Modos Originarios de Resoluci贸n de Conflictos en Pueblos Ind铆genas de Bolivia en los Valles y el Altiplano
Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia en los Valles y el Altiplano
Cuando el río suena… Gestión de los recursos hídricos, procesos de urbanización y resolución de conflictos en los valles Nelson Antequera D.
Región Altiplano Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz Carlos Hugo Laruta Bustillos Asistentes de Investigación: Paola Luján y Ma. Cristina Bengolea
Bolivia, julio de 2010
©Fundación UNIR Bolivia Dirección Ejecutiva: Antonio Aramayo Tejada Gerencia de Desarrollo de Capacidades y Ciudadanía: René Zeballos Clavijo Coordinación Unidad de Ciudadanía: Gloria Eyzaguirre Llanque
Corrección de contenido: Verónica Pacheco Sanjinés Corrección de estilo: Guillermo Mariaca Diseño de tapa: Salinas Sánchez Diseño y diagramación de interiores: Serrano Design DISTRITAL UNO: La Paz – El Alto Sede: Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto #2528 entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096 Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 Casilla 2787 info@unirbolivia.org DISTRITAL DOS: Santa Cruz – Tarija Sede: Santa Cruz de la Sierra Av. Alemania, calle 10 Oeste Poresaqui # 3665 Tel./fax (+ 591-3) 3115072 santacruz@unirbolivia.org DISTRITAL TRES: Cochabamba – Chuquisaca Sede: Ciudad de Cochabamba calle Ayacucho # 235 piso 2, entre Ecuador y Colombia Tel./fax (+591-4) 4110438 cochabamba@unirbolivia.org www.unirbolivia.org
1ª. Edición de 700 ejemplares Julio de 2010 Depósito Legal: ….. ISBN: ……. Impreso en Bolivia Printed in Bolivia
La Fundación UNIR Bolivia financia sus actividades bajo la modalidad de una canasta de fondos en la que participan:
Gobierno de Holanda
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
Christian Aid
Cooperación Irlandesa para el Desarrollo
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Índice
Presentación
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Modos Originarios de Resolución de Conflictos Cuando el río suena… Gestión de los recursos hídricos, procesos de urbanización y resolución de conflictos en los valles de Tiquipaya, Cochabamba Nelson Antequera D.
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Introducción
19
Modos originarios: la dimensión cultural de la resolución de conflictos
24
Interculturalidad y resolución de conflictos
26
1. El Municipio de Tiquipaya
32
1.1. Características generales
32
1.2. Tierras y aguas: recorrido histórico
37
1.3. Procesos de urbanización en el Municipio de Tiquipaya
43
1.4. La organización de los sistemas de riego
46
1.5. Los comités de agua
50
2. Resolución de conflictos en la gestión de los recursos hídricos
54
2.1. Los “usos y costumbres”
56
2.2. La resolución de los conflictos por el uso y aprovechamiento del agua
61
3. La creciente y conflictiva urbanización
77
3.1. Conflictos en torno al uso y aprovechamiento del agua y urbanización
78
3.2. Contaminación y cierre de acequias
89
3.3. Loteamientos
94
4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos
99
4.1. Urbanización y cambio socioeconómico y cultural
100
4.2. Alcances y límites de los “usos y costumbres”
106
4.3. Fragmentación de las organizaciones sociales
109
4.4. La interculturalidad como la construcción de un nuevo horizonte común de convivencia y de resolución de conflictos
114
Bibliografía
118
Modos Originarios de Resolución de Conflictos Región Altiplano Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, departamento de La Paz Carlos Hugo Laruta Bustillos, autor Paola Luján y Ma. Cristina Bengolea, asistentes de investigación
123
1. Introducción
125
1.1. El debate actual sobre la interculturalidad en el mundo y en Bolivia
125
1.1.1. Puntos de vista universales al respecto
125
1.1.2. El debate en Bolivia
129
1.2. Los retos de la presente investigación
132
2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas
136
2.1. Viacha y su historia. Época Precolonial, Colonial y Republicana
136
2.2. Viacha hoy. Características generales
137
2.2.1. Demografía
140
2.2.2. Migración
141
2.2.3. Educación
141
2.2.4. Religiosidad y festividades
142
2.2.5. Autoidentificación étnica
142
2.2.6. Institucionalidad pública y privada
143
2.3. Viacha hoy: Las Subcentrales Agrarias del Distrito Municipal Nº 3 y el área de estudio
145
2.3.1. Descripción de las comunidades de la Subcentral Jacha Hilata (Hilata Santa Trinidad, Hilata SanJorge, Hilata Centro e Hilata Arriba)
147
2.3.2. Descripción de las comunidades de la Subcentral Coniri (Choñojahua, Coniri Central, Quinamaya, 149 Villa Ponguini, San Vicente de Collagua) 3. Comunidad, organización y personas: normas, usos y costumbres
151
3.1. Las autoridades tradicionales en las comunidades estudiadas. Organización y funciones
151
3.2. Los conflictos: concepción, percepción, dimensión y manifestación
155
3.3. La conflictividad exteriorizada por el saneamiento de la propiedad agraria
157
3.3.1. Propiedad agraria: situación general
157
3.3.2. Saneamiento de la propiedad y emergencia de la conflictividad latente
160
3.4. Los conflictos elegidos para el estudio: tipos de conflicto según dimensión, intensidad y mecanismos de resolución
163
3.4.1. Conflicto estudiado 1: entre dos familias por linderos, resuelto internamente en la comunidad Hilata Arriba
164
3.4.2. Conflicto estudiado 2: entre hermanos por herencia de tierra, resuelto con intervención del Estado. Comunidad Hilata Arriba
166
3.4.3. Conflicto estudiado 3: entre autoridad comunal y persona externa por acceso y uso de recursos minerales, resuelto parcialmente por autoridad campesina supracomunal
167
3.4.4. Conflicto estudiado 4: por definición de pertenencia de cuatro familias a dos comunidades, resuelto por las comunidades Hilata Arriba e Hilata Centro
171
3.4.5. Conflicto estudiado 5: entre familias y comunidad por definición y pertenencia a comunidades, resuelto por comunidades y por el Estado. Comunidades Unkasuca y Altochoñojahua
173
4. Estructura y funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites
176
4.1. La Estructura para la resolución de conflictos
176
4.1.1. La autoridad política y decisoria general: Asamblea Comunal
177
4.1.2. Los Mallcus: autoridades ejecutivas en la resolución de conflictos y aplicación de justicia
178
4.1.3. Los Consejeros (Amautas)
182
4.2. Las Funciones de la Estructura de Resolución de Conflictos: capacidades, límites, articulaciones
183
4.2.1. Capacidades
184
4.2.1.1. Niveles, autoridades y funciones en la resolución de conflictos
185
4.2.1.2. Ámbito territorial de la función
186
4.2.1.3. Ámbito temático de la función
186
4.2.2. Derivación de la solución de conflictos hacia el Estado
189
4.2.3. Abstención en la función de resolución de conflictos
191
4.2.4. El mecanismo de resolución de conflictos: atención-gestión-solución
192
5. Aprendizajes para fortalecer procesos de negociación y diálogo en escenarios interculturales
196
Bibliografía
204
Anexos
207
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Presentación
La Fundación UNIR Bolivia, en colaboración con el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB), presentó el año 2007 la primera investigación sobre Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia, en el intento de rescatar y sistematizar los saberes, prácticas y visiones de los pueblos indígena-originarios del país en cuanto a la gestión de los conflictos. Este primer estudio, realizado en ayllus del Norte de Potosí y en Ascensión de Guarayos, permitió introducirnos en un campo poco estudiado e importante para establecer un diálogo intercultural en Bolivia. A fin de continuar ampliando el conocimiento y la reflexión en este terreno, UNIR Bolivia presenta una nueva publicación con dos investigaciones sobre Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Valles y en Tierras Altas a cargo de dos profesionales con una amplia e importante trayectoria en este campo: Cuando el río suena… Gestión de los recursos hídricos, procesos de urbanización y resolución de conflictos en los valles de Tiquipaya, Cochabamba, de Nelson Antequera, y Modos Originarios de Resolución de Conflictos en la región del Altiplano, las comunidades de Hilata y Coniri del Municipio de Viacha, La Paz, de Carlos Hugo Laruta. Ambas investigaciones aportan importantes reflexiones sobre la interculturalidad y su relación con los procesos de resolución de conflictos. Introducción •
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Cuando el río suena… Gestión de los recursos hídricos, procesos de urbanización y resolución de conflictos en los valles de Tiquipaya nos introduce en las formas de relación existentes entre el manejo de los recursos hídricos y la gestión de los conflictos que surgen en torno al acceso a este servicio básico. Así también refleja los conflictos suscitados en relación con los derechos de agua para riego y las consecuencias que ha tenido el proceso de urbanización –rápido y caótico– de Tiquipaya (resultado de los flujos migratorios y de la venta de tierras en el Municipio): provocó importantes cambios en la economía, la cultura y las formas organizativas de las comunidades. La investigación hace una retrospectiva de la gestión comunitaria del uso o acceso al agua en la región y de las formas tradicionales de resolución de conflictos en torno a este recurso. Presenta también la complejidad de la interacción entre diversos grupos sociales y culturales (campesinos quechuas, migrantes, familias de clase media) en la zona, la cual abre un importante espacio para el desarrollo de la interculturalidad, pero también para el surgimiento de conflictos. Toda esta reflexión se enriquece a partir de la descripción del autor sobre las formas organizativas de los sistemas de riego empleadas por los campesinos quechuas de la región y de los sistemas de provisión de agua potable que se han desarrollado por los procesos de urbanización, configurando todo un sistema de autogestión de los recursos hídricos que, como bien señala el autor, es resultado de la ausencia o débil presencia estatal y de un marco normativo confuso o inexistente. Otro importante aporte de esta investigación es el análisis sobre “usos y costumbres”, los cuales no solamente posibilitarían el aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos, sino que también establecerían criterios que prescriben los modos originarios de resolución de conflictos. Es desde esta perspectiva que se propone considerar a los “usos y costumbres”, en el campo del manejo de conflictos, como criterios de acción y “no un reglamento o mecanismo jurídico que implique una determinada sanción en cada caso particular”. 12 •
Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Valles y Altiplano
Conflictos “de hecho” y “de derecho” son dos distinciones hechas en la investigación para reflejar las formas en las que se resuelven los conflictos surgidos por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. Los primeros –en los que se identifican los criterios y prácticas aceptadas en torno a los usos y costumbres– son los que se resuelven con mayor celeridad en el ámbito interno o a través de las organizaciones supracomunitarias, y pasan por la restitución del daño ocasionado en pos de una convivencia pacífica. En cambio, los conflictos “de derecho” se relacionan más con la transferencia de los derechos de agua por razones de herencia o venta de terrenos, y su resolución pasa por mediadores externos. La propuesta con la que concluye el investigador es concebir la interculturalidad en una dimensión ético-política, que permita la construcción de nuevas intersubjetividades que edifiquen un horizonte común de convivencia y de modos alternativos de resolución de conflictos que tengan como base a los modos originarios propios de la cultura de los distintos actores. Modos Originarios de Resolución de Conflictos en la región del Altiplano, las comunidades de Hilata y Coniri del Municipio de Viacha, de Carlos Hugo Laruta, parte de la hipótesis de “que las características generales (concepción y percepción) y las características específicas (normas, organización, procedimientos, resultados) de la resolución de conflictos en comunidades campesino/indígenas aymaras del altiplano circunlacustre, expresan la vigencia de ciertos grados de autonomía sociocultural sustentados en anclajes flexibles y adaptados que se conectan con la normatividad y la cultura nacional/estatal”. El autor sostiene que los denominados modos originarios de resolución de conflictos devienen de una estructura en la cual las funciones para la resolución de conflictos se basan en estatutos escritos y también en usos y costumbres transmitidos de manera oral especificando un mínimo de las ocupaciones que se deben realizar, las cuales no se presentan bajo una figura autónoma o separada del Estado.
Introducción •
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Laruta parte de un recorrido histórico, la manera en la que se ha constituido el lugar y las comunidades de estudio, para luego introducirnos en el sistema organizativo en el cual evidencia el tránsito de una estructura organizativa sindical a una “originaria” que no termina de romper con la configuración sindical. Entre la forma sindical y los elementos simbólicos que hacen a la identidad de las autoridades originarias, se construye un nuevo sistema organizativo. Es así que la asamblea se convierte en la instancia principal para la resolución de conflictos y los roles de las autoridades tradicionales varían de acuerdo al cargo que ocupan. ¿Cómo se concibe el conflicto entre los comunarios de Hilata y Coniri? Una importante reflexión de Laruta sobre la semántica de la palabra conflicto permite evidenciar que en el idioma aymara ésta no existe y que los conceptos más cercanos serían pleito y culpa. Así también hace referencia a los significados de las denominaciones de las personas encargadas de resolver los conflictos. Se identifican más conflictos menores –pleitos de familias, entrada de animales a propiedad ajena y conflictos de linderos– que mayores (asesinatos). En este contexto, describe y reflexiona sobre cinco conflictos en los que participaron autoridades originarias: por linderos entre dos familias, por herencia de tierra, entre autoridad comunal y persona externa por acceso y uso de recursos minerales, por definición de pertenencia de cuatro familias a dos comunidades, entre familias y comunidad por definición y pertenencia a comunidades. La resolución de conflictos en las comunidades de estudio pasaría por la atención, la gestión y finalmente la solución a partir de dispositivos e instrumentos flexibles que permiten a las autoridades alcanzar soluciones entre las partes involucradas para restablecer la armonía y el equilibrio en la comunidad. En ese sentido, los acuerdos varían en función del tipo de falta y en la mayoría de los casos son acompañados del sello ritual. Con esta descripción etnográfica y analítica, en ambas investigaciones, sus autores nos permiten entender la dinámica 14 •
Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Valles y Altiplano
de los modos originarios de resolución de conflictos en espacios donde convergen las normas del Estado boliviano y los usos y costumbres de las comunidades originarias. La Fundación UNIR Bolivia espera que este nuevo aporte investigativo y bibliográfico especializado sirva para conocer mejor Bolivia y para comprender en su real dimensión la vida cotidiana de determinadas regiones y comunidades. Conocer y entender los modos en los que los pueblos de nuestro país gestionan los conflictos nos permite avanzar hacia la construcción de un país intercultural, que reconozca los saberes, prácticas y visiones que enriquecen el enorme campo de la transformación constructiva de los conflictos.
La Paz, agosto de 2010 Antonio Aramayo Tejada Director Ejecutivo Fundación UNIR Bolivia
Introducción •
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Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia en los Valles y el Altiplano
Cuando el río suena… Gestión de los recursos hídricos, procesos de urbanización y resolución de conflictos en los valles de Tiquipaya, departamento de Cochabamba Nelson Antequera D.
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Introducción
Los puentes y ríos, acequias, lagunas, estanques y ciénegas que fueron sacadas por mandado de los primeros reyes y señor de los reinos y después mandó los reyes Incas guardar el costumbre y ley de que no meneasen todas las dichas acequias, agua de regar… Y así puso pena sin apelación sentencia que ninguna persona lo dañe ni menee ninguna piedra y que ningún ganado entre en las dichas acequias… Vista esta tan santa orden y ley, mandó el señor don Francisco de Toledo guardar y confirmó su Majestad… Y así en este tiempo los españoles sueltan sus bestias y recuas de mula o ganados y pasen las cabras y ovejas y hacen grandes daños. Y se sacan las dichas aguas y se quiebran las acequias que no se pueden aderezar con ningún dinero. Y la poca agua sólo quitan a los indios pobres. Y así se ausentan los indios de sus pueblos. Y para esto en cada pueblo ha de haber un juez de acequia que llama cillquiua que reparta agua y que castigue y pene y eche los ganados de las dichas acequias y sementeras. Sin remisión sea castigado. Con ello será servido Dios y su Majestad y bien de las comunidades y bien de los pobres yndios de este reyno. Guamán Poma de Ayala Nueva crónica y buen gobierno Introducción •
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Hace más de cuatro siglos que Guamán Poma de Ayala, en Nueva crónica y buen gobierno, describía la grandeza de los sistemas de riego, la rigurosidad de “la costumbre y ley”, que desde tiempos prehispánicos mandaba respetar las acequias y sementeras, y la forma cómo los españoles “quiebran las acequias” despojando a los indios pobres de las aguas que utilizaban para el riego de sus cultivos, obligándolos a salir de sus pueblos. El cronista también hace referencia a los sistemas de gestión de los recursos hídricos y la resolución de conflictos: en cada pueblo debe haber un cillquiua1 “que reparta agua y que castigue y pene y eche los ganados de las dichas acequias y sementeras”. La “costumbre y ley” en torno a la gestión del agua tenía ya, desde la época que rememora el cronista, como fin último y criterio principal el “bien de las comunidades y bien de los pobres yndios de este reyno”. Esta breve referencia que hace Guamán Poma de Ayala a los sistemas de riego y a los conflictos por el uso, gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos sigue teniendo una sorprendente actualidad en el valle central de Cochabamba. Ya no, como entonces, en el contexto de la colonización española, sino en el de la creciente urbanización que está viviendo esta región. La presente investigación se enmarca en el análisis de los modos originarios de resolución de conflictos desarrollados por las comunidades agrarias quechuas del valle central de Cochabamba, y en particular de las comunidades del valle del Municipio de Tiquipaya. Otra veta de análisis es la de los conflictos surgidos a partir de los procesos de urbanización creciente que se están viviendo en esta zona. Así, la investigación se concentra en la relación entre la gestión de los recursos hídricos y la gestión de los conflictos que surgen en torno al acceso a los mismos. Tenemos, por una parte, complejos sistemas de riego desarrollados por los agricultores quechuas originarios del valle central de Cochabamba. Las organizaciones 1
Cillquiua es el denominativo, según el texto de Poma de Ayala, para el Juez de Acequia.
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Cuando el río suena…
de campesinos regantes desarrollaron sistemas de gestión del recurso –agua- regidos por los “usos y costumbres”2. Los “usos y costumbres” hacen posible el aprovechamiento y gestión de los recursos hídricos destinados al riego, al mismo tiempo que se constituyen en criterios que rigen los modos originarios de resolución de los conflictos surgidos en este contexto. Por otra parte, desde hace dos décadas, el valle central de Cochabamba está viviendo un proceso de acelerada urbanización que da lugar a nuevos conflictos y nuevas formas de gestionarlos. En corto tiempo aparecieron zonas urbanizadas sobre tierras que antiguamente eran de pastoreo y cultivo. Los nuevos vecinos, en su mayoría migrantes de las tierras altas y de otras provincias del Departamento, demandan cada vez más agua para consumo humano. Por su parte, los campesinos regantes originarios del valle ven en la urbanización una amenaza, a la vez que una oportunidad. En todo caso, la creciente urbanización ha producido cambios significativos en la economía, la cultura y las formas organizativas de estas comunidades, así como en la concepción y alcances de sus “usos y costumbres”. El estudio de caso se ha desarrollado en la zona del valle del Municipio de Tiquipaya. Esta zona es particularmente representativa para el abordaje del tema planteado, pues en ella se fueron generando diversos sistemas de riego. El valle de Tiquipaya tiene el más alto índice de crecimiento urbano de la región de los valles y el proceso de urbanización que experimenta ha sido tan rápido y caótico que dio lugar a una situación altamente conflictiva y a una dinámica organizativa rica y compleja. En este contexto, existen distintos actores involucrados en estos procesos. Tenemos en primer lugar a los campesinos quechuas originarios de los valles que heredaron de sus antepasados no sólo las tierras y sus derechos sobre el acceso al agua, sino también “usos y costumbres” para la gestión del agua 2
El término “usos y costumbres”, en el caso que nos ocupa, hace referencia a normativas y prácticas establecidas entre los usuarios de los sistemas de riego para la gestión de los recursos hídricos. Este tema será desarrollado en los capítulos 2 y 4 del presente trabajo.
Introducción •
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para riego. Por otra parte, están los migrantes que provienen principalmente de las tierras altas de nuestro país (Potosí, Oruro, La Paz, y la zona andina del Departamento de Cochabamba), de origen quechua y aymara. Los migrantes han llegado a estas zonas buscando mejorar sus condiciones de vida en el medio urbano, expulsados de sus comunidades de origen por la pobreza y la insuficiencia de la producción agrícola en estas zonas. En tercer lugar, en el caso de Tiquipaya, por su cercanía a la vecina ciudad de Cochabamba y por su privilegiado entorno ecológico, muchas familias de clase media y alta también se han asentado en la zona, dando lugar a la rápida urbanización de tierras agrícolas. Los procesos de urbanización en las zonas agrícolas de los valles generan situaciones sociales de alta complejidad. Las transformaciones que se producen a partir del acelerado y caótico proceso de urbanización en la zona de estudio están dando lugar a cambios también en la dinámica organizativa tradicional para hacer frente a los conflictos derivados de esta situación. En virtud a que en estos procesos, y en los conflictos que de ellos se derivan, intervienen grupos de distintos orígenes culturales y sociales, ésta interacción y complejidad se convierte al mismo tiempo en un rico espacio intercultural donde la especificidad cultural y organizativa da lugar tanto al diálogo como a la confrontación entre actores. Por tanto, será necesaria también una perspectiva intercultural en el análisis de los conflictos y su gestión. La investigación tiene un enfoque analítico descriptivo que nos ha permitido comprender y exponer los aspectos centrales de la problemática de los valles, de los modos originarios de resolución de conflictos entre los regantes de esta región, del crecimiento urbano y de la resolución de conflictos en este contexto. Todo esto, como se dijo, a partir del estudio del caso del valle del Municipio de Tiquipaya. El análisis presentado es eminentemente cualitativo, centrado en los procesos locales y en la perspectiva de los actores involucrados. Desde esta perspectiva, se pretende la comprensión 22 •
Cuando el río suena…
de procesos más amplios, como el caso de las transformaciones en los usos y costumbres en el contexto de la urbanización. Esto procesos, si bien se los analiza desde un caso particular, no son exclusivos de Tiquipaya; sino que, con diversos matices y distintos participantes, se están viviendo también en todo lo ancho del valle de Cochabamba, por lo que permiten una aproximación a la problemática de los valles en general. En cuanto a la temporalidad del estudio, abarca las últimas dos décadas; dado que es a partir de inicios de la década de 1990 que se dieron los procesos sostenidos de urbanización en Tiquipaya, así como las transformaciones organizativas en el sector regante. En este trabajo presentaremos, en el primer capítulo, las características generales del Municipio de Tiquipaya y en particular de la zona del valle. Se hará también un recorrido histórico de los procesos sociales, centrándonos por supuesto en el tema de los recursos hídricos. Presentaremos las características organizativas de los sistemas de riego de los campesinos quechua originarios de la región y también las características organizativas de los sistemas de provisión de agua potable que se han desarrollado a partir de los procesos de urbanización. El segundo capítulo analizará los sistemas tradicionales de gestión de los recursos hídricos y los modos originarios de resolución de conflictos regidos por los “usos y costumbres”. El tercer capítulo describirá y analizará los conflictos surgidos a partir de los procesos de urbanización que se están viviendo en la zona y cómo los sistemas tradicionales de producción agropecuaria, los sistemas organizativos en torno al riego y los “usos y costumbres”, se están viendo afectados por estos procesos. En el capítulo final estudiaremos los alcances y límites de los “usos y costumbres”. Veremos también que la gestión de los conflictos está dando lugar a una creciente fragmentación organizativa. Indagaremos las posibilidades de un enfoque intercultural que en su dimensión ética puede dar lugar a transformaciones políticas que permitan la construcción de un horizonte común de convivencia y de modos alternativos Introducción •
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de resolución de conflictos, en base a los modos originarios propios de la cultura de los distintos actores. Antes de iniciar el desarrollo de los capítulos, presentaremos, con un afán de precisión conceptual que permita el posterior análisis del caso de estudio, las definiciones de dos ideas muy utilizadas en este trabajo: “modos originarios de resolución de conflictos” e “interculturalidad”.
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Modos originarios: la dimensión cultural de la resolución de conflictos Cuando hablamos de los “modos originarios de resolución de conflictos” asumimos implícitamente una determinada concepción de “lo originario”, del conflicto, de la posibilidad de solución y los “modos” en que ésta se hace posible. En primer lugar, coincidimos con Nicolas (2007: 103) cuando afirma que el término “modo”, para referirse a la resolución de conflictos, es más adecuado que “método”. El “método” implica un proceso planificado y sistematizado, como lo afirma el autor; una aplicación “ciega” de determinados procedimientos a todos los casos. Los “modos” están regidos más bien por criterios compartidos que determinan los procedimientos de acuerdo a los casos de conflicto. De esta manera, lo que se aplica sistemáticamente no son los procedimientos de un método, sino los criterios compartidos, construidos y transmitidos por la comunidad cultural. Los procedimientos, en este caso, pueden variar de acuerdo a las circunstancias, pero de ninguna manera son improvisados o responden solamente a la imaginación de los actores, sino a los valores compartidos por el grupo. Los valores que determinan los criterios de acción son elementos de la cultura cuyo cambio es lento y hace que procedimientos aparentemente azarosos o improvisados tengan un carácter común y se los pueda denominar “modos” propios, en este caso, de resolución de conflictos. 24 •
Cuando el río suena…
En cuanto a su carácter “originario”, debemos entenderlos desde la misma dimensión axiológica. Lo que hace “originario” a un elemento cultural no es su referencia a la “ancestralidad”, a la repetición de una práctica o a su contraposición con lo “no originario” o “lo occidental”. Nuestra visión pecaría de reduccionismo esencialista cultural si pretendemos encontrar en las comunidades indígenas prácticas exóticas, ancladas en el pasado, para denominarlas “originarias”. Si algo puede aportar el concepto de lo originario es que nos remite a la dimensión de la ética comunitaria, a los valores compartidos por las comunidades culturales que determinan ciertas prácticas, normas, procedimientos, etc. En cuanto a los conflictos y su resolución, partimos del hecho de que el conflicto es un fenómeno connatural a la misma sociedad, las relaciones humanas suponen el conflicto; es decir la “lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más partes” (Vynyamata, 2005: 278). La lucha, el desacuerdo, la confrontación de intereses, en definitiva: el conflicto, está en relación directa con la satisfacción de necesidades. La interacción humana que deviene de esta búsqueda de satisfacción de necesidades presupone relaciones de cooperación, solidaridad y también relaciones conflictivas. El conflicto, por tanto, es inherente a la condición humana. Así, para el abordaje del estudio de los conflictos es necesario distinguir los distintos niveles y ámbitos en los que éstos se manifiestan y eventualmente se resuelven. Los conflictos pueden ser desde “conflictos con uno mismo y acabando por aquellos conflictos de dimensión internacional, pasando por todos aquellos otros que se desarrollan en los ámbitos familiares, laborales o de vecindad” (Vynyamata: 15). Si bien los conflictos han sido estudiados desde distintas perspectivas científicas y filosóficas, desde hace un cuarto de siglo ha surgido la Conflictología o Resolución de conflictos como una ciencia interdisciplinaria que se interesa no sólo en el conocimiento sino también en la “intervención práctica en el Conflicto” (Vynyamata: 111). De esta manera, la Conflictología ha desarrollado también Introducción •
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ámbitos de estudio e intervención en los conflictos como la Mediación, el Arbitraje o Conciliación, y el estudio de “prácticas de solución no dirigida ni coactiva de conflictos procedentes de tradiciones y ámbitos culturales diversos” (Vynyamata: 118). El estudio de los conflictos y los “modos originarios” de su resolución está precisamente en la línea de este esfuerzo de la Conflictología por “incorporar todos los conocimientos y habilidades que la Humanidad ha sabido crear con el objetivo común de hallar la paz con uno mismo y la buena convivencia en sociedad” (Ibídem). Una de las limitaciones de la Conflictología fue su intento por establecer métodos de resolución de conflictos de aplicación universal, haciendo abstracción de los factores culturales que inciden tanto en el surgimiento de los conflictos como en su resolución. En el fondo de este esfuerzo universalizador se encuentra una concepción de la cultura entendida como un cúmulo de “costumbres y tradiciones” que -desde este enfoque- se constituye en obstáculo para el desarrollo de prácticas de resolución de conflictos universalmente aplicables (Avruch y Black, 2008: 1). Una concepción más compleja y amplia de la cultura permitirá un abordaje más adecuado en el ámbito de la resolución intercultural de conflictos (Avruch y Black, 2008). En el apartado siguiente exploraremos las posibilidades de la interculturalidad, no sólo como una técnica de resolución de conflictos entre miembros de distintas culturas -como lo proponen Avruch y Black-, sino como una propuesta ético política que tiene el potencial de generar nuevos “modos” de resolución de conflictos.
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Interculturalidad y resolución de conflictos La interculturalidad, como concepto, ha surgido principal aunque no exclusivamente en el ámbito de la educación. Las políticas de “Educación Intercultural Bilingüe”, implementadas en varios países de Latinoamérica a partir de la década de 1990, derivan en parte del discurso multicultural gestado 26 •
Cuando el río suena…
en los países del Atlántico Norte, y retomado parcialmente en América Latina en lo referido a demandas culturales. Este nuevo discurso forma parte de las reformas políticas liberales que han sido implementadas en nuestros países en los últimos años. Estas transformaciones políticas se tradujeron en reformas constitucionales y nuevas políticas sociales y culturales relativas a las comunidades indígenas. Es necesario dejar claro que lo logrado hasta ahora en materia del reconocimiento internacional de los derechos indígenas fue fruto de la organización, las luchas y las negociaciones que protagonizaron los pueblos indígenas a lo largo de muchas décadas. Sin embargo, debemos considerar también que los cambios que se dieron a nivel global abrieron el espacio económico, político e ideológico para que se manifestara este nuevo interés internacional por la problemática de la diferencia y diversidad cultural. La irrupción de la temática indígena se ha hecho evidente en el conjunto de acuerdos y convenios que se han venido negociando en diversos escenarios internacionales, así como una serie de reformas que se implementaron en los diversos países. A finales de la década de 1990, alrededor de diez países de la región firmaron el Convenio 169 de la OIT. Asimismo, en varios países como México, Bolivia, Colombia y Ecuador, a través de las reformas en las Constituciones Políticas de Estado se reconocía el carácter multicultural de las sociedades. Junto a estas reformas y el reconocimiento de los derechos indígenas, la década de 1990 es también la época de la implementación de las medidas neoliberales en todo el continente, medidas que responden a la lógica del capitalismo transnacional. Muchos análisis han considerado el reconocimiento de los derechos indígenas como parte de la resistencia al neoliberalismo y que los logros de los movimientos indígenas están de alguna manera opuestos a él. Sin embargo, un análisis más amplio nos permite ver que esta concepción no es del todo correcta: los cambios que se han dado en el nivel local e internacional responden, en parte, al llamado “multiculturalismo neoliberal”. Introducción •
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En América Latina, las políticas multiculturales, de las que la interculturalidad es parte, se han planteado como reacción a las políticas uniformadoras estatales. El término “multiculturalismo” hace referencia a las diversas formas de pluralismo cultural y a las diversas formas en que las minorías étnicas han sido incorporadas en las comunidades políticas nacionales. Las diferencias en el modo de su incorporación determinan la naturaleza de los grupos minoritarios y su relación con las sociedades en que están insertos, por lo que no es posible hacer una generalización sobre las metas y las consecuencias del multiculturalismo. Por tanto, es necesario hacer ciertas distinciones y precisiones en torno al multiculturalismo para comprenderlo adecuadamente como el marco en el que se han desarrollado las políticas culturales en América Latina; pues, bajo el mismo término, encontramos diferentes concepciones de las que se derivan al mismo tiempo distintas formas de entender la diversidad cultural y la interculturalidad. En primer lugar, debemos señalar que el multiculturalismo neoliberal surge en parte como una respuesta a las demandas de los derechos culturales de los grupos marginados y oprimidos, abriendo nuevos espacios de participación política y ofreciendo concesiones significativas a través de instrumentos jurídicos importantes como las reformas constitucionales. Las propuestas del multiculturalismo neoliberal abren espacios para las llamadas “políticas de reconocimiento” que propugnan el derecho de las distintas culturas a ser reconocidas por el Estado. Recordemos que durante los siglos XIX y XX las elites criollas de los nacientes estados nacionales latinoamericanos, inspiradas en la ilustración europea del siglo XVIII, desarrollaron el proyecto de la “integración nacional” o aculturación de los pueblos indígenas. Este proyecto nacional, que se fundaba en la utopía del mestizaje, trajo consigo el desarrollo de políticas igualitaristas y homogenizadoras de los Estados nacionales modernos. Las políticas del reconocimiento significan un cambio en esta concepción del Estado. Surgen así las demandas por los derechos culturales que se traducen en reformas en los sistemas educativos, 28 •
Cuando el río suena…
medidas contra la discriminación racial, medidas destinadas a favorecer la participación política de los indígenas, etcétera. La preocupación de los teóricos liberales fue justificar, desde el liberalismo, la pertinencia de derechos colectivos destinados a la protección de las minorías. Esta tarea parece ser contradictoria, pues uno de los pilares del liberalismo es precisamente la garantía de los derechos individuales. Así, muchos liberales consideran que los derechos colectivos son por definición incompatibles con los derechos individuales. Una de las salidas conceptuales del multiculturalismo neoliberal es precisamente hacer referencia a los grupos étnicos o naciones que habitan al interior de los Estados, con el término de “culturas”. Este enfoque resta dimensión política a las demandas de estos grupos, ya que los derechos que se les reconoce no son derechos colectivos sino derechos dirigidos a los individuos en cuanto pertenecientes a un determinado grupo y que no afectan la estructura política en conjunto. Como parte de las políticas de la diferencia étnica y cultural surge y se expande el uso del término “interculturalidad”. Interculturalidad es un término multívoco. Su uso indiscriminado le ha dado tantos significados que acabó por hacer referencia a una diversidad de propuestas teóricas, políticas y culturales, que en algunos casos son incluso divergentes. Trataremos brevemente de abordar esta complejidad semántica, no con el afán de proponer una acepción más del término, sino para comprenderlo adecuadamente en la perspectiva del desarrollo de nuevos modos originarios de gestión de conflictos en el contexto de los procesos de crecimiento urbano. En primer lugar, debemos distinguir el uso del término “interculturalidad” como concepto descriptivo y como propuesta ético política. La interculturalidad, como concepto descriptivo, se refiere a las diversas formas de relación entre culturas que encontramos de hecho en la vida social. Se entiende, así, como un tipo de relación entre culturas que supone mezcla, mestizaje o hibridación. Esta acepción del término la restringe a la mera Introducción •
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descripción de los fenómenos de intercambio cultural, velando las relaciones de dominación e imposición que pueden existir entre distintos grupos sociales en detrimento de la riqueza de la interculturalidad más bien entendida como propuesta que como fenómeno. La interculturalidad, como propuesta ético política, apunta a la transformación de las estructuras de dominación y discriminación que se dan al interior de nuestras sociedades marcadas por la diferencia colonial, la diferencia racial y étnica. Una concepción de interculturalidad parte del reconocimiento de la existencia de grupos étnicos, cada uno con su cultura y valores distintos al interior de una determinada sociedad. Se presenta así como una práctica fundada en el diálogo entre grupos a partir del cual se puede llegar a la unidad en la diversidad, al reconocimiento de diversos grupos étnicos dentro de lo nacional. Sin embargo, este enfoque tiene la limitación de poner el énfasis en “mejorar las prácticas de comunicación” para abordar las diferencias étnico culturales. De esta manera, la interculturalidad deviene un asunto de voluntad personal y no una propuesta que parta de la realidad de las relaciones de poder de la sociedad colonial. En esta línea, Avruch y Black (2008) proponen un abordaje intercultural de solución de conflictos basado en un previo análisis cultural que permita al mediador y a las partes en pugna una mejor comprensión tanto del conflicto como de sus posibles vías de solución. El planteamiento de los autores introduce un elemento importante en el abordaje de los conflictos: el elemento cultural; entendida la cultura como “un lente o una gramática que estructura toda acción” (Avruch y Black, 2008: 2). Desde su perspectiva, el enfoque intercultural en la resolución de conflictos es un proceso técnico de análisis cultural que permite una “traducción” cultural del conflicto de modo que las partes puedan llegar de mejor manera a la solución del mismo. El aporte de estos autores es importante -como se dijo- en cuanto introduce el elemento cultural. Sin embargo, el enfoque 30 •
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de interculturalidad que proponen se limita a cualificar la dimensión técnica de la mediación de conflictos con el componente del análisis cultural. Esta perspectiva nos parece muy limitada para comprender el verdadero alcance del enfoque intercultural, en una realidad como la de nuestra sociedad, donde las diferencias culturales implican a la vez profundas diferencias económicas y sociales que se han ido consolidando en procesos históricos marcados por la condición colonial. Consideramos que, a partir de este abordaje, es necesario ampliar el concepto de interculturalidad hacia su dimensión ético política. Otra forma de concebir la interculturalidad -que Walsh denomina “crítica”- enfoca los procesos de intercambio cultural que buscan producir transformaciones sociales. Las diferencias culturales en este caso no parten de la etnicidad en sí, sino de una intersubjetividad definida a partir de la subalternización social, política y cultural de determinados grupos. El significado de interculturalidad desde esta posición necesariamente implica procesos de des-subalternización y descolonización. La identidad indígena, en este contexto, no es concebida como un elemento fijo o natural, sino una construcción política y social. Es necesaria una concepción de interculturalidad que construya articulación social entre personas y grupos culturales diferentes, sin ocultar las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad. De esta manera, la única vía fecunda del abordaje pasa por la radicalización de su componente ético político. En este sentido, consideramos que una propuesta de interculturalidad, que parta de nuestra realidad local, debería atender a la construcción de una intersubjetividad anclada en la diversidad étnica y cultural. Es precisamente esta aproximación la que nos permitirá entender la dinámica social de intercambio cultural que se genera en los contextos periurbanos donde la interculturalidad debe entenderse como la construcción de nuevas intersubjetividades que permitan la superación de viejas estructuras de dominación basadas en la diferencia cultural y la creación de espacios de convivencia pacífica y solidaria fundados en el respeto y el reconocimiento mutuos. Introducción •
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1. El Municipio de Tiquipaya
En este primer capítulo presentaremos las características generales del Municipio de Tiquipaya, un breve recorrido histórico desde el punto de vista del acceso de la población a los recursos agua y tierra, la descripción de los sistemas de riego y su organización, y finalmente la caracterización de la dinámica organizativa de los comités de agua. Este será el marco contextual que nos permitirá comprender el tema de los conflictos y su solución desarrollado en los capítulos posteriores.
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1.1. Características generales El Municipio de Tiquipaya, Tercera Sección de la provincia de Quillacollo, está ubicado al noroeste de la ciudad de Cochabamba. La capital municipal, del mismo nombre, se encuentra a diez kilómetros al noroeste de la ciudad de Cochabamba y a 11 Km. al norte de la Av. Blanco Galindo. El territorio del Municipio forma parte de la cordillera del Tunari y del valle central de Cochabamba. El Municipio está dividido en seis distritos. Los distritos 1, 2 y 3 corresponden a la zona montañosa y de pie de monte de la Cordillera del Tunari. Los distritos 4, 5, y 6 forman parte del valle central del Departamento. 32 •
Cuando el río suena…
Fuente: elaboración propia en base a Quiroz, 2006: 24
La extensión total del Municipio es de 186.644 ha y su población total es de 37.852 habitantes. Territorialmente, la zona de los valles (distritos 4, 5 y 6) comprende solamente 3.836,2 ha, esto es el 1,97% de la extensión total del Municipio. Sin embargo, en los valles se concentra más del 70% de la población. Es en esta región donde se han desarrollado sistemas organizativos de riego y también donde se están dando los procesos de crecimiento urbano, por lo que ésta será la zona de referencia para el presente estudio. Tabla 1. Municipio de Tiquipaya: superficie y población por distritos y zonas Distrito
Zona
1 2
Cordillera
3 4 5 6 TOTAL
Valle
Superficie
% del total
Población
% del total
134.482 ,3 ha
72.10
1.261
3.33
39.331 ,7 ha
21.02
2.167
5.73
8.993,8 ha
5.01
716
1.89
812,1 ha
0.37
7.654
20.22
687,0 ha
0.40
13.467
35.58
2.337,1 ha
1.20
12.587
33.25
186.644,0 ha
100.00
37.852
100.00
Población por zona 4.144
33.708 37.852
Fuente: Municipio de Tiquipaya 2007 1. El Municipio de Tiquipaya •
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Para el tema de la composición étnica y cultural se tomaron los datos de autopertenencia étnica del Censo 2001, cruzándolos con las variables de población urbana y rural del Municipio. Según estos datos, el 63% de la población total del Municipio se identifica como quechua, el 9% como aymara, 1% se identifica como perteneciente a otro grupo originario y un 27% no se identifica con ningún grupo originario.
Población por autopertenencia étnica, por zona urbana y rural. Municipio de Tiquipaya.
Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Molina y Albó 2006.
En la zona de los valles del Municipio, que es la zona predominantemente urbana, la población quechua es también mayoritaria. Parte de la población que se identifica como quechua es migrante de regiones quechuas; sin embargo no tenemos 34 •
Cuando el río suena…
el dato de la proporción de población quechua migrante. Otra característica de la zona de los valles es que la mayoría de la población que se identifica como aymara está en los distritos urbanos (7%); esto se explica porque la población aymara es población migrante que se asentó en los distritos urbanos. La mayor parte de la población que no se identifica con ningún grupo originario (22 del 27%) está en zona urbana. A continuación caracterizaremos brevemente los distritos de la región de estudio: 4, 5 y 6 En el distrito 4 se encuentra la capital municipal, San Miguel de Tiquipaya. Se trata del centro poblado con más antigüedad, pues data desde la temprana época colonial. En el pueblo de Tiquipaya se encuentran las instalaciones de la Alcaldía, así como otras instituciones comunitarias como la Asociación de Sistemas de Riego de Tiquipaya y Colcapirhua (en adelante ASIRTIC) y privadas como la universidad UNIVALLE. El distrito 5 se encuentra al Sureste del Municipio; colinda por el lado Este con el Municipio del Cercado (ciudad de Cochabamba). En este distrito se encuentra la mayor cantidad de la población migrante que se ha establecido en las villas, siendo un distrito predominantemente urbano. El área fue establecida a partir de medianas haciendas que datan de fines del siglo XIX, cuyas tierras fueron consolidadas a favor de los colonos a consecuencia de la Reforma Agraria de 1953. La presión para acelerar los loteamientos pudo más que los esfuerzos por preservar las áreas verdes. Las disposiciones fueron ignoradas y se pasó al expediente fácil de aprobar trazos urbanos con reglamentos de la alcaldía de Cochabamba (Municipio de Tiquipaya, 2007). Las áreas verdes y los parques urbanos proyectados hoy son urbanizaciones populares que albergan a la población migrante 1. El Municipio de Tiquipaya •
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del altiplano o mineros relocalizados. Sin embargo, también en este distrito se mantienen algunas zonas agrícolas, especialmente dedicadas al cultivo de flores (Quiroz, 2006:26). Foto aérea y división distrital de la zona de valle del Municipio de Tiquipaya.
Fuente: Proyecto Negowat, Centro AGUA UMSS.
En el distrito 6 conviven también zonas agrícolas y urbanas. El distrito presenta una zona urbana consolidada que es la que se extiende desde el Municipio del Cercado, y otra zona en proceso de consolidación urbana que se extiende sobre las áreas agrícolas. Las actividades agrícolas abarcan la producción hortícola intensiva en pequeña escala, la ganadería lechera en pequeña escala y el cultivo de forraje (Municipio de Tiquipaya, 2007). Esta zona, que tradicionalmente fue de intensa actividad rural, hoy sufre fuerte presión urbanizadora en el sentido Este–Sur (Cercado y Colcapirhua). A diferencia de las urbanizaciones populares del distrito 5, en esta zona los asentamientos urbanos son en su mayoría de grupos sociales 36 •
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de un nivel económico medio o alto que se han establecido en la zona (Quiroz, 2006: 26).
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1.2. Tierras y aguas: recorrido histórico Época colonial Antes de la llegada de los españoles, los valles de Cochabamba eran cultivados por grupos de mitimaes bajo el control incaico. Los primeros españoles llegan al valle de Cochabamba en 1542, instaurándose con ellos un nuevo sistema político y económico: la encomienda (Bustamante, 1993: 57). El fértil valle central fue concedido a dos encomenderos: Juan Polo de Ondegardo y Francisco de Orellana. A Orellana se le otorga la llanura de Canata, al centro del valle y hacia el Oeste en las faldas del Tunari hasta Andamarca. Ondegardo recibe Tiquipaya, hasta la cima de la serranía de Chusegueri, incluyendo Taquiña y las comarcas septentrionales aledañas (Municipio de Tiquipaya, 2007). La época del sistema de encomiendas dura hasta 1572. La Corona española, a partir de 1565, iniciará la conformación de los “Pueblos Reales de Indios”. Es a partir de estas disposiciones que en 1573 el Virrey Francisco de Toledo en su visita al valle de Cochabamba funda cinco pueblos reales de indios, entre los que se encuentra el pueblo de San Miguel de Tiquipaya (Bustamante, 1993: 61). Los indios tenían derecho a los recursos naturales, tierra y agua, a cambio de cumplir con el tributo y el trabajo en las minas (Alurralde, 2008: 6). Sin embargo, los españoles asentados alrededor de los pueblos de indios, paulatinamente se fueron apoderando de las tierras fértiles y de las aguas. En 1794 comenzó el proceso de individualización de las tierras comunitarias con dotaciones individuales llamadas “originancias”3. El Intendente, Don Francisco de Viedma, 3
Dotaciones individuales de tierra asignadas a originarios y forasteros. 1. El Municipio de Tiquipaya •
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efectuó el reparto de tierras en el Pueblo Real de Tiquipaya, asignando a cada originario y a forasteros sin tierras, las “originancias” con una extensión de 3 fanegadas (10 ha) por cada originario y a los caciques 10 fanegadas (33 ha). El repartimiento favoreció a los mestizos y españoles, quienes las fueron adquiriendo de los indios, primero bajo la figura de arriendo y, posteriormente, como compra (Bustamante, 1993: 68). De esta manera se fueron constituyendo las grandes y medianas haciendas y los derechos al agua también se fueron consolidando a favor de estos propietarios de haciendas. Transformaciones en la distribución de aguas en Tiquipaya antes y después de 1884.
Fuente: Villarroel, 2005; en Alurralde, 2008: 7
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Cuando el río suena…
Época republicana Ya en la época republicana, la Ley de Exvinculación de 1874 dio lugar a un proceso de reestructuración de la distribución de tierras y aguas que se inició en 18844. Con el proceso de Revisita se exvincularon las tierras comunales en Tiquipaya y se confirmaron 211 asignaciones, con una superficie total de 116 ha; mientras que se declararon vacantes 35 asignaciones con una superficie de 134 ha que fueron alquiladas o vendidas a mestizos, consolidándose así las pequeñas y medianas haciendas en el antiguo Pueblo Real. Asimismo, en la Revisita se establecieron los derechos de agua para cada asignación y los cuadros de distribución de aguas de la cordillera. Éstos, con algunas variantes, se encuentran hoy vigentes (Bustamante, 1993: 76-77; Alurralde, 2008: 7). La primera normativa respecto de aguas data de 1879 y fue elevada a rango de ley en 1906. Fue en el marco de esta ley, denominada “Dominio y aprovechamiento de aguas” que se consolidaron los derechos al agua. Esta disposición establece que el derecho sobre las tierras también otorga derechos sobre las aguas y reconoce las aguas de dominio privado.
Reforma Agraria La Reforma Agraria de 1953 distribuyó tierras y aguas de las haciendas grandes y medianas que existían alrededor del pueblo de Tiquipaya, manteniéndose el esquema de derechos de aguas de 1884. El antiguo colono de las haciendas adquirió la calidad de campesino independiente, organizado en comunidades y sindicatos agrarios. Los campesinos utilizaron su potencial organizativo para la mejora y 4
La Ley de Ex-vinculación de 1874 pretendía la distribución y titulación individual de las tierras comunales, redistribución que se realizó con las Revisitas. Las mesas revisitadoras debían deslindar y amojonar los límites y extender títulos individuales a los propietarios, con lo cual no sólo la propiedad comunitaria de la tierra se vio seriamente vulnerada, sino que se dio lugar al surgimiento de las grandes haciendas. 1. El Municipio de Tiquipaya •
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rehabilitación de los sistemas de riego (Alurralde, 2008: 9; Orellana, 2005: 482) Los actuales habitantes de estas zonas han recibido de sus padres la historia de sus comunidades. Uno de los entrevistados nos relata de la siguiente manera cómo los originarios han vivido las transformaciones que la Reforma Agraria trajo consigo: Nosotros tenemos un documento. El año 52 ésta era una hacienda que pertenecía a Daniel Salamanca, que tenía haciendas en Chilimarca, Montecillo, El Paso, Cala Cala, Kanarrancho. Los colonos trabajaban para él. Tenía cinco hijos este señor. Son cincuenta y ocho colonos que trabajaban en la ex hacienda de Chilimarca. Se mueren los padres y recibe la herencia de Chilimarca Laura Salamanca, el resto se los da a sus otros hermanos. Laura Salamanca se casa con Jorge Guzmán Vila, y no pueden tener hijos, se casan pero no pueden tener hijos. Entonces, a mí me ha contado mi abuelo, Jorge Guzmán Vila se dedica a tomar y al juego, se perdía meses, tenía ese problema con Laura Salamanca, que se muere, y Jorge Guzmán Vila queda como heredero, pero como se murió su mujer ya no llegaba a la hacienda. El 53, los colonos dijeron nos compraremos. Lo van a buscar a Jorge Guzmán Vila y le proponen comprarle el terreno. Vila les dice yo no tengo ningún documento, porque había empeñado esos documentos. Los colonos lo declaran como heredero, los colonos, y con esa declaratoria se compran los propios colonos. Empiezan a recaudar dinero, los colonos tenían vacas, ovejas, llamas, y empiezan a vender cada familia. Vila les ha dado plazo porque le dieron una parte del dinero y se lo gastó en el juego. Se forman como directorio y venden una propiedad. La primera venta que han hecho es a unos evangelistas, una propiedad de una hectárea en el sector de los molinos. Había unos molinos que giraban y los evangelistas se interesan en los molinos y con eso han podido cubrir la venta de esa hacienda. […] Esa extensión se compran los 58 colonos. Un grupo servía en Chilimarca, otro grupo servía en las alturas. Sembraban papa y entregaban al patrón. Aquí producían maíz, trigo, todo eso. Los que servían aquí se han repartido aquí, los que servían en las alturas se han repartido en las alturas. Los 58 colonos tienen dos títulos ejecutoriales, uno de 40 •
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la totalidad del terreno comprado y el otro individual. (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca)
A partir de la distribución de tierras entre los colonos comienza el fraccionamiento de los lotes; no sólo por sucesión hereditaria sino por compra-venta. Los vecinos de Chilimarca tienen el recuerdo de aquellos primeros mineros que se asentaron en la zona hace medio siglo y que por su mayor experiencia urbana no se hicieron de terrenos solamente, sino que promovieron su venta para enriquecerse. Han llegado mineros esas veces, el [año] 54, 55. Unos ocho, nueve. Mucha gente de aquí se ha prestado dinero y a esos mineros se los han vendido [los terrenos]. A la fuerza esos mineros han pertenecido a los cincuenta y ocho [colonos]. Los mineros astutos que han venido se han quedado, unos tres, cuatro mineros se han quedado. Forman un directorio a la cabeza de un colono. Han visto la plata y han dicho venderemos esta propiedad [Ciudad del niño] para comprar una oruga, un tractor. La segunda venta ha sido Ciudad del niño, han cambiado el tractor por el terreno de Ciudad del niño más un jeep para que ande el directorio. Han abierto pampas para sembrar por aquí por allá. Después han formado la subcentral regional Chilimarca, que funcionaba en Trojes, que antes no era Trojes, todo era Chilimarca. Los de Montecillo, Cala Cala también se han organizado. Pero la ambición de los mineros era robar dinero. Nuestros abuelos colonos no sabían leer. Los mineros les hacían tomar a los colonos. Los mineros, por el cántaro de chicha cambiaban 300 metros de terreno. Entonces vendían con poder, el directorio ha ido vendiendo. (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca).
El testimonio que acabamos de leer muestra el proceso mediante el que los “mineros”, hace ya más de cincuenta años, iniciaron el fraccionamiento y la venta de tierras. La primera venta se hizo sobre una propiedad en el sector de Los Molinos, precisamente para pagar la deuda que se tenía con el heredero de Salamanca, de quien se adquirieron las tierras de la hacienda del ex presidente. La segunda venta se hizo en el sector 1. El Municipio de Tiquipaya •
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de Ciudad del Niño, con el fin de comprar un tractor para la recién formada “Subcentral regional de Chilimarca”. Fue precisamente la emergente organización campesina la que sirvió de instrumento para el despojo progresivo de las tierras comunales. Los “mineros” se hicieron de “poderes” legales concedidos por la organización campesina que les facultaban para la venta de tierras. Aquí se puede ver el origen de tres factores que hasta ahora han posibilitado el loteamiento de tierras de pastoreo y tierras de cultivo: la presencia de loteadores ajenos a la comunidad, la complicidad de representantes de organizaciones locales y la aquiescencia de las bases que en muchos momentos han optado por el beneficio inmediato y fútil de la venta de tierras.
Fines del siglo XX A partir de la década de 1980 empieza el proceso de urbanización de Tiquipaya. La llegada de los mineros relocalizados, así como de las clases medias y altas de la ciudad de Cochabamba, empezó a generar una fuerte demanda de terrenos agrícolas para fines residenciales. Desde 1994 se vivió el proceso de municipalización y la constitución de Tiquipaya como Municipio. Este acontecimiento ha sido muy importante en el avance de la urbanización. La urbanización es vista como una amenaza por las organizaciones de regantes; no sólo por lo que implica su desarrollo sobre tierras agrícolas, sino por la cada vez mayor demanda de agua potable para los centros urbanos. El sector agrícola de Tiquipaya, en la década de los noventa, asumió la estrategia de impulsar un proyecto de riego como única alternativa para frenar la urbanización y preservar las zonas agrícolas. De esta manera se constituye la asociación de regantes: Asociación de los Sistemas de Riego de Tiquipaya y Colcapirhua (ASIRTIC) (Bustamante, 1997: 95)
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Cuando el río suena…
Organizaciones actuales A partir de la experiencia organizativa de ASIRTIC, en 1997 se conformó la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR5); organización que jugará un papel fundamental en la denominada “Guerra del Agua” del año 2000 (Orellana, 2005: 488-489). Con el indiscutible liderazgo de la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), el año 2003 se conformó la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPyS) (Alurralde, 2008: 3). Según Crespo (2007), los regantes, organizados en torno a la ANARESCAPyS, lograron la aprobación de la Ley de Riego (Ley 2878 de Promoción y Apoyo a la Producción Agropecuaria) “ratificando la protección de los sistemas de gestión del agua basados en usos y costumbres, por tanto protegiendo los intereses de este sector, aunque a costa de otros sectores, entre ellos los campesinos e indígenas pobres, sin acceso al agua”. Sin duda, las organizaciones de regantes de Tiquipaya, a partir de la constitución de ASIRTIC, jugaron un papel fundamental en la lucha por la recuperación de los derechos comunitarios sobre el agua y en la constitución de un marco legal que proteja esos derechos.
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1.3. Procesos de urbanización en el Municipio de Tiquipaya La zona del valle de Tiquipaya, como lo muestran los datos, ha experimentado un rápido crecimiento urbano. Entre 1992 y 2001 la población urbana en la zona de los valles ha pasado de 3.032 habitantes a 26. 732, siendo la tasa de crecimiento urbano de 23,5%: la más alta de toda la región de los valles centrales del Departamento (Tabla 4). 5
La Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) fue creada el 3 de octubre de 1997 en un congreso realizado en el Coliseo de la Coronilla con la participación de más de diez mil regantes. La FEDECOR está organizada en ocho cuencas de riego y cada cuenca tiene su representante en el directorio. 1. El Municipio de Tiquipaya •
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Este crecimiento se explica porque en los últimos años, Tiquipaya se ha convertido en un importante centro de recepción de flujos migratorios procedentes de diversos lugares y direcciones. En el lugar se establecieron familias de clase media y alta6, provenientes principalmente de la vecina ciudad de Cochabamba, como también grupos de migrantes llegados principalmente de las tierras altas de nuestro país (Potosí, Oruro, La Paz, y la zona andina del Departamento de Cochabamba). En la ciudad de Cochabamba los precios del suelo urbano son un obstáculo para los inmigrantes que buscan lugar de vivienda, por lo que se asentaron en zonas donde se ofrecen para la tierra precios más bajos y que se localizan a una distancia relativamente corta de la ciudad. El efecto que se ha producido en la micro región es muy variado, pero el común denominador ha sido un paulatino incremento del precio del suelo, que ha dado lugar al cambio del uso del suelo: de su tradición agrícola pasa a tener usos más bien urbanos; es el caso de Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya y Colcapirhua (Ledo, 2006: 1). Tabla 4. Valle Central de Cochabamba. Población distribuida por área de residencia y tasa de crecimiento ínter censal, 1992-2001. Rural Municipio
1992
Cochabamba
17029
Urbana
2001 341
Total
Tasa Crecimiento 92-01
1992
2001
1992
2001
396549
516683
413578
517024
Sup. ha
Rural
Urbana
Total
285
-42.2
2.9
2.4
Densidad hab./ha 1814
Quillacollo
17582
25882
51326
78324
68908
104206
567
4.2
4.6
4.5
184
Sacaba
21989
24519
47429
92581
69418
117100
723
1.2
7.2
5.7
162
Tiquipaya
10309
11059
3033
26732
13342
37791
343*
0.8
23.5
11.2
110
2672
343
19528
41637
22200
41980
25
-22.2
8.2
6.9
1679
Colcapirhua Sipe Sipe
17922
28203
2033
3134
19955
31337
499
4.9
4.7
4.9
63
Vinto
11068
17309
9491
14180
20559
31489
211
4.8
4.3
4.6
149
Microregión
98571
107656
529389
773271
627960
880927
2654
1
4.1
3.7
332
Fuente: Municipio de Tiquipaya 2007. *La superficie que indica de 343 ha, se refiere a la zona urbana y de expansión urbana del valle de Tiquipaya. 6
Ledo (2006: 4 -6), en su estudio sobre la relación entre nivel de vida y acceso al agua en Tiquipaya, clasifica a las familias que denomina de “alto poder adquisitivo” como aquellas en las que sus miembros se ocupan de cargos “directivos” o “actividades no manuales”; mientras que en el sector con menos recursos están los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores agrícolas.
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Un estudio del Centro Agua muestra cómo se ha dado el proceso de urbanización en el Municipio en los últimos veinticinco años. Según Rocha e Iriarte, en 1983 el área del valle del Municipio de Tiquipaya se destinaba principalmente al uso agropecuario (81.5%), mientras que las áreas urbanas se limitaban sólo al centro urbano del pueblo de Tiquipaya, la zona de Ciudad del Niño y otras zonas aledañas a la ciudad de Cochabamba, llegando a cubrir sólo un 1,1% de la superficie. Para el año 2003, el área urbana había llegado a 564 ha, que representa el 17,9% del área estudiada; además de las 313 ha que se encontraban en transición de uso agropecuario a urbano. Gran parte del crecimiento urbano (la mayor parte) se debe al crecimiento de la ciudad de Cochabamba en mayor medida que al poblado de Tiquipaya, por lo que los nuevos asentamientos se localizan en la parte Este del valle (Rocha e Iriarte, 2006). Como consecuencia de la urbanización se produjo un cambio dramático en los sistemas de producción. La producción agropecuaria seguía siendo la actividad principal del uso de la tierra, aunque había descendido a 1987 ha: 60% del área de estudio. Prácticamente desapareció la categoría de producción lechera semi intensiva (2 a 3 cultivos al año) y se pasó a la producción lechera semitemporal (un cultivo al año). Si bien el área destinada a la pecuaria se ha incrementado de 34,4% en 1983 a 41,1% el 2003, la intensidad del uso de la tierra ha cambiado de semi intensiva a semi temporal. Por tanto, si bien se mantiene relativamente la superficie de uso pecuario, la intensidad ha disminuido. Esto implica que si en 1992 los productores lecheros podían tener hasta tres cosechas al año y cultivar pequeñas extensiones de papa y haba, en 2003 utilizan el agua de riego sólo para mantener el cultivo de alfalfa y realizar el riego de barbecho, asegurar una cosecha al año y en el mejor de los casos dos (año lluvioso) (Rocha e Iriarte, 2006: 65 – 66). La presión sobre los terrenos ha motivado su venta por parte de las familias de campesinos que se han incorporado así al 1. El Municipio de Tiquipaya •
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sector terciario de la economía (Bustamante, 1997: 90). El rol histórico de los poblados ubicados en el valle central fue la provisión de verduras y frutas para el desarrollo de la actividad de la ciudad. La urbanización se ha producido de una manera desordenada y carente de normativas; de ahí que las consecuencias son irreversibles debido al uso de tierras aptas para la producción agrícola y que actualmente sufren mortíferos golpes a su producción a causa de los problemas de carácter hídrico que atraviesa la región ubicada en el valle central (Ledo, 2006: 2). Como veremos más adelante, el proceso de urbanización en el valle de Tiquipaya tiene, como consecuencias, cambios en el uso de la tierra, en el uso del agua, en las actividades económicas de los pobladores, el abandono de la actividad agropecuaria -o por lo menos ésta pasa a ser una actividad económica complementaria para las familias. Estos cambios en el nivel socio económico traen consigo también transformaciones culturales importantes. Sin embargo, y aunque los originarios que se dedican a la actividad agrícola han visto la urbanización como una amenaza, también perciben que ella o la cercanía de centros urbanos representa ciertos beneficios como el acceso a servicios básicos, servicios educativos o la posibilidad de diversificación económica.
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La organización de los sistemas de riego Los campesinos quechuas del valle de Tiquipaya, a lo largo de varios siglos, han desarrollado complejos sistemas de organización en torno al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos destinados a la actividad agropecuaria, como hemos visto en el apartado anterior. En este apartado veremos cómo funcionan y se organizan estos sistemas de riego en la actualidad. 46 •
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Tiquipaya tiene una variedad de fuentes de agua: ríos, vertientes, lagunas y aguas subterráneas. El agua de las lagunas es utilizada para la agricultura en el valle (Quiroz, 2006: 24). Las fuentes de agua más importantes del área de estudio son: el río Khora, las lagunas Lagun Mayu, Sayt’u Khocha y Chankas que se encuentran en la cordillera; el canal de riego del Sistema Nacional de Riego Nº 1 y los pozos y vertientes del valle. Los usuarios están organizados en “sistemas de riego”. En Tiquipaya existen cinco sistemas de riego para el aprovechamiento del agua de las lagunas de la cordillera y pequeñas agrupaciones de usuarios de los pozos y vertientes. Los sistemas de riego son: Machu Mita, Lagun Mayu, Saytu Khocha, Chankas Montesillo, y Chankas Sirpita. El derecho de uso de la fuente corresponde a todos los miembros de cada uno de estos sistemas (Villarroel, 2007: 55-56). El sistema más importante en relación con el uso del agua de los ríos es Machu Mit’a, que usa el agua del río Khora. Es un sistema que data de la época colonial y funciona todo el año. Una parte del caudal se destina a la provisión de agua potable del “casco viejo” de la localidad de Tiquipaya. Tabla 2. Sistemas de riego de Tiquipaya Sistema de riego
Fuente
Machu Mit’a
Río Khora
Lagun Mayu
Laguna Lagun Mayu
Sayt’u Khocha
Laguna Sayt’u Khocha
Chankas Montecillo
Laguna Chankas
Chankas Sirpita
Laguna Chankas
Grupos de usuarios de vertientes
Vertientes
Fuente: Villarroel, 2007: 56.
El sistema de mit’as aprovecha el caudal permanente de vertientes de los ríos, con caudales variables de acuerdo a la época y sometidos a un sistema de distribución de acuerdo a los usos y costumbres. Para la distribución de la mit´a existe un rol anual fijo e invariable según el cual cada propietario de asignación 1. El Municipio de Tiquipaya •
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recoge agua de la bocatoma y la conduce hasta el área de riego. La organización de la mit’a fue establecida, desde épocas prehispánicas, por los pueblos asentados en la región y, posteriormente durante el período colonial, en varias revisitas. En este sentido, la actual distribución de los derechos de uso de las aguas de mit’a tiene como origen antecedentes precoloniales, coloniales y republicanos (Municipio de Tiquipaya, 2007). Los sistemas de largadas de las lagunas más importantes son Lagun Mayu, Sayt’u Khocha, Chankas Montesillo, y Chankas Sirpita. Además, se tienen dos sistemas más pequeños que son: San Ignacio, Totora y Paso Apacheta. Estos sistemas operan a través de un rol de largadas, con frecuencias de apertura y cierre de compuertas ya establecidas. El número de largadas y fechas de inicio están predeterminadas por la organización de regantes en función del volumen de agua embalsada en los reservorios, estado de los cultivos, el tiempo que dura cada largada. La distribución de agua a las asignaciones o suyus para cada largada es responsabilidad del directorio de cada sistema. Se establece para cada una de las asignaciones -que son grupos más pequeños de usuarios- un determinado tiempo de riego de acuerdo a los usos y costumbres de cada sistema. La distribución de agua dentro las asignaciones o suyus es responsabilidad de los usuarios, y es variable (Municipio de Tiquipaya, 2007). Las organizaciones de los sistemas de riego están en función a las acciones de operación y mantenimiento. Los directorios están conformados de la siguiente forma: Presidente, Vicepresidente, Secretario de Actas, Tesorero, Representantes de las Asignaciones, (suyus) y un tomero7. La gestión de los directorios tiene una duración de dos años y las elecciones se 7
El tomero desempeña funciones de entrega y repartición de agua en la Bocatoma mediante recibo de pago de cuotas y de acuerdo a sus derechos de turno de agua.
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realizan antes de iniciar el periodo de riego. Los miembros de los directorios son elegidos en Asamblea General de Socios de cada uno de los sistemas de riego. Los directorios se responsabilizan de entregar el agua a los usuarios en la bocatoma, programar y coordinar los trabajos de mantenimiento del sistema, convocar a asambleas de usuarios para coordinar las fechas de largadas, informar a los socios, rendir cuentas, etc. También están entre sus funciones participar en las reuniones de coordinación con otros sistemas de riego, representar al sistema ante la ASIRTIC, hacer respetar los usos y costumbres de los sistemas de riego y realizar convenios con otras instituciones en temas referidos al agua y riego. La organización, a nivel de asignaciones o suyus, tiene la función de recaudar dinero para el pago por uso de agua al sistema, coordinar la distribución dentro las asignaciones, informar a los usuarios algunas determinaciones que se toman a nivel de sistema, sancionar a los usuarios que incumplen con obligaciones en trabajos de mantenimiento, cuotas, etcétera. El mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de riego se realiza tanto en la zona de captación como en la zona de riego. Los trabajos de mantenimiento de la infraestructura existente en la zona de captación se realizan después del periodo de operación; es decir, en cuanto terminan las largadas. Estos trabajos consisten en la limpieza y reparación de los canales de aducción, válvulas y compuertas, además de otros trabajos de emergencia. Es responsabilidad de la directiva de cada sistema la realización de estas actividades; y son delegadas, generalmente, a personal contratado. Los trabajos de limpieza y reparación de canales y bocatomas (lark´a pichay) se realizan en dos épocas del año. Estos trabajos se llevan a cabo en coordinación con los otros sistemas de riego de la zona que también utilizan los mismos canales. Para una coordinación entre sistemas se creó la ASIRTIC en 1993. El objetivo principal de esta organización es representar y coordinar esfuerzos para promover el fortalecimiento y la autogestión de la organización de riego, el mejoramiento de la 1. El Municipio de Tiquipaya •
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infraestructura de captación y distribución, la conservación de áreas agrícolas y todas las actividades tendientes a viabilizar un óptimo aprovechamiento de los recursos hídricos y preservar el medio ambiente (Quiroz, 2006: 32). La ASIRITIC pertenece, junto a otras setenta organizaciones de regantes, a la Federación Departamental de Regantes de Cochabamba (FEDECOR), organizada según cuencas.
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1.5. Los comités de agua Los procesos de urbanización anteriormente descritos fueron generando nuevas necesidades en torno a los recursos hídricos. La creciente urbanización trajo consigo una mayor demanda de agua para consumo humano y los migrantes quechuas y aymaras han adecuado la cultura organizativa de sus comunidades de origen para adaptarse al nuevo contexto urbano. De esta manera, desarrollaron una serie de estrategias organizativas para el aprovisionamiento de agua por cañería de red. En la zona de estudio funcionan 37 sistemas de agua. Se trata de sistemas más bien precarios que resuelven temporalmente el problema de provisión. Los comités de agua satisfacen la demanda de más o menos 30 mil habitantes, y quienes no cuentan con este servicio se proveen de agua de las cisternas (distribuidores particulares)8. En cuanto a su administración, los comités son de dos tipos: los que son manejados por la OTB y los que funcionan de forma independiente a la misma. Reciben distintas denominaciones: cooperativas, asociaciones, comités o sindicatos, que en la práctica tienen características similares. La tarifa que se cobra por el acceso al servicio -para hacerse socio de un comité- es de 375 dólares promedio; lo cual restringe el acceso a muchas familias. Otra característica de estas organizaciones tiene que ver con la variabilidad de la tarifa por el servicio, que depende de las horas de suministro y de la 8
A este respecto se puede consultar los trabajos de Faysse, 2007; Ledo, 2006: 5 y Quiroz, 2006.
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cantidad y calidad del agua. Existen comités que cobran una tarifa fija por mes (37%), una tarifa de acuerdo al volumen consumido (50%) o una tarifa fija más una variable (Quiroz, 2006: 35). Los comités de agua se aprovisionan de diferentes tipos de fuentes: más del 70% se aprovisiona de agua de pozos profundos, 7% de vertientes, un 18% cuenta con bocatomas de ríos y 25% tiene uno o más tajamares (Quiroz, 2006: 34). En el caso de la explotación de aguas subterráneas, los comités de agua se encargan de la perforación de los pozos y de esta manera adquieren automáticamente el derecho sobre la fuente. Existen convenios con organizaciones de regantes cuando se trata de aguas superficiales. Sin embargo, como veremos más adelante, la disputa por el recurso ha traído no pocos conflictos entre los comités de agua y los regantes. La característica fundamental de estos comités es su carácter autogestionario. La construcción de la infraestructura, el acceso a las fuentes, la administración del sistema y los procesos técnicos están en manos de los socios. Así lo manifiesta uno de los entrevistados: Somos cuatro OTB que estamos en COMAHAPA, Comité de agua potable Hermógenes Aguilar. Tenemos una directiva que ven el tema del agua, los cobros. Somos completamente autónomos, nada que ver la alcaldía, ni la prefectura, nada que ver nadie si no nosotros somos los que estamos siempre presentes en eso (Entrevista a F. S., OTB Miraflores).
Como lo muestra este testimonio, la directiva del comité es la que se encarga de los cobros de las tarifas de agua y de todos los aspectos relacionados a cada sistema de agua, cuidando que las instancias públicas como la Alcaldía o la Prefectura no tengan intervención en la provisión del servicio. 1. El Municipio de Tiquipaya •
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Los directorios de los comités de agua normalmente son elegidos anualmente y trabajan ad honorem. Las asambleas de usuarios son los espacios en los que el directorio informa acerca de los trabajos de mantenimiento o mejoras en el sistema y también donde se toman las decisiones. Mediante reuniones se aprueba cualquier cosa para que no tengamos malos entendidos. Por ejemplo, si algunos piden acción y eso se tiene que aprobar mediante la reunión, mediante el acta, para que ese dinero que estamos vendiendo la acción no se pierda, que sirva para hacer un nuevo pozo, un tanque. Al mes casi algunos pagan siete, ocho pesos. Todo decidimos en asamblea, al menos desde que yo soy presidente, antes se lo habían malgastado el dinero. (Entrevista a A. M., OTB Villa Esperanza).
El espacio de las asambleas y la participación de los vecinos son fundamentales para el funcionamiento de los comités. En estas asambleas se tratan todo tipo de asuntos: desde la perforación de un nuevo pozo, hasta el monto de las sanciones por inasistencia o la aprobación de la incorporación de un nuevo socio en el sistema. La autogestión del servicio es percibida por los vecinos como un aspecto positivo ya que les permite controlar las fuentes, la mayor o menor calidad del servicio, y sobre todo las tarifas. Es un sistema de la comunidad. Es por eso que las tarifas son económicas y es por eso que cuando hay trabajos tienen que ir todos. Cuando no asisten tienen su sanción, un día de jornal que tiene que pagar, porque no puede ser que unos nomás se sacrifiquen. (Entrevista a P. A., Comité de agua potable Chilimarca Trojes).
La participación de los vecinos en las asambleas y trabajos comunitarios es importante para mantener el servicio. Los trabajos comunitarios permiten mantener y mejorar los sistemas, también rebajar los costos de operación de tal manera que las tarifas no se incrementen. Los comités de agua autogestionan el servicio con los propios recursos y el trabajo de los usuarios. En este sentido, cualquier intervención de las autoridades estatales, en particular del Municipio, es vista con susceptibilidad, pues a la larga 52 •
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podría afectar el control que se tiene sobre las fuentes, la infraestructura y las tarifas. Nuestro comité es netamente particular, ninguna institución no nos ayuda. Cualquier necesidad que tenemos en nuestro sistema hacemos nuestro aporte. Nosotros mantenemos nuestra red con nuestros recursos y no queremos pedir ayuda a la Alcaldía porque a lo mejor si nos ayuda van a querer apropiarse de nuestra red. (Entrevista a A.C., Comité de agua potable Kanarrancho).
Si bien la autogestión es una salida efectiva y a corto plazo para la solución del problema de la provisión del servicio de agua domiciliaria, en el fondo libera a las instancias estatales de una obligación fundamental: garantizar los servicios básicos a la población. Carga sobre las espaldas, sobre la economía de los propios vecinos, esta obligación y no es una alternativa que pueda ofrecer una respuesta integral, regional y a largo plazo al tema de la provisión de servicios básicos. Asimismo, como veremos en los capítulos siguientes, la autogestión genera en muchos casos la fragmentación organizativa, dando lugar a una situación de alta conflictividad en torno al uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y dificultando la gestión integral del agua.
1. El Municipio de Tiquipaya •
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2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos
En este apartado presentaremos la diversidad de conflictos que se dan en torno a la gestión del agua y los modos de solucionarlos que los campesinos quechuas originarios de la zona han desarrollado de acuerdo a sus “usos y costumbres”. En la zona de los valles, en particular en el departamento de Cochabamba, que tiene la mayor superficie bajo riego del país, el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos generaron sistemas organizativos propios que, a su vez, desarrollaron sus también propios modos de resolución de conflictos; pues, como afirma Antezana, “la gestión del agua es la gestión de conflictos” (2007: 11). En relación a un recurso como el agua siempre existen potenciales conflictos inherentes a la vida social y a la gestión de los recursos. En las comunidades campesinas, la mayoría de los conflictos son solucionados por los usos y costumbres. En estos casos, los conflictos constituyen una forma de revitalizar las normas existentes o contribuyen al surgimiento de otras nuevas, “de manera que se conforme un sistema de mediación de intereses vigilado por autoridades y organismos propios” (Bustamante, 1995: 158). Sin embargo, el problema de fondo en el tema del aprovechamiento de los recursos hídricos no es tanto la escasez del recurso sino el acceso al mismo. Las inequidades en el acceso 54 •
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al agua traen consigo conflictos que no siempre se dan entre iguales; son los sectores más desfavorecidos los que tienen mayores limitaciones en el acceso y aprovechamiento de este recurso. El conflicto es asumido desde las organizaciones, a partir de la acción colectiva, para hacer frente o resistir ante un actor con mayor poder (Antezana, 2007: 11). Los conflictos que surgen en la competencia por los recursos hídricos tienen diversas causas. Las serias inequidades en el acceso al agua se deben en gran medida a la ausencia de un marco institucional y jurídico que permita normar los múltiples usos del agua9 y facilitar su acceso equitativo a la población. Otra de las causas de los conflictos es la creciente presión que las comunidades campesinas están enfrentando sobre sus territorios y recursos, en particular sobre los recursos hídricos. Las presiones se están dando por el crecimiento de la urbanización y, a causa de ello, la mayor demanda de agua para consumo humano. Los conflictos se manifiestan de distintas maneras: acciones directas, acciones legales, espacios de negociación, etc.; y en distintos niveles: entre comunidades, municipios, entre regantes, entre comités de agua potable y regantes, entre usuarios e industrias, etc. (Antezana, 2007: 12). Cada uno de estos tipos de conflicto tiene diversas causas y los modos de solución van desde las instancias comunitarias hasta los litigios en los tribunales. En este apartado haremos una caracterización de esta diversidad de conflictos y sus modos de solución, así como un análisis de los alcances y limitaciones de los “usos y costumbres”. Una distinción que es de mucha utilidad para analizar los tipos de conflictos en torno a la gestión de recursos hídricos es la que hace Bustamante entre conflictos de hecho y conflictos de derecho (1995: 58). Los conflictos de hecho son aquellos que “pueden surgir en la operación y mantenimiento del sistema, así como sobre 9
El agua tiene tres usos principales: riego, consumo humano y uso industrial. La regulación vigente está limitada a normativas sectoriales. Tenemos una ley de agua potable y alcantarillado por un lado, la ley de riego por el otro, pero sin una ley de aguas general que contemple de manera integral estos múltiples usos. 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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el uso y aprovechamiento del agua”. Estos conflictos son más bien de tipo administrativo y se dan al interior de los sistemas de riego. Se trata mayormente de casos de “robos” de agua, inasistencia a trabajos comunales, mantenimiento de los sistemas, etc. (Bustamante, 1995: 159). Los conflictos de derecho se refieren a las disputas en cuanto al uso y aprovechamiento de fuentes de agua y a derechos en el sistema. Los conflictos de derecho pueden ir desde peleas entre usuarios del sistema, conflictos entre sistemas de riegos, entre comunidades, hasta conflictos con el Estado (Bustamante, 1995: 159).
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2.1. Los “usos y costumbres” Los sistemas de riego se organizan, administran, controlan y operan gracias a los “usos y costumbres”. En este apartado veremos a qué se hace referencia cuando escuchamos hablar de estas ideas. Los usos y costumbres se operativizan y actualizan en tres ámbitos de la gestión de los recursos hídricos: en el ámbito organizativo, en los procesos técnicos -captación y distribución del recurso-, y en la resolución de conflictos -principalmente cuando se trata de conflictos de hecho. En nuestro caso, el ámbito organizativo y de procesos técnicos que son regidos por los usos y costumbres están descritos en el apartado de “Los sistemas de riego” del capítulo 1 de este trabajo. En cuanto a la práctica de usos y costumbres en la resolución de conflictos, se verá, en el apartado: “la resolución de los conflictos por el uso y aprovechamiento del agua”, que está a continuación, la forma en que se aplican en la gestión de 56 •
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los recursos hídricos y en los conflictos de hecho y de derecho que surgen. En este apartado nos interesa hacer énfasis en una definición de “usos y costumbres” que atiende al carácter ético más que al normativo de los mismos. Esto para comprender este concepto en una dimensión más amplia. La gestión del agua en los valles ha estado en manos de las comunidades locales ante la total ausencia del Estado en este tema. La gestión del agua, además de los procesos técnicos, implica una compleja interacción social entre los actores. En esta interacción se fueron desarrollando lo que podríamos definir como los “usos”; esto es, una serie de prácticas, normas y usos técnicos. En la medida que estas prácticas, normas y usos técnicos son aceptados, reproducidos y transmitidos por el conjunto de los actores involucrados en la interacción, se convierten en “costumbres”. Es evidente que para que un uso, norma o práctica sea asumida como costumbre debe ser reproducida y transmitida en un determinado periodo de tiempo. De esta manera, esa suerte de “fuerza de ley” que adquieren los “usos y costumbres” se sustenta tanto en su actualidad como en su tradición: “con los riegos tenemos suficiente agua, de Lagun Mayu, otros de Machu Mit’a. Lo que falta es cooperación del sector productivo para que haya un manejo de riego, manejamos según a como sabemos desde antes” (Entrevista a R.O., Sindicato agrario Putucu Norte). El entrevistado expresa un elemento legitimador de los usos y costumbres: la tradición. Al decir “desde antes”, se apela precisamente a la antigüedad y tradición de las prácticas, “según a como sabemos”, para legitimarlas. En los estudios acerca de usos y costumbres, autores como Antezana afirman que “el mayor problema es que no se sabe exactamente en qué consisten” porque hacen referencia a una gran variedad de prácticas que van cambiando en función de la presión sobre el recurso (Antezana, 2007: 23). Precisamente, de este carácter indefinido de los usos y costumbres nos dan cuenta otras investigaciones sobre el tema. Canedo (2003), en un estudio acerca del reconocimiento oficial de la elección de 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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autoridades municipales por usos y costumbres en Oaxaca (México), entra en este conjunto. Si bien la misma normativa oficial del Estado de Oaxaca reconoce los usos y costumbres para la elección de autoridades, la misma normativa omite una definición de los mismos: En primer lugar, cabe señalar que cuando hablamos de usos y costumbres lo primero que aflora es el desacuerdo o ambivalencia en la concepción de lo que se entiende por usos y costumbres. En la misma Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, sólo se habla de usos y costumbres sin especificar qué es lo que se entiende por dicha acepción, provocando inconformidades y malos entendidos (Canedo, 2003: 164).
El problema no está en que “no se sabe qué son” los usos y costumbres, sino en nuestro intento por definirlos. Podemos decir que, precisamente, su indefinición no es su defecto, más bien su virtud. Los usos y costumbres tienen la característica de no ser precisamente un conjunto de normas o reglamentos de aplicabilidad universal. Se trata más bien de criterios que posibilitan la interacción de los sujetos que las aceptan y practican. Criterios que, en el caso de la gestión del agua, se aplican a los derechos sobre la fuente del agua y la distribución del recurso: “nosotros como tenemos usos y costumbres es como si fuera de nosotros el río. El río nos partimos, pero el nuevo no tiene ese derecho”. (Entrevista a A. Z. Sindicato agrario Los Molinos). Se apela a los usos y costumbres de la comunidad para sostener su derecho sobre la fuente: “como si fuera de nosotros el río”. La repartición de las aguas de esta fuente se realiza entre los miembros “antiguos” de la comunidad; mientras que si alguien adquiere un terreno en ella, “el nuevo” no tiene derechos sobre el río o las fuentes. También en el caso del mantenimiento y operación de los canales de riego rigen los usos y costumbres. Aparte del sindicato tenemos una organización de regantes. Nosotros respetamos ese reglamento, lo que dice en el acta o los estatutos, los usos y costumbres. Si digamos alguien cierra el canal 58 •
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o la apertura, todos los vecinos abrimos el canal o la calle o al vecino le decimos que acate y el vecino no tiene otra que cumplir. (Entrevista a R.O. Sindicato Agrario Putucu Norte).
En la entrevista transcrita se expresa la forma en que los vecinos, especialmente quienes llegan al sindicato agrario como “urbanos”, deben acatar las normas que establece la comunidad en lo referido al respeto del curso de los canales de riego, de modo que la apertura de calles o el amurallado de los lotes no afecte a las prácticas y normas establecidas por la comunidad: “estos usos y costumbres tienen que respetarse, porque la urbanización cierra las acequias, calles vecinales. Que si esa acequia ha existido, se quede ahí, eso velamos como dirigentes” (Entrevista a A.V. OTB T’ika Khatu). Como ampliaremos más adelante, en los conflictos por el borrado de las acequias que aparecen en esta declaración, se apela al argumento de los usos y costumbres para hacer respetar el curso de los canales de riego. Habrá que decir que son numerosos los conflictos que ocurren por esta causa. Estos “criterios de acción”, sin embargo, se encuentran, si vale decirlo de esta forma, en la acción misma. Cuando preguntamos a los actores por los “usos y costumbres”, recibimos como respuesta una enumeración de prácticas a las que este concepto hace referencia. En algunos casos se alude la antigüedad de la infraestructura hidráulica de la comunidad, el manejo de la misma, aunque no hay algo que diga a qué se refiere: “usos y costumbres son aquellos de los canales, de hace años, décadas. Es establecido por costumbre, no hay algo que diga a qué se refiere. Normalmente se refiere a las mitas, largas”10 (Entrevista a L.A. OTB Kanarrancho). En otros casos se hace referencia al derecho de las comunidades a mantener los canales de riego y sus “servidumbres”: el espacio que debe estar disponible a ambos lados de los canales para su mantenimiento, frente al avance urbano que los afecta: 10
Las “mitas” o “mit’as” y “largas” o “largadas” hacen referencia a distintas formas de distribución de agua.
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Usos y costumbres son que en acequias que ya están hechas ya no se puede tapar. Se debe dejar un espacio a los lados de la acequia para que circule la gente. De mucha gente está pasando por la mitad de su terreno y quieren tapar la acequia. (Entrevista a A. M. OTB Villa Esperanza.)
La comprensión de lo que estas ideas abarcan toca también el aspecto normativo y sus castigos, como en el caso de multas o sanciones que se imponen a los miembros de la comunidad en caso de inasistencia a reuniones o trabajos comunales: “entre los vecinos participan, tenemos estatutos en la cual tenemos sanciones, multas y por no pagar multas, tienen que asistir” (Entrevista a R.O. Sindicato agrario Putucu Norte). Sin embargo, vamos más profundo: los usos y costumbres no son las prácticas mismas, ni una normatividad que las regula -aunque se los entienda como un cierto tipo de “derecho consuetudinario local” (Bustamante, 1995: 130-131)-, sino los criterios que rigen esas prácticas. Estos criterios no hacen referencia a un conjunto estático y rígido de reglas previamente establecidas, sino a valores que tienen que ver con la búsqueda de lo que para el grupo o la comunidad se considera una “vida buena” (ética comunitaria)11. De aquí que los usos y costumbres tienen una dimensión eminentemente ética y no estrictamente normativa (moral)12. Su referente no es el pasado, más bien la visión apunta a futuro. La trasgresión a los usos y costumbres es desaprobada no porque el trasgresor vaya en contra la norma sino porque va en contra de los valores del grupo. 11
Gabriela Canedo, en el contexto del estudio del reconocimiento de la elección de autoridades municipales por usos y costumbres en el Estado de Oaxaca, afirma que una de las características fundamentales de los usos y costumbres es la flexibilidad, no se apegan a una norma que por estar escrita es de por sí estática, tampoco la flexibilidad implica que se trate de prácticas azarosas. El horizonte de los “usos y costumbres” es la reproducción de la comunidad (Canedo 2003: 202) 12 Retomamos aquí la distinción entre ética y moral de Habermas: “Denomino ‘éticas’ todas las cuestiones que se refieren a concepciones de la vida buena o de la vida no malograda. Las cuestiones éticas no pueden ser juzgadas bajo el punto de vista ‘moral’ de si algo es ‘bueno de igual manera para todos’; el enjuiciamiento imparcial de estas cuestiones se ajusta más bien en base a valoraciones fuertes, a la autocomprensión y al proyecto de vida perspectivista de grupos particulares, esto es, se ajusta a lo que desde su perspectiva, teniendo en cuenta la totalidad, ‘es bueno para nosotros’” (Habermas, 1999: 203)
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Esta perspectiva permite una comprensión más adecuada del tema, de manera de no reducir un concepto tan rico y polisémico a una mera normativa local, consetudinaria o comunitaria. De esta manera, también la comprensión de los modos originarios de resolución de conflictos, en los que intervienen los “usos y costumbres”, debe desarrollarse en toda su complejidad y no solamente como una forma particular de aplicación de normas curiosas, exóticas u originarias.
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2.2. La resolución de los conflictos por el uso y aprovechamiento del agua Para abordar los modos de resolución de conflictos que surgen por el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será necesario tener en cuenta la distinción entre conflictos “de hecho” y conflictos “de derecho” -presentada líneas arriba. Esto debido a que el carácter, causas, alcances del conflicto y los actores involucrados determinarán los criterios, instancias y mecanismos que hagan posible su eventual resolución.
La gestión de conflictos de hecho. El robo de aguas Los conflictos “de hecho” que surgen en el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos son los más comunes y extendidos. En este ámbito es donde entran en juego los criterios y las prácticas aceptadas, reproducidas y transmitidas que hemos denominado “usos y costumbres”. El conflicto más común en la gestión del agua es el denominado “robo de aguas”, y consiste en que uno de los usuarios aprovecha la totalidad o parte del caudal fuera de su turno, o abusando del turno que le corresponde, en perjuicio de otro u otros usuarios. En este caso, los actores que intervienen son los mismos usuarios de los sistemas de riego. En las entrevistas realizadas y en la revisión de la documentación se ha constatado 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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que el robo de aguas es una de las principales causas de conflicto entre regantes. Como los mismos regantes son los encargados del manejo del sistema, en muchos casos se dan abusos o se escatiman los tiempos de riego de unos y otros usuarios. Así lo refleja uno de los testimonios rescatados en un taller organizado por Peirav13 en 1994: Entre los usuarios también hay problemas. Algunos adelantan su turno o en su turno incrementan el caudal “otros sin ni siquiera se cumplió la hora ya se lo tapan, por aprovechar un poco más el agua, o sino lo tapan más cantidad el agua”.En torno a los conflictos entre usuarios de arriba y de abajo, los de arriba no tienen mit’as y se lo “roban” el agua (Peirav, 1994: 21).
El robo de aguas, como vemos, consiste en adelantar el propio turno, en perjuicio del que está regando; aumentar el caudal, en caso de que éste sea compartido con otro regante o simplemente aprovechar un determinado caudal sin tener el turno respectivo. El testimonio dice “los de arriba no tienen mit’as y roban el agua”. Esta situación está ocurriendo porque debido al cambio climático ciertas tierras que hasta hace poco no eran cultivables por la altura en que se encontraban, actualmente pueden ser cultivadas bajo riego, con la consecuente demanda de agua para este fin. Uno de los entrevistados manifiesta que la distribución del agua es causa de conflicto entre vecinos debido a la escasez de este recurso en la zona. En cuanto al riego, Kanarrancho recibe agua del sistema Lagun Mayu, tiene mit’as. Pero no es mucho, son turnos de una vez al mes. Esta agua solamente riegan a pocos vecinos. Nosotros agarramos del Lorenzo Aguilar que es un turno de riego, nos dan cuatro, cinco hasta seis horas, eso nos sirve para cultivar nuestros cultivos anuales. Esos cultivos se riegan. Se sufre bastante de agua. Los vecinos discrepamos porque el agua no nos ha 13
Peirav es una institución dependiente de la UMSS (Universidad Mayor de San Simón), que trabajó especialmente con los regantes y su organización en los valles de Cochabamba. Rescatamos uno de los documentos publicados por esta institución debido a la riqueza de los testimonios en cuanto a los regantes y su organización.
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alcanzado, ‘vos te lo has agarrado’ [decimos], ese es el problema. Se discrepan a eso (Entrevista a L.A. OTB Kanarrancho).
La disputa por el agua es la causa de las “discrepancias” entre vecinos, a la vez que genera malestar en la comunidad. Por lo mismo, estos conflictos se resuelven con celeridad en las instancias internas de cada comunidad, sindicato o sistema de riego, según sea el caso. Los regantes en conflicto por el robo de aguas acuden al Juez de Aguas de la comunidad. El cargo de Juez de Aguas forma parte de la estructura organizativa de las comunidades agrarias que cuentan con un sistema de riego. Periódicamente, generalmente cada año, uno de los miembros de la comunidad es elegido para ejercer este cargo. Si una comunidad tiene Juez de Aguas, éste fue elegido por los miembros de la misma. En el caso de los Jueces de Aguas de sistemas de riego que comprenden varias comunidades, la elección se realiza en una asamblea a la que asisten delegados de las comunidades en cuestión. El Juez de Aguas es, en primera instancia, el responsable de la distribución de agua en todo el sistema de riego en función a los patrones de distribución establecidos. Entrega “recibos” que indican el día y la hora del turno de cada comunidad. Otra de sus funciones preponderantes es la atención de los casos de conflicto entre usuarios o comunidades y viabilizar su solución. El Juez de Aguas es un cargo al interior de los sistemas de riego. El título de “juez”, al parecer proviene de la época colonial, pues en Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala (en el epígrafe citado al inicio de este trabajo) encontramos el denominativo de “Juez de acequias” para nombrar al responsable del cuidado de la infraestructura de los sistemas hidráulicos. En el contexto actual el título de “juez” responde más bien a una tradición heredada en los sistemas de riego y de ninguna manera tiene que ver con el sistema judicial nacional. En la entrevista a continuación se manifiesta que el robo de aguas está prohibido y es sancionado de acuerdo a los usos y costumbres. 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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En cuanto a usos y costumbres, en cuestión de riego, tienes que asistir a los diferentes trabajos, no tienes que robar el agua. Ahora si estás plantando flor, para eso sí hay para dar una chorrerita para que plantes […] Cuando hay larga no roban, todos tienen. No hay necesidad de robar. En las mitas a veces te roban. Tienes que ir con el juez de aguas y arreglamos así, conversando. Vamos a inspeccionar, “mi planta se está secando” [dicen], “por qué robas, por qué no pides”, le decimos así. A veces hay necesidad, tu planta se está muriendo, qué vas a hacer. Tienes que pedir. Ahora no te quiere dar, entonces ya le conoces, esa persona no me va a dar, entonces se roban. Entonces, dicen: vamos a inspeccionar y solucionamos. No roban mucho. (Entrevista a Z.S. Sindicato agrario Chilimarca).
El testimonio señalado nos muestra los siguientes elementos: en primer lugar, la flexibilidad en cuanto a los usos y costumbres. Cuando uno de los miembros de la comunidad tiene necesidad de algo de agua “extra” porque está plantando flores, por ejemplo, le dan “una chorerita” de agua. En otros casos, cuando las plantas se están muriendo, el afectado tiene que acudir a otra persona para que le permita llevar a sus cultivos algo de agua extra, “tienes que pedir”, dice el entrevistado. Pero si se prevé que no va a obtener ese favor de las otras personas, entonces se ven obligados a “robar” el agua. En segundo lugar, se puede señalar que la resolución del conflicto se da mediante el diálogo, y la sanción en muchos casos no pasa de una reprimenda al infractor. El infractor argumenta que ha cometido esta falta por la extrema necesidad de agua: “mi planta se está secando”, dicen. Las autoridades comunales inmediatamente van a inspeccionar y reprenden al infractor: “¡por qué robas, por qué no pides!”, para después buscar una solución al conflicto. Los conflictos como el robo de aguas, atendidos en instancias comunitarias, se resuelven imponiendo una sanción que consiste en resarcir el daño causado, pagar una multa o una reprimenda de parte de la autoridad encargada -sea en privado o en la asamblea: 64 •
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A los que roban agua, según el expositor, se lo amonesta: “Nosotros le hablamos nomás que lo vamos a castigar, pero no tenemos ningún reglamento, no tenemos ningún mecanismo jurídico, ‘si haces esto, esto te vamos a hacer, para decirles, no hay, sólo de boca hacemos parar” (Peirav 1994: 22)
Como se dijo anteriormente, los usos y costumbres consisten más bien en criterios de acción y no son un reglamento o mecanismo jurídico que implique una determinada sanción en cada caso particular. La solución del conflicto pasa más bien por el diálogo, la reprimenda y la disuasión: “nosotros le hablamos nomás que lo vamos a castigar” dice el testimonio, pero “no tenemos ningún reglamento”. Uno de los entrevistados señala que la reprimenda y la amenaza de multa son elementos de disuasión que se utilizan en la comunidad cuando se dan casos de robo de aguas: “como vecinos, por no pelearnos, en el robo de agua le hacemos una llamada de atención, le decimos que tiene que pagar pero no cobramos, pero es para tener miedo” (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos). Es esta flexibilidad la que permite atenuar las tensiones que surgen de este tipo de conflictos y viabilizar no sólo la solución de los mismos sino la convivencia entre los miembros de la comunidad. De lo que se trata es de evitar la pelea o la confrontación abierta que a la larga puede provocar otro tipo de tensiones. Se amenaza al infractor con una multa, por ejemplo, pero la sanción no llega a ejecutarse, “por no pelear”. En la mayoría de los casos, las sanciones se imponen mediante la suscripción de un documento de compromiso. Este documento tiene un valor simbólico por la solemnidad del acto en que se lo suscribe, pero también puede ser un instrumento legal en caso de que se llegue a instancias como la policía o juzgados (Bustamante, 1995: 161). Cuando el conflicto se resuelve en la instancia de la asamblea, el compromiso asumido por las partes figura en el Libro de Actas. En primer lugar yo trato de solucionar los problemas, les hago firmar un papel para que no vuelvan a ofenderse, bajo pena de una multa de 200 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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Bs. Pero si no hacen caso, para eso hay ASIRTIC, la federación de regantes. Pero mayormente yo trato de solucionar. Aceptan comprometerse a no ocasionar más problemas, ambos se cuidan, por no pagar la multa, porque no me van a pagar a mí, sino al corregidor de aguas (Entrevista a S.G. Juez de Aguas).
Así, el compromiso escrito implica la aceptación de la amenaza de sanción de parte del infractor en caso de reincidencia. En estos casos se acude a instancias extra comunitarias, como la ASIRTIC, para que sean éstas las que ejecuten las sanciones. Además de la disuasión o la amenaza, el que ha robado tiene que devolver el agua y de esta manera resarcir el daño causado: “con el agua igual, en su turno del que ha robado nos devuelve. Digamos que roban una hora esa hora devuelven. Otros a veces pagan unos diez pesos así. Ese rato se arregla porque no podemos pelearnos entre vecinos” (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos). El entrevistado manifiesta que la resolución del conflicto en estos casos debe darse con celeridad: “ese rato se arregla”. Y, nuevamente, la flexibilidad de los usos y costumbres tiene como criterio que las partes no se vean afectadas de manera que un conflicto de este tipo derive en tensiones a largo plazo en la comunidad: “no podemos pelearnos entre vecinos”. El siguiente testimonio recogido por el Peirav nos muestra que en otros casos, como el de los regantes de Tiraque, se apela al “Estatuto” para que el infractor pueda resarcir el daño ocasionado por el robo de aguas: “uno de los regantes de Tiraque manifestaba respecto al robo del agua ‘si hay un compañero si se lo tapa el agua, se hace cargo según el Estatuto qué cosa, cuenta, y tiene que pagar según el estatuto’; tiene que devolver según el caudal y el tiempo que ha perjudicado” (Peirav, 1994: 11). Cuando se dan casos de daños causados a los cultivos por los animales, igualmente se acude a las autoridades comunitarias que son las que determinan el daño causado para poder restituirlo en la misma especie14. 14
Uno de los entrevistados dijo lo siguiente: “en cuanto a los problemas que se presenta en el
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Respecto a las sanciones, los usos y costumbres funcionan con flexibilidad, siendo el criterio el resarcimiento y la restitución de la armonía comunitaria: Mientras que en los sindicatos, en las subcentrales damos castigo de trabajo en las comunidades. Si tiene culpa, en vez de encerrarle tiene que hacer veinte adobes, en vez de encerrarle. Si lo encerramos en vano lo estamos castigando, no hay provecho para la comunidad. Ahora para sacar plata, nos conocemos, el que comete más errores no tiene plata, tiene más hijos, no le podemos sacar plata, no paga, entonces le ponemos trabajos. Otros castigos son cortar el agua, pero con eso no le estamos dañando a él, le estamos dañando a toda su familia, porque su producción va a fallar, entonces eso velamos nosotros. (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos).
Este testimonio nos confirma una vez más la riqueza humana que está por medio en los criterios que rigen los usos y costumbres. El entrevistado nos muestra una interesante reflexión acerca de los infractores en la comunidad. Son precisamente los más necesitados quienes se ven en la necesidad de robar el agua, “el que no tiene plata, el que tiene más hijos y menos tierras”. Por tanto, la resolución del conflicto no pasa por la aplicación ciega de una sanción ante una falta. Los usos y costumbres no son, en este sentido, ni siquiera un tipo de “derecho consuetudinario” fundado en el pasado, sino un tipo de normativa que parte de la situación presente y se orienta hacia el futuro. Algunos elementos que debemos rescatar de todo lo dicho: primero, los conflictos se arreglan con celeridad, en aras de la convivencia pacífica: “ese rato se arregla, no podemos pelearnos entre vecinos”. Segundo, la resolución del conflicto pasa más por la restitución del daño causado que por la sanción al sindicato tenemos directiva. Tenemos secretario de deportes, de actas, de conflictos, todo eso. Entonces, el de conflictos tiene que saber calcular semilla de papa a cuanto de terreno se siembra y no siempre el animal come todo y tiene que ver si la papa está dando bien o está mal. El que tasa, el que calcula tiene que saber eso. No hay una regla. Porque sabemos cómo va a dar y si no se puede calcular, cuando se está cavando la papa calculamos el daño que se ha hecho y en papa se paga. También, por ejemplo, cuando los animales dañan sembradíos hacemos pagar semilla, a conciencia” Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos. 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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infractor. Tercero, “no hay una regla”, sino que la restitución del daño debe hacerse “a conciencia”. En estos tres elementos vemos reflejada la naturaleza ética, más que normativa y coercitiva, de los modos originarios de resolución de conflictos. Cuando se presenta el caso, la solución tiene como criterio el bien común, el “no pelear entre vecinos” y la sanción no tiene un carácter punitivo sino de “restitución”, para que no queden resentimientos que puedan afectar a la comunidad. La restitución no obedece a una normativa sino que debe hacerse “a conciencia”, en el ámbito de una colectividad donde todos se conocen; esto significa que es en la esfera de la intersubjetividad en la que se resuelve el conflicto, conversando. Decimos que la resolución de este tipo de conflictos está orientada a mantener cierta armonía en la convivencia porque es evidente que también en el ámbito comunitario se convive con tensiones surgidas de la desigualdad, las diferencias, las pugnas de poder, etc. La reflexión de uno de los entrevistados, que recogíamos líneas arriba, en sentido de que son precisamente los que más necesidades tienen los que ocasionan los conflictos de “robo” de aguas, nos muestra que al interior de las comunidades la convivencia “armónica” no quiere decir que se parte de una situación idílica de la comunidad igualitaria. Al contrario, supone un esfuerzo permanente por contener las tensiones latentes que están presentes entre individuos y grupo social, económica y políticamente desiguales. Precisamente es esta situación la que puede generar conflictos para los que el ámbito comunitario no sea suficiente y adecuado. Se acude entonces a “mediadores externos”. Los mediadores externos son convocados normalmente después que las instancias internas se han agotado: casos de reincidencia o aquellos en los que la solución del conflicto no haya sido satisfactoria para alguna de las partes. No es común que se acuda en primer lugar a estas instancias externas. En muchos casos, la comunidad acude a mediadores externos cuando el conflicto surge con personas recién llegadas o que no gozan de estima dentro de la comunidad (Bustamante, 1995: 158). 68 •
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Pero, ¿quiénes son estos mediadores externos? El problema es que no existe una instancia definida para la solución de conflictos entre usuarios del agua y quiénes sean convocados a mediar. Depende de las opciones de las partes en pugna, de la gravedad del conflicto, del tipo de conflicto, de los antecedentes y las prácticas de la comunidad. Las posibles instancias de mediación externa son las organizaciones supracomunitarias de regantes: la Central Sindical Campesina, instancias estatales como la Subprefectura, el Corregimiento, el Municipio y hasta la Policía. Uno de los testimonios recogidos por el Peirav nos muestra esta situación en la localidad de Vinto: También tenemos rateros de agua. Eso hasta ahora nunca hemos podido hacer respetar, arriba casi de dos o tres días hay que regar, nosotros traemos el agua de una semana o de dos semanas, entonces ellos ahí arriba se están regando y les hacemos llevar a la Policía, les hacemos llevar a la Central y todo. Pero allí ellos se niegan y se sublevan y nos dicen “nosotros también comemos, nosotros también tenemos hijos, por eso regamos, ahora ¿qué nos van a hacer?”, así nos contestan (Peirav, 1994: 25)
Aquí se acude a mediadores externos cuando el robo de aguas se da entre dos comunidades. En ese caso se recurre a instancias como la Central Campesina o la Policía. El testimonio muestra que los infractores, ante estas autoridades, argumentan que también tienen derecho a regar porque tienen necesidad de mantener a sus familias y el conflicto queda irresuelto. Sin embargo, instancias estatales como la policía difícilmente pueden viabilizar la solución de un conflicto de este tipo: “a veces de estas cosas llegamos a la policía. La policía no sabe de estas cosas. Usos y costumbres no sabe la policía. Multa sacan, de qué sacan, lo encierran a uno y en vano está ahí” (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos). El entrevistado manifiesta que la Policía no es un mediador idóneo en los conflictos de este tipo por el desconocimiento de la dinámica interna entre organizaciones campesinas y sus miembros; además de no tener competencia en estos temas. 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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Los mediadores externos tienen diversos roles en la solución de conflictos. El papel que juegan en estos casos depende de la gravedad del conflicto, de la instancia a la que se acude o de la relación que tienen las partes con el mediador. La principal dificultad para definir su papel radica precisamente en que estos eventuales mediadores externos no tienen una competencia definida para estos casos. Instancias como la policía juegan un papel más bien coercitivo. La Alcaldía, al no tener competencia en el tema de derechos sobre las aguas, puede jugar un papel de instancia mediadora, facilitar el diálogo, pero no pueden emitir fallos al respecto. Las centrales campesinas también juegan el papel de mediadores entre las partes, procurando que lleguen a acuerdos y que los mismos se cumplan. Su fuerza radica más bien en su autoridad moral y en el reconocimiento que puedan tener de las partes en conflicto; sin embargo no tienen jurisdicción para emitir fallos al respecto. Las instancias mencionadas fungen como mediadores, aunque esta función no necesariamente esté en el ámbito de sus competencias.
Gestión de conflictos de derecho sobre las fuentes Los conflictos de derecho sobre las fuentes surgen entre usuarios de un mismo sistema o entre comunidades o sistemas de riego. También son frecuentes los conflictos entre regantes y los comités de agua potable o la empresa SEMAPA. Analizaremos, en primer lugar, los conflictos de derecho que se dan entre usuarios de un sistema de agua; y en segundo lugar, los conflictos entre comunidades. Los conflictos entre regantes y comités de agua los veremos en el capítulo siguiente. Los conflictos de derecho entre usuarios de un sistema de riego surgen normalmente a raíz de las transferencias de derechos que se realizan, sea por sucesión hereditaria o por compra-venta de tierras y aguas. La transferencia de los derechos de agua depende del carácter de la transferencia de los terrenos. Normalmente, cuando 70 •
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se transfieren terrenos por sucesión hereditaria, también se transfieren los derechos de agua, aunque estos son divididos de acuerdo a la división que se hace del terreno. En otros casos, cuando una persona no hace uso de su derecho al agua porque temporal o definitivamente no está cultivando, el excedente se transfiere a otra zona agrícola, ya sea por un tiempo (venta de turno) o de manera definitiva (transferencia de derechos). Otra posibilidad es que el agua se quede en la laguna y sea reasignada por la organización a otros usuarios (Keetelaar, 2003: 13-14). Un miembro de la ASIRTIC manifiesta que cuando se venden las tierras, el agua se debe quedar para la organización y ser repartida entre otros miembros de ella que la necesitan para el riego: “ahora es prohibido vender los derechos de agua más. Los agricultores que venden su terreno entonces el agua se queda en la organización. Como es en herencia, el agua se queda para los hijos que no han vendido el terreno” (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC) Pese a que según las organizaciones de regantes está prohibida la venta de aguas, esta es una práctica común. Es precisamente la transferencia de terrenos y los derechos de agua la que ocasiona conflictos de derecho al interior de los sistemas. Se dan casos en los que aquellos que han vendido sus tierras mantienen sus derechos sobre el agua para venderla. Es un problema un tanto serio el del agua. ASIRTIC engloba a todos los regantes. Los propios vecinos de esta zona son miembros de ASIRTIC, y ellos son los que no están ordenando correctamente la distribución de agua que hay. Hay unos que tienen muchas horas de agua y no tienen a donde regar, y están empezando a vender, a cincuenta, sesenta bolivianos la hora. Eso es lo que la organización no está pudiendo solucionar. (Entrevista a L.A. OTB Kanarrancho).
La transferencia y la venta de aguas es una práctica común que, sin embargo, no está abiertamente permitida, por lo que las condiciones de estas transacciones son ambiguas e imprecisas. El tema de los derechos del agua y su transferencia es delicado y problemático. Si bien las organizaciones de regantes ven con preocupación que las aguas se transfieran a otras 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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zonas, incluso fuera de su jurisdicción, y que los derechos se vendan en un mercado de aguas, tampoco tienen una normativa clara para ser aplicada consistentemente en todos los casos (Keetelaar, 2003: 14). Con nuestra sabiduría hacemos los canales, con nuestra plata, con nuestros ingenieros, decimos a nuestros albañiles. De los “laguneros”, hay grupos cerrados, ellos no dejan entrar a nadie a cuenta del trabajo, sino por compra y venta de acciones, otros por necesidad lo venden sus acciones, por interés al dinero, los ricachones comprándose acciones ya se están adueñando de las lagunas (Peirav 1994: 17 – 18).
Este testimonio muestra que los derechos sobre el agua se fundan no sólo en la necesidad de su uso para riego, sino en la inversión que cada uno de los usuarios ha hecho para la construcción y mantenimiento de la infraestructura, tanto de toma como de distribución. Esta inversión da derecho, en algunos sistemas de riego, a cierto número de “acciones” -que se traducen en derecho sobre un determinado volumen de agua, medido en caudal y tiempo. De esta manera, quienes ya no necesitan agua sea por que no se dedican más a la actividad agrícola o por la venta de sus terrenos, reclaman sus derechos sobre sus acciones y el derecho de disponer comercialmente de ellas. Precisamente, los conflictos en este sentido surgen porque, si bien los usos y costumbres norman el funcionamiento “regular” de los sistemas de agua y su distribución, en los casos de venta de terrenos y posesión de los derechos de agua todavía no existe claridad en cuanto a qué hacer. Es claro desde el sentido común que quien no tiene terrenos para regar, tampoco debe tener derechos sobre las fuentes. El derecho sobre el agua sólo se justifica cuando el aprovechamiento de este recurso tiene fines productivos. Una vez que el usuario se ha deshecho de sus tierras no se justifica que pretenda seguir manteniendo derechos sobre el agua. Sin embargo, en la acción cotidiana misma prevalecen los intereses particulares, los intereses de grupo y familiares por sobre el derecho común sobre las aguas. 72 •
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Las sucesivas divisiones y transferencias de los derechos sobre el agua y la falta de un marco legal y normativo al respecto son la causa de los innumerables conflictos. Veamos algunos casos consignados en el Libro de Actas de ASIRTIC: Con respecto al caso de Esteban V. con Joaquín R. […] según Joaquín R. sólo le toca dos días y noches y según Estaban V. siempre ha usado cuatro días y cuatro noches, y solamente este año, el señor Joaquín R. quiere alterar los usos y costumbres, se deja un tiempo de espera para que ambas partes presenten documentación y testigos” (Agosto de 1994) En oficinas de ASIRTIC se hicieron presentes los señores Ricardo C. Mario R con el problema de solucionar sus derechos de agua que les corresponde de las mitas, con el nombre de la asignación A.C. y J.J., aguas de propiedad de Severino R, estas aguas pertenecían a la propiedad de Cuatro Esquinas en el sistema de turnos les toca cada veinte un días, los actuales usuarios propietarios no tienen muy bien claro la pertenencia actual de estas agua, y la persona que debe aclarar es el señor Rómulo R. a quien también se le notifica para aclarar este problema” (Marzo de 1994)
En estos casos, para la resolución de los conflictos se recurre a instancias externas, aunque también pueden resolverse de forma interna mediante acuerdos interpersonales, en las asambleas comunales o con la intervención de organizaciones campesinas (sindicatos, central, subcentral, etc.). La estructura de mediación de conflictos tiene diferentes niveles que van desde los arreglos interpersonales hasta la actuación de los organismos de Estado. Si un conflicto no se soluciona en un nivel, pasa al siguiente; aunque también es frecuente que se maneje el conflicto en niveles de forma paralela, por ejemplo ante la comunidad y al mismo tiempo en los juzgados (Bustamante, 1995: 159 – 160). Cuando surge un conflicto de derechos es que se apela a los “usos, costumbres y servidumbres” y se recurre a elementos de prueba documental y testimonial, tanto en instancias como ASIRTIC como en los juzgados. 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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Según consta en el Libro de Actas de ASIRTIC, en los casos de conflictos de derecho, las partes en conflicto deben presentar documentación y testigos para que esta instancia pueda emitir una resolución. Veamos uno de los casos: En Tiquipaya a horas 9:30 se hicieron presentes en la oficina de ASIRTIC los señores Mario R. y Ricardo C. para cumplir con el acta del día 27 de agosto del presente año, para que cada uno con documentación y testigos puedan justificar sus derechos que tienen sobre el agua de NN, al respecto se hace constar lo siguiente que: Ricardo C. no ha presentado ninguna documentación, que en forma verbal ha mencionado que va a hacer llegar estos días, y pide que Rómulo R. presente la documentación de la compra que ha realizado Ricardo C, se la ha pedido que en forma escrita haga llegar un informe sobre la venta del terreno y las aguas a Ricardo C, el señor Rómulo R. que no estuvo. El señor Mario R. ha presentado la siguiente documentación: a) Testimonio de división y partición a la sucesión hereditaria de los esposos Paulino R. y Gregoria O. entre sus tres hijos Ezequiel, Severino y Manuel… b) Documento privado de compra venta de agua Ezequiel R, Sabino R. venta a Saturnino A. c) Lista de distribución de Agustín C y J. J. M. Mario R. aclara a) Que le corresponde las aguas de Manuel R y de Ezequiel R b) A Ricardo C. le corresponde las aguas de Severino R. La presidencia realizará una revisión y una evaluación de los documentos para emitir un fallo… (Agosto de 1994).
Este caso nos habla de complejas transacciones y acuerdos que se han dado por sucesión hereditaria de terrenos, sucesión hereditaria de derechos de agua, partición tanto de tierras como de aguas, compra venta de aguas y tierras, una lista de distribución, etc. La ASIRTIC funge como mediadora del conflicto solicitando a ambas partes que presenten la documentación respectiva. Vemos que una de las partes presenta una serie de documentos de transferencia de tierras y de aguas. Muchas veces las 74 •
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transferencias de aguas se realizan de forma verbal, lo que a la larga también es causa de conflictos y se debe recurrir a testimonios orales para aclarar estas situaciones. Como el señalado, no son pocos los conflictos que surgen por la dinámica misma de los miembros de estos sistemas de riego. En estos casos, las partes en conflicto apelan a los “usos y costumbres” que constan en las “listas de distribución” o en la memoria colectiva de los eventuales testigos. En el caso de Tiquipaya, la instancia más importante para la resolución de eventuales conflictos entre comunidades o sistemas de riego es precisamente la ASIRTIC: “en ASIRTIC se soluciona los problemas en una reunión general que nos reunimos cada primer sábado de cada mes. Ahí hay abogados, ingenieros, profesores, empresarios, que son regantes también. Y se debe cumplir lo que ha determinado la asamblea” (Entrevista a S.G. Juez de Aguas). Según estatutos, esta organización atiende más bien los casos de conflictos entre usuarios de los sistemas. La secretaría de conflictos tiene la atribución de: Resolver todos los conflictos suscitados entre los usuarios de los diferentes sistemas respecto a las distribuciones, robo de agua o yaku calladas, mantenimiento de los canales, destrozo de compuertas y otros que van en contra de los intereses comunes de los usuarios (Art. 77).
Sin embargo, en caso de presentarse algún conflicto de derecho entre comunidades o sistemas de riego, será la Asamblea la instancia en que se trate y discuta el tema, teniendo siempre como criterio los “usos y costumbres”. Las organizaciones de riego y agua potable no logran por sí mismas crear instancias reconocidas que regulen el uso y aprovechamiento de aguas en el ámbito de las cuencas (Salazar, 1999: 82). De este modo, la producción de conflictos está en relación directa con la ausencia de instancias de resolución en los niveles supra sistemas o intercomunales. No existe una instancia definida a la que las comunidades u organizaciones puedan recurrir para resolver sus disputas. Se recurre a la Prefectura, 2. Resolución de conflictos en la gestión de recursos hídricos •
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sub Prefectura, al Municipio, al Juez de Aguas, Corregidor, etc. (Antezana, 2007: 24). Dado que estas instancias no tienen competencia en estos casos, su papel será más bien el de mediadores improvisados en los eventuales conflictos, por lo que la resolución de los mismos radicará finalmente en la capacidad de concertación, presión o movilización de las partes involucradas. En este contexto, el crecimiento urbano sobre las zonas agrícolas, para una parte importante de la población, es visto como una amenaza, ya que a la larga, la disminución de superficies bajo riego y la mayor demanda de agua para consumo humano ponen en riesgo todo el sistema organizativo, productivo y, sobre todo, sus derechos sobre las fuentes hídricas; por tanto su posibilidad de existencia misma como agricultores y regantes. En el siguiente apartado veremos cómo el proceso de creciente urbanización ha generado conflictos que están obligando a los mismos regantes a readecuaciones en sus formas organizativas.
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3. La creciente y conflictiva urbanización
Sin duda el tema es complejo: Es un problema en cadena que viene. La urbanización nos trae que nos cierran las acequias, los canales se pierden, lo amurallan las acequias y por ende al vecino que le han cerrado el canal necesariamente tiene que deshacerse del terreno o tiene que hacer casa, es una cadena de problema que trae. El agricultor como ya no le dejan pasar el agua todo un problema es para regar. Entonces si los papás se resisten, los hijos con más tranquilidad lo venden. (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC)
Los procesos de urbanización en los valles, descritos líneas arriba, están dando lugar a importantes cambios en la economía, la producción, el uso de la tierra, el uso y aprovechamiento del recurso agua. Estos cambios generan un nuevo tipo de relaciones sociales que estaban fundamentadas en la producción agrícola y en los “usos y costumbres” relacionados con los derechos del agua para riego. Muchas de las comunidades agrarias han cambiado definitivamente su carácter y se han urbanizado. Otras están en pleno proceso de urbanización debatiéndose en la disyuntiva de enfrentar la avalancha urbana y conservar sus tierras agrícolas o rendirse ante la fatalidad de la urbanización y sacar el mayor rédito posible. Los procesos de urbanización, y los cambios que conllevan, generan no pocos conflictos. Las sociedades locales que se ven 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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invadidas por esta avalancha urbana observan cómo sus formas organizativas y modos de resolución de conflictos son rebasados ante esta nueva situación. Asimismo, los nuevos vecinos traen consigo sus propias visiones, proyectos y modos de enfrentar los conflictos. Muchos de ellos, de tradición minera y por tanto urbana, rápidamente se organizan para construir sus barrios, demandar atención de las autoridades y para la disputa por uno de los recursos más preciados: el agua. En este apartado analizaremos qué tipo de conflictos se han generado a partir de los procesos de urbanización en los valles. Veremos cómo, desde las organizaciones urbanas y agrarias que intervienen, se los han enfrentado -aunque no siempre resuelto- y cuáles son los modos de resolución de conflictos que surgen en este contexto.
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3.1. Conflictos en torno al uso y aprovechamiento del agua y urbanización Como vimos en el capítulo correspondiente, los procesos de urbanización que se dan en la zona de los valles y particularmente en el Municipio de Tiquipaya no responden a una lógica de planificación ni menos a una visión estratégica regional, municipal, etc. Responden más bien a los movimientos migratorios que dan lugar a un crecimiento acelerado y caótico de la población urbana. Crecimiento que está propiciado además por un lucrativo mercado de tierras, el cual se sustenta en una amplia red de corrupción, en la informalidad e ilegalidad de los procedimientos, la coerción o el tráfico de influencias. Es precisamente este crecimiento caótico, informal e ilegal lo que, por una parte, hace tan rentable el negocio inmobiliario, y por otra genera una severa problemática social y un alto grado de conflictividad. Lo que los loteadores “venden” a los eventuales compradores es simplemente el derecho de uso de suelo, el derecho de asentarse en determinada porción de terreno. La inversión es mínima -a lo sumo los loteadores se dan la molestia 78 •
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de amojonar los lotes- y las ganancias fabulosas. Los lotes que adquieren los nuevos vecinos no cuentan con ningún tipo de infraestructura urbana, no cuentan siquiera con vías de acceso y mucho menos con los servicios básicos. El primer paso de un asentamiento nuevo, una vez que se ha iniciado el proceso, es la apertura de vías. Mientras no cuentan con un sistema de provisión de agua por cañería, los vecinos utilizan los distribuidores particulares (cisternas). Como vimos anteriormente, el agua de las cisternas es cara y de dudosa calidad. Por esto, los vecinos pronto buscarán abastecerse de agua por cañería; se organizan en un comité de agua, financian el tendido de la red y administran el sistema. Sin embargo, los conflictos surgen del derecho a las fuentes de agua. Para abastecer a sus sistemas, los comités de agua han acudido a distintas fuentes, pozos profundos en la mayoría de los casos, pero también tajamares y aguas superficiales. En este último caso es donde se han generado mayores conflictos, pues las aguas superficiales (ríos, lagunas) son usadas por los regantes que reclaman el derecho exclusivo sobre ellas de acuerdo a sus “usos y costumbres”. Asimismo, la sobreexplotación de las aguas subterráneas también ha dado lugar a conflictos con los agricultores, pues sus pozos y vertientes se han secado. En este apartado presentaremos ambas situaciones.
Conflictos con SEMAPA La historia de la perforación de pozos por parte de la empresa SEMAPA (empresa municipal descentralizada que presta servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Cochabamba) data de la década de 1970. Sin embargo, la mayor 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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confrontación se dio entre 1994 y 1996, cuando SEMAPA intenta nuevamente perforar pozos profundos y semiprofundos en el Valle Central. Las comunidades y municipios organizaron un Comité de Defensa de los Recursos Hídricos con marchas de protesta contra los pozos profundos (Durán et al, 1998: 3). Pese a los conflictos desatados en 1998, SEMAPA siguió con las perforaciones de pozos profundos en tierras del Valle Central y del ejército. Lo que se vivió posteriormente fue una verdadera “guerra del agua” por la urgencia de SEMAPA por proveer de agua potable a la ciudad y la oposición de los regantes a que se sigan perforando pozos profundos en el Valle Central. En 1998, los intentos de perforar pozos siguieron y generaron nuevamente la reacción de los campesinos. Sin embargo, esta vez los campesinos comprendieron que el problema de la perforación de pozos no era un tema sectorial, sino que afectaba a todos los regantes. Ya no se trataba de que los campesinos de un determinado lugar o del Municipio estén de acuerdo en la perforación de un pozo en sus terrenos, sino de consensos mayores. En esa perspectiva es que al año siguiente de los conflictos se formó la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), que sería la instancia de articulación que permitiera una mayor cohesión en las movilizaciones de noviembre de 1999 y en la llamada “guerra del agua” entre febrero y abril de 2000. De todo este proceso, lo que nos interesa rescatar son dos elementos: primero, que los campesinos se vieron afectados por la perforación de pozos; y segundo, que esta situación generó espacios de organización y articulación regionales, creando y fortaleciéndose así las organizaciones de regantes del valle de Cochabamba. La perforación de pozos para obtener agua para consumo humano y riego trajo graves consecuencias a la zona: el agrietamiento de los suelos y el hundimiento en varias parcelas, menor humedad en los suelos y disminución de los caudales (Salazar, 1999). De esta situación da cuenta uno de los campesinos del valle central: 80 •
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Después, esos pozos que perforó SEMAPA los hizo perder los juturis, no hay ya. Al sur de Vinto, eso de ahí abajo, por lo que no necesitaban agua (porque tenían sus juturis, supongo) lo habían vendido a los que viven arriba. Ahora se han secado sus juturis, ya no hay, y ahora ellos están vendiendo esos sus terrenos, los verdaderos vinteños son pocos nomás ya, uno o dos, todo se ha llenado de mineros relocalizados, ahora ni para ellos no hay agua en Vinto, ni para tomar (Peirav 1994: 25).
El caso de Vinto muestra que la perforación de pozos y la disminución de los caudales de las fuentes de agua dieron lugar al cambio de uso del suelo. Los terrenos agrícolas, al no contar ya con agua para riego, se han urbanizado paulatinamente. Sin embargo, tampoco en estos sectores se cuenta con agua para consumo humano. Con la experiencia de los pozos de SEMAPA, que produjo la sequía de los juturis, los vecinos de Vinto se movilizaron contra la perforación de más pozos: Ahora SEMAPA está queriendo perforar en el rincón del cerro […] ahí llegaron de noche, al amanecer ya habían estado ahí con sus máquinas, la noticia llegó a Vinto, he correteado ahí, he levantado a la gente, hemos ido donde las máquinas y hemos hecho reventar dinamita allí, aquí se han juntado Cambuyas, Bella Vistas, Falsuris, hemos ido hartos y les hemos dicho: ‘por favor levanten estas máquinas’, no queremos verles. Qué nos dijeron los ingenieros: ‘hablaremos primero’. Bueno, vamos a hablar siempre, les dijimos, siempre y cuando levanten esto y hagan desaparecer, luego hablamos. No quisieron. La gente se renegó y alzaron garrotes y piedras y dinamitas, con ese susto ya todos se fueron. Como un solo hombre vamos a ir juntos y lo vamos a ir a parar (Peirav 1994: 26).
Las acciones aisladas de este tipo devinieron acciones articuladas contra la perforación de pozos y avance de la urbanización. Una respuesta a esta tendencia fue la creación de ASIRTIC, que logró articular las acciones de los usuarios contra la perforación y en defensa de las fuentes de agua. Esta lucha contra la lógica urbanizadora y modernista tiene como elemento distintivo su constante referencia a los “usos, 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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costumbres y servidumbres” como factor de cohesión social (Bustamante, 1997: 112). Un elemento importante en este proceso es que los conflictos dieron lugar a transformaciones en la dinámica organizativa de los campesinos regantes del Valle Central. Las organizaciones de riego establecidas en torno al manejo de los recursos hídricos según usos y costumbres tuvieron que trascender sus propios límites para enfrentar el conflicto en torno a las fuentes de agua -que representan amenazas a su propia condición campesina- en dos frentes: la disputa por los recursos hídricos y el avance de la urbanización.
Conflictos entre “agrarios” y “urbanos” Como ya se dijo, el avance de la urbanización dio lugar al paulatino cambio de uso de la tierra. En el valle de Tiquipaya encontramos sectores urbanos, agrícolas y pecuarios. La urbanización sobre o alrededor de zonas agrícolas está trayendo consigo conflictos de intereses entre los distintos sectores por los recursos hídricos. Los agricultores requieren agua para riego, mientras los sectores urbanos la quieren para consumo doméstico (Rocha e Iriarte, 2006: 44). Los regantes son los usuarios tradicionales de los recursos hídricos con que cuenta el Municipio; sin embargo la presión demográfica está generando también competencia sobre estos recursos. Así es que fueron surgiendo conflictos entre regantes y usuarios de comités de agua, tal el caso del conflicto entre el sindicato agrario Chilimarca y el comité de agua potable COMAPHA (Quiroz, 2006: 38) en la zona noreste del Municipio, o la sequía de las vertientes por la sobreexplotación de las aguas subterráneas en la zona sureste. 82 •
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Esta situación se cuenta de la siguiente manera: En las villas han comprado terrenos los mineros para urbanizar. Aquí es para agrario porque tenemos agua de riego, tenemos mitas, largas, y eso está figurando en el plano hasta dónde abarca el riego. A los urbanos les damos un poco de agua para que vivan. Pero quieren harta agua. Antes les hemos dado para piletas públicas y antes en cada esquina, cada cien metros había piletas públicas. Les hemos ayudado, pero ellos con el tiempo domiciliaria se lo han puesto y nos estaban sacando harta agua y de aquí se han levantado los regantes y les hemos cortado un poco (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos)
En un principio, los regantes habían cedido parte de sus caudales a los habitantes de las villas para la provisión de agua en piletas públicas. Sin embargo, a medida que crece la presión demográfica crece también la presión sobre el recurso agua. De esta manera, los regantes ven como una amenaza las demandas de agua de los habitantes urbanos. Las villas que son de los mineros relocalizados tienen otra mentalidad. Ellos han querido utilizar nuestro riego para su agua potable, indican ellos que les han vendido los ex colonos, sólo hay dos o tres ex colonos el resto somos herederos. Nosotros no podemos darles esa agua, necesitamos esa agua (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca)
En el caso de las villas, algunas organizaciones han disputado el agua a los regantes aduciendo que han comprado los terrenos con derechos sobre las fuentes: Anteriormente, como han vendido algunos mineros juntamente con los colonos, también los colonos han empezado a ambicionar. Cuando venden los colonos dice sus escrituras con todos sus usos y costumbres, y ellos dicen que han comprado así y que tienen que darnos agua, pero ese sector es pastoreo, y ese pastoreo no tiene agua. Un compañero ha vendido en donde ahora es la urbanización 26 de febrero, y en su escritura dice usos y costumbres y ellos dicen que les corresponde el agua. Pero el que ha vendido vive todavía y le dijimos que si les quiere dar agua, que les de de sus 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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mitas, nosotros no les hemos vendido, esos sectores que se han poblado son de pastoreo, pedregales, entonces no hay derecho para el agua de riego. (Ibídem).
El caso que se nos relata muestra que el conflicto surge precisamente por la falta de claridad y de una normativa expresa sobre las transferencias de tierras y aguas. Uno de los colonos ha vendido sus tierras para ser urbanizadas, en el documento de transferencia figura el término “usos y costumbres”, con lo que los nuevos propietarios han reclamado derechos sobre las aguas. Sin embargo, el Sindicato Agrario argumenta que al ser tierras que antiguamente se dedicaban al pastoreo no tienen derechos sobre las aguas. Las organizaciones urbanas han intentado acuerdos con los regantes; incluso están dispuestos a colaborar en trabajos comunitarios, pero siempre con vistas a adquirir derechos sobre las aguas: “hay estatutos y reglamentos, pero mayormente nos manejamos por usos y costumbres. Ellos tienen esa intención de ayudarnos en trabajos comunales, por ejemplo en la limpieza del río, pero con esa mentalidad de que me vas a dar agua” (Ibídem). Los regantes, por su lado, no ven con buenos ojos los acuerdos entre regantes y comités de agua potable de manera unilateral, pues consideran que en la medida en que los comités adquieran derechos sobre las fuentes, se verá debilitada la organización propia y su lucha por conservar sus derechos: Estaríamos hablando de las villas donde es una zona árida y viven los mineros y ahí tienen también problemas de agua potable, a ellos queremos ayudar porque también son bolivianos. Pero a veces ellos unilateralmente quieren hablar a algunas comunidades, quieren agarrar alguna laguna y a veces no hay acuerdos. (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC).
Tal el caso del conflicto entre las villas y los regantes de Chilimarca. Los desacuerdos entre ambos sectores devinieron ruptura entre ambas organizaciones. Por lo menos así lo perciben los dirigentes de los sectores urbanos. Habíamos hecho un trabajo entre agrarios y OTB para captación de agua, pero no se ha cumplido, ellos se creen dueños del agua 84 •
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y ha habido un alejamiento y ahora nosotros queremos obtener mayor caudal. Los regantes precisan del agua pero no quieren entender que nosotros también necesitamos el agua para consumo humano. Con los sectores agrarios no hay relación ya, estamos alejados, como ellos han cerrado sus puertas, no hay ningún diálogo, estamos viendo, como hace rato dije, de que estamos buscando soluciones para que no tengamos más escasez de agua entre las cuatro OTB. (Entrevista a F. S. OTB Miraflores).
Como vemos, desde los sectores urbanos se reclama el derecho sobre las aguas apelando a la necesidad de este recurso para la sobrevivencia misma de los vecinos. Sin embargo, los sectores agrarios, a su vez, apelan a los “usos y costumbres” y “se creen dueños del agua”. Las posiciones enfrentadas han dado lugar al cierre de posibilidades de diálogo y a que los sectores urbanos tengan que buscar otras soluciones para abastecerse de agua para consumo humano. Los regantes están dispuestos a coordinar con las villas temas que afectan a ambos sectores, como el del alcantarillado y otros servicios básicos, mientras no se toque el tema del agua. Así lo manifiesta uno de los regantes del sector: “no tenemos buena relación [con las villas] por el tema del agua, porque ellos siempre tocan el agua, cuestión del alcantarillado que hemos hecho hacer también tocan el agua. Entonces no queremos que toquen el agua” (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca). En otros casos se han llegado a establecer ciertos arreglos entre agrarios y urbanos. Pese a los conflictos, los agrarios han tenido que ceder parte de sus derechos sobre las aguas. Así lo expresan los dirigentes agrarios: A veces la comunidad reacciona, entramos haciendo cumplir nuestros usos y costumbres. También a veces cedemos, decimos para nosotros un 60 por ciento y para ustedes un 40 por ciento, porque estamos pasando por su terreno les vamos a dar un porcentaje. (Entrevista a R.O. Sindicato agrario Putucu Norte). 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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Ahora del lado de Taquiña tienen [las villas] una captación de agua que nos pertenecía a nosotros. Esas aguas también pertenecían a nosotros, a los colonos. Pero qué vamos a hacer, si ellos también necesitan, han trabajado, no les podemos decir también pues, les hemos permitido. (Entrevista a A.Z. Sindicato agrario Los Molinos).
Desde el punto de vista de los urbanos, el conflicto se vive como parte de su inserción en el nuevo medio, en un nuevo barrio. Uno de los vecinos que llegó a la zona noreste hace quince años relata que en un principio tenía miedo a los originarios, pero que poco a poco se ha ido integrando y pese a su condición de foráneo ha llegado a ser dirigente y ha ido gestionando proyectos de mejoramiento de la zona, como el tendido de la red de energía eléctrica, demostrando su compromiso con el sector: Yo en un principio tenía miedo hasta de agarrar un vaso de agua. Allá había unas piletas públicas. Tal vez alguien me putea o cualquier cosa me dice. Siempre nos decían tú no has trabajado nada, no es socio. Pero poco a poco vamos conociéndonos, mediante el sindicato. Yo siempre he hecho mejorar. He empezado de cero aquí. Siempre he trabajado sano, sin engañar a la gente. Soy muy enemigo de corrupción. Esta luz me ha costado dinero, tiempo. Me he endeudado. He hipotecado mi casa. Nos ha costado cinco mil dólares todo el proyecto de luz. Ya hemos pagado en dos cuotas. Para la segunda cuota me he prestado con los papeles de mi casa. La alcaldía me ha ayudado a pagar y he recuperado. (Entrevista a V.P. OTB Pucun Pucun).
Este caso es interesante porque trata de un migrante que logró integrarse a la organización sindical agraria existente. Las gestiones realizadas trajeron beneficios para los habitantes urbanos, que cada vez son más, como también para los pocos originarios agrarios que quedan en la zona. De esta manera, agrarios y urbanos han realizado en forma conjunta trabajos de “rescate” de un caudal de agua que pertenece a los agrarios pero que no podía llegar hasta la zona por falta de la infraestructura adecuada -era necesario hacer pasar un tubo desde la toma por encima del río para que el agua llegue al sector. 86 •
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Más que todo estamos en el tema del agua. Tenemos un proyecto del río Ch’uta khawa, nosotros estamos haciendo llegar. Es un rescate. Nosotros tenemos un río, los de aquí del lugar, un treinta y cinco por ciento somos regantes. Nos hemos puesto de acuerdo para rescatar el riego y estamos entubando un puente colgante rescatando las aguas que perdíamos y destinando a agua potable. Hemos aportado regantes para el puente colgante del tubo. Los regantes son 35% y no podían alcanzar a hacer el puente colgante. Uno se animaba, otro no se animaba. Siempre hay miramiento, unos tienen unas horitas más otros menos de agua y mientras tanto seguíamos perdiendo el agua. Sabemos muy bien que esa agua se pierde más abajo en la arena (Entrevista a V.P. OTB Pucun Pucun).
De esta manera el agua se estaba perdiendo. Los agrarios, por estar ya disminuidos, no tenían la capacidad organizativa ni económica para llevar a cabo esta obra. Los urbanos podían llevarla a cabo, pero no tenían el derecho sobre la fuente. Ambos sectores aunaron esfuerzos y recuperaron un caudal suficiente como para que agrarios y urbanos puedan hacer uso del agua para riego y consumo humano. Este caso nos muestra que los conflictos en torno al agua, por lo menos en la zona de estudio, no se ocasionan por la escasez del recurso sino por la disputa en torno al derecho sobre las fuentes. Los agrarios tienen el temor de que cualquier cesión sobre sus fuentes a la larga signifique la pérdida de sus derechos sobre ellas. Se está viviendo un proceso en el que si bien los agrarios están logrando mantener sus derechos sobre las fuentes, paralelamente están vendiendo sus terrenos dando lugar al crecimiento urbano. En algunos casos, nos señala uno de los entrevistados, están comprando terrenos más al norte a donde llevarán agua para riego: “la ambición de los urbanos es convertir nuestras aguas en agua potable. Con el tiempo va a disminuir los terrenos agrícolas. Hay gente que está comprando más al Norte para cultivar, yo me voy a llevar mi mit’a ahí” (Entrevista a Z.S. Sindicato agrario Chilimarca). 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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Ante esta situación, los comités de agua potable están buscando otras alternativas que eviten la confrontación con los agrarios: Conflictos con los agrarios no tenemos, sino problemas del agua. Ellos tratan de que se haga respetar sus riegos. Teníamos algunos convenios escritos o verbales. Ahora estamos tratando de buscar soluciones mediante otras instituciones para solucionar el tema del agua. (Entrevista a F. S. OTB Miraflores).
En resumen, podemos decir que los conflictos en torno a los recursos hídricos entre agrarios y urbanos tienen que ver en el fondo con la disputa por las fuentes. Los regantes pretenden mantener sus derechos sobre ellas pese a que son cada vez menos las superficies para riego. Los conflictos dieron lugar, en algunos casos, a rupturas entre ambas organizaciones; en otros, a soluciones parciales negociadas y también se han logrado acuerdos de colaboración entre ambos sectores. Por su parte, los comités de agua potable han optado por buscar otras vías de solución al problema de abastecimiento en el afán de evitar la confrontación con los regantes. Sin embargo, estas soluciones son parciales porque son autogestionadas y sectoriales. Los agrarios mantienen sus derechos sobre las aguas al mismo tiempo que van vendiendo sus terrenos para urbanizar. Los comités de agua solucionan el problema de abastecimiento de un barrio pero no se encara de forma integral toda la problemática del crecimiento urbano. De todas maneras, se puede afirmar que las disputas generaron, tanto entre agrarios como entre OTB’s, procesos de integración organizativa. El riego de la Taquiña, que colinda con el cercado son un grupito, nosotros las cinco comunidades somos otro grupo, las villas son otro grupo, no nos entendemos bien. Las villas son muy ambiciosas, eso no nos gusta, cuando hay una reunión algo siempre estamos tropezando con el tema del agua. Cualquier cosa que ellos quieran nosotros pedimos un documento, si no hay un acuerdo no podemos darles agua. Las cinco comunidades nos hemos formado la subcentral para enfrentarnos 88 •
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a ellos. Ellos como son cinco villas entonces tienen fuerza. Nosotros también nos hemos organizado para hacer frente a ellos. Tienen esa intención de querer urbanizar este sector. Pero ellos quieren urbanizar este sector (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca).
Si bien en el momento actual estas organizaciones están en la lógica de medir fuerzas, podría tratarse del inicio de un proceso de integración que a través del diálogo intercultural pueda generar alternativas integrales a la problemática de la región. Por ahora, el poder político y organizativo del sector regante ha sido un factor decisivo en los conflictos con los recién llegados. Sin embargo, la creciente demanda de agua y el cambio rápido del uso de la tierra necesariamente tienen que dar lugar a un enfoque integral sobre el destino de los recursos naturales de la región. Deberán readecuarse los usos del agua hacia un enfoque de uso múltiple en el marco no de los intereses sectoriales, sino de una visión de la gestión del territorio y sus recursos que sea favorable a los distintos sectores de la población (Agua, tierra, gente, 2007: 4).
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3.2. Contaminación y cierre de acequias Otro de los problemas derivados del avance urbano sobre zonas agrícolas es la interferencia de acequias. Este tema conduce frecuentemente a un choque de intereses y conflictos entre el sector agrícola y el urbano (Vega et al., 2006: 162). El proceso de urbanización en Tiquipaya trajo consigo el rápido e irreversible cambio de uso del suelo agrícola a urbano, con los consiguientes problemas de acumulación de basura y la contaminación de aguas superficiales, entre otros. El valle del Municipio está atravesado por una serie de canales que en época seca sirven para el riego de los cultivos que todavía existen en el sector y en época de lluvias permiten el drenaje de las aguas. Debido a la urbanización de estas zonas los canales son interferidos (tapados, desviados, borrados) con consecuencias negativas no sólo para los agricultores sino también para los 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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urbanos, pues la interferencia de las acequias provoca inundaciones en la época de lluvia (Vega et al.: 1) Uno de los regantes relata el problema: Mucha gente nueva está apareciendo en nuestro pueblo, y todos los usos y costumbres los están haciendo perder. Por ejemplo, una acequia que servía aquí, ahora lo están llevando por lejos, más de cien metros de su lugar, casi medio kilómetro de su sitio, no puede pasar por su lugar porque se lo han alambrado (Peirav, 1994: 21).
Omar Fernández, conocido dirigente de los regantes, al respecto señala lo siguiente: Otro gran problema tenemos con las urbanizaciones, estas urbanizaciones están creciendo mucho en estos años y todas sus tierras les están quitando a los campesinos. Han aparecido varios loteadores que quieren quitar las tierras a los campesinos, después si compran la tierra también no quieren respetar los usos y costumbres, lo cierran las acequias, quieren hacer perder esos usos y costumbres (Peirav: 21).
Ambos testimonios muestran que el rápido crecimiento urbano afectó seriamente la infraestructura de riego. Este es un factor que incentiva la mayor urbanización de tierras agrícolas. Existe una divergencia de visiones entre urbanos y agrícolas respecto a los canales de riego. Para los primeros, representa más una molestia que un recurso a proteger y respetar; para los segundos, representa la garantía del acceso al agua para el riego de sus campos. Los agrarios apelan a los usos y costumbres con el fin de exigir que se respeten los canales de riego. Sin embargo, es un tema que excede la competencia de las organizaciones de riego, por lo que en estos casos se acude a instancias como ASIRTIC o la Alcaldía. 90 •
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Hay una ley que dice que nadie puede borrar ni nadie puede tapar las acequias, los usos y costumbre son la ley, entonces nos quejamos a la Alcaldía, al ASIRTIC, que tiene que hacer respetar las acequias; esos son usos y costumbres y servidumbres. Nosotros nos quejamos a la alcaldía y viene a inspeccionar y da parte a ASIRTIC de los regantes (Entrevista a A. M. OTB Villa Esperanza).
Estas instancias no llegan a prevenir, y menos detener, el problema del cierre de las acequias, con el que la urbanización sigue creciendo. La ASIRTIC, si bien puede mediar en conflictos entre regantes, cuando se trata de conflictos entre regantes y urbanos ya no tiene tanta capacidad de intervención y debe coordinar con la Alcaldía. Sin embargo, la Alcaldía tampoco hace respetar las acequias ni sus servidumbres; en el mejor de los casos se limita a mandar un inspector cuando los hechos ya están consumados. Con los nuevos vecinos hay problemas, con los que están comprando los terrenos. Al momento de regularizar tiene que respetar la acequia, la calle tiene que tener cierto ancho, con esa condición es que regularizan. Cuando compran sin regularización con esos tenemos problemas, quieren taparlo las acequias, las calles. Hablamos con el dueño, les decimos que no puede tapar la acequia. No hace caso, dice que es hasta aquí, me he comprado, y entonces se da parte a la Alcaldía y vienen a inspeccionar (Ibídem).
El entrevistado manifiesta que la urbanización precede a los procesos de regularización, y ahí es donde los nuevos propietarios tienden sus cercos sobre la infraestructura de riego interrumpiendo el paso del agua e invadiendo las servidumbres de las acequias. Ante estas situaciones se acude a la Alcaldía, pero no se tiene un resultado favorable. Los nuevos vecinos que llegan no respetan los usos y costumbres. Se compran un lote y lo tapan los canales. Solucionamos mediante los técnicos del municipio. Pero este técnico en vez de solucionar ha complicado más el problema. No ha estado haciendo respetar lo que corresponde. Por ejemplo, hay un vecino que lo ha tapado un canal para sacar las aguas en época de lluvia. Lo que procuramos es hablar con el señor que está afectando al 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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canal. Tratamos de consensuar para que haya una solución para él y para otros vecinos que se ven perjudicados. Hay una ordenanza que regula todo eso, pero hasta ahora el Municipio no ha hecho respetar (Entrevista a L.A. OTB Kanarrancho).
Una vez obstruida la acequia muy poco se puede hacer para recuperar estos espacios. Los trámites y denuncias ante las instancias municipales resultan inútiles porque no existe un plan de ordenamiento urbano. La escasa normativa que existe al respecto (ordenanzas, planes de desarrollo, etc.) no se cumple, sea por falta de voluntad política, por incapacidad institucional o por intereses económicos en juego en el proceso de urbanización. Las personas que adquieren lotes en las zonas urbanas desconocen los usos y costumbres de los regantes y la utilidad de los canales de riego. Hacen valer su derecho propietario sobre la porción de terreno que adquirieron, muchas veces ignorando que deben respetar los canales y sus servidumbres. En muchos casos me han dicho [los que compran terrenos] que se debe tapar la acequia porque me he comprado hasta la mitad de la acequia, dicen. Le decimos que no, que a ambos lados de la acequia es metro y medio. Y también ese sector es lleno de casas, la acequia sirve como desagüe pluvial, para ellos mismo es ventajoso, si lo tapan la acequia por dónde van a botar cuando se llene de agua sus casas (Entrevista a S.G. Juez de Aguas).
Otro de los problemas surge a raíz de la contaminación de las acequias. Cuando los urbanos no cierran las acequias, las utilizan como desagüe para las aguas servidas: Por ejemplo, el condominio Santa María se ha comprado en octubre, se ha comprado. En tiempo de lluvia ha empezado a afectarles el agua. Entonces nos botan a la calle las aguas de su pozo séptico e incluso contamina el canal de riego (Ibídem)
Además de alcantarilla, los urbanos utilizan los canales de riego como vertederos de basura: El problema es con los inquilinos. Ellos no respetan. Hay mucha gente extraña que está llegando a Kanarrancho entre los que hay gente que roba. Ese inquilino no respeta algunas cosas, echa 92 •
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basura a la calle. Echan la basura a los canales, inclusive están obstaculizando los canales (Entrevista a L.A. OTB Kanarrancho).
A diferencia de los conflictos presentados por las fuentes de agua, en este caso, el problema del cierre u obstrucción de las acequias se da entre particulares: entre el que compra un terreno y cierra una acequia y quien se ve afectado por esta acción. Más aún, cuando se convierten los canales en vertederos de basura, a falta de tener a quien acusar, se acusa a los inquilinos de ese tipo de acciones. Y contra los inquilinos no se puede hacer nada, porque ni siquiera son miembros de la comunidad o pertenecen al sistema de agua potable. A lo sumo, cuando se identifica un inquilino especialmente problemático se le presiona para que se cambie de barrio, pero con el siguiente que llegue se pueden tener los mismos problemas. Los entrevistados manifiestan que, en algunas OTB’s, para prevenir este tipo de conflictos les dicen a los que van a comprar los lotes que la adquisición debe ser con visto bueno de la OTB y que el nuevo vecino debe respetar las acequias y sus servidumbres. Sin embargo, este tipo de soluciones es siempre parcial y temporal. La obstrucción de las acequias es parte de un círculo vicioso que incentiva la urbanización. Cuando uno de los regantes se ve cercado por propiedades que son de uso urbano y se le impide sistemáticamente hacer llegar el agua a sus terrenos, seguramente intentará elevar un reclamo a ASIRTIC, a la OTB, al Municipio, etc., pero finalmente optará por fraccionar y vender sus tierras y dedicarse él o sus hijos a otra actividad. También hay que tener en cuenta que quienes adquieren terrenos en plena zona agrícola para urbanizar, normalmente no son familias de migrantes de escasos recursos, como en el caso de 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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las villas, sino gente de clase media, alta y muy alta cuyo poder económico y político es muy difícil de vencer para un regante. Además, le asiste el derecho propietario, los planos seguramente aprobados por la Alcaldía en los que no figuran las acequias ni sus servidumbres, etc. Por tanto, en estos casos, la resolución del conflicto se está dando, como lo veremos adelante, por la vía de la progresiva eliminación de una de las partes.
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3.3. Loteamientos Se ha visto que el avance de la urbanización trae no pocos conflictos entre urbanos y agrarios. En este apartado veremos que los propios procesos de urbanización son altamente conflictivos. Veremos en primer lugar el caso de la zona noreste donde la urbanización crece por loteamientos de grandes extensiones de tierras de pastoreo que son fraccionadas para dar lugar a barrios populares. Y en segundo lugar, cómo paulatinamente las tierras agrícolas han sido fraccionadas con el fin de que el Municipio declare esas zonas como urbanas y ya no sean consideradas agrarias. En el primer caso, las tierras de pastoreo, que eran de uso común de los sindicatos agrarios, han sido fraccionadas por los “apoderados” de estas organizaciones. Los mismos agrarios dieron lugar a la aparición de populosas villas con el consentimiento tácito de las autoridades municipales. Estos loteamientos fueron altamente conflictivos por los intereses económicos en juego. El negocio consistía en que los “apoderados”, que al mismo tiempo eran loteadores y al mismo tiempo dirigentes, vendían una parte de las tierras. Producto de la venta se quedaban con la mitad y la otra mitad la 94 •
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repartían entre los colonos, a los que además les pedían una comisión por la venta. Esta es una práctica que viene ya desde la época de los mineros que habían llegado a la zona, en la década de 1950, y cuando fueron empezando los fraccionamientos. Veamos cómo relata uno de los entrevistados este hecho: Siguen vendiendo terrenos. Mucha gente no queremos saber ya. El 95 me han metido al directorio, hemos hablado bien los herederos, los terceros, cuartos herederos, manejaremos bien. A unos cuantos mineros que están arrastrando a herederos y colonos hemos dicho cortaremos. El sindicato manejaban, eran apoderados y al mismo tiempo también eran dirigentes de Chilimarca. Hemos estado encaminando bien. Hemos recuperado de Juventud Chilimarca, algunos lotes se lo habían vendido. Los que estaban amurallados y construidos hemos respetado, pero baldíos hemos rescatado. Pasa un año y empiezan a decir no nos están dando nada. Cómo, si al apoderado le han dado otro lote más. Era un manzano entero. Eso han querido vender. Han dicho venderemos, y nos vamos a repartir. Llega un momento en que dicen eso nos lo venderemos nosotros. Venderemos, eso vamos a repartir. A mi no me gusta esas cosas, es como si estuviera robando a mis hermanos, mi mamá incluso a mi suegro. Es buena plata. Un manzano entero. Me he esquivado. Se han metido más. Se lo han aprovechado ese manzano. Como hacían los mineros, de eso se han copiado esos carajos. Habían, por decir, este es el dinero, la torta. Vendían hectáreas, lo partían, la mitad para los apoderados, unos cinco. La mitad nomás ya queda. De esa mitad les dicen a los colonos hemos vendido, aquí está el dinero. Y de esa mitad todavía se lo agarran una parte como comisión. Y de una pequeña parte les daban a los colonos. Igualito habían estado haciendo estos mis cuates. Ese manzano han vendido, la mitad se lo han agarrado y de la mitad comisión. Y de una pequeña parte les han repartido el dinero. Se estaban haciendo ricos (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca). 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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Vemos entonces cómo los grandes intereses económicos que están en juego en el loteamiento de tierras dieron lugar a poderosas organizaciones de loteadores que se sustentan tanto en su poder económico como en el apoyo que reciben de algunos sectores de los mismos comunarios, eventualmente beneficiarios del loteamiento. Algunos miembros de los sindicatos agrarios hicieron frente a los apoderados conformando una directiva que esté al margen de estos negocios: He formado un directorio para quitarles la personería jurídica. Hemos formado un directorio, hemos atraído a la gente. Hemos convocado sabiendo que esos grupitos iban a venir. Cómo manejaban a la gente, les decían tienes que venir, tienes que apoyar, si no, no te vamos a dar tu parte. Algunos herederos, algunos lugareños hemos formado. Hemos pedido a la policía del cruce que vengan a resguardar. Nos han mandado unos seis policías. Nosotros estábamos donde es el mercado, ahí, eligiendo el nuevo directorio. Harta gente había (Ibídem)
Este grupo de nuevos dirigentes lograron el apoyo de muchos miembros del mismo sindicato agrario; pero también los apoderados tenían el apoyo de aquellos que recibían dinero producto de la venta de los lotes. Al momento que se realizaba la posesión de la nueva directiva, los apoderados se presentaron con sus bases dispuestos y preparados para ejercer violencia sobre ella y quienes los apoyaban, a la vez que impedir así su conformación: Hemos cantado el himno nacional, biencito estuvimos haciendo, elección por terna. De arriba han bajado esos grupitos. Ahí estaban mis amigos, también mi cuñado, se ha hecho manejar harto. Sabía yo como preparaban. Traían en bolsas en baldes con agua del baño, con orín, mierda, todo. Se quepichaban en su quepi piedras. Yo sabía, conocía, yo estaba en ahí. Vinieron, “que esto quel otro” (dijeron). Esos grupos tienen que atacar. Los seis jach’os se han escapado. Por suerte estos tipos 96 •
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han pedido refuerzo. Como nosotros estábamos en el mercado, el mercado estaba en bajada, había el techito nomás. Las piedras han llovido en el mercado, de abajo nosotros igual kurpeabamos, pero de encima con warak’a nos han dado. Ha llegado el refuerzo de la policía y les han gasificado, perros más han traído, les han botado arriba. Hemos terminado de hacer esa elección del directorio (Ibídem)
El nuevo directorio logró posesionarse; sin embargo, la cosa no quedó ahí. Los apoderados, sin duda conocedores de los mecanismos de violencia y corrupción estatales, recurrieron a los oscuros estrados judiciales e iniciaron querellas sin cuento contra el nuevo directorio. Para el directorio entrante, la batalla legal fue mucho más larga, costosa y hedionda que la guerra de mierda y piedras protagonizada el día de la posesión. El furibundo ataque de los apoderados sólo se explica por los grandes intereses económicos que estaban siendo afectados. En la parte sureste del Municipio los procesos son un tanto distintos. La urbanización se ha dado ya desde la época de la relocalización y va creciendo a medida que los propietarios van fraccionando sus terrenos. Nosotros éramos pocos en todo Linde. Desde mi juventud en todo Linde, que es desde el cruce Taquiña hasta el río Taquiña es Linde. Éramos 16 familias en total. Pero con la relocalización nos hemos aumentado. Ahora las casas son muchas, los que han venido de otros departamentos se han ido comprando. Los que se han venido de otros departamentos no conocen de agricultura (Entrevista a S.G. Juez de Aguas).
Se trata en algunos casos de zonas urbanas consolidadas o en proceso de consolidación. Estas zonas ya se han organizado como OTB’s; sin embargo, todavía son considerados por el Municipio como “zonas agrarias”. Este hecho, más que una ventaja para los mismos agrarios, es un obstáculo para todos, pues el Municipio no atiende las demandas de las OTB’s bajo el argumento de que los vecinos están asentados sobre zonas cultivables. Nuestras OTB también están callados porque no hay frutos, nos prometen pero no hay cuando cumplan. Y cuando reclamamos 3. La creciente y conflictiva urbanización •
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nos dicen que es área rural y como es declarado área cultivable, entonces no tenemos fuerza para reclamar. Lo más urgente sería el alcantarillado y otro es la definición de nuestra zona, que se defina como urbano, y podríamos reclamar el servicio. (Entrevista a A.C. Comité de Agua Potable Kanarrancho)
Tanto en el caso de la urbanización por loteamientos como en el de la urbanización por fraccionamientos, vemos que el mismo proceso está trayendo conflictos no sólo entre agrarios y urbanos, sino al interior mismo de las organizaciones campesinas. Para la solución de estos problemas se han creado instancias organizativas intermedias nuevas, tales como las asociaciones tipo OTB, centrales campesinas (“para enfrentar a los urbanos”) o la misma ASIRTIC. Instancias que si bien logran articulaciones sectoriales para la defensa de sus intereses, en muchos casos están enfrentadas entre sí y con las mismas autoridades locales. La manifestación de los conflictos latentes y su solución pasan en muchos casos por la mayor o menor fuerza organizativa, política, de movilización o de influencia en las instancias oficiales que estas organizaciones tengan. En el capítulo siguiente analizaremos cómo los conflictos están dando lugar a una nueva dinámica organizativa, producto precisamente de la necesidad de enfrentar las nuevas condiciones sociales, económicas y culturales que generan el crecimiento urbano.
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4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos
El cambio de uso de suelo está dando lugar a cambios en la economía, organización y cultura locales. Se trata de un proceso de urbanización de la sociedad agraria misma. Por otra parte, el proceso de urbanización ha traído una dinámica organizativa compleja, que excede los antiguos usos y costumbres. Lo que se tiene como resultado es una diversidad de organizaciones, pertenencias y fidelidades en pugna por los recursos y en permanente conflicto. Ante la ausencia de Estado, o su débil presencia; ante un marco normativo confuso o inexistente, son las mismas organizaciones las que autogestionan los recursos hídricos. Los usos y costumbres norman los derechos sobre las fuentes de agua de los regantes, pero ¿qué pasará si no queda tierra donde regar? La postura de los agrarios en este tema es ambigua, pues para este sector la urbanización es al mismo tiempo una amenaza y también una opción de movilidad económica y social. En este contexto, el diálogo intercultural es urgente para buscar alternativas de solución a los conflictos. Ahora bien, ¿qué entendemos por interculturalidad en la resolución de conflictos? Nuestra propuesta y perspectiva tiene que ver con una concepción de cultura como una gramática, una perspectiva, un horizonte de comprensión. Entonces, el diálogo intercultural será la búsqueda de un horizonte común de comprensión de mundo y de lo que para distintos actores significa la “vida buena” (Habermas, 2000: 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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203). Esta dimensión ética de la interculturalidad implica la creación de espacios políticos donde se puedan desarrollar criterios que rijan las prácticas normativas y la resolución de los inevitables conflictos al interior de una comunidad “ampliada”. El análisis de los modos originarios de resolución de conflictos no consiste en indagar el carácter “originario” de los mismos “ni menos oponerla a una supuesta cultura occidental” (Nicolas, 2007:103). Retomamos más bien la concepción de lo “originario” enunciada en la introducción del presente trabajo: una perspectiva ética más que una visión estereotipada de “lo indígena” o de “lo originario”. En este sentido, veremos cómo el proceso de urbanización de las comunidades campesinas quechuas del valle de Tiquipaya está dando lugar a transformaciones socioeconómicas y culturales, y por ende a nuevas formas de gestionar los conflictos. Veremos que en la actualidad, la solución y gestión de los problemas que la urbanización trajo consigo ha dado lugar a estrategias organizativas. Ellas están ancladas en las tradiciones de organización de las comunidades campesinas originarias del valle de Tiquipaya y de los grupos migrantes quechuas y aymaras que se han asentado en la región. Esta dinámica también ha dado lugar a una suerte de fragmentación organizativa como estrategia para gestionar los conflictos. Proponemos, finalmente, que el abordaje intercultural en su dimensión ética y política puede ser fecundo para superar esta etapa y avanzar en la construcción de un “horizonte común” que permita se desarrollen nuevos “modos originarios de resolución de conflictos”, de convivencia pacífica y de construcción en definitiva de una sociedad mejor y más justa.
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4.1. Urbanización y cambio socioeconómico y cultural En Tiquipaya se ha producido un severo impacto en la agricultura debido al cambio en el uso del suelo. Según el trabajo de Ledo (2006), más de la mitad de los hogares entrevistados declaran que llegaron a la zona a vivir en espacios agrícolas, 100 •
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espacios que fueron modificados por otros usos, particularmente en la construcción de viviendas. Entre 1983 y 1993 la urbanización había crecido y paradójicamente la agricultura se hizo menos intensiva en la mayor parte del área de estudio. Asimismo, se evidenció que entre 1998 y 2003 el precio de la tierra urbanizada había descendido de un promedio de 30 a 23 dólares por metro cuadrado. Esto se explica por un incremento en la oferta de tierras de parte de los campesinos deseosos de vender (Faysse, 2007): “al campesino se lo trata de conquistar con el precio elevado de los terrenos, y al cabo de un tiempo el campesino se queda sin dinero y sin tierras, es decir pierde soga y cabrito. Los patrones de antes están volviendo, ya no con látigo, sino con plata en la mano” (Libro de Actas de ASIRTIC, 1994) Esta dramática declaración que figura en el libro de actas de la ASIRTIC evidencia que la demanda de tierras para urbanización, que ha elevado el precio de los terrenos, es un incentivo determinante para que los campesinos se deshagan de su medio de producción: la tierra, a cambio de un pequeño capital que en muchos casos desaparece al cabo de un tiempo. De esta manera el campesino pasa a engrosar las filas de los desocupados o de quienes subsisten en actividades terciarias como el comercio o el transporte. Por otra parte, la escasez y contaminación del agua hacen que sea cada vez más difícil y menos rentable la producción agrícola, y que los agricultores vean como única salida la venta de sus terrenos También contribuye a la dinámica de urbanización el fraccionamiento de las propiedades por sucesión hereditaria. Los hijos empiezan a heredar parcelas muy pequeñas y deben buscar otras alternativas económicas: “y también esos vecinos antiguos ya son gente mayor y poco a poco van parcelando y dando a sus hijos, sus hijos están recibiendo y están dividiendo. Ese es el fenómeno que está ocurriendo. Ya no son muchos. Son gente mayor, se está perdiendo” (Entrevista a A.V. OTB T’ika Khatu). Por otra parte, la venta de tierras ocasiona que los antiguos agricultores se vean paulatinamente desplazados, dando lugar a otros grupos sociales como los migrantes. 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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Aquí también esto no era calle, era rasante y cediendo cada uno de un lado han hecho abrir las calles. Los colonos han ido descuartizando el terreno y ellos mismos se han ido a otro lado. Pero tampoco han gozado el dinero. Una cosa que no es con sacrificio tampoco es valorado. Los que han vendido lo que han recibido de sus padres han conseguido un beneficio grande, andan buscando otra propiedad (Entrevista a V.P. OTB Pucun Pucun).
Otro factor es la falta de estímulo a la agricultura, pues la falta de mercados y la dificultad que implica esta actividad por la escasez de agua, hace que la agricultura sea una actividad poco rentable y, por tanto, la venta de terrenos una posibilidad cada vez más atractiva. De esta manera, la venta de terrenos es también una oportunidad para los agricultores en el afán de “diversificar” su economía, si vale el término: es muy común que los agricultores vendan parte de sus terrenos para comprarse un taxi, o para dedicarse a actividades comerciales: “más antes todo era sembradío. Pero los terrenos van enchiqueciendo año que pasa, las lluvias ya no son como antes. Los hijos quieren sus casitas y se va perdiendo eso de la agricultura, aunque hay todavía. Se dedican a la construcción, al comercio” (Entrevista a S.L. OTB Comunidad Santiaguilla). Además, los cambios se están dando también en la profesionalización de las generaciones jóvenes que provienen de familias campesinas; esto debido a que la urbanización posibilita un acceso a mayores niveles de educación (Keetelaar, 2003: 4-7) Los hijos están empezando a vender las herencias que les han dado sus padres. Algunos hijos han salido profesionales y ellos prácticamente lo venden y se compran movilidad son transportistas. Por ejemplo los regantes, los míos son múltiples, no se dedican solamente a la agricultura, con el pequeño solar no pueden vivir. Son agricultores y a la vez son transportistas, algunos son lecheros, algunos trabajan en empresas. Cada agricultor está en dos tres rubros (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC).
Se puede observar cómo el crecimiento urbano está dando lugar también al fenómeno de la diversificación de las actividades económicas de las familias. La agricultura, que antiguamente 102 •
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era la principal si no la única actividad económica, se ha convertido en una actividad complementaria a otras como el transporte o el trabajo asalariado. Muchos de los entrevistados consideran que el avance de la urbanización es inminente e irreversible y ven con incertidumbre el futuro de las áreas agrícolas, no sólo por la acción de los loteadores o de agentes externos, sino porque los mismos agricultores ven en la urbanización una mejor opción que la agricultura: “cuando viene la urbanización ya no va a haber lotes extensos, ya va a desaparecer la agricultura. Otros vecinos se están yendo a Santa Cruz para seguir su actividad productiva, lo están vendiendo sus lotes” (Entrevista a R.O. Sindicato agrario Putucu Norte). Es interesante notar cómo en algunos casos las familias buscaron continuar con la agricultura, pero en otros lugares e incluso en otros departamentos. La venta de terrenos genera un pequeño capital que les permite emprender actividades agrícolas incluso en otros departamentos como Santa Cruz. Estos cambios de alguna manera han sido internalizados también por los regantes, quienes tienen una doble identidad de habitante urbano y rural. Podemos decir que el fenómeno de la urbanización no sólo se está dando sobre el uso del suelo, sino sobre la misma sociedad agraria que paulatinamente va cambiando de actividad económica, de expectativas y necesidades. Los agricultores, y más las generaciones jóvenes, están dejando su condición campesina y van asumiendo la identidad, cultura y una forma de vida que se identifica más con el medio urbano que con el rural. Ellos [los agrarios] como vecinos antiguos se ven amenazados por el crecimiento urbano. Pero también se ven beneficiados porque van teniendo la mejora de servicios básicos. Entonces se va perdiendo en algunas cosas y se va ganando. Y ellos también van creciendo, van adoptando otro sistema de vida y todo eso (Entrevista a A.V. OTB T’ika Khatu).
Estos cambios son percibidos, como se ve en esta última cita, de manera positiva, como una oportunidad para las 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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generaciones jóvenes para insertarse en el medio urbano que se ha acercado a las antiguas comunidades agrícolas. Asimismo, la venta de los terrenos puede también constituir un pequeño capital que permita a los miembros de la familia, especialmente a los jóvenes, emprender procesos migratorios hacia otros países, mayormente europeos y de esta manera cambiar la actividad económica de la familia. También mi preocupación es en cuanto a la agricultura, se está perdiendo la área verde, se está perdiendo con lo que los jóvenes se van a España, Italia, de allá se vienen con platita y construyen sus casitas y se va achicando la zona de cultivo. A la larga pienso que esas aguas que tenemos se va a convertir en agua potable, ya no va a ser para riego, sino para agua potable (Entrevista a S.G. Juez de aguas).
De esta manera, la urbanización de las tierras agrícolas se produce también gracias a la acción de los mismos sectores agrarios que paulatinamente van cambiando de actividad económica y, por ende, del uso que le dan a sus tierras de agrícola a urbano. Si bien el elevado precio de los terrenos, la falta de incentivo a la agricultura, la presión sobre el suelo, los cambios culturales y económicos de las mismas comunidades agrarias, son factores que explican el avance de la urbanización, otro factor importante es la falta de un marco normativo e institucional que pueda regular el cambio de uso de suelo, que preserve las áreas agrícolas, que posibilite una expansión urbana ordenada, etc. El Municipio no tiene la capacidad institucional, política ni económica para encarar este problema. Uno de los entrevistados dice lo siguiente acerca del papel del Municipio: También la Alcaldía tiene la culpa porque si no hay un plan de reordenamiento territorial. Hemos pedido un plan maestro donde se marque la zona agrícola, sin embargo compran o venden los lugareños y se hacen construir mansiones. Hay plan quinquenal, pero no hay un plan a largo plazo y los técnicos no saben cómo funciona el plan. No sabemos cómo va a funcionar el plan o no se lo está aplicando (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC). 104 •
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En la gestión actual (20052009), varios miembros del sector de los regantes asumieron los cargos tanto de alcalde como de concejales, bajo la sigla política del MAS. En esta gestión, si bien en el discurso se enuncia la vocación productiva del Municipio, en los hechos, los productores se quejan de que el apoyo que reciben no es suficiente. La alcaldía dice municipio productivo pero hasta ahora no se ha visto eso. Si nos fijamos el POA del municipio en producción es muy poco. Para todos los agricultores el apoyo del municipio es muy poco. El año pasado hemos peleado para que sea una dirección, pero no se ha aprobado. Tenemos un técnico, son apenas dos personas que trabajan en esa área. Hay proyectos de impacto, hay canalizaciones que se están haciendo, pero no hay una dirección para proteger el área agrícola. Entonces les va mal a los productores y lo venden al mejor postor (Entrevista a J.L.F. ASIRTIC).
A diferencia de gestiones anteriores en las que, como señala Bustamante, el Municipio estaba controlado por grupos de poder identificados con los vecinos del pueblo y partidos como ADN, se esperaría que la gestión actual, identificada con el sector regante y con un partido de apoyo popular como el MAS, tomara medidas más efectivas contra el avance de la urbanización y la desaparición de las zonas agrícolas, a la vez que impulsara de manera decidida la producción agrícola. Pero esto no sucede porque, como vimos líneas arriba, son los mismos agrarios quienes tienen una postura ambigua respecto de la urbanización y ese es precisamente el drama del sector agrícola del Municipio, que se encuentra en la disyuntiva de conservar su carácter agrícola y hacer frente a la urbanización o subirse al carro del crecimiento urbano: A lo que hemos visto en las reuniones esto se va a volver nomás pues ciudad, y además la gente mismo quiere eso. La gente no 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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quiere conservar verde, nada, sino como en la ciudad que tenga todos los servicios, teléfonos, mercados, sus calles asfaltadas. Quieren eso, que se vuelva ciudad. La Alcaldía no manda, sino el pueblo, la gente misma pide que quiere calles, pavimentos. La gente mismo pide. Si quisieran conservar área agrícola no debían permitir. Pero la gente quiere ir y la alcaldía por atrasito anda empujando (Entrevista a S.L. OTB Comunidad Santiaguilla).
Tendríamos que matizar las afirmaciones de nuestro entrevistado. No es que todo el sector agrícola quiere la urbanización. Pero sí una parte importante la ve como una fatalidad o una oportunidad. En parte, el discurso de Tiquipaya como municipio productivo y el discurso de los “usos y costumbres” responde a esa parte del sector regante que, si bien también se beneficia de la urbanización, ve que a la larga el expediente fácil de vender los terrenos y dedicarse a otras actividades acabará por afectar al núcleo de su identidad como regantes y sustento de su poder organizativo y político: sus derechos sobre los recursos hídricos. En este contexto de reducción de la superficie destinada al uso agrícola, del cambio de uso de suelo, del cambio en la actividad económica de los agrarios y de la inminente urbanización, analizaremos cuáles son los alcances y limitaciones de los “usos y costumbres”, para finalmente explorar las posibilidades de la interculturalidad en la resolución de estos conflictos.
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4.2. Alcances y límites de los “usos y costumbres” Como vimos en el apartado sobre los conflictos al interior de los sistemas de riego, los “usos y costumbres”, más que una normativa son un conjunto de criterios que regulan las acciones de los usuarios de los sistemas de riego y que se ponen en juego cuando surgen los conflictos. De ahí que no se sepa exactamente qué son, precisamente porque su virtud es la indefinición en el sentido de que no se trata de un cuerpo legislativo 106 •
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estático a ser aplicado ciegamente en una determinada situación. Estos criterios están fundados en lo que los miembros de la comunidad que los practica consideran “bueno” para todos los miembros del grupo. De esta manera, los usos y costumbres se actualizan permanentemente en la interacción de los miembros del grupo que los acepta y los practica. Los usos y costumbres se construyen, por decirlo así, en la regularidad, en la cotidianidad, y se activan, se ponen en juego de manera particular en la anomalía, en el conflicto. Los usos y costumbres posibilitan el funcionamiento regular de un sistema de riego -los trabajos de mantenimiento, captación de agua, la operación misma del riego, etc.- y posibilitan la resolución de los conflictos que surgen en ese contexto. Por otra parte, también a partir de los usos y costumbres, los sistemas de riego han creado y consolidado sus derechos sobre las fuentes de agua y la infraestructura de riego. De ahí que cuando se trata de conflictos de derecho se apela a ellos como fundamento de estos derechos. Los límites de los usos y costumbres son precisamente los límites de la comunidad que los practica y acepta. Antezana señala que son eficaces para resolver los conflictos entre actores iguales, pero no en “las arenas sociales donde concurren actores con diferentes dispositivos de poder” (Antezana, 2007). Se puede apelar a los usos y costumbres cuando se trata de conflictos de derechos entre sistemas de riego, comunidades campesinas o conflictos con el Estado; pero estos conflictos no se resolverán por esta vía, sino por caminos judiciales, por ejemplo. 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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Otra de las limitaciones señaladas por Antezana es que no siempre garantizan un acceso equitativo al agua. El acceso al agua se constituye en fuente de poder de un grupo social. En las comunidades andinas puede constituirse en uno de los elementos más importantes de profundización de las diferencias socio económicas (Antezana, 2007: 25). En los sistemas de riego, generalmente el derecho al agua está en proporción a la cantidad de trabajo o dinero que los usuarios han invertido. Hay personas que tienen mucho terreno y no tienen agua, hay otras que tienen agua y no tienen terreno, y hay quienes tienen mucha agua y grandes terrenos. En una de las comunidades del Valle Bajo, por ejemplo, se constituyó una cooperativa donde el derecho al agua depende del monto de la acción que cada uno de los usuarios pagó para acceder a dicho beneficio, uno puede tener derecho a seis minutos, media hora o una hora de agua (Orellana, 2005: 495). Por tanto, la defensa de los usos y costumbres no siempre es la defensa de lo comunitario. En el fondo, las asociaciones de riego, no defienden intereses comunes, sino la suma de intereses individuales, unos más grandes que otros. Al respecto, Orellana señala: La defensa de los “usos y costumbres” fundamentalmente es una defensa de la pequeña producción parcelaria y del derecho de un determinado caudal de agua para el riego. Aquellos que apologetizan los usos y costumbres sobre el manejo y la gestión campesina del agua hacen ideología de “lo comunitario” velando así la condición oprimida del campesino regante que, además nada tiene de igualitaria (por tanto de comunitaria) (Orellana, 2005: 499).
Esto explica que si bien los regantes, como organización, buscan mantener los derechos sobre las fuentes, reivindican la defensa de las zonas agrícolas, etc.; de manera individual no dudan en vender sus terrenos. Y es que los usos y costumbres, en el caso de los sistemas de riego, responden a la lógica de los derechos y beneficios individuales y no a un sentido de comunidad. 108 •
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Ante los innumerables problemas y conflictos que trae consigo el proceso de urbanización, veremos que prevalece el criterio de la defensa sectorial de intereses dando lugar a la fragmentación organizativa bajo una lógica de confrontación o al menos de desconocimiento mutuo.
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4.3. Fragmentación de las organizaciones sociales El crecimiento urbano, la municipalización, la defensa de las fuentes de agua, etc., ha dado lugar, en el valle de Tiquipaya, a una dinámica organizativa compleja marcada por la fragmentación. Tenemos en primer lugar la organización de los regantes en sus respectivos sistemas de riego asociados en la ASIRTIC. Como vimos, esta instancia ha sido creada precisamente para la defensa de los derechos sobre los recursos hídricos. Además, en el sector agrario están las organizaciones de carácter sindical, los sindicatos agrarios, que al mismo tiempo se han constituido en OTB a raíz del proceso de municipalización. Antes había sindicato agrario, pero se ha muerto nomás. Pero el año 95 de nuevo se abrieron los libros por el tema del agua. De ahí ha vuelto a reorganizarse y de ahí ha llegado la OTB. Primero se ha hecho la afiliación al agua, y de esa forma se ha organizado y se ha unido la gente. Los anteriores dirigentes habían buscado la personería jurídica como OTB, porque al agua no le reconoce la alcaldía. Con buena visión han hecho (Entrevista a S.L. OTB Comunidad Santiaguilla).
En este punto es necesario destacar que existe una confusión en cuanto al denominativo de OTB, puesto que en la práctica 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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se identifica a la OTB con una organización de carácter urbano, en contraposición a los sindicatos agrarios. Siendo la OTB la instancia legalmente reconocida para la interlocución con el Municipio, se considera que es necesario de alguna manera “urbanizar” la organización local (volverse OTB) para ser atendido por la administración. Otro tipo de organizaciones con fuerte presencia en la zona son los comités de agua. En las zonas urbanas y parte de las zonas agrícolas, los vecinos tuvieron que organizarse para proveerse de los servicios básicos. En Tiquipaya existen 37 sistemas de provisión agua por cañería. En las zonas urbanas los vecinos también se han organizado en OTB’s para demandar del municipio la atención a sus necesidades de infraestructura urbana y servicios. En pocos casos la misma OTB administra el sistema de agua: “nosotros mismos llevamos el comité de agua, antes estaban separados y no coordinaban. Este último no querían hacer valer al comité de agua, más bien me han exigido hacerme cargo del tema del agua como presidente de OTB” (Entrevista a J.G. OTB Villa Satélite). En la mayoría de los casos hablamos de dos organizaciones que, dependiendo de sus dirigentes, pueden o no coordinar acciones. En otros casos los comités de agua atienden a varias OTB. Actualmente el comité de agua no coordinamos porque ha habido malentendidos con el tema del alcantarillado el año pasado. Ha habido varias observaciones. El COMAHAPA está conformado por cuatro villas. Hemos reclamado, ha habido malentendidos, hay como una pequeña ruptura en esto. Cada uno en su jurisdicción, como comité de agua no puede meterse a empedrado, u otros proyectos (Entrevista a J. V. OTB Max Fernández).
En el Distrito 5, en el sector de las villas, se ha creado una asociación de OTB para coordinar acciones y tener más fuerza ante el Municipio y los Sindicatos agrarios. Sin embargo, en la asociación no participan todas las OTB’s. Nosotros entre dirigentes coordinamos. Las otras OTB me han apoyado, nos hemos reunido con ellos y hemos formado una asociación de OTB, estamos 6 a 7 OTB y hacemos nuestras reuniones 110 •
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cada sábado a partir de las seis de la tarde. Otras OTB también quieren ingresar. Recién estamos elaborando los estatutos de la asociación de OTB. El de la OTB Villa Flores es presidente, yo estoy como vicepresidente. Hemos hecho reuniones y hemos visto los problemas que había con los anteriores dirigentes que no congeniaban. Y nos hemos ido reuniendo cada sábado y hemos formado la asociación. (Entrevista a J.G. OTB Villa Satélite).
Es importante recalcar que organizaciones como la Asociación Comunitaria de OTB’s del Distrito 5 surgen gracias al impulso de los mismos dirigentes que ven la necesidad de aunar esfuerzos para ser atendidos en sus demandas de manera más efectiva. Por su parte, los sindicatos agrarios también se han reorganizado recientemente en torno a una central campesina para hacer frente a los sectores urbanos y a los loteadores. Los transportistas también están organizados en sindicatos de transporte para hacer frente a las líneas de transporte libre y mantener sus derechos sobre las rutas y sus privilegios en la provisión de este servicio. A éstas se suman una infinidad de otras organizaciones de carácter gremial, asociaciones de comerciantes, iglesias evangélicas, juntas escolares, etc. La característica de esta dinámica organizativa no es sólo su complejidad y diversidad, sino la pugna de intereses sectoriales. Esta pugna lleva al desconocimiento mutuo, pese a que sus miembros comparten un mismo territorio y las mismas necesidades. Los entrevistados expresan esta situación de la siguiente forma: De Villa Max Fernández hacia abajo son los agrarios. Tienen su sindicato y nosotros nada que ver con ellos a no ser temas como el transporte. Tenemos que reunirnos entre OTB (Entrevista a J. V. OTB Max Fernández). 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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El agua potable es muy aparte de los agrarios, pero no con afán de separarnos, pero no hay una coordinación muy buena. Los agrarios están a la cabeza, ellos tienen todos sus derechos. Nosotros tenemos nuestras propias tomas de agua potable (Entrevista a P. A. Comité de agua potable Chilimarca Trojes). Entre las OTB y sindicatos hay diferencia. Como sectores campesinos seguimos manejando el sector agrícola y las OTB han avanzado con las urbanizaciones (Entrevista a R.O. Sindicato agrario Putucu Norte). Con ASIRTIC no tenemos nada que hacer, ellos tienen toda su organización (Entrevista a S.L. OTB Comunidad Santiaguilla).
Algunas organizaciones de tipo sectorial, como las asociaciones de OTB’s o la Central Campesina en el Distrito 5 han surgido precisamente para fortalecerse como sector y tener mayor poder a la hora de la disputa por los recursos, tanto en el tema del agua como en el caso de los recursos municipales. Por ejemplo, en el Distrito 5, los agrarios se sintieron amenazados porque los urbanos iban adquiriendo más fuerza en sus demandas ante el Municipio debido a su superioridad numérica y organizativa. De esta manera, se intentó la creación de una central campesina en el Distrito. Nosotros queríamos transporte a este lado y los urbanos nos bloqueaban, entonces nosotros también nos levantamos queriendo transporte. Ellos quieren más proyectos, porque se sienten más hartos que nosotros, y como la Participación Popular va por habitante quieren más recursos y más obras. Nos quieren marginar a los agrarios porque somos cada vez menos. Nos hemos organizado para combatir a lo urbano, porque su objetivo es avanzar, pero de nosotros es mantener, para hacer respetar nuestros usos y costumbres, para seguir manteniendo nuestras aguas de riego, porque si esto se urbaniza nuestra agua dónde se va a ir. (Entrevista a R.O. Sindicato agrario Putucu Norte).
Ciertamente, el criterio de distribución de los recursos municipales basado en la cantidad de la población de cada Distrito, e incluso de cada OTB, beneficia principalmente a los sectores urbanos, donde obviamente se concentra mayor cantidad de 112 •
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población. Ante esta situación han surgido intentos de organizaciones agrarias supracomunales. El sindicato agrario está afiliado a la sub central única de trabajadores campesinos de Chilimarca, que se ha fundado el 2006. Y están afiliados a esa subcentral el sindicato Trojes, Chilimarca, Pucun pucun, Putucu Norte y Molinos, son cinco sindicatos que hemos formado la subcentral para hacer un poco más de fuerza en la alcaldía para pedir que nuestro POA se eleve un poco más. Ha dado resultado y desde que hemos formado esta subcentral la política de la alcaldía es deshacernos, nos hemos unido y hacemos más fuerza, nos quiere dividir. Si vamos los cinco hacemos fuerza (Entrevista a Z.S. Sindicato Agrario Chilimarca).
La fragmentación organizativa y las disputas sectoriales surgen precisamente en un ambiente de potencial conflicto, donde el Estado, el marco normativo y las autoridades son los grandes ausentes. Como vimos en los capítulos precedentes, los conflictos a los que dan lugar los procesos de urbanización se resuelven en muchos casos por salidas de fuerza, por la imposición de uno de los sectores o por la ruptura de relaciones. Actitudes que están fundadas en el temor, el prejuicio y el desconocimiento mutuo. Es lamentable escuchar en más de una entrevista que los mismos pobres llegados a barrios miserables sin ningún tipo de servicios digan: “nosotros nada que ver con los agrarios”, o que los agrarios digan que los vecinos de las villas “son ambiciosos”, “nos quieren hacer a un lado”. En realidad, estas salidas no hacen otra cosa que diferir los conflictos y profundizar las divisiones, la pobreza y las inequidades. Es necesario entonces plantearse cómo será posible que en vez de la fragmentación y las rencillas, puedan generarse modos alternativos de resolución de conflictos en estos ámbitos. Dado que los conflictos presentados y analizados están surgiendo en espacios en proceso de urbanización, que se caracterizan por ser espacios de convivencia de grupos de distintos orígenes culturales y sociales, una 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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alternativa posible es la construcción de ámbitos de convivencia intercultural que permitan precisamente la generación de modos propios de resolución de conflictos.
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4.4. La interculturalidad, como la construcción de un nuevo horizonte común de convivencia y de resolución de conflictos En las zonas en proceso de urbanización, la cultura, las diferencias culturales y la convivencia intercultural tienen como característica fundamental que están en constante y rápido cambio. Las identidades culturales no son estáticas sino que se van construyendo y recreando por las relaciones sociales conflictivas y por los procesos históricos. En nuestro caso, las sociedades agrarias se han ido transformando por el proceso mismo de urbanización; como vimos, han diversificado su economía, lo cual ha dado lugar a cambios también en su cultura. Por otro lado, las urbanizaciones populares se han poblado de migrantes mineros y campesinos de las tierras altas principalmente o clases medias y altas de la ciudad de Cochabamba. Cada quien ha traído hasta el valle de Tiquipaya sus costumbres, criterios, forma de ver el mundo, sus vínculos comunitarios y sus aspiraciones. Sin embargo, en estos centros urbanos también su cultura ha tenido que cambiar para adaptarse a nuevas situaciones y problemas. La convivencia en el mismo espacio de estos sectores de la población dio lugar no sólo a conflictos sino a intercambios culturales y económicos. Hemos visto que para enfrentar el proceso de urbanización, lo que se ha generado es una dinámica social y organizativa caracterizada por la fragmentación e incluso el enfrentamiento. Las diferencias culturales y el intercambio económico y cultural que se dan en estos espacios no definen de por sí el carácter intercultural de estas sociedades ni de los modos de resolución de conflictos. Consideramos que la interculturalidad y la 114 •
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perspectiva intercultural en los espacios descritos, y en los conflictos analizados, es más bien un proyecto en construcción. La “interculturalidad” como relación o diálogo entre grupos a partir del cual se puede llegar a la unidad en la diversidad, será un primer paso hacia la construcción de una relación intercultural en su dimensión ético política. Esto quiere decir que el primer paso será el “reconocimiento mutuo”, superar las actitudes descritas de enfrentamiento, pugnas sectoriales, desconocimientos, etc. Las prácticas de comunicación, el esfuerzo de comprensión y reconocimiento mutuos serán un primer paso, pero no son suficientes para la construcción de modos de resolución de conflictos desde una perspectiva intercultural. Coincidimos con Avruch y Black (2008) en que el abordaje intercultural en la resolución de conflictos es fundamental, teniendo en cuenta que la cultura debe ser entendida como “como un lente o como una gramática que estructura toda acción” (Avruch y Black, 2008: 2). Sin embargo, en este caso, la perspectiva del análisis cultural en la mediación no es suficiente porque, como vimos, los conflictos no son solamente de carácter cultural, son conflictos por los recursos hídricos, los recursos municipales, dominio del espacio, etc. Consideramos que, a partir de este abordaje es necesario ampliar el concepto de interculturalidad en su dimensión ético política. Desde esta perspectiva, es necesaria una concepción de interculturalidad que construya una articulación social entre personas y grupos culturales diferentes, sin ocultar las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad. Esto implicaría procesos de auténtico diálogo intercultural. Auténtico en el sentido de que supera una concepción subjetivista o voluntarista del intercambio cultural para convertirse 4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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en un factor de transformación política. Es decir, de transformación de las relaciones basadas en las pugnas de poder sectoriales hacia relaciones en las que el reconocimiento mutuo implica además una visión compartida de la “vida buena”. A partir del reconocimiento de la diversidad social y cultural, y de sus conflictos, será necesario que los distintos sectores de nuestro caso de estudio puedan encontrar lugares comunes que les permitan ir construyendo espacios de articulación social. En concreto, el tema de los recursos hídricos no encontrará vías de solución mientras los conflictos se resuelvan por el enfrentamiento y/o la imposición de un grupo sobre los otros. Es necesario reconocer, en el caso del agua, que existe en todos los sectores la percepción de este recurso como un bien común y como un elemento vital. El agua considerada como elemento de vida puede ser el principio generador de una ética común en torno a este recurso, basada en las formas tradicionales y nuevas de organización (Agua, tierra, gente, 2007: 10). Una visión cultural compartida en torno al agua podría posibilitar una gestión del recurso para el consumo humano y productivo. De esta manera, un nuevo modelo de gestión del agua podría convertir a este recurso en un elemento de cohesión social en vez de ser factor de división y enfrentamiento (Agua, tierra, gente, 2007: 10). Este nuevo modelo implicaría una ampliación de los límites de los “usos y costumbres”, de modo que estos criterios de aprovechamiento y uso del recurso puedan también extenderse a los múltiples usos del agua y crear así modos alternativos de resolución de conflictos que contemplen los intereses de los diversos actores. Esto significa que las organizaciones agrarias, campesinas, vecinales, etc., vayan pasando de la estrategia del enfrentamiento y la fragmentación organizativa a una estrategia de articulación en torno a intereses comunes. Dado que la capacidad organizativa es una de las virtudes más relevantes de los distintos grupos de interés, una posibilidad concreta de creación de espacios de intercambio cultural y de formas de resolución conjunta de conflictos sería la creación de instancias que 116 •
Cuando el río suena…
aglutinen a los distintos sectores. Por ejemplo, se podría proyectar la creación de comités municipales o distritales para la gestión del agua, que aglutinen tanto a los regantes como a los comités de agua potable. También organizaciones territoriales intermedias, organizaciones distritales; en este caso, que aglutinen a comités de agua, juntas vecinales, sindicatos agrarios, transportistas y otros para enfrentar problemas comunes como la provisión de servicios básicos, transporte, salud, educación y construir modos de resolución de los conflictos que se están generando a partir de los procesos de urbanización. Para llegar a la conformación de este tipo de organizaciones intermedias territoriales será necesario un proceso de fortalecimiento organizativo que permita un diálogo en iguales condiciones entre los distintos sectores: originarios y migrantes, “agrarios” y “urbanos”, vallunos y altiplánicos, campesinos y citadinos; de manera que nadie se sienta con más derecho que el otro y juntos puedan trabajar en torno a necesidades e intereses comunes. De este modo, la interculturalidad en su dimensión ético política deberá entenderse como la construcción de nuevas intersubjetividades, nuevas prácticas y nuevos modos originarios de resolución de los conflictos.
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4. La dimensión intercultural en la resolución de conflictos •
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Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia en los Valles y el Altiplano
Región Altiplano Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz Carlos Hugo Laruta Bustillos Asistentes de investigación: Paola Luján Ma. Cristina Bengolea
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1. Introducción
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1.1. El debate actual sobre la interculturalidad en el mundo y en Bolivia
1.1.1. Puntos de vista universales al respecto Comprender los alcances de la “pluriculturalidad” implica comprender que la cultura abarca todos los elementos de la vida social, incluyendo desde luego las visiones y prácticas sobre los recurrentes y normales conflictos de la convivencia social, y las formas y maneras de atenderlos. Si Bolivia es pluricultural, su vida cultural, aún en los ámbitos más pequeños de la vida social, también será plural, respecto al tema de la conflictividad y la manera de encararlo. Pero aún reconociendo la diversidad cultural, habrá que entender la cultura como espacio abierto a los encuentros, no como coto cerrado a las influencias e intercambios. Desde la perspectiva de un análisis sistémico asentado en la investigación y la práctica, puede afirmarse que en el debate contemporáneo del mundo se plantearon tres puntos de vista socio-jurídicos diferentes respecto a la comprensión y administración de los conflictos en sociedades multiculturales que, sin embargo, viven en la realidad la interculturalidad -ya pragmática o ya sistemática-, como método de convivencia pacífica de diferentes. 1. Introducción •
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A nivel latinoamericano, los tres puntos de vista lograron influir de un modo muy importante, tanto en la comprensión e intervención sociológica, desde la óptica de la administración (prevención, regulación, solución) de los conflictos, como en la construcción, incorporación y modificaciones de los marcos legales estatales existentes. Sin ingresar en el debate, pero registrando sus componentes actuales como parte del entorno de reflexión académica al respecto, señalamos los tres puntos de vista indicados. El primero, Modos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC’s) o estructural/funcionalista1 (EF), que si bien reconoce la necesidad de un paso final orientado a los cambios institucionales necesarios, entre ellos los jurídicos, se concentra más bien en la concepción del conflicto y su resolución como un fenómeno de naturaleza universal. Esto debido a que existen explicaciones genéricas sobre el comportamiento de los individuos, que permiten la aplicación de medios también genéricos, desde luego adaptativos, para resolver los conflictos advirtiendo el riesgo de las simplificaciones y arbitrariedades pragmáticas y fomentando más bien el desarrollo y generación de estándares aceptados -y de posible aplicación generalizada-, aún en situaciones de diversidad cultural. Desde este enfoque, la resolución del conflicto se entiende como su finalización o conclusión, a través de métodos de naturaleza analítica y que deben dirigirse hacia la raíz del problema, buscando resultados que impliquen soluciones permanentes en términos de realidad. Este enfoque del conflicto y su resolución tiene más bien un anclaje sociológico antes que jurídico, y se asienta en el reconocimiento de ciertas regularidades en la convivencia humana de los llamados grupos pequeños, aunque no descarta -como lo tenemos señalado- el paso final de los cambios institucionales necesarios para la eficacia en la resolución de conflictos. 1
www.ilacon.org Instituto Latinoamericano de Análisis de Conflictos, Buenos Aires- Argentina, 2008.
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En este enfoque se establece la diferencia entre Administración, Manejo y Gestión del Conflicto. Aunque hay una similitud clara, la Administración es un concepto más amplio y hace referencia a las formas estandarizadas, sistemáticas y organizadas al detalle, en que una persona o una estructura organizativa o institucional gestionan los conflictos. Así, la regulación, manejo o resolución de los conflictos, son entendidos como modos o maneras donde existe más bien gran flexibilidad en las formas y mecanismos, dando lugar a creatividad e innovación o, a veces, rutinización y empobrecimiento de dichos modos. De ello que la gestión, manejo, regulación o resolución son términos más bien procedimentales, que no necesariamente deben ser parte de una Administración -más compleja y sistemática- de los conflictos. El segundo es llamado Pluralismo Jurídico Céntrico Estatal (PJCE), y reconoce la pluralidad dentro del sistema legal estatal, incorporando en su interior la llamada “resolución alternativa” de conflictos. Este punto de vista ha enriquecido las Constituciones Políticas de varios países latinoamericanos con importante población indígena (Guatemala, Perú, Chile, Argentina), ha impulsado modificaciones en la legislación ordinaria, en la legislación penal y de procedimiento penal, realizadas durante las dos últimas décadas del siglo XX y que en todos esos casos están aún vigentes. Ha orientado su vinculación con el enfoque de existencia en unidades sociales pequeñas (grupos asociativos de todo tipo, minorías étnicas, y grupos pequeños en general) de los llamados Modos o Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. En esta visión y práctica, la interculturalidad es entendida como la forma de existencia de la cultura en las sociedades nacionales. Es decir, se entiende la cultura como un espacio abierto de componentes, que a lo largo de las respectivas historias nacionales, han mantenido permanentes flujos comunicativos –en gran medida asimétricos-, pero que han configurado productos culturales y prácticas interculturales (la administración de los conflictos, y desde esta realidad también 1. Introducción •
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la interlegalidad). También han ido conformando el sustrato cultural de los nuevos Estados nacionales, sin eliminar por completo las diferencias culturales fruto de los encuentros/ desencuentros producidos desde la llegada de Europa a este continente, encuentros/desencuentros plenamente vigentes hoy, a principios del siglo XXI. Abre paso, por lo tanto, a un enfoque mixto donde lo jurídico se articula a lo socio/antropológico, rescatando la relevancia del enfoque de atención estructural funcionalista de los conflictos. El tercero es conocido como Pluralismo Jurídico Postmoderno2 (PJP) con su variante denominada Pluralismo Juricultural Transformativo (PJCT), que reconoce a los sujetos como a la autoridad legal que influye activamente en la construcción del derecho, llevando la resolución alternativa al plano de su existencia como derecho propio (PJP). En un tono más radical, el PJCT resuelve las dificultades de la existencia y articulación de modos alternativos de resolución de conflictos en sociedades pluriculturales, por la vía del reconocimiento de la diferencia cultural indígena como diferencia jurídica indígena, incluyendo además en su propuesta la autonomía jurídica indígena como espacio de existencia real de tal diferencia que se podría llamar sistémica. En términos de esta visión, existen sistemas culturales y sistemas jurídicos diferentes. Estas dos visiones complementarias (PJP y PJCT) se asientan en algunas de las reflexiones de organismos internacionales como la UNESCO3 y, centralmente, en la Asamblea de la ONU a través de su última Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas: artículo 34 (reconoce, cuando existan, “costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos”) y artículo 35 (reconoce que los pueblos indígenas ”tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con las comunidades”). A nivel latinoamericano, estos derechos proclamados por la ONU se encuentran ya en la nueva 2
Un interesante análisis al respecto se encuentra en Inksater, Kimberly: Resolviendo tensiones entre derecho indígena y normas de derechos humanos a través del Pluralismo Juri-cultural Transformativo. Ottawa, 2006. 3 UNESCO: Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, Una visión, Una plataforma conceptual, Un semillero de ideas. Agosto-septiembre de 2002.
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Constitución Política del Ecuador, aprobada en referéndum de septiembre de 2008, y en el proyecto de nueva Constitución aprobada por el Congreso de Bolivia en octubre de 2008 (sobre todo el Capítulo Cuarto llamado Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios y Campesinos, del Título II Derechos y Garantías Fundamentales) que se llevará a referéndum constitucional en enero de 2009. Todas estas visiones tienen su anclaje en las condiciones sociales y culturales de vida de los pueblos que componen la pluralidad cultural de la realidad. Sin embargo, brindan respuestas diferentes para las características de interpretación de la pluralidad cultural y, en esa línea de reflexión, también de la interculturalidad (como realidad cultural y también como método en la relación cultural). En ese marco, también entran en la línea de interpretación diferenciada las características de la resolución de conflictos en sociedades donde los pueblos indígenas tienen una vigencia real. Oscilan en su interpretación entre el extremo de comprensión de las culturas como articuladas y con inter-legalidad (interculturalidad) como es el caso de los dos primeros (MARC’s y PCE) y el extremo de autonomía cultural y jurídica total respecto de la cultura y la norma nacional/estatal, llevando el pluralismo cultural al límite (PJP y PJCT).
1.1.2. El debate en Bolivia La construcción de la democracia boliviana de hoy, que se desarrolla con ritmos acelerados y con tensiones regulares en este tipo de transformaciones sociopolíticas, requiere un adecuado enfoque respecto a dos factores centrales: la diversidad cultural y la conflictividad, y el modo de comprender a ambos como aspectos centrales de conocimiento y reflexión, en la medida que pueden contribuir a la construcción democrática de Bolivia. Un espacio fundamental de debate respecto a la multiculturalidad y la interculturalidad, en relación a la conflictividad 1. Introducción •
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y la justicia indígena, se dio en la Asamblea Constituyente. En ella finalmente logró supremacía la corriente del pluralismo radical, que concluyó insertando el concepto de pluralismo jurídico e institucional (jurisdicción y fuero indígena), en el proyecto de nueva Constitución. Desde una óptica novedosa, la Segunda Encuesta titulada: Diversidad Cultural hoy, una radiografía al país, realizada por la Fundación UNIR Bolivia y cuyos resultados se publicaron en octubre de 20084, señala que los datos arrojados “reflejan que autoidentificación y pertenencia, aunque a primera vista aparezcan como contradictorias, en realidad son complementarias y permiten observar la complejidad de la construcción identitaria nacional”. También se indica a continuación cómo esos resultados muestran que “el 73,3% de la gente se autoidentifica como mestiza, pero al mismo tiempo los entrevistados afirman pertenecer en un 67% a algún pueblo indígena”. Esto nos advierte claramente el riesgo de simplificar las miradas sobre las identidades y las culturas. Es decir, es imprescindible observar ambas como flexibles, abiertas y en permanente proceso de reformulación, con lo que se anula el riesgo de los fundamentalismos del pluralismo radical. Una categoría recientemente introducida pero poco trabajada aún en Bolivia es la de grado de etnicidad o índice combinado de etnicidad5; es decir, “qué implica realmente ser indígena”6. Esta categoría conlleva analizar cómo algunos indicadores de etnicidad (autoidentificación, lugar de nacimiento y lengua en la que se aprendió a hablar) permiten finalmente identificar personas con etnicidad alta (que cumplen con los tres criterios indicados), y personas con etnicidad media, etnicidad discursiva, y etnicidad velada (en quienes los tres indicadores van disminuyendo su relevancia), para llegar finalmente a quienes no señalan identificación étnica. Este grado o índice permite hacer comprensibles las diferencias existentes al interior de 4
Segunda Encuesta Nacional, Diversidad Cultural Hoy, 2008. Una radiografía al país, 9 capitales, El Alto, más 12 ciudades intermedias, octubre de 2008, La Paz, Fundación UNIR Bolivia, octubre de 2008, p. 4. 5 Albó, Xavier y Quispe, Víctor: Quiénes son indígenas en los gobiernos municipales, La Paz-Bolivia, Ed. Plural-CIPCA, 2004. 6 Id supra, p. 7.
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identidades y culturas que matizan su posible comprensión absoluta, monolítica y homogénea, frente a lo que más bien parece ser la realidad, y culturas e identidades que contienen algunos elementos centrales específicos pero también componentes sincréticos e interculturales más próximos al universalismo humano. Entonces, es relevante contar con aportes provenientes de la investigación de esa diversidad cultural para mejorar la comunicación y actuación efectiva de los diferentes actores estatales e institucionales con los actores indígenas y campesinos. Esto en el afán de lograr mejores horizontes de equidad y de entendimiento entre las y los bolivianos; elementos básicos que fortalecen procesos de negociación y diálogo en un escenario intercultural, contribuyendo de modo efectivo a la construcción de una convivencia democrática. En esa línea, dos publicaciones actuales contribuyen a la reflexión. La primera desde una perspectiva más general y en referencia al Estado, sus posibilidades y limitaciones en la administración global de la conflictividad societal7; y la segunda, más reciente8, que presenta interesantes contribuciones sobre los conflictos y su resolución referidos a tierras, linderos y saneamientos. Realizadas con métodos diferentes, las publicaciones establecen algunas conclusiones coincidentes y otras divergentes, pero con gran riqueza descriptiva en los detalles de la atención de los conflictos en comunidades andinas, aproximándose a algunas de las tres visiones ya señaladas. La presente investigación pretende contribuir no sólo al conocimiento y mejor comprensión de los modos de resolución de conflictos al interior de las unidades sociales en las que se realiza la convivencia básica de los pueblos indígenas bolivianos -para el caso de las comunidades indígeno/campesinas del pueblo aymara próximo al área metropolitana de La Paz. También se busca, desde allí, contribuir a observar 7 8
UNIR, Fundación: Las piezas del conflicto, La Paz, Bolivia, 1re., Julio de 2006. Nicolás, Fernández y Flores: Modos Originarios de Resolución de Conflictos en Pueblos Indígenas de Bolivia. La Paz: UNIR-PIEB, agosto de 2007. 1. Introducción •
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y comprender de un modo más completo la actual cultura aymara globalmente considerada, las formas y grados de relación con la cultura nacional y la legalidad estatal, grados de autonomía existentes y, finalmente, dotar de contenido real a una parcela significativa de la realidad: por un lado, la multiculturalidad como descripción de la diversidad cultural y, por otro, la interculturalidad como áreas, acciones y productos del encuentro y la articulación cultural.9
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1.2. Los retos de la presente investigación La hipótesis que guió el estudio sostiene que las características generales (concepción y percepción) y las características específicas (normas, organización, procedimientos, resultados) de la resolución de conflictos en comunidades campesino/indígenas aymaras del altiplano circunlacustre, expresan la vigencia de ciertos grados de autonomía sociocultural sustentados en anclajes flexibles y adaptados que se conectan con la normatividad y la cultura nacional/estatal. Asimismo, y dada la diversidad cultural (multiculturalidad) existente en Bolivia, se postuló el objetivo de conocer y comprender las características generales y específicas de la resolución de conflictos en comunidades campesino/indígenas aymaras del altiplano circunlacustre, colindantes con el área metropolitana de la ciudad de La Paz, llamadas también actualmente “comunidades originarias”, entendiéndose que en ese proceso existía una fuerte presencia de la interculturalidad como articulación real de culturas y como método práctico en la búsqueda de soluciones. Dentro de ese objetivo general se pretendió: 1) Identificar la manera en la que las comunidades campesino/indígenas u originarias del área de investigación conciben y perciben el conflicto en general y su diferenciación particularizada en cuanto a dimensión y manifestación. 2) Señalar las condiciones 9
Inksater, Kimberly: Resolviendo tensiones entre derecho indígena y normas de derechos humanos a través del Pluralismo Juri-cultural Transformativo, Ottawa, 2006.
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socioculturales que en las comunidades campesino/indígenas u originarias posibilitan la resolución de conflictos. 3) Realizar una descripción detallada de los componentes específicos presentes en la resolución de conflictos en las comunidades campesino/ indígenas u originarias: normas, organización, procedimiento, resultados, entre otros. 4) Identificar las maneras en que se percibe el rol de los distintos niveles jerárquicos de las autoridades/ organización campesinas/indígenas u originarias en la atención de los conflictos, y su rol intra y extra en relación a la estructura jurídica nacional. El enfoque metodológico elegido pretendió realizar un estudio cualitativo y cuantitativo, aunque por las características del objeto de estudio será predominantemente cualitativo. Esto se debe a que interesa la exploración, descripción y análisis de una diversidad de elementos y variables de tipo cualitativo que participan en la resolución de conflictos en comunidades campesino/ indígenas u originarias, para el caso comunidades aymaras en el área rural de influencia del área metropolitana de la ciudad de La Paz. Por ello, dado que los objetivos están dirigidos a la identificación de las percepciones más importantes y el conocimiento detallado de la estructura sociocultural de significación y sentido de las acciones favorables a la resolución de conflictos, el método cualitativo se asienta en el Estudio de Casos y Niveles Múltiples. Casos múltiples, porque se estudió cinco casos específicos de resolución de conflictos, recientemente ocurridos en comunidades de dos Subcentrales del Distrito 3 (rural) del Municipio de Viacha, donde los actores están aún presentes en el área de ocurrencia del suceso. Niveles múltiples, porque se eligió esos cinco casos atendiendo al involucramiento, por separado o articulados, de varios niveles jerárquicos de la organización campesina/indígena (autoridad Comunal, de Subcentral, de Central Agraria y de Provincia) y eventualmente de instituciones externas a la organización campesino/indígena (Policía, Juez Agrario, Gobierno Municipal, ONG’s, INRA, etc.). 1. Introducción •
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En las Técnicas y Fuentes se seleccionó, por su utilidad: las observaciones de campo (acompañamiento en Asambleas Comunales y reuniones de conciliación - ver Anexo 1), entrevistas a informantes clave internos (autoridades comunales pasadas o actuales, e involucradas en conflictos - ver Anexo 2), y los grupos focales con autoridades comunales que pudieran reflexionar sobre su actuación (ver Anexo 3), complementando todo esto eficazmente con las descripciones de campo de las múltiples visitas realizadas (ver Anexo 4). Las fuentes secundarias consultadas incluyen documentos internacionales referidos al tema, documentos referidos al Municipio como el Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 de Viacha, y varias investigaciones vinculadas a conflictos en el área andina de Bolivia (ver Bibliografía). Las Fases y Acciones de la investigación implicaron varios aspectos. En alcances y ámbito geográfico de la investigación, se seleccionó el área rural del altiplano circunlacustre, con habitantes de cultura aymara, influenciada por patrones de vida urbanooccidental, presente en el área metropolitana de la ciudad de La Paz, y, por ello, con un grado de etnicidad tipificado como medio10. El Distrito 3, el único rural del Municipio de Viacha, y que en función a los conflictos identificados al inicio de la investigación corresponde a la Subcentral Coniri (Comunidades Unkasuca y Altochoñojahua) y a la Subcentral Jacha Hilata (Hilata Central e Hilata Arriba): dos de las ocho Subcentrales agrarias con que cuenta el Municipio. En cuanto al alcance temporal, la investigación se realizó en 3 meses, con una Primera Fase de Diseño Final y Aprobación del Estudio que incluyó revisión documental y marco conceptual. Una Segunda Fase de trabajo de campo en las comunidades campesino/indígenas de las Subcentrales Agrarias de Coniri e Hilata. Y una Tercera Fase de conclusión de la sistematización que permitió el procesamiento de la información y la elaboración de conclusiones. 10
Ver comentario anterior al respecto y también Molina y Albó: Gama étnica y lingüística de la población boliviana, La Paz, Naciones Unidas, 2006; y Laruta, Carlos Hugo: “Interculturalidad y Democracia”, en LAZOS, Revista de la Fundación UNIR Bolivia, No. 2, 2006.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
Ciertamente, la confianza de los Mallcus y Mama Mallcus de las gestiones 2007 y 2008 de las comunidades estudiadas, algunos comunarios notables individualmente considerados, la gran disposiciรณn del Gobierno Municipal de Viacha, la buena voluntad del encargado de la Oficina de CIPCA en Viacha, y el destacado apoyo de los funcionarios de la Fundaciรณn Tierra (ver lista completa en Anexo de Entrevistados), permitieron contar con la suficiente informaciรณn como para arribar a conclusiones satisfactorias.
1. Introducciรณn โ ข
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2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas
2.1. Viacha y su historia. Época Precolonial, Colonial y Republicana El actual municipio de Viacha, antes de la llegada de los españoles, era parte del señorío aymara de Pacajaques11. Cuando estas poblaciones fueron sometidas por la expansión Inca, pasaron a formar parte de lo que se conoció como el Collasuyo. En la Colonia, según registros de 1548, aparece Viacha con estadísticas poblacionales en las que se contabiliza a 600 indios tributarios y se identifica a sus caciques principales – Miva y Pati– con motivo de establecer los mecanismos de repartos. En la Tasa de Visita General realizada por el Virrey Francisco de Toledo, los datos del repartimiento de Viacha son más detallados en cuanto al número de población según edad, sexo y estado físico; pero también se identifica a sus encomenderos: Juan Rivas y Francisca Cabrera12. La organización territorial colonial produjo rupturas en la distribución geográfica de los territorios aymaras, y la República nacida en 1825 asentó su división político- administrativa sobre tal situación. Con la división administrativa en provincias, la región a la que pertenece Viacha se desmembró de la Provincia Pacajes y pasó a llamarse Provincia Ingavi, durante 11 12
Bouysse Cassaigne, Theresse: 1987. Costa Arduz, A: 2006, pp. 14-15.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
los Gobiernos de José Ballivián y Jorge Córdova. No es hasta la emisión de la Ley de 5 de diciembre de 1906, durante la Presidencia de Ismael Montes, que se consolida la Provincia Ingavi con su capital Viacha elevada a rango de ciudad. A fines del siglo XIX, un hecho que tuvo como centro importante a Viacha y su región aledaña fue la Guerra Federal, de 1893 a 189913. El ejército nacional dirigido por el Presidente Fernández Alonso llegó hasta Corocoro y Viacha, recogiendo en su camino alimentos, ovejas y asnos de las comunidades del área, lo que motivó parte de la resistencia indígena aymara. Otra poderosa influencia en la historia de Viacha fue el ferrocarril Arica-La Paz, construido luego de 1904 como efecto del Tratado de Paz y Amistad entre Bolivia y Chile, después de la Guerra del Pacífico. La ciudad y comunidades rurales de Viacha, y entre ellas las que hoy son parte del presente estudio, vivieron una dinámica migratoria y laboral que brindó la oportunidad para que muchos comunarios se incorporen como empleados administrativos, peones en la construcción y mantenimiento de vías férreas, e incluso inicien su conversión en comerciantes relacionados a los puertos del norte chileno, vinculando hasta hoy a Viacha y sus comunidades rurales con los puertos del Pacífico. Posteriormente, y a medida que la organización administrativa del altiplano occidental fue delimitándose, la Provincia Ingavi fue pasando de dos secciones municipales en 1947 -Viacha era capital de la primera sección- a 6 secciones municipales el 200714.
•
2.2. Viacha Hoy. Características generales El Municipio de Viacha está ubicado al oeste de la ciudad de La Paz, en el altiplano norte de Bolivia. Es la primera sección municipal de la Provincia Ingavi (junto a Tiahuanacu, Guaqui, Desaguadero, Jesús de Machaca, San Andrés de Machaca y 13 14
Grieshaber, Erwin P.: 1991, p. 130. Gobierno Municipal de Viacha: Plan de Desarrollo Municipal 2007- 2011 (PDM). 2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
137
Taraco) del Departamento de La Paz (ver Mapa No. 1). Limita al este con El Alto, La Paz y Achocalla; al oeste con Comanche, Jesús de Machaca y Laja; al norte con Laja y El Alto; y al sur con Collana y Comanche (ver Mapa No. 2). Asimismo, la ciudad de Viacha, capital del Municipio, forma parte del área metropolitana del Departamento de La Paz, junto a El Alto, La Paz, Achocalla, Palca, Mecapaca y Laja, y parte de su territorio rural es considerado espacio de crecimiento urbano de dicho complejo metropolitano. Mapa No. 1. El Municipio de Viacha en Bolivia, en el Departamento de La Paz y en la provincia Ingavi.
Fuente: PDM 2007-2011, Gobierno Municipal de Viacha.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
Mapa No. 2. Límites del municipio de Viacha
Fuente: PDM 2007-2011, Gobierno Municipal de Viacha
Mapa No. 3. Distritos Municipales, Municipio de Viacha
Fuente: PDM 2007-2011, Gobierno Municipal de Viacha.
2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
139
Viacha se encuentra a una altura de 3.500 metros (llanura) y 4.500 metros sobre el nivel del mar (serranía), muy próxima a la Cordillera Oriental de los Andes. Su extensión es de 1.120,86 km² y ocupa el 20.7 % de la Provincia Ingavi. Tiene 4 Distritos Municipales (1, 2, 3 y 7), contando cada uno de ellos con un Sub Alcalde (Ver Mapa No. 3). Los Distritos 4 y 5 forman hoy otro Municipio. Los Distritos 1 y 2 son urbanos y tienen actividades comerciales, de servicios y manufactura (distinguiéndose la fábrica de cemento SOBOCE en el Distrito 2), mientras que en los Distritos 1 y 7 se encuentran instaladas fábricas de ladrillos, de cerámicas y actividades relacionadas al sector de servicios y una franja de gradual ocupación en el crecimiento del área metropolitana de El Alto. El Distrito 3 es el área rural del Municipio en que se asientan 63 comunidades agrupadas en ocho Subcentrales agrarias que son: 1) Irpa Chico, 2) Achica Baja, 3) Batalla de Ingavi, 4) Contorno, 5) Jacha Hilata, 6) Irpa grande, 7) Coniri y 8) Villa Santiago de Chacoma (ver Cuadro No. 1).
2.2.1. Demografía Según el INE15, la población de Viacha para el año 2001 era de 46.596 habitantes, proyectándose su crecimiento a 52.202 para el 2007 y a 58.072 para el 2011, con una tasa de crecimiento del 2.7 % anual. La estructura de la población muestra variaciones en el tramo entre 15 a 19 años de edad entre varones y mujeres, dependiendo de si el Distrito es rural (mayor número de mujeres) o si es urbano (mayor número de hombres), debido a los siguientes factores: a) la insuficiencia de colegios de nivel secundario en el área rural y la búsqueda de oportunidades laborales que obliga a los jóvenes varones a salir hacia la ciudad de Viacha, y b) la numerosa presencia de conscriptos varones en los varios regimientos militares acantonados en el área urbana. La proporción de personas por familia disminuyó de 4.09 en 1992 a 3.6 en el 2001. El dato 15
Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y Vivienda del 2001.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
da cuenta de una reducción de los miembros de las familias, a pesar del crecimiento demográfico natural. La densidad poblacional es de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. El Municipio de Viacha se encuentra en pleno proceso de urbanización, y se proyecta un crecimiento de la población urbana en un 66 % para el año 2007 (Distritos 1 y 7), en tanto que la proyección de la población rural es del 34 % (Distritito 3). La población en el área rural es preponderantemente de niños e infantes; los jóvenes entre 14 y 28 años representan una población reducida, siendo adulta y anciana la población regular en el área rural. En todo el Municipio, la tasa global de fecundidad alcanza a los 4.4 hijos esperados en mujer fértil (15 a 49 años de edad). El Distrito 3 tiene una tasa de 4.7 y el Distrito 7 con 4.6 hijos esperados por mujer. Los Distritos 1 y 2 (urbanos) muestran una menor tasa global de fecundidad.
2.2.2. Migración Viacha se encuentra en una lenta recuperación poblacional, después de experimentar tasas negativas de crecimiento16 debido a la fuerte migración de sus pobladores hacia los centros urbanos más cercanos como El Alto y La Paz, aunque sin cambiar todavía las tasas migratorias negativas. El INE da una interesante evidencia de una disminución de emigrantes hacia la ciudad de La Paz, un retorno de la población originaria de Viacha y una migración desde los centros urbanos cercanos hacia esta ciudad intermedia.
2.2.3. Educación En cuanto a la educación escolar, Viacha presenta un positivo incremento de la tasa de alfabetismo del censo de 1992 (77.9 %) a 87.7 % en el censo de 2001. Sin embargo, destaca la diferencia 16
Instituto Nacional de Estadística: Censo 1992. 2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
141
existente entre hombres y mujeres, pues éstas se encuentran con desventaja frente a los varones, ya que ellas componen el 20, 5 % de analfabetos mientras que los hombres sólo representan el 5 %; es decir que por 1 hombre analfabeto existen 5 mujeres analfabetas. A esto se suma el abandono escolar, que entre 1998 y 2006 llegó a 9.95 % de la población escolar; es decir, de cada 100 estudiantes, 10 abandonan los centros educativos por la situación económica familiar y la migración a otras ciudades.
2.2.4. Religiosidad y Festividades La población de Viacha es predominantemente cristiana católica, estimándose en 80 % sobre la población total. Existen otras denominaciones cristianas como la Adventista, el Ejército de Salvación, la Congregación Los Amigos, Asambleas de Dios, Cristo es la Respuesta, Santidad, Mormones y otros. Las fechas festivas son las del santoral católico sincretizado con el ciclo agrícola. Resaltan la fiesta de la Virgen del Rosario el 1 de octubre, la fiesta de San Pedro el 29 de junio, la fiesta de Santa Rosa el 30 de agosto, la fiesta de la Virgen de Asunción el 15 de agosto y las fiestas movibles de Espíritu, San Agustín y La Merced. En estas fiestas, la población enlaza los ritos religiosos católicos con danzas en la entrada religioso-folklórica, con la adhesión de personas de otras ciudades del país y del extranjero17.
2.2.5. Autoidentificación étnica La población de Viacha, en un 84.4 % de los mayores de 15 años, se identifica con el pueblo aymara, seguida de la categoría censal “Ninguna” con el 12.2 %, y por el 3 por ciento de los que se identifican como quechuas. En el Distrito 3 y el Distrito 7, la autoidentificación aymara llega al 96 %. En los Distritos urbanos 1 y 2 la autoidentificación aymara llega a un 75 %. 17
Gobierno Municipal de Viacha: Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
El Distrito 1 presenta un 22 % entre los hombres y 21 % de mujeres adscritos a ningún grupo indígena. Dado que Viacha es una ciudad intermedia y mantiene con las ciudades de El Alto y La Paz un flujo cultural denso, destacan varios componentes culturales como el masivo catolicismo, la importante presencia de otras denominaciones religiosas, la alta tasa de alfabetismo, la influencia de los medios de comunicación de masas de asiento urbano, y la cultura cosmopolita, que posibilitan que los habitantes rurales tengan un grado de etnicidad medio18. En cuanto al uso de idiomas nativos, los habitantes del Municipio de Viacha, hablan mayoritariamente aymara y, por la registrada migración potosina, algo de quechua. Pero en el relacionamiento cotidiano entre niños y jóvenes en las escuelas y colegios de las áreas urbana y rural, sobre todo en la ciudad de Viacha, recurren principalmente al castellano19.
2.2.6. Institucionalidad pública y privada Viacha es asiento de un número importante de instituciones públicas y privadas20. Las instituciones públicas del poder civil presentes son: • Sub Prefectura Primera Sección (vinculada a conflictos jurisdiccionales). • Honorable Gobierno Municipal de Viacha (incluye la Defensoría de la Niñez y Adolescencia –DNA- y el Servicio Legal Integral para la Mujer –SLIM-). • Juzgado Agrario (vinculado a conflictos sobre tierras). • Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con la Facultad de Agronomía y la Carrera de Lingüística (especialidad en lenguas nativas). • Servicio Nacional de Caminos. 18
Al respecto ver nota anterior. Albó y Quispe: 2004. Gobierno Municipal de Viacha: PDM, id supra. 20 Gobierno Municipal de Viacha: PDM, p. 183-4 19
2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
143
• Servicios de telefonía COTEL. • Cementerio General. Los regimientos de la Primera División del Ejército y la Policía de Bolivia son: • Regimiento Bolívar II de Infantería. • Regimiento Motorizado Max Toledo. • COA (Circulo de Oficiales de Artillería). • Regimiento de Artillería Antiaérea Bilbao Rioja. • Escuela Militar de Música Tcnel. Adrián Patiño. • Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). • Organismo Operativo de Tránsito. • Policía Rural Fronteriza. Las instituciones privadas, vinculadas al desarrollo son: • ELECTROPAZ (distribuidora de energía eléctrica urbana). • EMPRELPAZ (distribuidora de energía eléctrica rural). • AADAPAL (Administración Autónoma de Agua). • Canales de Televisión: Viavisión (canal 20) y Viacha Televisión (canal 17). • Radio emisoras en FM: Fama, Coral, Super H, Kantuta Digital y Latina. • Radio San Gabriel (sucursal Viacha). • CIPCA, oficina Viacha. • Equipo de Salud Altiplano (ESA). • Centro Quechua Aymara. • Fundación SARTAWI. • Centro Suma Manqañani. • Plan Internacional Altiplano. • Fundación Amigos de la Naturaleza. Aunque no tiene oficinas en Viacha, la Fundación Tierra apoya el Saneamiento que realiza el Instituto Nacional de Reforma Agraria en el Distrito 3 del Municipio. 144 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
• 2.3. Viacha
hoy: las Subcentrales Agrarias del Distrito Municipal Nº 3 y el área de estudio Viacha cuenta con ocho Subcentrales en el Distrito 3 (rural) del Municipio21 (Ver Mapa No. 4). Las Subcentrales están agrupadas en la Central Agraria Marka Viacha22 y son: 1) Irpa Chico, 2) Achica Baja, 3) Batalla Ingavi, 4) Contorno, 5) Jacha Hilata, 6) Irpa grande, 7) Coniri y 8) Villa Santiago Chacoma. Las ocho Subcentrales agrupan a 63 comunidades (Ver Cuadro No. 2).
Mapa No. 4. Las 8 Subcentrales Agrarias del Distrito 3 del Municipio de Viacha. Ferrocarril a Arica-Chile. Ruta 107 a Charaña
Ruta 104 a Perú
Fuente: PDM Viacha 2007-2011
21 22
Gobierno Municipal de Viacha: Plan de Desarrollo Municipal, id supra. Central Agraria Marka Viacha: Estatuto Orgánico-Marka Viacha de Ayllus y Comunidades Originarias, La Paz, Ayuda en Acción/CIPCA, 2005. 2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
145
Cuadro No. 2. Subcentrales y Comunidades de Estudio - Distrito 3, Municipio de Viacha Nº
Subcentral/Comunidad
III
Subcentral Coniri (5 comunidades)
18
Choñojahua
19
Coniri Central
20
Quinamaya
21
Villa Ponguini
22
San Vicente de Collagua
V
Jacha Hilata (4 comunidades)
34
Hilata Arriba Pob: 237
35
Hilata Centro Pob: 365
36
Hilata San Jorge Pob:203
37
Hilata Santa Trinidad Pob:327
Fuente: PDM Viacha 2007 - 2011
El acceso a las comunidades de estudio es el mismo en un caso de dos. Saliendo de Viacha, la antigua línea del ferrocarril Arica-La Paz atraviesa Hilata y también la Subcentral Coniri; ésta última, en décadas pasadas, fue una estación de tren. Sin embargo, el acceso cotidiano a las Subcentrales Jacha Hilata y Coniri se da por dos vías terrestres. La ruta asfaltada que sale de la ciudad hacia la fábrica de cemento, termina al ingresar a la puerta principal de la fábrica; de allí en adelante el camino es ripiado hasta dividirse a pocos kilómetros al sur de la fábrica de cemento en dos ramales: una es la ruta asfaltada Nº 107, que en un tramo vincula a Viacha con Corocoro y Tambo Quemado para ingresar hacia Chile y que sirve de acceso hacia la comunidad de Hilata Arriba, conectando también más adelante a la Subcentral Coniri. También está la ruta No. 104, de terracería, que enlaza Viacha con Desaguadero, Tacna e Ilo (Perú) y en la que existe mayor tránsito vehicular para el acceso a las comunidades de Hilata Hilata Centro e Hilata Santa Trinidad. Para ingresar a ambas Subcentrales, hay servicios de minibuses en horas de ingreso y salida de las escuelas del área. Después de ese horario se tiene el servicio de taxis de Viacha, 146 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
cuyo precio varía de acuerdo a las distancias y si es al centro o a la periferia de la comunidad. El tiempo de recorrido hasta el Hilata Centro lleva aproximadamente 30 minutos en vehículo y unas 2 horas a pie. A la Subcentral Coniri son 15 minutos más en vehículo. Por el camino puede observarse el cerro Letanías a la distancia, caracterizado por los árboles y la capilla situada en la cima que le distingue del resto de los cerros (ver Mapa No. 4). Para comunicación personal permanente con familiares de las grandes ciudades próximas y de las propias comunidades, aparte de los teléfonos celulares que casi en su totalidad portan las comunarios adultos y jóvenes, existen teléfonos públicos de ENTEL en Hilata Centro y en Coniri Central.
2.3.1. Descripción de las Comunidades de la Subcentral Jacha Hilata (Hilata Santa Trinidad, Hilata San Jorge, Hilata Centro e Hilata Arriba) Las comunidades que integran la Subcentral Jacha Hilata se encuentran ubicadas al sur-oeste de la ciudad de Viacha, son parte del Distrito 3, área rural del Municipio (Ver Mapa Nº 4). Al lado de la escuela de Hilata Centro se encuentra la Casa Comunal. Desde sus ventanas se tiene un panorama completo de las comunidades, flanqueadas por una línea de cerros que se extienden bordeándolas hacia el oeste y hacen de límite natural de la comunidad y el Municipio. La población total de la Subcentral23 Jacha Hilata es de 1.132 personas, con 323 familias/hogares, de los cuales 203 están dedicadas a la agricultura. Se distribuyen en 237 personas en Hilata Arriba, 365 en Hilata Centro, 203 en Hilata San Jorge, y 327 personas en Hilata Santa Trinidad. La superficie total de la tierra es de 8.173,7 hectáreas, con lo que cada familia tiene un promedio de 6,7 hectáreas, sumando un total de 1.408,5 hectáreas cultivadas (17 % de la superficie total). 23
Gobierno Municipal de Viacha: PDM 2007-2011. 2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
147
Cada una de las cuatro comunidades de Jacha Hilata tiene su propia escuela primaria. Hilata Santa Trinidad es subnúcleo escolar y tiene 105 alumnos, Hilata Centro tiene 70 alumnos, Hilata San Jorge 30 alumnos e Hilata Arriba 36 alumnos. Todas ellas son parte del Núcleo Franz Tamayo. Por la proximidad de La Paz y El Alto, en las comunidades residen sobre todo personas mayores y niños, pues los jóvenes salen en busca de trabajo. Como dato de participación ciudadana, de Hilata Santa Trinidad, el señor Edwin Callizaya fue Alcalde de Viacha (por Unión Cívica Solidaridad-UCS) en gestiones pasadas y también hubo una comunaria de Hilata Centro que fue Concejala Municipal. En la historia de Jacha Hilata24 se conoce que hace mucho tiempo fue una sola comunidad con el nombre de Jilata (en castellano quiere decir hermano). Después de 1952, y como resultado de la diferenciación entre comunidades originarias (Hilata Centro e Hilata Arriba) y comunidades exhaciendas (Hilata Santa Trinidad e Hilata San Jorge), se registran permanentes disputas y pleitos25. Se dividió en cinco comunidades, pues a las cuatro señaladas se adiciona parte de lo que hoy es Collagua. En esa historia, se señala que junto al nombre aymara se adjuntó el nombre católico o de ubicación espacial y así hoy se llaman Santa Trinidad, San Jorge, Centro y Arriba. Por varios años y estando separadas por su distinto origen, no conformaron una unidad sociorganizativa, e incluso Hilata Santa Trinidad y San Jorge fueron de la Subcentral Contorno hasta el 2006. Recién desde el 2007 reconformaron la Subcentral Jacha Hilata, y Collagua quedó en la Subcentral Coniri. La fiesta patronal de Hilata Santa Trinidad es el 14 de septiembre (Exaltación), aunque hubo años en los que no se la festejó. En Hilata San Jorge, que es en la misma fecha, la fiesta patronal tiene la misma advocación religiosa. En Hilata Centro, la fiesta patronal es el 13 de julio, y en Hilata Arriba no existe fiesta religiosa. Actualmente hay mucha influencia de denominaciones religiosas no católicas, sobre todo de Adventistas 24 25
Entrevista a Macario Laruta Kantuta, comunario de Hilata Santa Trinidad. Entrevista a Juan Callizaya, Mallcu de Hilata Arriba, Gestión 2007.
148 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
y Amigos. Aunque la mayoría es católica, sobre todo los jóvenes no tienen las mismas práctica religiosas que los adultos y ancianos porque en dos escuelas se da únicamente la materia “Ética y Moral”, pues hay una sola profesora de Religión Cristiana para Hilata Santa Trinidad e Hilata Centro. Durante varios años, las comunidades de Jacha Hilata han recibido apoyo de ONG’s. El Proyecto Ingavi trabajó en los años 80, el Plan Internacional en los años 90, y actualmente están las instituciones de Fundación Tierra, Ayuda en Acción y CIPCA.
2.3.2. Descripción de las Comunidades de la Subcentral Coniri (Choñojahua, Coniri Central, Quinamaya, Villa Ponguini, San Vicente de Collagua) La población total de la Subcentral26 es de 1.484 personas, con 424 familias/hogares, de los cuales 276 están dedicadas a la agricultura. Ese total de personas se distribuye en sus 6 comunidades. La superficie total de la tierra es de 13.986,7 hectáreas, con lo que cada familia tiene un promedio de 25 hectáreas, sumando un total de 6.890 hectáreas cultivadas (49 % de la superficie total). Se conoce que Coniri era una sola hace varias décadas. Sin embargo, después de la Revolución Nacional y como efecto de la titulación de tierras (1953), se conformaron gradualmente las 5 comunidades que ahora tiene: Choñojahua, Coniri Central, Quinamaya, Villa Ponguini y San Vicente de Collagua. A ellas se suma la sexta comunidad: Unkasuka, que está en pleno proceso de formación. En esta Subcentral, todas las comunidades fueron haciendas hasta antes de 1952, quedando como evidencia de esa situación una edificación de antiguos patrones llamada “Casa de Hacienda”, cercana a la actual escuela de la comunidad de Quinamaya. Otra de las características que la diferencia de las comunidades originarias es la disposición de las casas a las 26
Gobierno Municipal de Viacha: PDM 2007-2011. 2. Viacha y sus comunidades campesino/indígenas •
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faldas del cerro que divide la comunidad en dos partes. Las viviendas se asientan al este y oeste del cerro, dejando en la pampa los terrenos para el pastoreo y la agricultura. Las viviendas se encuentran cercanas unas a las otras y cuentan con servicios de electricidad y agua potable, lo que hace posible que las casas dispongan de duchas en letrinas externas pintadas de color verde agua. La distribución de los terrenos entre los comunarios pretende ser lo más igualitaria posible, lo que permite un paisaje simétrico en cuanto a la distribución de los cultivos.
150 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
•
•
3. Comunidad, organización y persona: normas, usos y costumbres
3.1. Las Autoridades tradicionales en las comunidades estudiadas. Organización y funciones El 30 de mayo de 1954 se organizó la Subcentral de Trabajadores Campesinos de Viacha27 sobre la base de las comunidades de ex - haciendas pertenecientes a la jurisdicción de la sección municipal Viacha. Los representantes de las comunidades que no fueron ex - haciendas no participaron de dicho evento. El año 1969 se fusionaron ambas representaciones y se formó la Central Sindical de Trabajadores Campesinos de Viacha. En la década de los años 90 del siglo XX, el Congreso Campesino de la Provincia Ingavi inició el proceso de “reconstitución” de territorios y autoridades originarias. Tal proceso tuvo éxito parcial, pues gran parte de las organizaciones municipales (o de Markas) de la Provincia cambiaron la forma sindical de organización por la forma originaria (ver Cuadro No. 3). Ya después, el año 2005, la organización campesino/indígena perteneciente al nuevo Municipio Autónomo de Viacha, aprobó su Estatuto Orgánico y su Reglamento Interno28. Ambos documentos establecen la estructura organizativa, las atribuciones y las funciones genéricas de las autoridades originarias de la 27 28
Central Agraria Marka Viacha: Estatuto Orgánico. Op. cit. Id. Supra y Reglamento de Funciones, La Paz, 2005.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
151
Marka (Municipio) Viacha, que sirve como modelo para los otros niveles inferiores como la Subcentral y la Comunidad. Para una mejor comprensión, la estructura y funciones cambia del siguiente modo: Cuadro No. 3. Modificación de la forma organizativa de la sociedad civil en el Municipio de Viacha de la forma sindical a la forma originaria. FORMA SINDICAL NOMBRE
FUNCIÓN
FORMA ORIGINARIA NOMBRE
FUNCIÓN
Secretario Ejecutivo
Presidente de la organización
Jiliri Mallcu
Presidente de la organización
Secretario General
Vicepresidente
Sullca Mallcu
Vicepresidente
Secretario de Actas
Realización de Actas y Memorias
Qelqa Mallcu
Realización de Actas y Memorias
Secretario de Conflictos
Atención de conflictos comunales
Jalja Mallcu
Atención de conflictos comunales
Secretario de Agricultura
Atención de temas agrícolas
Yapu Khamani
Atención de temas propios
Secretario de Ganadería
Atención de temas pecuarios
Uywa Khamani
Atención de temas propios
Secretario de Deportes
Atención de temas propios
Anat Khamani
Atención de temas propios
Alcalde Escolar
Apoyo logístico a la escuela
Yati Khamani
Apoyo logístico a la escuela
Como puede observarse, la mencionada reconstitución de las organizaciones campesino/indígenas mantuvo en la práctica las mismas funciones que oscilan entre la forma sindical y la forma originaria, aunque se dotó de un marco diferenciado donde se rescatan fundamentalmente reivindicaciones identitarias indígenas, añadiendo también elementos simbólicos externos (poncho, chicote, sombrero, etc.) a esta autoridad reconstituida29. Un elemento ciertamente novedoso en esta reconstitución, pero que aparece recién a principios del siglo XXI, es el reconocimiento formal de la pareja (hombre-mujer, en todos los casos esposos y sólo excepcionalmente hermanos) en puestos de autoridad. Se añade a la función del varón el nombre general de Tayka o Mama, traducible al castellano como Madre o Anciana revestida 29
Id. supra.
152 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
de sabiduría, como lo plantea el citado Estatuto de la Marka Viacha (ver Cuadro 4). La investigación mostrará algunos resultados al respecto que se registran en el detalle de los conflictos y en las conclusiones. Cuadro No. 4. Estructura organizativa adoptada por la Central Agraria Marka Viacha, con hombres y mujeres autoridades. Nº
HOMBRE
MUJER
1
Jach’a Mallku
Jach’a Mallku Tayka
2
Jach’a Sulka Malku
Jach’a Sulka Mallku Tayka
3
Jach’a Qilqir Mallku
Jach’a qilqir Mallku Tayka
4
Jach’a Jalja Mallku
Jach’a Jalja Mallku Tayka
5
Jach’a Qulqi Kamani
Jach’a Tayka Qulqi Kamani
6
Jach’a Yati Kamani
Jach’a Tayka Yati Kamani
7
Jach’a Yapu y Uywa Kamani
Jach’a Tayka Yapu y Uywa Kamani
8
Jach’a Anat Kamani
Jach’a Tayka Anat Kamani
Fuente: Estatuto Orgánico de la Marka Viacha 2005
En el marco de la Marka Viacha (Municipio), la estructura de autoridades de la gestión 2008 en las dos Subcentrales (Jacha Hilata y Coniri) y las comunidades estudiadas, es la siguiente:
1) En el nivel de Subcentral (Jacha Hilata y Coniri): SUBCENTRAL CONIRI
SUBCENTRAL JACHA HILATA
Jiliri Mallcu
Jiliri Mallcu
Jiliri Mama Mallcu
Jiliri Mama Mallcu
Sullca Mallcu Sullca Mama Mallcu
Sullca Mallcu Sullca Mama Mallcu
Jalja Mallcu Jalja Mama Mallcu
Jalja Mallcu Jalja Mama Mallcu
Quelqeri Mallcu
Anat Khamani Mama Mallcu
Anat Khamani Mallcu Anat Khamani Mama Mallcu Uñjir Khamani
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
153
Como puede verse, hay diferencias entre las autoridades ejecutivas de cada Subcentral, debido sobre todo al tamaño poblacional y al compromiso de cada una de las comunidades que la componen. En aplicación del Estatuto de la Marka Viacha, cuando es posible, sobre todo en las funciones más altas, se registra al lado del Mallcu a su esposa con el rango respectivo, que especialmente para el caso del Jiliri Mallcu, el Sullca Mallcu y el Jalja Mallcu es muy relevante y asunto de gran prestigio. 2) En el nivel de Comunidad (Hilata Arriba, Hilata Centro, Unkasuca, Alto Choñojahua) La autoridad ejecutiva de las comunidades está conformada por un máximo de 14 personas, organizadas en 2 grupos: uno de autoridad mayor (llamada Mallcu, que literalmente se traduce como cóndor y referencialmente como jefe de cierta unidad social), y otro con menor autoridad (llamada Khamani, que se traduce literalmente como el encargado de cierta parcela de la vida social –khamaña se traduce como el verbo vivir- y referencialmente como secretarios o encargados de tareas de apoyo a los Mallcus en aspectos específicos de la vida comunal). (Ver Cuadro No. 5). Cuadro No. 5. Autoridad ejecutiva de las Comunidades del área de estudio GRUPOS DE AUTORIDAD MASCULINA
ESPOSA DE LA AUTORIDAD
1) Jiliri Mallcu (Autoridad Mayor).
Jiliri Mama Mallcu
2) Sullka Mallcu (Autoridad Menor).
Sullca Mama Mallcu
3) Qelqa Mallcu (Autoridad de Actas).
Qelqa Mama Mallcu
4) Jallka Mallcu 1 (Autoridad de Justicia).
Jalja Mama Mallcu
GRADO DE AUTORIDAD
Mayor
5) Jalja Mallcu 2. 6) Yatiñakhamani 1 (Secretario de Educación).
Yatikhamani Mama Mallcu
7) Yatiñakhamani 2 (Secretario de Educación).
Menor
8) Yapukhamani (Secretario de Agricultura).
Yapukhamani Mama Mallcu
9) Uywakhamani (Secretario de Ganadería).
Uywakhamani Mama Mallcu
10) Qolqhekhamani (Secretario de Hacienda)
Qolqhekhamani Mama Mallcu
154 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
11) Chasquikhamani 1 (Mensajero).
Chasquikhamani Mama Mallcu
12) Chasquikhamani 2 (Mensajero). 13) Chasquikhamani 3 (Mensajero). 14) Chasquikhamani 4 (Mensajero).
En el Estatuto de la Marka Viacha, se señala al lado de cada autoridad a su esposa con el título y rango respectivo. Este título es, generalmente, Mama Mallcu, precedido por la función específica del esposo que cumple la función de Mallcu. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Marka Viacha, el cargo que desempeña cada una de las autoridades indicadas es resultado de la elección en asamblea “por compulsa de capacidades”, donde se toma en cuenta la mayoría de edad, la demostración observada de responsabilidad familiar y social, la capacidad de convivencia armoniosa dentro de la comunidad, y algunos atributos personales como lucidez, sabiduría, inteligencia y conocimientos generales. La función es un servicio gratuito, obligatorio e imprescindible para todos los que tienen parcela de tierra en una comunidad. El tiempo de duración del servicio es un año; es decir, de enero del año previo a enero del año siguiente30. Este servicio obligatorio se llama “función social”.
•
3.2. Los conflictos: concepción, percepción, dimensión y manifestación En la comprensión de las autoridades comunales entrevistadas y en la realidad de la convivencia social observada, como es común a todas las agrupaciones humanas, se reconoce que en las comunidades hay constantemente conflictos, pleitos: “culpas o juchas” y responsabilidades31. Por ello, en las comunidades también hay autoridades encargadas de atender tales situaciones bajo el denominativo de JaljaMallcus: encargados específicos de atender conflictos. 30 31
Central Agraria Marka Viacha: Estatuto Orgánico. Op. Cit. Conversatorio/Grupo focal con Mallcus.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
155
La palabra conflicto no existe en el idioma aymara. Las palabras y conceptos en aymara más próximos serían chaxwa que se traduce como pleito (generalmente doméstico) y jucha que se traduce como culpa32. Otros términos y conceptos relacionados son jaljaña y/o taripaña que remiten a la acción de decidir una cuestión en calidad de juez, lo que lleva a los sustantivos taripaña o jaljaña (traducibles como justicia), y de aquí, taripirimallcu o jaljamallcu, que refiere a la persona encargada de administrar justicia y/o resolver los conflictos. Sin embargo, las autoridades comunales entrevistadas llaman a los conflictos en castellano en forma indiferenciada: problemas, conflictos, pleitos, y utilizan en las reuniones y asambleas sus traducciones en aymara arriba citadas33. Los problemas serios o grandes existen, pero en un número menor. Entre los problemas grandes, se recuerda uno que ocurrió hace 15 años atrás. Desde la ciudad de La Paz, un joven que fue a visitar a su abuelo, terminó asesinándolo (dar muerte intencional, en aymara jiwkatayaña), debiendo derivarse el caso a la justicia ordinaria del Estado. Otro caso, entendido como problema grande y grave, fue el intento de ahorcamiento (ahorcar, en aymara jaychkataña), hace dos años atrás, de una mujer viuda por jóvenes en estado de ebriedad, quienes pretendieron robar su ganado y su dinero (robar, en aymara lunthataña) por la venta de reses. El problema terminó ante un Juez en El Alto. La mayoría de los conflictos y problemas que existen son los llamados conflictos menores (en aymara, chaxwa o jisk´a jucha)34. Son considerados pequeños problemas aquellos que se producen por linderos, riñas de familia, animales que entran en chacra ajena, embriaguez y riñas en fiestas y celebraciones, riñas y pleitos de parejas en matrimonios35. Estos son canalizados por el Mallcu de Justicia (JaljaMallcu) y resueltos 32
Laruta Callizaya, Hugo: Diccionario Aymara, La Paz, Bolivia, 2007. Observación en dos reuniones de negociación entre Mallcus y familias involucradas en conflictos en Viacha. 34 Entrevista a Macario Laruta Kantuta, comunario de Hilata Santa Trinidad. 35 Conversatorio/Grupo focal de Mallcus. 33
156 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
por la estructura de autoridad, generalmente con rapidez. Sin embargo, otros problemas, no considerados graves, son atendidos por instancias externas: hace tres años, llegó un tractor a arreglar el camino y una persona rompió con su honda los vidrios del tractor. La Alcaldía de Viacha se encargó de hacer pagar el costo del vidrio y se arregló el problema. En otro caso, hace varios años, la fábrica de cemento emitía mucho humo que llegaba a las comunidades en forma de nieve y dañaba a las personas y el medio ambiente. Intervino la Prefectura y otras autoridades municipales; la fábrica de cemento puso unos filtros en su chimenea y también se resolvió el problema.
3.3. La conflictividad exteriorizada por el saneamiento de la propiedad agraria
•
3.3.1. Propiedad agraria: situación general Según el PDM 2007-2011 del Municipio de Viacha, los predios rurales han sido tradicionalmente obtenidos por sucesión familiar y distribución comunitaria (como modalidades principales), alquiler y/o préstamo, y no existirían problemas de saneamiento de tierras ya que todos los terrenos agrícolas tendrían títulos ejecutoriales, llamados pro-indiviso al ser colectivos, entregados después de la Reforma Agraria de 1953. Sin embargo, la tenencia de la tierra fue modificándose con los años y se generó cierto desorden en la posesión. Respecto a la tenencia de la tierra en Viacha, en el área rural el promedio de tenencia de hectáreas es de 20.7 por familia. El número de hogares productores asciende a 3.569 y ocupan 728.1 km² de los 1.120 km², equivalente al 65 % de todo el territorio municipal. La distribución del suelo agrícola entre las ocho Subcentrales de la Central Agraria Marka Viacha, es la siguiente:
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
157
Cuadro No. 6. Distribución del suelo agrícola por Subcentrales definidas de manera participativa. Sub Centrales
Ha. cultivables (en %)
Has.
Ha. cultivadas (en %)
Ha. de pastoreo (en %)
Ha. colectivas (en %)
Ha. en descanso (en %)
Ha. incultivables (en %)
Ha. por familia
Irpa Chico
20.696,8
35.1
15.8
25.9
13.8
15.8
47.2
25.6
Achica Baja
11.057,1
25.6
25.6
8.5
0.0
29.9
8.5
16.3
Batalla Ingavi
14.009,4
46.4
18.4
2.1
22.2
4.6
2.7
16.06
Contorno
8.243,5
46.3
6.1
1.4
27.4
1.5
3.6
14.38
Jacha Hilata
8.548,8
42.6
12.7
59.2
10.5
3.4
3.7
22.01
Irpa Grande
24.486,8
45.1
56.0
9.5
8.0
13.7
40.8
28.85
Coniri
14.628,7
8.8
8.0
1.1
3.8
0.4
39.9
10.33
Villa S. Chacoma
10.328,9
27.1
16.6
36.8
26.1
9.5
45.7
26.96 20.70
Fuente: Talleres participativos en Subcentrales Agrarias, Gobierno Municipal de Viacha, PDM, 2006
El régimen de propiedad de la tierra se asienta en la posesión de parcelas de cada una de las familias campesinas habitantes en las 63 comunidades de las ocho Subcentrales agrarias. El tamaño promedio de las parcelas por familia es de 20.7 hectáreas, que corresponde a un hogar rural de 3 a 4 personas en promedio. Sin embargo, no todas las familias tienen su respectiva parcela y se estima un total de 954 familias, es decir el 18.2 % de los hogares del área rural, que no tiene propiedad agraria36.
36
Plata, Wilfredo (comp.): Las comunidades hoy en el altiplano de Bolivia, La Paz, Fundación Tierra, 2007.
158 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
Cuadro No. 7. Hectáreas existentes y ocupadas por Subcentral agraria.
SUB CENTRALES
Sup. en Has.
Población
Total de Hogares o familias
Pob. ocupada en Agricultura
Has. por familia
Total Has. Ocupadas
Irpa Chico
19.788,5
4.147
1185
770
23.3
17.944,7
Achica Baja
10.571,9
4.802
1372
892
7.0
6.242,6
Batalla Ingavi
13.394,6
3.522
1006
654
12.7
8.306,9
Contorno
7.881,8
2.151
615
399
13.0
5.193,1
Jacha Hilata
8.173,7
1.132
323
210
6.7
1.408,5
Irpa Grande
23.412,3
2.442
698
454
29.5
13.378,7
Coniri
13.986,7
1.484
424
276
25.0
6.890,0
Villa S. Chacoma
9.875,7
709
203
132
46.0
6.056,9
107.085,0
20.389
5825
3787
163.2
65.421,4
Total
Fuente: Talleres participativos en Subcentrales agrarias 2006 y CNPV 2001.
Como puede observarse en el Cuadro No. 6, comparándolo con el Cuadro No. 7, la densidad poblacional hace que Coniri tenga menos hectáreas de tierra disponible. El Distrito 3 de Viacha cuenta con pocas tierras comunales, ya que en su gran mayoría las existentes después de la titulación de 1953 han sido gradualmente parceladas, convertidas en cooperativas y/o entregadas para el usufructo familiar. Este hecho afecta una de las antiguas formas de trabajo colectivo agrícola, que en cierto modo fue sustituida por la llamada acción comunal para la escuela u obra de infraestructura de servicios. Con estos datos de superficies existentes por Subcentral Agraria y su correspondiente cotejo con la Población Económicamente Activa ocupada en la actividad agropecuaria, se obtiene que el 60 % del territorio del área rural se encuentra parcelado en 3.569 familias de las 5.236 familias existentes en dicha área, lo que implica una alta presión demográfica sobre la tierra.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
159
3.3.2. Saneamiento de la propiedad y emergencia de la conflictividad latente Desde el 2007, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), junto a la fundación Tierra, viene apoyando el saneamiento de tierras en varias Subcentrales del Municipio de Viacha. Esto, aprovechando la nueva norma nacional llamada Ley de Reconducción Comunitaria del INRA, que establece la variante de Saneamiento Interno de la Propiedad Agraria (diferente del saneamiento CAT-SAN y del SAN-TCO). Este proceso de saneamiento, en la medida que implicó la movilización de todos los actores locales de las comunidades (autoridades comunales y campesinos/as titulares), favoreció la manifestación o externalización de varios conflictos latentes37 resultantes de las modificaciones en el acceso, tenencia y posesión de la tierra. Este panorama impuso la necesaria actuación de las autoridades locales para su resolución. En el escenario descrito se presenta una excepcional ocasión para investigar los Modos Originarios de Resolución de Conflictos. Las tareas de rastreo de conflictos que son propias de este tipo de estudios se facilitaban porque el proceso de saneamiento, en la medida en que avanzaba –y para agosto de 2008 era así- por sí mismo, hacía que la externalización y solución de los conflictos sobre acceso, tenencia y posesión de la tierra, fuera requisito imprescindible para culminar el proceso y poder avanzar hacia la titulación de la propiedad agraria saneada, en el marco de lo establecido por la Ley de Reconducción Comunitaria del INRA. Iniciado el proceso de saneamiento a mediados del año 2007, conforme las comunidades avanzaban en la concertación para llevarlo a cabo, las visitas preliminares de campo, la georeferenciación e identificación de mojones y linderos, fueron visibilizando gradualmente los conflictos latentes (y en algún caso entre comunidades o con personas o instituciones 37
Dahrendorf, Ralph: Clase y conflicto de clase en la sociedad industrial, 1980. Este trabajo analiza los caracteres latente y manifiesto de los conflictos.
160 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
externas). Así, viejos conflictos conocidos o no conocidos afloraron por las necesidades de arribar a listas definitivas de poseedores individuales que tengan posibilidad de acceder a la titulación propietaria establecida por la Ley de RC del INRA. Un registro meramente descriptivo de los conflictos inicialmente detectados por la investigación38 en las comunidades donde se inició el proceso de saneamiento, muestra lo siguiente: Cuadro No. 7. Conflictos inicialmente detectados por el estudio COMUNIDAD
1
2
Hilata Arriba
Hilata Arriba
3
Hilata Arriba
4
Hilata Santa Trinidad de Hilata Centro
SUBCENTRAL
CONFLICTO DETECTADO
INVOLUCRADOS
SITUACIÓN
Jacha Hilata
a) Hilata Arriba tiene dos propiedades familiares que son islas dentro del territorio de Hilata centro.
Dos familias y la comunidad
Bajo decisión de autoridad comunal pendiente. Requiere saneamiento de territorio comunal discontinuo.
b) Disputa entre hermanos por 14 hectáreas de herencia de padre fallecido.
Hijos herederos divididos
Hijos no beneficiados entregaron restantes tierras a comunidad.
Jacha Hilata
Dos hermanos en desacuerdo por división y partición de tierra paterna, solicitan incremento de 2 has. a 7 que poseen
Cuatro hermanos
Autoridad comunal decidió que no corresponde, pues dos hermanos no cumplieron función social.
Jacha Hilata
Dos hermanos de distintas madres por herencia de padre común
Dos hermanos
Autoridad comunal no pudo hallar solución. Pasó a Marka Viacha y SIMACO, y a Prefectura y tampoco se halló solución.
Jacha Hilata
a) Unas familias de Hilata Santa Trinidad se fueron a Hilata Centro, pero las autoridades de HST no conocen el tema; es decir desconocen tal movimiento y no lo autorizaron.
Dos familias y dos comunidades
Bajo decisión de autoridad comunal. Debate sobre soluciones al tema.
b) Otra familia de Hilata Centro se movió hacia HST.
5
6
Hilata San Jorge
Hilata Arriba
38
Jacha Hilata
Disputa por propiedad de tierra entre dos familias de la comunidad.
Dos familias de la comunidad
Bajo decisión de autoridad comunal. Pendiente de resolución interna o se transfiere a la autoridad estatal.
Jacha Hilata
Por Derecho de usufructo, beneficio y compensación de recurso óxido de calcio para fabricar cemento.
Comunidad representa-da por Mallcu y persona externa beneficiaria de concesión minera por parte del Estado
Definida, con intervención de varios niveles de autoridad campesina e indígena.
Entrevista con Paulino Guarachi, responsable del Proceso de Saneamiento Agrario en Viacha, y posterior visita de campo ratificatoria.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
161
7
Collagua
Coniri
8
Unkasuca y Alto Choñojahua
Coniri
Derecho de propiedad que incluye a 2 familias.
Dos familias y la comunidad
Bajo decisión de autoridad comunal. Pendiente de resolución.
a) En medio de dos zonas internas existe cooperativa con propiedad indefinida.
Dos zonas/ comunidades al interior de una sola comunidad
Bajo decisión de autoridad comunal. Pendiente de resolución.
b) Existe número indefinido de familias con tierras en las dos zonas internas. Dificultades para el saneamiento.
9
Quina maya
Coniri
Por derecho de sucesión hereditaria de tierras entre 2 sobrinos (varón y mujer).
Comunidad y 1 familia
Resuelto por decisión de autoridad comunal.
Vale la pena señalar que dada la importancia del tema de posesión-tenencia-propiedad que pretendía resolver el saneamiento agrario, las comunidades se tensionaron internamente. Se conoce que en algunas comunidades hubo al principio oposición y duda respecto los beneficios del saneamiento para los campesinos titulares, llegando a amenazas de acudir a instancias judiciales39. Tomada la decisión de iniciar el saneamiento con base en usos y costumbres, afloró como tema central, en todas las comunidades, el cumplimiento de la llamada función social40 por parte de los titulares de la tenencia o posesión; es decir el cumplimiento de las obligaciones de servicio gratuito a la comunidad como autoridad comunal en cualquiera de los cargos establecidos41. Entonces, en la conflictividad desatada por el saneamiento fue fundamental el cumplimiento de la función social como requisito para el acceso, tenencia, usufructo y posible titulación propietaria de la tierra. Alrededor de su cumplimiento giraron varios conflictos, con problemas menores añadidos entre hermanos hombres, entre hermanos hombres con hermanas mujeres, entre familiares, entre vecinos, etc. 39
Conversatorio/Grupo focal con Mallcus. Entrevistas a Mallcus. Todos los entrevistados señalaron este elemento como central en la convivencia comunal. Ver Anexo, lista de Mallcus entrevistados. 41 Estatuto Orgánico de la Marka Viacha. Op. Cit. 40
162 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
•
3.4. Los42 conflictos elegidos para el estudio: tipos de conflicto según dimensión, intensidad y mecanismos de resolución 42 Del conjunto de 9 conflictos detectados (ver punto 3.3.), la elección de cinco (5) conflictos para ser estudiados se basó en criterios cualitativos que priorizaron: a) la diversidad de actores involucrados (dimensión) que incluyera cuando menos en un caso a una mujer; b) cierta relevancia comunal por la movilización de toda la estructura de autoridad comunal con acciones diversas en el tiempo de su atención (intensidad); c) la posibilidad de observar con detalle y diferenciadamente la actuación de la autoridad comunal (mecanismos y modos) en la resolución de conflictos; y d) que cuando menos en un caso fuera posible observar la relación con el Estado o autoridades campesino indígenas supracomunitarias, es decir, de la Marka Viacha y/o de la Provincia Ingavi. A continuación se presenta un resumen de cada uno de los cinco conflictos elegidos, elaborado con base en entrevistas cruzadas a involucrados, Mallcus y actores externos relevantes en la administración de los conflictos. En la elaboración de los resúmenes, por respeto, no se identifica a las personas participantes. Se señala sí la comunidad, si era hombre o mujer quien intervenía y se detalla el procedimiento de atención del conflicto desde el momento de su manifestación y denuncia ante la autoridad comunal. Tampoco se ingresa en un detalle excesivo a la hora de describir el conflicto; se hace una presentación resumida para fines hermenéuticos de la sistematización sobre estructura y funcionamiento de la regulación de conflictos que se presenta más adelante.
42
En la teoría sociológica de conflictos (Dahrendorf, op.cit), estos tres componentes (dimensión o grado de involucramiento, intensidad o estilos más o menos violentos de actuación de los concernidos, y mecanismos o modos de canalización de los conflictos), son centrales para la interpretación de las formas de regulación de conflictos.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
163
3.4.1. Conflicto estudiado 1: entre dos familias por linderos, resuelto internamente en la comunidad Hilata Arriba 43 43
Los linderos son fuente de conflictividad permanente. En este caso, ocurrió que al roturar la tierra con tractor, una persona propietaria de una parcela se pasó los límites establecidos en un metro de lindero. Un comunario varón de 35 años, persona afectada por el traspaso del lindero, visitó con coca y refresco al Jiliri Mallcu y presentó demanda de atención, denunciando a su colindante: comunario jefe de familia de 45 años, por rebasar los límites establecidos para los linderos entre sayañas o parcelas. El Jiliri Mallcu atendió inicialmente la demanda y señaló que notificaría a la persona denunciada para una audiencia en fecha acordada y en el mismo lugar del lindero supuestamente rebasado. El día y en lugar señalado por el Jalja Mallcu (de Justicia) se presentaron los 2 involucrados. Todos los asistentes, a la cabeza del Jiliri Mallcu, observaron el lindero y se pusieron de acuerdo en su dimensión. El Jalja Mallcu, después de realizar el procedimiento de medición, estableció que evidentemente hubo un exceso en el paso del lindero. Tomó la palabra el denunciado y señaló que si el tractor rebasó el lindero no fue responsabilidad suya. Añadió que, aunque la acción era subsanable, la denuncia no correspondía pues él tenía derecho de posesión hasta el lugar que el tractor marcó. El denunciante, por su parte, indicó aquello que consideraba parte de su tierra y dónde debió quedar el lindero. Cada uno de los involucrados señaló puntos diferentes en relación a lo que parecía el lindero real. Comenzó la discusión de los involucrados, cada uno defendiendo lo que consideraba correcto. El Jiliri Mallcu escuchó a ambos. Como no hubo acuerdo entre partes, el Jiliri Mallcu propuso entonces una solución intermedia: que ambos pudieran ceder una parte de su pretensión de lindero 43
Entrevistas a Jiliri Mallcu: José Callizaya, Gestión 2007, actual miembro del Comité de Saneamiento de Hilata Arriba y a Paulino Guarachi de Fundación Tierra.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
y que se establezca nuevos puntos de identificación, ganando ambos una solución. Con esa propuesta ninguno ganó claramente y acordaron de nuevo los puntos del lindero para marcarlos. El Jiliri Mallcu señaló que los puntos definidos luego de la discusión debían ser respetados por ambos. Hizo las reconvenciones del caso y convocó de inmediato al Qelqa Mallcu (de Actas) para que levante un acta de lo acordado en previsión de futuros desacuerdos en el tema. El Jalja Mallcu, respaldando la decisión del Jiliri Mallcu, señaló que esta vez el acuerdo no implicó ninguna multa, pero que establecido el mismo, la siguiente falta a dicho acuerdo implicaría, para quien incumpla lo acordado, una multa de 100 o 200 Bs. en beneficio de la comunidad. Se leyó el acta y el Jiliri Mallcu señaló: “ahora ya no van a pelear, no van a discutir más”, y los Mallcus presentes depositaron los chicotes que portaban como signo de autoridad e hicieron una señal de cruz sobre los puntos acordados como nuevo lindero. En este conflicto es posible apreciar que existen un comunario denunciante y un comunario denunciado. Quienes asumen el rol de mediadores y autoridades dirimitorias son el Jiliri Mallcu, el Jalja Mallku y el Qelqa Mallcu, junto a los otros Mallcus. Dentro del proceso de atención a este conflicto, los rituales de denuncia y solución son acompañados por el acullico de coca, representado en una mesa ritual sencilla, el tari, aguayo pequeño sobre el cual se esparce coca que se comparte entre las partes en conflicto y las autoridades comunales. El acto de respeto y compromiso a la solución arribada, se refrenda con la disposición de los chicotes, mencionada anteriormente44.
44
Entrevista a José Callisaya, ex Mallcu de la comunidad Hilata Arriba, actual miembro del Comité de Saneamiento.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
165
3.4.2. Conflicto estudiado 2: entre hermanos por herencia de tierra, resuelto con intervención del Estado. Comunidad Hilata Arriba45 45
En este caso, en la comunidad vivían dos hermanos varones entre los 30 y 40 años de edad. El hermano mayor se casó con una mujer de 35 años, perteneciente a una comunidad vecina y con la que tuvo cuatro hijos. El mencionado jefe de familia falleció, quedando la viuda con sus hijos menores de edad en las sayañas pertenecientes al esposo de la comunidad Hilata Arriba. El hermano menor, que vivía en la ciudad de La Paz, al fallecer su hermano realizó un trámite de sucesión hereditaria buscando poseer toda la tierra heredada por ambos hermanos de parte de su padre común, aunque conocía que su hermano fallecido tenía esposa e hijos. La situación fue conocida por el Jiliri Mallcu y el caso fue llevado a Asamblea de la Comunidad. Las personas de la comunidad se pusieron inicialmente contra la viuda, señalando que no la conocían y que al que sí conocían era al hermano del hombre fallecido, dando a entender que ella estaba usurpando esas tierras y que debía abandonarlas. Las autoridades comunales no procedieron con criterios claros respecto su papel porque el pretendido heredero había convencido al Jiliri Mallcu de la comunidad, insistiendo en el hecho de haber nacido en la comunidad y por ello tener la razón y la ley de su parte. Como la esposa del hermano fallecido estaba poseyendo la tierra, correspondía iniciar el trámite de sucesión legal. Sin embargo, la viuda no dió este paso y el hermano de su esposo fallecido presentó ante el Juez Agrario de Viacha la demanda de sucesión. El Juez Agrario conoció el tema mediante citación a la viuda, a quien las instituciones presentes en la comunidad le aconsejaron presentarse a la citación del Juez. Se le dijo también que acudiera acompañada de un abogado defensor y que, aunque ambos asistan a la audiencia, deje al abogado hablar y en ningún caso hacerlo ella sola. El Juez valoró elementos diferentes a los de la 45
Entrevista a Hilario Paco, Mallcu de Hilata Arriba, Gestión 2007. Entrevista a Paulino Guarachi de la Fundación Tierra. Entrevista al Juez Agrario de Viacha.
166 •
Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz
Asamblea Comunal, por ejemplo, que era la viuda quien vivía en la comunidad. Se demostró que el hermano del fallecido no vivía en la comunidad, mientras que la viuda sí, pues tenía su casa y animales en el lugar y era su esposo quien cumplía en vida la función social. El Juez valoró esta situación y dio razón a la viuda declarándola poseedora legal y determinó que para el hermano del fallecido no procedía la posesión de la tierra en disputa. Este caso tiene la característica de ser un conflicto en el que se recurre a la justicia ordinaria, a la justicia agraria estatal, ya que las partes en conflicto, la viuda del hermano mayor y el hermano menor vieron por conveniente a sus intereses acudir a esa instancia. Este hecho deja ver que la actuación de los Mallcus, si bien tuvo peso en el reconocimiento de quién tenía el derecho hereditario sobre las sayañas por sucesión familiar masculina, no correspondió al hecho de posesión de facto de las sayañas y al derecho de sucesión de la esposa y sus hijos, que en el caso de la viuda fue verificado por el juez agrario. Por otra parte, la opinión inicial de la Asamblea, como máxima autoridad comunal sobre la viuda, deja ver la importancia de ser partícipe visible de las actividades de la comunidad, así como las dificultades que presenta ser un miembro de procedencia externa y de género femenino. La relevancia de la actuación del Estado como re-equilibrador de relaciones, en las que la viuda era una especie de víctima de las definiciones previas al interior de la comunidad, también se hace presente.
3.4.3. Conflicto estudiado 3: entre autoridad comunal y persona externa por acceso y uso de recursos minerales, resuelto parcialmente por autoridad campesina supracomunal46 46 Al parecer, un alto porcentaje del territorio de varias comunidades tiene materia prima; es decir piedra caliza para la fabricación de cemento. La concesión minera que otorgó la Superintendencia 46
Entrevistas a Hilario Paco, Mallcu de Hilata Arriba, gestión 2007; y Juan José Callizaya Fernández, Asesor jurídico agrario de Hilata Arriba.
3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
167
de Minas no tendría que afectar a los comunarios en cuanto al cultivo de la tierra, pues la capa arable está entre 30 centímetros a 1 metro de profundidad. Después, en lo profundo de la tierra, todo es materia prima para la fabricación de cemento. Pero como la capa arable está ya desgastada por el cultivo de muchos años, algunas autoridades comunales preveían aprovechar otros recursos para evitar enfrentamientos por acceso a tierra o migraciones masivas, entendiendo que cada comunidad es diferente en cuanto a la relación hombre-tierra. Un vecino urbano de Viacha, de 45 años de edad, recibió una concesión para explotación minera de piedra caliza por parte de la Superintendencia de Minas, encargada de otorgar acceso legal a los recursos del subsuelo en tierras pertenecientes a la comunidad de Hilata Arriba. La concesión permitía la explotación de piedra caliza destinada a la fabricación de cemento. Esta concesión fue el motivo del conflicto entre las autoridades comunales y el vecino urbano que fue atendido y concluido el año 2007. Según el Código de Minería, cualquier persona puede presentarse en la Superintendencia y solicitar concesiones. Si recibe autorización, concerta con la población del lugar la forma de aprovechamiento y operación de tareas en la concesión recibida. El concesionario vecino urbano de Viacha estableció contacto y trato inicial con las familias en cuyos terrenos estaba ubicada la concesión minera, pues la materia prima era requerida en un flujo permanente. Algunos comunarios concernidos, individualmente considerados, estuvieron convencidos de que podían hacer algún tipo de trato con el concesionario. Hubo también autoridades comunales que consideraron, contrariamente a dichos comunarios, que el caso implicaba a toda la comunidad y no sólo a un grupo de familias en relación a sus parcelas; y que aún más, la concesión abarcaría adicionalmente a otras 4 comunidades, y que en todo caso se debió consultar al conjunto de comunarios y no sólo a algunas familias por separado. Las visitas que realizó el concesionario parecen haber sido a familias y a grupos de familias, pero no a la comunidad con sus 168 •
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respectivas autoridades. Algunas de éstas últimas actuaron en la convicción de que existía un territorio de la comunidad, que es de la comunidad y no propiedad individual de la familia que posea con título o sin él una parcela de tierra. Estas autoridades comunales buscaron información en instituciones estatales para averiguar la situación exacta de la concesión minera, ante la noticia de que el concesionario había desistido de estas concesiones. Averiguaron que, al parecer, lo que ocurrió es que el concesionario había transferido su derecho a otra persona. Las autoridades comunales entendieron que no eran pocas hectáreas las ubicadas en el marco de la concesión. Frente al desacuerdo entre autoridades comunales y el externo involucrado, las primeras plantearon la conformación de una cooperativa para la explotación de la caliza, para su venta y aprovechamiento como comunidad. Por su complejidad e importancia, el tema fue derivado a la Asamblea de Mallcus de la Central Agraria Marka Viacha, donde asisten representantes de las 63 comunidades y ocho Subcentrales. El concesionario asistió y se produjo un debate en el que explicó que estaba actuando de acuerdo a ley. En respuesta, algunos Mallcus señalaron que se puede recibir concesión en lugares donde no haya asentamientos humanos siempre y cuando no sean tierras agrícolas. En cuatro asambleas de la Central Agraria se debatió el problema, pues también hubo diferencias entre Mallcus que estaban de acuerdo con que siga la explotación de caliza y se autorice el acuerdo de las familias concernidas, y otros que no estaban de acuerdo con lo anterior. Algunos Mallcus, entendiendo esto como su misión, se dieron a la tarea de explicar a otros Mallcus y a las familias que ya habían expresado su acuerdo con el aprovechamiento de la concesión que no era desacuerdo a la explotación del recurso lo que tenían, sino a que el margen de beneficio estaba acotado a pocas familias y establecía montos muy pequeños. Al final, sólo una comunidad se retiró claramente del posible acuerdo entre el concesionario y las familias involucradas, y éstas fueron duramente criticadas en Asamblea de Comunidad, 3. Comunidad, organización y personas: los conflictos, normas, usos y costumbres •
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donde se les indicó que no existía el derecho de decidir sobre los recursos del subsuelo presentes en sus parcelas de tierra. A través de un voto resolutivo, dicha Asamblea estableció que ninguna persona ajena a la comunidad puede beneficiarse con la venta de parcelas de tierra ni con el aprovechamiento de los recursos del subsuelo. Las otras comunidades concernidas y sus respectivos Mallcus, así como algunos Mallcus de la Central Agraria, siguen atraídos por la posibilidad de beneficios e ingresos que implica el trato con el concesionario para la explotación del mineral. Por ello, algunas comunidades no se han movilizado. Aunque la última asamblea de la Marka Viacha respaldó formalmente el reclamo de la comunidad que se opone a la concesión, en la medida en que no tiene efectos legales inmediatos, la solución del conflicto ha quedado paralizada. En este caso, el papel del Jiliri Mallcu de la única comunidad que se opone al acuerdo entre concesionario y familias por separado fue de orientador y representante legal de la comunidad. Sus resoluciones respecto a la situación de la concesión minera se basan en el conocimiento genérico de lo que establece el Convenio 169 de la OIT reconocido como Ley Nacional. Asimismo, toma en cuenta la posible afectación de la explotación minera sobre la vida e intereses de la comunidad. Aunque en el debate ambas partes en conflicto mencionan sus derechos, no se logra rebasar el nivel microsocial de la relación entre la comunidad y el concesionario vecino urbano. Se muestra así la insuficiencia de la actuación estatal en los derechos de explotación del subsuelo y la presencia de visiones e intereses diferenciados entre campesinos comunarios respecto el carácter de la propiedad agraria (individual o comunal) y el traslado de esos intereses a niveles de organización superior de los campesinos, como es el caso de la Asamblea de la Marka Viacha.
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3.4.4. Conflicto estudiado 4: por definición de pertenencia de cuatro familias a dos comunidades, resuelto por las comunidades Hilata Arriba e Hilata Centro 47 47 El Jiliri Mallcu de la comunidad Hilata Centro, en posesión de los planos de la comunidad, detectó que había comunarios que tenían propiedades en la comunidad aledaña de Hilata Arriba. Se dejó pendiente la situación por el momento. Cierto día, cuatro comunarios jefes de familia de aproximadamente 30 a 40 años, acompañados del Jiliri Mallcu de Hilata Centro, visitaron al Jiliri Mallcu de Hilata Arriba y le indicaron que no pertenecían más a su comunidad, y que en su situación de propietarios particulares decidieron pertenecer a otra comunidad. Esto fue respaldado por el Jiliri Mallcu de Hilata Centro. Se produjo un diálogo áspero y el Mallcu de Hilata Arriba señaló que estaba de acuerdo con la decisión si sólo involucraba a sus personas como parte de la comunidad, pero que la parcela de tierra no podía moverse como ellos, y que pertenecía a la comunidad. Agregó que si deseaban respeto personal deberían tomar una decisión personal, pero que si respetaban a la comunidad y a su autoridad deberían acatar el hecho de que al salir, dejaban libre la tierra que poseían. El Jiliri Mallcu tomó inicialmente decisión en el tema, al considerar que la comunidad había depositado plena la confianza en su persona. No consideró llamar inmediatamente a Asamblea extraordinaria de la comunidad para tratar el tema. La comunidad tiene asambleas regulares una vez al mes, y en esa ocasión el Jiliri Mallcu presentó un informe detallado destacando sus reflexiones y conclusiones en el tema, y que estas consideraciones incluían la representación y decisión que podía tomar. Los asistentes realizaron un análisis de la situación: unos plantearon la posibilidad de que abandonadas las parcelas pudieran ser tierra colectiva, y otros realizaron otro tipo de propuestas. 47
Entrevista a Hilario Paco, Mallcu de Hilata Arriba, Gestión 2007; y a José Luis Jiménez, Jalja Mallcu de Hilata Centro, gestión 2008.
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Al final, los asistentes coincidieron con el Jiliri Mallcu. Señalaron que las familias concernidas abandonaran la comunidad pero que la tierra pertenecía a ella. El Mallcu, entonces, encontró respaldo a su decisión inicial, ahora refrendada por la Asamblea. Asimismo, recibió voces de felicitación en sentido de que los que deseen irse tenían derecho de hacerlo, pero la tierra era de la comunidad. Finalmente, las personas concernidas y jefes de familia se disculparon indicando que se equivocaron en su apreciación debido a consejos inadecuados que recibieron y decidieron permanecer en Hilata Arriba para no perder el acceso a la tierra. Por usos y costumbres tuvieron que cumplir la función social, es decir el servicio de cargo obligatorio, trabajos comunales, cuotas, entre otros. Todo fue registrado en las actas de la comunidad. Un procedimiento registrado al inicio del conflicto como inadecuado fue que las cuatro familias acompañadas del Jiliri Mallcu de la comunidad vecina Hilata Centro, visitaron al otro Jiliri Mallcu con una decisión tomada. No lo hicieron en plan de consulta, sino de información de decisión resuelta. Probablemente, si hubieran procedido de otro modo, se hubiera encontrado una solución concertada, pues dió la casualidad que al poco tiempo una situación semejante se presentó en Hilata Centro, respecto a 2 o 3 familias que tenían parcelas en Hilata Arriba. En ese proceso de atención del conflicto, el saneamiento de tierras del INRA, apoyado por Fundación Tierra, ayudó a la resolución. Automáticamente todos los comunarios con parcelas en Hilata Arriba están registrados como miembros de pleno derecho de esta comunidad. La reactualización de la lista de propietarios titulares posibilita este paso apoyado por la delimitación de linderos y mojones. Se aguarda, sin embargo, pronunciamiento del INRA para definir tal situación. En el presente caso, se observa, sobre el papel de los Mallcus como fijadores de postura y decisión, que dichas decisiones deben responder a los intereses comunales y ser refrendadas por las Asambleas de las comunidades que depositan su confianza total en sus autoridades. Por oposición, se entiende que cuando los Mallcus no responden a esa confianza comunal, se los 172 •
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considera débiles de carácter e incapaces de cumplir su rol. Es notorio también, en materia de conflictos por tierras, el apoyo que tanto Mallcus como comunarios buscan en entidades no gubernamentales y entidades gubernamentales para una atención adecuada de estos conflictos.
3.4.5. Conflicto estudiado 5: entre familias y comunidad por definición y pertenencia a comunidades, resuelto por comunidades y por el Estado.Comunidades Unkasuca y Altochoñojahua48 48
Antes, hace varias décadas, las dos comunidades en conflicto eran parte de una sola comunidad grande llamada Coniri, pero hace más de 20 años ya son dos comunidades diferentes con personería jurídica, cada una con su escuela y su propia autoridad comunal. Como parte inicial del proceso de saneamiento, se requirió la lista primaria de las dos comunidades: Altochoñojahua e Unkasuca, que no pudieron establecer acuerdos a la hora de definir linderos; es decir, el espacio que distinguía a una comunidad frente a la otra. Tres familias aparecieron en el centro de la discordia. Entonces, ya en esta primera etapa, se identificó un conflicto: tres familias no cumplían la función social -obligaciones comunales- aduciendo que estaban cumpliendo tales obligaciones en la aledaña comunidad Unkasuca. Cuando las autoridades de Unkasuca les exigían el mismo cumplimiento, ellas señalaban que estaban cumpliendo en Altochoñojahua, poniendo en duda la lista y creando dificultad sobre quiénes realmente pertenecían a cada una de estas comunidades. Como no había, al inicio, relación directa entre las autoridades de ambas comunidades, el tema no pudo aclararse. Para la atención del conflicto externalizado se tuvieron tres reuniones entre el cuerpo directivo de Mallcus, miembros de ambos Comités de Saneamiento y miembros de la Fundación 48
Entrevistas a Dioniso Alanoca, Mallcu de Alto Choñojahua en la gestión 2008; y Wilfredo Plata y Paulino Guarachi de la Fundación Tierra.
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Tierra, buscando siempre caminos de solución al problema. Un primer acuerdo que favoreció el avance, después de largo debate, fue que Unkasuca reconoció la existencia de la comunidad Altochoñojahua, a la que en principio negaba existencia. La segunda reunión permitió definir preliminarmente quiénes son parte de la comunidad Unkasuca y quienes son parte de Altochoñojahua. Los Jiliris Malkus, junto a su comité ejecutivo, se dieron tiempo para revisar las listas de titulares. Luego, y en reunión complementaria, las compatibilizaron para detectar ausencias. Los Mallcus revisaron y cotejaron listas para encontrar que estas tres familias estaban sin pasar cargos en ambas comunidades. Los Mallcus también visitaron las casas de los concernidos y les indicaron que no habían realizado cargos, ni aquí ni allá, y que debían decidir a cuál de las dos comunidades iban a pertenecer. Finalmente, una familia queda en Altochoñojahua y dos quedaron en Unkasuca. Se resolvió que tenían que cumplir con todas las obligaciones comunales. Las familias, a través del diálogo presidido por las autoridades comunales, aceptaron definir su pertenencia a una de las dos comunidades, pues antes del saneamiento, no hubo posibilidad de reunión por lo sensible del tema. La tercera reunión posibilitó debatir cómo podía encontrarse una nueva delimitación, pues atendido el tema de las tres familias, apareció el segundo conflicto referido a la existencia de una Cooperativa en medio de ambas, que seguramente fue constituida cuando eran una sola comunidad para quedar gradualmente en mayor relación a una de ellas. Esto tiene una faceta legal y posiblemente se requiera de una maduración para la solución de este tema. El paso restante era realizar la división de las dos comunidades en términos físicos. Teniendo definidas sus listas de titulares se facilitó el proceso y lo previsible en la titulación propietaria fue que el plano de la comunidad Unkasuca tuviera algunas parcelas en el territorio de Altochoñojahua, con la figura de un territorio discontinuo. Así también la comunidad Altochoñojahua tendría en la comunidad Unkasuca algunas parcelas 174 •
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bajo la figura de espacio territorial discontinuo. Como esto fue decisión acordada, no se prevé problemas en el futuro. En este momento, el proceso de saneamiento está en manos del INRA. Ya hubo acuerdo entre ambas comunidades a través de sus respectivos Jiliris Mallcus y demás autoridades, con mediación de la Fundación Tierra, y se preparó la presentación formal de su solicitud de análisis técnico y jurídico49. Aunque hay pocos casos de territorialidad discontinua, en la medida del peso que tiene el acuerdo comunitario en la nueva Ley Agraria, es previsible que esta institución los acepte. Para el caso de la cooperativa, el INRA verá si ella permanece o se disuelve dependiendo cómo justifica la tenencia de esta tierra. En su papel de representantes legales y mediadores, los Mallcus buscaron respaldo en los conocimientos y experiencias de los miembros de mayor edad de la comunidad, como también en el asesoramiento de instituciones que trabajan a favor y junto a las comunidades. De esta forma, los Mallcus, en sus diferentes cargos, acompañaron al Jiliri Mallcu y buscaron tener suficientes elementos para encontrar salidas conciliatorias y de beneficio mutuo; en primer lugar para las personas involucradas en los conflictos y luego para la comunidad en pleno. Los apoyos indicados, sobre todo los institucionales, se justifican en el uso y conocimiento de instrumentos legales con que asesorar. En cuanto a los Amautas u otros consejeros de la comunidad, cuando los conflictos revisten cierta gravedad, se levantan actas que sirven como fuentes escritas para tener constancia de todos los acuerdos a los que se arriba, tanto en conflictos intracomunales como extracomunales.
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Observación de reuniones de negociación entre Unkasuka y Altochoñojahua. Conceptos de Gumercindo Quispe Colque, Mallcu de Unkasuca, gestión 2008.
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4.1. La Estructura para la resolución de conflictos Este punto se desarrolla y respalda en la relevancia de los siguientes eventos50: a) detalles del Conversatorio entre varios Mallcus y los investigadores sobre los nueve conflictos detectados y en general sobre la conflictividad en las comunidades, realizado bajo la técnica del grupo focal; b) las entrevistas a las autoridades comunales sobre los cinco conflictos estudiados; y c) las observaciones y notas de campo. Para facilitar la comprensión, el punto será desarrollado sin una excesiva referencia a dichos eventos, aunque si fuera necesario se destacará algún conflicto, comunidad o entrevistado51. De los cinco conflictos estudiados, se concluye que existe lo que podríamos denominar Estructura de atención de conflictos, que integra tres componentes: a) la Asamblea de todos los miembros de la comunidad, b) la autoridad ejecutiva 50 51
Ver registro de Entrevistados. También Memoria de Conversatorio y registro de visitas de campo. Las entrevistas y el Conversatorio/Grupo focal realizado en dos grupos de Mallcus permitió una reflexión más sistemática sobre la estructura y funciones de la autoridad comunal en la resolución de conflictos. Participaron: Dionisio Alanoca. Jiliri Mallcu de Alto Choñojahua, gestión 2008. Ricardo Hinojosa. Jalja Mallcu de Quinamaya, gestión 2008. Braulio Pérez. Mallcu de Quinamaya, gestión 2008. Hilario Paco. Jiliri Mallcu de Hilata Arriba, gestión 2007. Justina Callizaya viuda de Gutiérrez. Sullka Mallcu de Hilata Arriba, gestión 2008. José Callizaya. Miembro del Comité de Saneamiento de Hilata Arriba, gestión 2008. José Luis Jiménez. Jalja Mallcu de Hilata Centro, gestión 2008.
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comunitaria o comunal nombrada por ciclos anuales, y c) la persona considerada como miembro individual y potencial demandante de atención por ser parte de algún conflicto.
4.1.1. La autoridad política y decisoria general: Asamblea Comunal En las cuatro comunidades estudiadas: Hilata Arriba, Hilata Centro, Alto Choñojahua e Inkasuka, la máxima autoridad es la Asamblea de la Comunidad, cuyas funciones son políticas (entendidas como recurso de fuerza y espacio de negociación consultiva o decisoria) y normativo-decisorias (con decisiones gruesas sobre fines y no sobre procedimientos)52. La Asamblea Comunal funciona fundamentalmente como órgano colegiado para la toma de decisiones a las que se llega por acuerdo unánime y, en casos muy contados, votación, estableciéndose mayorías absolutas, muchas veces después de largas discusiones. Las decisiones tomadas no tienen asiento en el estudio en detalle de normas escritas, que por lo demás no existen, sino más bien se guían en las orientaciones generales del Jiliri Mallcu, los demás Mallcus y Khamanis del cuerpo ejecutivo y los alegatos verbales asentados en razonamientos de sentido común de las partes cuando se atiende conflictos. La existencia de la Asamblea, funciones generales y su realización según calendario definido son parte de los usos y costumbres de la comunidad. Este cuerpo puede modificar, derogar y emitir normas y sanciones (absolutamente aleatorias y definidas por un equilibrio de intereses entre partes o por el interés grupal). La Asamblea propone, selecciona y nombra la autoridad campesino-indígena con poder delegativo (es decir, limitado en cuanto a grado de representación de intereses) llamada Jiliri Mallcu y a su cuerpo de Mallcus de apoyo administrativo, cuyo número varía de acuerdo al tamaño poblacional de la comunidad, pero que en general responde a la estructura señalada 52
Estatuto Orgánico de Marka Viacha, y entrevistas a Mallcus (lista en Anexo). 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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líneas arriba. Si la comunidad no tiene un Estatuto propio, la Asamblea define sus acciones: a) por los usos y costumbres y el sentido común de los más ancianos y experimentados de la comunidad, o b) por el Estatuto matriz, en este caso el de la Marka Viacha. Si tiene Estatuto, éste señala de un modo sencillo y general los derechos y deberes de los miembros de la comunidad, las funciones de la Asamblea y de cada uno de los Mallcus del cuerpo directivo y también el tiempo de su gestión. La Asamblea tiene además la función de monitoreo, evaluación y premio o sanción al cumplimiento de las obligaciones delegadas al Jiliri Mallcu y al cuerpo ejecutivo, dando respaldo o desaprobando las decisiones y actividades que desempeñan y realizando un acompañamiento general a su servicio anual hasta su rotación53.
4.1.2. Los Mallcus: autoridades ejecutivas en la resolución de conflictos y aplicación de justicia Los Mallcus del Cuerpo Ejecutivo gozan de prestigio, y las personas de la comunidad los reconocen como autoridades ejecutivas de máxima jerarquía delegada por la Asamblea comunal. Se caracterizan por desempeñar diversos roles que, como expresión de sus usos y costumbres, incluyen la dirección (mas no la decisión) en el acceso a recursos naturales básicos para la producción agropecuaria de sustento (agua, tierra, áridos), la dirección en la atención, gestión y solución de conflictos internos a la comunidad, y la representación legal de la comunidad ante externos en caso de asuntos políticos, judiciales, sociales y de conflictos. Su investidura como autoridades deriva de la propia comunidad que en Asamblea les confiere y reconoce un poder que deben ejercer en beneficio de todos. Son portadores de obligaciones respecto a la colectividad, de allí procede su autoridad. 53
Observaciones de campo en asambleas de cada comunidad estudiada y en dos reuniones de negociación en la oficina de CIPCA en Viacha.
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En las comunidades de estudio se considera que los Mallcus son las autoridades reconocidas por la Constitución Política del Estado y las leyes nacionales (Ley de Participación Popular, Ley de Municipalidades, Código de Procedimiento Penal, Ley INRA); que al tener el cuerpo ejecutivo de Mallcus y la personería jurídica como Organización Territorial de Base, están facultados para resolver conflictos y/o impartir justicia en algunos aspectos de la vida de la comunidad. Cuando las personas que pertenecen a la comunidad presentan su solicitud de atención o queja, lo hacen ante el Mallcu correspondiente (Jalja, Qelqa, etc.), aunque por la magnitud del conflicto puede también ser requerido el Jiliri Mallcu. Encabezado por el Jiliri Mallcu, el Cuerpo Ejecutivo es responsable de dirigir el proceso de atención, gestión, solución de conflictos, recoger el mandato dirimitorio, de resarcimiento o sancionatorio que hubiera señalado la Asamblea y, por último, hacerlo cumplir. Los Mallcus generalmente ocupan el cargo por un periodo de un año y hay un tránsito o caminar (en aymara, thaqui) que implica ir gradualmente ascendiendo en la escala de importancia de autoridad. Se parte de las secretarías o función de Khamanis (se considera básico comenzar como miembro de la junta escolar o Yatikhamani) para avanzar luego hacia los puestos de Jalja Mallcu, Sullca Mallcu y finalmente Jiliri Mallcu, en la gradación presentada de abajo hacia arriba (ver punto previo donde se trata este asunto). En la investigación se detectaron varias comunidades que, debido a la presencia o retorno de jóvenes migrantes (20 a 30 años), fueron elegidos Mallcus sin haber empezado en la función de Khamanis. Al parecer, cuando la oferta de personas para la función social es baja y la demanda se mantiene, la Asamblea de la Comunidad puede elegir directamente a un comunario como Mallcu, sin el thaqui que implica varios años (en total 6 años) de servicio obligatorio cuando un comunario es reelegido. Sin embargo, si bien los Jalja Mallcus están encargados de recibir y atender los conflictos dentro de la comunidad, la gestión 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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y resolución se realiza en forma conjunta con el Jiliri Mallcu o Mallcu principal. En palabras de don Hilario Paco, ex Jiliri Mallcu de Hilata Arriba, “el Mallcu (principal) tiene el rol principal en la definición de un problema, o el que toma una decisión; el Jalja Mallcu, además de las funciones introductorias en la relación entre concernidos, tiene que hacer cumplir o ejecutar lo decidido”54. Las funciones entre los Mallcus principales y su Comité Ejecutivo se aclaran en tanto unos toman decisiones y otros las ejecutan. Esto no quiere decir que las decisiones que tome el Jiliri Mallcu no puedan tener como base un acuerdo entre todos los Mallcus o el análisis con su Comité Ejecutivo y la comunidad en las Asambleas. Respecto a la atención de los conflictos, los Jalja Mallcus, además de sus funciones de toma de decisiones, resolución de conflictos y aplicación de sanciones, desempeñan también otras de orden administrativo, como elaborar citaciones, trasladar correspondencia, etc. Ninguno de los miembros del cuerpo ejecutivo deja de realizar sus tareas como campesinos productores agropecuarios pues, en la estructura de la organización campesino-indígena, no se maneja la lógica de la institución burocrática especializada para la aplicación de justicia y resolución de conflictos, propia de la justicia estatal. Los Mallcus son generalmente varones y sólo excepcionalmente mujeres, aunque en los últimos 5 años, por la migración laboral de los varones y la tendencialmente igualitaria educación escolar de las mujeres, se observa que ellas van asumiendo algunas funciones subalternas, llegando en pocos casos hasta Sullka Mallcu: el caso de la Sra. Justina Callizaya viuda de Gutiérrez, que asumió la función importante de segunda autoridad jerárquica, después del Jiliri Mallcu, en Hilata Arriba55. Las esposas de los Mallcus les acompañan en varios eventos según disposición de tiempo, pero tienen un perfil de actuación más bien discreto. 54 55
Entrevista Hilarion Paco, Jilliri Mallcu, Comunidad Hilata Arriba, Gestión 2007. Importante reflexión de los Mallcus más jóvenes en el Conversatorio/Grupo focal realizado, en quienes se percibe gran apertura, a diferencia de los adultos y adultos mayores resistentes a la participación explícita de mujeres en función de Mallcus.
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El procedimiento que se sigue para la atención-gestión-solución de conflictos sigue el siguiente camino: Denuncia ante el Jiliri Mallku o alguno de los Mallcus principales por parte de quien ha sido afectado. Los ejemplos más comunes son casos de rebase de linderos, riñas o peleas. Como paso siguiente, el Jiliri Mallcu hace notificar mediante el Jalja Mallku y el Qelqa Mallku al denunciado. Se concreta la entrevista con ambas partes, ya sea sólo con los Mallcus o, en caso que así lo requieran los involucrados, someter el caso a la Asamblea de la Comunidad. Los resultados en cualquiera de las audiencias, con los Mallcus o en la Asamblea, se refrendan en las actas como fuente de verificación, en caso de que alguna de las partes no cumpla con las soluciones convenidas. La tarea de atención-gestión-solución de conflictos o justicia comunitaria, (existe en los hechos una articulación entre ambas) impartida por los Mallcus, es considerada primaria y fundamental en la medida en que se pertenece a la comunidad; pero también es opcional, pues los individuos o grupos involucrados en conflictos que no están de acuerdo con que el problema sea tratado en la comunidad (por conflicto de intereses o por desconfianza), pueden recurrir a las instancias judiciales de la institucionalidad estatal, incluso con carácter prioritario cuando el problema reviste cierta gravedad56. En los casos estudiados, sólo uno, el de Hilata Arriba, por el tema de concesión minera para explotación de piedra caliza, mostró la preeminencia total del sentido comunitario sobre el sentido de propiedad individual respecto a la tierra. Esto muestra que en las comunidades, en función de su situación concreta, pueden tener mayor o menor preeminencia los derechos individuales frente a los colectivos en la resolución de conflictos. Y a la inversa, en el caso de la viuda y sus hijos que se beneficiaron con el fallo judicial, el criterio colectivo fue desestimado por el derecho individual. 56
Clara situación presentada en uno de los conflictos estudiados y mencionado por los Mallcus asistentes al conversatorio. 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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4.1.3. Los Consejeros (Amautas) En el marco interno de la comunidad, de modo regular y excepcionalmente en el marco supracomunal (Subcentral, Marca, Provincia), actúan también algunos consejeros cuyo número y composición es variable, aunque casi todos son varones y ancianos. La Asamblea Comunal sólo eventualmente nombra Amautas, y más bien son convocados por la autoridad constituida (Jiliri Mallcu y Mallcus) para consultar temas en los que se requiere asesoría general o especializada, o conocer la jurisprudencia existente en algunos temas. Las autoridades son conservadas en esa función varios años sin remoción, dependiendo de la buena voluntad, salud y energía de los más ancianos. Estos Amautas tienen una doble función: a) asesorar al Jiliri Mallcu y su Cuerpo Ejecutivo, pero sobre todo al primero, en la orientación que debe tener la atención-gestión-solución de conflictos en situaciones especiales y acompañarlo en diligencias específicas como delimitación de mojones o casos complejos para hacer cumplir una decisión de la Asamblea, y b) brindar consejos a personas y autoridades que los buscan antes de tomar una decisión importante para su vida personal o comunitaria. La mayoría de los Amautas ha cumplido ya el ciclo de obligaciones y cargos de servicio con la comunidad y son depositarios de experiencias pasadas y sabiduría de edad57. Si bien la estructura de la atención-gestión-solución de conflictos tiene como principal ente definidor de soluciones a la Asamblea de la Comunidad, el método o métodos para el acercamiento a un diálogo entre partes involucradas está a cargo del Jiliri Mallcu y su cuerpo directivo. Se siguen rituales como la notificación y la posterior visita al lugar del conflicto (el caso de los linderos) o una reunión previa entre Mallcus y partes involucradas, mediadas por el acullico; instancias en las que se escuchan los argumentos de denunciantes y denunciados (el caso de la señora viuda de la comunidad Hilata Arriba 57
Justina Callizaya viuda de Gutiérrez, Sulla Malccu de Hilata Arriba, gestión 2008.
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o la verificación de datos y posterior diálogo de convencimiento con los comunarios en conflicto en Coniri). En ambas circunstancias, a pesar de los resultados diferentes, se busca que las partes cumplan con las funciones sociales ante la comunidad, para su reconocimiento como merecedores de atención; de esta manera adquieren el derecho a ser escuchados y atendidos. La conclusión o cierre satisfactorio de los conflictos cuenta también con un acto ritual: el acullicu de hoja de coca, que al parecer se mantiene sólo como ritual, pues el uso masivo de la coca para tareas agrícolas ha ido disminuyendo.
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4.2. Las Funciones de la Estructura de Resolución de Conflictos: capacidades, límites, articulaciones Como se señaló, en las cuatro comunidades estudiadas en el Municipio de Viacha, la resolución de conflictos es equivalente a la llamada justicia comunitaria; aunque, como se verá más adelante, el nombre de justicia comunitaria hace referencia, con más precisión, a las medidas finales de acuerdo mutuo, resarcimiento o sanción que significan la solución del conflicto. Para su existencia, junto a la estructura descrita en el anterior punto, se detectó la previsión de sus funciones correspondientes. Ambos: Estructura y Funciones, componen el mecanismo o modo de atención-gestiónsolución (modo de resolución de conflictos) de la conflictividad interna en las comunidades estudiadas. Aunque no existe una norma explícita sobre quiénes son los que tienen acceso a este mecanismo (los que en el derecho positivo se llaman titulares de derechos), se constató que todos los jefes de familia inscritos en la lista de la comunidad que cumplen las obligaciones de la función social (y sus familiares) son naturales y potenciales usuarios de la estructura y funciones de resolución de conflictos. Incluso aquellas personas o grupos de otras comunidades que presenten demandas ante la autoridad respectiva (Jiliri Mallcu y cuerpo directivo de Mallcus), por conflictos con miembros de su comunidad, pueden acceder a ella. 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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En el marco del saneamiento de la propiedad agraria, que implica la confección de una lista de jefes de familia titulares propietarios que acceden al título agrario, esta situación de titularidad de derechos respecto al acceso al mecanismo de resolución de conflictos refuerza dos tendencias resultantes del proceso socioeconómico, político y legal de las últimas tres décadas: 1) que la autoridad comunal se fortalece y la titularidad individual de derechos como capacidad de exigibilidad también, y b) en la medida que los títulos agrarios son ahora individual/familiares (a diferencia de los de la Reforma Agraria de 1953 que eran proindiviso) se refuerza paralelamente la posibilidad de que cualquier comunario pueda recurrir a una autoridad estatal externa a la comunidad, acentuándose la dicotomía individual/colectiva que está ya presente en la vida de la comunidad.
4.2.1. Capacidades Como lo que existe es una estructura tradicional basada en usos y costumbres y muy poco normada por su propia naturaleza y diversidad, los conceptos de órganos y autoridades competentes, típicos del sistema jurídico estatal, son ajenos a la estructura y funciones comunales de resolución de conflictos. Cuando la comunidad campesino-indígena tiene un estatuto escrito, en él están señaladas de un modo mínimo las funciones de cada nivel de autoridad comunitaria, sin que esto ignore que en general los usos y costumbres y las habilidades de las personas que cumplen esas funciones, individualmente consideradas, complementan esas funciones mínimas de la Asamblea, de cada Mallcu, de cada Khamani y del derecho a ser atendido que tiene cada uno de los comunarios58.
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En términos generales, lo referido a las instancias está presente en el Estatuto de la Marka Viacha. Op. Cit.
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4.2.1.1. Niveles, autoridades y funciones en la resolución de conflictos En la resolución de conflictos en las comunidades aymaras estudiadas, la Asamblea y el Cuerpo Ejecutivo de cinco Mallcus (Jiliri Mallcu, Sullka Mallcu, Qelqaña Mallcu, Jallka Mallcu), cumplen la tarea de administración de conflictos y administración de justicia en los términos ya descritos, a través de instancias funcionales, que no tienen el carácter de órgano competente como pueden tenerlo las instituciones del poder judicial, pues en algunos casos pueden evitarse, sustituirse o simplemente ignorarse estas instancias funcionales comunitarias (el caso de Hilata Arriba). La Asamblea delibera bajo la presidencia del Jiliri Mallcu. A ella asisten todas las personas afiliadas en registro escrito a la comunidad. De hecho, la Asamblea funciona como cuerpo colegiado en la toma de decisiones centrales de la resolución de conflictos. La comunidad tiene reconocimiento de la Constitución Política del Estado, y tiene, como Organización Territorial de Base (OTB), la personería jurídica asignada según la Ley de Participación Popular. Debe señalarse que todas las entrevistas a los Mallcus de las cuatro comunidades estudiadas confirman que el cumplimiento de funciones en términos de calidad depende sobre todo de la capacidad y habilidades de la persona concreta, y por ello puede haber gran diferencia y variación en la actuación de uno y otro Mallcu (en cualquiera de los cinco puestos) en una misma comunidad y entre año y año. Los Mallcus son también autoridades con capacidad para representar legalmente a la comunidad (Ley de Participación Popular) para todo trámite legal ante el Estado, y también están reconocidos por el Código de Procedimiento Penal que les asigna la función de directores en la resolución alternativa de conflictos, aplicando el derecho consuetudinario. En materia agraria, la última Ley de Reconducción Comunitaria amplía las funciones de la autoridad comunal, en este caso la autoridad ejecutiva de los Mallcus, para tomar decisión en los 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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procedimientos del saneamiento; decisiones que el INRA debe validar previo análisis técnico-jurídico.
4.2.1.2. Ámbito territorial de la función El ámbito territorial de la Asamblea y el cuerpo directivo de los Mallcus, como instancias funcionales, se circunscriben a la comunidad a la que representan; aunque, como lo tenemos dicho, puede incluir y de hecho incluye, si se lo solicita, casos donde alguien de la comunidad tiene un conflicto con terceros de fuera de la comunidad: otras comunidades, actores económicos, políticos o sociales externos59.
4.2.1.3. Ámbito temático de la función La Asamblea y los Mallcus son instancias que, a través de sus funciones, pueden atender diversos tipos de conflictos y demandas de justicia. Aunque no están registrados, clasificados u ordenados en ninguno de los Estatutos de comunidad, tampoco en el Estatuto y el Reglamento de la Marca Viacha por usos y costumbres –con toda la variabilidad regional que de hecho cargan- , se conoce que tienen el siguiente alcance60: Conflictos fundamentalmente intracomunitarios: a) De pareja: maltrato de hombres a mujeres, infidelidad, separación, incumplimiento deberes familiares, abandono de familia y aborto. b) Intrafamiliares: desobediencia de hijos a padres, faltas en deberes de hermanos, disputas por herencia paterna, problemas de paternidad o maternidad. 59 60
Esto puede observarse en el detalle de los conflictos elegidos para la investigación. Los participantes del Conversatorio/Grupo focal de Mallcus ratificaron esta función temática con mucha coincidencia y precisión.
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c) Sobre la propiedad: daños a sembradíos por incursión de animales ajenos, daños diversos a las sementeras, casas, corrales, tomas de agua particulares. d) Entre comunarios: amenazas, agresiones diversas, chismes y rumores, alcoholismo, escándalos, robos, hurtos, violación a mujeres, muerte de personas, tráfico y consumo de drogas, lesiones graves, portación de armas de fuego. e) Incumplimiento de obligaciones o “cargos” de servicio a la comunidad: cuotas, tareas comunales, mantenimiento de la red de agua, inasistencia a asambleas. f) De tierras: derechos de paso, ubicación de mojones y linderos, tenencia y usufructo, posesión, herencia. Esta tipología extensiva de conflictos intracomunitarios potencialmente atendibles se reduce significativamente en la realidad debido a que en los últimos 10 años fue difícil para los Mallcus entrevistados señalar que las instancias comunales estudiadas las hubieran atendido en toda su diversidad. Se observó más bien que: a una mayor presencia estatal, una mayor función de apoyo de la autoridad comunitaria; y a una menor presencia estatal, un perfil más alto en la actuación de dicha autoridad. Debe advertirse que tanto en las entrevistas a los Mallcus concernidos en la atención de los conflictos identificados, como en el Conversatorio de Mallcus/grupo focal, los conflictos en materia familiar fueron mencionados como hechos distantes. Paralelamente, el Diagnóstico del PDM 2007-2011 de Viacha registra que la Defensoría Municipal de la Niñez y la Adolescencia (DNA) y el Servicio Legal Integral a la Mujer (SLIM) atendieron un promedio anual de 45 casos de violencia familiar, y que en el marco de 245 casos atendidos por la DNA se encuentran 20 casos vinculados a violación a mujeres, abusos deshonestos y abandono de familia. Si bien son datos de todo el Municipio, incluyen también al Distrito 3 de Viacha, con lo que en términos prácticos, la nómina extensa de tipos de conflictos atendidos se reduce a ciertos tipos de conflictos considerados los más atendibles por su menor 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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complejidad. Sobre todo los que no requieren sistemas complejos y muy técnicos que proporcionen elementos de base para la toma de decisiones resolutivas. Entre éstos, ciertamente destacan los referidos a conflictos graves derivados de muerte de personas, violencia intrafamiliar continua, violación de mujeres, tratos inadecuados a niños y niñas, paternidad o filiación. Los Mallcus los eximen de sus ejemplos de intervención de un modo recurrente, y no se ha recogido datos de atención de este tipo de conflictos por las autoridades comunales en los últimos 10 años. Conflictos de la comunidad con actores externos a ella: a) Sobre tierras: ubicación de mojones y linderos, herencia de personas de distintas comunidades, obligaciones de una familia en otra comunidad. b) Sobre recursos naturales: aprovechamiento de fuentes de agua, aprovechamiento de áridos (arena, piedra) y minerales (cal y otros). La excepcional ocasión del proceso de saneamiento posibilitó observar la atención de estos conflictos que en circunstancias ordinarias no son observables. Cabe destacar que, en la medida que la decisión legal última del saneamiento le corresponde a una instancia estatal, la función de las autoridades comunales está orientada a apoyar y respaldar las condiciones para una adecuada decisión de dicha instancia. La autoridad comunal actúa requerida por esa decisión normativa estatal final, lo que no evita destacar la actuación funcional de las instancias señaladas (Asamblea, Mallcus, reuniones), como propias y adecuadas para la atención de este tipo de conflictos en las comunidades, hasta el punto o etapa correspondiente, preparando la etapa final a cargo de la institucionalidad estatal. Es de destacar también que, en lo correspondiente a los conflictos por aprovechamiento de recursos naturales, como el caso de la piedra caliza, la intensidad del conflicto se incrementa 188 •
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y no alcanza soluciones finales claras debido a la dicotomía: propiedad individual/colectiva, y a la poca claridad de la normativa estatal al respecto.
4.2.2. Derivación de la solución de conflictos hacia el Estado De la experiencia conocida y recogida se concluye que los límites de la función de resolución de conflictos de la autoridad comunal son siempre atribuidos por la propia comunidad. En la medida que haya desacuerdo en ella, estas funciones tienen fronteras difusas, favoreciendo esto a que las instituciones estatales de justicia tengan prioridad absoluta o se conviertan en instituciones complementarias y/o definitorias en la atención del conflicto y su resolución61. Aunque las autoridades comunales entrevistadas no trataron explícitamente este tema, el Conversatorio con Mallcus facilitó la externalización clara de estos límites. Entre los factores que influyen para la derivación de los conflictos hacia la autoridad estatal más inmediata, en Viacha (Policía, DNA y SLIM, Juzgado Agrario) o mediata (juzgados de familia, diversas instituciones estatales), están: a) la gravedad del conflicto: cuando contiene muertos o heridos graves e implica negociaciones y acuerdos difíciles, y posibles resarcimientos económicos grandes o en bienes: casos de separación o divorcio de parejas, violación a mujeres y abusos a niños y niñas. b) la complejidad del conflicto, que implica aspectos o facetas jurídico legales, económicas, administrativas, o tecnológicas complejas que la autoridad comunal no está en capacidad de atender adecuadamente (filiación, paternidad, muerte de personas). c) Sentido común universal. Es decir, por los riesgos para las autoridades de la comunidad o el riesgo para 61
Conversatorio/Grupo focal con Mallcus. 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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la convivencia tolerante, pues tratándose de comunidades numéricamente pequeñas, todas las personas se conocen, o tienen vínculos familiares o han mantenido una larga relación. Así, si hay riesgo cierto para la vida e integridad de los Mallcus, sus familias o alguna de las partes en conflicto y como la asamblea no posee un poder coercitivo específico (policía, cárceles) sino más bien uno difuso (presente en el cuerpo) y concentrado (presente únicamente en los momentos de asamblea), las instancias funcionales (asamblea, reunión de Mallcus) apoyan la derivación del conflicto a la institución estatal que corresponda. Uno de los conflictos cuya presencia se detectó en el diagnóstico inicial pero que no es atendido por la autoridad comunal, salvo casos excepcionales y en momentos iniciales del proceso que no fueron casos de los últimos años según testimonio de los Mallcus, son las violaciones a mujeres, estupro, maltrato a mujeres, abandono, irresponsabilidad paterna. Todos, conflictos que afectan a mujeres y niños. Para esto, la autoridad comunitaria es absolutamente insuficiente, y aún la autoridad supracomunal (Mallcus de Subcentral, Central Agraria, y SIMACO)62. Esto se debe a los siguientes factores63: a) No existe un orden legal superior sistemático. No existen normas escritas en los estatutos del nivel subcentral, central y provincial. Ausencia, al interior de los usos y costumbres, de conceptos modernos tales como equidad de género. Ausencia de registro de personas y filiación, que corresponden a niveles de administración estatal, etc. 62
Las referencias de los Mallcus entrevistados a estos delitos/conflictos son en general de años pasados, hasta 10 años, lo que tiene relación con la apertura del DNA y el SLIM en Viacha. 63 Entrevistas a los Mallcus y sobre todo Conversatorio/Grupo focal con Mallcus.
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b) Se carece de estructura de competencias y procedimientos adecuados, por ejemplo exámenes de ADN, atención psicológica especializada, entre otros. c) La ya señalada falta de capacidad coercitiva (policía, cárceles). d) Nuevos canales de irradiación de potencial conflictividad en el tema: la televisión, los juegos electrónicos, el internet, etc., difíciles de interpretar y manejar en el ámbito de los usos y costumbres, que tienen un carácter más bien tradicional y reiterativo en relación a ciertos aspectos permanentes y rutinarios de la comunidad (tierra, relaciones interpersonales generales, etc.) cuyo carácter innovador es muy bajo.
4.2.3. Abstención en la función de resolución de conflictos Desde el punto de vista de las personas de la comunidad y la memoria de los Mallcus entrevistados, los conflictos que de un modo regular tienen menos posibilidades de ser presentados ante la autoridad comunal (Asamblea, Mallcus), como lo tenemos dicho, son los referidos a violencia intrafamiliar, violación de mujeres, estupro, maltrato a mujeres, abandono, irresponsabilidad paterna 64. Al respecto, la concepción presente en los usos y costumbres –de fuerte asiento tradicional- sobre la mujer que debe tener un perfil discreto frente al varón, es la fuente más importante de esa inhibición. A pesar de que muchos líderes indígenas reivindican que los usos y costumbres se asientan en el par filosófico chacha-warmi (varón-mujer), como absolutamente complementarios y, por lo tanto, en una relación de equidad, en la realidad práctica la supremacía masculina se siente muy fuertemente en las comunidades. Esto es más perceptible en las generaciones de personas mayores, aunque es destacable que las generaciones más jóvenes de comunarios y de Mallcus se han abierto a 64
Testimonio explícito de 2 Mallcus en Conversatorio/Grupo focal. 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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la posibilidad de que mujeres ocupen cargos de autoridad (un caso en Sullkamallku). Esta situación muestra una mayor equidad entre varones y mujeres, resultado de una mayor adaptación tanto a ciertos valores universalistas de equidad de género como a los efectos prácticos del acceso a la educación y al mercado laboral por parte de las mujeres. El homicidio o asesinato de personas es generalmente considerado grave, por lo que suele derivarse de inmediato a la Policía, Ministerio Público o los Juzgados.
4.2.4. El mecanismo de resolución de conflictos: atención-gestión-solución En las comunidades estudiadas se observa que el curso o protocolo general, cuyos componentes son los llamados Modos que se conoce para la resolución de los conflictos, es el siguiente65: a) Fase de atención del conflicto. Presentación verbal o escrita por parte de la/s persona/s afectada/s de una solicitud a la autoridad ejecutiva (Mallcu de Justicia y el Jiliri Mallcu) y conocimiento de la solicitud. Esta es una fase ineludible en el proceso de resolución. b) Fase de consulta. Según el tipo de problema, las dimensiones de intensidad (grado de involucramiento de personas) y riesgo de violencia, se realiza o no la consulta a consejeros, amautas y especialistas en el tema. Esta es una fase que cada vez se practica menos y tiene el carácter opcional. c) Fase 1 de la gestión del conflicto. Es el cabildeo con las partes en conflicto buscando acuerdos o conciliación para restablecer armonía y equilibrio a través de acciones de sanción (en días de trabajo comunal o en dinero) o resarcimiento (reparación del daño en disculpa pública, en dinero o en bienes equivalentes al afectado). El Jiliri Mallcu y el Sullka 65
Conversatorio/Grupo focal con Mallcus.
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Mallcu escuchan y establecen las normas más gruesas de buena relación, mientras el Jaljamallcu dirige la reunión y cede la palabra, y el Qelqaña Mallcu registra los pormenores y el acuerdo –si lo hay- en el libro de actas. d) Fase 2 de la gestión del conflicto. Si el conflicto lo amerita, se lo lleva a la Asamblea Comunitaria donde se escucha a las partes y las recomendaciones del Jiliri Mallcu y su cuerpo directivo. Si es posible, se toma decisión de sancionar (en días de trabajo comunal o en dinero) o de resarcir los daños ocasionados (en disculpa pública, en dinero o en bienes equivalentes a lo afectado), para ser cumplida por las partes y ejecutada e implementada por los Mallcus. e) Fase de solución del conflicto. Esta fase se conecta con la decisión de la fase 1 de la gestión si los Mallcus logran acuerdo sin llevar el conflicto a la Asamblea, y con la fase 2 de la gestión cuando la Asamblea toma decisión al respecto. En todos los casos, son el Jiliri Mallcu y su cuerpo directivo, y en éste específicamente el Jalja Mallcu, los encargados de hacer cumplir lo decidido como solución al conflicto que, lo reiteramos, toma la forma de sanción (en días de trabajo comunal o en dinero) o resarcimiento (reparación del daño en disculpa pública, en dinero o en bienes equivalentes a lo dañado). Los Mallcus de la comunidad, desde el momento de la recepción verbal o escrita de la solicitud de atención, inician inmediatamente los pasos a seguir: visitas a los afectados, reuniones de consulta con amautas dentro de la comunidad, entrevistas con autoridades próximas del Estado para asesoramiento. Todos los costos de tiempo y recursos son erogados por los propios Mallcus, pues esas acciones están en el marco de sus obligaciones, función social, o cargo de servicio a la comunidad. En algunos casos de amenazas o riesgos para alguna de las partes en conflicto, los Mallcus viabilizan la firma de garantías escritas que brinda el ofensor al ofendido en el marco de un acta que eventualmente podría presentarse a la asamblea 4. Estructura y Funciones en la regulación de conflictos: capacidades y límites •
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en caso de necesidad, o podría ser remitida a la autoridad estatal correspondiente. El apelar a la autoridad tradicional, por parte de los comunarios, es signo de confianza en ella. Además, implica que si se recurre a esta autoridad como mediadora, se debe estar consciente de que en caso de llegar a la Asamblea Comunal, ésta podría tomar una decisión diferente al interés de alguna de las partes, en cuyo caso el afectado deberá aceptar y comprometerse a su cumplimiento. De los cinco casos estudiados, en dos hubo satisfacción parcial y en tres satisfacción plena. Esto señala que aunque existe mucha confianza de los comunarios en la resolución de conflictos en su comunidad, se puede siempre recurrir a instancias diferentes en busca de justicia cuando los intereses subyacentes a los conflictos se tornan inmanejables a nivel comunal. Sobre ello, al parecer prima, en quienes solicitan intervención de la autoridad comunal y la contraparte que acepta someterse a su decisión, la búsqueda del restablecimiento de ciertos equilibrios favorables a la convivencia permanente que implica la vida en comunidad pequeña por largo tiempo (restitución de bienes, compensación por daños, esclarecimiento de situaciones y casos). La estructura y funciones de resolución de conflictos no tiene posibilidad de alargar demasiado el tiempo de tratamiento de un conflicto, tanto por las razones estructurales ya señaladas cuanto por que los Mallcus cambian año por año en rotación ininterrumpida. Asimismo, está claro que dado el pequeño número de familias en una comunidad y el hecho de funcionar como grupo primario (relaciones permanentes y cara a cara), si algún conflicto queda irresuelto, tomando en cuenta la dimensión e intensidad del conflicto, afecta en mayor o menor grado a la convivencia comunal. Entonces, si no se resuelve rápidamente genera un malestar permanente por el que la comunidad no puede vivir mucho tiempo en paz. Dependiendo de las dos dimensiones señaladas: intensidad o grado de involucramiento y riesgo de violencia del conflicto, su 194 •
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atención-gestión-solución puede tomar un tiempo corto o uno más largo. Incluso existe la posibilidad de que no se lo pueda resolver en el nivel comunitario, en cuyo caso tiene 2 caminos: a) ser llevado a los niveles de autoridad indígena supracomunal (Subcentral, Marka y Provincia), y/o b) que lo conozca la institución estatal correspondiente al tema. En dos de los cinco casos conocidos y estudiados donde intervino la Central Agraria, la resolución fue muy débil e inestable y los conflictos han quedado sólo parcialmente resueltos. Muestras de ello son: a) la situación de irresolución del conflicto por aprovechamiento de recursos naturales entre una comunidad y un vecino concesionario, donde intervino la organización de la Marka pero no pudo resolverlo definitivamente y se armó un largo debate para finalmente no definir nada taxativamente, y b) los Mallcus en el Conversatorio señalaron que si bien estuvieron en muchas reuniones y asambleas de nivel provincial (del Suyu Ingavi), en ninguna oportunidad trataron específicamente un tema referido a resolución de conflictos o justicia en este nivel. Se trataron más bien temas políticos departamentales referidos a la Prefectura y de la agenda política nacional. Esto lleva a concluir que la resolución de conflictos sólo es eficaz en el nivel comunitario, muy ocasionalmente en el nivel de la Subcentral, mientras que en los niveles de Marka (Municipio) y de Suyu (Provincia) es altamente ineficaz y casi inexistente.
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5. Aprendizajes para fortalecer procesos de negociación y diálogo en escenarios interculturales Al final del estudio, y como aporte central de la investigación, señalamos algunas conclusiones que, entendidas como aprendizajes, contribuyen al fomento de la interculturalidad como método de convivencia pacífica de personas y conjuntos culturalmente diferentes, pero que, a la vez, buscan articulación y desarrollo de los principios y valores de la democracia: respeto, tolerancia, diálogo, escucha, interculturalidad, transparencia: 1.
Se confirma que en el área estudiada existen y funcionan mecanismos y modos indígena/campesinos de atención, gestión, solución de conflictos emergentes de la convivencia comunitaria, con los límites, derivaciones y abstenciones señaladas66. Existen bajo el nombre de justicia comunitaria. 2. Las comunidades estudiadas entienden los problemas en la concepción del conflicto y su resolución como un fenómeno humano. Se utiliza en gran medida el sentido común para resolver los conflictos, aunque los Mallcus encargados siguen un cierto protocolo asentado en sus usos 66
Conclusión similar en: Laruta, Carlos Hugo, Gestión y Derechos de Agua en Ancoraimes, La Paz, Ed. CIPCA-PLURAL, 2007.
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y costumbres, que son expresión de diversidad cultural y se asientan en la atención-gestión-solución de los conflictos. 3. El concepto dentro del que se comprende la atencióngestión-solución de los conflictos en las comunidades aymaras estudiadas, se asemeja más a lo que se llama Modos de Resolución de Conflictos. Es decir, a los mecanismos e instrumentos generales flexibles y de poca complejidad, aunque ordenados y a veces rutinarios, que facilitan a las autoridades comunarias la resolución de los conflictos. En esos Modos, en base a sus estatutos, usos y costumbres, las autoridades conducen ciertos procedimientos sencillos y flexibles para alcanzar las soluciones más satisfactorias para las partes involucradas. Esto no implica que sean de cumplimiento estricto, plenamente documentado, y sujeto a normas escritas –por demás, inexistentes-, en cada fase. 4. La resolución del conflicto, a través de las fases de atención, gestión y solución, se produce a través del método analítico que tiene los siguientes pasos: a) ingreso a través de ceremonias, b) una presentación de las partes, c) visión, a través de métodos de naturaleza analítica y que buscan la raíz del problema, siempre con el fin de que los resultados impliquen soluciones permanentes para restablecer el equilibrio mínimo requerido en la convivencia de la comunidad rural, entendida como grupo pequeño. 5. La atención-gestión-solución de los conflictos tiene que ver con los procedimientos e instrumentos que las autoridades comunales siguen y utilizan en la búsqueda de soluciones. Por ejemplo, en el caso de los conflictos de linderos, los Malkus reciben las denuncias del, o los demandantes, y son los encargados de notificar al demandado o denunciado el reclamo efectuado. A este procedimiento se le agrega el componente ritual: el acullicu de coca y los símbolos de autoridad (vestimenta y vara-chicote de los Mallcus). 5. Aprendizajes para fortalecer procesos de negociación y diálogo en escenarios interculturales •
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Por tanto, al contar con autoridades específicamente encargadas de la recepción y averiguación de los antecedentes de los conflictos: Jalja Mallcus, autoridades que toman decisiones al respecto, como los Jiliri Mallcus, y autoridades encargadas de hacer cumplir las decisiones y ejecutarla: los Jalja Mallcus, en las comunidades de estudio se pasó de un simple manejo circunstancial a Modos flexibles de atención de conflictos que se asientan en cierta estructura organizativa. Esta estructura presenta características cambiantes de funcionamiento por influencia del ambiente externo a la comunidad, sobre todo la de las instituciones estatales encargadas de la administración de justicia. 7. Lo que se llama Modos Originarios de Resolución de Conflictos existen bajo las formas de estructura con funciones de resolución de conflictos (atención, gestión, solución) basada en estatutos escritos y/o en usos y costumbres de transmisión oral, que señalan mínimos a las funciones esperadas. No existen bajo la figura de un sistema jurídico propio, autónomo o independiente del Estado, ni tampoco bajo la forma de un sistema de administración –en el sentido estricto de cuerpo burocrático de personas y normas- mínimamente complejo. 8. La Estructura que sustenta la regulación de los conflictos estudiados incluye dos componentes básicos: i) una escala jerarquizada de funciones, y ii) los encargados de cumplirlas. Por ello, la existencia de la estructura y funciones esta verificada en los cinco conflictos estudiados. A diferencia de esto, un sistema jurídico incluye necesariamente: a) la identificación clara de los modos en que opera la estructura, y b) las funciones estables comunes y válidas en exactamente los mismos términos para todos; es decir, modos estandarizados, muy detallados y comunes para leer el conflicto y tratarlo en instancias pertinentes a través de mecanismos especializados y técnicos. Aquí se presentan las mayores diferencias entre 198 •
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estructura/función y Sistema. La razón central de ello está en lo que se llaman Usos y costumbres, que –se reiteraaunque tienen un mínimo de organización y funciones, señaladas en el Estatuto y Reglamento de la Marka Viacha, están conformados en el grueso de sus componentes por aprendizajes transmitidos oralmente de generación a generación, de persona a persona, y por protocolos generales y evitables que son las fases de atención-gestiónsolución, adquiriendo por ello un carácter altamente variable entre personas y comunidades. 9. El centro o eje de los usos y costumbres, en relación a los conflictos sobre propiedad agraria y también a otros conflictos conexos (amenazas, peleas, etc.), está compuesto por la llamada función social: cargos obligatorios en favor de las personas de la comunidad, individualmente consideradas para tener derecho individual/familiar de acceso a la tierra y a los recursos primarios -agua, pastos, etc. Como uso y costumbre central y común, pero previo a la atención del conflicto, ingresa en el ámbito de la prevención del conflicto, viéndolo desde el punto de vista de acceso a mínimos recursos vitales para la supervivencia de las personas y familias de la comunidad. Por tanto, la pertenencia a la comunidad no es sólo un tema de registro, sino de aporte en tiempo y dinero que implica el cumplimiento de deberes o función social, y es el punto de partida real de la mencionada pertenencia. 10. Como puede verse en todos y cada uno de los cinco conflictos, los pasos procedimentales en la resolución comunal son absolutamente genéricos y vacíos de contenido específico. Las reuniones de Mallcus y Asambleas de Comunidad, por ejemplo, son modelos generales con contenidos mínimos: lectura del orden del día y registro de asistentes, donde las formas concretas y específicas de operar están vacías y a disposición completa del Mallcu y la propia Asamblea. Es decir, dependen muchas veces de la autoridad, entendida como persona individual: una 5. Aprendizajes para fortalecer procesos de negociación y diálogo en escenarios interculturales •
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persona mejor formada o con mayor instrucción actúa diferente a otra menos formada; alguien más proactivo toma menos tiempo en la solución. El sentido común orienta las acciones de las autoridades comunales a la hora de conducir el proceso, e influye también en los propios miembros de la comunidad para alcanzar la solución, o no, de los problemas. 11. Los casos de solución de conflictos se dan casi exclusivamente al interior de la comunidad. Prima el sentido común del mayor beneficio y el menor costo; es decir, una gran capacidad de acomodación a lo posible por parte de la comunidad y los involucrados en el encuentro de la solución deseada al conflicto presentado. Los niveles de organización supracomunal, como la Marka (Municipio) y Provincia (Suyu) son niveles cuyas autoridades campesino-indígenas tradicionales están altamente politizadas. Son acentuadamente personalistas y de intereses sectoriales, muy poco técnicas, y donde el protocolo de atención-gestión-solución es reiterable en un nivel organizativo diferente, con lo que la eficacia demostrada en nivel comunal prácticamente se diluye. 12. En los casos no resueltos se observan más claramente los límites de la estructura y sobre todo de las funciones de los modos comunitarios de resolución de conflictos. Al ser libradas al sentido común, a veces no hallan solución en el espacio comunal que, o no tiene la capacidad para comprender la complejidad de ciertas relaciones sociales, o requiere de fuerza coercitiva exterior a las comunidades. 13. Desde el anterior punto de vista, sin embargo, las comunidades son espacios básicos para la existencia real de la paz en los límites de la comunidad como grupo permanente de vida social, pues –en palabras de Lederach- “si resolvemos los problemas atacando la raíz, se generan condiciones de pacificación más sostenibles en el tiempo”67. Aun67
Lederach, Paul: Conferencia Pública “La promoción de cambios de paz”, 21 de febrero de 2008, La Paz, auspiciado por la Fundación UNIR Bolivia.
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que se podría señalar que en la raíz están los problemas estructurales de la pobreza, que requieren un “enfoque transformativo”68, en este caso las comunidades rurales son los espacios/raíz de la convivencia permanente de los pobladores rurales de Viacha, y es el lugar donde se da la resolución de una parte importante –sobre todo la de menor complejidad- de la conflictividad regular de la convivencia social. 14. Otro aspecto a relevar es la total articulación entre la estructura y sus funciones en la resolución comunal de conflictos con la normatividad e institucionalidad del Estado. Los Mallcus están reconocidos legalmente y existen y actúan al amparo de la Constitución y las leyes nacionales. Entonces, los modos o mecanismos de resolución de conflictos existen, funcionan y encuentran mejores posibilidades de resolución porque están en el marco de la legalidad estatal actual y actúan articulados a ella. En algún momento histórico pasado quizá pudieron existir al margen o sin articularse con la normatividad estatal. Sin embargo, en lo que a la actualidad se refiere, los MORC’s sólo existen articulados y -es más- comprendidos, avalados y reconocidos en el marco de la legalidad y legitimidad estatal. Esto confirma la gran capacidad de las comunidades para la construcción de la paz por la virtud de buscar relaciones entre los actores socio/institucionales, o “la capacidad de relacionarse de forma horizontal con espacios de base y, a la vez, de forma vertical con las instancias de decisión de organizaciones y gobierno”69, que efectivamente aplican las autoridades comunales. 15. Al ser la comunidad una instancia en la que el cumplimiento de la función social (obligaciones con la comunidad) otorga iguales derechos para acceder a la atención de los conflictos, en base a ese cumplimiento, las diferencias económicas que pudieran existir entre sus 68
Fundación UNIR Bolivia: Segundo Informe de la Conflictividad Social en Bolivia, agosto de 2008, La Paz, p. 21. 69 Artículo en Puertas Abiertas, Boletín Institucional de la Fundación UNIR, en relación a la conferencia citada de Paul Lederach, Nº 3, año 4, página 3. 5. Aprendizajes para fortalecer procesos de negociación y diálogo en escenarios interculturales •
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miembros se vuelven aspectos aleatorios a la hora de demandar atención de las autoridades comunales70. Así, en relación a los modelos teóricos planteados al inicio de la investigación, lo que existe en las comunidades estudiadas del Distrito 3 del Municipio de Viacha, extensible en gran medida al altiplano aymara, corresponde a los llamados Modos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARC’s). Esto debido a que se concentra más bien en la concepción del conflicto, y su resolución, como un fenómeno de naturaleza humana universal, organizado a través de Modos que, planteados como protocolos generales y flexibles, se asientan en la explicación genérica del comportamiento de los individuos. Permiten la aplicación de medios también genéricos, desde luego adaptativos, para resolver conflictos evitando las simplificaciones y arbitrariedades pragmáticas a través del desarrollo y generación de estándares expresados como usos y costumbres, y de posible aplicación generalizada, aún en situaciones de diversidad cultural. Efectivamente y como plantea este enfoque, la resolución del conflicto se entiende como su finalización o conclusión. Se llega a ella a través de protocolos de naturaleza analítica que deben dirigirse a la raíz del problema, buscando soluciones permanentes en términos de la realidad de la convivencia humana del grupo pequeño, que existe como una comunidad territorial permanente con las características de lo que la sociología llama un grupo primario71. Con todo ello, se puede afirmar que la presente investigación contribuye al conocimiento y mejor comprensión de los modos de resolución de conflictos al interior de las unidades sociales en que se realiza la convivencia básica de las comunidades campesinos/indígenas aymaras de Viacha y el altiplano de Bolivia. Contribuye a observar y comprender de una forma más completa la actual cultura aymara, las formas y grados de relación con la cultura nacional y la legalidad estatal, los 70 71
Conversaciones de varios casos en las visitas de campo a las comunidades. Ver Sprott (1976) y Homans (1977).
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grados de autonomía existentes, y también sus articulaciones y dependencias, mostrando los contenidos reales de la multiculturalidad (como descripción de la diferencia) y la interculturalidad (como método de la convivencia articulada). Finalmente, esta investigación ciertamente identifica aquellos aspectos, espacios, actores, prácticas, relaciones que deben atenderse para una adecuada comunicación y actuación efectiva entre actores estatales y actores campesino/indígenas. Eso permite mejores horizontes de equidad y de entendimiento entre las y los bolivianos, fortaleciendo procesos de diálogo en un escenario de diversidad cultural, donde, sin embargo, todos los actores parecen apostar por la convivencia pacífica de los diferentes. Es decir, por la interculturalidad como sustento de la democracia.
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Anexos
Anexo 1. Entrevistas Entrevistas a Actores y participantes en Conversatorio/Grupo focal: 1)
Dionisio Alanoca. Jiliri Mallcu de Alto Choñojahua, gestión 2008.
2)
Ricardo Hinojosa. Jalja Mallcu de Quinamaya, gestión 2008.
3)
Braulio Pérez. Mallcu de Quinamaya, gestión 2008.
Hilario Paco. Jiliri Mallcu de Hilata Arriba, gestión 2007.
Justina Callizaya viuda de Gutiérrez. Sullka Mallcu de Hilata Arriba, gestión 2008.
José Callizaya. Miembro del Comité de Saneamiento de Hilata Arriba, gestión 2008.
José Luis Jiménez. Jalja Mallcu de Hilata Centro, gestión 2008.
Entrevistas a Informantes Clave: Paulino Guarachi. Responsable del saneamiento de Tierras en el Municipio de Viacha. Fundación Tierra. Wilfredo Plata. Funcionario de la Fundación Tierra. Macario Laruta Kantuta. Profesor de Escuela. Maestro en las escuelas de las 4 comunidades de Hilata. Juez Agrario de Viacha. Arsenio Lamas, Alcalde Municipal de Viacha.
Anexos •
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Anexo 2. Registro de instrumentos técnicos para la recolección de Información Entrevista a Mallcus. Guión. Entrevista a Autoridades estatales. Guión. Entrevistas a personeros de F. Tierra. Sin Guión y en profundidad entendiendo que es el Proceso de saneamiento el marco de su visión. Tema central: conflicto detectado. Observaciones de Campo y Descripción Etnográfica. Guión.
Anexo 3. Registro de observaciones-visitas de campo y de reuniones de negociación • Visita 1. 4 comunidades de Subcentral Jacha Hilata. • Visita 2. Asamblea en Hilata Arriba. • Visita 3. Asamblea en Hilata Centro. • Visita 4. 3 comunidades de Subcentral Coniri. • Visita 5. Asamblea de Alto Choñojahua. • Visita 6. Recorrido de campo en saneamiento a Pallina. • Visita 7. Reunión de negociación entre Unkasuca y Alto Choñojahua. • Visita 8. Reunión de negociación entre Hilata Arriba e Hilata Centro.
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Comunidades aymaras de Hilata y Coniri en el Municipio de Viacha, Departamento de La Paz