INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA (Marzo de 2010)
Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia
Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Marzo de 2010
Índice Presentación
pp. 3
1. La conflictividad en Bolivia
pp. 4
2. Tipología de los conflictos
pp. 7
3. Sectores y actores demandantes y demandados
pp. 10
4. Ámbito geográfico de los conflictos
pp. 14
5. Medidas de presión y violencia
pp. 17
6. Salida de los conflictos
pp. 20
7. Conclusiones
pp. 21
Guía rápida
pp. 23
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Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia
Marzo de 2010
PRESENTACIÓN El presente informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia corresponde al mes de marzo de 2010. La información que es base del mismo proviene de una base de datos virtual sobre la conflictividad en Bolivia que la Fundación UNIR Bolivia viene alimentando periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de una revisión exhaustiva de diez periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí y La Palabra del Beni), y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, la tipología de los mismos, los principales actores demandantes y demandados, así como sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, importancia y la salida que tuvieron. Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones en cuanto al registro completo de la conflictividad suscitada en Bolivia en el período mencionado. La principal es la utilización de los medios de comunicación como fuente primaria de información. Éstos, como es sabido, pese a que proveen abundantes datos aprovechables en esta materia, tienden a cubrir los conflictos mientras tengan interés noticioso; es decir, cuando se encuentran en etapa de confrontación, dando poca cobertura a las fases de pre y post-conflicto. Otra limitante es la información no siempre disponible sobre conflictos locales, especialmente sobre aquéllos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder, situación que puede provocar un sesgo en el análisis estadístico. Sin embargo, cuando en sitios pequeños y aislados se producen conflictos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente cubiertos por los medios. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en el presente informe.
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Marzo de 2010
INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA (Marzo de 2010)
1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de marzo de 2010 se registraron 46 conflictos, los cuales, en lo que hace a los actores demandantes y demandados, se presentan en la siguiente tabla: Número de conflictos registrados en marzo de 2010 Nº
ACTOR DEMANDANTE
ACTOR DEMANDADO
1
Postulantes a escuelas normales de La Paz
Ministerio de Educación
2
Ex trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
Autoridades de YPFB
3
Pobladores de Colquiri
Autoridades de la Alcaldía de Colquiri
4
Comité Cívico de Aiquile
Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción
5
Vecinos de las ciudadelas mineras
Alcaldía de Oruro
6
Choferes de Bolivia y empresarios del transporte
Gobierno central
7
Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios del Norte (CAPPO)
Gobierno central
8
Docentes y estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Enrique Finot”
Ministerio de Educación
9
Normalistas de La Paz
Ministerio de Educación
10
Autoridades de la Gobernación de Oruro
Servicio de Impuestos Nacionales
11
Juntas vecinales de zonas periurbanas de Oruro
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
12
Federación de estudiantes de secundaria de El Alto y Federación de padres de familia de El Alto
Alcaldía de El Alto
13
Jubilados y rentistas de Bolivia
Gobierno central
14
Normalistas de la Escuela Superior de Formación de Maestros “Eduardo Avaroa”
Ministerio de Educación
15
Estudiantes y docentes del Instituto Superior Técnico Agropecuario y Agroindustrial
Concejo Municipal de Caranavi
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Postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Eduardo Avaroa”
Ministerio de Educación
17
Magisterio urbano de La Paz
Ministerio de Educación
18
Arroceros del Beni
Gobierno central
19
Trabajadores del Hospital “Alfonso Gumucio Reyes “
Alcaldía de Montero
20
Vecinos de la zona norte de La Paz
YPFB
21
Postulantes a la Escuela Superior de Formación de Maestros “Ángel Justiniano”
Ministerio de Educación
22
Comité Cívico de Puerto Suárez
Empresa Jindal Steel & Power
23
Trabajadores en salud de Santa Cruz
Gobernación de Santa Cruz
24
Comunidades indígenas de Riberalta
Gobierno central
25
Comité Cívico Potosinista
Gobierno central
26
Miembros de la Federación de padres de familia de El Alto (FEDEPAF)
Comité Ejecutivo de FEDEPAF
27
Pobladores de Buena Vista
Corte Departamental Electoral de Santa Cruz
28
Comunarios de Arque
Comunarios de Tapacarí
29
Vecinos de barrios de El Alto
YPFB
30
Pobladores de las provincias Camacho, Franz Tamayo e Ingavi
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
31
Familiares de víctimas de la dictadura
Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas
32
Organizaciones de mujeres de Santa Cruz y Chuquisaca
Cortes Departamentales Electorales de Santa Cruz y Chuquisaca
33
Vecinos de la urbanización Sajama
Policía Nacional
34
Comité Cívico de Betanzos
Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)
35
Federación de Cooperativas Mineras de Potosí
Ministra de Culturas
36
Vecinos de la zona Nuevos Horizontes I
Alcaldía de El Alto
37
Autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA)
Gobierno central
38
Comunarios de Santa Elena
Ministerio de Salud
39
Productores agropecuarios de San Julián
Gobierno central
40
Transporte sindicalizado de Tarija
ABC
41
Trabajadores fabriles del país
Gobierno central
42
Trabajadores del cerro Mutún
Gobierno central
43
Comité pro Santa Cruz
Gobierno central
44
Vecinos de la zona 23 de Marzo
Alcaldía de El Alto
45
Pobladores de Parotani
ABC
46
Vecinos de Villa Dolores (El Alto)
Alcaldía de El Alto
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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La tendencia ascendente de la conflictividad en el país, destacada ya en el informe correspondiente al mes de febrero, se acentuó en esta oportunidad con el aumento de 16 conflictos respecto al mes pasado. La explosión conflictiva que se había suscitado en los últimos días de febrero se extendió hasta la primera quincena de marzo, que concentró 70% de la conflictividad del mes; sin embargo, conforme se acercó la fecha de realización de los comicios del 4 de abril y la celebración de la Pascua, la convulsión social se contrajo, de manera que sólo 30% de los conflictos ocurrieron durante las últimas dos semanas. De este porcentaje, la mayoría de los registros corresponden a anuncios o amenazas de medidas de presión, lo que indica que no sólo se produjo un descenso numérico sino también cualitativo. Existen factores coyunturales que pueden haber influido en la conflictividad de este mes. Uno de éstos es el proceso de selección de postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros, que originó varios conflictos en distintos puntos del país. Este tipo de conflicto tiene características estacionales: los actores protagónicos se movilizan cada año luego de que se inician los procesos de inscripción a los centros educativos. Otro factor coyuntural desencadenante de conflictos, que se evidenció ya el mes pasado, es la carrera a las elecciones de autoridades departamentales, regionales y municipales. Por otra parte, también incidieron en la conflictividad del mes cuestiones vinculadas a la situación económica de diferentes sectores de la población: el estado del contrato para la explotación de hierro en el Mutún, el Decreto Supremo 0420 que regula al sector transporte, y la intervención del Gobierno en el control de precios del mercado. Los tres conflictos que se destacan como los más importantes del mes pueden resumirse en las siguientes líneas: El primero fue el protagonizado por los postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros del departamento de La Paz, que demandaban al Ministerio de Educación la admisión a la carrera de formación docente con la nota de 51 puntos. Se declararon en huelga de hambre durante aproximadamente dos semanas y convocaron a una marcha multitudinaria desde Patacamaya hacia La Paz. Hasta fin de mes las autoridades educativas no cedieron a las presiones, por lo que los movilizados amenazaron con radicalizar sus acciones. El segundo conflicto se generó por la demanda planteada por 20 trabajadores cesados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de reincorporación a sus fuentes laborales. En opinión de éstos, los despidos se debieron a una reestructuración interna de la empresa estatal y no a su desempeño laboral. El 2 de marzo iniciaron una huelga de hambre; ante la poca atención que recibieron, la protesta se radicalizó con el tapiado de 6
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los ayunadores. Ante complicaciones de salud de muchos de ellos, fueron abandonando la medida progresivamente, de manera que quince días después, menos de la mitad mantenía la medida. Las autoridades de YPFB pusieron fin al conflicto declarando que no podían reincorporar a los trabajadores puesto que no fueron despedidos, sino que fenecieron sus contratos. El tercer caso es el de los pobladores de la localidad de Colquiri que exigían la renuncia de las autoridades municipales tras acusarlas de corrupción. En un primer momento realizaron bloqueos esporádicos de la carretera La Paz - Oruro; posteriormente tomaron como rehenes a dos policías y a un funcionario judicial que se apersonaron para investigar el asunto; paralelamente se declaró paro cívico y se bloquearon las rutas interprovinciales. Finalmente intervinieron la Defensoría del Pueblo y el Gobierno y se firmó un acuerdo que estableció el congelamiento de las cuentas municipales para evitar más actos de corrupción hasta la realización de las elecciones del 4 de abril.
2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de marzo los cuatro principales tipos de conflicto fueron los vinculados a la prestación de servicios públicos (21%), a medidas económicas y a la situación económica de las personas (19%), a temas laboral/salariales (13%) y a la gestión administrativa en diferentes entidades (13%). A continuación se presenta información completa sobre los tipos de conflicto. Tipología de los conflictos TIPO DE CONFLICTO
Nº
Prestación de servicios públicos
% 10
21%
Medidas económicas/situación económica
9
19%
Laboral/salarial
6
13%
6
13%
4
8%
Ideológico-político
3
6%
Recursos naturales y medio ambiente
2
4%
Incumplimiento de convenios
2
4%
Valores/creencias/identidad
2
4%
Tierra
1
2%
Derechos humanos
1
2%
Situación/medidas legales
1
2%
Seguridad ciudadana
1
2%
Gestión administrativa Cuestionamiento autoridad
y/o
reconocimiento
TOTAL
de
47
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
A grandes rasgos se puede decir que los tipos de conflicto más numerosos en marzo son los mismos del mes anterior, existiendo diferencias de porcentaje sólo en cuanto a la prestación de servicios públicos, que se redujo en 10% pero mantuvo el primer lugar, y a lo laboral que subió 3%. No obstante, se advierte una mayor dispersión en el resto de los conflictos al haberse registrado cinco tipos nuevos con respecto al mes anterior, pero que no tienen un valor cuantitativo notable con relación al total. Los conflictos por prestación de servicios públicos se originaron este mes en dos problemáticas que se tornan recurrentes: la construcción y mantenimiento de vías camineras y la escasez de gas licuado de petróleo (GLP). La primera ocupa un lugar preponderante y, a diferencia del mes anterior en que la temporada de lluvias contribuyó al deterioro de las carreteras, la mayoría de estos conflictos está relacionada con el incumplimiento de obras por parte de algunos gobiernos locales. Los problemas de provisión de gas se evidenciaron fundamentalmente en el departamento de La Paz, tanto en los dos principales centros urbanos, como en las provincias. Los conflictos motivados por cuestiones económicas mantuvieron la misma proporción que en los anteriores dos meses; de hecho, casi todos son continuación de problemas que se vienen arrastrando. En primer lugar se puede mencionar al originado por la promulgación del Decreto Supremo 0420, que impone fuertes sanciones a los empresarios del transporte y a los choferes. En segundo lugar se encuentra el conflicto derivado de la promulgación del Decreto Supremo 0435 que prohíbe la exportación de maíz y sorgo para reducir los precios internos de la carne de pollo, afectando los intereses de los productores de dichos cereales. Por otro lado, la variación de precios de 8
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la fanega de arroz en el mercado generada por la competencia estatal a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y al contrabando, llevó a los agricultores privados a solicitar medidas que los beneficien. Por último, la situación en que se encuentra la explotación de hierro del Mutún, con la paralización de la inversión privada, está generando malestar en varios sectores que dependen de la ejecución del proyecto. Se puede decir que los conflictos de carácter económico, sumados a los de índole laboral, con los que guardan relación, representan un tercio de la conflictividad del período, lo que da cuenta, como quedó destacado en anteriores informes, de la persistencia de un anclaje económico significativo de la dinámica de la conflictividad en el país. Los conflictos generados por problemas de gestión administrativa, categoría que presentó el mismo porcentaje que en febrero, se vinculan en su mayoría con la selección de postulantes a las escuelas normales. El resto de los conflictos del mes está asociado a diversas tipologías, dentro de las que resaltan los temas referidos a cuestionamiento/reconocimiento de autoridad y los ideológico-políticos. Estos últimos, vinculados a la coyuntura pre electoral nacional, con hechos como el de los pobladores de Buena Vista que exigían una depuración de los inscritos en el padrón electoral, el de las organizaciones de mujeres de Santa Cruz y Chuquisaca en demanda de equidad de género en las listas de candidatos, y el de la Federación de Padres de Familia de El Alto que denunciaron a sus dirigentes por haber utilizado la organización para fines proselitistas a favor de un candidato a la Alcaldía de esa ciudad. Otro conflicto de carácter político es el que llevó adelante el Comité Cívico pro Santa Cruz en protesta por lo que sus representantes calificaron como persecución política del Gobierno contra sus miembros.
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3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS Al igual que en enero y febrero, los principales sectores demandantes fueron el vecinal/comunal y el de educación, constituyéndose claramente en los protagonistas de la conflictividad del primer trimestre del año. Durante el mes de marzo, ambos sectores duplicaron la cantidad de conflictos con relación a febrero; los primeros representan prácticamente un tercio del total y los segundos un cuarto. El tercer lugar, con amplia diferencia con relación al segundo, lo ocupa el sector cívico. Sectores demandantes SECTOR DEMANDANTE
Nº
%
Vecinal/comunal
14
30%
Educación
11
24%
Cívico
5
11%
Agropecuario
3
7%
Minero
2
4%
Salud
2
4%
Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil
2
4%
Transporte
2
4%
Rentista
1
2%
Entidad del gobierno departamental
1
2%
Hidrocarburos
1
2%
Fabril
1
2%
Indígena
1
2%
TOTAL
46
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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De los catorce conflictos que tienen como sector demandante al vecinal comunal, más de la mitad (8) se originaron en demandas de prestación de servicios públicos, entre las que destacan pedidos de reparación de caminos y abastecimiento de gas licuado, como ya se mencionó anteriormente. La relación entre el sector vecinal comunal y este tipo de conflicto, ya evidenciada en meses anteriores, vuelve a hacerse presente en marzo. Aproximadamente la mitad de los conflictos del sector educación fueron protagonizados por actores vinculados a las escuelas normales (maestros, estudiantes o postulantes). Asimismo, cinco de los once conflictos educativos tuvieron origen en temas de gestión administrativa y dos se relacionan con el cuestionamiento a alguna autoridad. Al parecer, estos dos tipos de conflicto están entre los más frecuentes del sector, tal como se pudo verificar en los meses anteriores. Es importante notar que el sector educativo fue el que más recurrió a medidas de presión violentas: cosido de labios, toma de instituciones y destrucción de bienes. Por otra parte, la conflictividad del sector educativo estuvo presente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Potosí y Oruro. Finalmente, de los once conflictos del sector, solamente tres llegaron a algún tipo de acuerdo, lo que indica que este sector seguirá siendo un actor fundamental en la conflictividad boliviana. Por su parte, el sector cívico volvió a adquirir protagonismo en marzo, después de haber estado prácticamente ausente de la conflictividad en febrero. En esta oportunidad se manifestaron dos comités cívicos departamentales (Santa Cruz y Potosí) y tres municipales (Aiquile, Puerto Suárez y Betanzos), expresando en todos los casos demandas dirigidas hacia alguna entidad del Ejecutivo nacional. La mayoría de estas demandas tiene trasfondo económico vinculado al desarrollo de los territorios que los comités cívicos representan, aunque en el caso del Comité pro Santa Cruz, el reclamo es eminentemente político. Como es habitual, la medida de presión más frecuente fue el paro cívico o la amenaza de declararlo. Por otro lado, el sector agropecuario mantuvo en marzo la misma cantidad de conflictos que en febrero. Los tres conflictos tuvieron como actor demandante a productores del Beni y de Santa Cruz que demandaron del Gobierno central medidas específicas para una efectiva comercialización de materias primas. El sector minero reapareció –sólo en enero hubo un conflicto protagonizado por este sector– ante la posibilidad de que se vean afectados sus intereses económicos. Finalmente, es necesario destacar el conflicto protagonizado por organizaciones de mujeres de Sucre y Santa Cruz, exigiendo respeto a la igualdad de género en las listas de candidatos a gobernaciones y alcaldías. Por un lado, la noticia en sí es relevante ya que no es frecuente la visibilización de las mujeres como actoras de los conflictos, ya sea 11
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como demandantes, demandadas o gestoras de diálogo. Por otra parte, este caso ilustra una problemática permanente en Bolivia relacionada al reclamo de inclusión de las mujeres en diferentes espacios de la vida social y política; particularmente este conflicto hace referencia al pedido de respeto de los derechos políticos de las mujeres. En lo que respecta a los sectores demandados, en marzo las entidades del Gobierno nacional concentraron dos tercios de las interpelaciones (66%), seguidas muy por debajo por los gobiernos locales (15%). Las demandas expresadas hacia otros sectores son cuantitativamente marginales, tal como se puede verificar en el siguiente cuadro. Sectores Demandados SECTOR DEMANDADO Entidad del gobierno nacional Entidad del gobierno municipal Órgano Electoral Departamental Poder Judicial Policía Educación Vecinal/comunal Fuerzas Armadas Entidad del gobierno departamental Entidad del legislativo municipal TOTAL
Nº 31 7 2 1 1 1 1 1 1 1 471
% 66% 15% 4% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
Fuente: Fundación UNIR Bolivia., marzo de 2010 1
Es posible notar que el número total de sectores demandados no coincide con el número total de conflictos registrados en marzo. Esto se debe a que, en un conflicto, fueron demandados dos actores.
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Un cuarto de los conflictos orientados hacia el Gobierno central provino del sector educativo y estaba específicamente dirigido al Ministerio de Educación. Por otra parte, una porción relevante de las demandas planteadas al Ejecutivo se refiere a temas de gestión administrativa; otro gran número tiene que ver con medidas económicas y con la prestación de servicios públicos. Como se señaló anteriormente, 15% de las demandas de marzo se expresó hacia los gobiernos locales. La Alcaldía de El Alto concentró cuatro de los siete conflictos dirigidos hacia este sector, por lo que este gobierno municipal se convierte en uno de los actores locales más interpelados del mes. La naturaleza de las demandas es diversa: seguridad ciudadana, prestación de servicios públicos, medidas económicas, etc. En lo que se refiere a los gobiernos departamentales, es notable que, a diferencia de períodos anteriores, éstos se encuentren entre los últimos lugares de la lista de actores interpelados. Tanto en este caso, como en el de los gobiernos municipales, se observa una reducción de las demandas dirigidas hacia éstos en comparación con el mes de febrero, lo que probablemente pueda explicarse por la proximidad de los comicios de abril que puso en suspenso la demanda social dirigida a los niveles local e intermedio y la concentró con mayor fuerza en el nivel central. Y, por la misma razón, los órganos electorales departamentales aparecen entre los actores demandados, con mayor porcentaje que los gobiernos departamentales.
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4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS 4.1. Ámbito geográfico de los conflictos Al igual que en febrero, en el mes de marzo todos los departamentos presentaron al menos un conflicto. Por otra parte se registraron dos conflictos que involucraron a más de un departamento, y otros dos que abarcaron todo el país. El primer lugar en cuanto al número de conflictos lo ocupa nuevamente el departamento de La Paz, concentrando un tercio del total nacional. En segundo lugar se encuentra Santa Cruz con 20%, seguido por Potosí que registra 11% de los conflictos. Cochabamba y Oruro comparten el cuarto lugar, con 9% de los conflictos cada uno. Conflictos por departamento DEPARTAMENTO La Paz
Nº
% 15
33%
Santa Cruz
9
20%
Potosí
5
11%
Cochabamba
4
9%
Oruro
4
9%
Beni
2
4%
Todo el país
2
4%
Más de uno
2
4%
Chuquisaca
1
2%
Pando
1
2%
Tarija
1
2%
TOTAL
46
100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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Tomando como referencia los datos de febrero, es posible señalar que los conflictos registrados en el departamento de La Paz aumentaron de manera relativamente proporcional al aumento general de los conflictos, lo que no resulta sorpresivo. Sin embargo, es pertinente indicar que los tres eventos conflictivos más importantes del mes se registraron en la sede de gobierno, lo que marca una diferencia con relación a febrero. Casi la mitad de los conflictos de La Paz se presentaron en El Alto, situándose esta ciudad en el tercer lugar, después de Santa Cruz, reafirmando la tendencia ya detectada con anterioridad a ocupar los primeros lugares a nivel nacional. Los sectores protagonistas de los conflictos de marzo en El Alto fueron el vecinal/comunal (cuatro conflictos) y el de educación (tres conflictos), que plantearon demandas de prestación oportuna y eficiente de servicios públicos (abastecimiento de gas licuado y pavimentado de calles), de políticas de asentamientos humanos en una ciudad que crece de manera acelerada y desordenada (conflicto entre vecinos y comerciantes de Villa Dolores), de medidas de seguridad ciudadana en un área de alta criminalidad (vecinos del barrio Nuevos Horizontes I), y de medidas estatales para paliar la pobreza (pedido de bonos estudiantiles); todas estas demandas son expresión clara de las necesidades emblemáticas de la ciudad de El Alto. Por su parte, el departamento de Santa Cruz triplicó en marzo la cantidad de conflictos respecto a febrero, mes en que el número de casos fue especialmente bajo, situándose en el segundo lugar. Un tercio de los conflictos está vinculado a temas de carácter económico, destacan aquéllos referidos a la explotación minera del Mutún, que podría complicarse más en las próximas semanas. El departamento de Potosí se encuentra en el tercer lugar de la conflictividad nacional, con 5 registros que representan el 11% del total, en una situación parecida a la que tuvo en el mes de enero, que en febrero cayó al presentar sólo un conflicto. Todos los conflictos de este departamento estuvieron dirigidos hacia alguna entidad del Gobierno central. Cochabamba y Oruro comparten el cuarto lugar, ambos manteniendo posiciones similares a las del mes de febrero. Por su parte, Chuquisaca presentó un notable descenso en la cantidad de conflictos –solamente un conflicto equivalente al 2%– respecto a enero y febrero en que concentró 11% y 13% de la conflictividad nacional, respectivamente. Por último, Beni, Pando y Tarija mantuvieron los niveles más reducidos de conflictividad, como ocurrió en los pasados meses.
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Uno de los conflictos que involucró a todo el país es el de los transportistas por el Decreto Supremo que regula la actividad del sector; este caso se originó en el mes de febrero y alcanzó su máximo índice de gravedad en marzo, resolviéndose también en este mes. El otro conflicto de carácter nacional es el protagonizado por los trabajadores fabriles ante las modificaciones a la legislación laboral, caso que continúa vigente. La siguiente figura ilustra la concentración geográfica de los conflictos en Bolivia durante el mes de marzo.
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
4.2. Ámbito de surgimiento de los conflictos En marzo, un cuarto de los conflictos surgió al interior de espacios institucionales, cuadruplicando los registros de febrero, cuando solamente tres conflictos (10%) se originaron en dicho ámbito. Otro cuarto nació en el ámbito vecinal/comunal, manteniendo niveles porcentuales similares a los anotados el mes pasado, aunque con mayor número de conflictos. Las esferas municipal y departamental ocupan el tercer y cuarto lugar respectivamente, con la misma cantidad de conflictos que en el mes de febrero, aunque disminuyendo su peso relativo en función al total. Ámbito de surgimiento de los conflictos ÁMBITO
Nº
%
Institucional
12
26%
Vecinal/comunal
11
24%
Municipal
10
22%
Departamental
7
15%
Nacional
4
9%
Regional
2
TOTAL
46
4% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos Al igual que en meses anteriores, la medida de presión utilizada con mayor frecuencia por los diversos actores en conflicto fue el anuncio y/o declaratoria de estado de emergencia, que constituye un cuarto de los registros. Esta situación guarda relación con el hecho de que, en 39% de los casos, las medidas de presión empleadas no afectaron de manera directa a terceros. La marcha fue también un recurso habitual este mes, con 20% de los registros. En total, en 54% de los casos se recurrió a medidas catalogadas como menos violentas (ver cuadro de medidas de presión por departamento), el restante 46% estuvo representado por conflictos de violencia media (39%) y contundente (7%). Cabe destacar que en febrero las medidas de presión fueron clasificadas de la siguiente manera: 61% de menos violentas, 30% de medias y 9% de contundentes. Así, desde una perspectiva comparada, se puede detectar un cierto incremento de las medidas de violencia media. Es importante resaltar que de las medidas de violencia contundente, una cantidad significativa provino del sector educación, particularmente de los aspirantes a las escuelas normales del país, que apelaron al cosido de labios y a la destrucción de bienes, recursos que no fueron empleados en meses precedentes. Por otro lado, hay que reiterar que todas las medidas de violencia contundente se presentaron en la ciudad de La Paz, mostrando que la sede de Gobierno es el centro de la conflictividad boliviana. Pese a esta situación, el uso de las mencionadas medidas de presión no implicó un incremento notable en el índice general de violencia por el hecho de que este tipo de medidas fueron más bien excepcionales. En marzo no se registró ningún conflicto que 17
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ponga en peligro la gobernabilidad del país, manteniendo la tendencia de los meses anteriores.
Medidas de presión por departamento Departamento Medida de presión
La Paz
Santa Oruro Cochabamba Potosí Chuquisaca Beni Cruz
Anuncio y/o declaratoria de estado de emergencia Concentración/vigilia
4
9
3
1
1
Marcha
7
3
3
Paro de actividades/huelga
1
1
Bloqueo
4
3
Cerco Huelga de hambre
3
1
1
1
1
1
1 1
2
4
1 1
1
1
1 1
Tomas físicas
1
1
1
Toma de rehenes
1
Cosido de labios
1
Destrucción de bienes
1
Total
1 1
1 4
Pando Tarija Todo Total el país 1 1 1 20 / 25.6%
26
18
10
8
6
2
2
1
1
4
6/ 7.6% 16 / 20.5% 4/ 5.1% 13 / 16.6% 2/ 2.5% 12 / 15.3% 1/ 1.7% 1/ 1.7% 1/ 1.7% 1/ 1.7% 78 / 100%
Violencia moderada violencia media Violencia contundente
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
5.2. Alcance de las medidas de presión Durante el mes de marzo, en más de dos tercios de los casos, las medidas de presión utilizadas por los demandantes tuvieron un bajo rango de afectación: intrainstitucional y vecinal/comunal; sólo un conflicto tuvo alcance nacional. Esta situación, que se presenta similar desde julio de 2009, plantea un interesante panorama en el que, con ciertas excepciones, la trascendencia de los conflictos sigue un patrón de alcance reducido.
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Alcance de las medidas de presión ALCANCE Intrainstitucional Vecinal/comunal Regional Municipal Nacional TOTAL
Nº 18 14 10 3 1 46
% 39% 30% 22% 7% 2% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Casi la mitad de los conflictos de marzo (48%) quedó sin solucionarse. En 24% de los casos se logró un acuerdo (20% acuerdo total y 4% parcial); varios de éstos se resolvieron en un período de tiempo relativamente corto. Los conflictos que quedaron en cuarto intermedio representaron 4%, lo mismo que aquéllos que ingresaron en fase de negociación. En 2% de los casos se produjo el retroceso de los demandantes, como los choferes y empresarios del transporte. Finalmente, los conflictos cuyo desenlace se desconoce debido a falta de información en los medios monitoreados, alcanzan a 18%. Es necesario señalar que el conflicto entre familiares de víctimas de la dictadura y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, por desclasificación de documentos de la época de las dictaduras, continúa vigente, convirtiéndose en el conflicto más largo de los casi 80 registrados en los últimos dos meses, situación que se agrava al ser un caso que proviene del año pasado. Salida de los conflictos SITUACIÓN Continúa Acuerdo total Se desconoce Acuerdo parcial Cuarto intermedio En negociación Retroceso de uno de los actores TOTAL
Nº
% 22 9 8 2 2 2 1
46
48% 20% 18% 4% 4% 4% 2% 100%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, marzo de 2010
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8. CONCLUSIONES -
El mes de marzo presentó un significativo incremento del número de conflictos: un total de 46, es decir 16 más que febrero.
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Los tres conflictos principales fueron el protagonizado por postulantes a la carrera de formación de maestros en las normales de La Paz, quienes pedían reducir la nota de admisión a 51 puntos; el planteado por veinte ex trabajadores de la empresa YPFB que demandaban ser reincorporados a sus puestos laborales; y el pedido de renuncia de las autoridades municipales de Colquiri por parte de los pobladores de esa localidad. Con excepción del primero, que involucró a todo un departamento, los otros casos tuvieron un carácter local. Ninguno de estos tres conflictos representó una amenaza para la gobernabilidad.
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El tema de prestación de servicios públicos generó nuevamente la mayor cantidad de conflictos, aunque en menor porcentaje que el mes anterior; los problemas vinculados a medidas y a la situación económica, a la gestión administrativa, y a temas laborales, a su vez, mantuvieron las posiciones y valores que presentaron en el mes de febrero. Esto podría indicar que, en lo que va del año, dichos temas se constituyen en ejes relevantes del malestar de la población.
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El sector vecinal/comunal y el sector educación fueron en marzo, y en el primer trimestre del año, los principales actores demandantes. El sector educación no sólo estuvo involucrado en una cantidad relevante de conflictos (un cuarto del total nacional), sino que abarcó varios departamentos (La Paz, Santa Cruz, Oruro y Potosí) y recurrió a medidas de presión violentas, en comparación con las utilizadas por otros actores.
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Este mes se reportó un conflicto que da cuenta de la problemática de género, cuyo trasfondo es la demanda de respeto a los derechos políticos de las mujeres.
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Aproximadamente 80% de los conflictos se dirigió hacia el Estado en general. El Gobierno central fue nuevamente el primer sector interpelado, concentrando cerca de dos tercios de las demandas. Muy por debajo y ocupando el segundo lugar se encuentran los gobiernos locales, entre los cuales destaca la Alcaldía de El Alto, que centralizó cuatro de las siete demandas expresadas hacia dicho sector. Por su parte, los gobiernos departamentales prácticamente no fueron cuestionados este mes.
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El departamento de La Paz concentró un tercio de la conflictividad nacional, seguido por Santa Cruz (20%) y Potosí (11%). Por su parte, el municipio de El Alto aglutinó aproximadamente 15% de los conflictos del país. Beni, Pando y Tarija mantienen los índices de conflictividad más reducidos.
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A pesar de que durante el mes de marzo la mayoría de los actores en conflicto recurriera a medidas de presión de violencia moderada, pudo evidenciarse un ligero incremento en el uso de medidas de presión más radicales; empero, éstas no llegaron a generar situaciones de violencia significativa. La Paz, el departamento con mayor cantidad de conflictos registrados, fue coincidentemente el que concentró las medidas de presión más violentas.
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Como sucedió en meses anteriores, en marzo hubo un predominio de conflictos que no trascendieron los espacios intrainstitucionales o vecinal/comunales.
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La mayor parte de los conflictos del mes quedó sin resolución. Los acuerdos alcanzados, sin embargo, fueron significativos dentro del total de salidas registradas.
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GUÍA RÁPIDA2
CONFLICTO: Relación contenciosa o antagónica que se da entre dos o más actores en torno a un asunto que es de mutua competencia o interés, en el marco de un sistema político social dinámico y de contradicciones profundas, en el que ambas partes se enfrentan, ocupando posiciones incompatibles entre sí y desplegando acciones que buscan imponerlas o conservarlas. Así entendidos, los conflictos pueden ser tipificados en laborales, ideológico políticos, de gestión administrativa, etc. ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es —o parece ser— incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena, etc.). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etc.). DEMANDA Petición declarativa que un actor presenta a su circunstancial par demandado y que sostiene y fundamenta, desde su propia lógica oposicional, a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación —en parte por una obvia necesidad de legitimación pública—, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante despliega contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO Espacio en que surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE Efectos de las medidas de presión desplegadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.
La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales que se usan en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto el enfoque como el valor operativo que tienen en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que, en general, reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia en el presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 2
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Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.
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