendo la designación de un nuevo administrador. En la segunda mitad del mes, los demandados en esos conflictos –el Concejo Municipal de Cochabamba y el transporte federado de ese municipio, en el primero, y la Alcaldía de Trinidad, en el segundo– iniciaron procesos de acercamiento con los demandantes, dejando abierta la posibilidad de alcanzar acuerdos. El único caso de retroceso de una de las partes se produjo en el conflicto entre choferes mayores de 60 años y el Organismo Operativo de Tránsito en torno a un reglamento de licencias que establecía la pérdida de la licencia para dicho grupo de transportistas. Finalmente, tras un contundente anuncio de medidas de presión por parte de quienes resultarían afectados, se decidió no restringir el desempeño laboral de estos y mantener la normativa vigente que establece un control médico cada tres años para sus miembros. La única salida distinta de las anteriores se presentó en el conflicto llevado adelante por el Comité de Vigilancia de Warnes en contra del concejo edil de ese municipio cruceño y del MAS por la suspensión del Alcalde electo Nyls Carmona. Hacia fines de agosto se conoció la destitución de Carmona y la designación del concejal por el MAS, Mario Cronembold, como su sucesor. Hasta la conclusión del mes, el Comité de Vigilancia de Warnes no se había pronunciado.
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CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN
Nº
%
Continúa
48
52,75%
Se desconoce
20
21,98%
Acuerdo total
10
10,99%
Acuerdo parcial
5
5,49%
Cuarto intermedio
4
4,40%
En negociación
2
2,20%
Retroceso de uno de los actores
1
1,10%
Otra
1
1,10%
TOTAL
91
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, agosto de 2010.
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7. CONCLUSIONES -
Durante el mes de agosto de 2010 se registraron 91 conflictos, ratificándose la tendencia al incremento, constante desde enero, con la única excepción del mes de junio en que se produjo un descenso.
-
El conflicto más importante del mes fue, sin duda, el suscitado en Potosí en torno a un pliego petitorio de demandas regionales. Este caso generó una serie de conflictos paralelos, movilizando a múltiples sectores en varios departamentos e implicando la interpelación de actores pertenecientes a los tres niveles del Estado, aunque el Gobierno central fue el principal demandado, y empleando una importante cantidad de medidas de presión de fuerte impacto. Otro caso que destacó es el conflicto protagonizado por los gremialistas del país en rechazo a las modificaciones a la Ley de Aduanas y al Código Tributario.
-
Como en anteriores meses, un tercio de la conflictividad del período se originó en problemas económicos. Los tres principales tipos de conflicto del mes, por medidas económicas/situación económica de las personas, por cuestiones laborales/salariales y por problemas de gestión administrativa de entidades públicas y privadas, presentaron el mismo porcentaje (16%), observándose una continuación de las problemáticas centrales de los meses de junio y julio.
-
Los actores vecinales urbanos fueron algunos de los que mayor cantidad de conflictos protagonizaron, movilizándose por dos de los problemas característicos de las grandes ciudades del país: asentamientos comerciales y acceso a tierras para viviendas. En agosto, el sector educación volvió a ocupar un lugar relevante en la conflictividad nacional.
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De manera general, parece estar consolidándose un cambio en cuanto a los principales sectores demandados, lo que se expresa en la paulatina reducción de la brecha existente entre los distintos niveles estatales. Se observa una disminución en la cantidad de conflictos dirigidos hacia el Gobierno central (de casi la mitad de los casos a un promedio de 35%) y un ligero aumento en el número de casos canalizados hacia el nivel departamental (de un promedio de 8% a 11%), mientras que el nivel local se mantiene estable, concentrando alrededor de una cuarta parte de los casos. Es probable que la implementación del proceso autonómico sea la causa de esta situación.
-
La falta de atención de las autoridades nacionales, departamentales y locales a conflictos que provienen del mes de julio, e incluso de meses anteriores, contribuyó a que en agosto el nivel general de controversias se mantuviera elevado.
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En el mes de agosto parece tomar forma una tendencia detectada dos meses atrás, que modifica el panorama tradicional de distribución geográfica de los conflictos: Oruro y
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Beni se mantuvieron con cantidades elevadas de conflictos, ocupando el primer y tercer lugares respectivamente, mientras que los departamentos del eje presentaron una cierta reducción. Si bien Potosí no se ubicó en agosto entre los departamentos con mayor cantidad de conflictos, la gravedad de los casos ocurridos es muy significativa. Pese a que en agosto se produjo similar cantidad de conflictos que en julio, se ha registrado una menor cantidad de medidas de presión. No obstante, cualitativamente, los niveles de violencia se mantienen e, incluso, se han incrementado en una mínima proporción. Como en los meses precedentes, en agosto la mayor parte de los conflictos se mantuvo vigente. Los acuerdos logrados representaron menos de la cuarta parte del total de los casos registrados.
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GUÍA RÁPIDA4
CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.
La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 4
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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
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