Informe de seguimiento y anรกlisis de la conflictividad en Bolivia (julio a diciembre de 2009)
Elaborado por la Unidad de Anรกlisis de Conflictos de la Fundaciรณn UNIR Bolivia
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Créditos Página 2
Equipo responsable de la Fundación UNIR Bolivia Dirección Ejecutiva: Antonio Aramayo Tejada Gerente del Área Información, Análisis y Transformación de Conflictos: María Soledad Quiroga Trigo Derechos reservados: Fundación UNIR Bolivia Febrero de 2010 info@unirbolivia.org www.unirbolivia.org
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La conflictividad en Bolivia II2009 Página 3
PRESENTACIÓN El presente informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia corresponde al período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2009. La información proviene de una base de datos virtual sobre la conflictividad en Bolivia, que la Fundación UNIR Bolivia viene alimentando periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de una revisión exhaustiva de diez periódicos de alcance nacional y regional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, y La Palabra del Beni), y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, la tipología de éstos, los principales sectores y actores demandantes y demandados, así como el alcance y ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad y salida. Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones que restringen su alcance y grado de exactitud. La principal es la utilización de los medios de comunicación como fuente primaria de información ya que –pese a que éstos proveen datos abundantes– tienden a cubrir los conflictos mientras tengan interés noticioso, es decir cuando se encuentran en etapa de confrontación, dando poca cobertura a las fases de pre y post conflicto. Otra limitante es la dificultad de acceder a información sobre conflictos locales, especialmente sobre aquellos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder, lo que puede desequilibrar el análisis estadístico. Sin embargo, cuando en estos puntos se producen hechos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente cubiertos por los medios. Al final del presente documento se incluye una guía sobre la terminología empleada en los trabajos de seguimiento y relevamiento mensuales de la conflictividad en Bolivia, y que son parte del contenido de este informe semestral.
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El contexto Página 4
1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOPOLÍTICA EN BOLIVIA Para hacer un análisis de la conflictividad sociopolítica en Bolivia es necesario situarla en el contexto más general de los principales ejes de conflicto que han marcado al país a partir del año 2000. La crisis se inicia con una profunda pérdida de legitimidad del sistema de partidos políticos que se conformó en el país a partir de 1985. Hacia el año 2000 emergieron un conjunto de manifestaciones sociales que rebasaron los canales partidarios, interpelando al sistema y exigiendo un rol más protagónico de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la redefinición de las políticas públicas, especialmente aquellas referidas a la conducción de la economía y a la redistribución de la riqueza. En suma, una parte de la sociedad empezó a interpelar al sistema partidario a través de la movilización conflictiva. Por causales internas –una cultura política altamente caudillista, clientelar y patrimonialista– y determinantes externas –el consenso de Washington y su reflejo en las condicionantes que el sistema financiero internacional puso a las políticas económicas de los países en desarrollo–, los partidos políticos se vieron limitados para abrirse a la participación ciudadana y a la deliberación, derivando la crisis de legitimidad del sistema en una crisis de legitimidad del Estado y de los significantes de cohesión social que daban basamento al marco institucional de canalización de las demandas y de solución de los conflictos. Finalmente entraron en cuestión el sustrato de la nacionalidad boliviana y su relación con las identidades indígenas, regionales y de clase (1). Estas características de la cultura política ya mencionadas han dificultado también el desarrollo, desde la sociedad, de acciones colectivas corresponsables que permitan la construcción del bien común. Por otra parte, el sistema de partidos que administró la política pública en la etapa de la democracia pactada generó un conjunto de reformas económicas y políticas, que sumadas a los efectos de la globalización en el país, dieron lugar a uno de los más significativos cambios estructurales en la historia de la sociedad boliviana. La apertura económica hacia los mercados globales y el achicamiento del rol económico del Estado provocaron un debilitamiento de las redes de seguridad social y la fragmentación e informalización de la economía y dieron un nuevo impulso a la migración de las áreas rurales hacia las ciudades –lo que ha convertido a Bolivia en un país predominantemente urbano– y entre ciudades y regiones. En esos años se consolidó un polo de desarrollo en el Oriente del país, especialmente en Santa Cruz, en base a la agroindustria y a la venta de gas al Brasil. También se desarrollaron un conjunto de reformas orientadas a la democratización del sistema hacia el territorio –especialmente la Ley de Participación Popular y las diputaciones uninominales–, empoderando a los actores territoriales a través del acceso al manejo de niveles locales del Estado, pero en convivencia simultánea con partidos políticos altamente verticales, centralizados y cupulares.
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Desequilibrio interregional Página 5
El resultado de esta combinación de factores fue la fragmentación sociopolítica y la desinstitucionalización de los mecanismos formales de gestión de conflictos que funcionaban desde la Revolución nacional. La creciente informalización de la economía y el debilitamiento de la COB liquidaron la vía sindical de canalización y agregación de las demandas sociales, y la territorialización del país las fue desplazando hacia el ámbito territorial fragmentándolas y haciéndolas volátiles e impredecibles. Por otra parte, el país se desequilibró desde el punto de vista interregional. El Oriente ganó peso económico y demográfico en desmedro de Occidente; Santa Cruz se convirtió en una ventana hacia el mundo globalizado, aunque sin resolver los problemas de pobreza y desigualdad y con dificultades para absorber a la población migrante. En menos de veinte años, e invirtiendo la tendencia histórica nacional, los departamentos de tierras bajas pasaron a ocupar los primeros lugares en el índice de desarrollo humano (IDH, 2003). Es aquí que emergieron las condiciones para una reactualización de la fractura interregional en el país. Como resultado de la globalización (es conocido en la literatura especializada –Held y Mc Grew et. al. 1999, 2002a, 2002b y 2007– que uno de sus efectos es la emergencia de identidades subnacionales, étnicas y territoriales, que disputan al Estado nacional espacios de soberanía y autodeterminación) y de las políticas multiculturalistas, las reivindicaciones de tinte identitario se fortalecieron y politizaron, emergiendo actores que demandaban reconocimiento por el Estado y la sociedad boliviana y espacios de poder. Paralelamente a estas reivindicaciones indígenas se plantearon las demandas regionales por autonomía en los departamentos de tierras bajas. Al superponerse este eje de fractura con la desigualdad y fragmentación socioeconómica existentes y la democratización territorial, se produjo una progresiva y peligrosa dualización inestable de la sociedad boliviana, interpelando al Estado desde dos frentes: el indígena/ popular y el cívico/regional. Los sucesos de octubre de 2003(2) interpelaron al Estado desde lo popular y lo indígena; en respuesta se empezó a gestar un contramovimiento de tinte regionalista en Santa Cruz, detrás de la demanda de autonomía departamental. Ambos impulsos de legitimidad quebraron la legalidad vigente hasta ese momento y franquearon el paso a la realización de la Asamblea Constituyente, como salida imaginada para reconciliar ambas legitimidades en una legalidad que las contenga y pueda rearticular los canales institucionales de solución de conflictos. Entre los factores centrales a considerar en el análisis de la conflictividad en Bolivia, tenemos los siguientes: una escalada del número de conflictos y su creciente concentración en ámbitos territorializados e informales; el conflicto está altamente politizado –aunque la mayoría de los confllictos no sean de tipo ideológico-político– debido a que la crisis estatal ha puesto en cuestionamiento todos los equilibrios reales y simbólicos de poder; tanto los niveles funcionales como territoriales del Estado se vieron afectados por la conflictividad, identificándose pugnas interinstitucionales entre distintos órganos y niveles estatales(3); la conflictividad al interior de la sociedad sin mediaciones institucionales legitimas para las partes ha contribuido a la fragmentación y polarización del tejido social. Esta polarización tuvo sus picos más altos en el enfrentamiento de Cochabamba en enero de 2007 y de Pando en
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… la polarización no cesó del todo. Página 6
septiembre de 2008 (ver análisis de conflictividad del segundo semestre de 2008), en los cuales la sociedad se enfrentó a sí misma con resultados fatales, quedando los entes de seguridad del Estado rebasados y paralizados en lo que hace a su función de prevención y regulación del conflicto. Sin embargo, después del punto de mayor confrontación violenta alcanzado en los sucesos de Pando, los liderazgos nacionales y regionales, con apoyo de la comunidad internacional, acercaron, en parte, las agendas encontradas, lo que se expresó en el Proyecto de Constitución Política del Estado que se aprobó en Oruro en diciembre de 2007, y en los Estatutos Autonómicos que los departamentos de tierras bajas sometieron a referéndum durante 2008(4). El resultado fue el acuerdo congresal aprobado en octubre de 2008 (Bohrth y Romero, 2008) y que fue sometido a referéndum nacional en enero de 2009 con el resultado de un respaldo de algo más del 60%. Pero, la polarización no cesó del todo. Como queda claro en el informe de conflictividad correspondiente al primer semestre de 2009, todavía existieron algunos episodios de violencia política, el denominado caso terrorismo y los ataques a líderes que se perfilaban como opositores al Gobierno. Al encauzarse el proceso por la vía electoral quedó la sociedad boliviana a la expectativa de los resultados de las elecciones de diciembre. En todo caso, algunos cuestionamientos por parte de la oposición hacia el padrón biométrico y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial cuentan como los únicos conflictos directamente relacionados con la polarización política que se acarrea desde hace ya algunos años. De todas formas, y aunque la victoria electoral del MAS ha sido contundente y los liderazgos de oposición se debilitaron sustancialmente, perviven distintas visiones de país en la sociedad boliviana que podrían permitir el surgimiento a mediano plazo de nuevos liderazgos políticos. Por otro lado, en el segundo semestre de 2009 se han dado muestras de lo que puede llegar a representar el principal eje de conflictividad durante 2010, la implementación de la nueva estructura territorial del Estado que diseña la CPE y en la que van a convivir los niveles territoriales departamental, municipal e indígena originario campesino con autonomía plena, junto al nivel de autonomía regional sin potestad legislativa(5). Se han registrado algunos conflictos entre municipios, entre indígenas y campesinos y entre éstos y mineros por el acceso a territorio y recursos naturales, los que pueden incrementarse en el futuro si no se avanza rápidamente en la aprobación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley de Deslinde Jurisdiccional y Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de tal modo que queden delimitadas jurídicamente las competencias correspondientes a cada uno, los mecanismos de acceso a éstas y los procedimientos para la gestión de conflictos entre niveles. En síntesis, durante el segundo semestre de 2009 el conflicto estructural entre dos agendas de país parece haberse atemperado de modo sustancial, desplazándose desde el tejido social hacia episodios más aislados entre poderes y hacia la competencia electoral que, con la clara victoria del partido de gobierno y los dos tercios obtenidos en la Asamblea Legislativa
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Conflictividad julio a diciembre 2009 Página 7
Plurinacional, hacen difícil que la conflictividad política retorne a los niveles de 2008, por lo menos en el mediano plazo. En todo caso, pueden estallar conflictos vinculados con la implementación de la CPE, especialmente en su faceta territorial, lo cual podría acrecentarse si las debilitadas fuerzas opositoras mantienen cierta supremacía política en los departamentos de tierras bajas. Queda por ver si emergen nuevos focos de conflictividad en lo que hace a la estructura territorial del poder, lo cual dependerá de los equilibrios a los que se arribe en las elecciones de abril próximo.
2.
ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIOPOLÍTICA DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2009
2.1 La Conflictividad en Números Durante el segundo semestre de 2009 se registró un total de 182 conflictos en el país, lo que representa un marcado incremento con relación al primer semestre del año, en el que se registraron 108 casos, y al segundo semestre de 2008, en el que el registro fue de 68 conflictos (6). Si bien se ha producido un claro aumento del número de conflictos, ninguno de éstos ha significado un riesgo para la gobernabilidad democrática, en contraste con lo ocurrido el año pasado en el que la confrontación violenta puso en serio peligro la gobernabilidad en el país.
Gráfico No 1
Mes Julio Agosto Septiembre
No. de conflictos 30 24 42
Porcentaje 16.5 13.2 23
Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
27 42 17 182
14.8 23 9.5 100% Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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Cantidad de conflictos en seis meses Página 8
Gráfico No 1
Número de Conflictos por Mes 42
45
42
40 35
30
30
24
25 20
23
27 24,8
23 No. De Conflictos
17
16,5 13,2
15
9,5
10 5 0 Julio
Agosto Septiembre Octubre NoviembreDiciembre Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
Gráfico No 2
Número de Conflictos por Semestre 200 182
180 160 140 120
108
100 80 60
68
40 20 0 Segundo semestre de 2008
Primer semestre de 2009
Segundo semestre de 2009
Número de conflictos por … Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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Tipos de conflictos Página 9
El hecho de que la conflictividad eminentemente política haya disminuido y el número de conflictos se haya multiplicado parece indicar que los problemas estructurales de pobreza que determinan gran parte de la conflictividad en el país no se han resuelto y que a éstos se han sumado otros derivados de la situación abierta a partir de la aprobación de la nueva CPE, cuyo texto contiene contradicciones en relación a la redistribución territorial del país y a los equilibrios interregionales.
2.2 Tipología de los Conflictos En el semestre existió una primacía de los conflictos relacionados con los ejes socioeconómicos estructurales de pobreza y desigualdad; 18,7% de los conflictos registrados son de carácter laboral/salarial, lo que sumado al 13,7% de los conflictos vinculados con medidas económicas y la situación económica de las personas constituye más de un tercio de la conflictividad vinculada a temas económicos y a los ejes estructurales de conflictividad ya mencionados. Por otro lado, 13,7% de los conflictos se originan en temas de gestión administrativa, el mismo porcentaje en problemas de prestación de servicios públicos y 6% en el cuestionamiento/reconocimiento de alguna autoridad. Esto significa que durante el segundo semestre de 2009 casi 20% de la conflictividad estuvo relacionada con problemas de gestión pública y de legitimidad del Estado. Por otra parte, aunque no rebasan el 10%, los conflictos por la territorialidad, la tenencia y acceso a la tierra y a otros recursos naturales, cuestiones que están siendo rediseñadas a través de los distintos niveles de autonomía que plantea la CPE, se intensificaron. Estos temas encierran un enorme potencial para la emergencia de conflictos de carácter local que podrían manifestarse como colisiones de competencias entre niveles subnacionales o entre éstos y el Estado central. Se puede concluir que los ejes de conflictividad relacionados con la estructura económica del país, la gestión pública y la legitimidad política, siguen presentes en la base de la conflictividad sociopolítica boliviana. Las brechas societales, interregionales e interétnicas siguen abiertas. Sin embargo y más allá de que se hayan incrementado los conflictos en el país, la polarización política que se agudizó el año pasado parece haberse disuelto y fragmentado con la derrota de los principales liderazgos de la oposición. Queda por ver hasta qué punto el gobierno, que ahora tiene dos tercios del Poder Legislativo, puede implementar la CPE de tal modo que se ataquen las causas estructurales que yacen detrás de estos ejes de conflictividad.
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El conflicto laboral/salarial fue el más frecuente Página 10
Cuadro No 2 Tipología de los Conflictos Nº
%
Laboral/salarial
TIPO DE CONFLICTO
34
18,7
Gestión administrativa
25
13,7
Prestación de servicios públicos
25
13,7
Medidas económicas/situación económica
25
13,7
Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad
11
6
Situación/medidas legales
11
6
Tierra
10
5,5
Incumplimiento de convenios
9
5
Recursos naturales y medio ambiente
7
3,8
Administración de recursos económicos
7
3,8
Ideológico/político
6
3,3
Seguridad ciudadana
6
3,3
Derechos Humanos
3
1,6
Otros
3
1,6
182
100
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
Gráfico No 3
TIPO DE CONFLICTO (En Porcentaje) Otros
1,6
Derechos Humanos
1,6
Seguridad ciudadana
3,3
Ideológico/político
3,3
Administración de recursos económicos
3,8
Recursos naturales y medio ambiente
3,8
Incumplimiento de convenios Tierra Situación/medidas legales Cuestionamiento y/o reconocimiento …
5 5,5 6 6
Medidas económicas/situación …
13,7
Prestación de servicios públicos
13,7
Gestión administrativa
13,7
Laboral/salarial
18,7
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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Sectores y actores demandantes y demandados Página 11
2.3 Sectores y Actores Demandantes y Demandados Durante el segundo semestre de 2009, los principales sectores demandantes fueron el vecinal/comunal (26,3%), el cívico (8,7%), el de transporte (8,7%) y el de educación (8,2%). Un 11,5% de las demandas provino de distintos sectores de la sociedad civil organizada, como las personas con discapacidad, organizaciones de defensa de recursos naturales, futbolistas, etc. Queda claro que si bien los tradicionales sectores de referencia laboral, como educación y salud, mantienen su importancia como protagonistas de los conflictos (juntos suman 12%), existe una cantidad significativa de demandas que emergen de sectores cuya referencia de cohesión es territorial, ya sea local como en el caso de las juntas vecinales, o regional como en el caso de los comités cívicos. Por último, vale la pena mencionar que durante el período fue decreciendo progresivamente la importancia del sector cívico de tierras bajas como demandante. Detrás del agotamiento de la movilización cívica se encuentra la fragmentación y debilitamiento de la oposición regional después de los hechos de septiembre de 2008 y de su derrota electoral en la campaña por el no a la CPE. Algunos de sus líderes actualmente enfrentan procesos por esos hechos y por el denominado caso terrorismo y otros decidieron integrarse a las fuerzas políticas que compitieron en las elecciones generales de diciembre de 2009. Lo que queda es un movimiento cívico bastante fragmentado, debilitado y, en algunos casos, cooptado políticamente.
Cuadro No 3 Principales Sectores Demandantes SECTOR Vecinal/comunal Otras organizaciones de la sociedad civil Cívico Transporte Educación Agropecuario Minero
Nº 48 21 16 16 15 11 10
% 26,3 11,5 8,7 8,7 8,2 6 5,5
Personas individuales Salud Entidad del gobierno municipal Gremial Carcelario Empresarial Otros TOTAL
7 7 6 6 5 4 10 182
3,8 3,8 3,4 3,4 2,7 2,5 5,5 100
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
En cuanto a los sectores demandados, el principal fue el Estado en alguno de sus tres niveles territoriales. El Gobierno nacional concentró 33% de la protesta social, el municipal 24% y el departamental 13% de las demandas. Queda claro, entonces, que el principal anclaje de las demandas sigue estando en el Ejecutivo, aun cuando el Estado boliviano se ha enmarcado en un profundo proceso de descentralización político administrativa hacia el nivel local y, a partir de la nueva CPE, hacia el departamental, con lo que se podría esperar una mayor dispersión de las demandas de este tipo; sin embargo, parece mantenerse vigente en la cultura política el Estado central como punto de referencia de la demanda social. Si se comparan estos datos con los del semestre anterior, parece haberse producido una cierta dispersión de las demandas dirigidas hacia el nivel central de gobierno que en ese período concentraba 59,3% de las protestas frente a 33% en el segundo semestre. Es necesario analizar en los próximos
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Sectores con mayor demanda Página 12
meses si esto va conformando una tendencia hacia la descentralización de la conflictividad sociopolítica. Lo que estos datos expresan es que no se ha superado la crisis de legitimidad del Estado y que las relaciones entre éste y la sociedad civil siguen marcadas por la desconfianza y la debilidad de las instituciones de intermediación para canalizar la demanda social. Finalmente, el sector empresarial fue receptor de 8,7% de las demandas, lo que corresponde al tradicional tensionamiento de las relaciones obrero patronales.
Cuadro No 4 Principales Sectores Demandados SECTOR
Nº
%
Entidad del gobierno nacional
60
33
Entidad del gobierno municipal
44
24
Entidad del gobierno departamental
24
13
Empresarial
16
8,7
Personas individuales
10
5,5
Educación
7
3,8
Poder Legislativo
5
2,7
Carcelario
3
1,6
Otros
13
7,7
TOTAL
182
100
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
Gráfico No 4
Otros 7,7%
Porcentaje de Conflictos según Sector Demandado Poder legislativo 2,7%
Carcelario 1,6%
Educación 3,8%
Personas individuales 5,5% Empresarial 8,7%
Entidad del gobierno departamental 13%
Entidad del gobierno nacional 33%
Entidad del gobierno municipal 24% Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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Cobertura geográfica y alcance Página 13
2.4 Ámbito Geográfico y Alcance de los Conflictos Durante el segundo semestre de 2009, casi la mitad de los conflictos (47,5%) se originó en el ámbito vecinal o comunal, seguido por 38,5% surgidos al interior de alguna institución; los ámbitos municipal, regional, departamental y nacional no fueron muy importantes como lugar de surgimiento de los conflictos (sumados alcanzan apenas a 13,7%), lo que muestra la existencia de una clara fragmentación de las demandas. Cuadro Nº 5 Distribución de Conflictos por Ámbito Geográfico Nº
%
Vecinal/comunal
ÁMBITO
87
47,8
Institucional
70
38,5
Municipal
14
7,7
Regional
8
4,4
Departamental
2
1,1
Nacional
1
0,5
TOTAL
182
100 Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
Desde el punto de vista de su distribución departamental, los conflictos se concentraron, como en períodos anteriores, en los departamentos del eje. En primer lugar La Paz con 27,5%, en segundo lugar Santa Cruz con 15,3%, y en tercero Cochabamba con 14,3% de los conflictos del semestre. Esta es una tendencia que se mantiene constante en el país y puede deberse a los procesos de migración y reacomodo territorial que se dan en los departamentos de mayor dinamismo económico y que absorben con mayor fuerza los procesos de cambio social. Sin embargo, llama la atención la distancia que existe entre La Paz, que concentra casi un tercio de la conflictividad, y los otros departamentos; la explicación se esto puede encontrarse en el mayor número de municipios y de población existentes en La Paz. El segundo lugar en cuanto al número de conflictos se encuentra siempre entre Santa Cruz y Cochabamba. Pese a que en el semestre el primero ocupó ese lugar, hacia finales de año la conflictividad disminuyó notablemente en ese departamento, al parecer por el repliegue de los sectores cívicos de oposición mencionado anteriormente. Es notable el significativo incremento de la conflictividad que experimentó Potosí respecto al semestre anterior, pasando de 5% a 12,6%, lo que podría explicarse por los conflictos entre mineros asalariados y cooperativistas, y entre mineros y campesinos por el acceso a tierras y recursos minerales en un contexto de precios elevados de las materias primas(7). En todo caso pareciera que se está produciendo un crecimiento de la conflictividad en el sur del país, especialmente en Potosí y en menor medida en Tarija.
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La Paz es el departamento con alta conflictividad Página 14
Cuadro No 6 Distribución de Conflictos por Departamento DEPARTAMENTO
Nº
%
La Paz
50
27,5
Cochabamba
26
14,3
Santa Cruz
28
15,3
Tarija
14
7,7
Potosí
23
12,6
Chuquisaca
10
5,5
Oruro
6
3,3
Beni
10
5,5
Pando
5
2,7
Más de uno
10
5,5
TOTAL
182
100
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
Gráfico No 5
Porcentaje de Conflictos por Departamento
Pando 2,7%
Más de uno Beni 5,5% 5,5%
Tarija 7,7%
Santa Cruz 15,3%
Oruro 3,3%
La Paz 27,5%
Potosí 12,6% Chuquisaca 5,5%
Cochabamba 14,3%
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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La sede de gobierno concentra los conflictos
Página 15
El siguiente dibujo da una idea del grado de concentración territorial de los conflictos en el período comentado:
Dibujo No 1 Concentración territorial de los conflictos
ALCANCE
Nº
%
Vecinal/comunal
66
36,2
Intrainstitucional
57
31,3
Municipal
22
12
Regional
20
11
Nacional
10
5,5
Departamental
7
4
182
100
TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
En lo referente al alcance de los conflictos, vale decir a su ámbito de afectación, una tercera parte (36,2%) tuvo alcance vecinal o comunal y otra tercera parte (31,2%) alcance intrainstitucional. Los conflictos que afectaron a nivel nacional constituyeron un 5,5%, departamental 4%, regional 11%, y 12% tuvo alcance municipal.
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La gobernabilidad no estuvo en peligro Página 16
Cuadro No 7 Alcance de los Conflictos ALCANCE Vecinal/comunal Intrainstitucional Municipal Regional Nacional Departamental TOTAL
Nº
%
66 57 22 20 10 7 182
36,2 31,3 12 11 5,5 4 100
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
2.5. Nivel de Gravedad de los Conflictos La constatación más importante es que durante el semestre no se registró ni un solo conflicto que haya puesto en peligro la gobernabilidad en el país. Esto es claro si lo comparamos con el mismo período del año pasado, en el cual la sociedad boliviana vivió episodios de enfrentamiento violento de alta intensidad, que no sólo pusieron en riesgo la gobernabilidad sino incluso la integridad territorial del país. En el semestre, un tercio de los conflictos (32%) alcanzó el nivel de confrontación con eventuales brotes de violencia, otro tercio (30,2%) llegó al nivel de conflicto manifiesto, es decir que tuvo expresión pública sin llegar a situaciones de confrontación, 22% alcanzó al nivel de enfrentamiento violento y 15,3% de los conflictos se mantuvieron en latencia o proceso de emerger. Del análisis agregado de estos datos se puede concluir que la conflictividad del semestre se mantuvo en un rango relativamente moderado de violencia, con el grueso de manifestaciones entre los niveles dos y tres de gravedad. Sin embargo, si se analiza los datos en su evolución, se advierte que los conflictos que llegaron al nivel de enfrentamiento violento disminuyeron de 26,6% en julio a 17,6% en diciembre, con fluctuaciones en los meses intermedios. En suma, puede decirse que la gravedad de los conflictos fue disminuyendo durante el segundo semestre del año, probablemente debido a las expectativas generadas por el proceso electoral de diciembre pasado y a los otros aspectos antes mencionados: amplio control político del gobierno y debilitamiento de la oposición. Por otro lado, los conflictos que llegaron al nivel de confrontación registraron una abrupta subida entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, para bajar en diciembre.
Cuadro No 8 Cantidad de Conflictos por Nivel de Gravedad Niveles
Nº
%
Nivel 1 latencia
28
15,3%
Nivel 2 manifiesto
55
30,2%
Nivel 3 confrontación
59
32,5%
Nivel 4 enfrentamiento violento
40
22%
0 182
0% 100
Nivel 5 crisis TOTAL
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
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Más confrontación entre sep. y nov. de 2009 Página
Cuadro No 9 Nivel de Gravedad de los Conflictos por Mes NIVEL DE GRAVEDAD DEL CONFLICTO (%)
SEGUNDO SEMESTRE DE 2009 Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nivel 1
16,8
25
16,7
11,5
14,5
23,5
Nivel 2
30
21
28,5
33,3
28,5
35,4
Nivel 3
26,6
29
33,3
44,4
33,3
23,5
Nivel 4
26,6
25
21,5
14,8
23,7
17,6
Nivel 5
0
0
0
0
0
0
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
2.6 Salida de los Conflictos Entre julio y diciembre de 2009 la cantidad de conflictos que se mantuvieron vivos fue disminuyendo considerablemente. Diciembre es el mes con menor porcentaje de conflictos vigentes, lo que se debe a que a fines de año, cuando cierra la gestión pública y privada en el país, el ciclo de conflictividad también tiende a concluir por determinantes institucionales y del contexto social en general o por el agotamiento de las capacidades de movilización de las partes. Sin embargo, es importante atender a la manera en la que los conflictos concluyen, ya que el mero hecho de que las partes encuentren una salida no implica necesariamente que los factores que los causaron hayan desaparecido. Una parte importante de los conflictos concluyó por el retroceso de una de las partes, esto significa que las causas del conflicto no cesaron y, por lo tanto, es probable que se reactive cuando se presenten condiciones propicias. Por otro lado, cuando se llega a acuerdos parciales es posible que las partes no hayan quedado satisfechas y que reinicien el conflicto posteriormente. Por lo tanto, es de vital importancia asumir la necesidad de realizar esfuerzos para transformar los conflictos, es decir para buscar acuerdos que satisfagan efectivamente a las partes y que mejoren de manera sustancial la relación entre éstas para evitar que la conflictividad continúe y se haga más violenta. Finalmente, se registra un aumento progresivo de los conflictos que se solucionaron a través de acuerdos totales, lo que resulta alentador.
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Desenlace de julio a septiembre Pรกgina 18
Cuadro No 10 Salida de los Conflictos (8)
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Desenlace de noviembre a diciembre Página 19
Fuente: Fundación UNIR Bolivia, 2009
2.7 Los Conflictos más Importantes A continuación se presentan resúmenes de los conflictos más importantes del semestre, ya sea por su nivel de gravedad y violencia, porque son muestras evidentes de las tendencias identificadas como características de la conflictividad del período, o porque representan tendencias que podría adoptar la conflictividad en el país. En primer, lugar se encuentra el conflicto entre los trabajadores de la mina Himalaya y el Ministerio de Minería. En realidad la proyección del conflicto hacia el Ministerio encubría un conflicto más profundo, ya que los comunarios de la zona en que se encuentra esta mina, la tomaron hacia finales del año 2007 argumentando que se encontraba dentro de su espacio territorial. Detrás de este conflicto yace uno de los ejes con mayor potencialidad de violencia en el futuro cercano. Y es que dentro del bloque indígena/popular que sustenta al gobierno yacen profundas contradicciones ideológicas y culturales, la relación de los pueblos indígenas con el territorio y sus recursos es muy diferente a la sustentada en la noción de
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Los conflictos más importantes Página 20
modernidad y progreso que tienen los mineros. Con la implementación de las autonomías indígena originario campesinas, estas controversias podrían intensificarse y hacerse inmanejables. Algo parecido sucede dentro del bloque indígena originario campesino, que puede generar conflictos por recursos entre indígenas y campesinos. Otro conflicto importante fue el de las comunidades indígenas yuracaré, pertenecientes al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, que protestaban contra la plantación de coca excedentaria en su territorio por miembros del sindicato 16 de Octubre. La situación derivó en un enfrentamiento abierto entre indígenas y campesinos que resultó en dos muertos y tres heridos de gravedad en el bando indígena. Esta es una muestra del nivel de violencia a la que pueden llevar este tipo de conflictos, especialmente cuando más allá del tema de la tierra está de por medio el de las plantaciones ilegales de coca. Por otra parte, durante todo el semestre se mantuvo el conflicto entre las personas con discapacidad y el Gobierno nacional por la demanda de un bono de equidad y solidaridad. Dada la gravedad de las medidas de presión tomadas por estas personas, que en determinados momentos llegaron a atentar contra su propia integridad física, y la politización que se hizo de su demanda en momentos de alta polarización política, es urgente que se arribe a un acuerdo sostenible y que forme parte de una política de largo plazo de atención a dichas personas y sus particulares necesidades. Si bien no fue un conflicto en el que se involucraron directamente sectores sociales, es importante por sus implicaciones institucionales el conflicto entre la ex Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, quien ingresó en huelga de hambre reclamando por el fallo de la Honorable Cámara de Diputados que viabilizó un juicio de responsabilidades en su contra por prevaricación del proceso judicial por la quiebra del Banco Sur en 1994, y el gobierno. En opinión de Canedo, dicho fallo respondía a fines políticos y violaba el Estado de derecho. En contrapartida, el diputado nacional Gustavo Torrico ingresó también en huelga de hambre para que el juicio se lleve a cabo. Más allá de las especificidades del caso, este conflicto es expresivo de las distintas visiones de democracia en pugna en el país en la última década. Según el discurso de los movimientos sociales que propugnaron la Asamblea Constituyente y cuya agenda de cambio se cristalizó en la victoria electoral del MAS, el actual Poder Judicial es parte del pasado, de la democracia pactada que elegía a los miembros de este poder en base a componendas entre los partidos tradicionales. De acuerdo a la visión de los miembros del Poder Judicial, el Gobierno lo enfrenta con el objeto de debilitar los frenos y contrapesos que garantizan una división real de poderes y el Estado de derecho; los juicios contra los ministros de la Corte Suprema, la paralización del Tribunal Constitucional y otros serían muestras de esto. Para evitar mayor conflictividad resulta urgente contar con un nuevo Poder Judicial que pueda restablecer un equilibrio entre la nueva legitimidad electoral y la legalidad establecida por la CPE, a la cual se deben someter tanto gobernantes como gobernados.
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Constataciones finales Página 21
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES •
Durante el segundo semestre de 2009 se registró un total de 182 conflictos en el país, 74 más que el semestre anterior. Llama la atención el hecho de que si bien la gravedad de los conflictos ha disminuido, ha aumentado el número de éstos y se ha producido una fragmentación y territorialización en ámbitos locales.
•
Los conflictos de carácter laboral/salarial alcanzan a 18,7% de los registros, que sumados al 13,7% de los relacionados con la situación económica de las personas, hacen un tercio de la conflictividad que está relacionada con cuestiones económicas, tendencia que ha sido constante durante los últimos dos semestres y que denota los problemas estructurales de pobreza y desigualdad de la sociedad boliviana.
•
13,7% de los conflictos se relacionan con la prestación de servicios públicos, lo que junto al 6% de los casos de cuestionamiento o reconocimiento de alguna autoridad, conforman un 20% de la conflictividad que está vinculada al déficit de eficiencia en la gestión pública y de legitimidad del Estado, problemas que se fue fueron profundizando desde el año 2000.
•
El principal sector demandado fue el Estado en alguno de sus tres niveles territoriales. Si bien parece existir una cierta descentralización de las demandas tradicionalmente ancladas en el Ejecutivo en comparación con el semestre anterior, sigue siendo el Estado, más allá del nivel territorial, el principal referente al que la sociedad civil dirige sus exigencias. Cabe indagar si detrás de estas actitudes pervive una cultura política rentista y una ciudadanía débil y si estas orientaciones son alimentadas por un Estado ausente de ámbitos territoriales y funcionales que requieren su presencia.
•
Como en los últimos semestres, la constante es una importante cantidad de demandas que emergen de sectores cuya referencia de cohesión es territorial. Si bien los tradicionales sectores de referencia laboral siguen teniendo peso, la tendencia parece ser hacia una territorialización y fragmentación de la conflictividad.
•
Las brechas sociales, interregionales, interétnicas siguen abiertas en el país. Si bien, la polarización política ha disminuido respecto al anterior semestre y al año pasado, la pervivencia e incremento de los conflictos locales muestran que perviven las causas estructurales que condujeron a la dualización inestable de la sociedad boliviana.
•
Es evidente que el número de conflictos se ha incrementado en relación a los anteriores dos semestres, pero que la violencia se ha reducido, especialmente durante los últimos meses del año debido a la derrota de los liderazgos políticos de oposición, por ello los conflictos no pusieron en entredicho la gobernabilidad del país.
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Título del documento Página 22
•
Se identifica un enorme potencial para el incremento de la conflictividad en ámbitos locales a partir de problemas vinculados con el acceso a la tierra y otros recursos naturales. Si estos conflictos se multiplican, más allá de que a nivel nacional la polarización siga disminuyendo, podría darse una escalada de los conflictos en el seno de la sociedad que pongan en riesgo la gobernabilidad del país.
•
Existen importantes tareas legislativas que debe llevar adelante la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar la potencial escalada de conflictos antes mencionada. En primer lugar, es fundamental aprobar la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, de tal modo que queden claramente delimitadas las competencias, mecanismos de delegación y las normas guía para la solución de conflictos entre niveles territoriales y entre derechos individuales y colectivos. De igual modo es fundamental aprobar una nueva Ley Orgánica del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, de tal modo que queden instalados los mecanismos y procedimientos necesarios para solucionar los conflictos entre niveles territoriales del Estado.
•
En general, más allá de lo territorial, la aplicación de la CPE puede generar un incremento de la conflictividad debido a que no está en funcionamiento el andamiaje legal y jurisdiccional necesario para reglamentar los distintos principios, derechos y obligaciones de las personas y las colectividades, de tal modo que se hace urgente empezar a desarrollar este andamiaje lo antes posible para contar con referentes para la solución de controversias bajo una nueva legalidad.
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Título del documento Página 23
NOTAS FINALES (1)
Para un mejor acercamiento al tema de identidades y su conformación en la Bolivia contemporánea, consultar el libro editado por la Fundación UNIR Bolivia Figuras, rostros, máscaras. Las identidades en Bolivia; compilado, sistematizado y redactado por María Soledad Quiroga.
(2)
La movilización social centrada en el altiplano boliviano, con epicentro en la ciudad de El Alto, derivó en la masacre de alrededor de 60 manifestantes que protestaban contra la presunta venta de gas boliviano por puerto chileno, exigían un referéndum que defina la política energética nacional y la convocatoria a Asamblea Constituyente para transformar la democracia nacional en una más participativa, reconociendo a los pueblos indígenas como parte de un nuevo Estado multinacional.
(3)
Durante la etapa de crisis estatal y particularmente desde el inicio de la Asamblea Constituyente, se han suscitado numerosos conflictos entre poderes, entre el Ejecutivo y el Judicial, así como entre los Prefectos de la denominada “media luna” y el Ejecutivo central.
(4)
El eje central de los acuerdos congresales fue la incorporación de un nuevo capítulo en la CPE en el que se incorpora buena parte de las demandas autonómicas, se amplían las competencias de la autonomía departamental y se reconoce, dentro del régimen transitorio, los mecanismos electorales para la elección de gobernadores y la composición de las Asambleas Legislativas Departamentales para las elecciones de abril de 2010.
(5)
Ver Borth y Romero, 2009b; Albó y Romero, 2009.
(6)
La consulta de nuevas fuentes de información (prensa escrita y radio) para el seguimiento de los conflictos ha tenido una incidencia de 18% en el número de conflictos, lo que está muy por debajo del porcentaje de incremento de la conflictividad respecto al semestre anterior. Esto permite afirmar que se ha producido un aumento importante y efectivo de la conflictividad en el período.
(7)
Este incremento podría explicarse, en parte, por la utilización de nuevas fuentes de información local para el seguimiento y análisis de conflictos, como ya se señaló.
(8)
Las categorías de salida de los conflictos son las siguientes: continúa (el conflicto se mantiene vigente); en negociación (el conflicto se encuentra en etapa de negociación entre las partes); cuarto intermedio (una o ambas partes han solicitado un compás de espera para hacer consultas o tomar alguna determinación); retroceso de uno de los actores (las medidas de presión se han levantado por el retroceso en las posiciones del demandante o del demandado); acuerdo parcial (las partes llegaron a un acuerdo que no satisface todas las demandas planteadas); acuerdo total (las partes arribaron a un acuerdo que satisface todas las demandas planteadas).
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BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA Albó, X. y Romero, C.(b) 2010. Autonomías indígenas en la realidad boliviana y su nueva Constitución. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y GTZ. La Paz, Bolivia. Börth, C. (a); Romero, C. (a). y Peñaranda, R. 2009. Del conflicto al Diálogo Memorias del acuerdo constitucional. FES-ILDIS y FBDM. La Paz, Bolivia. Börth, C. 2009 b. Adecuar los estatutos autonómicos ¿Qué implica?; en Autonomías. Se hace camino al andar, FES-ILDIS y FBDM, La Paz, Bolivia. Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, 2010. Del conflicto al entendimiento. FBDM, La Paz, Bolivia. Held, D. y Mc Grez, A., 2007. Globalization Theory. Polity, Cambridge, Reino Unido. Held, D. y Mc Grez, A., 2003. The Global Transformation Reader. Polity, Cambridge, Reino Unido. Held, D. y Mc Grez, A., 2002. Governing Glogalization, Polity, Cambridge, Reino Unido. Goldblatt, D. y Perraton, J. 1999. Global Transformations. Stanford University Press, California, Estados Unidos. Kaldor, M. 2000. ‘Cosmopolitanism and organised violence’, documento preparado para la conferencia internacional Conceiving Cosmopolitanism. Warwick, Reino Unido. PNUD Gray Molina, G. (Coord) 2007. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano El estado del Estado en Bolivia. PNUD. La Paz, Bolivia PNUD Gray Molina, G. (Coord) 2005. La economía más allá del gas. PNUD, segunda edición. La Paz, Bolivia. PNUD Calderón Gutiérrez, F. (Coord.) 2003. Transformaciones regionales en Bolivia: en un momento de crisis, inflexión y cambio. PNUD. La Paz, Bolivia. Quiroga, M.S., 2009. Figuras, rostros, máscaras. Las identidades en Bolivia. Fundación UNIR Bolivia. La Paz, Bolivia.
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Título del documento Página 25
GUÍA RÁPIDA A. ASPECTOS TEÓRICOS CONFLICTO Relación contenciosa o antagónica natural que se da entre dos o más actores en torno a un asunto que es de mutua competencia e/o interés en el marco de un sistema político-social dinámico y de contradicciones profundas, en el que ambas partes se enfrentan, ocupando posiciones incompatibles entre sí y desplegando acciones que buscan imponerlas o conservarlas. ACTOR DEMANDANTE Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución, que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es incompatible con el objetivo del actor demandado. ACTOR DEMANDADO Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige o expresa la medida presión, que busca la satisfacción de una demanda o la consecución de un objetivo. DEMANDA Petición declarativa que un actor presenta a su circunstancial par demandado y que sostiene y fundamenta, desde su propia lógica oposicional, a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación —en parte por una obvia necesidad de legitimación pública—, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez satisfecho su origen y/o estímulo, redunda en el repliegue del actor demandante y en la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante despliega contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda.
B. ASPECTOS OPERATIVOS Para agrupar a los actores demandante y demandado, se puede hablar de sectores. La Fundación UNIR Bolivia ha identificado, para ambos casos, a los siguientes: Entidad del gobierno nacional: instituciones o personas pertenecientes al Poder Ejecutivo nacional. Entidad del gobierno departamental: instituciones o personas pertenecientes al Ejecutivo departamental. Entidad del gobierno municipal: instituciones o personas pertenecientes al Ejecutivo municipal. Entidad del legislativo nacional: instituciones o personas pertenecientes al Poder Legislativo nacional, actualmente denominado Asamblea Legislativa Plurinacional. Entidad del legislativo departamental: instituciones o personas pertenecientes al Legislativo departamental.
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Guía rápida Página 26
Entidad del legislativo municipal: instituciones o personas pertenecientes al legislativo municipal, actualmente Concejos Municipales. Poder Judicial: instituciones o personas pertenecientes al Poder Judicial. Salud: instituciones públicas o privadas, organizaciones o personas pertenecientes al ámbito de la salud. Educación: instituciones públicas o privadas, pertenecientes al ámbito de la educación.
organizaciones o
personas
Transporte: instituciones públicas o privadas, organizaciones o personas pertenecientes al rubro del transporte. Agropecuario: instituciones, organizaciones o grupos de personas pertenecientes al rubro agropecuario. Hidrocarburos: instituciones, organizaciones o grupos de personas pertenecientes al sector hidrocarburos. Gremial: organizaciones o personas pertenecientes al sector gremial. Fabril: instituciones, organizaciones o grupos de personas pertenecientes al sector fabril. Rentista: organizaciones o personas pertenecientes al sector rentista. Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas: miembros de organizaciones políticas que participan de la competencia electoral. Vecinal/comunal: personas, organizadas o no organizadas, cuyo referente de identificación es geográfico. Indígena: grupos o personas que pertenecen, o se autoidentifican como miembros de pueblos indígenas. Empresarial: ejecutivos o propietarios de empresas privadas, pertenecientes a diferentes rubros. Carcelario: autoridades o presos de los diferentes centros penitenciarios del país. Cívico: miembros o representantes de organizaciones cívicas. Ferroviario: instituciones, organizaciones o personas pertenecientes al rubro ferroviario. Otras organizaciones de la sociedad civil: organizaciones que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores. Personas individuales: personas que no pertenecen a grupos, organizaciones o instituciones. Se utiliza esta categoría cuando el cuestionamiento proviene o se dirige a la persona en sí, más allá de la representación que tiene. Desde el punto de vista de la naturaleza y las características de la demanda, un conflicto puede ser de uno u otro tipo. La Fundación UNIR Bolivia los tipifica de la siguiente manera:
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Guía rápida Página 27
Laboral/salarial: se refiere a todo conflicto relacionado con condiciones laborales, requerimientos salariales, reincorporación de personal, despido de éste, etc. Es decir, a puntos de divergencia con respecto a los pactos contractuales entre el empleado y el empleador. Prestación de servicios públicos: se refiere a todo conflicto generado por falta o deficiencia de obras públicas (caminos, escuelas, hospitales, etc.) en una determinada zona, así como por la (in)capacidad de una instancia de gobierno de cumplir con el otorgamiento de servicios básicos. Medidas económicas/situación económica: se refiere a conflictos vinculados con la afectación de la economía de sus protagonistas, ya sea mediante la promulgación de medidas específicas o por una situación general de malas condiciones de vida. Atraviesa diferentes posibilidades como políticas económicas, aumento o disminución de precios o tarifas de bienes y servicios, demandas de nacionalización o privatización de empresas, pérdida del poder adquisitivo, entre varias otras. Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad: se refiere a la demanda de renuncia, revocación de mandato, ratificación o restitución de una autoridad pública o privada, así como a pedidos de reconocimiento/legitimación de representantes elegidos. Ideológico-político: se refiere a aquellas pugnas entre facciones, generalmente entre partidos políticos, grupos internos que los conforman o sectores afines, alrededor de visiones políticas contrapuestas que son llevadas al plano del enfrentamiento. Recursos naturales y medio ambiente: son los conflictos suscitados por problemas en el uso de los recursos naturales y por el deterioro de la calidad ambiental debido a acciones específicas, llevadas a cabo por instancias públicas o privadas. Tierra: son conflictos por disputas por tierra y territorios entre dos o más actores, pedidos de otorgación de las mismas, u ocupaciones ilegales de territorios o infraestructuras agrarias con la intención de su apoderamiento para uso propio. Límites político-administrativos: se refiere a conflictos limítrofes entre comunidades o unidades políticas más grandes, así como vinculados a los derechos de entes administrativos a regir en determinados espacios geográficos. Es decir, son conflictos de jurisdicción. Situación/medidas legales: conflictos por la aprobación o derogatoria de normas, en los que el propio instrumento legal es el centro del conflicto, no el tema sobre el que dispone. Gestión administrativa: involucra demandas generadas por observaciones o desacuerdos con la manera en que se realiza la gestión institucional, tanto en el ámbito público como en el privado. Valores/creencias/identidad: conflictos referidos a la defensa, reivindicación o impugnación de ciertos rasgos culturales o de género de ciertos sectores de la población. Derechos humanos: conflictos generados por la violación de derechos de las personas o demandando su reconocimiento y respeto. Seguridad ciudadana: se refiere a reclamos vinculados a la falta de protección de la población frente a hechos delincuenciales. La demanda de garantía de seguridad de los ciudadanos vía presencia física policial en las calles es una de sus frecuentes manifestaciones. Incumplimiento de convenios: se refiere a compromisos no cumplidos entre dos o más partes; a veces, este tipo de conflicto puede tener como antecedente inmediato a otro conflicto. Otro: todo otro conflicto cuya referencia no se encuentre especificada en las categorías anteriores.
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Guía rápida Página 28
Desde el punto de vista del espacio referencial en que surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda, es decir, desde la óptica del ámbito del conflicto, la Fundación UNIR Bolivia trabaja con la siguiente categorización: Institucional: cuando la manifestación del actor demandante se da en el espacio institucional. Vecinal/comunal: cuando el actor demandante plantea el conflicto dentro de lo vecinal (citadino) y/o comunal (rural). Municipal: cuando el conflicto se origina en el espacio de un municipio. Regional: cuando el actor demandante plantea el conflicto en dos o más municipios pertenecientes o en dos o más provincias, sin llegar a comprometer a un departamento. Departamental: cuando el conflicto surge en el espacio de un departamento en su conjunto. Nacional: cuando el conflicto surge en gran parte del territorio nacional o en el país en su conjunto. Internacional: cuando el conflicto se origina en el territorio de varios países. Además, considerando a los conflictos por su alcance —magnitud de los efectos de las medidas de presión desplegadas por el actor demandante—, los mismos pueden presentar diversas características en estrecha dependencia de su gravedad. La siguiente es la forma de caracterizarlos empleada por la Fundación UNIR Bolivia: Intrainstitucional: cuando la afectación de las medidas de presión se verifican dentro del espacio institucional, o involucran directamente o en primer término a los propios miembros de la institución. Vecinal/comunal: cuando el efecto de las medidas involucra a lo vecinal-citadino y/ o comunal, sin llegar a tener una afectación a escala municipal (toda la ciudad capital y/o varias comunidades). Municipal: cuando los efectos de la presión del actor demandante se expresan en todo un municipio. Regional: cuando los efectos de la presión del actor demandante se dan a escala regional, esto es, cuando afectan a varios municipios pertenecientes a una misma provincia o a varias provincias. Departamental: cuando la presión ejercida por el demandante alcanza a un departamento en su conjunto. Nacional: cuando las medidas del actor demandante afectan a una gran cantidad de espacios del territorio nacional, en una combinación a gran escala de las anteriores delimitaciones. Con frecuencia, el alcance nacional resulta de una agregación coincidente de las anteriores escalas. Internacional: cuando la presión del actor demandante, residente en el país, tiene una clara y expresa repercusión internacional.
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Guía rápida Página 29
En cuanto a la gravedad que puede alcanzar un conflicto a partir de las medidas de presión que despliegue el demandante, se habla de intensidad del conflicto. La Fundación UNIR Bolivia la mide según la siguiente gradación: Nivel 1: conflicto latente, es aquel que está en proceso de emerger. Nivel 2: conflicto manifiesto, aquel que ya ha alcanzado visibilidad pública y en el que se han producido manifestaciones explícitas de protesta, pero en el que no se han producido enfrentamientos directos. Nivel 3: confrontación, conflicto que presenta brotes ocasionales de violencia de baja intensidad. Nivel 4: enfrentamiento violento, conflicto que ha escalado a una constante de violencia de baja, media o alta intensidad. Nivel 5: crisis, el conflicto que afecta a la sociedad al grado de dañar fuertemente la paz social y poner en riesgo la gobernabilidad. Por último, para describir el estado de los conflictos identificados al finalizar el mes, la Fundación UNIR Bolivia utiliza las siguientes categorías para referir la salida de los conflictos: Continúa: cuando el conflicto no ha finalizado durante o al final del mes. La mayoría de los conflictos trascienden el espacio temporal mensual, por lo que esta situación es frecuente. En negociación: cuando los actores se encuentran discutiendo una posible salida al conflicto. Conciliación/arbitraje/mediación: cuando, según legislación vigente, el Estado interviene directamente a través de instituciones o personas delegadas para conciliar/arbitrar, y/o lo hace un mediador que busca generar el diálogo entre las partes enfrentadas. Cuarto intermedio: se presenta cuando el demandante decide hacer una pausa en el conflicto a fin de realizar consultas o tomar decisiones. Solución violenta: cuando el conflicto se resuelve a partir del uso de la fuerza. Este tipo de salida puede darse cuando alguno de los actores intenta imponer su voluntad por sobre la de su adversario. Acuerdo total: cuando las partes llegan a determinaciones de mutua satisfacción. Ello da lugar a una desmovilización indefinida por parte del demandante, lo que no invalida la posibilidad de que el conflicto resurja. Acuerdo parcial: cuando las partes llegan a un entendimiento sobre algunos puntos del conflicto, pero no sobre el conjunto. Esto puede determinar la continuidad de la negociación o, por el contrario, ser el origen de la retoma de medidas de presión y de la continuidad del conflicto. Retroceso de uno de los actores: se presenta cuando uno de los actores desiste de su objetivo y se “retira” del conflicto. Otra: cuando el conflicto tiene un desenlace diferente a los anteriormente mencionados. Se desconoce: cuando los medios de comunicación no informan sobre el desenlace del conflicto, o se pierde el rastro del mismo.
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Contactos Página 30
DISTRITAL UNO: Beni – La Paz – Pando Sede: Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto #2528 entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096 Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 info@unirbolivia.org
DISTRITAL DOS: Chuquisaca – Santa Cruz – Tarija Sede: Santa Cruz de la Sierra Av. Alemania calle 10 Oeste Poresaki # 3665 Tel./fax (+ 591-3) 311- 5072 santacruz@unirbolivia.org
DISTRITAL TRES: Cochabamba – Oruro – Potosí Sede: Ciudad de Cochabamba Calle Paccieri #772 entre Antezana y 16 de Julio Tel./fax (+591-4) 4110438 cochabamba@unirbolivia.org
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