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RAÚL RUIZ

En juicios de adopción de menor de edad por pareja homoparental, los jueces de oralidad de la materia familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX),encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, no resuelven a partir de la condición de los solicitantes, sino de las pruebas y periciales que se les exhiban, y, en caso de que el fallo no sea favorable es siempre enbeneficiodel niñoo laniñaquesepretendíaadoptar, así lo manifestó la jueza 10 Familiar de Proceso Oral, María Elena Ramírez Sánchez, quien subrayó la objetividad con la que los impartidores de justicia analizan estos casos en la que no se restringen los derechos de los solicitantes, acorde a los criterios de no discriminación plasmados en el artículo primero constitucional y los jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Recordó que la adopción es un acto jurídico por medio del cual el juzgador de la materia familiar establece de manera irrevocable una filiación entre adoptantes y adoptado, con todos los efectos de un parentesco consanguíneo, y abundó que, a partir de la reforma legislativa del 2009 a nivel local que permitióel matrimonio entre personas del mismo sexo, más adelante se abrió paso a la adopción a cargo de una pareja homoparental.

Ramírez Sánchez explicó que estos juiciossedesahoganpormediodelosjueces orales de la materia familiar del órgano judicial capitalino,los cuales tardan entre dos y tres meses,en aquellos casos en los que hay el consentimiento de la madre o elpadredel menorde edad que se pretende dar en adopción; y en los casos en los queelniñoolaniñaestéacargodeunainstitución, precisó, el juicio puede que tarde más debido a que se añaden trámites de carácter administrativo.

Recordó que,entre los requisitos que deben cubrir quienes pretenden adoptar están:que un miembro de la pareja tenga al menos 25 años; tener los adoptantes una diferencia de edad con el menor de 17 años como mínimo, expresar los motivos por los cuales quieren adoptar, exhibir certificado de salud,probar que se cuenta con medios económicos suficientes para solventar las necesidades deladoptado,asícomo medios de prueba que acrediten solvencia moral y estabilidad emocional, entre otros.

Se trata de un proceso,detalló la impartidora de justicia, en el que interviene el Ministerio Público y en el que incluso se le toma opinión, a través de una entrevista a cargodel juez del caso al menor de edad a adoptar, si este cuenta ya con capacidad para comunicarse. Precisó que, en el caso de niños o niñas de 12 años de edad en adelante,su opinión es vinculante.

Asimismo,abundó, durante el desahogo de pruebas se recaba el consentimiento del padre o la madre que da a su hijo o hija en adopción,a fin de verificar que se trata de un acto libre en el que no hay coacción, y en el que el juez se cerciora de que se está enterado de las consecuencias jurídicas que conlleva ese acto, como el de la irrevocabilidad, ramírez Sánchez comentó que los jueces también ponderan testimoniales como cartas de recomendación, certificado de antecedentes no penales,la no inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, entre otros.

"Todos aquellos medios que permitan al juzgador valerse y comprobar que es altamente probable que esas personas pueden ser aptas para adoptar,y la idoneidad es un requisito que establece nuestro código", subrayó.

AlejandroArmenta denunciaamenazasdesde teléfonoqueseríadela presidentadelaSCJN

El senador Alejandro Armenta denunció ante el Pleno de la Comisión Permanente que recibió una serie de mensajes de un número telefónico, que presuntamente corresponde a la presidenta de la SupremaCortede Justiciade laNación (SCJN), con la probable intención de presionarlo, intimidarlo o, incluso, que pretenden amenazarlo por su desempeño como legislador federal.

Informó a la Asamblea que,como presidente del Senado de la República,envió una carta a la presidenta de la SCJN,Norma Lucía Piña Hernández, para solicitarte que verifique los hechos que tuvieron lugar el pasado 16 de mayo,toda vez que FranciscoTapia -quien se acreditó como asesor de la ministra-, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre el senador y la titular de la Corte.

Armenta relató que alrededor de las ocho de la noche de ayer, su secretaria le proporcionó el número telefónico del senador a quien se presentó como asesor de la ministra.

Actoseguido,continuóel legislador,alrededor de las nueve de la noche,recibió una serie demensajes,presuntamente delnúmero telefónico de la presidenta de la SCJN, "con la muy probable intención de presionar,de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito,por mi desempeño como legislador federal;contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna".

Por lo anterior,y bajo protesta de decir verdad, Armenta solicitó el invaluable apoyo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,para que se puedan clarificar formalmente los hechos narrados.

"Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público".

El senador expuso al Pleno que informa de estos hechos, porque tiene la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo; "y en esa inviolabilidad también me incluyo yo".

Posteriormente, Alejandro Armenta aclaró que solicitó por escrito que se aclaren los hechos,y de ser ciertos se tendrá que proceder legalmente; pero de no ser ciertos se tendrá que investigar para deslindar la responsabilidad que corresponde.