Figuras, rostros y máscaras by FUNDACION UNIR BOLIVIA

V LAS IDENTIDADES Y LA ECONOMÍA

1. La actividad económica y la construcción de identidades Entre los factores que intervienen en los procesos identitarios se encuentran las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales, estas prácticas son fundamentales en la construcción de las identidades y los imaginarios colectivos. Así, las construcciones identitarias difieren entre un agricultor valluno, un colonizador de Alto Beni, un minero de Huanuni, un indígena amazónico, un ganadero altiplánico, un productor de coca del Chapare, etc. La historia de Bolivia —desde antes de su nacimiento a la vida republicana— es la historia de un territorio que siempre dependió de la explotación de sus recursos naturales: la plata, el guano, el salitre, la quina, la goma, el estaño, el petróleo y el gas. Veamos cómo los procesos de aprovechamiento de los recursos naturales han ido estructurando la economía boliviana e influyendo en la construcción de las identidades históricas y actuales del país.

2. Las actividades económicas en Bolivia La minería Durante la Colonia la economía de los Andes funcionaba como una unidad de grandes dimensiones, su eje central era la minería de Potosí - Huancavelica, que subordinaba a los distintos sectores a sus necesidades. La economía de la Real Audiencia de Charcas, incluyendo la de los territorios peruanos y del norte de Chile y Argentina, giraba en torno a la producción de plata de Potosí. Pero la plata potosina fue exportada sin que estos recursos permitieran el desarrollo de manufacturas e industrias propias; todos los bienes que demandaba la ciudad de Potosí de-

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bían ser importados desde otras regiones del Virreinato o incluso desde Europa. La Independencia fragmentó esta enorme región y ocasionó la segmentación de la economía que sufrió una profunda recesión que duró hasta mediados del siglo XIX. Las nuevas naciones también experimentaron procesos de desintegración interna ya que carecían de la capacidad para imponer un nuevo ordenamiento económico que integrara sus territorios.1 La minería fue la columna vertebral de la economía boliviana en la etapa colonial y durante buena parte de la vida republicana. En base a la producción minera se definió la organización política administrativa de la Audiencia de Charcas y luego la de la nueva República, se estableció el Estado nacional y se organizó la dinámica económica, social y política del país, aunque los beneficios reportados por la minería en términos de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de la población fueron muy escasos. Durante breves períodos, Bolivia conoció el auge de otros recursos naturales —como el guano, el salitre, la quina y la goma— cuyos ciclos duraron poco y dejaron siempre menos ingresos que los mineros. La explotación de la quina floreció entre 1850 y 1870; la de la goma se inició a fines de 1860 a lo largo de los ríos Madre de Dios, Orton, Tahuamanu, Manuripi y Abuná en el Norte amazónico, y tuvo como protagonista a la Casa Suárez. Al inicio del siglo XX, la producción gomera representaba el 49% de las exportaciones del país y, en la década siguiente, generaba los mayores ingresos después de la minería. Es a partir de la economía gomera, primero, y castañera, después, que se produjo la articulación del Norte amazónico al Estado nacional. Si durante la Colonia la plata fue —con algunos altibajos— el producto fundamental, entre fines del siglo XIX e inicios del

Arnold en Calla et al., 2007.

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siglo XX ocurrió la transición entre ésta y el estaño. Los precios internacionales de la plata se habían desplomado y la minería nacional se encontraba en estado crítico, cuando en 1900 Simón I. Patiño descubrió una riquísima veta de estaño en la mina “La Salvadora”; este hecho cambió radicalmente su situación personal y la del país, y resultó simbólico: el cambio de siglo implicó una transformación profunda de la economía y la historia del país. Durante la primera década del siglo XX el estaño acabó por desplazar a la plata gracias a la altísima calidad de las vetas —cuya explotación no requería grandes inversiones financieras ni tecnología sofisticada— y a los nuevos mercados norteamericanos y europeos, ávidos de este mineral. Con el objetivo de asegurar el transporte de estaño desde las minas hasta los puertos, se emprendió la tarea de construir y ampliar la red ferroviaria en el Occidente del país, lo que se logró a costa de un rápido endeudamiento nacional. Una muestra de la importancia otorgada al establecimiento de transporte ferroviario es el Tratado de 1904 firmado con Chile, por el que Bolivia cedió a perpetuidad el Litoral a cambio del libre tránsito de mercaderías, la construcción del ferrocarril Arica - La Paz y un monto de trescientas mil libras esterlinas. La minería del estaño conoció momentos de auge, como la Primera Guerra Mundial que incrementó la demanda de este mineral y determinó la subida de los precios internacionales. Bolivia se constituyó en el segundo productor mundial de estaño; sin embargo, las exportaciones mineras no reportaron mayores beneficios para el país porque las minas más importantes se encontraban en manos de tres grandes grupos privados (Patiño, Hochschild y Aramayo) que pagaban impuestos más bien escuálidos: 2,9% del valor de las exportaciones a principios de siglo, 4,2% entre 1911 y 1919, y 10,2% en los años treinta.2 Hubo también períodos de crisis debido a la constante disminución de la ley del mineral y a la caída de los precios internacionales. La Segunda Guerra Mundial permitió una notable recuperación de los precios y colocó a Bolivia en una situación estratégica como proveedora, puesto que Malasia se encontraba bajo el poder de Japón; no obstante, se exportó el mineral a 2

Jordán en Campero (Ed.), 1999.

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precios increíblemente bajos. La recuperación de los precios duró hasta 1946, cuando se produjo una nueva caída en un momento en que el país vivía una aguda crisis social y política. Las tensiones entre las empresas mineras y los trabajadores y la sociedad en su conjunto fueron constantes; la masacre de Uncía del año 1923 fue uno de esos momentos tempranos de confrontación. Para 1946, los grandes mineros que concentraban la riqueza producida por el país, eran vistos como culpables del atraso y pobreza sufridos por la mayor parte de la población y la propia nación. La revolución de 1952 tuvo como uno de sus objetivos centrales la nacionalización de las tres grandes empresas mineras, las que ese mismo año pasaron a dominio del Estado y quedaron bajo la administración de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Durante la década del cincuenta, siguiendo las recomendaciones del Plan Bohan, los recursos provenientes de la minería se destinaron a impulsar el desarrollo agropecuario e industrial del país, lo que afectó la estabilidad y las posibilidades de desarrollo de la empresa minera estatal. En los años siguientes, las actividades de exploración disminuyeron; esta situación sumada a la continua caída de la ley del mineral, al incremento de los costos de producción y a la caída de los precios internacionales de los minerales, convirtió a la minería en una actividad deficitaria. En los años ochenta la crisis de la minería estatal era ya insostenible, COMIBOL no estaba en condiciones de transferir recursos, por el contrario, requería ser subvencionada. La empresa estatal se encontraba muy debilitada y el sector privado había crecido desmesuradamente, especialmente la llamada “minería mediana” que, para entonces, ya se había convertido en la gran minería; su aporte a la producción minera nacional creció de 24% en 1980 a 55% en 1995, frente al de la minería chica, las cooperativas y las comercializadoras que sólo contribuían con 13% y 39% en esos mismos años, y al de COMIBOL que disminuía dramáticamente de 63% a 6% en el mismo período. Esto significa que en los años noventa casi la totalidad de la producción minera nacional (94%) correspondía al sector privado.3

Quiroga y Salinas, 1996.

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Cuadro 20: Producción Minera Nacional (1980 -1995) según Sector SECTOR MINERO

PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

1980

1995

COMIBOL

63%

Minería mediana

24%

55%

Minería chica, cooperativas y comercializadoras

13%

39%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Quiroga y Salinas, 1996.

Actualmente la producción minera del país está centrada en el zinc, plata, estaño, cobre, oro, wolfram, antimonio y plomo. En la provincia Sud Lípez del departamento de Potosí se encuentra la mina de San Cristóbal con inmensos yacimientos a cielo abierto de zinc, plomo y plata; la actividad de esta mina ha permitido una importante reactivación de la minería potosina. Cuadro 21: Producción Minera Nacional (2006) PRODUCTO

VOLUMEN (en toneladas métricas finas)

Zinc

172.747.05

Estaño

17.669.43

Plomo

11.954.88

Oro (*)

9.627.66

Antimonio

5.460.37

Wolfram

1.094.00

Plata

472.21

Cobre

218.04 (*) En kilos finos.

Fuente: Elaboración propia en base a INE, Estadísticas 2008.

Las exportaciones mineras del país están constituidas básicamente por el zinc —que desde hace más de una década es el principal mineral de exportación—, el estaño y el plomo. Las exportaciones mineras corresponden aproximadamente al 30% del total de las exportaciones del país. En cuanto a las condiciones de operación, existe una gran diferencia entre la minería estatal, la “minería mediana” —en realidad, gran minería—, la “minería chica” y las cooperativas. Tanto la “minería chica” como las cooperativas trabajan de manera sumamente precaria, sin

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asistencia técnica ni financiera, en condiciones casi artesanales, poniendo en serio riesgo la salud de sus trabajadores y ocasionando severos daños ambientales. Las cooperativas desarrollan actividades en algunas minas estatales (como el Cerro Rico, Huanuni, Siglo XX, Viloco, etc.), en áreas de desmonte y en las zonas aluvionales de producción de oro. Gran número de personas realizan actividades mineras de carácter informal: los jukus o ladrones de mineral, los relaveros que trabajan en los relaves, los pirquiñeros que operan en vetas abandonadas, las palliris que recolectan y desmenuzan las rocas en los desmontes, y los rescatiris que compran el mineral a estas personas para comercializarlo. Tanto la minería chica como las cooperativas cuentan con muchos trabajadores, se estima que alrededor de cien mil personas se ocupan en este sector; en tanto que las empresas grandes no son importantes generadoras de empleo ya que se encuentran altamente mecanizadas.

La actividad hidrocarburífera En 1920 se inició la actividad petrolera en el departamento de Santa Cruz a cargo de la empresa norteamericana Richmond Levering. Posteriormente la concesión de esta empresa fue transferida a la Standard Oil of New Jersey, la que en 1924 operó el primer pozo en Bermejo, en el departamento de Tarija. La Standard Oil inició la exportación de petróleo a Argentina sin informar al gobierno boliviano ni pagar impuestos, y se cree que posteriormente impulsó la Guerra del Chaco con el objetivo de facilitarse la explotación en la región, aunque los territorios petroleros permanecieron bajo dominio nacional. En 1937, bajo la Presidencia de Toro, se nacionalizó el petróleo y se expulsó a la Standard Oil; en 1939 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Las presiones empresariales pudieron más y la Standard Oil fue indemnizada bajo el pretexto de contribuir con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. En 1955 se promulgó el Código del Petróleo, facilitando la inversión extranjera en el sector, ésta trabajó en asociación con la empresa estatal y logró incrementar la producción nacional de hidrocarburos. En esos años, Santa Cruz, como departamento productor

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de petróleo, logró obtener el 11% de las regalías hidrocarburíferas, lo que le aseguró un ingreso de enorme importancia, como lo muestran los presupuestos del período 1974 – 1978, durante el cual sus recursos eran ocho veces superiores a los de Tarija, Beni y Pando, y cuatro y media veces superiores a los de La Paz.4 La producción de petróleo fue rápidamente superada por la gasífera, lo que no estaba previsto en el Código del Petróleo, por lo que el Estado no pudo percibir beneficios de su aprovechamiento y llegó incluso a quemarlo en su mayor parte. En la década del sesenta se hizo evidente la necesidad de introducir cambios drásticos en el sector hidrocarburífero, éstos se hicieron realidad en 1969 cuando se nacionalizó la Gulf Oil Company que desarrollaba actividades de explotación gasífera en la zona de Río Grande en el departamento de Santa Cruz, en condiciones muy lesivas para el Estado. La historia se repitió y la Gulf Oil Company fue indemnizada por el gobierno de Bánzer, con el consiguiente daño económico para el Estado. Poco después, la Ley de Inversiones aprobada por este gobierno hizo posible que la actividad hidrocarburífera se concentrara nuevamente en manos de empresas transnacionales. En los años setenta los precios internacionales de los hidrocarburos se elevaron hasta cifras nunca antes alcanzadas, lo que permitió al país obtener importantes ingresos; en 1975 estos recursos constituían el 65% de los ingresos del Tesoro General de la Nación.5 Sin embargo, esta época de “vacas gordas” no fue adecuadamente aprovechada por el gobierno de Banzer, bajo el cual el país se endeudó a un ritmo acelerado: si en 1972 la deuda externa era de 645 millones de dólares, en 1978 se había incrementado a 2.162 millones de dólares, y en los años posteriores siguió creciendo, en 1982 alcanzaba ya los 3.328 millones de dólares. 6 Por otra parte se hicieron importantes transferencias desde el sector hidrocarburífero hacia otros rubros, que no sirvieron para el fortalecimiento de los sectores productivos, sino para alimentar el 4

Lavaud, 1998 citado en Peña y Boschetti, 2008.

Miranda en Campero (Ed.), 1999.

Morales, ibídem.

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consumo suntuario. En la década del ochenta los precios internacionales de los hidrocarburos empezaron a decaer, esta situación obligó a YPFB a recurrir a créditos externos para continuar sus tareas exploratorias, las que fueron limitándose, consecuentemente la producción bajó y en 1985 únicamente pudo cubrir la demanda interna.7

LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Desde el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la producción agrícola nacional se desarrollaba con severas limitaciones. La agricultura reconocida era casi exclusivamente la andina ya que las tierras bajas no eran tomadas en cuenta; por otra parte, ésta se desarrollaba en extensiones reducidas, datos de 1907 del Ministerio de Colonización y Agricultura y del primer censo agropecuario nacional muestran que sólo se cultivaban dos millones de hectáreas, de las cuales una parte se encontraba en descanso.8 En la región andina, entre 1880 y 1920, se produjo una importante expansión del latifundio a costa de las tierras de comunidades; sin embargo, la comunidad se mantuvo vigente, especialmente en el altiplano. En los valles, la hacienda y la pequeña propiedad eran las figuras principales. Las haciendas funcionaban en base al trabajo no asalariado de peones y colonos que producían bajo sistemas tradicionales, muy pocas haciendas tenían carácter empresarial.9 En las tierra bajas, el sistema de haciendas que provenía de la época colonial se mantuvo hasta mediados del siglo XX. La producción estaba destinada fundamentalmente al autoconsumo, el abastecimiento de los mercados del occidente del país se vio interrumpido con la introducción del ferrocarril que facilitó la importación de productos de los países vecinos. Como resultado de las políticas agrarias que afectaban las tierras de comunidades y habían ocasionado el debilitamiento de la producción agropecuaria del país, en los años 1904, 1905 y 1910 se produjeron crisis agrícolas y escasez de alimentos, por lo que se tuvo que recurrir a importarlos. Sin embargo, el atraso de la producción agrícola nacional se atribuía a los sistemas productivos de las comunidades, considerados arcaicos, y se postulaba la necesidad de modernizar la agricultura dándole un carácter empresarial. La Guerra del Chaco que movilizó a la población rural condujo al abandono de los cultivos en las comunidades y en las haciendas, agravando la crisis del agro. Esta situación, sumada a la 7

Miranda, ibídem.

Demeure, en Campero (Ed.), 1999.

Ibidem.

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crisis sociopolítica general del país en la posguerra, permitió la expansión de las ideas de reforma del sistema agrario. En los años cuarenta, el Plan Bohan planteó la diversificación de la producción agropecuaria nacional —proponía alentar la producción de azúcar, arroz, carne, algodón y madera—, de manera de lograr el abastecimiento interno, sustituir importaciones y exportar nuevos productos. Estas recomendaciones se aplicaron en la década siguiente, a partir de la Reforma Agraria. La Reforma Agraria ocasionó una profunda transformación del agro, especialmente en la región andina, modificó el régimen de tenencia de la tierra, dando lugar a la generalización de la pequeña propiedad, abolió la prestación de trabajo gratuito, e impulsó la sindicalización de los trabajadores campesinos. En cuarenta años, entre 1953 y 1993, se titularon 44 millones de hectáreas, en su mayoría en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí.10 En las tierras bajas, la Reforma Agraria no afectó a las haciendas, su efecto fundamental fue la liberación de mano de obra que pudo instalarse en tierras disponibles. En esta situación, y siguiendo las recomendaciones del Plan Bohan, se promovió la instalación de procesadoras agroindustriales: el ingenio Guabirá, 35 peladoras de arroz y una desmotadora de algodón en Santa Cruz y una planta industrializadora de leche en Cochabamba.11 En las décadas siguientes, en la región andina la producción agropecuaria se vio severamente limitada por el minifundio que, en algunos sectores, llegó a situaciones extremas de “surcofundio”; el crecimiento de la superficie de los principales cultivos fue de sólo 30% entre 1950 y 1997. En cambio, en el Oriente se desarrolló una agricultura extensiva, ampliándose la superficie cultivada en más de veinte veces en ese período. Entre 1950 y 1982, Santa Cruz recibió 55% de los créditos del Banco Agrícola, los que fueron dirigidos principalmente a la producción de azúcar y algodón.12 10 Ibídem. 11 Ibídem. 12 Ibídem.

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Atlas de la diversidad en bolivia

En 1996, la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria consolidó la pequeña propiedad campesina eximiéndola del pago de impuestos, y las tierras comunitarias de origen declarándolas indivisibles e inalienables. Si bien esta norma protege a los pueblos indígenas y a los pequeños propietarios rurales, ha recibido críticas de parte de quienes consideran que no provee los elementos necesarios para el desarrollo indígena y rural, así como de quienes creen que impide la constitución de un mercado de tierras, limita las inversiones y mantiene la postración del mundo rural andino. Actualmente, la producción agrícola nacional se destina al mercado interno —aunque el país no ha logrado la seguridad alimentaria— y algunos pocos productos se destinan casi exclusivamente a la exportación, como la soya y el girasol, cuyos volúmenes alcanzaron al 23% de las exportaciones en el año 2003, constituyéndose en el segundo rubro en importancia después de los hidrocarburos. También es significativa la exportación de castaña del Norte amazónico, que ha permitido a Bolivia convertirse en uno de los principales productores del mundo. Por otra parte, la quinua que ha empezado a ser exportada desde hace algunos años, es un producto altamente promisorio. En los últimos años se ha iniciado la producción agroecológica en el país; productos como quinua, café, cacao, castaña, amaranto y frijol se exportan a mercados de Estados Unidos y de Europa, y recientemente otros productos se han incorporado dentro de la certificación ecológica: plantas medicinales, mango, trigo, achiote, arroz, maca, arrayán, cedroncillo, muña, papaya, palto, banano, tamarindo, maracuyá, guayaba, chirimoya, penca, sábila, cacao, cebolla, limón, piña, soya y té. En el año 2005 esta producción alcanzó las 9.500 toneladas. Paralelamente se han incorporado productos ecológicos al comercio nacional, es el caso de hortalizas, cañahua, durazno, uva, maíz, cítricos, lácteos y papa. La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) tiene 51 organizaciones afiliadas, que representan a más de 30.000 familias de productores campesinos, indígenas y originarios.13

13 AOPEB, 2007.

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La ACTIVIDAD FORESTAL Pese a la imagen de nación andina y minera, casi la mitad del territorio nacional (48%) está cubierta por bosques, especialmente en las tierras bajas. Estos bosques son reservorios de diversos y abundantes recursos, que constituyen un potencial económico de gran importancia. Si bien ya en el siglo XIX se había iniciado el aprovechamiento comercial de algunos recursos forestales, como la goma, recién en la década del sesenta del siglo pasado se empezó a explotar madera en el departamento de Santa Cruz. Entre las décadas de 1960 y 1970 las empreas madereras operaban sin una normativa clara ni mecanismos de control adecuados, lo que dio lugar a un aprovechamiento selectivo de unas pocas especies de mayor demanda en el mercado —fundamentalmente mara (Swietenia macrophylla)— de las aproximadamente trescientas existentes, sin tomar ningún recaudo para asegurar su reproducción ni la conservación de los bosques, y evadiendo el pago de impuestos. El resultado de la manera caótica y corrupta en que operaron las empresas madereras fue la extinción comercial de estas especies, la degradación de los bosques y la pérdida de importantes recursos económicos para el Estado. Agotadas las maderas preciosas en Santa Cruz, las empresas se trasladaron al Beni y Pando, norte de La Paz y trópico cochabambino, donde desarrollaron procesos similares con iguales impactos. La promulgación de la Ley Forestal en 1996 permitió ordenar el sector, incrementar considerablemente los ingresos para el Estado, asegurando la conservación de las especies y del bosque, y promoviendo la participación de las organizaciones indígenas y campesinas en el aprovechamiento forestal. En el año 2003, 8,5 millones de hectáreas se encontraban bajo aprovechamiento forestal en el país; 65% como concesiones a empresas privadas, 10,7% a Asociaciones Sociales del Lugar (ASL), 8,4% a cargo de TCOs, 11,4% eran propiedad privada y 6,1% estaban en manos de otros grupos.14 La mayor parte de la producción forestal, cerca del 70%, está vinculada

14 Moreno, 2003.

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con los mercados internacionales; dentro de las exportaciones de productos no tradicionales, la madera ocupa un lugar preponderante En los años noventa se inició en el país el proceso de certificación de la producción forestal, al otorgarse un “sello verde” a los emprendimientos que realicen aprovechamiento forestal en bosques manejados. La certificación —que inicialmente había desatado la oposición de las empresas madereras porque la veían como una traba para su desarrollo— ha demostrado ser una herramienta útil para mejorar los negocios, ya que existe una demanda creciente del mercado internacional, especialmente de los europeos y norteamericanos, por productos certificados. En 2003, del total de los bosques bajo aprovechamiento, un millón de hectáreas se encontraban certificadas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, y algo más de un millón estaban en proceso de certificación.15 El proyecto de aprovechamiento forestal de la TCO chiquitana de Lomerío, en el departamento de Santa Cruz, recibió la primera certificación nacional en 1996; poco después varias empresas privadas recibieron el sello verde. Con estos avances, Bolivia ocupó el primer lugar entre los países tropicales por la extensión de bosques naturales bajo manejo certificado.

LA actividad industriaL La industrialización en el país fue tardía y tuvo grandes problemas para despuntar y desarrollarse. Si bien ya a mediados del siglo XIX había quienes reconocían la necesidad de impulsar una industria manufacturera alternativa a la producción minera, y las elites cochabambinas y cruceñas lo demandaban,16 el Estado nacional —fuertemente anclado en la minería— no asignó importancia al tema y no se aplicaron políticas que condujeran a este objetivo. La pequeña producción industrial se destinaba exclusivamente al mercado interno, que satisfacía la mayor parte de sus necesidades a través de importaciones. En los años cuarenta, haciéndose eco de las críticas generalizadas al Estado oligárquico que había postrado la industria nacional, y siguiendo las recomendaciones del Plan Bohan, se dieron los primeros pasos para diseñar una política de promoción de la actividad industrial. El Estado del 52 imprimió un nuevo impulso a esta política con la finalidad de diversificar la economía y crear una burguesía nacional; sin duda el principal beneficiario fue el departamento de Santa Cruz, adonde se dirigieron los recursos provenientes de la minería

15 Ibídem. 16 Rodríguez, ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

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estatal, hubo grandes facilidades crediticias y cambiarias para el desarrollo de emprendimientos empresariales, se estableció un ingenio azucarero y se habilitó la carretera Cochabamba - Santa Cruz que mejoró notablemente la comunicación con el Oriente. Sin embargo, y pese a estos esfuerzos, el balance de la situación de la industria nacional como resultado de estas políticas no fue positivo, los recursos no fueron invertidos adecuadamente, la inflación afectó seriamente la industria nacional. De 1.682 establecimientos industriales registrados en 1955, en 1964 no quedaban más que 924 y el valor de la producción disminuyó en 64,6% en ese período.17 En la década del setenta, al calor del auge económico vivido por el país debido a los altos precios de los hidrocarburos, y con la ayuda de una Ley de Inversiones que prestaba grandes facilidades a la inversión privada, el sector tuvo un importante crecimiento; el valor bruto de la producción industrial llegó al 15,6% del PIB en 1978.18 Tradicionalmente la producción industrial en el país ha estado circunscrita a los alimentos, bebidas y prendas de vestir; posteriormente se incorporaron otros productos como químicos, cueros, maderas, muebles y joyería. La mayor parte de las industrias son microempresas (82%) y pequeñas empresas (12,7%), son escasas las industrias medianas (2,5%) y grandes (1,7%)19 que disponen de un capital significativo, tecnología de punta y una amplia planta de trabajadores. En su conjunto, el sector emplea a unas ochenta mil personas.20 En 1999 la producción bruta del sector fue de 1.150 millones de dólares, 39% correspondientes a la industria cruceña, 30% a la paceña y 29% a la cochabambina. Entre 1989 y 1999 el aporte de la producción industrial manufacturera al PIB fluctuó entre 16% y 17%, y se mantiene en ese rango; esto significa que, de cada cien bolivianos generados anualmente en el país, alrededor de diecisiete provienen de la industria manufacturera.

17 Ibídem. 18 Rodríguez, ibídem. 19 Paredes y Aguirre, 2001. 20 Ibídem.

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El destino principal de la producción industrial sigue siendo el mercado interno. En este sentido es importante considerar que, dado que la mayoría de la población boliviana se encuentra en condiciones de pobreza, el nivel de consumo es más bien bajo, lo cual limita las posibilidades de desarrollo de la industria. En los últimos años se han incrementado las exportaciones, las que se dirigen principalmente a los países del MERCOSUR (52%), de la CAN (9%), a los Estados Unidos (10%) y a la Unión Europea (5%).21 No obstante, subsiste la necesidad de abrir nuevos mercados externos que permitan un crecimiento de la industria nacional.

El sector informal Desde hace ya más de una década, un sector económico de importancia fundamental en Bolivia es el informal ya que es el que genera más empleo. Según datos de la OIT, en 2004 66,7% de la población económicamente activa se encontraba en el sector informal, lo que convierte al país en el de mayor informalidad en América Latina. Este sector —que aporta 65,6% al PIB— contribuye con más del 80% de los empleos,22 aunque no son empleos seguros, se encuentran ubicados en los mercados de trabajo familiar y semiempresarial y, en muchos casos, implican sobreexplotación. El sector está integrado mayoritariamente por hombres (aunque más de 60% de las mujeres que trabajan se encuentran en la informalidad), en su mayoría indígenas y con poca o ninguna calificación;23 esto indica que los sectores de la población más excluidos en21 www.superempresas.gov.bo. 22 www.ideared.org 23 Landa, 2007.

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cuentran en la actividad informal oportunidades de generar ingresos, así sean magros. Estos trabajadores ganan, en promedio, aproximadamente la mitad de los ingresos que perciben los trabajadores formales.24 El Alto es la ciudad con mayor informalidad del país (70%), seguida por Cochabamba (62%), La Paz (51%) y Santa Cruz (50%).

La economía boliviana en los últimos años En 1985 la economía nacional dio un importante viraje enmarcándose en las políticas neoliberales que caracterizaban la economía latinoamericana de esos años. A través del DS 21060 y de otras medidas, el gobierno de Paz Estenssoro se propuso frenar la hiperinflación —que en los primeros meses de 1985 escaló a 14.000%— y estabilizar la economía. Se liberalizó el mercado para el comercio exterior, se abrió el país a la inversión extranjera, se declaró la libre contratación de los trabajadores y se “relocalizó” a los trabajadores mineros de COMIBOL, eufemismo que hacía referencia al despido (con indemnización) de 21.000 de los 27.000 trabajadores de la empresa estatal.25 En la década del noventa se dio continuidad a las políticas neoliberales en cuyo marco se llevaron a cabo importantes reformas al Estado, como la Participación Popular, la Reforma Educativa, la Descentralización Administrativa, la Reforma de Pensiones y la Capitalización de empresas del Estado (YPFB, ENTEL, LAB, ENFE y otras). Mediante la Capitalización, estas empresas fueron convertidas en sociedades anónimas, se les inyectó importantes montos de inversión extranjera enajenando el patrimonio del Estado en 49%, lo que tuvo resultados desiguales: mientras YPFB obtuvo los recursos necesarios para encarar tareas de exploración que permitieron probar la existencia de importantes reservas gasíferas e iniciar su explotación, si bien en condiciones desventajosas para el Estado nacional, el LAB fue conducido rápidamente a la quiebra. Aunque las medidas adoptadas a partir de 1985 lograron frenar la espiral inflacionaria, estabilizar la economía nacional e impulsar el crecimiento económico (durante los noventa la tasa de crecimiento del PIB fue de 4,5%),26 el costo social fue sumamente alto: el desempleo aumentó y grandes sectores de la población se empobrecieron. Para el año 2005, diez años después de la promulgación del emblemático DS 21060, de los casi nueve millones de bolivianos, 5.1 millo24 www.udape.gov.bo 25 Morales en Campero (Ed.), 1999. 26 Ibídem.

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nes se encontraban en situación de pobreza, y más de 3.5 millones eran indigentes27. La economía boliviana —tradicionalmente agraria y minera— hoy está basada en los hidrocarburos, fundamentalmente en el gas, cuyos ingresos en 2006 constituían el 25% del PIB28; en los servicios, la agroindustria y la industria de productos no tradicionales, como madera, textiles, joyería y cueros, rubros cuyas exportaciones han ido incrementándose. Las exportaciones del país entre enero y diciembre de 2007 alcanzaron a 4.848,60 millones de dólares, mientras que el monto de las importaciones fue de 3.430,40 millones de dólares;29 lo cual indica un saldo a favor de más de mil millones de dólares; sin embargo esta ventaja se anula si consideramos la deuda externa, que a diciembre del mismo año era de 2.148,50 millones de dólares.30 La diversificación de la economía nacional no ha modificado la situación general de una economía de “base estrecha”, que no dinamiza la generación de empleo ni distribuye los recursos para beneficiar a la población en su conjunto. Aunque el PIB per cápita se ha incrementado en los últimos años, en 2003 era de 895 dólares y en 2006 alcanzó 1.153 dólares americanos31, sigue siendo muy bajo y existen grandes asimetrías en los ingresos de la población, la mayor parte aún no logra satisfacer sus necesidades básicas. La incidencia de la pobreza es sumamente alta, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Según datos de 2001, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas en el país es de 58%; los departamentos más afectados son Potosí, Beni, Pando y Chuquisaca, y Santa Cruz es el que se encuentra en mejores condiciones.

27 PNUD, 2005. 28 PNUD, 2007. 29 INE Estadísticas 2008 en www.ine.gov.bo. 30 Banco Central de Bolivia en INE Estadísticas 2008, ibídem. 31 INE Estadísticas 2008, ibídem.

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Cuadro 22: Necesidades Básicas Insatisfechas según Departamento (2001) DEPARTAMENTO

NBI

Potosí

79%

Beni

76%

Pando

72%

Chuquisaca

70%

Oruro

67%

La Paz

66%

Cochabamba

55%

Tarija

50%

Santa Cruz

38%

Bolivia

58%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Estadísticas 2008.

Pero siendo Bolivia un país pobre, es evidente que la pobreza no afecta a todos por igual; la población más pobre es claramente la rural y la indígena. Los indicadores sociales muestran con crudeza el impacto de estas condiciones: la esperanza de vida al nacer es de 62,9 años, la tasa de mortalidad infantil es de 61 por mil nacidos vivos, entre las principales causa de mortalidad infantil siguen pesando las enfermedades gastrointestinales derivadas de las malas condiciones de higiene y de la falta de agua potable y de alcantarillado sanitario. Aunque se ha avanzado en la cobertura de agua potable, especialmente en las ciudades, hoy 65,1% de los hogares cuentan con agua por cañería (86,4% en el área urbana y 27,9% en el área rural), el déficit de alcantarillado es muy grave: sólo 31,4% de los hogares disponen de este sistema (48,3% en el área urbana y 2,0% en el área rural).32 Por otra parte, la desnutrición afecta a 7,5% de los niños menores de cinco años.33 En el ámbito educativo, la pobreza se expresa en la permanencia de una tasa de analfabetismo preocupante: 13,2%, (6,4% en el área urbana y 25,7% en el área rural), será necesario evaluar con seriedad los resultados de la campaña de erradicación del analfabetismo, en el bajo promedio de años de escolaridad de la población mayor de 19 años: 7 años (9 años en el área urbana y 4 en el área rural), y en la marginación y abandono escolar: 39% de los niños de seis años no asiste a la escuela primaria (32% en el área urbana y 47% en el área rural), y 57% de los 32 Encuesta Continua de Hogares 2003 - 2004 INE Estadísticas 2008, ibídem. 33 Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDSA - 2003 INE Estadísticas 2008, ibídem.

240

Atlas de la diversidad en bolivia

jóvenes de 17 años —edad en que deberían cursar el tercero o cuarto curso de secundaria— no asiste a la escuela en el área rural y 33% en el área urbana.34 De acuerdo con datos de la OIT, aproximadamente 370.000 niños entre siete y catorce años trabajan en Bolivia.  La tasa de ocupación en Bolivia es de 54,8% y el desempleo abierto llega a 9,1%;35 aunque estas cifras encubren la realidad de la existencia de miles de trabajadores por cuenta propia que laboran en condiciones muy precarias y sin ningún tipo de seguridad, y de miles de personas que emigran del país en búsqueda de trabajo. Muestra de ello es el incremento en los últimos años del monto de las remesas; según datos del BID éstas habrían alcanzado durante el año 2006 la cifra de 1.030 millones de dólares (alrededor de 10% del PIB nacional) y se esperaba que en 2007 supere los 1.200 millones. Cuadro 23: Monto de las Remesas del Exterior por Año AÑO

MONTO DE LAS REMESAS (en millones de dólares)

2001

172

2002

143

2006

1.030

2007

1.200

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Muller & Asociados y BID 2007.

Considerando la situación de pobreza general de la población boliviana, resulta interesante conocer las actitudes existentes en el país respecto al valor del trabajo como generador de riqueza. Una indagación realizada recientemente muestra que sólo 21% de la población lo reconoce. Este porcentaje es algo mayor en la región del altiplano (25%), mientras que en los valles es de 23% y en las tierras bajas de 14%. La valoración del trabajo como fuente de riqueza es superior en las áreas rurales (29%) que en las urbanas (21%). Este hallazgo no deja de ser preocupante puesto que estaría mostrando la existencia de una mentalidad “rentista”, es decir que los ciudadanos parecen aspirar a vivir de rentas y no del resultado de su trabajo y esfuerzo.36

34 Ministerio de Educación, 2004. 35 INE Estadísticas 2008 en www.ine.gov.bo 36 Verdesoto y Suazo, 2006.

LAS IDENTIDADES y la economía

241

3. La economía de las regiones La economía del Altiplano En la región andina, los pueblos prehispánicos desarrollaron un sistema de complementariedad vertical de pisos ecológicos que les aseguraba la autosuficiencia;37 practicaban el trueque de productos e incluso mantenían domicilios dobles en las altas mesetas altiplánicas y en los valles interandinos. Dicho sistema se mantuvo de alguna manera durante la etapa colonial e incluso en la vida republicana. Otro modelo prehispánico propiamente altiplánico es el caravanero, basado en la utilización de grandes recuas de llamas —existentes principalmente en el altiplano sur— para intercambiar productos y articular distintas zonas. Al parecer los caranga, sora y killaka fueron llameros conocidos como “pastores del Inca” debido a que brindaban apoyo para el transporte de productos y para la guerra. Los extensos recorridos que hacían las caravanas de llamas requerían del establecimiento de campamentos de descanso, los cuales con el tiempo fueron transformándose en asentamientos poblacionales.38 El intercambio de productos realizado por los llameros les permitía articularse con el mercado según sus propias necesidades;39 una muestra de ello son los circuitos de intercambio en Calcha, que seguían la secuencia dinero - trueque - dinero.40 Como los pueblos de altura no producían todos los productos que requerían para su subsistencia (como el maíz y la coca), debían buscarlos en los valles y Yungas, estableciendo así relaciones socioeconómicas, políticas y culturales con otras sociedades y contribuyendo a ampliar la participación indígena en la economía mercantil. Al trasladarse a los valles y a las minas, los llameros se constituyeron

37 Murra, 1975 citado por Arnold en Calla et al., 2007 38 Medinaceli, 2005 citada por Arnold, ibídem. 39 Molina 1986, 1987, 2006; citado por Arnold, ibídem. 40 Frías, 2002 citado por Arnold, ibídem.

242

Atlas de la diversidad en bolivia

en intermediarios entre el mundo rural agropecuario y el minero, poniendo en contacto las identidades indígenas con las identidades de clase. Funcionaron, pues, como mediadores entre distintas sociedades, identidades y culturas. Durante la Colonia, los llameros se ocupaban del transporte de minerales y de azogue en las minas de Potosí; posteriormente, cuando se descubrieron las minas orureñas, realizaban el mismo transporte desde los nuevos centros mineros hasta Arica. Además, transportaban otros bienes para el comercio.41 Cubrían enormes distancias, desde el Cuzco hasta Potosí, articulando en su trayecto las ciudades de Arequipa, La Paz, La Plata y Porco.42 También se movían en la zona kallawaya, enlazando Apolo, Huancane, La Paz y el Pacífico.43 Los llameros de los Lípez desarrollaban un ciclo anual que combinaba la agricultura para la producción de quinua, el pastoreo del ganado y los viajes en caravanas para intercambiar sal, lana, textiles y plantas medicinales por maíz, instrumentos de madera y chancaca, y transportar minerales.44 Las actividades de los llameros se desarrollaron siguiendo tanto la lógica del intercambio no monetario como la mercantil. En algunos casos intercambiaban la sal que extraían de yacimientos de propiedad comunal; en otros, comercializaban coca, ají, charque, chuño, lana, harina, quinua y textiles; en otras ocasiones compraban mulas en el norte argentino, lo que les abría la posibilidad de transitar hacia la condición mestiza y adquirir mayor estatus. En el siglo XIX apareció otro tipo de intermediarios que practicaban el comercio al por menor sin vinculación con la economía indígena. En el siglo XX el ferrocarril y luego el transporte pesado liquidaron las redes de circulación de los llameros.45 Como vimos, en los primeros años de vida republicana la economía boliviana se encontraba al borde de la bancarrota debido a la declinación de la minería de la plata; en esas condiciones, el latifundio se convirtió en la unidad productiva dominante. Las carencias fiscales eran compensadas con los recursos que obtenía el Estado por el tributo indigenal (pago por el derecho a las tierras de las comunidades), que permitía financiar los gastos públicos y hacer alguna inversión en la minería. Las tierras de las comunidades quedaron abandonadas a su suerte,

41 Medinaceli, 2005 citada por Arnold, ibídem. 42 Glave, 1989 citado por Arnold, ibídem. 43 Schulte, 1998 citado por Arnold, ibídem. 44 Platt, 1987 citado por Arnold, ibídem. 45 Arnold, ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

243

sin que se les brindara ningún apoyo para la producción.46 Las políticas proteccionistas —que habrían permitido resguardar la producción nacional y el mercado interno— fueron derrotadas en la década de 1870 por la oligarquía minera y terrateniente de Sucre y de Potosí, que logró imponer sus intereses; así, se autorizó la importación de harina chilena, ocasionando la ruina del comercio triguero de los ayllus del norte de Potosí.47 En 1834 se negó personería jurídica a las comunidades, en 1842 los indígenas de comunidades fueron declarados enfiteutas48 ya que el dominio de las tierras que usufructuaban correspondía al Estado; finalmente, en 1874 la Ley de Exvinculación de tierras negó la existencia jurídica de las comunidades y estableció un mercado de tierras que dio lugar a la formación de grandes propiedades agrícolas, pese a que el tributo indigenal aseguraba suprotección y que desde la Colonia existía un mercado de tierras en manos de los kurakas.49 Durante la Colonia la producción agropecuaria de las comunidades del altiplano era importante y, al parecer, lejos de tener un carácter de subsistencia, se encontraba orientada hacia el mercado; de igual manera, las haciendas estaban fuertemente orientadas a la producción comercial50. La participación indígena en las ferias regionales ha sido un factor clave en el desarrollo económico y en la articulación entre la economía étnica y la economía monetaria. Estas ferias seguían el calendario agrícola, así en una primera fase, después del trasquilado de los animales y de la cosecha se intercambiaban productos frescos, mientras que en la segunda fase se intercambiaba productos preservados, como chuño, maíz seco y charki51. En las últimas décadas del siglo XIX, los vínculos entre las poblaciones indígenas y los mercados de las pequeñas ciudades fueron mermando, lo que determinó que éstas se

46 Pérez Stocco, 1995 citado por Arnold, ibídem. 47 Platt, 1982 citado por Arnold, ibídem. 48 Enfiteusis es la cesión del dominio de un bien a cambio de un pago. 49 Platt, 1982, y Urioste y Pacheco, 2000; citados por Arnold en Calla et al., 2007. 50 Klein, 1993 citado por Arnold, ibídem. 51 Langer, 1991 citado por Arnold, ibídem.

244

Atlas de la diversidad en bolivia

conviertan en espacios olvidados y excluidos de los circuitos económicos principales, y que las áreas rurales queden en un nivel de autoconsumo52. La actividad comercial indígena dio lugar al surgimiento de tensiones entre la identidad étnica y la identidad de clase, prevaleciendo la incorporación de una serie de prácticas individualistas, especialmente en los últimos veinte años, que van dejando atrás las raíces comunales. Las haciendas —que en la Colonia y durante la República habían sido unidades productivas de gran importancia— con la Reforma Agraria, que parceló las tierras en lugar de restituirlas a las comunidades, vieron destruidas sus posibilidades económicas y las de la región en su conjunto. En esas condiciones, la unidad doméstica campesina, centrada en la pareja conyugal, adquirió fundamental importancia: la ciudadanía comunal pasó a fundarse en la unidad económica de la pareja y en el cumplimiento del sistema de cargos.53 Si bien más de 80% de las familias campesinas del país se encuentran en el altiplano y en los valles, ocupan únicamente 23% de las tierras cultivables. En el altiplano la producción agrícola de papa en diferentes variedades, de otros tubérculos como oca, papalisa, isaño, etc., de quinua, haba, cebada, la ganadería bovina en pequeña escala (para la producción de leche y carne) y la ganadería ovina, se desarrollan en pequeñas parcelas familiares. Con el paso del tiempo estas parcelas se fueron dividiendo y subdividiendo de manera que, en muchos casos, el sostenimiento familiar se ha hecho imposible, dando lugar a la migración de las personas en edad de trabajar a las ciudades capitales y también a los países vecinos (especialmente a Argentina y Chile), donde se emplean como trabajadores agrícolas estacionales o se establecen definitivamente. Como ya señalamos, las prácticas de uso de los recursos locales construyen los imaginarios de las poblaciones e, incluso, sus nociones de identidad. Es así que algunas microrregiones del altiplano constituyen áreas agroecológicas específicas y centros de producción agropastoril con una fuerte identidad basada en las variedades de cultivos o de animales que crían, es el caso

52 Ibídem. 53 Fernández, 2000 citado por Arnold, ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

245

de la zona ganadera de camélidos de Ulla Ulla y Pacajes en el altiplano norte, de algunas zonas de Oruro en el altiplano central, de Killakas y Potosí en el altiplano sur, de las chacras de trigo del norte de Potosí y de Oruro, de la zona productora de cebada en Tarabuco, de la de quinua en Lípez, de la de coca en los Yungas de La Paz, y de las zonas pesqueras de los lagos Titicaca y Poopó. Las microrregiones productoras de minerales han desarrollado también una identidad propia a partir de esta actividad, como Yani-Aucapata con la producción de oro, los valles orientales y el altiplano oriental con el estaño, Huanuni con el mismo mineral, Tazna con el bismuto, San Vicente con el plomo, la plata y el zinc, Corocoro con el cobre, el Cerro Rico de Potosí, Porco y San Pedro de Lípez con la plata, San Cristóbal con los yacimientos de zinc, oro y plata, el salar de Uyuni con sus depósitos de sodio, cloro y litio y Kori Kollo con el oro y la plata.54 Actualmente en las ciudades de La Paz y El Alto existe un desarrollo significativo de la microempresa y de pequeñas unidades informales que concentran casi la tercera parte de las micro y pequeñas empresas del país, aunque su contribución al PIB no es muy significativa.55 Las microempresas alteñas operan en los rubros de confección en tela, metalmecánica, fundición, producción de calzados, orfebrería, tejidos en lana natural y en acrílico, carpintería y otros;56 estos productos son comercializados en los mercados local, de La Paz, de las ciudades del interior y fronterizos. A partir de las necesidades de aprovisionamiento de materias primas, los microempresarios de La Paz y El Alto han contribuido a la constitución de grupos socioeconómicos y clanes familiares que controlan la importación, intermediación y distribución de telas, madera, fierro angular, cuero de res y otros.57 Estas actividades han experimentado un interesante incremento: 38,3% durante el período 1989 - 2000. La manufactura muestra la mayor tasa de crecimiento anual (14,7%) y ha logrado un notable incremento de los puestos de trabajo (346%). La organización del trabajo es en gran parte familiar y semiempresarial (70%); al tratarse de “obreros de la informalidad”, las condiciones de trabajo no son las deseables. Las pequeñas unidades familiares funcionan en condiciones de precariedad, contratando mano de obra que carece de seguridad y de beneficios sociales. La micro y la pequeña empresa son las que asimilan mayor mano de obra, hacia 1989 representaban 57% de los trabajos eventuales y en 1995, 47%. Otras actividades económicas importantes en El Alto son el comercio, la construcción, el transporte y la comunicación.58 54 Arnold, ibídem. 55 Oporto, 2007 citado por Barragán y Solíz en Calla et al., 2007. 56 Rossell, 2000 citado por Barragán y Solíz, ibídem. 57 Ibídem. 58 Guaygua y Rojas, 2002 citados por Barragán y Solíz, ibídem.

246

Atlas de la diversidad en bolivia

Cuadro 24: Población Altiplánica con Necesidades Básicas Insatisfechas según Municipio (2001) (*) MUNICIPIO Palca Achocalla Achacachi Ancoraimes

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 98%

Murillo

99% 93%

Omasuyos

98%

Caquiaviri

97%

Calacoto

98%

Comanche

97%

Charaña

Pacajes

95%

Puerto Ballivián

99%

Nazacara de Pacajes

98%

Santiago de Callapa

100%

Puerto Acosta Mocomoco

97% Camacho

98%

Puerto Carabuco

95%

Chuma Ayata

98% Muñecas

99%

Aucapata

99%

Sorata

96%

Tacacoma Quiabaya

Larecaja

Combaya Apolo Pelechuco Guaqui Tihuanacu

95% 99% 99%

F. Tamayo Ingavi

Luribay

98% 99% 91% 97% 96%

Sapahaqui Yaco

La Paz

99% Loayza

99%

Malla

99%

Cairoma

96%

Inquisivi

98%

Cajuata Colquiri

Inquisivi

95% 91%

Ichoca

98%

Pucarani

97%

Laja Batallas Puerto Pérez

Los Andes

98% 95% 98%

LAS IDENTIDADES y la economía

MUNICIPIO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Sica Sica

99%

Umala

97%

Ayo Ayo Calamarca

99% Aroma

98%

Patacamaya

97%

Colquechaca

99%

Collana

94%

J.J. Pérez Curva San Pedro de Tiquina Tito Yupanqui

B. Saavedra

La Paz

98% G. Villarroel

99%

Chacarilla Santiago de Machaca Catacora Caracollo El Choro Challapata Quillazas Corque Choquecota Curahuara de Carangas Turco

98% 98%

San Pedro de Curahuara Papel Pampa

98% 91%

Manco Kapac

99% 93%

J.M. Pando

99% 94%

Cercado

99% 90%

E. Avaroa

92% 97%

Carangas

98% 93%

Sajama

95%

Escara

91%

Cruz de Ma-chacamarca

100%

Yunguyo

Litoral

100%

Esmeralda Salinas de Garci Mendoza Pampa Aullagas

98% L. Cabrera

Sabaya Coipasa

Santiago de Anadamarca B. de Anda-marca San Pedro de Totora

S. Carangas S. Pedro de Totora

98% 91% 96% 97% 99% 95%

P. de Mejillones

Carangas Huallamarca

97%

99% T. Barrón

La Rivera Todos Santos

96% 95%

Atahuallpa

Chipaya Eucaliptus

Oruro

99% 99%

N. Carangas

247

96%

248

Atlas de la diversidad en bolivia

MUNICIPIO Tinguipaya Umiri Chayanta

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

99%

T. Frías

99%

R. Bustillos

96%

Betanzos Chaquí

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

94% C. Saavedra

94%

Tacobamba

99%

Colquechaca

97%

Ravelo Pocoata

99%

Chayanta

97%

Ocurí San Pedro de Buenavista Toro Toro Cotagaita Vitichi Sacaca Caripuyo San Pedro de Quemes

98%

N. Chichas A de Ibáñez N. Lípez

San Pablo de Lípez Mojinete

98%

Charcas

98% Potosí

93% 96% 95% 99% 95% 99%

S. Lípez

San Antonio de Esmoruco

98% 99%

Puna

J.M. Linares

94%

Tomave

A. Guijarro

94%

Arampampa Acasio Tahua San Agustín

B. Bilbao

98% 97%

D. Campos

99%

E. Baldiviezo

98%

(*) Debido a las condiciones generalizadas de pobreza en los municipios altiplánicos, se han considerado únicamente aquellos en los que el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas es igual o mayor al 90%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Estadísticas 2008.

En cuanto a la situación económica de la población de la región del altiplano, puede decirse que ésta es verdaderamente crítica. La mayor parte de los municipios presenta índices muy elevados de necesidades básicas insatisfechas (NBI), con excepción de los municipios de las ciudades capitales (La Paz, Oruro y Potosí), de las ciudades intermedias (El Alto, Uyuni, Tupiza y Villazón) y de algunos centros mineros que presentan mejores condiciones de vida. Esto permitiría afirmar que los municipios rurales que tienen como actividad económica principal la agropecuarias, son los que concentran mayor pobreza en la región.En situación distinta se

LAS IDENTIDADES y la economía

249

encuentran los municipios paceños de Coroico, Coripata (ambos en la provincia Nor Yungas), Chulumani, Yanacachi e Irupana (en Sud Yungas), donde el porcentaje de la población que no logra satisfacer sus necesidades básicas se encuentra entre 64% y 88%.59

La economía de los valles Históricamente los valles interandinos han sido el centro de la producción agropecuaria del país, habiendo cumplido ese rol desde la Colonia y a todo lo largo de la República. La producción agropecuaria de los valles ha permitido contar con productos como maíz, trigo, alfalfa, legumbres y hortalizas, fruta, ganado bovino lechero, ganado ovino y porcino, y aves de corral para carne. Tradicionalmente los pobladores rurales de los valles de Cochabamba y Chuquisaca se encontraban fuertemente ligados al patrón dueño de la hacienda por lazos que mezclaban la dominación con un cierto paternalismo. Los procesos desencadenados por la Revolución de 1952 provocaron una modificación de esta situación y la constitución de identidades campesinas forjadas a partir de la función económica; sin embargo, y pese a estos cambios, en algunos casos la vinculación con el patrón se mantuvo aún después de la Reforma Agraria. Con el tiempo esa identidad campesina valluna se fue transformando. En la actualidad lo que define a los habitantes rurales cochabambinos es la condición de productores agropecuarios, categoría que implica un nuevo imaginario distinto del tradicional vinculado con las ferias y festividades que constituían la base de la economía campesina60. En ciertos sectores,

59 INE Estadísticas 2008 en www.ine.gov.bo. 60 Larson, 1982, 1990, 1992 citada en Sánchez et al., 2008.

250

Atlas de la diversidad en bolivia

este nuevo imaginario está vinculado con la competitividad y con estrategias orientadas a desarrollarla en el mercado nacional e internacional, como las cadenas productivas.61 En la construcción de esta nueva identidad de productor agropecuario han jugado un papel importante los agentes de desarrollo de organizaciones no gubernamentales, del Gobierno nacional, de las entidades financieras nacionales y de la cooperación internacional.62 Las identidades campesinas no son estáticas, se van modificando en su relacionamiento con el mercado de bienes y servicios y de fuerza de trabajo, y con otros actores sociales; las relaciones con el mercado permiten negociar y fortalecer las identidades63. La migración del campo a la ciudad ha conducido al establecimiento de los productores agropecuarios en mercados informales (como la Cancha cochabambina) y ha impulsado procesos de reconstrucción de sus identidades y el surgimiento de una suerte de “cultura de la informalidad”. La Cancha es un espacio privilegiado de construcción y de pugna entre identidades de campesinos, productores informales y empresarios. A partir de los años ochenta y noventa se empezó a explorar la riqueza cultural de estos campesinos, especialmente en Chuquisaca, recuperando su condición étnica que había sido eclipsada por el perfil productivo, lo que dio lugar a nuevos procesos identitarios. Una actividad económica importante que se desarrolla en los valles tropicales de Cochabamba y en los Yungas de La Paz es la producción de la hoja de coca. Los trabajadores de la coca han construido una identidad particular vinculada con su tarea productiva, podría decirse incluso que es una identidad de clase. Tradicionalmente las organizaciones sindicales de los cocaleros han planteado reivindicaciones de tipo económico en relación con la superficie de los cultivos, los mercados y la necesidad de industrializar la coca. Como veremos en el capítulo VI, desde la década del noventa estas organizaciones —especialmente las del Chapare— han experimentado un intenso proceso de politización. 61 Anaya, 1994 y Dandler et. al., 1982 citados ibídem. 62 Zegada, 2005 citada ibídem. 63 Regalsky, 1994, Aliendre, 1998 y Torrico, 1993 citados ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

251

La producción de coca tiene varios destinos: el consumo tradicional en el mercado nacional, una incipiente industrialización para la producción de mate de coca, licores y otros, y la exportación a Argentina. Además, una parte importante de la producción de la hoja se desvía al narcotráfico. La exportación a Argentina —en las provincias norteñas el consumo de coca es una práctica tradicional— alcanza las 1.900 toneladas anuales;64 la demanda se amplió a partir de 1989, cuando el gobierno argentino legalizó la tenencia y consumo de la hoja en estado natural. Desde 2006, el gobierno boliviano ha realizado esfuerzos para impulsar la industrialización de la coca y ha intentado abrirle mercados, también ha iniciado una campaña internacional para lograr la despenalización del consumo de la coca. La zona de cultivo tradicional de coca son los Yungas de La Paz, que concentran 83% de los cultivos, también se ha expandido al Chapare, con 16% de los cultivos, y a la zona de Apolo, en el norte de La Paz, con 1%. Desde hace varios años se plantea la necesidad de realizar un estudio que permita conocer la superficie cultivada que se requiere para satisfacer las necesidades del consumo tradicional y de la industrialización de la coca; puesto que aún no se cuenta con esos datos, no se tiene información cierta sobre si la producción actual de 28.450 hectáreas65 es suficiente o excedentaria. Comparativamente con los municipios del altiplano, los de la región de los valles tienen niveles de pobreza menores; sin embargo, como puede apreciarse en el siguiente cuadro, son muchos los municipios que presentan porcentajes superiores al 80% de la población con necesidades básicas insatisfechas.

64 www.mamacoca.org 65 www.voanews.com

252

Atlas de la diversidad en bolivia

Cuadro 25: Población de los Valles con Necesidades Básicas Insatisfechas según Municipio (2001) (*)

MUNICIPIO

Ayopaya Morochata Anzaldo Sacabamba Vacas Arque Tacopaya Sicaya

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

97%

Ayopaya

98% 93%

E. Arce

98%

Arani

94% 99%

Arque

99%

Capinota

95%

Aiquile Pasorapa

83% Campero

88%

Omereque Tapacarí

85% Tapacarí

Totora Pojo

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

Carrasco

Cochabamba

99% 92% 87%

Pocona

93%

Mizque

93%

Vila Vila

Mizque

97%

Alalay

99%

Cuchumuela

92%

Villa Rivero Tacachi

Punata

Tiraque

81% 80% 84%

Bolívar

98%

Colomi

Chapare

85%

LAS IDENTIDADES y la economía

MUNICIPIO

Poroma Yotala Zudáñez Azurduy Tarvita

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

99%

Oropeza

80%

Zudáñez

86% 94%

Padilla

97%

Presto Mojocoya

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

97% Zudáñez

92%

Icla

99%

Tomina

94%

Sopachuy

91%

Padilla

Tomina

Chuquisaca

86%

Villa Alcalá

86%

El Villar

95%

Villa Serrano Tarabuco Yamparáez San Lucas Incahuasi

B. Boeto

86% 93%

Yamparáez

93% 96%

N. Cinti

96%

Culpina Villa Abecia

93% S. Cinti

82%

Las Carreras

88%

Padcaya

A. Arce

Yunchará

Avilez

Entre Ríos

O’Connor

El Puente

E. Méndez

88% Tarija

98% 90% 87%

(*) Se han considerado únicamente los municipios en los que el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas es igual o mayor al 80%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Estadísticas 2008.

253

254

Atlas de la diversidad en bolivia

La economía del Oriente Durante la Colonia, la Gobernación de Santa Cruz se encontraba vinculada con los mercados altoperuanos —en particular con Potosí— y con las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos. Esta situación se modificó sustancialmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando el Oriente atravesó un período de aislamiento económico y político debido a la pérdida de los mercados mineros y urbanos andinos como resultado de la construcción del ferrocarril que vinculó la región andina con los puertos del Pacífico, a las políticas liberales de comercio exterior y a la estrechez del mercado interno.66 Posteriormente, la Guerra del Chaco volvió a posicionar a Santa Cruz como departamento proveedor de materias primas. En 1941 una comisión norteamericana encabezada por Merwin Bohan realizó un estudio como base para una futura ayuda económica a Bolivia y diseñó un plan de desarrollo, conocido como “Plan Bohan”, orientado a la diversificación de la economía nacional, el fomento de las comunicaciones y la sustitución de importaciones. El Plan consideraba al departamento de Santa Cruz como una región con potencial para la producción de petróleo, azúcar, arroz, algodón, carne, leche y otros. El gobierno de la Revolución nacional aplicó las recomendaciones del Plan Bohan y desarrolló un nuevo modelo económico dirigido a la creación de un mercado nacional y a la integración territorial del país e impulsó el intercambio comercial entre el altiplano, los valles y el Oriente a través de la carretera Cochabamba - Santa Cruz inaugurada en 1953, y se promovió el desarrollo agroindustrial del departamento mediante el establecimiento de plantas procesadoras de aceite y cereales, y la instalación del ingenio azucarero Guabirá. Si bien la intensa dinámica agropecuaria de Santa Cruz fue fundamental para el desarrollo económico de la región y del país, el costo ambiental fue alto ya que significó la destrucción de miles de

66 Sandoval, 2003 citada en Peña y Boschetti, 2008.

LAS IDENTIDADES y la economía

255

hectáreas de bosque desmontadas para el establecimiento de cultivos, ampliando la frontera agropecuaria año a año. La transferencia de importantes recursos del Estado a la actividad privada dio origen a una burguesía articulada con el poder estatal, si bien en términos de clientelismo más que de desarrollo comercial e industrial. En la década del cincuenta, la oligarquía cruceña pasó de una economía terrateniente a una economía de tipo capitalista, se constituyó en burguesía agroindustrial y agropecuaria, concentró la propiedad de la tierra y afianzó su situación gracias la asistencia técnica, créditos, subvenciones y divisas estatales y extranjeras.67 En la década del setenta el gobierno de Bánzer consolidó el proyecto regional de la burguesía agroindustrial cruceña, beneficiándola con abundantes créditos y concesiones de tierras. La economía cruceña, asentada principalmente en la agroindustria y en la producción de hidrocarburos, ha experimentado un notable crecimiento en las últimas décadas. Su participación en el PIB nacional actualmente alcanza al 30%.68 La producción agroindustrial se desarrolla en la subregión integrada que incluye el área metropolitana y las provincias Sara, Ichilo, Warnes y Obispo Santiesteban, donde se encuentran cultivos extensivos de soya, girasol, azúcar, algodón y trigo —orientados tanto al mercado nacional como a la exportación— cuyo aporte al PIB agropecuario nacional aumentó de 39% en 1995 a 44% en 2004.69 La producción de oleaginosas —uno de los principales rubros de exportación de productos no tradicionales— es controlada por grandes empresas agropecuarias ya que requiere de alta tecnología y de grandes inversiones. Los pequeños productores oriundos de la región e inmigrantes tienen una producción agrícola más diversificada y combinada con la ganadería para el autoconsumo y la comercialización en el mercado nacional.70

67 Ibídem. 68 Plan Departamental de Desarrollo, 2007, citado ibídem. 69 Ibídem. 70 Ibídem.

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Atlas de la diversidad en bolivia

La ganadería bovina es extensiva y se desarrolla en pastos naturales de la Chiquitania, principalmente; aunque también existe ganado en el Norte Integrado, en la provincia Cordillera y en las zonas de valle. La ganadería cruceña, con 2,1 millones de cabezas, equivale al 32% del total nacional; se orienta a la producción de carne, leche y cuero, y genera empleo para 430 mil personas.71 A diferencia de los grandes empresarios ganaderos que controlan cerca del 70% de la producción, los productores medianos tienen entre 500 y 2.500 cabezas de ganado y controlan alrededor del 20% de la producción, los pequeños productores poseen entre 100 y 500 unidades y representan 10% de la producción, y los que se encuentran en la categoría familiar tienen menos de cien cabezas y aportan menos del 1% a la producción departamental.72 Por otra parte, en el rubro de hidrocarburos la participación cruceña en la economía nacional es también significativa: en 2005 produjo el 17,7% del petróleo condensado y de la gasolina natural, el 18,3% del gas natural, y el 38,2% del gas licuado, considerando el total nacional.73 En el rubro maderero, inicialmente se abastecía el mercado interno cruceño con la madera producto de los desmontes para el establecimiento de cultivos, pero siguiendo las recomendaciones del Plan Bohan, la producción maderera pasó a manos de empresas dedicadas expresamente a esta actividad. A partir de la década del sesenta se inició la explotación de los bosques cruceños por empresas privadas; en los años setenta ya eran alrededor de treinta las empresas74 que operaban en el departamento en condiciones que resultaron lesivas para la economía regional y nacional y para la conservación de los bosques. Actualmente, pese a la pérdida de las especies maderables más finas, la producción maderera del departamento de Santa Cruz sigue

71 www.fegasacruz.org/index.php 72 Ministerio de Desarrollo Rural, 2007 citado en www.cejis.org 73 Plan Departamental de Desarrollo, 2007 citado en Peña y Boschetti, 2008. 74 Quiroga y Salinas, 1996.

LAS IDENTIDADES y la economía

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siendo la más importante del país, alcanzó casi el 50% del volumen total de madera extraída75 y el 41% del PIB sectorial nacional durante el período 1995 - 2004.76 La incidencia de la pobreza en el Oriente boliviano es notablemente menor que en el resto del país; el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas en el departamento de Santa Cruz es de 38%. En esta región la pobreza se concentra en trece municipios, que constituyen aproximadamente el 40% del total de los municipios cruceños: Cuadro 26: Población del Oriente Boliviano con Necesidades Básicas Insatisfechas según Municipio (2001) (*)

MUNICIPIO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

El Puente Urubichá Ascensión de

92% 97%

Guarayos

87%

Guarayos San Antonio de Lomerío Concepción

91% 84%

Ñuflo de Chávez

San Javier

Santa Cruz

San Julián San Miguel San Rafael

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

82% 81%

Velasco

84% 86%

Santa Rosa

Sara

85%

Quirusillas

Florida

82%

Pucara Moro Moro

Valle Grande

88% 85%

(*) Se han considerado únicamente los municipios que presentan porcentajes de NBI superiores al 80%. Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE Estadísticas 2008.

75 INE, Estadísticas 2008 en www.ine.gov.bo 76 Plan Departamental de Desarrollo, 2007 citado en Peña y Boschetti, 2008.

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Atlas de la diversidad en bolivia

La economía amazónica La Amazonia es una región periférica en la economía nacional, con un escaso nivel de industrialización basado en la monoproducción de materia prima de origen ganadero y forestal. Los tres sectores económicos más importantes —por la magnitud del movimiento de capitales y su inserción en mercados internos— son la ganadería, la actividad forestal y la industria castañera. De estos sectores emergen las principales elites económicas, que tienen una fuerte intervención en los gobiernos locales y se constituyen también en elites políticas. El territorio beniano es un centro de extracción masiva e intensiva de recursos naturales renovables, sin generar valor agregado ni una diversificación económica que beneficie a la región; es, pues, un simple proveedor de materia prima con bajo desarrollo del sector productivo, bajos niveles de cobertura y calidad de los servicios básicos y deficiente capacidad institucional. Las actividades económicas principales del Norte amazónico son la agricultura de autoconsumo y la recoleccción de castaña. En los últimos años la extracción de madera ha ido adquiriendo creciente importancia, mientras que la ganadería vacuna y la extracción de oro tienen un papel secundario en la economía regional. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la producción de carne y cuero en el Beni estaba orientada hacia los establecimientos gomeros del Norte amazónico; posteriormente, en la década del cuarenta, la producción ganadera pudo transportarse por vía aérea hacia las ciudades del Occidente del país y hacia los centros mineros, lo cual permitió un mayor desarrollo de esta actividad. Finalmente, La Reforma Agraria, en lugar de dotar de tierras a las comunidades indígenas y campesinas, originó la consolidación de la propiedad de las grandes estancias ganaderas.77

77 Lehm, 1999.

LAS IDENTIDADES y la economía

259

Actualmente, la ganadería es la principal actividad productiva de los llanos benianos, generando empleo para más de 24.000 familias (122.000 personas), lo que significa que 33,6% de la población depende directamente de esta actividad.78 La ganadería es extensiva y se desarrolla en praderas y pastizales naturales de siete de las ocho provincias benianas; Ballivián, Yacuma y Mamoré son las que albergan la mayor cantidad de ganado, seguidas por Moxos, Itenez, Cercado y Marbán. Incluso en la norteña provincia Vaca Diez —dedicada prioritariamente a la producción de castaña y madera — los bosques próximos a las carreteras hacia Guayaramerín, El Sena y Santa Rosa del Yacuma se están convirtiendo en campos ganaderos.79 Al presente, la ganadería está cobrando una creciente importancia en el Norte amazónico, se concentra principalmente en el entorno de Cobija y los municipios vecinos; existen ganaderos en todas las ciudades de la región, inclusive en Riberalta, Guayaramerín y Cobija, que son áreas boscosas que no tienen potencial para esta actividad. Existen dos modalidades diferenciadas de producción ganadera: la comunal, diversificada, familiar y de pequeña escala, y la empresarial, monoproductiva, extensiva y comercial, orientada hacia los mercados de consumo y las industrias de carne de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. De acuerdo a datos del censo de la Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI), en 1996 había 2.540 millones de cabezas de ganado y en 1999, 2.772 millones;80 lo que representa cerca del 50% del total nacional. La introducción de ganado bovino a los llanos de Moxos se produjo en el siglo XVII, cuando los misioneros jesuitas llevaron algunos ejemplares vacunos, que prosperaron tan exitosamente que al momento de la expulsión de los jesuitas se contabilizaban 48.245 cabezas en las misiones.81

78 Molina et al., 2008. 79 Ibídem. 80 Ibídem. 81 Lehm, 1999.

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Atlas de la diversidad en bolivia

Por tanto, los primeros ganaderos de los llanos benianos fueron los indígenas de las misiones. Este hecho ha quedado profundamente grabado en la memoria de las comunidades y explica que la ganadería sea en la actualidad una de sus mayores aspiraciones.82 Si bien algunos indígenas y campesinos de la región, así como algunos inmigrantes andinos, poseen ganado (cien cabezas los más grandes), no se sienten parte de la cultura ganadera. Las comunidades campesinas e indígenas proveen productos agrícolas para las estancias ganaderas, así como mano de obra para el arreo de ganado y el mantenimiento de los campos ganaderos. Las estancias emplean a una o dos familias de las comunidades durante períodos de un año. El hecho de que no se involucre a grupos mayores de trabajadores, generando así interacción y confianza mutua, puede ser uno de los factores que explique la débil solidaridad de grupo, la inexistencia de una representación organizada (ninguna otra organización de trabajadores ha asumido la representación de sus intereses) y la falta de una identidad colectiva. Por otra parte, la ganadería genera una serie de empleos indirectos de consideración, que aún no han sido cuantificados: para la comercialización de ganado bovino y equino, de carne y de cuero, para la transformación de productos pecuarios en mataderos, saladeros y curtiembres, para el transporte terrestre, aéreo y fluvial, y para otras actividades en el área de servicios de apoyo a la producción ganadera, como la provisión de insumos agropecuarios y profesionales afines. La actividad ganadera ha generado una de las identidades productivas centrales de la región amazónica, que agrupa a una parte importante de la sociedad regional, integrando a familias tradicionales que por generaciones se han dedicado a esta actividad (generalmente ganaderos medianos), a cruceños y a extranjeros que compraron grandes extensiones de tierra para la cría y engorde de ganado bovino (ganaderos grandes) y a los pequeños ganaderos que practican una ganadería a escala reducida.

82 Molina et al., 2008.

LAS IDENTIDADES y la economía

261

La actividad maderera en la región amazónica se inició a partir de la apertura de las carreteras La Paz - Trinidad y Trinidad - Santa Cruz, y la desaparición de especies maderables finas en el departamento de Santa Cruz. A fines de la década del setenta ya existía una producción maderera interesante en el Beni; ésta se incrementó en los años ochenta a partir de empresas privadas que desarrollaron un proceso de extracción selectiva de maderas finas (mara, roble, cedro, ochoo) y convirtieron al departamento en la nueva frontera forestal del país. La explotación intensiva de la mara en el Beni ocasionó que en 1991 se estimara que esta especie se extinguiría comercialmente en el bosque de Chimanes, uno de los más ricos en mara del país, en los siguientes siete años.83 Después de la ganadería, el forestal es el sector económico más importante del Beni en términos brutos, aunque su aporte a la creación de empleo y la generación de excedentes de inversión es muy bajo. Actualmente la mayor parte de las empresas madereras sigue produciendo madera aserrada, si bien algunas han incursionado en la fabricación de pisos, puertas, ventanas, varillas, perfiles y muebles. En el norte del departamento de La Paz, en la provincia Iturralde, la apertura del camino carretero a Ixiamas dio lugar al inicio de la actividad maderera a cargo de las empresas que operaban en Santa Cruz y el Beni, donde las especies más valiosas habían empezado a agotarse. En los años noventa se produjo un fenómeno similar en Pando, adonde acudieron las empresas en busca de bosques ricos en especies de alto valor comercial. En el trópico cochabambino, el aprovechamiento maderero se inició por el desmonte que realizaban los colonizadores para la instalación de cultivos; en la década del noventa, dicha actividad pasó a manos de empresas privadas.84 La agricultura es una actividad fundamental que constituye la base económica de las familias indígenas y campesinas de los llanos de Moxos. Practican la agricultura tradicional de corte y quema (roza, tumba, quema) en zonas de altura, ubicadas en “islas de bosque” e “islas ribereñas”, para evitar las inundaciones estacionales. El sistema utilizado es de cultivos múltiples, migratorios y rotativos. La agricultura tiene carácter de subsistencia (autoconsumo), aunque parte del producto se comercializa en los mercados locales y en las estancias ganaderas para adquirir otros productos básicos. Los indígenas y campesinos no sólo venden sus productos (maíz, arroz, yuca, plátano, etc.) a las estancias ganaderas, sino también su fuerza de trabajo para labores eventuales, como

83 Estimación de asesores de la OIMT en Quiroga y Salinas, 1996. 84 Ibídem.

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Atlas de la diversidad en bolivia

armar alambradas, limpiar campos de pastoreo, construir viviendas y potreros, o para prestar servicios permanentes en ellas. A su vez, los comunarios se proveen de carne, charque y queso en las estancias. Hasta el año 2000, la agricultura era practicada por las familias indígenas y campesinas siguiendo el sistema tradicional y usando herramientas básicas (machetes y otros); pero esta situación ha cambiado y hoy nuevos actores protagonizan los procesos agrícolas benianos: empresarios urbanos locales y menonitas han expandido los cultivos de arroz en la zona sur central del departamento, utilizando maquinaria industrial.

Cuadro 27: Actores Agropecuarios del Beni y su Ubicación ACTORES AGROPECUARIOS

UBICACIÓN

Indígenas

Bosques, islas de bosque y bosques ribereños en todos los municipios

Campesinos

Islas de bosque en todos los municipios

Inmigrantes nacionales

Menonitas

Agroindustriales

Zona Yucumo - Rurrenabaque Zona sur del TIPNIS Zona San Pablo San Borja – Rurrenabaque San Ignacio de Mojos San Andrés Zona San Pablo - Loreto - San Borja - Santa Rosa San Andrés Zona San Pablo - Casarabe - San Javier San Andrés San Javier

Fuente: Molina et al., 2008.

En el Norte amazónico se está desarrollando una economía campesina que combina la producción agrícola en pequeña escala —para el autoconsumo y venta en los mercados locales— con la participación en la recolección de castaña. Así, en algunas zonas campesinas se han establecido sistemas agroforestales adecuados a las condiciones de los suelos de la región, en los que se combinan cultivos para el consumo familiar con cultivos orientados al mercado. Los ciclos agrícolas de los campesinos deben adecuarse a los períodos de la zafra de la castaña, en la cual también trabajan.

LAS IDENTIDADES y la economía

263

En la economía de las comunidades campesinas del Norte amazónico, la extracción de castaña tiene una importancia fundamental. La recolección se realiza dentro de los territorios comunales o en las barracas que pertenecen a las empresas, y el producto es vendido a las beneficiadoras de Cobija y Riberalta. Entre Riberalta y Cobija operan 22 de las 23 beneficiadoras de castaña existentes en el país; sus propietarios constituyen el principal grupo empresarial de la región. Los orígenes de estos empresarios son diversos: la empresa “Tahuamanu” está ligada con el empresariado tradicional paceño, “Urkupiña” es cochabambina y el propietario de “Leverens” es pandino. Las empresas beneficiadoras hacen el descascarado, la selección, el empaque y la exportación de la castaña; pero también adelantan capital (“habilito”) a los barraqueros pequeños y medianos. En algunos casos, las beneficiadoras están ingresando al ámbito tradicional de las barracas, adquiriendo sus propias barracas, y en otros se orientan hacia nuevos rubros, como la ganadería o la comercialización de madera. En Riberalta, Guayaramerín y Cobija se han construido identidades vinculadas con la economía de la castaña, como la de los zafreros o recolectores, que son indígenas, campesinos y vecinos de condición urbano rural, que han desarrollado la flexibilidad necesaria para vivir continuamente en los dos mundos. Los zafreros —entre siete y diez mil personas— se trasladan hasta las barracas por cuenta del contratista, durante el periodo que dura la recolección. La situación de estos trabajadores es muy precaria y su ingreso anual promedio es bajo (estimado en 520 dólares por tres meses

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Atlas de la diversidad en bolivia

de trabajo).85 Durante el tiempo que permanecen en la ciudad, trabajan por cuenta propia como mototaxistas o están desempleados y muchos de ellos se han incorporado a comunidades de reciente creación para acceder a tierras.86 Aunque no hay acuerdo sobre las cifras de trabajadores de la castaña, se puede tomar el dato que señala un total de 8.450: 650 permanentes en las beneficiadoras, 2.500 en las quebradoras, 4.000 asistentes de quebradoras y 1.300 trabajadores eventuales. Esto significa que aproximadamente 40.000 personas dependen del trabajo en las beneficiadoras, aunque buena parte de los trabajadores son niños y jóvenes.87 Los trabajadores de las beneficiadoras de castaña están organizados en sindicatos afiliados a la Federación de Fabriles de Riberalta. El comercio de productos alimenticios, electrodomésticos y ropa es otra actividad importante en las ciudades de Cobija, Guayaramerín, Riberalta y Trinidad, y uno de los sectores que genera mayor dinamismo económico en la región. Está a cargo de familias de origen paceño, que operan en los mercados y casas comerciales empleando a trabajadores locales para la atención de los negocios. Cobija se constituye en un punto estratégico para el comercio en razón de su vinculación fronteriza con el Brasil, especialmente con las ciudades de Brasileia y Villa Epitaciolandia y, por intermedio de éstas, con la ciudad de Río Branco, de donde llegan visitantes en busca de ropa y electrodomésticos. La presencia de inmigrantes provenientes del Occidente del país es notoria en las ciudades de Cobija, Riberalta, Guyaramerín, Trinidad, San Borja y Rurrenabaque, donde se han organizado en asociaciones de gremiales. Actualmente, y cada vez con mayor fuerza, se incrementa la participación y la inversión económica de este sector en la organización de fiestas andinas de tradición católica, como la de Urkupiña. Gran parte de los municipios de la región amazónica se encuentran inmersos en la pobreza, incluso aquellos de ciudades intermedias. En el departamento de Pando, la situación es especialmente crítica puesto que casi todos su municipios presentan porcentajes superiores a 90% de la población con necesidades básicas insatisfechas.

85 Bojanic, 2003 en Calvo, 2005 citado en Molina et al., 2008. 86 Ibídem. 87 Ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

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Cuadro 28: Población Amazónica con Necesidades Básicas Insatisfechas según Municipio (2001) (*) MUNICIPIO

San Javier

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

Cercado

97%

Santa Rosa Reyes San Borja

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

89% 84%

J. Ballivián

86%

Rurrenabaque

82%

Exaltación

Yacuma

94%

San Ignacio

Moxos

92%

Loreto San Andrés Riberalta Puerto Siles San Joaquín

Beni

Marbán

97%

Vaca Díez

81% 97%

Mamoré

80%

Baures Huacaraje

89% Itenez

88%

Magdalena Bolpebra Bella Flor San Pedro Filadelfia

86% 95%

N. Suárez

95% 100%

Manuripi

97%

Gonzalo Moreno San Lorenzo

98% Madre de Dios

Sena Ingavi

Santos Mercado

Pando

99% 96%

Abuná

Nueva Esperanza Villa Nueva

96%

99% 93%

F. Román

100% 95%

266

Atlas de la diversidad en bolivia

MUNICIPIO

Palos Blancos La Asunta

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

90%

S. Yungas

Caranavi

Ixiamas

Iturralde

94% La Paz

Chimoré P. Villarroel

86% 90%

San Buenaventura Villa Tunari

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

84% Chapare Carrasco

87% Cochabamba

82% 81%

La economía chaqueña En el Chaco, la ganadería bovina es la actividad económica tradicional que se inició a fines del siglo XVI, a partir de la introducción de ganado criollo desde el río de La Plata. La ganadería se realiza siguiendo el sistema tradicional extensivo, lo que ha provocado la degradación de los campos de pastoreo, la erosión de los suelos y su desecación, con la consecuente pérdida de la capacidad de carga. La mayor parte (65%) del ganado vacuno del Chaco pertenece a grandes ganaderos que poseen más de mil cabezas de ganado. La ganadería caprina es una actividad del pequeño campesino; tanto la ganadería porcina desarrollada especialmente en Monteagudo, como la avicultura, están orientadas a la producción comercial. A fines de los años noventa había cerca de medio millón (443.700) de bovinos de raza criolla en El Chaco, además de 211.329 porcinos, 200.767 equinos y 92.478 caprinos.88 Si se considera que las tasas de crecimiento de la población pecuaria no exceden el 1% anual, se puede estimar que entre 1999 y 2006 ésta no se incrementó en más de 5%.89 Los ganaderos de los municipios chaqueños más importantes se encuentran organizados en asociaciones, estas entidades concentran el poder económico y político del Chaco y actúan en

88 Manchabol, 1999 citada en Galindo et al. (doc. no publicado). 89 Ibídem.

LAS IDENTIDADES y la economía

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alianza con las entidades cívicas y los gobiernos municipales y departamentales. La producción agrícola chaqueña es mediana a pequeña debido a las condiciones de aridez de la región, menos de cinco mil hectáreas cuentan con riego y desde 1991 muchos años han sido extremadamente secos, lo que ha afectado severamente la agricultura.90 Un diagnóstico realizado en 2004 muestra que las pérdidas de los cultivos de maíz, maní, frejol, zapallo, cumanda, ají, papa y arveja llegan a 85% en los municipios del Chaco cruceño, a 63% en el Chaco chuquisaqueño y a 49% en el tarijeño.91 Las tierras cultivadas en el Chaco no superan el 20% de la superficie cultivable, por lo cual la producción es pequeña. El cultivo del maíz cubre 70% del área cultivada; la soya, el maní y el frejol representan 20% de esta superficie.92 Los campesinos no indígenas practican una agricultura de subsistencia con pequeños excedentes para el mercado; producen maíz, frejol, maní, zapallo y otros. Algunos productos agrícolas del Chaco, como la soya, se comercializan como productos orgánicos, lo que los diferencia de la producción transgénica de otros países. Existen alrededor de 25.700 unidades agropecuarias en el Chaco, de las cuales casi la mitad se encuentra en las zonas de pie de monte, un tercio en el subandino y el resto en la llanura. La inequidad en la tenencia de la tierra es evidente, en 1986, 94% de las tierras de la provincia Cordillera se concentraba en 296 haciendas, mientras que 4.000 pequeñas unidades agropecuarias poseían el restante 6%; en 1989 en la provincia O’Connor 1% de las unidades agropecuarias disponía de 74% de las tierras y en la provincia Gran Chaco 8% de las unidades agropecuarias concentraba 92% de las tierras.93 Esta situación es más grave aún en ciertos sectores del Chaco donde la hacienda subsumió a las comunidades indígenas, algunas de las cuales quedaron hasta la actualidad en condiciones de servidumbre.

90 Van Dixhoorn, 1996, Manchabol, 1999, Castro 2001 e INE, 2005; citados en Galindo et al. (doc. no publicado). 91 MACA y Ministerio de Defensa, 2004. 92 Manchabol, 1999 citada en Galindo et al. (doc. no publicado). 93 Bazoberri, 2003.

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Atlas de la diversidad en bolivia

Los asentamientos menonitas tienen un importante rol económico en la región, dedicándose a la producción agrícola extensiva que provoca la continua ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque. La agricultura menonita absorbe buena parte de la mano de obra local; si bien esto parece beneficioso para los campesinos (pues al parecer pagan puntualmente y dan mejor trato que los hacendados criollo mestizos), presenta la desventaja de ocupar grandes extensiones de tierra y desincentivar los esfuerzos económicos propios.94 El aporte del sector agropecuario al PIB regional es pequeño (20%), pero su contribución a la generación de empleo es muy importante (90%).95 El aprovechamiento forestal en el Chaco se inició a principios del siglo XX, con la extracción de grandes volúmenes de quebracho colorado (Schinopsis Lorentzii) para la fabricación de durmientes para las vías férreas; también se utilizaba madera para la producción de carbón vegetal destinado al consumo doméstico y a la fundición de minerales. Posteriormente, en los años treinta, se aprovechó lapacho y quina para la construcción, así como cedro y roble para la fabricación de muebles.96 De acuerdo con registros de aduana, la explotación forestal en el Chaco redituó a la región ingresos de 30 millones de dólares al año, cifra más bien modesta dado el potencial forestal chaqueño.97 Al igual que en otras regiones del país, la explotación maderera chaqueña era selectiva y estaba orientada a aquellas especies más requeridas en el mercado, sin tomar previsiones para su conservación ni la del medio ambiente, lo cual afectó severamente a los bosques. El reciente auge hidrocarburífero en el Chaco ha generado importantes ingresos para la región, en la primera sección de la provincia Gran Chaco de Tarija se encuentran tres de los cua-

94 Bazoberri, 2004. 95 Van Dixhoorn, 1996, Manchabol, 1999, INE, 2005 y Castro, 2001 citados en Galindo et al. (doc. no publicado). 96 Quiroga y Salinas, 1996. 97 Ayala, 2004 y Castro, 2003; citados en Galindo et al. (doc. no publicado).

LAS IDENTIDADES y la economía

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tro megacampos gasíferos que concentran dos tercios de las reservas probadas y probables del país y un tercio del total de las exportaciones de gas; el otro megacampo se encuentra en la segunda sección de la misma provincia. Se calcula que en 2005 se distribuyeron en el país 1.158.97 millones de bolivianos por concepto de regalías hidrocarburíferas, de los cuales le habrían correspondido al departamento del Chaco 883,11 millones de bolivianos. Esta bonanza gasifera ha desatado pugnas por el control de la renta petrolera entre sectores de los departamentos involucrados, especialmente entre las localidades productoras y las capitales departamentales, lo que es más notorio en el caso de Tarija. Si bien el aporte del sector hidrocarburífero al PIB regional es grande (80%), no contribuye de manera importante a la generación de empleo (sólo 4%); los técnicos y el personal de apoyo a la producción tienen una presencia más bien temporal en la región, entran al campo durante veinte a cuarenta días y salen por diez o quince días a sus lugares de residencia, preferentemente la ciudad de Santa Cruz. La actividad industrial en el Chaco es incipiente; existe una pequeña industria alimenticia de carácter más bien artesanal, con productos como el queso y los embutidos. Aunque el potencial de la región para la industria del cuero es importante, sólo existe un par de curtiembres de producción limitada. Actualmente hay alrededor de diez mil microempresas artesanales y comerciales, las que se encuentran principalmente en manos de migrantes del Occidente del país y de algunos mestizos chaqueños. Estas empresas hacen un uso intensivo de la mano de obra de carácter familiar —que no se encuentra agremiada—, utilizan baja tecnología, tienen dificultades para acceder al crédito, y están poco integradas al mercado internacional. Yacuiba es uno de los centros comerciales más importantes de la región y con mayor concentración de población procedente del Occidente del país, que se encuentra organizada en

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gremios. Los comerciantes ofrecen productos bolivianos y peruanos de bajo costo en el norte argentino; también internan productos argentinos, que luego comercializan en la región y en otros puntos del país. Los “bagalleros” o contrabandistas son principalmente de origen migrante; controlan los puestos de venta en los mercados y los puestos de comercio al por menor. Uno de los artículos que se comercializa ilegalmente en Argentina son las garrafas de gas, pues, al ser subvencionadas en Bolivia, su comercialización en el exterior resulta rentable. Otra actividad económica importante en el Chaco es el transporte; se tienen registradas al menos doce empresas de transporte terrestre nacional de pasajeros y cuatro de transporte internacional, además existen empresas de transporte que operan en el interior de la región. Los propietarios de las empresas de transporte son generalmente mestizos de Santa Cruz y, en algunos casos, chaqueños y migrantes mestizos del Occidente del país. La región chaqueña enfrenta una serie de dificultades que limitan su desarrollo económico: su ubicación geográfica, los altos costos de transporte hasta los puertos de Rosario (en Argentina), Arica y Matarani (sobre el Océano Pacífico), y la producción concentrada en pocos productos exportables con escaso valor agregado. Alrededor de la mitad de los municipios chaqueños presenta un porcentaje muy alto de su población con necesidades básicas insatisfechas (más de 80%). Los otros municipios muestran una situación mejor, lo que se explica por la existencia de varias ciudades intermedias donde la población tiene condiciones de vida comparativamente mejores que las del área rural. Cuadro 29: Población Chaqueña con Necesidades Básicas Insatisfechas según Municipio (2001) (*) MUNICIPIO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

Lagunillas Charagua

POBLACIÓN CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

88% Cordillera

Santa Cruz

82%

Gutiérrez

96%

Huacaya

97%

Muyupampa

L. Calvo

Machareti Huacareta

H. Siles

Caraparí

Gran Chaco

Chuquisaca

82% 85% 89%

Tarija

86%

VI LAS IDENTIDADES POLÍTICAS

1. La identidad en la acción política La identidad se construye en la acción política; son actores políticos los que ponen en juego sus visiones en una lucha por los sentidos sociales. En la acción política las identidades colectivas se construyen y modifican, van ampliándose o decreciendo de acuerdo con las necesidades que se presenten. Es así que, por ejemplo, los distintos pueblos indígenas tienen una identidad particular en tanto aymara, moxeño, guaraní, weenhayek, etc., pero si es preciso esas identidades específicas pueden fusionarse y expandirse en una identidad indígena mayor que aglutine a los distintos pueblos, borrando sus especificidades y diferencias frente a las identidades no indígenas; a su vez, esta identidad indígena mayor puede ampliarse más allá de la etnicidad para abarcar otros sectores, a todos quienes son parte de los sectores populares, incluyendo a campesinos y obreros, si se enfrentan con los sectores dominantes. De esa manera, las identidades muestran su plasticidad. En la lucha política los actores despliegan una serie de estrategias para potenciarse a sí mismos y para neutralizar el potencial de sus contendores. Es el caso de la folklorización de lo indígena, estrategia a la que recurren los grupos de poder para reducir la fuerza política y transformadora de estos pueblos; al relievar solamente los aspectos externos de sus manifestaciones culturales (música, fiestas, vestimenta, etc.) se diluye su fuerza como actores políticos capaces de interpelar al Estado y a la sociedad, y de proponer visiones alternativas de configuración estatal y social. La lucha política es, pues, el elemento en el que se fraguan las identidades, se fortalecen o debilitan, se modifican o persisten; es el elemento en el que se desarrollan los procesos identitarios.

2. Identidad y movimientos sociales Los movimientos sociales están conformados por diversas organizaciones con intereses propios, pero que buscan definir un objetivo común de cambio social, cultural o político que permita el reconocimiento de sus intereses. Cuando ciertos sectores de la sociedad se sienten excluidos o no representados por las instituciones y organizaciones sociales y políticas existentes, surgen

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nuevas identidades colectivas que se reapropian del sentido de la acción, resolviendo la situación de exclusión en la que se encontraban.1 Entonces, lo que aglutina e impulsa a los movimientos sociales son sus necesidades y demandas insatisfechas. Los movimientos sociales generan una identidad colectiva que les permite diferenciarse del resto y construir un discurso que legitime sus acciones. Tienen una estructura organizativa propia y una forma específica de tomar decisiones, poseen sus propios métodos de lucha y formas de movilización para dar a conocer sus demandas, ejercer presión para alcanzarlas, y ganar simpatizantes y colaboradores. Aunque tienen carácter político, no son partidos políticos en tanto instituciones políticas formales.2 Existen dos tipos de movimientos sociales: los reivindicativos, que interpelan al Estado buscando incidir en aspectos puntuales de su organización o normatividad; y los estructurales, que buscan tomar control del Estado. Como ambos interpelan al Estado, son de carácter político. Los movimientos sociales permiten la reconstitución de las identidades colectivas y la articulación de nuevos proyectos sociales3, desplazando los sentidos y legitimando nuevos códigos simbólicos y nuevos valores culturales. En los últimos veinte años han surgido en Bolivia nuevos movimientos sociales de clara matriz indígena —pero no restringidos a las organizaciones indígenas— que han ido adquiriendo una importancia central en las luchas sociales y políticas del país. Las organizaciones indígenas desarrollaron un vigoroso proceso de politización,4 desplazaron los sentidos definidos por el Estado y los sectores criollo mestizos dominantes, y contribuyeron a crear nuevos sentidos de pertenencia colectiva, a difundir una cultura política alternativa y a constituir nuevas identidades. La emergencia de los movimien-

Revilla, 1994 citado en Molina et al., 2009.

García et al., 2004 citado en Peña y Boschetti, 2008.

Ibídem.

Término tomado de Luis Tapia; se refiere a un momento en el cual se asignan y posicionan nuevos sentidos que antes tenían connotaciones diferentes o no eran tomados como parte del mundo político, por ejemplo el concepto pueblo indígena.

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tos sociales en Bolivia se produjo en el marco del resurgimiento de los movimientos indígenas latinoamericanos que plantean demandas específicas en cuanto a derechos políticos, sociales, económicos y culturales, al reconocimiento de sus identidades étnicas y a la defensa de los recursos naturales. Las intensas movilizaciones sociales ocurridas en Bolivia en el año 2000 no fueron organizadas por sindicatos, como tradicionalmente ocurría, sino por organizaciones de nuevo tipo, como los comités de regantes y la Coordinadora del Agua, en las que participaban diversas organizaciones sociales que no se movilizaban específicamente por intereses clasistas o étnicoculturales, sino por temas vinculados con la propiedad y el manejo de los recursos naturales, principalmente el agua y la tierra. Así pues, al desplazarse la lucha social de reivindicaciones salariales al ámbito de la defensa de los recursos naturales, se convirtió en “política de las necesidades vitales”. Esta política impulsada por los movimientos sociales ha producido una transformación de la política —que tradicionalmente estaba en manos del sistema de partidos políticos— con un sentido democratizante.5 Actualmente los movimientos sociales en Bolivia están conformados por poderosas organizaciones indígenas, campesinas y obreras, las que constituyen su columna vertebral, y por un sinnúmero de organizaciones de diverso tipo, como las asociaciones de gremiales, de rentistas, de minusválidos, etc., configurando así un complejo mosaico permanentemente movilizado en procura de sus reivindicaciones específicas y en clara confrontación con el Estado y las elites políticas tradicionales.

Las organizaciones obreras Un repaso de estas organizaciones tiene que partir de la Central Obrera Boliviana (COB), que aunque ya hace algún tiempo ha perdido liderazgo y poder de convocatoria, es un referente fundamental por su larga trayectoria como protagonista de las luchas sociales y políticas en el país. La entidad matriz de los trabajadores ha sido un factor determinante de la historia de Bolivia desde su conformación; durante más de treinta años fue la principal organización de los sectores populares y el referente central de las luchas políticas. Los antecedentes de la COB se remontan a las asociaciones mutuales del siglo XIX, de carácter más bien asistencialista, y a las primeras uniones obreras de inicios del siglo XX, como la “Unión Obrera 1º de Mayo” fundada en Tupiza en 1906, que se declaraba socialista y con-

Tapia, 2002.

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traria a los abusos y explotación de las empresas mineras del sur. En los años veinte se constituyeron en La Paz el “Centro Obrero de Estudios Sociales” y el “Centro Obrero Libertario”, formados por artesanos y trabajadores manuales de tendencia anarquista, que desarrollaron actividades organizativas y propagandísticas y se movilizaron contra la masacre de Uncía. En 1927 se fundó la Federación Obrera Local (FOL) a partir de la “Unión de Trabajadores en Madera”, el “Sindicato Central de Albañiles y Constructores”, la “Federación de Artes Mecánicas y R.S.”, la “Federación de Satres y R.S.” y la “Unión de Trabajadores de la Zona Norte” que reunía a los trabajadores de las fábricas de cartones y fósforos. Ese mismo año se constituyó el “Sindicato Femenino de Oficios Varios”, luego denominado Federación Obrera Femenina (FOF), que aglutinaba a trabajadoras culinarias, lavanderas, lecheras, floristas y vendedoras de mercado, quienes se manifestaban contra la sociedad patriarcal y conservadora.6 Estas organizaciones de carácter anarco sindicalista lucharon por la conquista de las ocho horas de trabajo que, pese a ser parte de las medidas aprobadas por los gobiernos de Saavedra y de Siles, no se cumplía.7 A fines de los años cuarenta, los obreros se encontraban organizados en la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB), la que no tenía verdadero poder de convocatoria y había perdido credibilidad ante la ciudadanía por su actuación en el derrocamiento de Villarroel. El proletariado minero era, sin duda, el sector más politizado del país y, aunque numéricamente se encontraba muy reducido (en la época de mayor auge minero por la Segunda Guerra Mundial apenas llegaba a 50 mil personas), las extremadamente duras condiciones de trabajo a las que se enfrentaba dieron lugar al desarrollo de un sindicalismo fuerte e independiente8, que se constituyó durante décadas en la vanguardia de las luchas de los trabajadores. Desde el principio las protestas mineras fueron respondidas brutalmente: en 1923, el ejército aplastó una huelga minera en Uncía dejando varios muertos; en 1942, una huelga por mejoras salariales en la empresa de Patiño en Catavi fue ferozmente reprimida dejando 6

Salazar, 1999.

Lehm y Rivera, 1988.

Dunkerley, 1987.

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un saldo de 35 muertos. Este acontecimiento fue determinante para la conformación en 1944 de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). En 1946, un Congreso Extraordinario de la FSTMB aprobó la Tesis de Pulacayo, documento ideológico político fundamental del movimiento obrero boliviano, que definía al proletariado minero como el único sector verdaderamente revolucionario del país, y planteaba la necesidad de establecer una alianza con los campesinos, los artesanos y la clase media. En 1950 se produjo una masacre obrera en el barrio de Villa Victoria de La Paz, donde tenía lugar una reunión de trabajadores, ésta fue el detonante para la conversión de la lucha sindical en una lucha propiamente política. En la movilización popular que culminó en la revolución de abril de 1952 participaron el proletariado minero y fabril, los campesinos y los sectores medios de la población. Inmediatamente después, la FSTMB convocó a los delegados de las organizaciones sindicales mineras, fabriles, ferroviarias, gráficas, bancarias, de comercio, de albañiles, de panificadores y campesinas a una reunión en la que se fundó la Central Obrera Boliviana. La nueva organización obrera ingresó al gobierno del MNR, colocando a varios ministros en el gabinete, y asimiló a muchos de los sindicatos que eran parte de la FOL, en algunos casos forzándolos a afiliarse, como ocurrió con los sastres y carpinteros. La corrupción y el prebendalismo se convirtieron en medios para asegurar el control del movimiento sindical, aquellos que se oponían a estas prácticas eran duramente reprimidos.9 La participación de la COB en el gobierno tenía el objetivo de asegurar que se consideraran las demandas sindicales, las principales eran la nacionalización de las minas y la Reforma Agraria, y evitar que el MNR defeccionara. Sin embargo, las tensiones entre la COB y el ala conservadora de este partido se fueron intensificando a medida que transcurría el tiempo y el gobierno se iba mostrando cada vez menos revolucionario; finalmente, en 1957 la COB abandonó el gobierno.

Lehm y Rivera, 1988.

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Durante los regímenes militares de los años sesenta y setenta, la Central Obrera Boliviana se mantuvo en la oposición bajo el claro liderazgo del sector minero. En 1971, durante la presidencia del general Juan José Torres, se estableció la Asamblea Popular, órgano estatal generado a partir de la COB y presidido por su líder histórico, Juan Lechín. En la Asamblea existían tres tendencias, una liderada por el Partido Obrero Revolucionario (POR) de Guillermo Lora, que consideraba que la Asamblea era el brazo obrero del poder dual y que debía empezar a ejercitar su poder mediante acciones directas de las masas; otra representada por el Partido Comunista de Bolivia (PCB), que veía a la Asamblea como una entidad que permitiría avanzar gradualmente hacia el socialismo; y la tercera, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), que la concebía como un germen del poder dual, del Estado obrero que se debía construir.10 La Asamblea Popular funcionó sólo tres meses y de manera muy caótica y precaria, en agosto de 1971 Bánzer dio un golpe de Estado, depuso a Torres y terminó con la Asamblea Popular. Los años ochenta representaron el ocaso del proletariado minero y, con éste, de la Central Obrera Boliviana. Después del colapso de la minería estatal y de la “relocalización” de los trabajadores mineros, el accionar de la COB fue decayendo. La crisis económica de 1982 -1985, de la cual se la responsabilizó, afectó severamente su imagen. En la década del noventa y en el nuevo siglo se convirtió en una débil rémora del pasado, que había cedido su espacio a organizaciones de nuevo tipo, algunas con una orientación étnica manifiesta.

10 Zavaleta, 1977.

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Las organizaciones campesinas Otra de las grandes organizaciones sociales del país es la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), constituida en 1979 bajo los auspicios de la Central Obrera Boliviana, en el marco del primer Congreso de Unidad Campesina. En 1980 se organizó la rama femenina de la CSUTCB, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa”. La base de la CSUTCB está constituida por los sindicatos agrarios que se agrupan en subcentrales, siguiendo los límites cantonales; estas subcentrales se agrupan a su vez en centrales provinciales, aunque también existen centrales especiales, actualmente más de 200. Las centrales provinciales conforman las nueve federaciones departamentales, además de las federaciones regionales y especiales.11 La constitución de la CSUTCB es resultado de un largo proceso organizativo, cuyos primeros pasos se pueden rastrear en la década del treinta del siglo pasado, cuando bajo la influencia de las organizaciones obreras se conformó en Ucureña, en 1936, el primer sindicato agrario de Huasacalle. Los primeros sindicatos agrarios surgieron bajo el influjo de los sindicatos urbanos y mineros, y se orientaron a dar continuidad a las luchas indígenas contra el pongueaje y por la educación. El Primer Congreso Indigenal se realizó en La Paz en 1945, planteó la supresión del pongueaje, el establecimiento de escuelas rurales y la promulgación de un código del trabajo agrario; como resultado de estas demandas el Presidente Villarroel promulgó un decreto supremo aboliendo el pongueaje, el que no tuvo mayor aplicación ya que la situación en las áreas rurales siguió siendo la misma. Con la Revolución de 1952 y el proceso de Reforma Agraria proliferaron los sindicatos campesinos promovidos desde el Estado, y se fundó la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB). Si bien el sindicato campesino tuvo una difusión amplia, su generalización no entrañó conflictos con las formas organizativas tradicionales, como el ayllu, que continuaron vigentes en buena parte de la región del altiplano. En la década del sesenta se estableció el “Pacto Militar Campesino”, que colocaba a las Fuerzas Armadas como garantes de las conquistas campesinas (Reforma Agraria, educación básica y derechos sindicales), y definía que los campesinos “…apoyarán y defenderán la institución militar bajo cualquier circunstancia. Se pondrán bajo órdenes militares contra las

11 www.csutcb.org

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maniobras subversivas de la izquierda”.12 El Pacto buscaba inmovilizar a la población rural y someterla a la tutela de los gobiernos militares, mecanismo que funcionó de manera más o menos exitosa por alrededor de una década. En 1974 se produjo la masacre de Tolata y Epizana, con más de ochenta muertos, como respuesta del gobierno de Banzer a la movilización organizada por la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba contra el congelamiento de los precios de los productos agropecuarios; esta masacre significó un punto de quiebre que, poco después, llevó al desconocimiento del “Pacto Militar Campesino”. El movimiento katarista surgió en el altiplano paceño en los años sesenta, a partir de un pequeño núcleo de estudiantes aymara que fundaron el Centro Cultural “15 de Noviembre”. Este grupo, influenciado por el pensamiento de Fausto Reinaga y de otros líderes indianistas, inició un proceso de reflexión sobre la situación de los pueblos indígenas andinos. Como señalan algunos autores, el katarismo es un fruto no previsto de la revolución de 1952: es producto de las conquistas indígenas relativas a la educación y participación política, pero también del carácter inconcluso de esas conquistas que generó frustración e hizo resurgir la memoria larga de enfrentamiento con el Estado.13 En 1971 Genaro Flores, líder del movimiento katarista, ganó la Secretaría Ejecutiva de la CNTCB, lo que constituyó un paso fundamental en el viraje ideológico de las organizaciones de los trabajadores del agro. En 1973 el Manifiesto de Tiwanaku planteó por primera vez que la opresión de la población indígena no sólo es de carácter económico y político, sino que tiene raíces culturales e ideológicas; hizo así una doble lectura de la problemática boliviana, en la que se combinaban los elementos identitarios y de clase social.14 En su tesis política de 1983, la CSUTCB planteó por primera vez la construcción de un Estado plurinacional y, retomando las viejas luchas, la educación intercultural y bilingüe. En los 12 Dunkerley, 1987. 13 Ticona, 2003. 14 Ibídem.

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últimos años, la CSUTCB ha orientado su accionar hacia el reconocimiento de las naciones originarias y de sus autoridades, y la recuperación de sus territorios. La CSUTCB plantea como sus objetivos estratégicos los siguientes: –– Consolidar el derecho propietario a la tierra y al territorio. –– Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, originarios y campesinos al uso sostenible de los recursos naturales. –– Contribuir al mejoramiento de la sostenibilidad socioeconómica y de la seguridad alimentaria de las unidades familiares, optimizando las capacidades productivas, de gestión y mercadeo. –– Consolidar el fortalecimiento de la salud y la educación para los pueblos indígenas, originarios y campesinos. –– Promover la valoración y la afirmación de las identidades culturales, y preservar la cultura de las naciones originarias. –– Promover la despenalización de la hoja de coca y su industrialización, comercialización y exportación. En 1995, durante el I Congreso de Tierra y Territorio e Instrumento Político convocado por la CSUTCB, CIDOB y la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, se decidió organizar instrumentos políticos que participen en las elecciones nacionales y municipales con la finalidad de abrir la posibilidad de que indígenas y campesinos puedan tomar democráticamente el poder del Estado. Otra organización campesina surgida en el país en 1971 es la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB). La CSCB aglutina a la población colonizadora que había experimentado un importante crecimiento desde las décadas del cincuenta y del sesenta del siglo pasado, con las políticas estatales de ocupación de las tierras bajas dirigidas a la ampliación y diversificación de la economía nacional. El objetivo central de la CSCB es la titulación y consolidación de las tierras que ocupan sus afiliados; otros temas de significación son la modificación de la ley INRA y la comercialización de la hoja de coca. El movimiento colonizador plantea sus demandas ante el Estado, al cual considera responsable de resolverlas, aunque lo percibe como un enemigo que representa intereses ajenos a los suyos.

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Actualmente la CSCB agrupa a un total de veinticuatro federaciones departamentales y regionales, que aglutinan a un millón de colonizadores.15 La estructura de la Confederación es claramente jerárquica, aunque la principal instancia de decisión son los congresos en los que participan delegados de las federaciones regionales, departamentales y de las diferentes centrales de colonizadores. Los ampliados ordinarios, extraordinarios y de emergencia son, por lo general, los espacios donde se deciden las movilizaciones, las cuales pueden abarcar ámbitos regionales o departamentales, o movilizar a todas las federaciones en el territorio nacional. Para la preparación de las movilizaciones —el bloqueo de caminos es la principal medida de presión de la Confederación—, las dirigencias están obligadas a consultar a las bases, ya que el éxito depende del esfuerzo y de la logística de éstas, que son quienes ejecutan las medidas.16 Durante muchos años, los colonizadores —cuyos orígenes son diversos: ex obreros, campesinos aymaras y quechuas y pobladores urbanos que se campesinizaron por problemas económicos— se identificaron como tales, independientemente de su origen étnico. Es a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en el país que empezaron a reclamar para sí el reconocimiento de una identidad indígena. En realidad lo de “colono” es un término que no correspondería a personas que han nacido en Bolivia y no han venido a colonizar nada, lo único que han hecho es ir de un lugar a otro, nada más. Tampoco la estructura que los trajo aquí era de colonización, ni mucho menos. En este momento se está reflexionando profundamente, y la tendencia es que se constituya en organizaciones interculturales, porque ahí se da la interculturalidad de quechuas, aymaras, guaranís, cambas y collas digamos, ¿no?17

La Federación de Colonizadores se encuentra muy próxima a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, puesto que sus afiliados tienen la misma actividad económica y similares reivindicaciones. (...) técnicamente yo no encuentro ninguna diferencia entre colonizador y campesino, deberían estar dentro de lo que es la estructura campesina, pero me parece que ha habido una cuestión de visión y de independencia política, más que por falta de identidad. No es la identidad lo que los diferencia. (...) Ahora esto históricamente por

www.cscbbol.org.

García et al., 2004 citados en Peña y Boschetti, 2008.

Entrevista a Adalid Montaño, ibídem.

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supuesto se puede explicar: los colonizadores inicialmente eran federaciones paralelas que le hacían el contrapeso a la Federación de Campesinos, porque éstos (los colonos) estuvieron más ligados a los gobiernos, el MNR, los gobiernos militares después, que los campesinos. Los campesinos eran más independientes digamos, en el caso de Santa Cruz por lo menos. Entonces el accionar político era contrario, había un paralelismo ahí que con el tiempo y con el desarrollo histórico de estas organizaciones, acaban convirtiéndose todos en aliados, o por lo menos coincidiendo en muchas cosas.18

Las federaciones de colonizadores más combativas son las de San Julián y Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, y las del norte de La Paz. En el primer caso, al estar conformadas en su mayor parte por migrantes collas, esas federaciones se encuentran en una situación de vulnerabilidad frente al discurso hegemónico, por lo que su accionar ha estado constantemente marcado por su necesidad de legitimación19. Ya en el nuevo siglo surgió una nueva organización campesina, el Movimiento Sin Tierra (MST), fundado en el año 2000 en el marco de un acto de ocupación de tierras en la provincia Gran Chaco de Tarija, una de las regiones del país donde pervive el latifundio y muchos campesinos e indígenas se ven obligados a vender su fuerza de trabajo en condiciones muy desventajosas. El objetivo central del MST es la dotación agraria, como medio para la sobrevivencia y el desarrollo de las familias sin tierra. La máxima autoridad del MST es el Congreso Nacional, que determina las directrices generales del movimiento; por debajo del Congreso Nacional se encuentran la dirección nacional, las direcciones departamentales y regionales, y las comunidades en la base. El método de lucha característico del Movimiento es la toma de tierras, lo cual lo confronta con actores locales y grandes propietarios de tierras, pero no directamente con el Estado, aunque a partir de las acciones de toma de tierras, interpela al Estado en relación al cumplimiento de la norma de distribución de tierras.20 Los miembros del MST han ido cons18 Ibídem. 19 Peña y Boschetti, 2008. 20 García et al., 2004 citado ibídem.

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truyendo su identidad a partir de la demanda de acceso a la propiedad y aprovechamiento de la tierra y a través de la acción directa de toma de tierras.

Las organizaciones vecinales En los últimos años las organizaciones vecinales han adquirido importancia dentro de los movimientos sociales del país. Estas organizaciones están representadas a nivel nacional por la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia (CONALJUVE), organismo que se define como cívico popular, democrático y apartidista. El primer antecedente de CONALJUVE es la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de La Paz, fundada en 1916. Después se conformaron una serie de asociaciones de juntas vecinales organizadas a nivel nacional, que en 1979 dieron lugar a la constitución de CONALJUVE. En 1994, la Ley de Participación Popular permitió la legalización del funcionamiento de esta instancia. La estructura organizativa de CONALJUVE parte de las juntas vecinales que se agrupan en los Consejos Distritales de Juntas Vecinales, los que a su vez conforman las FEJUVE seccionales, nucleadas en las FEDJUVE departamentales y, finalmente, en la instancia nacional. Actualmente existen en Bolivia más de 7.200 juntas vecinales en áreas tanto urbanas como rurales.21 Las juntas vecinales adquirieron protagonismo durante las movilizaciones sociales del año 2003, especialmente en la ciudad de El Alto, donde se convirtieron en actores centrales de los cambios políticos ocurridos en el país.

3. Las organizaciones sociales de las regiones Las organizaciones sociales del Altiplano La región occidental de Bolivia tiene una larga tradición de levantamientos indígenas desde la época colonial. Desde fines del siglo XVIII se produjeron distintos alzamientos indígenas contra el poder español, como el de los hermanos Katari en la región de Chayanta y el de Julián Apaza (Tupac Katari) en La Paz, que con un ejército de 40.000 hombres cercó la ciudad durante varios meses en 1781. Todos estos levantamientos fueron aplastados y sus cabecillas ejecutados.

21 www.conaljuve.org.bo.

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En la República las rebeliones indígenas estuvieron fundamentalmente ligadas a la defensa de las tierras comunales liquidadas por la Ley de Exvinculación de 1874; pero también asumieron, en algunos casos, un carácter más político al plantear incluso el autogobierno. En los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba surgió el movimiento de los “apoderados generales”, conformado por autoridades originarias que, en representación de sus markas, ayllus y comunidades, demandaban la restitución de las tierras de comunidades. Es en este contexto que se produjo el levantamiento liderado por Pablo Zárate Willka en 1899 —durante la Revolución Federal— en el altiplano de La Paz y Oruro y en el norte de Potosí, exigiendo la liberación �� de los colonos, la devolución de las tierras comunales y la participación indígena en el gobierno, llegando a establecer un gobierno propio en Peñas bajo el mando de Juan Lero. En los años posteriores a la derrota de este movimiento, Santos Marka Thula, Faustino Llanqui, Francisco Tangara, Mateo Alfaro, Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano Condori y otros caciques apoderados se dieron a la tarea de buscar títulos coloniales que otorgaran respaldo legal a las tierras de las comunidades.22 Santos Marka Thula, apoderado de los ayllus de Qallapa, quien había participado en el levantamiento indígena de Corocoro en 1914, lideró la red de caciques apoderados que luchó por la restitución de las tierras comunitarias durante varias décadas. En los años veinte Eduardo Nina Quispe, apoderado de los ayllus de Guaqui y Taraqu, demandó el reconocimiento de la propiedad de las tierras con el argumento de que habían sido adquiridas con oro y con los trabajos en la mita de Potosí, y que contaban con títulos coloniales.23 Nina Quispe fundó la primera escuela indigenal en la ciudad de La Paz y posteriormente la Sociedad Centro Educativo Collasuyo, considerando que la educación indígena era fundamental para el logro de sus objetivos a fin de no depender de la intermediación de terceros. En 1921 se produjo un levantamiento indígena en Jesús de Machaca contra los abusos de los mestizos y criollos de la zona, y como parte del movimiento de los caciques apoderados. El

22 Ticona, 2003. 23 Ibídem.

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Cabildo de los doce ayllus intentó tomar el control del pueblo y constituir un gobierno comunal (la aceptación por la Prefectura de La Paz de la legalidad del título de tierras comunales fue el sustento jurídico para la constitución del gobierno comunal);24 los indígenas cercaron el pueblo, quemaron y saquearon las casas, y mataron a 16 vecinos. La reacción del gobierno de Bautista Saavedra fue drástica: envió 1.200 efectivos desde el pueblo de Guaqui, que saquearon las comunidades y mataron a 50 comunarios.25 Este levantamiento constituye un hecho fundamental en la memoria histórica local del pueblo aymara y del movimiento indígena en general. Otro suceso que se conserva en la memoria indígena es la rebelión de 1927 en Chayanta, norte de Potosí, motivada por la expansión de las haciendas sobre las tierras de las comunidades, los constantes abusos sufridos por la población indígena y el cobro indebido de tributos. Esta sublevación tuvo amplias repercusiones en las zonas rurales del departamento, así como en La Paz, Oruro y Chuquisaca, y concitó el apoyo de los gremios de artesanos, de los mineros y de sectores intelectuales que establecieron una suerte de alianza que prefiguraba la de 1952.26 Por su parte, los propietarios de haciendas, las autoridades locales y los líderes políticos se apoyaron en el ejército para aplastar la rebelión.27 La Reforma Agraria, con la distribución de tierras a los campesinos en el altiplano y en los valles, puso fin a estas luchas indígenas y, como se dijo, el “Pacto Militar Campesino” los colocó bajo la tutela del Estado, adormeciendo a la población rural. Recién a fines de la década del setenta, como resultado de un largo proceso de politización y organización previo, el katarismo abrió una perspectiva étnico-cultural dentro del sistema de partidos políticos. Los partidos kataristas, como el MRTK y MITKA, influyeron en las organizaciones políticas de la izquierda, que en la década del ochenta pasaron de una perspectiva fuertemente clasista y nacionalista a una dimensión de análisis cultural y del fenómeno de colonialismo interno.28 En los últimos años algunos sectores de la región del altiplano, especialmente Achacachi en la provincia Omasuyos y Jesús de Machaca en la provincia Ingavi, se han destacado por su fuerte politización y su constitución en actores políticos importantes. En el caso de Achacachi, dicha politización se explica por varios factores: las tierras de comunidades fueron liquidadas (la única comunidad originaria que pervivió es Warisata), de modo que a mediados del siglo XX la hacienda era la figura central, aunque la mayor parte de los terrenos agrícolas se encontraban en usufructo por los colonos; posteriormente, como resultado de la Reforma Agraria, 24 Ticona, 2003. 25 Arnold en Calla et al., 2009. 26 Langer en Campero, 1999. 27 Arze, ibídem. 28 Tapia, 2002.

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se desarrolló un sindicalismo agrario poderoso y el minifundio afectó profundamente la zona, obligando a los pobladores a buscar actividades distintas para su subsistencia, como las de profesor (las Normales de Warisata y Santiago de Huata se encuentran en las proximidades de Achacachi), policía y yatiri, actividades dispares pero que responden a formas de control social. En esas condiciones, el sindicalismo se hizo muy belicoso.29 En la actualidad la identidad étnica aymara es muy sólida en la provincia Omasuyos; muestra de ello es que más de 90% de sus habitantes habla aymara30 y que Achacachi se ha convertido en el centro de una extensa área, sobre la cual irradia su influencia política a través de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos. Su movilización para convocar a la población de las provincias vecinas a la lucha política ha dado como resultado que la provincia Bautista Saavedra —donde los aymara hablantes son pocos, la mayoría de la gente no comparte la identidad de Omasuyos y la Federación Provincial tenía muy poca actividad efectiva— empiece a desarrollar un perfil más político. En el nuevo siglo han surgido en Achacachi líderes del indigenismo radical que proponen un nacionalismo aymara, como Felipe Quispe, “el Mallku”, y el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), con gran influencia en la región.31 A partir de la década del sesenta del siglo pasado, el movimiento katarista dio lugar al desarrollo de un proceso de reivindicación de lo indígena aymara y de la pertenencia a una nación aymara que, en los últimos años, ha tomado mayor fuerza. Asimismo, desde hace veinte años el Taller de Historia Oral Andina (THOA) trabaja en la zona de Pacajes, en la provincia Ingavi, para reconstruir la historia a partir de la narración de los ancianos de las comunidades con el apoyo de historiadores aymara.32 Estas y otras acciones han desembocado en el planteamiento de reconstitución de los territorios originarios (prehispánicos) de los pueblos andinos, lo que constituye una demanda de reconfiguración geográfico política de la región de amplias consecuencias. En este sentido se han cartografiado los ayllus y comunidades de las provincias Ingavi y Camacho, se ha conformado un municipio indigena en Jesús de Macahaca, se ha creado la organización “Marka, Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Macahaca” y se ha demandado el reconocimiento de una TCO que abarcaría las provincias Pacajes, Ingavi y Omasuyos, las regiones norte y sur del lago Titicaca hasta Escoma, la ciudad de La Paz y los valles del Norte hasta el Chapare. La Federación de Ayllus del Sur de Oruro (FASOR), una de las organizaciones precursoras del movimiento de reconstitución de ayllus, busca reestable-

29 Spedding en Calla et al., 2007. 30 Albó, 1995 citado por Spedding, ibídem. 31 Spedding, ibídem. 32 Roberto Choque citado por Arnold, ibídem.

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cer la unidad territorial mayor Killakas-Asanaqi con base en las comunidades actuales.33 El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (CONAMAQ), creado en 1997, demanda la reconstitución de ayllus, markas y suyus, su libre determinación política y el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. CONAMAQ es probablemente una de las organizaciones indígenas que actualmente tiene una línea más radical, a partir del postulado de reconstituión territorial del Qollasuyo. La base de sustentación de CONAMAQ es la siguiente:34 –– Suyus del Consejo Occidental de Ayllus y Markas Jacha Caranga, con doce markas: Totora, Curahuara, Turco, Huayllamarca, Choquecota, Moyachtasitas, Sabaya, Corque, Wilochacalla, Andamarca, Orinoca y Rivero, y 150 ayllus, con una población aproximada de 45.000 habitantes. –– Nación Jatun Killaka Asanajaqi, con doce markas: Qaqachaca, Condo Condo, Challapata, Kulta, Pampa Aullagas, Wari, Aroma, Ucumasi, Salinas, Killakas, Lagunillas y Challadota, y una población aproximada de 50.000 habitantes. –– Ayllus Charka Qhara Qhara, con siete markas: Llallagua, Uncía, Pocoata, Chayanta, San Pedro, Sacaca y Macha, y 39 ayllus, con una población aproximada de 290 habitantes. –– Consejo de Ayllus Originarios de Potosí, con diecisiete markas: Talina, Calchayawisla, Toropalca, Totora, Tulla, Tauca Grande, Tauca Chico, Jila, Wisisja, Kasa, Chaqí, Tinqipaya, Caiza-D, Vilacaya, Pacasi, Tirina y Tacobamba. –– Nación Qhara Qhara, con ocho markas: Quila Quila, Valle Inguapaya –– Poroma, Urqas, Valle Quillazas Porpo, Tarabuco, Payaqullu (San Lucas), Jatun Qhellaja, Asanaque y Yucasa, y 64 ayllus. –– Nación Jacha Suyu Paqajaqi, con diez markas: Caquingora, Caquiaviri, Calacoto, Callapa, Comanche, Topohoco, Ulluma, Charaña, Achiri y Tumarapi, y 80 ayllus con una población aproximada de 60.000 habitantes. –– Nación Sora, con seis markas: El Choro, Dalence, Challacollo, Poopó, Peñas y Lajma, con una población aproximada de 50.000 habitantes. –– Nación Kallawaya, con markas en Muñecas, Saavedra, Tamayo y Camacho.

33 Ibídem. 34 www.conamaq.org.bo

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La máxima autoridad de CONAMAQ es el Consejo de Gobierno de Apu Mallkus y Apu Mama Tallas. Dentro de su estructura organizativa existen comisiones de tierra y territorio, desarrollo del ayllu, política, economía, educación, salud, género, organización, justicia, medio ambiente, comunicación y relaciones nacionales e internacionales. El Bloque Indígena creado en 2004 propuso que la Asamblea Constituyente reconozca la existencia de una serie de naciones indígenas con base en las poblaciones que vivían en esos territorios en el siglo XVI: kallawaya, uru, pakajaqi, jach’a karanka, sora, charka, qhara qhara, killaka, karanka, qhara qhara, killaka qharaqhara, jatun killaka asanajaqi, lípez y chicha35, y considerando aspectos lingüísticos, aunque estos criterios tienen poca relación con la memoria histórica de las poblaciones actuales y con la documentación que se encuentra en los archivos del país. La proliferación de las identidades políticas indígenas ha conducido a que se añadan otros grupos, como los larecaja y chuwi, e incluso los afrobolivianos —aunque no son originarios de estas tierras— a las naciones existentes en el siglo XVI. En relación con estas reivindicaciones, y sin desconocer el derecho de las comunidades a las tierras, es importante considerar dos asuntos: por una parte, que la comunidad y el ayllu actuales son producto de la economía colonial, pero también son resultado de la constante reinvención de los actores comunales, a través de procesos de negociación con el Estado y sus representantes; y, por otra parte, que los pueblos indígenas actuales de Bolivia no son descendientes directos de los pobladores prehispánicos de los sitios que hoy ocupan. Ninguno de los grupos sociales de la región andina puede demostrar esto de manera fehaciente, y en las tierras bajas, donde la población era tradicionalmente nómada, tampoco los pueblos indígenas son originarios del lugar que actualmente habitan; es necesario reconocer también la larga tradición de migraciones temporales y permanentes, los traslados (debidos a las guerras, a las políticas de colonización de los incas y a la mita colonial), así como

35 Mapa de Bouysse-Cassagne, 1987 citado por Arnold, ibídem.

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los efectos de los desastres climáticos y de otros fenómenos sobre los movimientos de la población en el territorio boliviano.36 La población afroboliviana que se encuentra ubicada en los Yungas de La Paz está organizada en el Movimiento Cultural de la Saya Afroboliviana (MOCUSABOL), que se formó a partir de un grupo de esta danza y como resultado de los esfuerzos organizativos de quienes migraron a las ciudades, principalmente a La Paz. MOCUSABOL plantea el reconocimiento político y jurídico del pueblo afroboliviano por parte del Estado, el respeto de su identidad cultural, la equidad en la dotación de tierra y territorio con títulos individuales y colectivos, el acceso a todas las políticas de desarrollo socioeconómico y cultural, y la penalización de todo tipo de discriminación.37 MOCUSABOL está influenciado por los movimientos afro internacionales, en particular el de los Estados Unidos, lo cual se evidencia incluso en prácticas como el peinado de las mujeres activistas (varias trenzas adornadas con cuentas), que contrasta con el atuendo de las mujeres negras de Yungas, que usan pollera y dos trenzas con tullma.38 Al parecer, la población afroboliviana no suele ser discriminada por su color debido a que generalmente se la identifica como brasileña; aunque en ocasiones algunas personas han sufrido discriminación por usar vestimenta indígena. Se dice que gente de la ciudad se lleva a menores de la comunidad afro para que trabajen en el servicio doméstico con el pretexto de hacerlos estudiar, lo que muestra que se mantiene la preferencia colonial por servidores negros, considerados más dúctiles que los indígenas.39 Los afrobolivianos tienen un perfil público importante en la actualidad, ya que son el único grupo reconocido como indígena en la región de Yungas —aunque por sus orígenes no pueden ser considerados propiamente tales— y actúan de manera conjunta con las organizaciones indígenas para plantear sus demandas y reivindicaciones.

36 Arnold, en Calla et al., 2007. 37 MOCUSABOL. REPAC, agosto 2006. 38 Spedding en Calla et al., 2007 . 39 Ibídem.

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Las organizaciones sociales de los valles Desde los años cincuenta del siglo pasado, la presencia del sindicato agrario ha sido incontrastable en los valles. Los procesos de negociación de los pobladores rurales frente al Estado se realizaron a partir del sindicato y reivindicando una identidad campesina. Esta identidad campesina era parte del proyecto de identidad nacional de las elites gubernamentales del 52, que reemplazaron en el discurso oficial el término “indio” por el de “campesino”, sin que esto implicara una aceptación de las demandas campesinas, sino su utilización como símbolo del esfuerzo de modernización y homogeneización del país.40 El sindicato campesino mantiene mantiene hasta hoy su vigencia en los valles. La problemática del agua en el valle de Cochabamba, que se fue agudizando con los años, dio lugar al surgimiento en 1999 de la Federación Departamental de Regantes, que agrupa a los agricultores afectados por el direccionamiento del recurso hacia la provisión de agua potable para la ciudad. Esta organización tuvo una actuación protagónica en la denominada “guerra del agua” del año 2000 y fue núcleo de la Coordinadora del Agua, que se organizó para enfrentar la Ley de Agua y Alcantarillado que otorgaba concesiones del recurso a la empresa privada. Un movimiento social fuertemente contestatario es el surgido en la década del ochenta, aunque no en los valles propiamente, sino en el Chapare, en el trópico cochabambino. Entre la década del setenta y del ochenta se inició la producción de coca en esta zona; en 1985 el quiebre de la minería estatal determinó que miles de trabajadores mineros relocalizados se establecieran en ella y se dedicaran al cultivo de la coca. La vigorosa tradición sindical minera se trasladó entonces al Chapare y dio lugar a la conformación de las federaciones del trópico cochabambino, afiliadas a la CSUTCB y dedicadas a la defensa del cultivo de la hoja frente a las políticas de erradicación.

40 Sánchez et al., 2008.

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Por su parte, los productores de coca yungueños están organizados en sindicatos y tienen demandas de tipo económico más que étnico, aunque también reivindican la coca como un valor indígena tradicional. Desde fines de los años ochenta, las federaciones de productores de coca del trópico cochabambino y de La Paz —a través de su Comité de Coordinación— realizaron encuentros nacionales, elaboraron propuestas y organizaron dos grandes marchas en 1994 y en 1995 en defensa de la hoja de coca y de las condiciones de vida de los productores. En los años noventa se produjo un viraje en el discurso del movimiento cocalero, que fue adquiriendo cierto carácter indigenista en el que la reivindicación del cultivo de la coca aparece basada en la tradición milenaria, lo que se ha acentuado en los últimos años con los cambios políticos ocurridos en el país. Las acciones desarrolladas por el movimiento cocalero han contribuido a la consolidación de sus organizaciones sindicales, a su progresiva politización y a su ingreso definitivo en la arena de la política nacional, más allá de las reivindicaciones propiamente sindicales, estableciendo para ello lazos de solidaridad con otras organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales del Oriente En 1979 se desarrollaron los primeros esfuerzos para unificar a los pueblos indígenas de tierras bajas en una sola organización capaz de representarlos a todos, más allá de su diversidad. Esta tarea fue conducida por Bonifacio Barrientos, Capitán Grande del pueblo guaraní. Como fruto de esos esfuerzos, en 1982 se constituyó la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano, en base al concurso de los pueblos guaraní - izoceño, chiquitano, ayoreo y guarayo; en 1989 la organización pasó a denominarse Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia de Bolivia (CIDOB). En la undécima Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas, realizada en Camiri en 2001, participaron ya 34 pueblos. Las siguientes son las centrales regionales que actualmente integran CIDOB: –– Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP). –– Central Indígena de la Región Amazónica (CIRABO). –– Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). –– Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). –– Central de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). –– Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). –– Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). –– Organización de Capitanías Weenhayek y Tapieté (ORCAWETA).

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La base de la organización de CIDOB son las comunidades indígenas, que se agrupan en subcentrales, centrales y capitanías, según el pueblo del que se trate y sus específicas formas de organización y representación. Un nivel superior es el de las centrales intercomunales, que agrupan a un conjunto de comunidades, tomando como criterio principal la región y la continuidad territorial. Las centrales intercomunales, a su vez, se agrupan en centrales de pueblo (o subcentrales), de acuerdo con la pertenencia étnica. Las centrales de pueblo de un mismo departamento conforman las centrales regionales. La máxima instancia de decisión es la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas, que se realiza cada cuatro años con participación de delegados de todas las comunidades y elige al directorio de la Confederación. CIDOB trabaja a partir de cuatro instancias y programas: el Centro de Planificación en Gestión Territorial Indígena, encargado del seguimiento de las demandas de territorio de los diferentes pueblos, el Centro de Documentación, Investigación y Comunicación, el Consejo Educativo Amazónico de Educación, y el Programa Nacional de Salud y Medicina Tradicional. A diferencia de otro tipo de movimientos sociales, el Consejo Directivo de CIDOB no ejerce coacción para imponer o hacer cumplir sus decisiones en los niveles intermedios y de base, utiliza su fuerza moral y su capacidad de facilitar el flujo de información entre las distintas organizaciones regionales y comunales. Los conflictos y movilizaciones generalmente surgen a nivel local o regional, se informa sobre éstos a la Comisión Nacional y se definen las acciones a tomar de manera coordinada entre las distintas instancias.41 Cuando los conflictos son de orden nacional se convocan acciones conjuntas de todos los pueblos que conforman CIDOB. La marcha es una medida extrema que solamente se adopta en caso necesario; los votos resolutivos son más frecuentes y evidencian la tendencia de la organización a buscar el diálogo y a influir sobre el Estado más que a confrontarlo. En general, las organizaciones indígenas de tierras bajas no se plantean una contradicción con el Estado nacional, sino que buscan el reconocimiento y la atención de sus demandas. Si a nivel local se enfrentan con los empresarios

41 García et al., 2004 citados ibídem.

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madereros y agroindustriales y con las empresas petroleras, a nivel nacional son dialogantes, buscando siempre construir relaciones de colaboración y reconocimiento con el Estado. El territorio es el centro de la construcción identitaria y de la movilización política de las organizaciones indígenas de tierras bajas. La principal reivindicación de los pueblos indígenas es el territorio. Este se considera como condición indispensable para la supervivencia y desarrollo social en cuanto a pueblos. El territorio es para nosotros el espacio vital donde se sustentan nuestros mitos, conocimientos, ciencia, tecnología y costumbres, las mismas que hacen a nuestras culturas y espiritualidad; aspectos inseparables de la vida y dignidad e identidad de los pueblos indígenas.42

Así, CIDOB busca el reconocimiento jurídico de los territorios indígenas, de sus organizaciones y de sus autoridades, así como mejorar las condiciones de vida de la población y recuperar las culturas indígenas.43 Ante la necesidad de contar con una entidad regional indígena en Santa Cruz, en 1995 se conformó la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), con base en la Organización Indígena Chiquitana (OICH), la Central de Organización del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG), la Central de Pueblos Indígenas Yuracaré - Moxeño (CPIYSC) y la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB). La CPESC tiene como instancia máxima la Gran Asamblea Departamental, que se reúne cada cuatro años con la participación de representantes de todas las comunidades de los pueblos indígenas que la conforman, para

42 www.cidob-bo.org citada ibídem. 43 García et al., 2004 citados ibídem.

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definir las estrategias generales y elegir al directorio. Por debajo de la Gran Asamblea se encuentra la Asamblea Consultiva Departamental, que reúne a los dirigentes de los pueblos para evaluar el cumplimiento de las decisiones tomadas y para adoptar decisiones referidas a la coyuntura; debajo de esta instancia se encuentran las centrales intercomunales, las centrales comunales y las comunidades.44 En octubre de 2002 se produjo un rompimiento entre CPESC y CIDOB, fruto de desavenencias entre los dirigentes departamentales y los nacionales; tal situación fue superada en 2006, cuando CPESC solicitó a CIDOB su reinserción, fortaleciendo así la unidad de las organizaciones indígenas. El seguimiento de los procesos de saneamiento y titulación de las TCO es uno de los temas centrales a los que CPESC dedica sus esfuerzos. El mecanismo de lucha privilegiado es la marcha, a través del cual la organización ha logrado sus mayores conquistas, al tiempo que le ha permitido mejorar la cohesión interna y darse a conocer a la sociedad cruceña. Con la finalidad de aglutinar a las distintas organizaciones indígenas, campesinas, y de colonizadores, estableciendo vínculos con las organizaciones urbano populares, en el año 2000 se conformó el Bloque Oriente. El Bloque no funciona de manera formal, carece de una estructura definida y de normas internas, pero existe y actúa cuando la ocasión lo requiere, permitiendo la articulación de visiones y propuestas. A través del Bloque Oriente y de otras instancias organizativas, los sectores rurales e indígenas cruceños han conformado un movimiento social importante, con capacidad de articular un discurso propio distinto al hegemónico, de ejercer presión sobre los actores locales y el Estado, así como con capacidad de realizar propuestas en relación con distintos temas, principalmente con el de tierra y territorio.

Las organizaciones sociales del Chaco Al igual que en el Occidente del país, en la región del Chaco desde los años cincuenta los pobladores rurales se identificaban como campesinos antes que como indígenas. Fue recién en la década del ochenta, una vez iniciado el auge indigenista, que se inició el proceso de reivindicación de su identidad étnica. Entre 1986 y 1987 se realizaron una serie de reuniones a nivel de las comunidades, capitanías y grupos de trabajo guaraní para consultar la posibilidad de crear una organización

44 CPESC, 2000 citado ibídem.

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representativa de este pueblo. En febrero de 1987 se fundó la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), con el objetivo de reivindicar los derechos territoriales y promover el desarrollo de las comunidades; se empezó por agrupar a las comunidades en zonas y capitanías, de acuerdo a intereses comunes, aglutinando así a más de ochenta mil guaraní. La máxima autoridad de la APG es la Gran Asamblea, que se reúne cada dos años con la participación de representantes de 26 zonas, para elegir a los ejecutivos y definir las actividades a desarrollar. También se realizan reuniones bimensuales de zona convocadas por el Capitán. Los temas principales en torno a los cuales se desarrolla el accionar de la APG son los siguientes: –– Tierra y territorio es la demanda fundamental del pueblo guaraní, la consolidación y titulación de los territorios como condición básica para su sobrevivencia y desarrollo. –– Producción para asegurar alimentos básicos, fomentando un desarrollo en base al aprovechamiento racional de los recursos naturales. –– Salud, a través de la aplicación en las comunidades guaraní de programas de salud pública, promoviendo la medicina tradicional y su compatibilización con la medicina occidental. –– Educación, mediante la aplicación de la educación intercultural bilingüe en las comunidades guaraní y el mejoramiento de la calidad educativa, incorporando el análisis de la historia regional con criterios de género y de conservación ambiental, y permitiendo el conocimiento de otras lenguas y culturas. –– Infraestructura a fin de contar con escuelas, postas sanitarias, viviendas y caminos. En la cuarta Asamblea de la APG se definió la participación de la mujer en su estructura organizativa, gracias a lo cual en el año 2004 Nelly Romero asumió como Presidenta de la APG. La constitución de la Asamblea del Pueblo Guaraní permitió aglutinar políticamente a las distintas parcialidades de este pueblo. La actual identidad guaraní es, como muchas otras, una

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construcción social que se ha desarrollado de manera vigorosa, convirtiendo a los guaraní en actores políticos de fundamental importancia en las tierras bajas del país. El pueblo guaraní plantea hoy la construcción de su territorio reconociendo la existencia en éste de otros actores no indígenas (campesinos, mestizos) con quienes es necesario desarrollar procesos de negociación y de articulación de intereses. Esta nueva construcción territorial integradora puede contribuir a configurar la región de una manera inédita, a partir del imaginario propio, que es tanto guaraní como chaqueño. Por otra parte, los campesinos chaqueños que se encuentran organizados en sindicatos, centrales y federaciones, así como el Movimiento sin Tierra, tienen como objetivo central la obtención de tierras cultivables, lo que genera frecuentes conflictos con los hacendados y con los indígenas que poseen TCOs.

Las organizaciones sociales amazónicas En el período prehispánico, los grupos étnicos originarios de la Amazonia carecían de organizaciones a nivel de cada pueblo; sus jefes solían ejercer un liderazgo limitado a pequeños grupos o aldeas. Fue el régimen reduccional el que unificó estos grupos e introdujo una jerarquía e instituciones, como el cabildo o gobierno de cada misión, que era elegido anualmente por los jesuitas con cargos de alcalde, regidor, ejecutor, procurador y portero45; al parecer estos cargos fueron aumentando con el tiempo hasta llegar a ser más de veinte, incluyendo sacristanes y músicos, bajo el liderazgo de un corregidor.46 Los cabildos funcionaban como intermediarios entre los misioneros y la población indígena, encargándose de la organización de los turnos de trabajo, de ritos y fiestas, y de velar por la observancia de la moral cristiana. Con algunas modificaciones, los cabildos con el corregidor como autoridad principal se mantuvieron como organizaciones de carácter local, circunscritas a los territorios comunales y con funciones de gobierno interno y de administración de justicia. Sin embargo, la fragilidad de los cabildos era evidente: Nosotros nombrábamos a nuestro corregidor sin la intervención del Comité Cívico, militares ni colores políticos, pero a los tres días de haber posesionado a nuestra autoridad, un grupo de personas venía de la Prefectura con otro corregidor político impuesto por

45 Altamirano, 1715 citado en Lehm, 1999. 46 Moreno, 1888 citado ibídem.

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el señor prefecto de aquel entonces, suplantando y desconociendo a nuestra autoridad tradicional y nos dejaban divididos. Esto constituyó una humillación y falta de respeto a la dignidad de nuestros pueblos. Esto fue uno de los orígenes para que nosotros nos motiváramos y pudiéramos organizarnos y concentrarnos en un ente matriz que nos permita la unidad, el desarrollo de las comunidades.47

Esta situación no podía mantenerse, más aún considerando las fuertes presiones que los pueblos indígenas sufrían por la presencia de estancias ganaderas, empresas madereras y colonizadores que se habían convertido en una amenaza cierta para sus territorios. En 1987 se realizó el Primer Encuentro de Autoridades Moxeñas en la ciudad de Trinidad como resultado del cual se organizó la Central de Cabildos Indigenales Mojeños (CCIM), que marcó un hito en la historia organizativa de los pueblos indígenas amazónicos. La constitución de CCIM y de la APG el mismo año muestra la existencia de procesos organizativos paralelos entre los pueblos indígenas de las tierras bajas. La CCIM fue la primera organización indígena amazónica que representaba a distintas comunidades, pueblos y áreas territoriales urbanas y rurales, y que presentaba demandas específicas ante el Estado. Dos años después la CCIM convocó al Primer Congreso Departamental de Pueblos Indígenas, en el que participaron representantes de dieciocho pueblos, y que conformó la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB). La CPIB se abocó prioritariamente al planteamiento ante el Estado de las demandas de tierra y territorio, así como de las referidas a cuestiones de salud y educación. Posteriormente se crearon la Subcentral Indígena del Isiboro Sécure, la Subcentral Indígena de San Ignacio de Moxos y el Consejo del Pueblo Sirionó, así como la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB). Producto de este proceso organizativo fue la marcha por el Territorio y la Dignidad realizada en 1990 desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Participaron en ella setecientas personas de los pueblos moxeño trinitario, moxeño ignaciano, movima, sirionó, yuracaré y chimane. La marcha permitió el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas del Beni, que hasta entonces habían sido invisibilizados, la adhesión y solidaridad del país en su conjunto, y logró que el gobierno de Paz Zamora promulgara una serie de decretos supremos respaldando sus territorios tradicionales. La marcha puso también sobre el tapete el tema de la defensa de los recursos naturales al denunciar la explotación de los bosques que ocasionaba graves consecuencias para estos pueblos, para la región y para el país en su conjunto.

47 www.cidob-bo.org.

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Como resultado de la marcha, entre 1990 y 2000 se desarrolló un proceso intenso de registro de grupos étnicos (censos, el primer censo indígena de tierras bajas se realizó en 1994), mapeos territoriales, estudios sobre necesidades espaciales y de fortalecimiento organizativo, que aportaron valiosa información sobre la realidad socioeconómica y cultural de estos pueblos y que, al parecer, dio lugar incluso a procesos de etnogénesis o configuración de nuevas identidades indígenas.48 Los pueblos del Norte amazónico se encontraban en una situación de debilidad aún mayor que los benianos debido a su reducido número y a la carencia de una organización que los represente. En 1989 se realizó una reunión entre los pueblos chácobo, esse ejja y cavineño que permitió la creación de un Comité Regional Étnico del Noroeste Boliviano (CRENOB). Este fue el antecedente de la fundación en 1991 de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), que aglutina a los pueblos chácobo, esse ejja, cavineño, tacana, machineri, yaminahua y pacahuara. En 2001 se creó la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (CIPOAP), como la instancia organizativa a nivel departamental de los pueblos esse ejja, cavineño, yaminahua, machineri y tacana. Tanto CIRABO como CIPOAP orientaron sus acciones fundamentalmente hacia el reconocimiento de los territorios indígenas amenazados por las empresas madereras y castañeras.49 Por su parte, los pueblos indígenas del norte de La Paz —leco, tacana y mosetene— crearon en 1997 la Coordinadora de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) con el objetivo central de consolidar las TCOs para asegurar el desarrollo socioeconómico de sus pueblos. CPILAP trabaja también en la perspectiva de lograr el manejo sostenible de los recursos naturales de los territorios y mejorar las condiciones de salud y educación de su población. Las organizaciones base de la Coordinadora son el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA) creado en 1990, la Organización Indígena del Pueblo Mosetene (OPIM) fundada en 1994, la Central Indígena

48 Molina et al., 2008. 49 www.cidob-bo.org

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del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) creada en 1997 y el Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL) establecido en 1998.50 El mismo año se reunieron el Consejo Yuqui, el Consejo Yuracaré, el Consejo Indígena del Río Ichilo (CIRI) y el Consejo Indígena del Isiboro Sécure - Sur (CONISUR), así como representantes de los pueblos asentados en los municipios de Villa Tunari, Chimoré y Puerto Villarroel en las provincias Carrasco y Chapare de Cochabamba, y fundaron la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). La tarea principal de la organización es la defensa del territorio, mediante el seguimiento al proceso de saneamiento y titulación de las TCO. La máxima autoridad de CPITCO es la Asamblea Regional, que se realiza anualmente con participación del Directorio y de 20 delegados de cada Consejo.51 En los últimos años, las relaciones entre los distintos pueblos indígenas de la Amazonia se han ido ampliando a raíz de procesos políticos, como la municipalización y el reconocimiento de derechos territoriales, que han conducido a la conformación de organizaciones multiétnicas y alianzas interculturales con objetivos comunes52. Asimismo la articulación de las organizaciones indígenas más allá de los departamentos y regiones ha dado como resultado la constitución de entes mayores, como CIDOB, que aglutina al conjunto de las organizaciones indígenas de las tierras bajas del país, lo que podría implicar la construcción de una identidad indígena superior, por encima de los particularismos étnicos y regionales.

4. La construcción de identidades y otros actores políticos tradicionales y nuevos En las tierras bajas del país, el rol de las organizaciones cívicas ha sido tradicionalmente muy significativo y en los últimos años ha cobrado gran importancia política, llegando incluso a reemplazar a los partidos políticos. Surgidos en los años cincuenta, los comités cívicos se desarrollaron en una estructura política nacional que no permitía la representación directa de las regiones en el aparato estatal, y que planteaba la necesidad de defender los intereses locales en un contexto centralizado53. Así,

50 Ibídem 51 Ibídem. 52 Molina et al., 2008. 53 Lavaud, 1998 citado en Peña y Boschetti, 2008.

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en la década del setenta se multiplicaron los comités cívicos no sólo en los departamentos, sino también en las provincias, representando sus intereses y necesidades de desarrollo frente al Estado central y a las capitales de departamento. El surgimiento en los últimos años de nuevos actores del desarrollo a nivel departamental y local —como los consejos departamentales, los comités de vigilancia, las juntas vecinales y otros— ha ido minimizando el rol articulador de las demandas que tenían los comités cívicos. Si sumamos a esto el creciente rol político nacional de las instituciones cívicas —lo cual, sin ser un fenómeno nuevo, se ha revelado de manera más nítida que en el pasado— el resultado es un cambio en el perfil de los comités de uno propiamente cívico a otro eminentemente político. Seguramente el Comité Cívico más influyente es el Comité pro Santa Cruz, que actualmente es el motor de la construcción identitaria hegemónica en el Oriente. En la década del cincuenta el recién establecido Comité pro Santa Cruz consiguió obtener del Estado el 11% de las regalías de los hidrocarburos, una conquista fundamental que consolidó a la institución como defensora de los intereses departamentales frente al Estado nacional. El Comité aglutina a más de doscientas instituciones y organizaciones del departamento; cuenta con la Unión Juvenil Cruceñista y el Comité Cívico Femenino como los brazos generacional y de género, y con comités cívicos en todas las provincias. Más allá de los objetivos planteados en sus documentos, las finalidades del Comité pro Santa Cruz son el desarrollo regional, el fortalecimiento de la libre empresa y lograr hegemonía en el ámbito nacional.54 Si bien siempre estuvo dirigido por grupos empresariales y de la elite local, ha logrado capitalizar el apoyo de los distintos sectores de la población, incluso de los populares, lo cual asegura su legitimidad y vigencia. Hasta hace algunos años la población cruceña no percibía al Comité como un órgano político, sino de defensa regional; probablemente el nuevo rol claramente político que han tomado los comités cívicos haya modificado esta percepción.

54 Flores en Prado, 1986 citado ibídem.

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El movimiento regional cruceño encabezado por el Comité ha definido como adversarios al centralismo estatal —al que califica de ineficiente, populista y colla —, a las masas anárquicas e irracionales cuya expresión sería el sindicalismo radical, y a los collas que estarían avasallando la cultura cruceña.55 En base a esta animadversión y a la exaltación de los valores identificados como propiamente cruceños, el Comité Cívico se ha convertido en un actor central de los procesos de construcción de la identidad cruceña hegemónica. En el Chaco los comités cívicos municipales y provinciales funcionan en una línea distinta de la de los comités cívicos departamentales, lo que es especialmente claro en el caso de los entes cívicos de Villamontes y de Camiri que han planteado la conformación de un nuevo departamento a fin de aprovechar los recursos del gas para el desarrollo local, evitando el centralismo de las capitales de departamento a las que responsabilizan por su atraso y pobreza. Fundan esta demanda en la existencia de una identidad guaraní chaqueña englobante, en la que no reconocen fracturas internas y que, por lo tanto, le daría consistencia histórica al nuevo departamento. Recientemente, tanto en Camiri como en Yacuiba, se han constituido comités cívicos paralelos vinculados a las organizaciones indígenas y campesinas y enfrentados a los otros comités cívicos. En la región amazónica los comités cívicos surgieron en los años sesenta, como entidades que buscaban diferenciarse de los movimientos políticos. Actualmente existen comités cívicos en los departamentos de Beni y Pando, así como en las ciudades, pueblos, municipios, provincias e incluso en los cantones. Sus afiliados son diversos: asociaciones de ganaderos, universidades, gremios profesionales, sindicatos obreros, organizaciones campesinas y otros. Generalmente los líderes cívicos son profesionales o empresarios de origen urbano. Existen también comités cívicos femeninos y comités cívicos juveniles, instancias muy dependientes de los comités cívicos departamentales.

55 Prado et al. 1986 citado ibídem.

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Actualmente la Amazonia es escenario de una pugna entre construcciones identitarias distintas que pretenden representar al conjunto de la población, más allá de las particularidades étnicas y de clase. Así, en el Beni la Prefectura, el Comité Cívico y sectores urbanos intelectuales están intentando construir una identidad beniana como soporte de las autonomías frente al Estado central y a otras identidades departamentales. Esta identidad beniana toma como base lo “moxeño” —en tanto territorio, no en sentido étnico— como un elemento aglutinador del conjunto del departamento, lo que es cuestionado por quienes creen que sería aplicable solamente a las pampas ya que el Norte sería propiamente amazónico. Desde el punto de vista indígena, esta identidad beniana moxeña desvirtuaría lo moxeño étnico ya que incluiría a los sectores carayanas que tienen una identidad, discurso e intereses distintos a los suyos56. Por otra parte, en el contexto de la lucha por las autonomías departamentales, líderes cívicos, políticos e intelectuales de las ciudades de Trinidad, Santa Ana y San Borja han intentado generar adhesión hacia una identidad camba amplia e inclusiva, que abarque los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, más allá de las diferencias étnicas y socioeconómicas. Este discurso, evidentemente influido por el discurso cruceño, se sustenta en la idea del Oriente como una identidad cultural fundada sobre los orígenes de los primeros pobladores cruceños que crearon una cultura mestiza, camba.57 Este proyecto tiene aceptación en el ámbito urbano del centro y sur del Beni, especialmente entre los empresarios ganaderos que reconocen un origen común con Santa Cruz, aunque el término “camba” se asocia con “cunumi” (descendiente de los pueblos indígenas que vive en el campo y se ocupa en los oficios más bajos) como un término despectivo, por lo que resulta difícil asumir lo camba como una identidad aglutinante de distintos sectores sociales. El proyecto no es aceptado en Riberalta, Guayaramerín y Cobija —donde la identidad es amazónica— ni por los sectores indígenas y campesinos.58 Algunos sectores de los departamentos de Beni y Pando59 han propuesto la idea de una región amazónica que abarcaría la provincia Vaca Díez y especialmente Riberalta, como un proyecto político sustentado en factores sociales y ecológicos que trascienden los límites departamentales, y como una posición crítica frente al modelo cruceño de autonomía. Los elementos básicos de la identidad amazónica serían la población multicultural que daría

56 Molina et al., 2008. 57 Roca, 2001 citado en ibídem. 58 Molina et al., 2008. 59 Autores como Soria en Riberalta y dirigentes campesinos como Manuel Cuaday, en la provincia Madre de Dios de Pando, citados ibídem.

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una identidad plural, integradora y cohesionadora entre indígenas, mestizos y blancos con intereses comunes, la cultura productiva extractivista y su evolución capitalista industrial durante los ciclos de la goma y de la castaña. A inicios de la década del ochenta se llevó a cabo el Primer Congreso Cívico de Pueblos Amazónicos, como parte de los esfuerzos de Riberalta por desarrollar y dar legitimidad a la identidad amazónica. A través de un discurso fuertemente interpelador del Estado nacional y de lo que se consideraba el centralismo de Trinidad, se planteó la creación de un nuevo departamento, pero esta propuesta generó mucha resistencia. Con la crisis del sistema político tradicional, nuevas fuerzas surgidas en el seno de la sociedad conservadora se organizaron en cuatro agrupaciones ciudadanas60 que plantearon un proyecto político amazónico que no tiene mayor aceptación en las ciudades de Trinidad y Cobija, donde ocupa un lugar secundario en los discursos sobre identidad territorial. En Pando se desarrolla un proceso de construcción de la identidad a partir de la configuración heterogénea de su población y de la constante invocación a lo nacional. En general puede decirse que la propuesta amazónica es aún embrionaria, y que no hace parte de la lucha política al mismo nivel que la cruceña.61

5. Identidad y visión regional y nacional ¿Cómo se ven los bolivianos a sí mismos? ¿Cómo ven a los otros, a quienes siendo también bolivianos son diferentes por pertenecer a un pueblo, a un departamento, a una región o a un sector social distinto? ¿Cómo ven al país en su conjunto? Es posible encontrar algunas respuestas a estas preguntas revisando los datos que arrojan encuestas realizadas en los últimos años sobre temas como conocimiento entre bolivianos y niveles de confianza y de tolerancia, indicadores útiles para conocer la visión que los bolivianos tienen de sí mismos y del país. En relación con el conocimiento entre bolivianos, la encuesta realizada por la Fundación UNIR en 2006 en áreas urbanas62 evidencia que existe una alta tasa de desconocimiento de los pueblos indígenas: 29% de los encuestados no pudo recordar el nombre de ningún pueblo indígena, la mitad de ellos sólo conoce entre uno y tres pueblos, y sólo 2,1% conoce diez o más pueblos.

60 Movimiento de Renovación Amazónica (MAR), Poder Amazónico Social (PASO), Integración Amazónica Libertaria (IAL) y Acción Revolucionaria Amazónica de Riberalta (ARAR). 61 Molina et al., 2008. 62 Fundación UNIR, 2007.

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Por otra parte, una encuesta realizada por FES-ILDIS a nivel nacional en el año 200463 muestra que los niveles de confianza son bastante bajos: 41% de la población tiene poca confianza en la gente de su propia comunidad y 14% no tiene ninguna confianza; los departamentos con menor confianza son La Paz (37,3%), Chuquisaca (37,7%), Cochabamba (40,0%), Oruro (41,1%) y Potosí (43,5%), y los que se muestran más confiados son Beni (56,5%), Tarija (52,5%), Santa Cruz (50,6%) y Pando (49,5%). En general, el área rural muestra tener más confianza que el área urbana, probablemente porque la población del campo es más pequeña y mantiene vínculos más estrechos que la de las ciudades. Una nueva encuesta realizada en 2007 en áreas rurales de La Paz y Oruro muestra que esta población tiene, en general, niveles bajos de confianza; menos de la mitad (47%) de los encuestados confía más en las instituciones originarias que en las del Estado, en las que confía sólo 28%, y un muy pequeño porcentaje (19%) dice confiar en ambas.64 Al parecer, los niveles de desconfianza en la gente del país en su conjunto son aún mayores que los niveles de desconfianza hacia la gente del entorno inmediato. La media nacional de confianza es de sólo 27%, dándose la menor confianza en La Paz y Cochabamba (21% en ambos), y la mayor confianza en Santa Cruz (40%). En la misma línea vemos que, en general, el nivel de confianza de la población boliviana en las instituciones es bajo, con excepción de las instituciones municipales. En las tierras bajas, la confianza en las instituciones nacionales es superior a la existente en la región andina, pese a que los departamentos de tierras bajas son los que tradicionalmente han creído ser abandonados y olvidados por el Estado, y los que plantean demandas autonómicas.65 La amplia mayoría de los bolivianos se identifica con su departamento: 50% se identifica mucho y 36% se siente bastante identificado. Los mayores porcentajes de identificación se encontraron en Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba y, notablemente, en Santa Cruz se encontró la menor identificación con el departamento; resulta interesante también que en este departamento la gente mostrara el mismo nivel de identificación con el departamento y con el país.66 Otro indicador ilustrativo en cuanto a las percepciones de los bolivianos sobre sí mismos es el de tolerancia. Los datos de FES - ILDIS de 2004 muestran que la sociedad boliviana es profundamente intolerante:

63 Verdesoto y Suazo, 2006. 64 FES-ILDIS, 2007. 65 Verdesoto y Suazo, 2006. 66 Ibídem.

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–– 35,7% de los bolivianos era renuente a que un indígena sea Presidente de la República (28% en el altiplano, 36% en los valles y 45% en los llanos). –– 40,3% consideraba que la participación política debe estar reservada para personas con educación. –– 62,6% cree que los homosexuales “deben ser controlados”; sólo 34,2% reconoce que tienen derechos, y únicamente 4,7% aprueba su postulación a cargos públicos. Las cifras indican que la intolerancia se asienta principalmente en el grupo identificado como blanco en los valles y llanos, y en el identificado como indígena/originario en el altiplano. Como señalan las conclusiones de la encuesta, “En Bolivia la intolerancia es una de las características más importantes de la cultura cívica: se constituye en un impedimento central en la conformación de un ‘sentido público’ y es un dique contra la formación de ciudadanía”.67 Coincidentes con estos hallazgos son los de la encuesta de UNIR de 2006: menos de la mitad (43%) de los encuestados se muestra abierto a aceptar a gente de cultura distinta a la propia. En cuanto a la discriminación, la mayoría de la población urbana (56%) reconoce su existencia en el país, y señala como los principales factores de discriminación el color de la piel (33%), la pertenencia a un pueblo indígena (23%), el apellido (20%) y la pertenencia a una región (20%).68

Percepciones en la región del Altiplano Al parecer, en la región del altiplano aún perviven fuertes lazos de identidad comunal que no han permitido el desarrollo de un proceso de articulación para configurar una identidad regional o identidades departamentales sólidas. Es probable que la dinámica política de estos últimos años, que ha agudizado la confrontación regional, haya contribuido a perfilar esas identidades: lo andino frente a la “media luna”, o La Paz (tradicionalmente con una identidada débil y disuelta en lo nacional) frente a Chuquisaca. En esta región, según datos de una encuesta recientemente realizada en el área rural de los departamentos de La Paz y Oruro, casi la mitad de la población (48%) se identifica como boliviana, 43% lo hace como comunaria aymara y 9% se identifica de ambos modos. En cuanto a la identificación con los símbolos, parece prevalecer la tradicional: 50% de la población se identifica con la bandera nacional, 29% con la wiphala y 18% con ambas.69 67 Ibídem. 68 Fundación UNIR, 2007. 69 Encuesta realizada en Puerto Acosta y Corque por FES-ILDIS, 2007.

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Percepciones en la región de los valles En los valles las opiniones de la población parecen estar divididas en cuanto a la existencia de una identidad nacional; mientras para algunos esta identidad boliviana es real y fuerte, para otros no existe una identidad nacional suficientemente consolidada, lo que hace prevalecer las identidades regionales y locales. Los bolivianos se identifican primero con la región, el municipio, y después con el país. Pero sí, hay una identificación con el ser boliviano.70

Quienes reconocen la existencia de una identidad nacional creen que ésta se vincula con la diversidad de culturas del país y con la plurinacionalidad, y consideran que es la base sobre la cual se debe construir la identidad nacional. Estamos en proceso de construir esa identidad. Un gran paso ha sido el reconocimiento de que somos diversos y que en el seno de nuestro país existen varios grupos con su propia manifestación cultural. En la medida en que se reconozca esto, sí vamos a poder construir la nación.71

En cuanto a los elementos que definen la identidad nacional, se menciona el imaginario andino —lo que es cuestionado porque invisibiliza y olvida las otras regiones del país y la diversidad de sus pobladores—, los emblemas patrios, y el fútbol, que aparece como uno de los pocos elementos unificadores de la identidad nacional: (…) también hay identidad nacional cuando alientan en partidos de fútbol, ahí sí todos somos bolivianos (…) Y lloramos como bolivianos también.72

Otro elemento importante es la historia nacional, sobre todo las derrotas que los bolivianos han aprendido a asumir y sobrellevar:

70 Entrevista a estudiante de universidad pública citada en Sánchez et al., 2008. 71 Entrevista a profesional cochabambina citada ibídem. 72 Entrevista a estudiante de universidad privada ibídem.

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Sí, pero es una identidad construida en las derrotas de guerras, de partidos de fútbol. (…) Está construida en otro sentido, no como chilenos que construyen su identidad desde el desarrollo, aquí identidad de nación se construye desde lo negativo.73 Hay algo, tanto que identidad no, pero algo que se asienta en procesos históricos que se han ido viviendo (guerra del Pacífico, del Chaco) que no deja indiferente ni a chapacos ni a la gente de El Alto, por ejemplo el rollo del mar.74

Se señala también que la identidad nacional está en crisis porque ha estado ligada con un Estado nación que ha negado sistemáticamente las diferentes identidades, y que el reconocimiento de la pluralidad de identidades y de naciones existentes en Bolivia llevaría a una nueva construcción identitaria del país. Uno de los elementos centrales que la gente de los valles señala como necesario para construir la nación boliviana es la ciudadanía múltiple, basada en el principio de igualdad de oportunidades para todos, respetando la diversidad con tolerancia y respeto, y erradicando la discriminación. Una sociedad con aceptación de todas las clases, que no haya racismos, que haya más tolerancia.75

Respecto a cómo se percibe a los bolivianos, los habitantes de los valles coinciden en que son trabajadores, solidarios, humildes y poseen capacidad de lucha; también señalan que tienen baja autoestima, que son corruptos y discriminadores. Son trabajadores, solidarios, y luchadores en todos los espacios.76 Una idea de menospreciarse, no valorarnos. Las derrotas son las que nos han creado.77 No conocemos bien nuestra historia y tenemos una muy baja autoestima.78 Actitud de victimismo que mina las cosas. Además, el otro es siempre el que tiene la culpa, hay una falta de capacidad para asumir nuestras propias culpas, de ahí que es difícil corregir nuestros errores.79

73 Entrevista a intelectual citada ibídem. 74 Entrevista a microempresaria chuquisaqueña citada ibídem. 75 Entrevista a estudiante de universidad pública citada ibídem. 76 Entrevista a intelectual citada en ibídem. 77 Entrevista a intelectual cochabambino citada ibídem. 78 Entrevista a campesino de Arbieto citada ibídem. 79 Entrevista a microempresaria citada en ibídem.

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(…) su perseverancia y su gran capacidad de trabajo, ya que sólo así se puede entender como a través de tanta adversidad que el boliviano padece ha podido mantener vivos sus rasgos culturales. Un elemento negativo que resalto es que el boliviano desconfía profundamente del otro boliviano, si bien se puede unir para la protesta, cuando se habla de formar emprendimientos productivos y empresariales, el boliviano no puede asociarse.80

En Chuquisaca parece existir una fuerte identidad departamental, que corre casi pareja a la nacional. Asimismo, en Tarija la gente se considera tan boliviana como tarijeña, lo que puede explicarse por el actual auge regionalista, que hace que la identidad departamental tenga similar jerarquía a la identidad boliviana. A diferencia de Cochabamba y de Chuquisaca, y al igual que en el Oriente y la Amazonia, en Tarija existe la percepción generalizada de una ausencia del Estado, de que los tarijeños se hicieron a sí mismos al margen del Estado.

Percepciones en la región amazónica En la región amazónica existe un sentimiento general de ausencia de Estado que se mantiene como una constante. Sin embargo, algunos historiadores81 han demostrado que la presencia estatal —al menos en el ámbito fiscal— fue sólida, especialmente en el período de la goma; y que a partir de los años cincuenta esta presencia —a través de las corporaciones de desarrollo— también fue significativa, si bien sus efectos en cuanto al desarrollo departamental fueron menores que en otros departamentos. Esa ausencia u olvido estatal se vincula con el centralismo, el cual determinaría que los recursos financieros del Estado se empleen preferentemente en la sede de gobierno y en las ciudades del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Pero la crítica al centralismo no se dirige solamente hacia el Estado nacional, en ciertas localidades del Beni, como Riberalta, Guayaramerín y Rurrenabaque, se extiende también hacia Trinidad que tendría en el olvido al resto del departamento. En Pando esta idea de olvido estatal se mezcla con el sentimiento de ser centinela del territorio nacional (“somos olvidados, pero somos bolivianos”), que proviene de su condición de territorio fronterizo que coloca al habitante de Pando en relación permanente con los otros, los

80 Entrevista a profesional chuquisaqueña citada ibídem. 81 Gamarra citada por Molina et al., 2009.

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brasileños. Más allá de los conflictos entre sectores sociales, grupos étnicos y políticos, es claro que el bien a proteger es lo boliviano como horizonte común.82 Esta idea de lo boliviano que es necesario proteger incluye también la simbología nacional, razón por la cual se rechaza la propuesta de símbolos nuevos, como la wiphala o la hoja de coca. La población pandina en general reconoce la cultura política del Estado - nación como la matriz dentro de la cual se deben desarrollar los distintos grupos y sectores que conforman el país. Pando se ve a sí mismo como una tierra de promisión, como una sociedad multicultural y un espacio de encuentro entre diferentes. El reclamo se plantea entonces hacia el Estado y los gobiernos, no hacia la nación boliviana, no se proponen nuevas construcciones estatales a partir de naciones amazónicas originarias. En general, en Beni y en Pando se mantiene la idea de nación y no se plantean proyectos de país alternativos. En los últimos años se han desarrollado esfuerzos que buscan legitimar a personajes y acontecimientos que permitan visibilizar el aporte de los departamentos de Beni y Pando en la formación de Bolivia, en la preservación del territorio nacional y en la defensa de los recursos naturales. Desde hace una década historiadores, políticos locales y líderes indígenas benianos realizan distintas acciones para recuperar la figura del indígena trinitario Pedro Ignacio Muiba y su movimiento libertario de 1809, como el aporte beniano a la Independencia nacional, lo que ha sido objetado por otras lecturas de los fines de Muiba y de su relación con las acciones independentistas de claro liderazgo criollo. En este marco se ha tramitado una ley que lo declara héroe nacional y establece el 11 de noviembre como fecha cívica regional. En Pando se intenta legitimar la figura de Bruno Racua, personaje de origen tacana que tuvo un papel destacado en la Guerra del Acre. En el mismo sentido historiadores benianos y cruceños protagonizan una larga disputa sobre los orígenes de Germán Busch y de Antonio Vaca Díez. Existen, pues, importantes esfuerzos locales de invención de la tradición, que apuntan a consolidar un universo simbólico que genere cohesión en torno a objetivos regionales, y en su relación con otras regiones y con el Estado nacional83.

Percepciones en la región del Oriente Hoy los cruceños se definen como “cambas”, término que ha sido resignificado. Al parecer, los guaraní lo utilizaban para el tratamiento afectuoso entre ellos,84 por lo cual los discursos ideológicos actuales sostienen que “camba” significa amigo en guaraní. El término también se usó para

82 Ibídem. 83 Molina et al., 2008 84 Coimbra Sanz, 1992 citado en Peña y Boschetti, 2008.

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referirse al negro, con una connotación despectiva; en el siglo XIX, “camba” significó bárbaro y se aplicó a quienes realizaban trabajos manuales, a los peones mestizos y a los campesinos. Actualmente el término designa a los habitantes del Oriente boliviano para diferenciarlos de los collas, habitantes de las tierras altas, aunque no queda claro si se refiere a los descendientes de españoles que conservan características raciales blancas, a los mestizos nacidos en Santa Cruz o a los inmigrantes (internos y externos) que adoptan las costumbres orientales.85 El Movimiento Autonomista Nación Camba sostiene que “Los cambas constituyen una entidad social etno-histórica de características propias, al ser todos los mestizos, blancos y morenos que habitan el Oriente boliviano, proveniente del cruce de indígenas y españoles, en cada lugar o rincón del extenso territorio de lo que fue la Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, Mojos y Chiquitos”.86 En cambio para “Los miembros de la Nación Camba Popular (…) son bienvenidos todos los ciudadanos del mundo, incluidos los collas (…) Los miembros de la Nación Camba Popular hacen declaración abierta que es su intención permanente respetar a otros tal como son en todos los actos de su vida, expresión válida, por supuesto, para las naciones originarias existentes en el departamento de Santa Cruz, o para otros de cualquier parte del planeta”.87 Actualmente la lucha por la hegemonía discursiva se basa en diferencias étnicas y culturales (camba - colla), en los distintos modos de ocupación del espacio (rural - urbano), en diferencias regionales (Oriente - Occidente), en desacuerdos político ideológicos (indigenismo - liberalismo/modernidad) y económicos (comunismo - capitalismo), y expresa la lucha de clases que se desarrolla en la región y en el país.88 En el espacio de la lucha por el poder, el discurso hegemónico en Santa Cruz reivindica la cruceñidad, mientras que los movimientos sociales utilizan varios otros conceptos: “indígenas”, “marginados”, “campesinos”, etc89 La “cruceñidad” es parte del mito ideológico utilizado por la clase dominante como articulador de su poder. Ciertos hechos históricos se han convertido en mitos que se transmiten de generación en generación, y que alcanzan a distintos sectores de la población: la idea de aislamiento, abandono y marginación por parte del Estado central que lo largo de la historia desarrolló una política “andinocentrista”, y la idea del avasallamiento colla ocurrido primero en 1877, cuando se aplastó el movimiento federalista de Andrés Ibáñez, exaltándose el federalismo

85 Ibídem. 86 Sandoval Ribera, 2001 citado ibídem. 87 Paredes Mallea, 2003 citado ibídem. 88 Ibídem. 89 Ibídem.

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de Ibañez y olvidándose su igualitarismo, y después en 1957, cuando el gobierno central intentó sofocar la lucha por las regalías del petróleo con la masacre de Terebinto protagonizada por milicias campesinas de Ucureña, destacando la defensa de los intereses cívicos y olvidando los intentos contrarrevolucionarios.90 La idea de olvido de la región que devino en mito se alimenta del hecho de que, desde la época de la Colonia, la clase dominante andina y sus intelectuales mostraron desdén no sólo hacia los pueblos indígenas, sino también hacia el Oriente.91 La historiografía cruceñista ha reforzado esta idea de aislamiento y olvido en el que habría estado sumido Santa Cruz por la política nacional andinocentrista, pese a lo cual habría cumplido a cabalidad su rol en cuanto a contención de los indios bárbaros y de los portugueses, y como el núcleo urbano más importante del Oriente.92 De acuerdo con esto, la identidad cruceña se habría formado en la época colonial a partir de la diferencia con la población indígena; durante el siglo XIX, la diferencia se habría trasladado hacia el Estado nacional, que no entendía las demandas económicas, territoriales y políticas de Santa Cruz, y en el siglo XX habría continuado marcando su diferencia respecto al Estado boliviano que frustró sus esperanzas de desarrollo93. Este discurso revela que la elite cruceña no ha reconocido los esfuerzos realizados por el Estado y la nación boliviana desde los años cincuenta —tanto en época de dictaduras como de gobiernos democráticos— para el desarrollo de Santa Cruz, lo que ha permitido la realización de un proyecto nacional verdaderamente exitoso; los sectores dominantes consideran que al Estado central no le quedaba otra opción que invertir en el Oriente, y que esta decisión, en vez de un acto generoso, fue una acción de sobrevivencia.94 La demanda autonómica actual, que emergió de Santa Cruz y ha ido avanzando hacia otros espacios del país, tiene tanto un carácter político administrativo como económico, y es parte de la lucha por la hegemonía política entre Santa Cruz y el gobierno central.95 Los comités cívicos han tomado esta bandera y, en ausencia de partidos políticos, han liderizado las luchas autonómicas.

90 Seleme, Abrego y Arrieta, 1985 citados en ibídem. 91 Prado et al., 2005 citado ibídem. 92 Parejas en Sandoval, 2003 citado ibídem 93 Peña, 2003 citada ibídem. 94 Seleme y Archondo, 2000, y Rojas, 2005; citados ibídem. 95 Prado et al., 2005 citado ibídem.

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Percepciones en la región chaqueña Los chaqueños perciben a su región como multiétnica y pluricultural; tienen una identidad chaqueña fuerte que no se contradice con un sólido sentimiento de pertenencia a la nación boliviana.96 Pese a ello, las elites regionales cuestionan los derechos indígenas con el argumento de que estos pueblos no son originarios de la región y que habrían llegado sólo unos pocos años antes que los españoles; en consecuencia, todos serían inmigrantes.97 La identidad criolla chaqueña es la hegemónica y la que se constituye como la más atractiva para los migrantes del Occidente del país, aunque esta adhesión no implica que renuncien a su identidad de origen.98 En los últimos años han tomado fuerza propuestas de reconfiguración territorial a partir de una conciencia generalizada sobre el aislamiento y la pobreza de la región —que se deberían al centralismo del Estado nacional y sobre todo departamental—, la existencia de una identidad chaqueña que ha sido fragmentada por el ordenamiento político del país, y la falta de influencia del Chaco en la toma de decisiones, especialmente en lo referido a los recursos naturales propios de la región. Surge así, desde los sectores dominantes chaqueños, la propuesta de creación de un décimo departamento en base a los territorios de las provincias Cordillera de Santa Cruz, Hernando Siles y Luis Calvo de Chuquisaca, y Gran Chaco y O’Connor de Tarija. El nuevo departamento cumpliría con los requisitos de continuidad geográfica, historia común, diversidad sociocultural, espacios territoriales indígenas, capacidad económica y base de recursos naturales. El departamento del Chaco se organizaría basándose en los siguientes elementos:99 –– Identidad chaqueña y cultura guaraní, lo que le daría consistencia histórica e identitaria. –– Sólida base económica a partir de los importantes recursos hidrocarburíferos existentes en la región. –– Recursos agrícolas, ganaderos y forestales, y atractivos turísticos (Parques Kaa Iya, Aguaragüe y otros). –– Posibilidades de un mejor relacionamiento e integración internacionales (MERCOSUR).

96 Galindo et al. (doc. no publicado). 97 Ibídem. 98 Bazoberri, 2004. 99 Galindo et al. (doc. no publicado).

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Además, en relación a la restricción establecida por la Ley de UPAS (que define como requisito para la creación de un nuevo departamento un mínimo poblacional de 500.000 habitantes), se señala que ni Tarija ni Pando cumplen tal requisito, y se arguye que, según proyecciones del INE, a partir del año 2009 el Chaco crecerá más rápidamente que el país en su conjunto. Los guaraní sostienen que la propuesta fue originalmente suya,100 pero en las comunidades el tema parece no ser conocido o es percibido como ajeno. Por su parte, los weenhayek y tapiete no se han pronunciado de manera directa sobre esta cuestión. En algunas localidades urbanas, como Camiri, se prefiere continuar perteneciendo al departamento de Santa Cruz; algo parecido sucede en Monteagudo con relación al departamento de Chuquisaca. Aunque no es clara la posición de los inmigrantes de origen quechua y aymara frente a la demanda de creación de un nuevo departamento, al parecer tienen cierto temor a una agudización del regionalismo que pueda afectarlos. Es importante advertir que la propuesta no es asumida del mismo modo por los distintos sectores que la apoyan: los guaraní la identifican como parte del proyecto de autonomía indígena, mientras que los mestizo karaí consideran que ellos tendrán el rol protagónico y de conducción del nuevo departamento. Son estos sectores los que parecen más interesados en que el décimo departamento se haga realidad con el objetivo de obtener mayor poder político y mayores ingresos por la producción hidrocarburífera.101 En los departamentos con territorios chaqueños ha surgido también una propuesta de autonomía que se opone al planteamiento de creación de un nuevo departamento, y desmiente las razones esgrimidas como sustento para su creación: la población guaraní, sobre cuya base se lo quiere edificar, sólo alcanza al diez por ciento del total de la población chaqueña (20% en la provincia Cordillera, 18% en Luis Calvo, 7% en Hernando Siles, 7% en O’Connor y 2% en Gran Chaco), y un nuevo departamento no tendría facultades para disponer por sí mismo de las riquezas naturales de su territorio, por ser ésta competencia del gobierno nacional. Según los proponentes, la autonomía daría solución a los problemas de la región chaqueña de manera realista.102

100 Entrevista al capitán guaraní Gerardo Suárez en ibídem. 101 Ibídem. 102 Entrevista a Juan Carlos Urenda en El Deber, octubre de 2006; citada ibídem.

Epílogo

Como hemos visto a lo largo de este texto, Bolivia no es un país homogéneo. Desde antes de su nacimiento a la vida independiente, el actual territorio nacional estuvo habitado por distintos pueblos que establecieron entre sí relaciones de diverso tipo, dando lugar a importantes intercambios e influencias. Durante la Colonia y en la República estos procesos continuaron produciéndose y se profundizaron, lo que ha dado como resultado un país plural conformado por pueblos, sectores sociales y regiones distintas, cada uno con su propia manera de ver el mundo y de actuar sobre él. Siendo evidentes las diferencias entre estos distintos grupos y reconociendo que estas diferencias son fuente de riqueza para el país, es fundamental reconocer también la existencia de elementos comunes que vinculan a esa diversidad de grupos humanos que se reconocen como bolivianos. Estos grupos distintos convivieron y se relacionaron entre sí a lo largo de la historia —en el Imperio Incaico y en otras formas organizativas prehispánicas, en el Estado colonial y en la República— en el marco general de un sistema de poder que estableció jerarquías y determinó que las relaciones socioeconómicas, políticas y culturales entre éstos sean de dominación y, por tanto, inequitativas y profundamente desiguales. Al establecerse la República, la pluralidad del país fue vista por quienes ejercían el poder como un problema, como un obstáculo para construir una nación y para lograr el desarrollo. Frente a este “problema” se estructuró un Estado monocultural que representaba los intereses de un sector de la población excluyendo a los otros, y se definieron políticas que negaban la diferencia. Así, el Estado minero feudal del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX estableció como modelo de lo boliviano a la clase dominante, blanca, de cultura occidental y lengua castellana, negando valor y segregando a los pueblos indígenas y sectores mestizos del país. En esos años se plantearon diversas interpretaciones sobre la realidad nacional, desde el “darwinismo social” de personalidades como Alcides Arguedas y Gabriel René Moreno, hasta posiciones más abiertas al reconocimiento de otros actores, como las de Bautista Saavedra y Franz Tamayo. La revolución de 1952 acabó con el Estado minero feudal, promovió el desarrollo de la burguesia como una nueva clase dirigente, y formuló un discurso del mestizaje que planteaba que

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el problema de la diversidad y desigualdad del país se podía resolver a través de la construcción de una nación de ciudadanos mestizos. Se introdujo el voto universal y se modificó la Constitución Política del Estado que, a partir de 1961, estableció la ciudadanía para todos los mayores de 21 años, independientemente de su grado de instrucción, ocupación o renta. Estas medidas, dirigidas a lograr que la población boliviana en su conjunto tuviera igualdad de derechos, se complementaron con un proyecto de homogenización cultural sustentado en la educación, de modo que todos los bolivianos participaran de la cultura mestiza y de la lengua castellana. Esta política de mestizaje u homogeneización cultural fue puesta en cuestión por el desarrollo —iniciado en los años setenta— de nuevas identidades centradas en lo étnico cultural y con un posicionamiento político contestatario frente al Estado. A fines de la década del ochenta, con la crisis de la minería y el consecuente debilitamiento del proletariado minero, los pueblos indígenas, especialmente los aymara a través del katarismo, empezaron a perfilarse como actores políticos centrales con una influencia creciente en la vida nacional. En la década del noventa, los pueblos indígenas de tierras bajas que hasta entonces habían sido relegados a la otredad absoluta bajo el rótulo de “selvícolas” con el que las normas jurídicas y las políticas nacionales los designaban, hicieron su aparición en el escenario nacional con la “Marcha por el territorio y la dignidad”, despertando la solidaridad del país con sus demandas. En respuesta a las reivindicaciones sociales y a tono con la orientación de las políticas internacionales, en los años noventa se produjeron una serie de reformas del Estado que hicieron posible el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del país y el inicio de un proceso de democratización del Estado. Si bien estas políticas multiculturalistas representaron un significativo avance en relación con las que negaban la diferencia, tenían un claro límite ya que no buscan desmontar el sistema de dominación que determina la centralidad de unos grupos y la exclusión de otros, sino solamente hacerlo más democrático. En el año 2000 empezó a hacerse evidente la profunda crisis del Estado nacional. La denuncia de la situación en que se encuentra la población indígena del país realizada por el dirigente aymara Felipe Quispe, el Mallku, contribuyó grandemente a que los sectores urbanos y las clases medias se alinearan con las posiciones indígenas; esto se evidenció en los resultados del Censo de 2001, en el que 62% de la población boliviana se autoidentificó con algún pueblo indígena originario. En los últimos años han surgido identidades políticas regionales, especialmente en el Oriente, la Amazonia y el Chaco, que hacen una fuerte crítica al centralismo estatal y plantean una demanda autonómica que, aunque tiene antecedentes antiguos, a partir de la crisis estatal ha adquirido nueva fuerza.

epílogo

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Nuestra experiencia histórica de casi dos siglos nos muestra que no es posible, ni aceptable, mantener un Estado monocultural que niegue la realidad plural del país o intente asimilar la diferencia. La breve experiencia nacional desde el reconocimiento de este carácter por las políticas multiculturalistas nos muestra su insuficiencia para resolver problemas de inequidad social, económica, política y cultural. Por lo tanto es clara la necesidad de buscar otra forma de construcción social y estatal que haga posible la transformación de las relaciones de poder para alcanzar equidad efectiva sin excluir a ningún sector. Una alternativa adecuada para esta nueva construcción es la interculturalidad ya que parte del reconocimiento de la diferencia —no aspira a la homogeneización— y busca que las relaciones entre los diferentes grupos sean más simétricas; dicho de otra manera, busca la generación de condiciones de igualdad para todos, más allá de su diferencia, lo que requiere la transformación del sistema de poder que establece jerarquías e inequidades. Para Xavier Albó,1 las relaciones interculturales pueden ser negativas, cuando uno de los grupos culturales se impone sobre los otros, o positivas, cuando parten de una situación de respeto que lleva al intercambio con mutuo enriquecimiento. Esta concepción de interculturalidad que acentúa la disposición o actitud —el respeto y apertura hacia el otro— deja de lado cuestiones centrales, como el hecho de que las relaciones entre grupos sociales se establecen en el contexto de un sistema de poder cuyos ejes son la reproducción continua de la relación jerarquizada y de dominación entre los grupos, y la orientación de las instituciones y mecanismos de dominación hacia la preservación de esa clasificación social. Considerando pues las dificultades de lograr mayor equidad a través de actitudes positivas, la construcción de relaciones equitativas entre distintos pueblos y sectores sociales no puede lograrse al margen de la transformación del sistema de poder, de manera que esos sujetos sociales distintos mantengan su diferencia y cambie el carácter de sus relaciones, se transformen las relaciones de poder. Así, la interculturalidad puede ser entendida como la interacción equitativa entre un conjunto de diversas prácticas sociales, económicas, políticas y culturales de sujetos sociales distintos, es la construcción de igualdad efectiva de derechos y obligaciones para sujetos distintos, en una nueva configuración del poder. Como tal, la interculturalidad es un proyecto a construir tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil. Este concepto plantea la interacción equitativa entre diferentes sin un centro dominante que ocupe el punto de universalidad, sin que un solo sector —sea el que fuere— se arrogue la repre-

Albó y Barrios, 2007.

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sentación del conjunto de la sociedad. Esta idea es muy distinta de la que plantea la interculturalidad bajo hegemonía indígena o la interculturalidad bajo hegemonía de los sectores criollo mestizos tradicionalmente dominantes, puesto que estas construcciones generarían, inevitablemente, exclusiones viejas o nuevas, y ninguna tendría viabilidad debido a la magnitud demográfica y sociopolítica de los sectores que quedarían excluidos. La interculturalidad como interacción equitativa entre diferentes sin un centro dominante que ocupe el punto de universalidad es un proyecto que plantea un profundo cambio del Estado y de la sociedad, y probablemente se constituya en una alternativa adecuada para construir un proyecto de país con viabilidad histórica. Puesto que la interculturalidad no surgió como un planteamiento nacional, es necesario analizar si tiene referentes en el pensamiento boliviano y si puede ser comprendida y desarrollada en el país. En este sentido es necesario recordar que en la década del ochenta la Central Obrera Boliviana, especialmente el sector del magisterio —a través de la influencia del katarismo—, adoptó la interculturalidad como una bandera para la transformación cultural y educativa del país, lo cual dio lugar a las propuestas de Educación Intercultural Bilingüe. Por otra parte, es importante comprobar que en las cosmovisiones indígenas del país existe un referente importante para la interculturalidad, que Fernando Montes2 plantea de la siguiente manera: “Al igual que la pareja andina, los ayllus y comunidades están divididas —incluso hasta la actualidad— en dos mitades: hanan o alax (alta, simbólicamente masculina) y hurin o manqha (baja, simbólicamente femenina), lo que plantearía el problema de opuestos antagónicos que constituyen una sola entidad contradictoria.” Montes señala que “La solución es el tinku, un periódico combate ritual entre las dos mitades de la comunidad, que asegura su paradójica unidad. Disyunción y conjunción al mismo tiempo, tinku significa ‘venir a la batalla los ejércitos’, ‘encontrarse los bandos contrarios para la pelea’; pero también ‘igualarse, concordar’, ‘encuentro entre personas o cosas’, ‘confluencia de dos ríos’ y ‘unión sexual prematrimonial’ (…) Al aceptarse la contradicción interna, ambos términos opuestos pueden coexistir antagónicamente, sin que ninguno de ellos se vea en la necesidad de anular o avasallar al otro.” Es claro que esta dualidad complementaria es más un ideal que una realidad concreta, puesto que en el mundo andino lo masculino tiene siempre clara preeminencia sobre lo femenino. Sin embargo, si es posible concebir la convivencia de opuestos y si su existencia como entidades distintas y contrapuestas es fundamental para la realización de la unidad familiar y social andina, entonces es dable pensar que el concepto de interculturalidad es fundamentalmente afín a la cosmovisión andina, al menos aymara.

Montes, 2006.

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Simón Yampara,3 sociólogo aymara, plantea la interculturalidad en términos parecidos: “Interculturalidad, para nosotros, quiere decir concertar / dialogar entre los distintos modos de ‘saber hacer’, los conocimientos y la sabiduría de los diversos pueblos en condiciones de equidad, respetando los derechos constituidos y la cultura. Es decir compartir, complementar, intercambiar y reciprocar saberes y valores de los pueblos, a través de procesos, de t’inqhus periódicos y continuos, respetando la identidad y dignidad de los pueblos. Por tanto no es integrar, ni seguir el proceso social de la mestización, que en el fondo es la hibridación de la cultura y la identidad de los pueblos, bajo las supuestas fuerzas de la globalización, los sistemas liberales del mercado y del capitalismo.” Esteban Ticona plantea la interculturalidad como el encuentro y diálogo de culturas y cosmovisiones en condiciones de equidad, respeto y convivencia, lo que no está exento de tensiones y conflictos.4 Por su parte, Sarela Paz5 sostiene que puesto que son factores seculares los que han estructurado la relación entre diferentes en términos de un sistema de dominación, una lectura de la interculturalidad que pone énfasis en la temática de actitudes no tiene una visión clara sobre el rol que juega el conflicto y el poder en la constitución de relaciones entre diferentes. Por ello, a la par que la comprensión de la interculturalidad no puede desentenderse del conflicto y de las relaciones de poder, tampoco puede ser solamente comprendida desde una lectura de la identidad, sino también desde la diferencia. Para Fernando Mayorga “frente a la política de la identidad que convierte la diferencia cultural y étnica en oposición y exclusión es necesario promover la interculturalidad que permite la convivencia y complementariedad”,6 y propone la idea de “nación plural” o intercultural como comunidad de ciudadanos, lo que implica una institucionalidad estatal que proteja los derechos ciudadanos por igual, recuperando el proceso de formación de la nación boliviana y su diversidad étnica y cultural. Carlos Hugo Laruta7 cree que una sociedad pluralista (intercultural) no es simplemente tolerante, sino que —lejos de promover las diferencias— afirma como valor propio y riqueza la diversidad y el disenso, admite en su seno a los distintos, reconoce que lo diverso es valioso y que el disenso es la base de la democracia, considerando que ésta no busca ni el consenso pleno ni el conflicto abierto, sino disensos regulados.

Yampara, 2001.

Ticona, 2006.

Paz, 2006.

Mayorga, 2007.

Laruta, 2006.

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Para Luis Tapia “La clave de la democracia está en organizarse de tal modo que nadie pueda ocupar el punto de universalidad como encarnación, esto es, evitar que alguien represente al todo o a todos. Una solución política consiste en el poder compartido”;8 cabe imaginar que esa necesidad de construcción de poder compartido puede ser satisfecha a través de la interculturalidad. Es posible asumir, entonces, que esta conceptualización de interculturalidad no es ajena a la concepción indígena andina de las relaciones entre grupos culturalmente distintos, al pensamiento social boliviano, ni a las posibilidades concretas de formularla en el país. Es necesario preguntarse en qué situación se encuentra Bolivia respecto a la posibilidad de construir interculturalidad. Para ello se deben considerar los elementos que hacen a la interculturalidad en el plano más básico: el conocimiento del otro y el relacionamiento entre diferentes en un marco de tolerancia, comprendida ésta como la no interferencia en los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás. Si se encara este examen con honestidad y franqueza se advierte que la ignorancia, intolerancia y discriminación son las que signan la vida cotidiana en el país. Ignorancia porque los distintos pueblos y sectores que lo conforman conocen muy poco sobre los demás; intolerancia creciente con quienes son distintos, viven o piensan de manera diferente, existen numerosos y dolorosos ejemplos recientes de ello; y discriminación tan antigua y tan transitada que ha llegado a naturalizarse, a considerarse como parte del orden natural de las cosas. Sin embargo, y pese a esta dramática realidad, Bolivia ha avanzado en algunos ámbitos construyendo interculturalidad; lo evidencia la convivencia pacífica entre pueblos y grupos sociales distintos en algunas localidades de tierras bajas, la articulación de la democracia representativa basada en el ciudadano individual con las formas organizativas tradicionales indígenas en ciertos distritos indígenas, las prácticas festivas en las que interactúan distintos grupos, el sincretismo religioso, la comida mestiza, etc. Es claro que la existencia de relaciones interculturales en esos pocos ámbitos no es suficiente porque se corre el riesgo de folklorizar la interculturalidad, de despojarla de su contenido profundamente transformador. Es necesario atender al desarrollo de la interculturalidad en los espacios “más duros”, en lo social, en lo político y en lo económico; advertir esta necesidad permite avizorar el largo y complejo camino que es necesario recorrer. La construcción de interculturalidad, tal como se ha planteado, como interacción equitativa entre el conjunto de diversas prácticas sociales, económicas, políticas y culturales de distintos sujetos sociales, sin un centro dominante que ocupe el punto de universalidad, es, de alguna

Tapia, 2002.

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manera, una utopía. Pero utopía no debe entenderse en el sentido de que resulte inalcanzable, sino como aquel bien que estando lejos en términos de la dificultad de acceder a él, impulsa a avanzar con la finalidad de llegar a concretarlo. El desarrollo de una propuesta intercultural plantea una serie de interrogantes y desafíos en términos de la organización política institucional, económica, social y cultural, que hacen la tarea muy compleja, no sólo porque se trata de transformar las relaciones de poder, sino porque supone articular visiones y prácticas distintas, y ello, en algunos casos, significa lidiar con valores de signos contrarios. La complejidad de la tarea de construcción de interculturalidad no debiera conducir a desistir del esfuerzo; por el contrario, debiera obligar al planteamiento de una estrategia seria que permita alcanzarla. Aquí algunos ejemplos que ilustran los pasos que es necesario dar para realizar esta tarea: En cuanto a la ciudadanía, es necesario avanzar en la construcción de ciudadanía intercultural, lo que implica el reconocimiento de los derechos individuales tanto como de los derechos colectivos o comunales, sin que unos de éstos se superpongan al otro tipo de derechos. Esto supone construcción efectiva de igualdad, más allá de lo declarativo. En el campo legal, es necesario articular las normas existentes con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas, sin perder de vista que la “justicia comunitaria” puede, en algunos casos, entrañar prácticas violatorias de los derechos humanos, que no pueden ser aceptadas, como es el caso de los castigos corporales y de la pena de muerte. En el campo de las políticas y normas de participación social, el reto es introducir pluralismo, renunciando a establecer un centro dominante. En el ámbito educativo, es fundamental encarar no sólo la educación bilingüe de doble vía: enseñanza para todos de la lengua materna como primera lengua y de la otra, sea castellano o el idioma nativo de la región, como segunda lengua; sino también desarrollar un enfoque intercultural —que no implique una centralidad universalizadora de una única visión— en los contenidos y prácticas educativas y en la organización institucional del Sistema Educativo Nacional. En el campo epistemológico en general, con consecuencias en el educativo, la tarea sería, pues, abrir el conocimiento a la pluralidad: construir un nuevo punto de irradiación o una nueva universalidad pluralista a partir de los distintas maneras de conocer y aprehender la realidad, de las diversas formas de producir conocimiento. En el área de la salud, es necesario considerar tanto la medicina occidental como la de las culturas nativas, que parte de una concepción integral de la persona. Recuperar la medicina

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tradicional incluyendo las prácticas más connotadas, como las kallawaya con sus amplios conocimientos de herbolaria, y otras distintas: atención del parto, cuidados del recién nacido, etc. que permitirían que los servicios de salud no resulten ajenos y amenazantes para la población indígena. Es fundamental lograr que las demandas de distintos colectivos, como es el caso de las mujeres, sean reconocidas, evitando resulten subsumidas en una concepción social comunitarista, en la que el chacha warmi como complementariedad armónica es más bien un ideal que se contrapone con la realidad concreta de las mujeres indígenas y no indígenas que sufren la subordinación de género y la constante violación de sus derechos individuales.9 En el ámbito económico, la tarea es la articulación de prácticas correspondientes a distintas lógicas productivas: estatal, privada comunal e individual, sin privilegiar a unos sectores sobre otros y buscando el interés general. Es largo y complejo el camino para construir un país intercultural, en primer lugar porque implica una transformación de las relaciones de poder y esto no es poca cosa. Pero también lo es porque para lograrlo es necesario evitar la reproducción de la lógica de exclusión y discriminación que persiste en el país. Es necesario abrirse a los otros, hacer el esfuerzo de entender otras lógicas, otras visiones, renunciar a estar siempre entre los mismos, a hablar un sólo lenguaje, dejar de percibir la diferencia como amenaza. En suma, se trata de construir una genuina comunidad de diferentes, comunidad que no ha existido nunca en el país, pero que es la única posibilidad de construir una comunidad: intercultural pluralista y equitativa.

CPM “Gregoria Apaza”, 2007.

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