informe_conflic__abril_2010_final by FUNDACION UNIR BOLIVIA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA (Abril de 2010)

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia

Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia

Abril de 2010

Índice Presentación

p. 3

1. La conflictividad en Bolivia

p. 4

2. Tipología de los conflictos

p. 8

3. Sectores y actores demandantes y demandados

p. 11

4. Ámbito de los conflictos

p. 16

5. Medidas de presión y violencia

p. 19

6. Salida de los conflictos

p. 21

7. Conclusiones

p. 22

Guía rápida

p. 24

Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia

Abril de 2010

PRESENTACIÓN El presente informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia corresponde al mes de abril de 2010. La información del mismo proviene de una base de datos virtual sobre la conflictividad en Bolivia que la Fundación UNIR Bolivia viene alimentando periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de una revisión exhaustiva de diez periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí y La Palabra del Beni), y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, la tipología de los mismos, los principales actores demandantes y demandados, así como sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, importancia y la salida que tuvieron. Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones en cuanto al registro completo de la conflictividad suscitada en Bolivia en el período mencionado. La principal es la utilización de los medios de comunicación como fuente primaria de información. Éstos, como es sabido, pese a que proveen abundantes datos aprovechables en esta materia, tienden a cubrir los conflictos mientras tengan interés noticioso, es decir, cuando se encuentran en etapa de confrontación, dando poca cobertura a las fases de pre y post-conflicto. Otra limitante es la información no siempre disponible sobre conflictos locales, especialmente sobre aquéllos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder, situación que puede provocar un sesgo en el análisis estadístico. Sin embargo, cuando en sitios pequeños y aislados se producen conflictos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente cubiertos por los medios. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en el presente informe.

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Abril de 2010

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA (Abril de 2010)

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de abril de 2010 se registraron 64 conflictos, los cuales, en lo que hace a los actores demandantes y demandados, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 1 Número de Conflictos Registrados en Abril de 2010 Nº

ACTOR DEMANDANTE

ACTOR DEMANDADO

Vecinos de la zona Bautista Saavedra de El Alto

Concejo Municipal de El Alto

Pacto Intersindical de Trabajadores Municipales de Sucre

Alcaldía de Sucre

Comité Cívico de Puerto Suárez

Gobierno central

Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB)

Gobierno central

Comunarios de Nor Lípez

Gobernación de Potosí

Dirigentes de los partidos políticos Movimiento Nacionalista Revolucionario, Unidad Nacional, Movimiento Sin Miedo, Alianza Social Patriótica y Convergencia Nacional

Corte Nacional Electoral (CNE)

"Movimiento Sin Lote"

Ingenio azucarero “San Aurelio”, gobierno central, gobierno municipal

Internas del penal San Sebastián

Autoridades de Régimen Penitenciario

Trabajadores en salud de Cochabamba

Gobernación de Cochabamba

Sindicato Departamental de Desocupados de Oruro

Gobierno central

Pobladores de Caranavi

Gobierno central

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Pecuarias y Agrícolas de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”

Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF)

Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Limitada (COSMOL)

Gerencia General de COSMOL

Militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) del municipio de Pailón

Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz

Comité pro Santa Cruz

Gobierno central

Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

Gobierno central

Trabajadores en salud de Santa Cruz

Gobierno central

Magisterio urbano de La Paz

Gobierno central

Vecinos de K'ara K'ara

Alcaldía de Cochabamba

Magisterio urbano de Potosí

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA)

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Potosí 21

Estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (UAJMS)

Autoridades de la UAJMS

Militantes de Unidad Nacional (UN)

CNE

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia

Gobierno central

Sindicato de Volantes de los Yungas

Gobierno central

Militantes de la Agrupación Ciudadana “Sí Tiquipaya”

CDE de Cochabamba

Simpatizantes de René Joaquino

Fiscalía de Distrito de Potosí

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)

Gobierno central

Comunarios de la marka qaqachaka

Gobernación de Oruro

Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL)

Gobierno central

Juntas escolares del sector sur y del sector norte de El Alto

Gobierno central

Internos del penal de Cantumarca

Régimen Penitenciario

Estudiantes de danza folklórica de la Escuela Municipal de Artes de El Alto

Dirección de Cultura de la Alcaldía de El Alto

Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia (CNJRB)

Gobierno central

Vecinos de Senkata

Propietarios de locales nocturnos

Pobladores de Bulo Bulo

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Trabajadores de la Caja Nacional de Salud

Gerencia de la Caja Nacional de Salud

Personas y organizaciones afines al MAS de Warnes, La Guardia y Montero

CDE de Santa Cruz

Vecinos de la Avenida Tiwanaku

Alcaldía de El Alto

Magisterio Urbano de El Alto

Ministerio de Educación

Militantes del Movimiento Sin Miedo (MSM)

CDE de Cochabamba

Transportistas federados de Quillacollo

Alcaldía de Quillacollo

Militantes de la agrupación ciudadana “Poder Vecinal”

CDE de Cochabamba

Central Obrera Departamental del Beni

CDE del Beni

Padres de familia de establecimientos educativos de La Paz

Gobernación del departamento de La Paz

Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz

CDE de Santa Cruz

Sindicato de transporte “29 de Mayo”

Policía Nacional

Pobladores de Inquisivi

CDE de La Paz

Perseguidos políticos durante las dictaduras

Gobierno central

Sindicato Mixto de Trabajadores del Seguro Social Universitario (SMTSSU)

Directorio del Seguro Social Universitario

Estudiantes de la Escuela Municipal de Artes de El Alto

Dirección de Cultura de la Alcaldía de El Alto

Médicos del Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan de Dios”

Ministerio de Salud

Militantes de la agrupación “Consenso Popular”

CDE de Pando

Comité Cívico Potosinista

Gobierno central

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Pobladores de la Provincia Nor Chichas

Gobernación de Potosí

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB)

Gobierno central

Central Obrera Boliviana (COB)

Gobierno central

Autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)

Comando de Ingeniería del Ejército

Junta de vecinos de la zona de Alto Lima 3ª sección

Alcaldía de El Alto

Postulante al Consejo de Administración de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL) por el Alto

Ministerio de Trabajo

Colegio Médico de La Paz

Gobierno central

Trabajadores asalariados de El Alto

Gobierno central

Trabajadores en salud y médicos del Hospital Viedma

Dirección Municipal de Salud (DIMUSA)

Federación de Trabajadores Campesinos de la Provincia Manco Kápac de La Paz

Gobernación de La Paz

Vecinos de Villa Ingenio (El Alto)

Concejo Municipal de El Alto

Abril de 2010

TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

En abril se registraron 18 conflictos más que en el mes pasado, ratificándose cada vez más la tendencia ascendente que se arrastra desde enero. Por supuesto, este fenómeno no es producto de circunstancias aleatorias, sino que se desarrolla en el marco de una coyuntura específica. El factor coyuntural más influyente en el período fue, sin duda, la elección de alcaldes y gobernadores realizada el pasado 4 de abril. No se esperaba que luego de los comicios la conflictividad se disparara ya que habitualmente las confrontaciones forman parte de la carrera pre electoral. Sin embargo, el descontento del oficialismo y de la oposición respecto a los resultados alcanzados desató buena parte de los conflictos. Las denuncias de fraude, de irregularidades en los procesos de votación y el cuestionado accionar de la Corte Nacional Electoral y de las cortes departamentales se constituyeron en catalizadores de una cuarta parte de los conflictos del mes. Otro factor de importancia fue la disconformidad social con la política salarial y laboral del gobierno. La proximidad del día del trabajo —fecha en la cual el Ejecutivo acostumbra aprobar medidas a favor de la clase trabajadora— generó expectativa en varios sectores sociales que esperaban significativos incrementos en sus ingresos y un mejoramiento general de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, el gobierno se adelantó a las especulaciones anunciando que el esperado aumento salarial no sobrepasaría el 5%, desencadenando así el descontento de al menos cuatro grandes organizaciones: la Central Obrera Boliviana, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), la Confederación General de Fabriles de Bolivia, y la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSSCLAPOL). A éstos se añadieron los trabajadores universitarios y los trabajadores en salud, quienes se movilizaron en rechazo a los proyectos del Código de Trabajo, Ley de Pensiones y Ley de la Servidora y el Servidor Público; este último eje conflictivo, que se enmarca en la reestructuración del sistema jurídico del país, se mantendrá como núcleo de conflictividad si la 6

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Asamblea Legislativa Plurinacional y el gobierno no logran consensuar las modificaciones pertinentes con los actores directamente interesados. Los tres conflictos que se destacaron como los más importantes del mes pueden resumirse en las siguientes líneas: El primero fue el protagonizado por los vecinos de la zona Bautista Saavedra de El Alto, quienes demandaban al Concejo Municipal de esa ciudad la declaración de su jurisdicción como distrito, lo que, a su juicio, facilitaría la provisión de servicios básicos a la zona. Como medida de presión, las juntas vecinales bloquearon los accesos al botadero municipal de Villa Ingenio, inundando de basura por algo más de tres días a la ciudad de El Alto; posteriormente procedieron al bloqueo de las carreteras al Desaguadero, Laja y Copacabana. Hasta los últimos días del mes, el conflicto no había alcanzado vías de solución satisfactorias para ambas partes, por lo que continuaba vigente. El segundo gran conflicto se generó a partir de la ejecución de las boletas de garantía de la Jindal Steel & Power por parte de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) debido al incumplimiento de las inversiones que dicha empresa debía realizar de acuerdo a contrato. Tal acción causó el rechazo del Comité Cívico de Puerto Suárez debido a que podría comprometer la inversión de Jindal y, con ello, afectar los proyectos de desarrollo en esa región. Este conflicto se encontraba en estado latente desde el mes de marzo y se activó el 23 abril, tras haber fracasado el proceso de diálogo iniciado poco antes. La medida más fuerte fue el bloqueo del paso fronterizo con el Brasil; también se tomó el aeropuerto y se bloqueó una importante vía férrea. Similares acontecimientos tuvieron lugar en fecha 29 de abril, quedando el conflicto irresuelto. El tercer caso es el protagonizado por los comunarios de Nor Lípez, quienes exigían el cumplimiento de un pliego petitorio de varios puntos: cobro de impuestos a la empresa que explota la Mina San Cristóbal por el uso de aguas subterráneas, participación accionaria en la empresa estatal que administrará las reservas de litio, control de la contaminación ambiental producida por la industria minera, obras públicas como caminos y energía eléctrica, entre otros. De manera similar al anterior conflicto, los comunarios cerraron el paso fronterizo con la República de Chile y bloquearon una importante vía férrea. Con el paso de los días la protesta se tornó más violenta, los pobladores tomaron las instalaciones del complejo minero San Cristóbal, causando destrozos considerables. Una semana después de iniciarse el conflicto, la Prefectura del departamento de Potosí logró apaciguar a los movilizados, aunque no pudo concertar con ellos la atención de sus demandas, las cuales quedaron pendientes para futuras reuniones a realizarse a partir del 8 de mayo.

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2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de abril los cuatro principales tipos de conflicto fueron los vinculados a medidas económicas y a la situación económica de las personas (19%), a la gestión administrativa de diferentes entidades (18%), a las condiciones laborales y salariales (15%) y a temas ideológico políticos (14%). Cabe notar una cierta equivalencia numérica entre los cuatro tipos de conflicto más frecuentes, sin que ninguna de las cuatro categorías se imponga notoriamente sobre las otras. A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto:

Cuadro Nº 2 Tipología de los Conflictos

TIPO DE CONFLICTO

Nº

Medidas económicas/situación económica

19%

Gestión administrativa

18%

Laboral/salarial

15%

Ideológico-político

14%

Recursos naturales y medio ambiente

Seguridad ciudadana

Incumplimiento de convenios

Tierra

Derechos humanos

Prestación de servicios públicos Situación/medidas legales Cuestionamiento autoridad

y/o

reconocimiento

Valores/ creencias/identidad TOTAL

981

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios de estos últimos, por sus propias características, son catalogados como pertenecientes a más de una categoría.

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Gráfico Nº 1 Tipología de los Conflictos

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Se puede observar que la prestación de servicios públicos, que en febrero y marzo ocupaba el primer lugar ha sido desplazada al quinto puesto, mientras que los conflictos vinculados con medidas económicas/situación económica mantienen su importancia, lo que es ya una constante. Los conflictos vinculados a este tema son de reciente surgimiento, con la excepción de la delicada situación de la explotación de hierro en el Mutún, que se mantiene vigente desde el mes anterior. La mitad de los conflictos en esta categoría está relacionada con expectativas de mejoramiento salarial; otra cantidad relevante de casos se inscribe en la lucha por el control de recursos naturales importantes para el desarrollo económico de municipios y regiones. Resulta pertinente resaltar también la situación presentada en Caranavi, donde la demanda de construcción de una planta procesadora de frutas cítricas derivó en la realización de bloqueos sistemáticos que asfixiaron a la región por varios días. El conflicto no concluyó al terminar el mes, presentando, por el contrario, síntomas de agudización. Los conflictos por problemas de gestión administrativa fueron suscitados por diversos motivos, aunque de los 17 casos registrados, por lo menos cinco se centraron en la demanda de ítemes escolares en ciudades del occidente del país, lo que podría corresponder al rezago de los factores estacionales que fueron mencionados en el Informe de Seguimiento y Análisis de la Conflictividad en Bolivia (marzo de 2010). Es de resaltar la notoriedad que alcanzaron en el período los conflictos ideológico políticos; entre éstos destacan los vinculados a las elecciones municipales y departamentales, los que se originaron, en su mayoría (78%), por denuncias de fraude electoral, pedidos de realización de nuevas votaciones ante la desconfianza en los resultados y cuestionamientos a la manera cómo se distribuyeron los escaños en las asambleas departamentales. Más allá de su relevancia numérica, estos conflictos revisten especial importancia puesto que atingen directamente a uno de los pilares de la operativización de la democracia: los procesos electorales. Después de mucho tiempo las elecciones fueron fuertemente cuestionadas desde varias perspectivas, lo que resulta 9

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preocupante ya que en la legitimidad electoral descansa uno de los elementos vitales para preservar la paz social, sobre todo en realidades socioculturales altamente heterogéneas, como la boliviana. Por otra parte, se desarrollaron dos conflictos derivados de la judicialización de la política: el primero de ellos protagonizado por los cívicos de Santa Cruz que, denunciando persecución política a sus principales líderes, continuaron presionando al gobierno central; el segundo se registró en Potosí, donde los simpatizantes del alcalde electo René Joaquino se movilizaron en su defensa luego de que éste fuera imputado por una supuesta malversación de fondos. El resto de los conflictos del mes corresponde a diversas tipologías. Dentro de éstas, resalta la defensa del medio ambiente ante los daños que generan la explotación minera e hidrocarburífera, además de la atención a los rellenos sanitarios en dos importantes ciudades del país. También resonaron los conflictos por seguridad ciudadana que se suscitaron en la ciudad de El Alto en demanda del cierre de centros de diversión nocturna, los cuales, en opinión de los vecinos, son los principales focos de delincuencia. Por último cabe mencionar el conflicto por tierras en Santa Cruz, donde miembros del Movimiento Sin Lote invadieron y tomaron los predios del ingenio azucarero “San Aurelio”, uno de los más importantes del país, que abastece casi en un 90% la demanda interna.

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3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y Actores Demandantes En el mes de abril los sectores vecinal/comunal y educación encabezan la lista de sectores demandantes, con 19% del total cada uno, tendencia recurrente si se consideran los registros de los meses anteriores. De manera excepcional, los partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas ocupan el tercer lugar (14%), seguidos por otras organizaciones y grupos de la sociedad civil (11%) y por el sector salud (11%).

Cuadro Nº 3 Sectores Demandantes SECTOR DEMANTANTE Vecinal/comunal Educación Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/ pueblos indígenas Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Salud Transporte Cívico Fabril Carcelario Personas individuales Policía Empresarial Rentista Indígena Entidad del gobierno municipal Agropecuario TOTAL

Nº 12 12

% 19% 19%

14%

7 7 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

11% 11% 5% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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Gráfico Nº 2 Sectores Demandantes

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

De manera general es posible señalar que en abril la cantidad de sectores demandantes registró un aumento con relación al mes de marzo, lo que indica que la demanda social se ha dispersado. Esto explica que el peso relativo de los dos principales demandantes haya disminuido con relación al total, en comparación con meses anteriores. En lo que respecta al sector vecinal/comunal, resulta pertinente destacar que más del 80% de sus demandas están dirigidas hacia algún nivel del Estado, notablemente el central y el municipal. Como es habitual, una porción relevante de dichos pedidos se refiere a la prestación de servicios públicos. Estas consideraciones confirman que uno de los reclamos centrales de los habitantes de las áreas urbanas y rurales del país es una gestión pública efectiva y eficiente por parte de los diferentes niveles del Estado, tal como ilustra el conflicto de los vecinos de la zona Bautista Saavedra de El Alto, uno de los más importantes del período. A la par de los conflictos por prestación de servicios públicos, en abril la temática ambiental movilizó de manera relevante al sector vecinal/comunal, lo que no se había presentado en meses anteriores con tanta notoriedad. Más aún, cuatro de los cinco conflictos relativos al tema fueron protagonizados por este sector. Esto mostraría que la sociedad civil se está organizando en torno a esta temática y que, desde el conflicto local, está logrando posicionarla en la agenda nacional. Cabrá indagar a partir de datos posteriores si los móviles de los reclamos están relacionados con una creciente toma de conciencia de la sociedad en torno a la problemática ambiental o si, más bien, son un medio para la satisfacción de otros intereses, fundamentalmente económicos, o ambos.

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Por otro lado, de los doce conflictos protagonizados por el sector vecinal/comunal, casi la mitad se desarrolló en El Alto, lo que no resulta sorpresivo dada la conocida capacidad organizativa y de movilización vecinal que existe en dicha ciudad. En lo que se refiere al sector educación –que se ubica como el segundo demandante– dos tercios de los conflictos responden a temas de gestión administrativa y se dirigen hacia el Estado, y más de la mitad de los conflictos del sector hacia el gobierno central. Un cuarto de los conflictos se refería a la demanda de ítemes educativos; otra porción relevante estaba ligada al cuestionamiento a diferentes normas legales impulsadas por el Ejecutivo, como la referida al sistema de pensiones y a la regulación del trabajo del funcionario público; y, finalmente, se encuentran las manifestaciones de rechazo al 5% de incremento salarial, que marcan un hito en la conflictividad social de los últimos años. En cuanto al ámbito geográfico en el que se movilizaron los actores de la educación, se puede decir que, si bien más de dos tercios de los conflictos se presentaron en el departamento de La Paz, la conflictividad se irradió prácticamente a todo el país. De manera inusual, durante el mes de abril las organizaciones políticas se situaron en el tercer lugar entre los principales sectores demandantes, concentrando aproximadamente 15% de los conflictos. Cabe recordar que este sector estuvo prácticamente ausente de los reportes de conflictividad social desde hace casi un año, sin haber tenido siquiera una presencia significativa durante el proceso electoral del pasado diciembre; solamente apareció como demandado en febrero de este año. Así, es posible inferir que la mayoría de las controversias que involucraron a las organizaciones políticas durante los últimos meses no trascendieron el ámbito de lo político, es decir que no se tradujeron en conflictividad social. Claramente, la aparición de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas como importantes actores demandantes en abril tiene que ver con el proceso electoral municipal y departamental, ya que ocho de los nueve conflictos están directamente relacionados con ese acontecimiento. Específicamente, y como ya se señaló, estos conflictos interpelan al órgano electoral por dos motivos centrales: denuncia de irregularidades en las votaciones de varios municipios (seis conflictos dirigidos a diferentes cortes departamentales) y el cuestionamiento a los mecanismos de distribución de escaños por población (dos conflictos de gran magnitud en varios lugares del país que interpelaron a la Corte Nacional Electoral). En el cuarto lugar entre los principales demandantes se encuentran otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, dentro de los que, sin duda, destacan la Central Obrera Boliviana y las centrales obreras departamentales, que protagonizaron tres importantes conflictos en abril, después de haber mantenido un perfil muy bajo en la conflictividad social del país en los últimos años. Con el rechazo al 5% de aumento salarial establecido por el gobierno, la COB retomó no sólo la bandera de las reivindicaciones tradicionales del sector, sino también el rol contestatario que quedó en suspenso desde la asunción presidencial de Evo Morales. Los conflictos que involucraron a las centrales obreras departamentales tuvieron un tinte político, sumándose a los conflictos electorales protagonizados por organizaciones políticas descritos en párrafos

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anteriores. La Central Obrera Departamental de Santa Cruz y del Beni se manifestaron en cuestionamiento de los resultados electorales departamentales y municipales. Dentro de la categoría otras organizaciones y grupos de la sociedad civil cabe resaltar la presencia del denominado Movimiento Sin Lote, que protagonizó un conflicto que se destacó por su violencia, reflejando la emergencia de nuevos actores al calor de la problemática de tierras, crucial en el país. Finalmente, el sector salud adquirió en abril mayor protagonismo que en los meses anteriores, en los que no planteó más de dos conflictos. Muchas de las demandas del sector están directamente vinculadas con la problemática laboral: mejores condiciones de trabajo, aumento salarial, pago de bonos, institucionalización de cargos, etc. Además, el sector salud se sumó al reclamo de otros sectores ante las normas que el gobierno busca aprobar en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.

3.2. Sectores y Actores Demandados En el mes de abril casi el noventa por ciento de los conflictos estuvieron dirigidos hacia el Estado en alguno de sus niveles y órganos. Como es habitual, el gobierno central fue el más demandado, concentrando el 41% del total. De manera excepcional los órganos departamentales electorales se situaron en segundo lugar, con 14% de las interpelaciones; porcentaje igual tuvieron los gobiernos municipales, seguidos por los gobiernos departamentales que aglutinaron el 11% de la conflictividad del país.

Cuadro Nº 4 Sectores Demandados SECTOR DEMANDADO Entidad del gobierno central

Nº

41%

Órgano Electoral Departamental

14%

Entidad del gobierno municipal

14%

Entidad del gobierno departamental

11%

Empresarial

Educación

Salud

Órgano Electoral Nacional

Entidad del legislativo municipal

Poder Judicial

Policía

Fuerzas Armadas

TOTAL

662

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Ver nota 1.

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Gráfico Nº 3 Sectores Demandados

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

En lo que respecta al gobierno central, los demandantes son de la más diversa naturaleza y provienen de prácticamente todo el país; la mitad de los casos tiene que ver con la situación económica que atraviesan regiones, sectores y grupos de la sociedad civil, aunque destacan también las demandas de tipo laboral/salarial, que fueron muy numerosas. Esto muestra que el tema económico, que este mes estuvo fuertemente estimulado por factores coyunturales, es un pilar de la conflictividad estructural en Bolivia que se hace presente de manera clara en abril. Como ya se señaló, de manera excepcional las cortes departamentales electorales ocupan un lugar preponderante en la lista de sectores demandados. Las demandas contra las cortes sumadas a las dirigidas a la Corte Nacional Electoral representan 17% del total de los conflictos del mes. Si se vinculan estos conflictos con otros planteados contra el gobierno central y otros actores por motivos políticos, tenemos una gran cantidad de conflictos de este tipo relacionados con las elecciones municipales y departamentales. Por su parte, los gobiernos municipales ocupan el segundo lugar como demandados, aunque muy por debajo del gobierno central, reafirmando una tendencia advertida ya en meses anteriores. Al igual que en marzo, en abril la Alcaldía de El Alto fue el actor municipal más interpelado, por temas ligados a la gestión pública que ejerce. Por otra parte, los gobiernos departamentales se encuentran en el cuarto lugar como demandados. Si se consideran junto a éstos los conflictos dirigidos a las cortes departamentales electorales se advierte que un cuarto de la conflictividad del país se concentró en el nivel departamental, lo que representa una situación nueva con relación a los meses precedentes. Es posible que la aprobación y aplicación de la normativa autonómica reconfigure los escenarios de conflictividad en los próximos meses, modificando probablemente los referentes de interpelación y distribuyendo de manera distinta la demanda social en los diferentes niveles estatales. 15

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4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS 4.1. Ámbito Geográfico de los Conflictos En abril, al igual que lo ocurrido en marzo y febrero, en todos los departamentos del país se registró al menos un conflicto. El detalle de la distribución geográfica de la conflictividad se presenta a continuación:

Conflictos por Departamento DEPARTAMENTO

Nº

La Paz

39%

Cochabamba

16%

Santa Cruz

13%

Potosí

11%

Todo el país

Oruro

Tarija

Beni

Chuquisaca

Pando TOTAL

1 64

2% 100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

De manera similar a lo detectado en marzo, en abril los cuatro departamentos más conflictivos fueron La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, reuniendo aproximadamente 80% del total de los conflictos, lo que confirma la tendencia bien establecida de concentración de la conflictividad nacional en los tres departamentos del eje, y a lo que se suma Potosí, como ocurrió en el mes de enero. Cuarenta por ciento de los conflictos se registró en el departamento sede de gobierno, con demandas dirigidas en su mayoría al Ejecutivo central. Más de la mitad de los casos se produjeron en El Alto, situando a esta ciudad en el primer lugar de la conflictividad nacional. Al igual que en marzo, los sectores movilizados en la urbe alteña fueron fundamentalmente el vecinal/comunal y el de educación, los cuales plantearon demandas recurrentes y de alcance local: prestación de servicios públicos, seguridad ciudadana, políticas de asentamiento comercial, etc. Cochabamba presentó en abril un notable incremento de los conflictos con relación a los anteriores tres meses del año, constituyéndose en el segundo departamento más conflictivo del país. Por su parte, Santa Cruz mantuvo niveles similares a los de los meses anteriores. Ambos departamentos concentraron la mayoría de los conflictos post electorales destacados anteriormente. Resulta oportuno destacar que en Santa Cruz se suscitaron dos conflictos de importancia que alcanzaron proyección nacional, como el de Puerto Suárez por la explotación del Mutún y la toma del Ingenio San Aurelio por demanda de tierras. Ambos temas, el de la 16

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explotación de recursos naturales para el desarrollo regional y el de tierras, se constituyen en pilares de la conflictividad cruceña. En el mes de abril Potosí ocupó nuevamente un lugar importante en la conflictividad nacional, ubicándose en el cuarto lugar de la lista, y registrando la mayor cantidad de medidas de presión violentas. En este departamento se produjo uno de los conflictos de mayor envergadura de los últimos meses: el de los comunarios de Nor Lípez exigiendo atención a su pliego petitorio que incluía varios puntos vinculados a las actividades de la empresa minera San Cristóbal, caso que se suma al protagonizado por los pobladores de la provincia Nor Chichas por el impacto ambiental de la minería. Este tema encierra un gran potencial de conflictividad y es previsible que siga generando conflictos en los próximos meses. Por otra parte es necesario destacar que en abril hubo seis conflictos que involucraron a todo el país, muchos más que los registrados en los meses anteriores. Estos conflictos pueden dividirse en dos grandes grupos: por una parte aquellos que tienen raíz económica (rechazo de maestros urbanos, fabriles y de la Central Obrera Boliviana al incremento salarial del 5% y demanda de pago de un bono por parte de la Confederación Nacional de Jubilados y Rentistas de Bolivia), y, por otra parte, los casos vinculados a las reformas legales que el gobierno busca implementar (Ley de la Servidora y el Servidor Público, Código de Trabajo y Ley de Pensiones); en todos estos el sector demandado era el gobierno central. Estos conflictos no se resolvieron en el mes de abril, por lo que continuarán formando parte del panorama de la conflictividad en el país.

Figura Nº 1 Distribución Geográfica de los Conflictos

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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4.2. Ámbito de Surgimiento de los Conflictos Más de un cuarto de los conflictos de abril surgió en el ámbito municipal y cerca a otro cuarto tuvo origen en espacios institucionales. Los conflictos que nacieron en el espacio vecinal/comunal alcanzaron a 16%, al igual que aquéllos que surgieron en la esfera nacional. Este último dato es relevante puesto que prácticamente se duplicaron los registros del mes de marzo, cuando solamente cuatro conflictos se originaron en dicho ámbito, alcanzando el 9% del total. Por otra parte, los conflictos que surgieron en los departamentos también aumentaron en abril.

Cuadro Nº 5 Ámbito de Surgimiento de los Conflictos ÁMBITO

Nº

Municipal

26%

Institucional

23%

Vecinal/comunal

16%

Nacional

16%

Departamental

14%

Regional

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Gráfico Nº 4 Ámbito de Surgimiento de los Conflictos

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de Presión y Violencia en los Conflictos Desde hace más de un 2año que la conflictividad en Bolivia no presenta altos niveles de violencia; los conflictos del mes de abril confirman esta situación, 52% de las medidas de presión utilizadas implicó un uso reducido de violencia; sólo en 34% de los casos se llegó a niveles de violencia media. Sin embargo, es importante señalar que en abril el nivel de violencia contundente se duplicó con relación al mes pasado, llegando a 12%. La mayoría de las medidas muy violentas se concentraron en el departamento de Potosí, es el caso del conflicto de Nor Lípez, en el que se registraron situaciones extremas, como la toma física de instalaciones y la destrucción de bienes. Con excepción de Cochabamba, los departamentos con mayor cantidad de conflictos concentraron también las medidas de presión más violentas. Como sucedió en meses anteriores, la medida de presión más utilizada por los diversos actores en conflicto fue el anuncio y/o declaratoria de estado de emergencia, situación que guarda relación con que, en 36% de los conflictos, las medidas de presión no afectaron a terceros de manera directa. Por otro lado, tanto la marcha como la concentración y/o vigilia fueron también medidas bastante utilizadas, alcanzando cerca de 27% de los registros.

Cuadro Nº 6 Medidas de Presión por Departamento

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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5.2. Alcance de las Medidas de Presión Durante el mes de abril, en más de dos tercios de los conflictos, las medidas de presión a las que recurrieron los actores demandantes tuvieron un rango limitado de afectación: intrainstitucional y vecinal/comunal; 11% de los casos tuvo alcance regional y sólo 6% alcance nacional. Por otro lado, los conflictos que tuvieron alcance internacional, situación que no se presentaba desde el mes de febrero, fueron dos de los tres más importantes del período.

Cuadro Nº 7 Alcance de las Medidas de Presión ALCANCE

Nº

Intrainstitucional

36%

Vecinal/comunal

36%

Regional

11%

Municipal

Nacional

Internacional

Departamental

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Gráfico Nº 5 Alcance de las Medidas de Presión

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Más de la mitad (55%) de los conflictos de abril quedó sin solucionarse. En 11% de los casos se logró un acuerdo entre las partes (6% acuerdo parcial y 5% acuerdo total); los conflictos que quedaron en cuarto intermedio representaron 9%, y los que tuvieron una salida por otra vía, en su mayoría denegación de pedidos de realización de nuevas elecciones en distintos puntos del país, cubren 8% de los casos. En el período se iniciaron dos procesos de negociación que quedaron pendientes de resolución: entre los trabajadores en salud de Cochabamba y la gobernación de ese departamento, y entre los jubilados y rentistas del país y el gobierno central. Las estadísticas de abril se completan con la conclusión de un caso por retroceso del actor demandante, el Movimiento Sin Lote, que reclamaba la propiedad de terrenos y que los desalojó pacíficamente ante la advertencia de uso masivo de la fuerza pública. Finalmente, los conflictos cuyo desenlace se desconoce debido a falta de información en los medios de comunicación monitoreados representan 12% del total. Cuadro Nº 8 Salida de los Conflictos SITUACIÓN

Nº

Continúa

% 35

55%

Se desconoce

12%

Cuarto intermedio

Otra

Acuerdo parcial

Acuerdo total

En negociación

Retroceso de uno de los actores

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

Gráfico Nº 6 Salida de los Conflictos

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, abril de 2010

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8. CONCLUSIONES -

El mes de abril presentó un acentuado incremento en el número de conflictos, que alcanzó a 64, 18 más que en el mes de marzo y 34 más que en febrero. Estas cifras dan cuenta de una conflictividad creciente en el país.

La conflictividad de abril no sólo aumentó en términos cuantitativos, sino también cualitativamente; se registraron más conflictos de alcance nacional, una mayor cantidad de sectores movilizados y mayores índices de gravedad en las medidas de presión utilizadas.

Desde un punto de vista agregado, dos elementos coyunturales que marcaron la conflictividad en abril fueron, por un lado, las elecciones municipales y departamentales, y, por otro, el anuncio gubernamental de la implementación de una serie de medidas económicas y de reformas legislativas.

Las medidas económicas/situación económica fueron en abril el principal origen de los conflictos, destacándose los vinculados a las expectativas salariales de diferentes sectores que sobrepasaron las posibilidades del gobierno central. Una temática que ha repuntado con gran fuerza es la ideológica política a partir de los resultados de las elecciones municipales y departamentales de inicios de mes; es probable que la conflictividad vinculada a este tema se reduzca luego de la posesión de las nuevas autoridades.

Los tres conflictos principales fueron el protagonizado por los vecinos de la zona Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto, demandando la creación de un nuevo distrito municipal para garantizar el acceso a servicios básicos; el del Comité Cívico de Puerto Suárez protestando por el cobro de las boletas de garantía a la empresa Jindal Steel & Power, y finalmente el de los comunarios de la provincia Nor Lípez que exigían atención a su pliego petitorio. Todos ellos tuvieron gravitación regional y, aunque las medidas de presión afectaron incluso la transitabilidad internacional en puntos fronterizos con Brasil y Chile, ninguno representó una seria amenaza para la gobernabilidad.

En abril no se encontraron registros de conflictos directamente ligados a la problemática de género. La única referencia encontrada es la participación de mujeres en los conflictos ideológico políticos post electorales, aunque, de acuerdo a la información a la que se accedió, ésta no se dio en representación de intereses de género.

Al igual que en los meses precedentes, en abril los sectores vecinal/comunal y educación fueron los principales demandantes. Además de la tradicional demanda de una eficiente prestación de servicios públicos, el sector vecinal/comunal exigió intervención estatal en la gestión ambiental. Por su parte, el sector educación planteó demandas vinculadas a temas de gestión administrativa, especialmente la dotación de ítemes. 22

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Durante el mes de abril aparecieron en escena actores demandantes que durante bastante tiempo mantuvieron un perfil bajo en la conflictividad nacional, como las organizaciones políticas y sindicales.

Como es habitual, el Estado en sus distintos niveles fue el principal interpelado, siendo el gobierno central el que aglutinó 41% del total de las demandas. De manera excepcional, el órgano electoral apareció en la lista de los principales demandados, lo que evidentemente corresponde a la coyuntura electoral que vivió el país. A diferencia de otros meses, el nivel departamental de gobierno concentró parte importante de las demandas de diferentes sectores.

Los departamentos del eje y Potosí concentraron 80% del total de los conflictos registrados en Bolivia durante el mes de abril. La ciudad de El Alto se situó en el primer lugar de la conflictividad nacional, por primera vez desde inicios de año.

A pesar de que la mayoría de los actores en conflicto recurrió a medidas de presión de violencia moderada, pudo evidenciarse un notable incremento en el uso de medidas de presión de violencia contundente. Potosí, un departamento con una cantidad de conflictos relativamente alta, fue el que concentró la mayoría de las medidas de presión más violentas.

Al igual que en los meses anteriores, más de dos tercios de los conflictos registrados no trascendieron los niveles intrainstitucional y vecinal/comunal como ámbitos de afectación.

Más de la mitad de los conflictos del mes quedó sin resolución. La declaración de cuarto intermedio fue significativa dentro del total de salidas registradas, por encima de los acuerdos alcanzados.

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GUÍA RÁPIDA3

CONFLICTO: Relación contenciosa o antagónica que se da entre dos o más actores en torno a un asunto que es de mutua competencia o interés, en el marco de un sistema político social dinámico y de contradicciones profundas, en el que ambas partes se enfrentan, ocupando posiciones incompatibles entre sí y desplegando acciones que buscan imponerlas o conservarlas. Así entendidos, los conflictos pueden ser tipificados en laborales, ideológico políticos, de gestión administrativa, etc. ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es —o parece ser— incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena, etc.). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etc.). DEMANDA Petición declarativa que un actor presenta a su circunstancial par demandado y que sostiene y fundamenta, desde su propia lógica oposicional, a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación —en parte por una obvia necesidad de legitimación pública—, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante despliega contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO Espacio en que surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE Efectos de las medidas de presión desplegadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales que se usan en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto el enfoque como el valor operativo que tienen en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que, en general, reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia en el presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.

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GUÍA RÁPIDA4

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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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