INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Octubre de 2010
Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia
INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Octubre de 2010
Índice Presentación
p. 3
1. La conflictividad en Bolivia
p. 4
2. Tipología de los conflictos
p. 12
3. Sectores y actores demandantes y demandados
p. 14
4. Ámbitos de los conflictos
p. 19
5. Medidas de presión y violencia
p. 21
6. Salida de los conflictos
p. 21
7. Conclusiones
p. 23
Guía rápida
p. 24
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Octubre de 2010
Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de octubre de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe. La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Octubre de 2010
INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Octubre de 2010
1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de octubre de 2010 se registraron 91 conflictos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN OCTUBRE DE 2010 Nº
ACTOR DEMANDANTE
ACTOR DEMANDADO
ASUNTO
1
Federación Sindical de Campesinos de la provincia Tomás Frías
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
Rechazo a intento de modificación de Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
2
Periodistas y medios de comunicación de Bolivia
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia y Gobierno central
Rechazo a los artículos 16 y 23 de Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
3
Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA)
Gobierno central
Pliego petitorio referido a comercialización de coca
4
Carreras de Comunicación Social del Sistema Universitario Boliviano
Gobierno central
Demanda de respeto a la libertad de expresión y rechazo a artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
5
Padres de familia, maestros y estudiantes de la Unidad Educativa “Sebastián Pagador”
Alcaldía de Oruro
Demanda de entrega de terrenos para ampliación de recinto escolar
6
Federación Departamental de Juntas Vecinales de Oruro (FEDJUVE)
Concejo municipal de Oruro
Demanda de aprobación del Plan Operativo Anual 2011 y renuncia de concejales
7
Estudiantes de la Normal Ángel Mendoza Justiniano de la ciudad de Oruro
Gobierno central
Demanda de apoyo económico para realización de encuentro nacional de estudiantes
8
Ex dirigente del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH)
Empresa Minera Huanuni (EMH)
Demanda de pago de beneficios sociales
9
Internos del penal de Chonchocoro
Gobierno central
Pliego petitorio referido a condiciones de cautiverio
4
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Grupos afines a la religión católica de la ciudad de Oruro
Gobierno central
Rechazo al anteproyecto de ley de derechos sexuales
11
Sindicato de Trabajadores del periódico La Razón
Administración del periódico La Razón
Pedido de adhesión del medio a protesta contra Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
12
Central Obrera Departamental (COD) de Oruro
Gobierno central
Cumplimiento de la agenda de octubre
13
Autoridades de San Ramón
Gobernación de Beni
Demanda de ampliación del tramo vial a San Joaquín
14
Sindicato de Trabajadores de Agua y Alcantarilladlo Sanitario (COATRI) Ltda.
Administración de (COATRI)
Demanda de auditoría externa a la empresa
15
Vecinos de la zona 13 de abril de Trinidad
Policía Nacional
Demanda de incremento de vigilancia y control policial
16
Universitarios, pobladores y miembros de los movimientos sociales de San Julián
Ilustre Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)
Anulación de la resolución aprobada que consolida la creación de la facultad chiquitana en la localidad de San Ignacio de Velasco
17
Trabajadores de servicios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA)
Director regional de AASANA
Demanda de renuncia del Director regional de AASANA
18
Vecinos del Distrito 4 de Oruro
Gobierno central
Rechazo a artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación
19
Sectores sociales de Riberalta
Gobierno central
Demanda de intervención del Gobierno para reducción de precios de productos de la canasta familiar
20
Asociación de Comerciantes Minoristas de la Súper Feria de Oruro
Gobierno central
Atención a necesidades del sector dentro de la Ley General de Aduanas
21
Confederación de Gremiales de Bolivia
Gobierno central
Pedido de reglamentación de Ley General de Aduanas y mantención de Régimen Simplificado
22
Internos de la cárcel de San Pedro
Asamblea Legislativa Plurinacional y Autoridades Régimen Penitenciario
Rechazo a ley 007 y pliego petitorio referido a condiciones de cautiverio
23
Padres de familia de la Asociación por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (ADIA)
Alcaldía de La Paz
Demanda de incremento presupuestario para alimentación de escolares
24
Pobladores de la provincia Ladislao Cabrera
Gobernación de Oruro
Conclusión del tramo caminero Huari-Quillacas-García-Mendoza
25
Vecinos del distrito 4 de la ciudad de Oruro
Alcaldía de Oruro
Pedido de intervención en control de asentamientos y loteamientos ilegales
26
Campesinos pandinos de la subcentral 2 de agosto
Gobernación de Pando y YPFB
Abastecimiento de combustible y carburantes
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Comunarios de Pasña
Gobernación de Oruro
Conclusión de la construcción de represa de Urmiri
28
Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo de Oruro (EMAO)
Alcaldía de Oruro
Demanda de inclusión en designación de nuevo Gerente de la empresa
29
Comerciantes del mercado Kantuta
Consejo Municipal de la ciudad de Oruro
Rechazo a asentamientos ilegales de vendedores
30
Comerciantes del mercado Kantuta
Gobierno central
Respeto a fuentes de ingreso del sector informal dedicado al comercio
31
Comité Nacional de Amas de Casa Mineras (CANACMIN)
Gobierno central
Pedido de intervención en encarecimiento de productos de la canasta familiar
32
Gobernación del Beni y Comité Cívico del Beni
Gobierno central
Rechazo a la aprehensión del ex presidente del Comité Cívico del Beni
33
Sindicato Departamental de Desocupados de Oruro
Gobierno central
Demanda de generación de fuentes de empleo
34
Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Oruro
Gobernación de Oruro
Pedido de presupuesto en el POA 2011 para reinversión minera
35
Pobladores de Charaña, Sindicato de Transporte Internacional Charaña, comerciantes y estibadores
Aduana Nacional de Bolivia (ANB)
Liberación de camiones retenidos
36
Productores de coca de Apolo
Productores de coca de La Paz
Opiniones contrapuestas sobre carnetización biométrica de productores de coca
37
Federación de Maestros Rurales de Oruro
Gobierno central
Rechazo a la propuesta de jubilación y al proyecto de ley de pensiones
38
Federación de Trabajadores Administrativos de la Universidad Boliviana
Sistema universitario de Bolivia
Cumplimiento a aumento salarial del 5% dispuesto por el Gobierno
39
Federación Departamental de Maestros de la Educación Urbana de La Paz (FDMEULP)
Gobierno central
Rechazo a proyecto de Ley de pensiones
40
Esposas de los policías linchados en Uncía
Fiscal de Distrito de La Paz y Comando Policial
Denuncia de paralización del proceso judicial e incumplimiento en pago de beneficios sociales
41
Mineros de la Cooperativa Aurífera La Joya
Gobierno central
Rechazo a atrasos en inspecciones técnicas para resolución del conflicto con Empresa Inca Sayaña
42
Pueblo Urus del Lago Poopó
Asambleístas departamentales
Rechazo a presuntos actos discriminatorios
43
Trabajadores en salud de Guayaramerín
Gobernación del Beni
Demanda de pago de salarios adeudados
44
Junta escolar de la Unidad Educativa Antonio José de Sucre (Beni)
Alcaldía de Trinidad
Demanda de conclusión de nueva infraestructura escolar
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Estudiantes del Colegio Carlos Medinaceli (Potosí)
Policía Nacional
Esclarecimiento del caso de la muerte de la estudiante Zulema Coro Cruz
46
Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam)
Asamblea Legislativa Plurinacional
Rechazo a posibles modificaciones a proyecto de Ley contra Racismo y toda Forma de Discriminación
47
Presidentes de juntas escolares del Distrito 8 de la ciudad de El Alto
Alcaldía de El Alto
Continuidad en la distribución de desayuno escolar
48
Asociación de Heridos y Afectados de Septiembre y Octubre de 2003
Gobierno central
Atención a necesidades de víctimas de las jornadas de octubre
49
Jach´a Suyo Pakajaqi del Departamento de La Paz
Ministerio de Minería y Metalurgia
Atención a altos niveles de contaminación causada por la explotación minera
50
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto
Gobierno central
Pliego petitorio referido a desarrollo económico, seguridad ciudadana y prestación de servicios públicos
51
Federación de Panificadores de El Alto
Gobierno central
Medidas para contrarrestar encarecimiento de la harina
52
Trabajadores de la Empresa Municipal de Mantenimiento Urbano (EMMU) de El Alto
Alcaldía de El Alto
Demanda de pago de salarios adeudados
53
Comerciantes minoristas de la ciudad de Santa Cruz
Gobierno central
Rechazo a probable eliminación del régimen simplificado
54
Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)
Gobierno central
Demanda de intervención en avasallamiento de tierras
55
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)
Gobierno central
Cumplimiento a agenda de octubre
56
Transportistas de los Yungas
Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (ADEPCOCA)
Rechazo a bloqueo de rutas
57
Vecinos de Villa Bolívar A
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Rechazo a amurallamiento de surtidor
58
Campesinos de la provincia Manco Kápac
Gobernación de La Paz
Demanda de construcción de cuatro puentes en zonas estratégicas del Lago Titicaca
59
Estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avaroa
Gobernación de Potosí
Reposición presupuestaria para finalización de obras públicas
60
Colegio Otto Felipe Braun y Colegio Juan Calero
Alcaldía de Potosí
Intervención en delimitación de predios educativos
61
Pobladores del sudoeste potosino
Tribunal Agrario Nacional (TAN)
Rechazo a impugnación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)
62
Colegios José David Berríos y Manuel Basconez (Potosí)
Alcaldía de Potosí
Demanda de finalización de obras en infraestructura educativa
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Comité Cívico Potosinista (COMCIPO)
Gobierno central
Cumplimiento a agenda regional convenida en agosto
64
Estudiantes, maestros y padres de familia del Liceo de Señoritas Potosí
Alcaldía de Potosí
Demanda de refacción de infraestructura escolar
65
Jugadores del Club de Fútbol Guabirá
Dirigencia del Club de Fútbol Guabirá
Demanda de pago de sueldos atrasados
66
Ciudadanos de Villazón
Policía Nacional
Esclarecimiento de caso de violación a menor de edad
67
Líneas de transporte 208 y 209
Línea de transporte 211
Pugnas por rutas de circulación
68
Vecinos de El Paso
Alcaldía de Quillacollo y Gobernación de Cochabamba
Demanda de incremento presupuestario para POA 2011 y construcción de módulos policiales
69
Padres de familia
Director de establecimiento educativo
Pedido de renuncia a director de establecimiento
70
Sindicato de transporte 7 de Junio de Villa Tunari
Sindicato de transportes 10 de Marzo de Shinahota
Control de rutas de circulación
71
Trabajadores en salud y estudiantes de medicina de Cochabamba
Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba
Rechazo a proyecto de ley contra las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica
72
Directivos del Comité Cívico de Tarija
Organizaciones afiliadas al Comité Cívico de Tarija
Aportes económicos para mantener la entidad
73
Federación de Trabajadores en Salud Pública de Santa Cruz
Gobernación de Santa Cruz
Demanda de creación de 4.000 ítems
74
Médicos y trabajadores temporales de la Caja Nacional de Salud (CNS)
Gerencia de la CNS
Nivelación de salarios con respecto a trabajadores de planta
75
Extractores de áridos
Alcaldía de La Guardia
Demanda de reglamentación de extracción de áridos
76
Simpatizantes del alcalde Roger Terceros
Concejo Municipal de Mairana
Rechazo a destitución de Alcalde
77
Estudiantes de Charagua y Mairana de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)
Ilustre Consejo Universitario de la UAGRM
Rechazo a resolución que descentraliza unidades académicas regionales
78
Central de transportistas de La Guardia
Alcaldía de La Guardia
Rechazo a pago de peajes y transparentación de utilización de recursos
79
Comité Cívico de San Matías
Gobernación de Santa Cruz y Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
Demanda de construcción de nuevo puente
80
Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG)
Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz
Designación de nuevo subgobernador en el marco de pugnas políticas internas
81
Vecinos del Distrito 12 simpatizantes de Loreta Moreno
Vecinos del Distrito 12 simpatizantes de Víctor Escobar
Control de Subalcaldía
8
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Gremialistas de Camiri
Alcaldía de Camiri
Rechazo a ordenanza municipal que traslada paradas de transporte
83
Vecinos de Cotoca
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
Demanda de otorgación de licencia de funcionamiento a Cotoca TV
84
Federación de Trabajadores de Salud de Chuquisaca
Gobernación de Chuquisaca
Pedido de renuncia del Director del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Chuquisaca
85
Internos del Penal de San Roque
Autoridades del Régimen Penitenciario
Pliego petitorio referido a mejoramiento de condiciones de cautiverio
86
Sindicato de Trabajadores de la Universidad San Francisco Xavier
Rectorado de la universidad
Rechazo a rebaja salarial y nivelación de puestos de trabajo
87
Internos del penal de San Roque
Autoridades del Régimen Penitenciario
Demanda de incremento de prediarios
88
Docentes de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier
Autoridades de la USFX
Demanda de realización de exámenes de competencia
89
Vecinos de Río Seco
Propietarios de locales nocturnos
Demanda de cierre de locales nocturnos
90
Vecinos de la calle Amboró
Alcaldía de Santa Cruz
Intervención en control de asentamientos comerciales
91
Amor Por los Animales Bolivia (APLAB)
Gobierno central
Demanda de ley de protección para los animales
82
91
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
En octubre se registraron 91 conflictos, 14 menos que en septiembre, mes en el que se registró la mayor cantidad de conflictos del año. Dicho decremento puede estar en cierta medida relacionado con el ingreso al último trimestre del año, época que usualmente se caracteriza por una contracción de la conflictividad. Dos pilares fundamentales en el desarrollo de las controversias del mes han sido las coyunturas política y económica: nuevamente la formulación, aprobación y reglamentación de leyes en el marco de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado generó varios conflictos, tanto por desacuerdo con el contenido de las normas como con los procedimientos del Legislativo y su aplicación; el incremento de precios de la canasta familiar fue un factor determinante que generó una cantidad relevante de conflictos. Los casos de conflicto más destacados del mes fueron los siguientes: Conflictos en torno a la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Por segundo mes consecutivo, este tema tuvo un elevado protagonismo en la agenda pública. La controversia central giró en torno al cuestionamiento de los artículos 16 y 23
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de la norma que los periodistas y medios de comunicación consideran que atentan contra la libertad de expresión y ponen en riesgo sus fuentes laborales; también se pusieron en tela de juicio los mecanismos de discusión y aprobación de dicha ley. Después de que a fines de septiembre el Presidente anunciara que no se introducirían modificaciones al proyecto de ley, en octubre se masificó el conflicto en cuanto a su expansión geográfica, a los actores involucrados y a las medidas de presión que se adoptaron. Se registraron protestas permanentes y simultáneas en los nueve departamentos del país, no solamente en ciudades capitales sino también en otros municipios; periodistas y comunicadores lograron la adhesión de otros actores, como autoridades públicas, algunas organizaciones sociales e instituciones cívicas y académicas; las medidas de presión se intensificaron en términos cuantitativos y cualitativos, recurriéndose a marchas, huelgas de hambre, bloqueos y a la paralización de actividades, pero también se ejercitaron medidas poco convencionales, como el uso de barbijos y mordazas, de vestimenta de color negro en señal de luto, se hicieron entierros simbólicos, se paralizaron las transmisiones radiofónicas y televisivas y la primera página de los periódicos apareció en blanco. Si bien en términos generales las medidas de protesta fueron mayormente pacíficas y de carácter simbólico, se registraron algunos episodios con matices de violencia, como la extracción de sangre y hubo una amenaza de suicidio, además de algunos amagues de enfrentamiento entre grupos de la sociedad, o entre ellos y la Policía. La masificación del conflicto también se expresó en términos de la generación de otras controversias paralelas o contrarias a la principal; en el primer caso se encuentra la protagonizada por el sindicato de trabajadores del periódico La Razón, que realizó una huelga de brazos caídos en protesta por la decisión de la directiva del medio de no publicar la primera página del periódico en blanco, en el segundo caso se ubica la Federación Sindical de Campesinos de la provincia Tomás Frías y otros actores que conforman la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) que se manifestaron en contra de cualquier modificación al proyecto de ley. Al igual que lo ocurrido en otras situaciones, la aparición de controversias aledañas y/o de contraconflictos es un síntoma evidente del agravamiento del conflicto inicial. A pesar de la masificación de las protestas, hacia la segunda semana de octubre el proyecto de ley en cuestión fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional y promulgado por el Ejecutivo. Sin embargo, no se depusieron las medidas de presión que se extendieron hasta fines de mes. Paralelamente se anunció que la demanda de modificación de la ley sería canalizada por la vía institucional, haciendo uso de la iniciativa legislativa ciudadana a partir de la recolección de firmas. Además de haber marcado ostensiblemente la agenda sociopolítica y mediática del mes – elemento determinado por el involucramiento activo de los medios de comunicación y de los periodistas–, este conflicto fue otro de los temas que polarizó nuevamente a la sociedad boliviana, lo que se evidencia no sólo a través de las expresiones absolutas a favor y en contra de la ley y de los artículos polémicos, sino también por el surgimiento
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de serias diferencias en el seno de algunas organizaciones, cuyos miembros se dividieron en torno al tema. Conflictos entre transportistas en Cochabamba Por el nivel de violencia alcanzado, merecen ser destacados dos conflictos generados en el departamento de Cochabamba por el control de rutas de circulación de transporte público. El primer caso se suscitó entre dos líneas del municipio de Vinto que acusaron a una línea del municipio de Quillacollo de avasallar el tramo donde operan; los choferes se enfrentaron en más de una oportunidad, registrándose heridos y varios vehículos dañados. El segundo caso se generó entre una línea de Villa Tunari y otra de Shinahota, por el control del tramo comprendido entre ambas localidades del Chapare. Aproximadamente 350 personas participaron en un enfrentamiento que también tuvo un saldo de varios heridos y múltiples destrozos; las autoridades públicas establecieron procesos de negociación con los actores involucrados para lograr el cese de la violencia. Estos conflictos son originados por necesidades económicas (control de rutas más rentables) y se tornan aún más desafiantes en un contexto de notable crecimiento poblacional, de aumento del parque automotor y de ausencia de políticas locales de gestión del transporte. La frecuencia cada vez mayor de este tipo de conflictos pone en evidencia la necesidad de realizar cambios profundos, integrales y sostenibles en el transporte público, y puesto que sobrepasan los límites municipales, de una coordinación intermunicipal efectiva a fin de enfrentarlos de manera eficiente.
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2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de octubre, nuevamente los conflictos relacionados con temas económicos fueron los más frecuentes (23%), seguidos por controversias de índole administrativa en entidades públicas y privadas (16%), temas vinculados con leyes y medidas legales (12,5%) y problemas laborales y salariales (10%). CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS TIPO DE CONFLICTO
Nº
%
Medidas económicas/situación económica
29
22,66%
Gestión administrativa
20
15,63%
Leyes/medidas legales
16
12,50%
Laboral/salarial
13
10,16%
Prestación de servicios públicos
12
9,38%
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad
7
5,47%
Derechos humanos
7
5,47%
Incumplimiento de convenios
5
3,91%
Seguridad ciudadana
4
3,13%
Ideológico-político
3
2,34%
Tierra
3
2,34%
Gestión del espacio urbano
4
3,13%
Otro
2
1,56%
Recursos naturales y medio ambiente
2
1,56%
Límites político-administrativos
TOTAL
1
0,78%
1281
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
11
Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios casos están vinculados con más de una categoría de tipo de conflicto.
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En octubre, el peso relativo de los conflictos de índole económica se incrementó en relación con el mes de septiembre. Los dos temas que mayor cantidad de controversias generaron fueron, por un lado, el incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar y, por otro, los asuntos vinculados a la regularización de la actividad comercial, tema fundamental en la agenda pública de los últimos meses a partir de la discusión, aprobación e implementación de la nueva Ley General de Aduanas. En torno al primer tema se manifestaron diversos sectores, como obreros, amas de casa, panificadores y transportistas. Hasta fines de mes la mayoría de las medidas de presión se mantuvo a nivel de anuncios de movilización, lo que puede implicar que el conflicto se intensifique en las semanas siguientes, sobre todo considerando que el incremento de precios se mantuvo hasta fines del mes de octubre. Es importante señalar que probablemente éste sea uno de los temas más sensibles en la generación de conflictos ya que afecta directamente la economía de la población. Por otra parte, los casos relacionados con las políticas de regulación del comercio en el país continúan siendo frecuentes, lo que no resulta sorpresivo dado el elevado porcentaje de la población que se dedica a esta actividad económica, especialmente en el sector informal. Los conflictos de octubre en torno al tema están relacionados con la discusión de las reglas del juego: a pesar de que la nueva Ley de Aduanas se encuentra ya en vigencia, los distintos sectores pugnan por incluir sus demandas específicas en la reglamentación (el pedido de mantener el régimen simplificado fue uno de los centrales en octubre). Los conflictos aglutinados bajo la categoría gestión administrativa fueron de diversa índole, destacando las demandas de refacción de infraestructura en diferentes centros educativos del país y los pedidos de mejoramiento de las condiciones de vida de los reclusos en centros penitenciarios. De igual manera, en octubre se suscitó una cantidad importante de conflictos relacionada con la elaboración, aprobación e implementación de leyes, especialmente las ya mencionadas normas contra el racismo y de aduanas. También se generaron movilizaciones contra los anteproyectos de ley de derechos sexuales, de pensiones, y los proyectos de ley de educación y contra las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica, en este último caso las protestas se dirigieron hacia una asamblea legislativa departamental. Por otra parte, si bien los conflictos laborales continúan representando un importante porcentaje del total de los casos, en octubre se registró una reducción en relación con el mes de septiembre, la que puede deberse a la resolución de algunas controversias puntuales que venían desarrollándose desde hace meses. Es necesario tomar en cuenta que este tipo de conflictos son fundamentalmente de carácter económico, por lo que pueden sumarse a los casos referidos a medidas económicas y a la situación económica de la población dando un porcentaje total de 33%, manteniéndose así la tendencia de que los conflictos económicos constituyan un tercio de la conflictividad total del país.
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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA
Finalmente es oportuno señalar que los conflictos vinculados a derechos humanos se incrementaron en octubre; dos de los siete casos estuvieron relacionados con el pedido de atención a las víctimas de los conflictos de octubre de 2003.
3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes En el mes de octubre el sector educación ocupó el primer lugar en la lista de principales demandantes (19%), seguido muy de cerca por el sector vecinal/comunal (18%). El tercer lugar fue ocupado por otras organizaciones y grupos de la sociedad civil (12%). Por su parte, los sectores gremial y agropecuario/campesino volvieron a protagonizar una cantidad relevante de conflictos.
CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES SECTOR DEMANDANTE
Nº
%
Educación
18
18,95%
Vecinal/comunal
17
17,89%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
12
12,63%
Gremial
7
7,37%
Agropecuario/Campesino
6
6,32%
Salud
5
5,26%
Transporte
5
5,26%
Carcelario
4
4,21%
Cívico
4
4,21%
Indígena
3
3,16%
Minero
3
3,16%
Empresarial
2
2,11%
Medios de comunicación/periodistas
2
2,11%
Personas individuales
2
2,11%
Entidad del Gobierno central
1
1,05%
Entidad del legislativo municipal
1
1,05%
Entidad del ejecutivo departamental
1
1,05%
Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas
1
1,05%
Entidad del ejecutivo municipal
1
1,05%
952
100%
TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010
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Ver nota anterior para éste y casos similares.
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GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010
En el mes de octubre, el sector educación desplazó del primer lugar de principales demandantes al sector vecinal/comunal, aunque por una mínima diferencia. Más de un cuarto de los conflictos tuvo como protagonistas a unidades educativas públicas, de nivel primario y secundario, que plantearon, fundamentalmente a los gobiernos locales, demandas de construcción y mejoramiento de infraestructura escolar. Otros temas por los que se movilizó el sector fueron el cuestionamiento a diferentes proyectos de ley (artículos 16 y 23 de la Ley contra el Racismo; varias disposiciones de la ley de pensiones; rechazo a la ley contra las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica). De igual manera, es importante destacar que el ejercicio de la violencia en algunas unidades educativas del país ha generado dos casos de conflicto en el mes de octubre.
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Octubre de 2010
El sector vecinal/comunal experimentando en octubre una ligera reducción porcentual en comparación con el mes anterior. Los temas por los que se movilizó fueron diversos, aunque nuevamente resaltan los vinculados con las problemáticas de las grandes ciudades: seguridad ciudadana (cuatro casos), tierra urbana (dos casos) y asentamientos comerciales (un caso). Los problemas de prestación de servicios públicos también movilizaron al sector (tres casos), con demandas sobre todo referidas a la construcción de caminos en áreas rurales. El sector gremial volvió a ocupar un lugar relevante entre los principales demandantes. Como se refirió anteriormente, su oposición a la Ley de Aduanas fue determinante en el protagonismo gremialista en los últimos meses, dando cuenta de su importante capacidad de organización y movilización. Periódicamente este sector se moviliza por problemas vinculados con la proliferación de asentamientos comerciales en las vías públicas de las grandes ciudades, generando enfrentamientos con los gobiernos locales y con los vecinos. En el mes de octubre se registraron al menos dos casos en torno a este tema. El sector agropecuario/campesino continuó planteando una cantidad relevante de demandas, fundamentalmente al Gobierno central. Este mes el protagonismo correspondió a la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz que demandó, entre otros, la anulación del reglamento de comercialización de coca y la industrialización de la hoja. Además de los tradicionales bloqueos, los demandantes recurrieron a otras medidas de presión de carácter violento, como apedrear oficinas públicas. Éste fue otro caso que generó un contraconflicto: los transportistas rechazaron los bloqueos de los productores de coca, recurriendo, a su vez, a bloqueos como medida de presión. Un sector de Apolo rechazó la carnetización de los productores de la hoja y se enfrentó con otro sector favorable a la medida, dejando un saldo de 15 heridos. Probablemente estas controversias están relacionadas con expectativas insatisfechas del sector cocalero en torno a las políticas gubernamentales de producción y comercialización de la coca. En el mes de octubre no se registraron conflictos vinculados a reivindicaciones de género. Sin embargo, el incremento de precios de productos de la canasta familiar hizo que el Comité de Amas de Casa Mineras (CANACMIN) se manifestara, poniendo una vez más en evidencia que, aunque no es frecuente que las mujeres se movilicen como sector, los temas económicos son móviles importantes para que esto suceda. De igual manera, se tiene registros de la participación de organizaciones femeninas en protestas ocurridas en la ciudad de Trinidad, contra el arresto del ex Presidente del Comité Cívico del Beni, Alberto Melgar.
3.2. Sectores y actores demandados En el mes de octubre cerca del 80% de los conflictos estuvo dirigido hacia el Estado, en sus distintos niveles y órganos. Las entidades del Gobierno central concentraron el 36% de las interpelaciones, mientras que tanto los ejecutivos municipales como los departamentales recibieron 15% de los cuestionamientos totales cada uno.
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CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS SECTOR DEMANDADO
Nº
%
Entidad del gobierno central
35
36,46%
Entidad del ejecutivo departamental
14
14,58%
Entidad del ejecutivo municipal
14
14,58%
Educación
7
7,29%
Empresarial
5
5,21%
Entidad del legislativo nacional
5
5,21%
Entidad del legislativo departamental
3
3,13%
Policía
3
3,13%
Entidad del legislativo municipal
3
3,13%
Agropecuario/campesino
2
2,08%
Transporte
2
2,08%
Poder Judicial
1
1,04%
Cívico
1
1,04%
Vecinal/comunal
1
1,04%
TOTAL
96
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
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En los últimos meses se advirtió que la cantidad de interpelaciones dirigidas hacia el Gobierno central parecía reducirse paulatinamente. Sin embargo, en octubre esta tendencia se ha revertido, las entidades del Ejecutivo central concentraron poco más de 5% de conflictos más que en el mes pasado. En términos cuantitativos, el tema que generó más conflictos para el Gobierno fue el económico, vinculado centralmente con los dos temas mencionados en páginas precedentes: el incremento de precios de la canasta familiar y el proceso de elaboración, aprobación y reglamentación de la Ley de Aduanas y de la Ley contra el racismo. Además de dicha norma, el Gobierno central también tuvo que hacer frente a cuestionamientos, parciales o totales, de otros proyectos de ley y de leyes enmarcados en la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. Por otro lado, en octubre se pudo observar un marcado decrecimiento de los conflictos dirigidos hacia el nivel local de gobierno (aproximadamente 10% en relación con septiembre), que entre el órgano Ejecutivo y el Legislativo suman cerca del 18% del total. Los temas que generaron las controversias del mes fueron diversos; uno de los más destacados es el referido a demandas de infraestructura educativa en las ciudades de Potosí, Oruro y Trinidad. Asimismo, los problemas vinculados con la gestión del espacio urbano (un caso de ocupación y loteamiento de tierras en Oruro y dos casos de asentamientos comerciales en Oruro y Santa Cruz) continúan siendo desafíos para los diferentes municipios del país. El nivel departamental (sumando las interpelaciones dirigidas al Ejecutivo y al Legislativo) tuvo que lidiar con aproximadamente seis por ciento más de controversias que en el mes de septiembre. La demanda predominante fue la de prestación de servicios públicos: construcción de puentes, caminos y carreteras, abastecimiento regular de carburantes, finalización de obras rurales y urbanas, entre otros. Es pertinente destacar que cada vez son más frecuentes los casos de conflicto vinculados directamente con los cambios generados a partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Dos casos para destacar en el mes de octubre son el de la Federación de Trabajadores en Salud Pública de Santa Cruz, cuyos miembros demandaron a la Gobernación la creación de 4.000 ítems, y el de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón y personal médico del Complejo hospitalario Viedma en Cochabamba, quienes se unieron para rechazar el proyecto de ley contra las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica promovido por un miembro de la Asamblea Legislativa Departamental. Anteriormente, dichos conflictos podrían haber estado dirigidos hacia los niveles central o municipal, la recientemente adquirida facultad legislativa por parte de los departamentos y el incremento de sus competencias en los ámbitos de la salud y de la educación explican la canalización de este tipo de conflictos hacia las gobernaciones. A partir de lo señalado, es posible advertir cómo mes a mes se van modificando las cifras de los actores estatales interpelados, lo que muy probablemente continuará ocurriendo en función a cómo se vaya desarrollando el proceso de implementación de las autonomías. En particular, las maneras y los tiempos en que los niveles subnacionales vayan asumiendo las nuevas competencias que les otorga la ley marco tendrá importante incidencia en los referentes de interpelación.
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En lo que respecta a los conflictos que confrontan a sectores de la sociedad entre sí, en octubre representaron aproximadamente un 5% del total de los casos, habiéndose reducido a la mitad en relación con el mes de septiembre. Sin embargo, se observa nuevamente que este tipo de conflictos son particularmente violentos: tres de los cinco casos registrados tuvieron saldos de personas heridas.
4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS En octubre, cerca de un cuarto de los conflictos se registró en el departamento de La Paz, seguido por Oruro (22%) y Santa Cruz (16%).
CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
Nº
%
La Paz
22
24,18%
Oruro
20
21,98%
Santa Cruz
15
16,48%
Potosí
9
9,89%
Beni
8
8,79%
Cochabamba
5
5,49%
Chuquisaca
5
5,49%
Todo el país
5
5,49%
Tarija
1
1,10%
1
1,10%
Pando TOTAL
91
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
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La cantidad de conflictos registrados en el departamento de La Paz presentó una ligera disminución en relación con el mes de septiembre. También se redujeron los casos originados en El Alto, que normalmente representan la mitad de las controversias del departamento, en octubre fueron solamente un tercio de éstas. Este mes parece consolidarse una tendencia que se viene perfilando cada vez con mayor claridad: la ciudad de La Paz, El Alto y los Yungas son hasta el momento los tres centros neurálgicos de la conflictividad del departamento de La Paz. Los problemas en torno a los grandes temas de la agenda nacional tuvieron como epicentro fundamental a la ciudad de La Paz, destacándose las movilizaciones en demanda o rechazo, total o parcial, de diferentes proyectos de ley; más de un tercio de los casos estuvo relacionado con dicha temática. Los conflictos que se generaron en la ciudad de El Alto fueron de distinta índole, resaltando las demandas de atención a la denominada “agenda de octubre”. En la región de Yungas se registraron varias controversias vinculadas con los intentos de regularizar las actividades de producción y comercialización de coca. El departamento de Oruro se ubicó en el segundo lugar de la lista nuevamente, esta vez con una mayor cantidad de conflictos que en el mes de septiembre. Entre los más destacados se encuentran los cuestionamientos a las distintas leyes en debate, el rechazo al incremento de precios de productos de la canasta familiar y las demandas de empleo y laborales. Nuevamente, la mayoría de las controversias se registraron en la ciudad capital del departamento. Por su parte, Santa Cruz presentó en octubre una serie de conflictos dispersos, entre los que destacan los de carácter político; es uno de los pocos departamentos que continúa con controversias por destituciones/restituciones de subgobernadores, alcaldes y subalcaldes. La gestión del espacio urbano, la prestación de servicios públicos, temas laborales y administrativos de diversas entidades son cuestiones adicionales por las que se movilizaron los cruceños tanto de la ciudad capital como de las provincias. Potosí experimentó un incremento en la cantidad de conflictos en comparación con el mes de septiembre. Como ya se destacó anteriormente, uno de los principales motivos de conflicto fue la demanda de infraestructura (construcción y mejoramiento) en unidades educativas de la ciudad capital. Estos casos se generaron a raíz de demoras en la implementación de un programa de refacción de infraestructura escolar previsto para 14 unidades educativas de la ciudad y financiado por la cooperación nacional a través del municipio potosino. El Beni registró menos conflictos que en el mes pasado, aunque permanece ocupa un lugar relevante en la lista de departamentos con mayor cantidad de casos. En este departamento los motivos de controversias fueron diversos y dispersos: prestación de servicios públicos, protestas contra la inflación, temas salariales y administrativos, seguridad ciudadana, entre otros. Por su parte Cochabamba, si bien presentó menos conflictos que en septiembre, fue escenario de dos de los conflictos más violentos del mes.
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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA Junto con el descenso de los conflictos, en octubre también hubo una reducción general de la violencia, lo que se evidencia a partir de la disminución de la cantidad de medidas de presión de violencia contundente (destrucción de bienes, tomas físicas, tomas de rehenes, agresión a personas) utilizadas por los distintos actores movilizados. Además, como ya se mencionó en páginas precedentes, los conflictos intrasocietales, particularmente violentos, se redujeron este mes a la mitad. Sin embargo, se tiene registros de cinco enfrentamientos violentos, tres de ellos con saldos de personas heridas. Los departamentos de La Paz y Cochabamba fueron los escenarios de los conflictos más violentos del mes. Finalmente es necesario señalar que no se presentaron casos que afectarán la gobernabilidad.
6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Si se toma en cuenta el total de salidas conocidas de los conflictos de octubre –equivalente al 79% del total de casos reportados–, más de la mitad de los mismos (60%) quedó sin resolución al concluir dicho mes. Este rasgo, que fue una constante en lo que va de 2010, contrasta ampliamente con el porcentaje de acuerdos totales y parciales, cuya suma global no alcanza ni a 15%. Por otra parte, el cuarto intermedio –salida que ocupa el tercer lugar, luego de la continuidad y el acuerdo total– fue declarado en un 7% de los casos. La negociación, cuarta en dicha clasificación, tuvo lugar en 6% de los conflictos, cuya situación quedó en suspenso. Al margen de los ya mencionados acuerdos, el retroceso de una de las partes en conflicto –que en todos los casos implicó la resolución positiva de los conflictos– se dio en un 4% de los casos. Igual porcentaje tuvieron la conciliación/arbitraje/mediación en los conflictos. La tabla y el gráfico siguientes muestran el detalle de lo señalado:
CUADRO Nº 8 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN
%
Continúa
59,72%
Acuerdo total
11,11%
Cuarto intermedio
6,94%
En negociación
5,56%
Acuerdo parcial
4,17%
Retroceso de uno de los actores
4,17%
Conciliación/arbitraje/mediación
4,17%
Otra
4,17%
TOTAL
100%3
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
3
Este total contempla únicamente las salidas conocidas de los conflictos de octubre.
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GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2010.
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7. CONCLUSIONES En el mes de octubre de 2010 se registraron 91 conflictos, 14 casos menos que en septiembre. La formulación, aprobación y reglamentación de leyes en el marco de la nueva Constitución Política del Estado y el incremento de precios de algunos productos de la canasta familiar fueron dos ejes centrales en torno a los cuales giró una porción significativa de la conflictividad del país. Los casos más destacados del mes fueron los conflictos en torno a la Ley contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, y las controversias entre transportistas en Cochabamba, estas últimas con notables rasgos de violencia. El sector educación fue el que más se movilizó en el mes de octubre, seguido por los habitantes de áreas urbanas y rurales del país. Además del sector transporte, el sector agropecuario/campesino también protagonizó controversias que adquirieron tintes de violencia. En comparación con el mes de septiembre, las interpelaciones dirigidas hacia el Gobierno central y hacia los gobiernos departamentales aumentaron, mientras que las orientadas hacia los gobiernos municipales se redujeron. La cantidad de conflictos registrados en los departamentos de La Paz, Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se redujo en comparación con el mes pasado; mientras que Oruro, Santa Cruz y Potosí presentaron un aumento. Junto con el descenso de los conflictos, en octubre también hubo una reducción general de la violencia. En octubre, la cantidad de conflictos que se mantuvieron vigentes fue superior al 50% de los casos registrados. Los acuerdos alcanzados, entre totales y parciales, no llegaron ni al 20% del total.
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GUÍA RÁPIDA4 CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es–o parece ser–incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación–en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda.Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.
4La
presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.
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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
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