INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de mayo de 2010
Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Índice Presentación
p. 3
1. La conflictividad en Bolivia
p. 4
2. Tipología de los conflictos
p. 10
3. Sectores y actores demandantes y demandados
p. 13
4. Ámbitos de los conflictos
p. 20
5. Medidas de presión y violencia
p. 23
6. Salida de los conflictos
p. 25
7. Conclusiones
p. 27
Guía rápida
p. 29
2
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Presentación El presente informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia corresponde al mes de mayo de 2010. La información con la cual se ha trabajado proviene de una base de datos virtual sobre la conflictividad en Bolivia que la Fundación UNIR Bolivia alimenta periódicamente desde enero de 2006 y actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones en cuanto al registro completo de la conflictividad suscitada en Bolivia en el período mencionado. La principal es la utilización de los medios de comunicación como fuente primaria de información. Éstos, como es sabido, pese a que proveen abundantes datos aprovechables en esta materia, tienden a cubrir los conflictos mientras mantengan interés noticioso (es decir, cuando se encuentran en etapa de confrontación), y otorgan poca cobertura a las fases de pre y post conflicto. Otra limitante es la información no siempre disponible sobre conflictos locales, especialmente sobre aquellos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder, situación que puede provocar un sesgo en el análisis estadístico. Sin embargo, cuando en sitios pequeños y aislados se originan conflictos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente cubiertos por los medios. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.
3
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de mayo de 2010 1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de mayo de 2010 se registraron 81 conflictos, los cuales, en lo que hace a los actores demandantes y demandados, se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN MAYO DE 2010 Nº
ACTOR DEMANDANTE
ACTOR DEMANDADO
1
Pobladores de Caranavi
Gobierno central
2
Sindicato de Volantes a Yungas
Gobierno central
3
Pobladores de Palos Blancos y Alto Beni
Pobladores de Caranavi
4
Pobladores de Tipuani, pobladores de Guanay y pobladores de Teoponte
Gobierno central
5
Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB)
Gobierno central
6
Central Obrera Boliviana (COB)
Gobierno central
7
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
Gobierno central
8
Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB)
Gobierno central
9
Esposas de policías
Gobierno central Gobierno central
10
Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB) y estudiantes universitarios
11
Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de El Alto
Magisterio de El Alto y Gobierno nacional
12
Trabajadores en salud de El Alto
Gobierno central
13
Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El Alto y padres de familia de 6 macrodistritos de La Paz
Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)
14
Gremiales de El Alto
Alcaldía de El Alto
4
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
15
Asociaciones de comerciantes minoristas de ropa de invierno
Alcaldía de Santa Cruz
16
Federación de Mercados de El Alto
Alcaldía de El Alto
17
Asociación Comerciantes 2 de Febrero
Alcaldía de El Alto
18
Vecinos de la zona Nuevos Horizontes
Alcaldía de El Alto
19
Vecinos de los barrios Villa Dolores, Barrio Minero y 12 de Octubre de El Alto
Alcaldía de El Alto
20
Comerciantes del mercado Unión y Progreso
Comerciantes del mercado Pasaje Señor de Mayo
21
Vendedores de calzados ubicados en la calle Adolfo Mier (Oruro)
Alcaldía de Oruro
22
Federación de Comerciantes 12 de Junio
Alcaldía de Cochabamba
23
Trabajadores en salud de Cochabamba
Gobernación de Cochabamba
24
Movimiento de Trabajadores Campesinos e Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B)
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz
Corte Nacional Electoral
25
Dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, de Unidad Nacional, del Movimiento Sin Miedo, de Alianza por Chuquisaca, de Alianza Patriótica Social y de Convergencia Nacional
26
Vecinos de la OrganizaciónTerritorial de Base (OTB) Oroncota
Alcaldía de Sacaba
27
Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)
Gobierno central
28
Comités cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija
Gobierno central
29
Militantes de la agrupación ciudadana Todos por Santa Cruz y del Movimiento al Socialismo
Corte Nacional Electoral
30
Pobladores de Arrumani
Alcaldía de Cochabamba
31
Trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC)
Gobierno central
32
Comité Cívico de Puerto Suárez
Gobierno central
33
Internos del penal de San Antonio
Defensor del Pueblo
34
Fuerzas Armadas de la Nación
Alcaldía de La Paz
35
Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO)
Gobierno central
36
Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)
Gobierno central
37
Sindicato de Trabajadores de Avance de Obras
Alcaldía de Oruro
38
Socios de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL)
Gerencia General de COSMOL
39
Asociación de Artesanos Ñuflo de Chávez
Alcaldía de Santa Cruz
Vecinos de la OTB Ayacucho
Alcaldía de Cochabamba y comerciantes minoristas del pasaje Cliza
Propietarios de terrenos en las urbanizaciones Santa Lucía y Colinas de Andalucía
Alcaldía de Sacaba y ocupadores ilegales de terrenos
40 41
5
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
42
Federación Departamental de Trabajadores de Salud de Santa Cruz
Alcaldía de Santa Cruz
43
Internos del penal de Cantumarca
Autoridades del régimen penitenciario
44
Sindicato de trabajadores de la mina Porco
Empresa Minera Sinchi Wayra
45
Comunarios de Vitichi
Gobernación de Potosí
46
Importadores y estibadores de Charaña
Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
47
Mototaxistas de Riberalta
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
48
Militantes de Unidad Nueva Esperanza (UNE)
Concejo Municipal de Quillacollo
49
Estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma del Beni (UAB)
Fiscalía de Distrito
50
Federación Departamental Única de Trabajadores Eventuales del PLANE Tarija
Gobierno central
51
Vecinos de la zona Bautista Saavedra C.
Concejo Municipal de El Alto
52
Trabajadores del Servicio Regional de Salud (SERES) de El Alto
Servicio Departamental de Salud (SEDES)
53
Comerciantes de la Súper Feria
Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
54
Magisterios urbano y rural del Beni
Director Distrital de Educación
55
Autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)
Gobierno central
Normalistas de Cochabamba
Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) Cochabamba
57
Internos del penal de San Sebastián
Autoridades del Régimen Penitenciario
58
Autotransporte libre del Chapare
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
59
Pobladores de Coroma
Gobierno central
60
Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)
Gobierno central
61
Reclusos del penal de Uncía
Autoridades Régimen Penitenciario
62
Cooperativa de Transporte Mixto El Pailón
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
63
Postulantes a la escuela superior de formación de maestros Simón Bolívar
Ministerio de Educación
64
Asociación Nacional del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana
Asamblea Legislativa Plurinacional
65
Asociación Nacional de Jubilados
Gobierno central
66
Docentes y estudiantes de la Escuela Municipal de Artes de El Alto
Alcaldía de El Alto
Movimiento Sin Lote
Ingenio San Aurelio, Gobierno Nacional y Gobierno Municipal
68
Educadoras y padres de familia de las guarderías Manitos
Alcaldía de El Alto
69
Sindicato de Trabajadores Municipales de El Alto
Alcaldía de El Alto
70
Empresas constructoras de El Alto
Alcaldía de El Alto
71
Productores de coca de la provincia Franz Tamayo
Gobierno central
72
Trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos La
Gobierno central
56
67
6
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Paz (COTEL)
73
Federación de Campesinos de Chuquisaca
Poder Judicial
74
Comunarios de cuatro ayllus de Uncía
Policía Nacional
75
Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS)
Gobierno central
76
Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales de la Periferia de Oruro (CODEJUVEPURO)
Asamblea Legislativa Plurinacional
77
Importadores de vehículos
Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
78
Vecinos de la urbanización Sajama
Alcaldía de Oruro
79
Comités cívicos de Llallagua y de Huanuni
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Periodistas de la ciudad de El Alto
Central Obrera Regional (COR) de El Alto y gremiales seguidores de Braulio Rocha
Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (FEDECOMIN)
Comité Cívico Potosinista COMCIPO
80 81 81
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
La conflictividad en Bolivia durante el mes de mayo experimentó una significativa agudización, la cual no sólo se evidenció en el incremento numérico de los casos (se registraron 17 conflictos más que el mes pasado), sino también en un nivel cualitativo, pues se registró un mayor despliegue de medidas de presión, varias de ellas con improntas de violencia exacerbada y con un rango de alcance nacional. En una panorámica de la conflictividad de los últimos cinco meses, se ratifica la tendencia ascendente ya mencionada en anteriores informes. En gran medida la conflictividad de mayo fue el resultado de la dilatación de problemáticas que emergieron el mes anterior. Por ejemplo, la disconformidad social respecto al aumento salarial del 5% desencadenó en abril varias marchas y anuncios de protesta por parte de sectores sociales como la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB); cuando el 2 de mayo el gobierno oficializó el aumento mediante un decreto supremo, la situación se complicó al generarse inmediatamente seis conflictos más. Otro eje de conflictividad proveniente de abril, pero ya presente en anteriores meses, fue el conjunto de reclamos respecto al nuevo sistema jurídico para la aplicación de la Constitución Política del Estado, quedando pendientes los debates sobre la legislación laboral, educativa y territorial. Por último, el conflicto de Caranavi –el cual ya había presentado atisbos de convertirse en una confrontación mayor entre el gobierno y los colonizadores de ese municipio– se transformó en un pequeño pero importante polo de conflictividad que generó otros cuatro conflictos paralelos.
7
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Al mismo tiempo, durante este mes se evidenció la reaparición de ciertas temáticas en el panorama de los conflictos: el manejo de los mercados y los espacios comerciales en urbes de alta atracción de la población migrante interna (surgieron por lo menos ocho conflictos referentes al tema); el manejo administrativo de los centros penitenciarios, especialmente en el pago de prediarios a los privados de libertad (tres conflictos). Los conflictos vinculados a la prestación de servicios públicos, como el mantenimiento y la construcción de tramos carreteros en diferentes puntos del país, y la provisión de servicios básicos y de carburantes (seis conflictos), también tuvieron una presencia relevante en mayo. Los conflictos que destacaron como los más importantes del mes se resumen en las siguientes líneas: El conflicto de Caranavi se originó por el pedido de una planta procesadora de cítricos, convirtiéndose en un símbolo de desarrollo económico y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones demandantes. Además de las causales económicas, las pugnas políticas entre las bases del sector de colonizadores y sus representantes y delegados en el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional jugaron también un papel importante. Los sectores protagonistas recurrieron a diversas medidas de presión para lograr su cometido: un sostenido bloqueo de caminos que duró alrededor de doce días, la toma y destrucción de inmuebles pertenecientes a autoridades vinculadas con el partido oficialista y la Policía Nacional, entre otras. De manera paulatina se fueron sumando nuevos actores y demandas a la escena, lo que incrementó la tensión e hizo temer la posibilidad de un conflicto de dimensiones mayores. El día 7 de mayo, ante un estado crítico de desabastecimiento de productos de primera necesidad en la región de los Yungas debido a las obstrucciones camineras, efectivos de la fuerza del orden ingresaron a la localidad y se enfrentaron a los movilizados; las consecuencias de esta intervención fueron dos muertos, al menos 40 heridos y varios detenidos. Esta acción dio paso al inicio de un proceso de diálogo, el cual derivó en una solución parcial al conflicto. La demanda de un incremento salarial mayor al 5% ofrecido por el gobierno, a la par de otros pedidos sectoriales, desató una serie de conflictos de gran envergadura. Tres de éstos sobresalieron debido a la aplicación de medidas de fuerza de manera sistemática en el ámbito nacional; sus actores fueron la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Central Obrera Boliviana (COB). De manera coordinada, estos tres sectores paralizaron labores en dos oportunidades (el 4 y el 10 de mayo) y emprendieron, 8
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
junto a otros actores, una multitudinaria marcha desde Caracollo hasta la ciudad de La Paz (el mismo 10 de mayo). Sin embargo, el día 14 de mayo, Pedro Montes, dirigente de la COB, firmó un acuerdo con el gobierno, en el que se estableció un aumento salarial inversamente proporcional a los sueldos mensuales percibidos (se disminuirá los sueldos a quienes ganan más para aumentar los sueldos de los trabajadores con salarios menores). El mismo fue rechazado por varios de los actores involucrados, incluso dentro de la cúpula de la entidad matriz de los obreros; esto ocasionó que las protestas continuaran e incluso se radicalizaran. Múltiples marchas en las principales ciudades del país, la paralización generalizada de las actividades escolares, los bloqueos de carreteras y hasta la toma del Ministerio del Trabajo por los fabriles, caracterizaron esta etapa de los conflictos. Finalmente, el gobierno mantuvo su negativa ante la demanda de incremento salarial, aunque intentó apaciguar los ánimos cediendo ante pedidos secundarios (como la nivelación de los sueldos respecto a los percibidos por los maestros rurales, en el caso de la CTEUB; o la disminución de la edad de jubilación para todos los trabajadores). A pesar de ello, los acuerdos no fueron satisfactorios, pues algunos grupos internos de estos sectores declararon su intencionalidad de persistir en su reclamo hasta la consecución de sus objetivos.
9
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de mayo los cuatro principales tipos de conflicto fueron los vinculados con medidas económicas y la situación económica de las personas (25%), la gestión administrativa de diferentes entidades (14%), temas legislativos y legales (10%) y las condiciones laborales y salariales (8%). A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su importancia: CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS TIPO DE CONFLICTO
Nº
%
Medidas económicas/situación económica
36
25,4%
Gestión administrativa
20
14,1%
Leyes/situación/medidas legales
14
9,9%
Laboral/salarial
11
7,7%
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad
12
8,5%
Prestación de servicios públicos
10
7,0%
Gestión del espacio urbano
10
7,0%
Ideológico-político
6
4,2%
Recursos naturales y medio ambiente
6
4,2%
Tierra
5
3,5%
Derechos humanos
3
2,1%
Otro
3
2,1%
Incumplimiento de convenios
2
1,4%
Valores/ creencias/identidad
2
1,4%
Seguridad ciudadana
1
0,7%
Límites político-administrativos
1
0,7%
1421
100%
TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
Esta cifra difiere del número total de conflictos del mes porque varios de éstos, en razón de sus características, ameritan su clasificación en más de una categoría específica. 1
10
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
En mayo se originaron conflictos de diversa índole, registrándose algunos temas nuevos respecto al mes de abril, como conflictos por límites políticos/administrativos y por gestión del espacio urbano, entre otros. La categoría situación económica/medidas económicas, posicionada en los primeros lugares de importancia desde enero, se volvió a distinguir este mes. Los conflictos por temas de gestión administrativa de diversas entidades y por las condiciones laborales y salariales de varios sectores ocupan también posiciones significativas; mientras que los conflictos relacionados con lo ideológicopolítico disminuyeron considerablemente. En contraste, surgieron bastantes conflictos por la formulación de leyes y por el cuestionamiento de autoridades (en especial del gobierno central y de las alcaldías municipales). La conflictividad vinculada con la categoría situación/medidas económicas se explica desde la problemática salarial antes mencionada. En esta tipología también se evidencian otros dos grandes polos de conflictividad: la búsqueda de opciones para el desarrollo rural y la situación del comercio informal. Dentro del primero, resaltan las demandas por la intervención estatal para mejorar el bienestar general de determinadas localidades (claros ejemplos fueron el conflicto de los pobladores de Caranavi por la construcción de una planta procesadora de cítricos, el conflicto de los pobladores de Coroma por la instalación de una fábrica de cemento en la zona y el conflicto en Puerto Suárez por la explotación del cerro Mutún). En cuanto a la economía del sector informal, el argumento de los conflictos giró principalmente en torno a la gestión del espacio público en ciudades de gran expansión demográfica (como El Alto y Santa Cruz de la Sierra). Junto con los conflictos laborales –los cuales tuvieron su origen en la demanda 11
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
de un incremento salarial mayor al 5%, en atrasos en el pago de sueldos y en pedidos de más fuentes de empleo–, el empobrecido estado de la economía de la población resulta ser, entonces, el principal nodo estructural que amenaza la estabilidad social. En la categoría gestión administrativa, como casi todos los meses, se percibe tanto una diversidad temática como la dispersión de los conflictos. En la mayoría de éstos los actores demandados fueron entidades del gobierno central, especialmente las autoridades de régimen penitenciario y de la Aduana Nacional Boliviana (ANB); otra cantidad considerable de demandas se dirigió al ámbito de la administración municipal. Estas demandas evidencian deficiencias en sectores específicos de la administración estatal, cuyos conflictos –dicho sea de paso– se relacionan con la situación económica de los actores demandantes en por lo menos siete de once casos. El alza de conflictividad en la categoría leyes/situación/medidas legales, la cual se mantuvo en cifras bajas en los últimos tres meses, está asociada con el proceso de implementación del nuevo sistema jurídico a partir de la Constitución Política del Estado. De ese modo, la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas, el proyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público, el proyecto de Ley de Pensiones, el proyecto del Código de Trabajo, entre los más importantes, han originado que sectores estratégicos de la sociedad se movilicen en rechazo a disposiciones específicas en las propuestas del gobierno, soliciten modificaciones y su inclusión en la formulación de estas normas.
12
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes Acentuando una tendencia manifiesta desde enero del presente año, en mayo los sectores vecinal/comunal y educación encabezan la lista de demandantes, con el 17% y el 15% del total, respectivamente. Por su parte, el sector gremial inició 9 conflictos, equivalentes al 11% del total. CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES SECTOR DEMANDANTE
Nº
%
Vecinal/comunal
14
17,3%
Educación
12
14,8%
Gremial
9
11,1%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
6
7,4%
Empresarial
5
6,2%
Carcelario
4
4,9%
Cívico
4
4,9%
Indígena
4
4,9%
Transporte
4
4,9%
Minero
3
3,7%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas
3
3,7%
Agropecuario/campesino
3
3,7%
Salud
3
3,7%
Policía
2
2,5%
Entidad del gobierno municipal
1
1,2%
Rentista
1
1,2%
Entidad del gobierno departamental
1
1,2%
Fabril
1
1,2%
Fuerzas Armadas (FFAA) TOTAL
1 81
1,2% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
13
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
En lo respectivo al sector vecinal/comunal, un tercio de las demandas tuvo un trasfondo económico, relacionado fundamentalmente con el desarrollo rural de diversas comunidades del país, mientras que otro tercio estuvo ligado con la gestión del espacio urbano. Así, esos dos temas movilizaron de manera determinante a pobladores de áreas tanto rurales como urbanas. De igual manera y como es habitual, este sector expresó también varias demandas relacionadas con la prestación de servicios públicos, fundamentalmente agua potable. Por otro lado, en consonancia con lo detectado en abril, en mayo el sector vecinal/comunal se manifestó acerca del tema ambiental (comunarios de Vitichi, pobladores de Arrumani), exigiendo una oportuna y efectiva atención estatal a dicha problemática. Un tercio de los doce conflictos protagonizados por el sector educación estuvo vinculado con el pedido de un incremento salarial superior al 5% propuesto por el gobierno. Ello confirma lo expresado en acápites anteriores del presente informe en torno a la espiral de conflictividad generada por el tema salarial. Cabe destacar que tanto postulantes como docentes de las escuelas normales continuaron movilizándose en mayo; los
14
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
primeros solicitaron la flexibilización de la nota mínima de ingreso a la carrera docente, y, los segundos, una mayor cantidad de ítems para el sector. De manera excepcional, el sector gremial concentró este mes el 11% de los conflictos totales, ubicándose en el tercer lugar de la lista. Su principal demanda estuvo orientada a la obtención de facilidades para comercializar sus productos, ya sea asentándose en la vía pública o solicitando predios especiales. Siete de los nueve episodios tuvieron lugar en los tres departamentos del eje, lo que no resulta sorpresivo en razón de su dinamismo económico, sus contrastes sociales y su crecimiento demográfico vinculado con la migración. En La Paz, el 100% de las movilizaciones que involucraron al sector mencionado se registró en la ciudad de El Alto, urbe que absorbe grandes cantidades de migrantes por causa del éxodo rural. Los gremialistas se enfrentaron principalmente a los gobiernos locales porque a éstos concierne la competencia de la organización y gestión del espacio urbano local. Es necesario destacar que los conflictos protagonizados por gremialistas tuvieron una impronta de violencia. En tercer lugar se encuentran otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, categoría dentro de la cual se encuentran los trabajadores del PLANE de Tarija, quienes demandaron más fuentes de empleo; los pequeños importadores de vehículos en Oruro, quienes reclamaron la devolución de automotores incautados por la Aduana Nacional; el Sindicato de Avance de Obras2 de la ciudad de Oruro, que exigió el pago de salarios retrasados; y los periodistas de El Alto, quienes marcharon repudiando agresiones que recibieron de gremialistas. Como se puede observar, el móvil central de las protestas encabezadas por los actores mencionados fue el económico, excepto en el caso de de los periodistas, quienes reivindicaron derechos vinculados con el ejercicio de su profesión. Por su parte, el sector transporte protagonizó una cantidad de conflictos similar a la del mes pasado. Esta vez expresó fundamentalmente demandas ligadas con la prestación de servicios públicos: mantenimiento de carreteras y adecuada provisión de carburantes. En cuanto al sector indígena, en mayo se movilizaron actores pertenecientes mayormente a las tierras bajas del país por reivindicaciones políticas (participación en el diseño de leyes y en la gestión pública), sociales (servicios públicos), culturales (respeto de sus derechos) y territoriales (saneamiento y titulación de tierras, conservación de recursos naturales). Es importante destacar que los indígenas de tierras altas cobraron visibilidad en la conflictividad de mayo (por el caso Uncía), lo que no sucedía desde hace varios meses.
Los trabajadores de Avance de Obras son contratados por el gobierno local para realizar pequeñas obras en el municipio. 2
15
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
En cuanto al sector cívico, en mayo se manifestaron cuatro comités departamentales y tres municipales. En el primer grupo destacan los comités de Santa Cruz, Beni y Tarija, que actuaron conjuntamente para rechazar determinados puntos de la Ley Transitoria de Autonomías; la situación estuvo marcada por la rearticulación de alianzas interregionales, que se encontraban en suspenso desde hace algunos meses atrás. En el segundo grupo resalta el Comité Cívico de Puerto Suárez, que por tercer mes consecutivo recurre a medidas de presión por causa de la paralización de la explotación de hierro en el Mutún. Es pertinente destacar que las organizaciones políticas continuaron protagonizando conflictos, aunque muchos menos que el mes pasado. Así, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Sin Miedo (MSM), la Alianza por Chuquisaca, la Alianza Patriótica Social y Convergencia Nacional (CN) llevaron adelante medidas de presión contra la distribución de escaños en diferentes asambleas legislativas departamentales. Por otra parte, los militantes de la agrupación ciudadana Unidad Nueva Esperanza (UNE) de Quillacollo protestaron contra los intentos de suspensión del alcalde electo. Finalmente, los miembros de Todos por Santa Cruz, en el municipio de Pailón (Santa Cruz, provincia Chiquitos), exigieron a la Corte Nacional Electoral (CNE) pronunciarse respecto a los resultados de la votación para alcalde, y dicha entidad falló a su favor. Por otra parte, en mayo los medios de comunicación visibilizaron el papel de la mujer en varios de los conflictos registrados. En primera instancia, se conoce la marcha de mujeres del municipio de Guanay, quienes protestaron por los bloqueos de Caranavi (los efectuados en demanda de una planta procesadora de cítricos). Asimismo, las esposas de policías reclamaron para sus maridos un incremento salarial mayor al ofrecido por el gobierno. Además, mujeres vendedoras de mercados de El Alto exigieron la destitución del Director de Asentamientos de la Alcaldía por no haber intervenido en el desalojo de comerciantes llevado adelante por vecinos de la urbe. Finalmente, maestras de una guardería exigieron el pago de salarios retrasados. El denominador común de estos conflictos es su trasfondo económico, el cual condujo a diferentes grupos de mujeres a manifestarse en reivindicación de sus derechos e intereses y los de sus familias. En mayo también destacó la participación política de las mujeres, quienes intervinieron en dos conflictos de proyección nacional: el de las regiones contra el gobierno central por la Ley de Autonomías (intervinieron los comités cívicos femeninos de Santa Cruz y Tarija); y el de mujeres en La Paz reclamando por la distribución de escaños en las asambleas departamentales.
16
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Es importante puntualizar que la participación de las mujeres en estos conflictos no se efectuó en demanda de equidad de género, sino en defensa de intereses económicos y políticos más generales. 3.2. Sectores y actores demandados En mayo, el 87% de los conflictos estuvo dirigido hacia el Estado en alguno de sus niveles y órganos. Como es frecuente, las entidades del gobierno central fueron las más interpeladas (44,7%), seguidas por las entidades de los gobiernos municipales (25,9%), y juntas concentraron el 70% de la conflictividad nacional. En tercer lugar y muy por debajo, con el 6% del total de conflictos, se encuentran las demandas dirigidas a entidades de los gobiernos departamentales. CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS SECTOR DEMANDADO
Nº DE CONFLICTOS
%
Entidad del gobierno central
38
44,7%
Entidad del gobierno municipal
22
25,9%
Entidad del gobierno departamental
5
5,9%
Empresarial
3
3,5%
Gremial
2
2,4%
Entidad del legislativo nacional
2
2,4%
Poder Judicial
2
2,4%
Educación
2
2,4%
Vecinal/comunal
2
2,4%
Órgano Electoral Nacional
2
2,4%
Entidad del legislativo municipal
1
1,2%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
1
1,2%
Policía
1
1,2%
Cívico
1
1,2%
Otro3
1
1,2%
854
100%
TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
3 4
Se trata del Defensor del Pueblo. Ver nota 1.
17
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
En mayo, los conflictos planteados hacia el gobierno central fueron iniciados por diversos actores provenientes de los nueve departamentos, tanto de ciudades capitales como de provincias. La mayoría de estas demandas (aproximadamente el 60%) tuvieron un trasfondo económico, el mismo que fue la causa de los conflictos más importantes del mes, antes descritos. Tanto en las situaciones contenciosas generadas por el aumento salarial propuesto por el gobierno, como en el conflicto de Caranavi, se interpeló simultáneamente a distintas reparticiones del Poder Ejecutivo central, y las demandas derivaron incluso en pedidos de renuncia de altas autoridades, situación que no se había presentado en los meses anteriores. Resulta pertinente señalar que la mayoría de los conflictos dirigidos hacia el gobierno central continúan, o alcanzaron acuerdos parciales, por lo que podrían reactivarse en el futuro. Reafirmando una tendencia presente desde varios meses atrás, las entidades de los gobiernos municipales se colocan en el segundo lugar de la lista de principales demandados. En mayo este sector concentró una mayor cantidad de conflictos que los anteriores meses del año, y aumentó su peso relativo en relación al total de los conflictos del mes. Resulta significativo que esto ocurra precisamente en el último mes de gestión de los gobiernos municipales del país, antes de ser posesionadas las autoridades electas el 4 de abril. Una de las causas puede ser la presión sobre las autoridades salientes para 18
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
resolver temas administrativos urgentes desde el punto de vista de los demandantes, quienes temen no ser atendidos por los nuevos burgomaestres. Así, se identificaron varias demandas de pagos de salarios, bonos y deudas contractuales con actores privados. Otro tema central, que este mes puso en vilo a los gobiernos locales, fue el de la gestión del espacio urbano. De los diez conflictos sobre este tema que involucraron a diferentes alcaldías, nueve se refieren a la problemática de los asentamientos comerciales en las vías públicas. Los gobiernos municipales interpelados por este motivo (El Alto, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro) lidiaron en varias oportunidades con intereses contrapuestos de al menos dos sectores: los comerciantes, quienes solicitan ubicarse en la vía pública para vender sus productos y los vecinos, quienes señalan que dichos asentamientos generan problemas de intransitabilidad, higiene e inseguridad, entre otros. Estos conflictos tuvieron ciertas improntas de violencia y, en algunos casos, derivaron en pedidos de renuncia de funcionarios municipales. La multidimensionalidad de esta problemática –que involucra temas económicos, sociales, culturales y políticos– ocasiona que su tratamiento sea altamente complejo. Además, al implicar intereses divergentes, encierra un elevado potencial de conflictividad que debe ser gestionado adecuadamente para evitar la apertura de un foco de conflicto violento al interior de la sociedad. Por debajo de los gobiernos municipales se encuentran las entidades de los gobiernos departamentales, las cuales concentraron solamente el 6% de la demanda social generadora de conflicto. Tres de los cinco conflictos estuvieron vinculados con el cuestionamiento a autoridades de servicios departamentales (SEDUCA y SEDES), tema que se presenta frecuentemente en diferentes puntos del país. Las interpelaciones dirigidas a la Corte Nacional Electoral se redujeron visiblemente en mayo, aunque durante los primeros días del mes se mantenía la elevada conflictividad que caracterizó la coyuntura política post electoral en abril. Al no obtener resultados favorables mediante la presión social, gran parte de los actores anunciaron el traslado del conflicto al campo judicial. Finalmente, los sectores vecinal/comunal, educación, gremial, cívico y otras organizaciones y grupos de la sociedad civil aparecen en mayo también en la lista de demandados, sumando ocho conflictos (8,4%). Esto indica que en ocho oportunidades un sector de la sociedad entró en conflicto con otro, llegándose incluso al enfrentamiento violento en determinadas situaciones: pobladores de Caranavi y de Alto Beni, padres de familia y maestros en La Paz, comerciantes de dos mercados en El Alto, vecinos y comerciantes en Cochabamba. Si bien el peso cuantitativo de estos conflictos en relación al total no es significativo, se puede señalar que en meses anteriores estas 19
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
situaciones se presentaron de manera muy aislada y sin derivar en confrontaciones abiertas. Esto significa que es necesario prestar atención a este tipo de conflictos que pueden erosionar la convivencia pacífica y derivar incluso en serios enfrentamientos de consecuencias lamentables.
4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS 4.1. Ámbito geográfico de los conflictos En mayo el departamento de La Paz concentró nuevamente la mayor cantidad de conflictos (más de un tercio del total), seguido por Cochabamba (17%), Santa Cruz (11%), Potosí (10%) y Oruro (cerca del 9%). Los conflictos que involucraron a todo el país sobrepasan el 7% del total, manifestándose también en Pando. De esta manera, en el período todos los departamentos del país registraron episodios conflictivos.
CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
Nº
%
La Paz
28
34,6%
Cochabamba
14
17,3%
Santa Cruz
9
11,1%
Potosí
8
9,9%
Oruro
7
8,6%
Todo el país
6
7,4%
Beni
5
6,2%
Tarija
2
2,5%
Chuquisaca
1
1,2%
Más de uno TOTAL
1 81
1,2% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
20
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
La siguiente figura muestra esa distribución territorial:
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
En lo que respecta al departamento de La Paz, la mitad de los conflictos (catorce) se registraron en El Alto, siete en la sede de gobierno y otros siete en provincias. La mayoría de los conflictos relevantes que abarcaron a todo el país tuvieron un enclave fundamental en la ciudad de La Paz. El principal tema que movilizó al departamento en mayo fue el económico, aunque dichas movilizaciones, de modo significativo, se efectuaron fuera de las ciudades de La Paz y El Alto. Al igual que en abril, el departamento de Cochabamba ocupa en mayo el segundo lugar en la lista, registrándose diez conflictos en la ciudad capital y cuatro fuera de ésta. Los principales temas de conflicto en el municipio de Cochabamba estuvieron estrechamente ligados con la gestión del gobierno local (pago de salarios, asentamientos comerciales, gestión ambiental relacionada con el manejo de desechos sólidos, entre otros), aunque también se formularon reclamos al gobierno central. Una importante demanda de actores movilizados fuera de la ciudad capital fue la prestación de servicios públicos, destacándose los pedidos de acceso a agua potable, problema crónico en el departamento. Santa Cruz concentró 11% de los conflictos; la mitad de éstos se registró en Santa Cruz de la Sierra y la otra mitad, en otros municipios del departamento. Las demandas hacia el gobierno municipal fueron de carácter fundamentalmente administrativo; en otras localidades primaron temas estructurales (tierras, desarrollo económico y prestación de servicios públicos) y coyunturales (revisión de resultados electorales). Santa Cruz fue asimismo uno de los puntos geográficos clave en el principal conflicto político del mes, 21
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
originado a partir de la aprobación de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas; dicha aprobación articuló nuevamente el conflicto interregional, en pausa durante los meses anteriores. Potosí nuevamente se ubica en los primeros lugares de la lista, por debajo de los departamentos del eje. La mayoría de los conflictos en este departamento se suscitaron fuera de la ciudad capital, predominando las problemáticas ligadas con la actividad minera. Es oportuno destacar la controversia entre Coroma y Quillacas por el control de yacimientos de piedra caliza, que es parte de un conflicto mayor de límites entre Potosí y Oruro; sus complejas características encierran un potencial de conflictividad muy elevado, por lo que debe atenderse oportunamente a fin de evitar serias consecuencias. Por otra parte resulta pertinente referirse al departamento del Beni, donde la cantidad de conflictos se ha incrementado notablemente en el mes de mayo. Cuatro de las cinco situaciones contenciosas se suscitaron fuera de la ciudad de Trinidad; entre éstas destacan las que tienen en pie de movilización a pueblos indígenas que reivindican derechos sociales, políticos, económicos y culturales. En cuanto a los conflictos de alcance nacional, tres fueron los temas centrales de la agenda: el incremento salarial demandado por varios sectores sociales, la distribución de escaños en las asambleas legislativas departamentales y el reclamo universitario de reformas legislativas e incrementos presupuestarios. 4.2. Ámbito de surgimiento de los conflictos Más de un cuarto de los conflictos de abril surgió en el ámbito vecinal/comunal, y otro cuarto se originó en espacios institucionales. Los conflictos que nacieron en el seno de lo municipal alcanzaron al 14%; mientras que los surgidos en los departamentos y las regiones no superaron el 11%.
CUADRO Nº 6 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS ÁMBITO
Nº
%
Institucional
21
25,9%
Vecinal/comunal
21
25,9%
Municipal
14
17,3%
Departamental
9
11,1%
Regional
9
11,1%
Nacional
7
8,6%
TOTAL
81
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
22
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
GRÁFICO Nº 4 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos Durante el mes de mayo se registraron situaciones de violencia que no habían estado presentes en meses anteriores, que por sus características socio políticas generaron un mayor riesgo para la gobernabilidad y estabilidad del país (entre ellos, el conflicto generado por los fabriles del país por un aumento salarial mayor al 5%, y el de los pobladores de Caranavi por la instalación de una planta de cítricos). Todo esto ocasionó una escalada en la cantidad de medidas de presión (alrededor de 40% más registros que el mes pasado). Un ejemplo de esto es la cantidad de enfrentamientos violentos5 en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Potosí, con el resultado de seis personas fallecidas y más de cuarenta heridas.6. Desde una perspectiva agregada, se puede señalar que el 63% de las medidas de presión utilizadas implicó un uso reducido de violencia, y sólo en el 26% de los casos se llegó a niveles de violencia media. A diferencia de los meses anteriores, la medida de presión más utilizada por los diversos actores en conflicto fue la marcha; esta situación guarda relación con que en un 39% de los conflictos las medidas de presión hayan afectado a terceros de manera directa. Por otro lado, tanto el anuncio y/o declaratoria de estado de emergencia y el bloqueo fueron también medidas bastante utilizadas (cerca Hubo un total de 8 enfrentamientos violentos: 4 en La Paz, 3 en Cochabamba y 1 en Potosí. Dos personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas en el conflicto de los comunarios de Caranavi, cuando fuerzas policiales desbloquearon la ruta Nor Yungas-La Paz. Otros cuatro fallecidos se registraron en el desarrollo del conflicto de los ayllus del Norte de Potosí. A pesar de que este último caso no presenta las características típicas de los conflictos considerados en este informe, se vio conveniente incluirlo por sus connotaciones socio políticas. 5 6
23
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
del 40% de los registros). Todo esto indica que, a diferencia de lo ocurrido en meses anteriores, los diversos actores en conflicto optaron por el uso de medidas más contundentes para la resolución de sus demandas, hecho que podría atribuirse a una desatención o tardía atención de los diversos niveles de gobierno a los conflictos suscitados en sus ámbitos de jurisdicción. CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO
Violencia baja violencia media Violencia contundente Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
5.2. Alcance de las medidas de presión Durante el mes de mayo, en contraste con lo ocurrido en los anteriores meses del año, más de un tercio (39%) de las medidas de presión a las que recurrieron los actores demandantes no excedieron el ámbito vecinal/comunal en cuanto a la afectación que ocasionaron. Por otra parte se produjo un aumento en la cantidad de medidas de presión que tuvieron alcance nacional (8%), y una disminución de las medidas que quedaron dentro del ámbito intrainstitucional (28%) respecto al mes anterior. Finalmente, las medidas de alcance departamental y municipal alcanzaron cerca del 6% y el 2% de los registros, respectivamente.
24
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ALCANCE
Nº
%
Vecinal/comunal
32
39,5%
Intrainstitucional
28
34,6%
Nacional
7
8,6%
Regional
7
8,6%
Municipal
6
7,4%
Departamental
1
1,2%
81
100%
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010
6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS En mayo, cerca de la mitad de los conflictos (46,9%) quedó sin solución. Los acuerdos (totales y parciales) alcanzados representaron algo más de un cuarto del total. Dentro de esa porción, por las implicaciones y saldos que dejaron los enfrentamientos suscitados, sobresalen los acuerdos establecidos entre los pobladores de Caranavi y el gobierno central a propósito de la instalación de una planta procesadora de cítricos, entre la COB y el gobierno sobre el incremento salarial, y entre la APG y las autoridades nacionales en torno a las temáticas hidrocarburífera y de tierras. En 5% de los casos se declaró cuarto intermedio, mientras que el retroceso de uno de los actores, así como otras formas de salida, fueron las características en 4%. En relación al primer aspecto, si se consideran sus implicaciones directas, el cuarto intermedio de mayor interés para una convivencia pacífica fue el declarado por los vecinos de la OTB Oroncota (en Cochabamba): luego de una semana de movilizaciones, abrió un paréntesis en un conflicto caracterizado por enfrentamientos graves, toma violenta de instalaciones y bloqueos demandando la regularización en la provisión de agua potable. En relación al 25
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
retroceso de uno de los actores, éste implicó, en todos los casos, el repliegue de la parte demandante y se produjo, en el caso de los pobladores y mineros auríferos del norte de La Paz, principalmente como resultado del levantamiento de bloqueos en Caranavi. Por lo demás, sólo en el caso de un conflicto (el protagonizado por propietarios de terrenos en Sacaba por el desalojo de sus propiedades, ilegalmente ocupadas desde enero) se llegó a fin de mes con un proceso de negociación en curso. El panorama descrito se completa con el 12% de los conflictos cuyas salidas se desconocen debido a falta de información en las fuentes monitoreadas. De los 38 conflictos que continúan vigentes, entre los principales demandados se encuentra el Gobierno central con 13 casos (34%) y los gobiernos locales o municipales con 9 (24%). Las entidades dependientes del gobierno central concentran un 13% (8% Administradora Boliviana de Carreteras y 5% Aduana Nacional de Bolivia), los gobiernos departamentales, 5%, y la Asamblea Legislativa Plurinacional, otro 5%. El 18% restante se distribuye entre otros actores demandados. CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN
Nº
%
Continúa
38
46,9%
Acuerdo total
13
16,0%
Se desconoce
10
12,3%
Acuerdo parcial
9
11,1%
Cuarto intermedio
4
4,9%
Otra
3
3,7%
Retroceso de uno de los actores
3
3,7%
En negociación
1
1,2%
81
100%
TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.
26
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
7. CONCLUSIONES -
El mes de mayo presentó un acentuado incremento en el número de conflictos, pues se registraron 17 más que abril, mes que ya había representado una seria agudización de la conflictividad en el país.
-
La conflictividad de mayo fue, en gran medida, resultado de la dilatación de problemáticas originadas en abril: la disconformidad social respecto al incremento salarial del 5% ofrecido por el gobierno y la expansión del conflicto de Caranavi. Asimismo, el conjunto de conflictos vinculados al nuevo sistema jurídico que acompañará a la Constitución Política del Estado (proceso iniciado en enero) jugó un papel trascendental.
-
Entre los conflictos más importantes están el llevado adelante por los pobladores de Caranavi demandando la construcción de una planta procesadora de cítricos, que escaló hasta un enfrentamiento violento con un saldo trágico de dos muertos y varios heridos, y concluyó con la satisfacción parcial de las demandas de los movilizados; y el conjunto de conflictos originados en la insatisfacción de varios sectores sociales ante el incremento salarial del 5%, especialmente los protagonizados por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Central Obrera Boliviana (COB).
-
La situación económica en que se encuentra la sociedad boliviana marcó de manera clara la conflictividad del mes. Fue el tipo de conflicto más frecuente, el que implicó medidas de presión más violentas y el que concentró los conflictos más importantes del mes.
-
La categoría medidas económicas/situación económica fue, con gran diferencia numérica respecto al resto, el principal origen de los conflictos; dentro de éstos, se distinguieron la problemática salarial ya mencionada, la búsqueda de opciones para el desarrollo rural y la situación del comercio informal. También resaltó la categoría gestión administrativa, en la que se inscribieron diversos conflictos, la mayoría cuestionando a entidades del gobierno central (especialmente a autoridades de régimen penitenciario y de la Aduana Nacional Boliviana), y otros cuestionando a autoridades de los gobiernos municipales. Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la categoría situación/medidas legales; la mayor parte de estos conflictos surgió por el rechazo al nuevo paquete de leyes que el gobierno busca promulgar en los próximos meses.
-
Los sectores vecinal/comunal y educación volvieron a perfilarse como los principales demandantes. De manera excepcional, el sector gremial protagonizó una porción relevante de los conflictos del mes de mayo, caracterizándose además por registrar índices de violencia.
27
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
-
La prensa registró la participación de las mujeres en varios de los conflictos del mes de mayo, aunque ninguno estuvo directamente ligado con la representación de intereses específicos de género.
-
Las entidades del gobierno nacional fueron las más demandadas, seguidas por los gobiernos municipales que, antes de la posesión de las autoridades recientemente electas, recibieron una gran cantidad de interpelaciones. La alcaldía de El Alto volvió a ser el actor municipal más cuestionado.
-
Los conflictos que tuvieron como sector demandado a diferentes grupos de la sociedad civil subrayan un incremento de situaciones contenciosas bajo la lógica sociedad versus sociedad, que será imprescindible atender para evitar escenarios de confrontación abierta entre partes con consecuencias lamentables.
-
Al igual que en meses anteriores, los departamentos del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, concentraron la mayor cantidad de conflictos, a los que se sumó Potosí. También se registraron varios conflictos que adquirieron envergadura nacional.
-
Durante el mes de mayo se registraron situaciones de violencia contundente que tuvieron un saldo de muertos y heridos.
-
De la misma manera que en meses anteriores, más de dos tercios de los conflictos registrados no trascendieron los niveles intrainstitucional y vecinal/comunal como ámbitos de afectación.
-
Más de la mitad de los conflictos de mayo quedó sin resolución. Por otra parte, los acuerdos totales o parciales fueron significativos en este mes alcanzando el 28%.
28
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
GUÍA RÁPIDA7 CONFLICTO: Relación contenciosa o antagónica entre dos o más actores en torno a un asunto que es de mutua competencia o interés, en el marco de un sistema político social dinámico y de contradicciones profundas, en el que ambas partes se enfrentan ocupando posiciones incompatibles entre sí y desplegando acciones que buscan imponerlas o conservarlas. Así entendidos, los conflictos pueden ser tipificados en laborales, ideológico-políticos, de gestión administrativa, etcétera. ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.
La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 7
29
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Mayo de 2010
Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
Oficinas DISTRITAL UNO: La Paz – El Alto Sede: Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto #2528 entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096 Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 info@unirbolivia.org
DISTRITAL DOS: Santa Cruz – Tarija Sede: Santa Cruz de la Sierra Av. Alemania calle 10 Oeste Poresaqui # 3665 Tel./fax (+ 591-3) 311- 5072 santacruz@unirbolivia.org
DISTRITAL TRES: Cochabamba – Chuquisaca Sede: Ciudad de Cochabamba Calle Paccieri #772 entre Antezana y 16 de Julio Tel./fax (+591-4) 4110438 cochabamba@unirbolivia.org
www.unirbolivia.org
30