informe_conflic_2010_julio_final by FUNDACION UNIR BOLIVIA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Julio de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Julio de 2010

Índice Presentación

p. 3

1. La conflictividad en Bolivia

p. 4

2. Tipología de los conflictos

p. 9

3. Sectores y actores demandantes y demandados

p. 12

4. Ámbitos de los conflictos

p. 19

5. Medidas de presión y violencia

p. 23

6. Salida de los conflictos

p. 25

7. Conclusiones

p. 27

Guía rápida

p. 29

INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Julio de 2010

Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de julio de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe. La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

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Julio de 2010

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Julio de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de julio de 2010 se registraron 90 conflictos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN JULIO DE 2010 Nº

ACTOR DEMANDANTE

ACTOR DEMANDADO

ASUNTO

Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia

Gobierno central

Rechazo a proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)

Gobierno central

Pliego petitorio de demandas económicas, políticas, sociales y culturales

Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)

Gobierno central

Pliego petitorio regional relativo a temas económicos, sociales y territoriales

Pobladores de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro)

Gobierno central

Demanda de solución a conflicto de límites

Comunarios de Kulta

Alcaldía de Challapata y Asamblea Legislativa Departamental de Oruro

Cuestionamiento a designación de Subalcalde

Vecinos del Distrito 8 de Santa Cruz

Alcaldía de Santa Cruz

Rechazo a Subalcalde designado

Vecinos del Distrito 1de Santa Cruz

Alcaldía de Santa Cruz

Rechazo a Subalcalde designado

Campesinos de Buena Vista

Alcalde de Buena Vista (Santa Cruz)

Demanda de renuncia de Alcalde de Buena Vista

Vecinos afines a Osman Vaca (Santa Cruz)

Vecinos afines a Nicolás Gildre (Santa Cruz)

Control de subalcaldía de Distrito 10

Vecinos del Distrito 14 de Santa Cruz

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de renuncia de Subalcalde y pedidos de prestación de servicios públicos

Vecinos del Distrito 1 de El Alto

Alcaldía de El Alto

Rechazo a paralización de obras públicas y demanda de destitución de Subalcalde

Simpatizantes y militantes de Alianza Social (AS)

Concejo Municipal de Potosí

Rechazo a suspensión de Alcalde de Potosí

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma

Asamblea Legislativa Plurinacional

Demanda de aprobación de leyes orgánicas

Comités cívicos de Tarija, Beni y Santa Cruz

Gobierno central

Demanda de modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado

Confederación Sindical de Choferes de Bolivia

Gobierno central

Rechazo a proyecto de ley que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas

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Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz

Gobierno central

Rechazo a proyectos de ley de pensiones, educación y trabajo

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Gobierno central

Demanda de explicación de alcances de Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Pueblo Jach’a Carangas

Gobierno central

Demanda de modificaciones a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

Central Obrera Departamental (COD) del Beni

Asamblea Legislativa Departamental del Beni

Demanda de reformas al Estatuto Autonómico

Federación de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (FENSEGURAL)

Gobierno central

Pliego petitorio de demandas laborales y pago de la deuda que tiene el Estado con la entidad

Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia

Gobiernos municipales de ciudades capitales del país

Rechazo a despidos de trabajadores municipales

Sindicato Mixto de Trabajadores del Municipio de Oruro

Alcaldía de Oruro

Demanda de inamovilidad funcionaria y participación en toma de decisiones administrativas

Sindicato de Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni

Gobernación del Beni

Demanda de respeto a fuentes laborales tras rumores de despidos

Trabajadores del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA)

Dirección del INLASA

Rechazo a despidos y pedido de renuncia de Director

Federación de trabajadores en salud pública del Beni

Gobierno central

Demanda de ítemes

Federación de Trabajadores en Salud de Chuquisaca

Servicio Departamental de Salud (SEDES) Chuquisaca

Demanda de pago de salarios atrasados

Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (FESIRMES) de Santa Cruz

Gobernación de Santa Cruz

Demanda de pago de salarios atrasados

Profesionales en salud de Oruro

Gobernación de Oruro

Demanda de pago de salarios adeudados

Sindicato de Trabajadores del Hospital de Clínicas (La Paz)

Ministerio de Salud

Demanda de pago de bono por el día del trabajador en salud

Trabajadores del Hospital Japonés (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de pago de bono de vacunación

Trabajadores del Instituto Oncológico (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de pago de bono de vacunación

Trabajadores del Seguro Universal de Salud Autónomo (SUSA) (Beni)

Subgobernación de la provincia Vaca Díez (Beni)

Demanda de pago de salarios atrasados

Sindicato de Trabajadores del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) de Oruro

Gobernación de Oruro

Rechazo a demora en desembolso de recursos para pago de salarios

Sindicato de Trabajadores de Avance de Obras

Alcaldía de Oruro

Demanda de pago de salarios atrasados

Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Potosí

Gobierno central

Demanda de pago de haberes atrasados

Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de Potosí

Ministerio de Educación

Rechazo a descuentos salariales por movilizaciones del mes de mayo

Federación de Trabajadores de Educación Urbana de Oruro

Gobierno central

Rechazo a descuento salarial por días no trabajados en el mes de mayo

Sindicato de trabajadores de la Cervecería Taquiña S.A. (Cbba.)

Ejecutivos de la Cervecería Taquiña S.A. (Cbba.)

Demanda de incremento salarial, bono de riesgo y mejores condiciones laborales

Sindicato Fabril de Industrias Fino (Cbba.)

Empresa Industrias de Aceite S.A. (IASA) (Cbba.)

Demanda de incremento salarial, bono dominical y cumplimiento de normativa laboral

Trabajadores del ingenio azucarero La Bélgica (Santa Cruz)

Empresa La Bélgica (Santa Cruz)

Demanda de pago de haberes atrasados y mejora de condiciones laborales

Jugadores de The Strongest (La Paz)

Dirigencia de The Strongest (La Paz)

Demanda de pago de sueldos atrasados

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Sindicato Mixto de Karachipampa

Empresa Atlas Precious Metals y Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

Demanda de reanudación de explotación de minerales

Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania (Santa Cruz)

Gobierno central

Pliego petitorio relativo a la explotación del Mutún, reversión de concesiones mineras a empresa brasileña y reversión de TCO

Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) (Santa Cruz)

Gobierno central

Pliego petitorio con demandas políticas, sociales, económicas y territoriales

Importadores de vehículos usados (todo el país)

Gobierno central

Demanda de internación de vehículos usados rezagados desde la promulgación del D.S. 29836

Trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA) (Oruro)

Cooperativa Minera La Joya

Control de yacimiento de oro del cerro La Joya

Representantes de Leche del Altiplano (LEDAL SA) (La Paz)

Gobierno central

Rechazo a nacionalización de la empresa PIL Andina

Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT)

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE)

Rechazo a demora en transferencia de recursos para funcionamiento

Universidad Técnica de Oruro (UTO)

Gobierno central

Demanda de incremento presupuestario

Federación Regional de Comunidades Campesinas de la Cuarta Sección de Palos Blancos (La Paz)

Gobierno central y Policía Nacional

Rechazo a erradicación de cultivos de hoja de coca

Gremialistas del mercado El Abasto (Santa Cruz)

Alcaldía de Santa Cruz

Rechazo a reordenamiento de espacios comerciales

Vecinos del distrito de Pompeya de Trinidad (Beni)

Comerciantes del distrito Pompeya de Trinidad (Beni)

Demanda de reubicación de comerciantes

Vecinos de la zona este de la ciudad de Oruro

Alcaldía Municipal de Oruro

Rechazo a asentamientos ilegales en áreas verdes

Vecinos de la Urbanización Unión y Progreso de El Alto

Movimiento sin Techo y Subalcaldía del Distrito 10 de El Alto

Rechazo a avasallamiento de terrenos

Campesinos de Guarayos (Santa Cruz)

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)

Demanda de titulación de tierras

Central Obrera Departamental (COD) del Beni y Comité Cívico de Trinidad

Corte Superior de Justicia del Distrito del Beni

Rechazo a la posesión del vocal Grover Vega

Víctimas de los conflictos de octubre de 2003 de El Alto (La Paz)

Poder Judicial

Rechazo a cambio de fiscales

Comité de defensa de los socios de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL) (Santa Cruz)

Interventor de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL) (Santa Cruz)

Finalización de intervención, elección de nueva directiva y difusión de resultados de auditoría

Sindicato Único de Trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL)

Gobierno central

Institucionalización de cargos administrativos, salida de interventor y renuncia de Jefa de Recursos Humanos

Organizaciones departamentales de fútbol (todo el país)

Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol Carlos Chávez y Mauricio Méndez

Rechazo a reelección de dirigentes

Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO)

Gobierno central

Demanda de destitución de delegada autonómica

Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA) (La Paz)

Movimiento al Socialismo (MAS)

Rechazo a creación de federación paralela de colonizadores

Federación Departamental de Personas con Discapacidad de La Paz

Gobernación de La Paz

Rechazo a intervención de Gobernación en designación de Directora de Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS)

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Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Beni

Gobierno central

Rechazo a destitución de gerente de la Empresa

Sindicato de Trabajadores de Bolivisión de Santa Cruz

Ejecutivos de Bolivisión de Santa Cruz

Rechazo de presunta quiebra de Bolivisión

Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí

Gobernación de Potosí

Demanda de libertad y seguridad para la labor periodística

Trabajadores de medios de comunicación y pobladores de la provincia Ballivián del Beni

Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

Rechazo a cierre de de canal de televisión

Pobladores de Vitichi (Potosí)

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Demanda de construcción de tramo carretero Bella Vista-Cotagaita

Comité cívico de San Ignacio y Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de San Ignacio (Beni)

Gobernación del Beni

Demanda de conclusión de proyecto de remodelación de tendido eléctrico

Pobladores de Challapata (Oruro)

Gobernación de Oruro

Demanda de soluciones integrales a la represa de Tacagua y de prohibición de actividad minera en la zona

Asociación del Transporte Libre (ATL) del Beni

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Demanda de mantenimiento y mejoramiento de tramos camineros

Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto

Alcaldía de El Alto

Rechazo a suspensión de desayuno escolar

Vecinos del Distrito 6 de El Alto

Subalcaldía Municipal del Distrito 6 de El Alto

Rechazo de construcción de hospital

Padres de familia de la junta educativa Mariscal Antonio José de Sucre

Alcaldía de Trinidad

Demanda de entrega de nueva infraestructura

Personal del Hospital Materno Infantil de Trinidad

Alcaldía de Trinidad

Demanda de solución a contaminación de agua

Pobladores de K’ara K’ara (Cochabamba)

Alcaldía de Cochabamba

Demanda de cierre de botadero municipal

Sindicato Agrario de Arrumani (Cochabamba)

Alcaldía de Cochabamba

Rechazo a instalación de botadero municipal

Junta vecinal 10 de Noviembre (Potosí)

Alcaldía de Potosí

Demanda de control ambiental a transportistas públicos

Vecinos de la zona Mercedario de El Alto

Líneas de transporte público Arco Iris y 18 de Diciembre de El Alto

Rechazo a mal servicio de transporte

Transportistas del Sindicato de Transporte 20 de Septiembre de Arbieto (Cochabamba)

Gobernación de Cochabamba

Intervención en conflicto entre líneas de transporte

Federación del Transporte Urbano de la ciudad de Cochabamba

Alcaldía de Cochabamba

Demanda de cierre de líneas de transporte ilegal

Trabajadores de AeroSur (todo el país)

Gobierno central

Rechazo a persecución judicial al Gerente de la empresa AeroSur

Familias asentadas ilegalmente en terrenos de la universidad Autónoma del Beni (UAB)

Fiscalía de Distrito de Beni

Rechazo a procesos judiciales en contra de dirigentes vecinales

Familiares de víctimas de las dictaduras (La Paz)

Fuerzas Armadas

Demanda de desclasificación de archivos militares de la época de dictaduras

Federación Regional de Personas con Discapacidad de El Alto

Gobierno central

Pliego petitorio con demandas de salud, educación y trabajo

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Dueños de locales nocturnos de El Alto

Demanda de mayor seguridad ciudadana

Autoridades y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)

Alcaldía de El Alto

Demanda de cierre de locales nocturnos por seguridad ciudadana

Asociación de Fraternidades Folklóricas Virgen de Urkupiña (Cochabamba)

Alcaldía de Quillacollo

Rechazo a ordenanza municipal que prohíbe expendio de bebidas alcohólicas

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Consejo Central de Federaciones y Asociaciones de Artesanos (COCEDAL) de la ciudad de El Alto

Alcaldía de El Alto

Rechazo a cambio de rango de Dirección Artesanal a Unidad

Asociación Departamental de Defensa de Viviendas del ex Fonvis (ADEVIF) (Santa Cruz)

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Cuestionamiento a demora de procesos para pago de saldo a capital vigente por parte de los beneficiarios

TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

El número de conflictos registrados en el mes de julio muestra que se mantiene la tendencia al incremento de la conflictividad en el país, aunque con fluctuaciones. Luego del pico alcanzado en mayo (81 conflictos), en junio se presentó un importante descenso (57 conflictos), para volver a crecer significativamente en julio –con un incremento de 60% respecto al mes anterior– sobrepasando incluso los registros de mayo, y convirtiéndose en el mes con mayor cantidad de conflictos en el presente año. El actual proceso de formulación de leyes para la implementación de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, la aplicación de las autonomías y la reterritorialización del Estado, así como las transformaciones del sistema político y los recientes procesos eleccionarios, han influido notoriamente en el incremento de la conflictividad del periodo. No obstante, explicarlo todo a partir de estos elementos de carácter coyuntural puede resultar insuficiente; es necesario reconocer también la existencia de problemas estructurales que se van complejizando y dando lugar a conflictos por falta de atención oportuna. El mes de julio, que estuvo saturado de conflictos de ambos tipos, es una clara muestra de esta situación. De no revertirse estos factores, es previsible que los conflictos sigan siendo numerosos y que generen un fuerte malestar social. Los conflictos que se destacaron como los más importantes del mes concentran a sectores estratégicos de la población con demandas de diverso tipo, desde económicas hasta vinculadas a la defensa de derechos políticos: -

El debate alrededor del proyecto que modificará la Ley General de Aduanas y del nuevo código tributario, normas que penalizarán con mayor rigurosidad al contrabando y afectarán a los comerciantes informales, se convirtió en uno de los principales focos de conflictividad durante el mes. En ese sentido, federaciones de gremialistas de todo el país protagonizaron una serie de marchas, las cuales y debido a la gran cantidad de participantes, llegaron a colapsar el tráfico de varias ciudades del país. Al finalizar el mes y ante la desatención de sus demandas, los gremialistas amenazaron con radicalizar sus medidas a partir del mes de agosto, cerrar todos los mercados a nivel nacional y bloquear las fronteras internacionales en diferentes puntos del país. Tomando en cuenta que alrededor del 50% de la población económicamente activa se desenvuelve dentro del comercio informal, no resulta sorprendente la potencialidad conflictiva de esta problemática.

La marcha hacia la ciudad de La Paz que la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) inició en el mes de junio demandando atención a su pliego petitorio de

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13 puntos, es un conflicto de indudable relevancia. Cabe recordar que las demandas interpuestas por los indígenas abarcan varios temas, como mayor participación en la toma de decisiones, transferencia de más recursos para la implementación de las autonomías indígenas y saneamiento de tierras, entre otras que son parte de los desafíos que implica la construcción de un Estado plurinacional. Después de varios acercamientos con el Gobierno y cuando ya se habían cumplido 32 días de iniciadas las medidas de presión, los miembros de CIDOB decidieron replegarse al haber sido atendido un tercio de sus demandas. Puesto que quedaron pendientes varios temas de índole política, como mayores cuotas de poder, es posible que este conflicto rebrote en un futuro cercano. -

En un nuevo escenario de la conflictividad entre el nivel central y las regiones que supera el tradicional antagonismo entre departamentos de tierras bajas y el Gobierno central, la controversia entre el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y el Gobierno por seis demandas, entre las que se encuentra la solución a la disputa de límites con Oruro, se desarrolló en un clima de alta tensión que hacia fines de mes comenzaba a complicarse con la progresiva incorporación de una multiplicidad de actores y la adopción de un paro cívico indefinido en todo el departamento. Este conflicto paulatinamente superó la dimensión económica que inicialmente parecía tener, mostrando la existencia de características más complejas que incluyen aspectos políticos, sociales y culturales.

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de julio los tres principales tipos de conflicto fueron los laborales/salariales (19%), de gestión administrativa (14%) y por medidas económicas/situación económica de las personas (12%). A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su importancia:

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS TIPO DE CONFLICTO

Laboral/salarial

19,44%

Gestión administrativa

14,58%

Medidas económicas/situación económica

12,50%

Leyes/medidas legales

10,42%

Prestación de servicios públicos

9,03%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad

8,33%

Ideológico-político

5,56%

Tierra

4,17%

Gestión del espacio urbano

3,47%

Recursos naturales y medio ambiente

3,47%

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Incumplimiento de convenios

2,78%

Derechos humanos

2,08%

Límites político-administrativos

1,39%

Valores/creencias/identidad

1,39%

Seguridad ciudadana

1,39%

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010.

GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010.

Se presentaron 15 tipos distintos de conflicto, básicamente los mismos que se presentaron en los meses de mayo y junio. Una vez pasada la coyuntura electoral de abril, el número de conflictos de carácter ideológico político ha disminuido notablemente y los vinculados a la situación económica, la administración estatal y la prestación de servicios públicos vuelven a posicionarse en los primeros lugares. Se observa un claro aumento con respecto al mes anterior de los conflictos laborales y de los vinculados con la situación económica de las personas, categorías estrechamente relacionadas. Dentro de la problemática laboral se suscitaron movilizaciones en defensa de fuentes laborales, especialmente de trabajadores municipales que temían despidos masivos como consecuencia del reciente cambio de autoridades; y exigiendo el pago de salarios o de bonos adeudados a los trabajadores de los sectores de salud y educación. En el ámbito económico se generaron numerosos conflictos por la gestión de recursos naturales y la otorgación de recursos económicos directos desde el Estado, como en los casos

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protagonizados por CIDOB, COMCIPO, trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA), sindicatos cocaleros de Palos Blancos y otros. Entre los conflictos vinculados a la gestión administrativa de entidades públicas y privadas destacan nuevamente los generados por retraso en el pago de haberes y bonos; éste puede ser un hecho circunstancial, ya que no todos los meses se presenta esta situación. El resto de los casos se originaron por diversos motivos, aunque cabe resaltar que en la gran mayoría de los conflictos administrativos se interpeló a algún actor estatal, sobre todo a nivel municipal. Los conflictos por prestación de servicios públicos también aumentaron en proporción considerable, lo que aunado a los casos antes descritos revela la existencia de serias deficiencias en el funcionamiento del aparato público. Otros conflictos que resaltaron fueron los relacionados con el proceso de formulación e implementación del nuevo sistema jurídico, específicamente la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el proyecto de Ley General de Aduanas, nuevo Código Laboral, proyecto de Ley de Pensiones y proyecto modificatorio de la Ley de Educación Avelino Siñani, que vienen generando malestar en distintos sectores desde el año 2009. Mientras no se busque establecer consensos para la aprobación de normas, es muy probable que estos temas continúen provocando movilizaciones. Finalmente, aún persisten, aunque en menor número, los conflictos por cuestionamiento de autoridades designadas en el ámbito municipal y los casos enmarcados en el fenómeno de judicialización de la política.

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3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes En el mes de julio nuevamente el sector vecinal/comunal fue el principal demandante (23%) – dentro de éste, los actores más dinámicos fueron los vecinos de la ciudad de El Alto–, seguido por otras organizaciones de la sociedad civil (21%). El sector salud ocupó el tercer lugar (12%) y el cuarto el sector educación (9%), que por primera vez en el año dejó de situarse en uno de los dos primeros lugares.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES SECTOR DEMANDANTE

Nº

Vecinal/comunal

22,83%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil

20,65%

Salud

11,96%

Educación

8,70%

Empresarial

7,61%

Agropecuario/Campesino

7,61%

Transporte

4,35%

Entidad del ejecutivo municipal

3,26%

Entidad del ejecutivo departamental

2,17%

Minero

2,17%

Gremial

2,17%

Cívico

2,17%

Indígena

2,17%

1,09%

921

100%

Partidos políticos/agrupaciones indígenas

ciudadanas/

Entidad del gobierno nacional

TOTAL

pueblos

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

Esta cifra difiere del número total de conflictos del mes debido a que varios de éstos han sido planteados por más de un sector demandante.

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GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

En el mes de julio, los habitantes de áreas rurales y urbanas del país se movilizaron fundamentalmente por asuntos referidos a la prestación de servicios públicos (diez conflictos), por cuestiones políticas (seis conflictos) y por temas ambientales (cuatro conflictos). Después de un paréntesis excepcional durante el mes de junio, el sector vecinal/comunal planteó una serie de conflictos por la prestación de distintos servicios públicos (energía eléctrica, transporte, construcción y mantenimiento de carreteras, etc.), que alcanzaron un tercio del total de los casos. Como es usual, el actor demandado fue el Estado en sus diferentes niveles. En lo que respecta a los temas políticos, continuando la tendencia registrada en junio, fueron frecuentes los cuestionamientos de autoridades locales (subalcaldes), notablemente en El Alto y Santa Cruz2. Aunque de acuerdo con la Ley de Municipalidades es atribución exclusiva del Alcalde designar a los subalcaldes, la presión de las poblaciones locales para participar directamente en las designaciones de autoridades, la exigencia de que éstas gocen de legitimidad, y los intereses políticos de los distintos grupos, han ocasionado un frecuente cuestionamiento a la designación de autoridades locales. Es previsible que en la elaboración de las cartas orgánicas municipales varias localidades incluyan la elección de subalcaldes por voto Desde hace algunos años, ambos municipios están implementando procesos de desconcentración distrital que han permitido que sectores vecinales presenten ternas para la designación de subalcaldes. 2

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popular, por lo que se podría esperar que los conflictos de este tipo se reduzcan considerablemente. En lo que concierne al tema ambiental, desde hace algún tiempo atrás se constató la participación de vecinos y comunarios de diferentes localidades en este tipo de conflictos. En el mes de julio se produjeron algunos casos debido a que la contaminación ambiental ha afectado la actividad económica y la salud de las personas. La mitad de los conflictos protagonizados por el sector vecinal/comunal tuvo como demandados a los gobiernos locales. Por otro lado, es importante notar que más de un tercio de los conflictos protagonizados por el sector se dirigieron hacia otro sector de la sociedad, y la mitad de estos casos derivó en enfrentamientos, lo que reafirma una vez más la hipótesis de que los conflictos sociedad vs. sociedad pueden llegar a ser muy violentos, lo que hace indispensable asumir medidas específicas para prevenirlos. Finalmente, se observa que solamente un cuarto de los conflictos protagonizados por el sector alcanzaron algún tipo de acuerdo durante el mes; en la mayoría de los casos éste se dio porque los actores demandados cedieron. En el segundo lugar de la lista de sectores demandantes se encuentran otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, categoría compuesta por una diversidad de actores, como los familiares de víctimas de las dictaduras, las víctimas de los conflictos de octubre de 2003, importadores de vehículos usados, Movimiento Sin Tierra, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones y jugadores de fútbol y otros. Estos actores interpelaron fundamentalmente al Gobierno central, sobre todo por temas económicos y sociales. A diferencia de lo ocurrido en los meses anteriores, en julio el sector salud se encuentra en el tercer lugar entre los sectores demandantes, alcanzando la cantidad más alta de conflictos en lo que va del año, con prácticamente la totalidad de los casos referidos a cuestiones laborales y salariales, demandas clásicas del sector. En varias oportunidades, los conflictos se originaron en fallas administrativas que impidieron el pago oportuno de salarios o bonos laborales. Como es ya tradicional, se recurrió al paro de actividades como medida de presión más frecuente, con los consecuentes efectos negativos para la población, lo que explica por qué la mayoría de las controversias del sector quedaron resueltas antes de finalizar el mes. La región oriental del país fue la más afectada por este tipo de conflictos. El sector educación se situó en julio en cuarto lugar, abandonando el segundo puesto que había ocupado, sin excepción, durante los seis primeros meses del año. Las dos demandas que generaron la mitad de los conflictos se arrastran desde meses anteriores, aunque ahora tienen menos fuerza: cuestionamiento a los proyectos de ley de pensiones, educación y trabajo y rechazo a los descuentos salariales por concepto de días no trabajados durante las movilizaciones de mayo del presente año. Los otros conflictos están vinculados a problemas específicos de diferentes centros educativos del país. Todos los casos se registraron en departamentos de la región occidental: La Paz, Oruro y Potosí.

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Por otro lado, el sector agropecuario/campesino, que en los meses precedentes no había protagonizado una cantidad significativa de conflictos, en julio tuvo siete registros. La mayoría de los casos son de carácter económico, aunque los asuntos políticos también fueron relevantes. El actor más interpelado fue el Gobierno central, lo que es significativo considerando que el sector campesino es uno de los componentes centrales del partido de Gobierno. En algunos de los casos se puso nuevamente en evidencia la tensión existente entre grupos de campesinos e indígenas, sobre todo en lo que se refiere a la dotación de tierras. Éste representa un escenario complejo para el Poder Ejecutivo central, ya que implica lidiar con intereses contrapuestos de dos sectores sociales clave del Movimiento al Socialismo, cuyo relacionamiento tiene además antecedentes de violencia. Así, es indispensable generar mecanismos de alerta temprana que permitan atender y canalizar adecuadamente estos conflictos que, en muchos casos, se encuentran aún en estado de latencia. Otro caso delicado que involucró también al sector campesino fue el conflicto que enfrentó a dos facciones de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA), con un saldo de varios heridos, tras los intentos de conformar una organización paralela. Este conflicto puede considerarse una secuela de los graves acontecimientos que en el mes de mayo tuvieron lugar en Caranavi; las pugnas en el seno de la Federación, que se hicieron evidentes en ese entonces, determinaron que el carácter fundamentalmente económico de la controversia (demanda de una planta procesadora de cítricos) se entrecruzara con factores políticos que incidieron en su desenlace violento. Por su parte, el sector empresarial, que también había mantenido un perfil bajo en la conflictividad de los meses anteriores, en julio protagonizó una cantidad relevante de conflictos. Más de un tercio de las controversias del sector fueron los clásicos conflictos obrero patronales originados por la demanda de incrementos salariales, bonos y mejora en las condiciones de trabajo. Prácticamente en todos los casos se alcanzó acuerdos basados en la promesa de satisfacer las demandas de los trabajadores. También se registraron algunos conflictos a partir de demandas del sector empresarial hacia el Gobierno central (AeroSur y LEDAL S.A.), de carácter económico y político, dando cuenta de la tensión existente entre ambos actores. El sector indígena continuó protagonizando conflictos, aunque en menor medida que en los meses anteriores. El denominador común de las dos situaciones contenciosas registradas en el mes de julio (CIDOB y pueblo Jach’a Carangas) fue el político, directamente ligado al proceso de implementación de autonomías. Esto muestra, una vez más, que las autonomías indígenas han despertado expectativas muy elevadas que, al no verse materializadas, derivan en conflicto social. Se debe mencionar que, a diferencia de los meses pasados cuando principalmente pueblos indígenas de tierras bajas protagonizaron conflictos relacionados con este tema, en julio un pueblo de tierras altas se sumó al reclamo de mayor autonomía que la que establece la ley recientemente aprobada. Finalmente, es necesario señalar que no se tiene registros de la participación de mujeres en los diferentes conflictos del mes de julio.

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3.2. Sectores y actores demandados Durante el mes de julio las entidades del gobierno central concentraron más de un tercio de las controversias (37%), mientras que los ejecutivos municipales fueron interpelados en un cuarto de los casos (26%); en tercer lugar se sitúan los ejecutivos departamentales (12%), seguidos por el sector empresarial (7%). En conjunto, el Estado, en sus distintos niveles y órganos, concentró más del 80% de las demandas provenientes de distintos sectores del país.

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS SECTOR DEMANDADO

Nº

Entidad del gobierno central

37,23%

Entidad del ejecutivo municipal

25,53%

Entidad del ejecutivo departamental

11,70%

Empresarial

7,45%

Poder Judicial

2,13%

Personas individuales

2,13%

Entidad del legislativo departamental

2,13%

Gremial

1,06%

Minero

1,06%

Fuerzas Armadas

1,06%

Vecinal/comunal

1,06%

Otro

1,06%

Entidad del Legislativo nacional

1,06%

Transporte

1,06%

Policía Nacional

1,06%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil

1,06%

Partidos indígenas

políticos/agrupaciones

ciudadanas/pueblos

Entidad del legislativo municipal

TOTAL

943

1,06%

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

Ver nota 1 para éste y otros casos similares.

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GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

En julio aumentaron los conflictos dirigidos hacia el nivel estatal central en comparación con el mes anterior, aunque de manera relativamente proporcional al aumento general de los conflictos, y sin llegar a los porcentajes de los meses anteriores. Nuevamente, el tema que marcó la agenda de conflictividad del Gobierno central fue el económico: 13 conflictos relacionados con medidas económicas y la situación económica de las personas y 11 relativos a temas laborales y salariales, sumando un total de 24 conflictos. Es importante destacar que, entre las controversias que atañen al Ejecutivo central se registran cada vez más las de carácter multidimensional. Conflictos como el de la CIDOB (que involucra demandas económicas, políticas, sociales y culturales) o el protagonizado por el Movimiento Sin Tierra (con pedidos de tierra, leyes y prestación de servicios públicos) ponen de realce la existencia de situaciones contenciosas complejas, que combinan temas estructurales y coyunturales y que, por tanto, plantean desafíos mayores para su atención integral y su adecuada resolución.

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Los conflictos que tuvieron como demandados a los gobiernos locales aumentaron en relación con el mes anterior, alcanzando un total de 25 (sumando las interpelaciones a los ejecutivos y legislativos municipales). Este mes se observa una importante fragmentación de los casos: una pluralidad de sectores (salud, educación, campesino, vecinal/comunal, gremial, transporte, entre otros) expresaron diferentes demandas, como la prestación de servicios públicos, tierra, seguridad ciudadana, reivindicaciones económicas, laborales, ambientales, políticas, etc. Uno de los ejes centrales fue la protesta por el retraso en pagos de salarios y bonos, problema por el que atravesaron entidades públicas de los tres niveles estatales. Al igual que lo ocurrido en junio, los gobiernos municipales más interpelados fueron los de Santa Cruz (siete conflictos) y de El Alto (seis conflictos), aunque los de Cochabamba (cuatro), Oruro (cuatro), Trinidad (dos) y Potosí (dos) también fueron cuestionados. Como se puede observar, hubo varios gobiernos de capitales de departamento que fueron demandados. Por otro lado, los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental aumentaron también en julio, alcanzando 13 registros (considerando tanto las instituciones del ejecutivo como las del legislativo); las gobernaciones de Oruro y del Beni fueron las más cuestionadas. Como ya se dijo, una parte relevante de los casos estuvo relacionada con las demandas de pago de salarios y bonos. La transición de las prefecturas a gobernaciones, y el consecuente cambio de razón social, está generando una serie de dificultades en los procedimientos administrativos públicos, que, entre otros factores, puede haber ocasionado retrasos en las transferencias de recursos del nivel central al departamental. Una vez superados los inconvenientes administrativos los conflictos concluyeron. Esto demuestra que el proceso de rediseño institucional estatal genera también impactos de tipo operativo y tiene efectos indirectos, como por ejemplo en el pago oportuno de haberes para los diferentes sectores dependientes del Estado. En general, se observa un notable aumento en las interpelaciones hacia los niveles subnacionales y una pequeña disminución, perceptible desde junio, en los conflictos dirigidos hacia el nivel central. Esto ha generado una reducción de la brecha existente entre el Gobierno central y los niveles subnacionales, muy marcada durante los primeros cinco meses del año en curso. Si bien es muy pronto para atribuir esta situación directamente a la implementación del proceso autonómico, que aún está dando sus primeros pasos, las expectativas de los distintos sectores en torno al mismo pueden estar dando lugar a reconfiguraciones en el esquema de la conflictividad del país. Por otra parte se puede insistir en el hecho de que, en el mes de julio, un denominador común a los tres niveles estatales es la existencia de conflictos vinculados a temas operativos de la gestión pública (más concentrados en los niveles subnacionales que en el central). Esto permite inferir que el rediseño estatal, que tiene entre sus pilares la implementación de varios tipos de autonomía, es y será un importante generador de conflictos de carácter estructural y directamente vinculados al proceso, así como operativos e indirectamente ligados a éste.

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4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS 4.1. Ámbito geográfico de los conflictos Después de la situación excepcional que se vivió en el pasado mes de junio cuando Oruro se colocó en el primer lugar en cuanto al número de conflictos, La Paz volvió a encabezar la lista de los departamentos con mayor cantidad de conflictos, concentrando un cuarto de los casos. En segundo lugar se encuentra el departamento de Santa Cruz (18%), seguido por Beni (15%) y Oruro (13%). Es notable el hecho de que Cochabamba, que suele encontrarse entre los primeros tres lugares, en julio se ubica en el quinto puesto.

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

Nº

La Paz

25,56%

Santa Cruz

17,78%

Beni

15,56%

Oruro

13,33%

Cochabamba

7,78%

Potosí

8,89%

Todo el país

6,67%

Más de uno

3,33%

1,11%

Chuquisaca TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

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La siguiente figura muestra la distribución territorial de los conflictos:

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

La mitad de las situaciones contenciosas registradas en el departamento de La Paz ocurrió en la ciudad de El Alto, dos en la región de Los Yungas y las demás en la ciudad de La Paz. En lo que respecta a la ciudad de El Alto, la mayoría de los casos fue protagonizada por el sector vecinal y estuvo dirigida fundamentalmente al Gobierno municipal. Los temas por los cuales se movilizaron los alteños estuvieron fundamentalmente vinculados a la prestación de servicios públicos, aunque también plantearon una cantidad relevante de demandas políticas (sobre todo referidas a la destitución de autoridades distritales, al igual que en el mes anterior) y de seguridad ciudadana, entre otras. Es importante destacar que la mitad de los conflictos de El Alto tuvo registros de violencia en enfrentamientos entre sectores sociales. La ciudad de La Paz fue el epicentro de varios de los conflictos que involucraron al conjunto del país. En lo que respecta a controversias que sólo se manifestaron en esta urbe, los temas laboral/salariales por los que se cuestionó al Gobierno central fueron los que la marcaron. Finalmente, en la región de los Yungas se suscitaron dos conflictos: uno por rechazo a la erradicación de la coca y otro antes mencionado debido a pugnas internas en la federación de colonizadores; ambos tuvieron tintes políticos, aunque el primero es también de carácter económico. Por su parte, el departamento de Santa Cruz duplicó el número de controversias registradas en el mes de junio, aunque de manera relativamente proporcional al incremento general de los conflictos en el país. Más de un tercio de las demandas del departamento estuvo dirigido a la Alcaldía de Santa Cruz, fundamentalmente por temas administrativos/laborales (pago de sueldos) y políticos (cuestionamiento de autoridades distritales). De igual manera, un cuarto de los conflictos estuvo dirigido hacia el Gobierno central, entre los que destaca el protagonizado por el sector campesino con demandas mayormente vinculadas a la tierra. También se registraron dos casos que implicaron enfrentamientos con las fuerzas del orden, el primero de

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los gremialistas del mercado La Ramada y el segundo de la Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania. Uno de los cambios más significativos del mes en cuanto a la distribución geográfica de los conflictos se refiere a los registros del Beni. Durante los seis primeros meses del año, prácticamente sin excepción, dicho departamento presentó bajos niveles de conflictividad; en cambio en julio se situó en el tercer lugar de la lista nacional. Todos los conflictos tuvieron como actor demandado al Estado; seis de estos4 se dirigieron a alguna entidad del Gobierno central, cuatro a la Gobernación, tres a la Alcaldía de Trinidad, uno al Poder Judicial y uno a la Fiscalía de Distrito. En general, tres fueron los ejes que marcaron la conflictividad en el Beni durante el mes de julio: el primero, referido a la tensión política existente entre el departamento y el Gobierno central; el segundo, relativo al proceso de implementación de las autonomías y, el tercero, relacionado con temas administrativos/laborales enmarcados en los inconvenientes de gestión que tuvieron varias entidades públicas, que ya fueron abordados en páginas precedentes. Así, es probable que el incremento de los conflictos en este departamento tenga que ver, en alguna medida, con la inminencia de la implementación de las autonomías tras la aprobación de la Ley Marco a mediados de mes. Dado que la agenda pública nacional en los próximos meses seguirá estando fuertemente marcada por ese tema, es previsible que los dos primeros focos de conflicto se mantengan. Por el contrario, si se logran superar los impasses administrativos, el tercer factor tenderá a desaparecer, al menos de manera provisional. El departamento de Oruro, que en el mes de junio tuvo la mayor cantidad de conflictos, en julio descendió al cuarto lugar. Sin embargo, es necesario señalar que si bien bajó su peso relativo con relación al total de los conflictos, presentó el mismo número de controversias. El tema por el que más se movilizaron los orureños fue el económico, dentro del cual destacan los conflictos laborales, aunque también el cuestionamiento de autoridades estuvo presente a través de algunos casos. Es importante destacar que algunas de las situaciones contenciosas que tuvieron alcance nacional, relacionadas con el rechazo a las políticas que impulsa el Gobierno para la regularización de ciertas actividades económicas –protagonizadas por importadores de vehículos, comerciantes minoristas y mayoristas, entre otros– se manifestaron de manera contundente en la ciudad Oruro. Esto es explicable dado el carácter preponderantemente comercial de esta urbe que, desde la relocalización de los trabajadores mineros en los años ochenta, ha experimentado un crecimiento relevante de las actividades informales5. El departamento de Potosí ocupó en julio un lugar similar al registrado en los meses anteriores. Sin duda, el conflicto originado en el problema de límites entre Coroma y Quillacas fue el más destacado, mientras que las demás demandas sociales, o bien fueron incluidas en el pliego petitorio regional, o bien se expresaron en conflictos menores en alcance y en cuanto al uso de medidas de presión. La gravedad de la controversia entre Potosí y Oruro, que involucró a una Incluyendo el conflicto protagonizado conjuntamente por Beni, Santa Cruz y Tarija, contemplado en la categoría Más de uno. 5 Molina Rivero, R. 2008. “Estudio de caso Oruro. Reseña histórica y consulta sobre regionalización del departamento de Oruro” en Procesos de Desconcentración Prefectural en Bolivia. Foro Descentralización, Autonomías y Constituyente. Ed. Holding. La Paz-Bolivia. 4

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multiplicidad de sectores del departamento, hizo que la conflictividad girara prácticamente sólo en torno a esta problemática, dejando en un segundo plano otros casos puntuales. Los conflictos que involucraron a todo el país fueron los planteados por la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia y por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, en rechazo a la modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario; por los trabajadores de AeroSur en rechazo a las medidas judiciales emprendidas contra el Gerente de la empresa; por la Federación de Trabajadores Municipales de Bolivia en repudio a los despidos; y por las organizaciones departamentales de fútbol por las elecciones internas en su Federación. Asimismo, los casos que involucraron a más de un departamento fueron las controversias entre Coroma y Quillacas por el tema de límites, la de los departamentos del Beni, Santa Cruz y Tarija por la modificación parcial de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la protagonizada por CIDOB. Desde un punto de vista agregado es posible destacar que varios conflictos que en julio trascendieron los límites departamentales y provocaron una tensión generalizada en el país están relacionados con el proceso de implementación de la CPE.

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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos Las medidas de presión desplegadas por los diferentes actores movilizados se multiplicaron en el mes de julio, alcanzando un total de 172 registros. Sin duda, éste es un fenómeno directamente relacionado con el aumento general del número de conflictos; sin embargo, el incremento no ha sido proporcional, pues habiéndose producido un 60% más de conflictos en julio, en realidad sólo hubo un 46% más de medidas de presión con respecto a junio.

CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

En julio los niveles de violencia aumentaron ligeramente con respecto al mes anterior: hubo más medidas de presión de confrontación media en detrimento de las de menor incidencia, también se suscitaron nueve enfrentamientos violentos, dos más que junio. Se incrementaron las acciones de fuerza que afectaron a terceros, habiéndose registrado más marchas, bloqueos y huelgas de brazos caídos en diferentes instituciones, aunque en consonancia con los meses anteriores, la amenaza sigue siendo el recurso más utilizado por los actores en conflicto. Si bien ningún conflicto derivó en una crisis seria que pudiera afectar la gobernabilidad del Estado, es preocupante el hecho de que más de la mitad de los episodios de enfrentamiento se hayan producido al interior de la sociedad. Uno de estos se desarrolló como consecuencia de las pugnas políticas internas de la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA),

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demostrando que a pesar de que fue atendida la demanda principal, los hechos trágicos de mayo continúan teniendo efectos. Por último cabe acotar que, con notoriedad, en los conflictos por temas económicos se desplegó la mayor cantidad de medidas de fuerza y las más contundentes y violentas, lo cual no resulta sorprendente tomando en cuenta los altos índices de pobreza del país. Aunque en menor medida, sucedió lo mismo con los conflictos laborales y los de carácter político.

5.2. Alcance de las medidas de presión En julio hubo variaciones casi imperceptibles en los rangos de afectación de las medidas de presión. Como en casi todos los meses anteriores, más de un tercio de las acciones desplegadas no sobrepasaron el ámbito intrainstitucional, debido a que, como ya se dijo, entre las principales medidas de fuerza figuraron la amenaza y/o declaratoria de estado de emergencia y la huelga de hambre. En cuanto al alcance vecinal/comunal y nacional, se verifican ligeras reducciones de menos de 3% en cada uno, pero que son absorbidas por el aumento de medidas de presión que afectan a los ámbitos municipal y regional.

CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ALCANCE

Nº

Intrainstitucional

38,89%

Vecinal/comunal

27,78%

Municipal

12,22%

Regional

10,00%

Nacional

6,67%

Departamental

4,44%

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Si bien el número de conflictos en julio aumentó en relación con el mes precedente, no ocurrió lo mismo con el número de situaciones contenciosas que quedaron pendientes de solución: en junio 61% del total de conflictos siguieron vigentes al concluir el mes, mientras que en julio este porcentaje disminuyó a 44%. Las salidas por la vía del acuerdo también muestran mejoría: de 13% en junio, en julio subieron a 24% (17% acuerdo total y 7% acuerdo parcial). Los conflictos que pasaron a agosto en medio de negociaciones abiertas representaron el 3%, al igual que en el mes pasado. El retroceso de uno de los actores como forma de salida se presentó en el 2% del total de casos registrados, lo mismo que el cuarto intermedio. Los conflictos que tuvieron otra forma de salida alcanzaron al 1%. Uno de los acuerdos totales más importantes conseguidos en julio fue el de la Gobernación de Potosí, la cual junto a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), llegó a un convenio con los pobladores de Vitichi para la finalización del proyecto carretero Bella Vista - Cotagaita. En este conflicto, agudizado en la segunda mitad de julio, los demandantes retuvieron la maquinaría de construcción luego de que la empresa intentara retirarla del lugar y bloquearon diversos puntos de vías de integración provincial. Entre los acuerdos parciales más importantes está el logrado entre el Gobierno central y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la que demandaba atención de las autoridades nacionales en varios temas. El principal punto del acuerdo fue el compromiso del Gobierno de destinar recursos directos para el establecimiento de las autonomías indígenas; a fin de tratar de manera coordinada el resto de las demandas se definió la apertura de mesas de diálogo. Los procesos de negociación que no concluyeron en julio y que podrían dar lugar a acuerdos en agosto fueron los emprendidos en los conflictos protagonizados por los trabajadores de la Caja Nacional de Salud y el Ministerio del área por varios temas de índole laboral; por el Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B) y el Gobierno central por dotación de tierras, entre otras cuestiones; y por los trabajadores municipales de Oruro y la Alcaldía de esa capital por asuntos de orden laboral. De otro lado, los conflictos que tuvieron como salida el retroceso de uno de los actores (abandono de las medidas de presión) fueron dos. En el primero, planteado contra la nacionalización de la Industrializadora de Leche (PIL) Andina, los representantes de la firma Leche del Altiplano (LEDAL SA) dejaron sin efecto su movilización tras el anuncio de que esta medida no iba a ser llevada adelante. En el segundo, originado por el rechazo de los vecinos del Distrito 6 de El Alto a la construcción de un hospital materno infantil por considerar que no se lo necesita en la zona, los manifestantes determinaron replegarse del lugar de las obras ante el refuerzo de la custodia policial ordenado luego de que agredieran a un primer contingente allí destacado.

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Se declaró cuarto intermedio en el conflicto de los trabajadores de la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña (EMCOISA) y la Cooperativa Minera La Joya por un permiso para realizar trabajos de inspección de los yacimientos de oro, y en el caso del sindicato del Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) del Beni y la Gobernación de ese departamento por garantías para la conservación de sus fuentes de trabajo. La única salida no convencional registrada en julio tuvo lugar en el conflicto entre algunas federaciones departamentales de fútbol y la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), suscitado por la oposición de las primeras a la postulación con fines de reelección de dos dirigentes deportivos. El conflicto se desactivó una vez que fue confirmada la cuestionada reelección dirigencial.

CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN

Nº

Continúa

44,44%

Se desconoce

23,33%

Acuerdo total

16,67%

Acuerdo parcial

6,67%

En negociación

3,33%

Retroceso de uno de los actores

2,22%

Cuarto intermedio

2,22%

Otra

TOTAL

1,11%

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, julio de 2010

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7. CONCLUSIONES -

El mes de julio presentó un acentuado incremento en el número de conflictos, con un registro de 90 casos, 33 más que en junio y nueve más que en mayo. Estas cifras muestran que la conflictividad en el país tiene un comportamiento fluctuante, aunque la tendencia general en el año 2010 es de incremento progresivo de los conflictos.

Los tres principales conflictos del mes fueron los siguientes: el protagonizado por la Confederación de Gremialistas de Bolivia en demanda a modificaciones al proyecto de ley general de aduanas que se discute en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ya que la dureza con que éste trata al sector informal puede afectar en el corto plazo sus ingresos; la marcha de los miembros de CIDOB reclamando atención a su pliego petitorio de 13 puntos, la mayoría de los cuales hace referencia al tema de autonomías indígenas, otorgación de recursos económicos desde el Estado y mayores cuotas de poder; y el conflicto planteado por el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) en torno a seis demandas regionales vinculadas con los intereses económicos y políticos departamentales de larga data. Aunque ninguno de estos casos desembocó en una confrontación mayor, los tres revisten gran importancia ya que son representativos de problemáticas estructurales que afectan al país.

En julio los tres principales tipos de conflicto fueron los vinculados con las condiciones laborales y salariales, con la gestión administrativa de diferentes entidades y con las medidas económicas y la situación económica de las personas. Los conflictos de carácter coyuntural que surgieron como consecuencia de los procesos políticos recientes, como las elecciones de abril y la consecuente posesión de autoridades, se están reduciendo, con lo que el número de conflictos ideológico/políticos ha disminuido notablemente. La violencia se mantuvo en un nivel medio con ligeros incrementos con respecto al mes anterior. Sin embargo, resulta preocupante que se hayan producido más enfrentamientos que involucraron, en su mayoría, a sectores de la sociedad civil. Fueron los conflictos de tipo económico los que, por lo general, involucraron el uso de medidas de violencia media y contundente.

Las dificultades y carencias en el acceso a servicios públicos hace que ésta sea una demanda permanente de habitantes de distintas localidades del país, tal como se verificó nuevamente durante el mes de julio.

La presión de las poblaciones locales para participar directamente en la designación de autoridades, la exigencia de que éstas gocen de legitimidad, y los intereses políticos de distintos grupos, hicieron que en julio nuevamente la sociedad civil protagonizara conflictos por cuestionamiento de autoridades locales designadas.

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Los sectores de salud y educación se movilizaron fundamentalmente por temas laborales/salariales, varios de estos vinculados con problemas operativos de gestión en entidades estatales que retrasaron el pago de salarios y bonos.

En general, se observa un notable aumento en las interpelaciones hacia los niveles subnacionales y una pequeña disminución, perceptible desde junio, en los conflictos dirigidos hacia el nivel central del Estado.

El proceso de rediseño estatal, que tiene entre sus pilares la implementación de varios tipos de autonomía, es y será un importante generador de conflictos, tanto estructurales y directamente vinculados al proceso, como operativos e indirectamente ligados a éste.

La Paz volvió a encabezar la lista de los departamentos más conflictivos, seguida por Santa Cruz, Beni y Oruro.

En julio predominaron los conflictos que continuaron vigentes al concluir el mes, aunque hubo una cierta reducción de estos casos respecto a junio. Los acuerdos totales y parciales fueron algo mayores a los alcanzados en junio.

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GUÍA RÁPIDA6 CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al.). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, puede determinar el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 6

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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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