Sr. D. Albert Rivera Presidente Ciudadanos Calle de Alcalá, 253 28027, Madrid Madrid, 7 de septiembre de 2017 Estimado Sr. Rivera: Como usted conoce, uno de los mayores retos y, a la vez, oportunidad económica a la que se enfrenta España es la progresiva descarbonización de nuestra economía. En esa tarea las energías renovables están llamadas a desempeñar un papel fundamental, y España cuenta con la ventaja no solo de disponer de abundantes recursos naturales, sino también de los recursos humanos, tecnológicos y empresariales para soportar esa tarea. Son conocidas las enormes dificultades que la reforma eléctrica han provocado a las empresas e inversores renovables en España, así como los aún sin resolver importantes problemas de credibilidad regulatoria a nivel internacional. Sin embargo, no es el objetivo de esta carta mirar hacia atrás, pero sí solicitar su colaboración y la de su grupo parlamentario para evitar que esta situación empeore. En concreto, los agentes del sector eléctrico estamos enormemente preocupados por la incertidumbre creciente sobre la revisión de la llamada tasa de rentabilidad “razonable” para la producción de energía eléctrica con régimen retributivo específico para las energías renovables al final del primer periodo regulatorio en 2019. Recientemente el Ministro sectorial, Álvaro Nadal, veladamente ha indicado que tal revisión está prevista por su departamento y, además, mediante la tramitación de una mera orden ministerial. Con independencia de la inadecuación de tal hipotética acción a lo que marca la actual Ley del Sector Eléctrico, estas afirmaciones están generando una enorme preocupación en todo el sector renovable. Tal eventualidad tendría, otra vez, efectos negativos muy importantes para los miles de inversores y empresas que, desde finales de la década de los 90, invirtieron importantes cantidades de recursos económicos y financieros para desarrollar los activos renovables existentes a día de hoy. Para dichos inversores, un nuevo recorte de la rentabilidad razonable, reduciendo la que de modo unilateral e imprevisible se aplicó expost con el Real Decreto-Ley 9/2013, supondría enfrentarse a nuevas pérdidas de valor, nuevos problemas para hacer frente al servicio de la deuda y, de nuevo, posibles cierres de plantas y destrucción de empleo. En definitiva, se generaría un nuevo recorte sobre el recorte inicial, una nueva quita adicional a la ya sufrida. Sería, además, la segunda vez en la década en la que se modificaría tal valor, lo cual afectaría a la percepción del inversor sobre la
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certidumbre regulatoria de España, ya de por sí mermada por el recorte inicial, e implicaría nuevas demandas que conllevarían arbitrajes internacionales. Todos los actores del sector, firmantes de esta carta, consideramos que mantener a miles de inversores y empresas pendientes de decisiones trascendentales, que sólo les puede provocar daños adicionales a los ya sufridos, es un mal mensaje, más aún si esos perjuicios lo sufren los agentes que apostaron por innovar y crear una industria que, años después, tan buenos resultados está dando a España. Paradójicamente, en la reforma eléctrica los inversores que han sufrido, y lo siguen haciendo, son los que han apostado por invertir a largo plazo en España, en vez de centrarse en operaciones especulativas. Y cuando invirtieron, lo hicieron en base a una regulación que proporcionaba una rentabilidad conocida para toda la vida del proyecto, al igual que hicieron los bancos que aportaron la financiación de los proyectos. Ante esta gran preocupación, nos dirigimos a usted para solicitarle una reunión personal en la que, de modo conjunto, todo el sector pueda poner en su conocimiento de primera mano esta problemática. Mantenemos una relación fluida y una coordinación sobre este asunto con su equipo parlamentario liderado por Melisa Rodríguez, si bien pensamos que en esta ocasión la gravedad de la situación justifica esta petición de reunión. Conocemos y compartimos su preocupación por la estabilidad regulatoria de nuestro país, por la imagen de España como un país serio y creíble, y por la necesidad de construir un modelo de actividad económica de futuro, sostenible y de alto valor añadido. En nuestra posición de inversores de largo plazo, impulsores de la creación de empleo e inversión en España, apelamos a esa preocupación para transmitirle esta solicitud. A la espera de su respuesta, le remitimos un cordial saludo. Atentamente,
Rocío Sicre Presidente AEE
José Miguel Villarig Presidente APPA
Miguel Ángel Martínez-Aroca Presidente ANPIER
Luis Crespo Presidente PROTERMOSOLAR
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Jorge Barredo Presidente UNEF