DOCUMENTO ORIGINAL -Requerimiento del Gobierno de España a Carles Puigdemont Casamajó

ESPAÑA, 1.° DE OCTUBRE DE 1936 Por LUIS FERNANDO CRESPO MONTES

SUMARIO I. ¿UNA COINCIDENCIA CASUAL O INTENCIONADA?—II. UNA SESIÓN DEL CONGRESO A FECHA

FIJA.—III. EL PRIMERO DE OCTUBRE EN MADRID...: a) Los trámites parlamentarios ordina-

rios, b) Discurso institucional del Presidente de las Cortes, c) Declaración ministerial del Presidente del Consejo de Ministros, d) Intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios, e) Una proposición de apoyo al Gobierno, f) Cierre de la sesión y valoración posterior.—IV ...Y EN BURGOS: a) Palabras del Presidente de la Junta de Defensa Nacional, b) Palabras del Jefe del Gobierno y Generalísimo de los Ejércitos.—V. ALGUNOS COMENTA RÍOS FINALES.

I.

¿UNA COINCIDENCIA CASUAL O INTENCIONADA?

Durante muchos años el 1.° de octubre tuvo un significado muy concreto en España. Ese día se conmemoraba el aniversario de la exaltación del general Franco a la Jefatura del Estado.

También durante largo tiempo sólo ha existido una Historia de España, la oficial, la que habían decretado los que vencieron en la guerra civil. Todo lo que sabíamos de ella se había escrito desde la perspectiva de quienes se sublevaron en julio de 1936 contra la II República y sus instituciones democráticas. Al menos así fue hasta bien entrada la década de los setenta. Lo que se había escrito sobre la contienda desde la otra ribera dolorosa de ese sangriento río —como dice Andrés Trapiello—, se mantenía oculto por fuertes prohibiciones o restricciones.

Por eso, quienes terminamos el bachillerato en los años cincuenta poco acceso podíamos tener a otras fuentes sobre la guerra civil que no fueran las preparadas y ofrecidas por los vencedores.

En cambio estábamos bastante familiarizados con fotografías que recogen diversas instantáneas del acto celebrado en Burgos ese 1.° de octubre de 1936. Por ejemplo, la del general Cabanellas, con su cuidada barba blanca, leyendo unas cuartillas delante del general Franco, que aparecía bastante rígido, situado de pie, 231 Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 102. Octubre-Diciembre 1998

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firmes, delante de un pretencioso sillón y con un inmenso tapiz como telón de fondo, en el salón principal de la Capitanía General. O la que retrata el paso de una comitiva por una calle de la ciudad burgalesa después del acto, en la que se ve a Franco satisfecho mirando al suelo, al teniente general Calvacanti preocupado, y al general Mola mirando hacia atrás, mientras grita algo o a alguien.

Pero el 1.° de octubre de 1936 también hubo importantes acontecimientos oficiales en la otra España. Francisco Largo Caballero, Presidente del Consejo de Ministros, presentaba el Gobierno del Frente Popular que había formado los primeros días del mes de septiembre, ante el Congreso de los Diputados. Sobre este acto concreto poco se ha escrito hasta el momento. Tampoco se han difundido muchos testimonios gráficos, al margen de dos o tres fotografías del hemiciclo que en aquel momento se publicaron en algunos diarios madrileños.

Que el mismo día en dos ciudades distintas, a doscientos treinta kilómetros de distancia la una de la otra, se celebraran sendos actos oficiales de parecida intencionalidad política, protagonizados por los personajes que estaban al frente del legítimo Gobierno de la II República y del Gobierno defacto de un nuevo Estado, no es algo que debió ocurrir por mero azar.

Resulta difícil admitir que se debiera a una simple casualidad que en el mismo día, en una y otra España, uno y otro bando organizaran actos de innegable trascendencia política e institucional. Por ello sería conveniente buscar alguna pista para averiguar dónde surgió la iniciativa y, consecuentemente, quien montó la réplica.

Asimismo, el contexto nacional e internacional existente en el verano y principio de aquel otoño de 1936, también puede servir para explicar el alcance real de este acto de inequívoca afirmación republicana. El desarrollo de esta sesión parlamentaria, con muchos bancos vacíos por la lógica e inevitable ausencia de los diputados de la derecha (CEDA; Acción Española; radicales de Lerroux) y otros pertenecientes a miembros de los partidos republicanos y de izquierdas que estaban luchando en el frente de batalla, puede servir para ofrecer algunas claves políticas de lo que estaba sucediendo.

No sería arriesgado aventurar que con la organización a posteriori del otro acto en el mismo día, también se pudiera pretender alguna finalidad implícita, lo que no resulta infrecuente en cualquier celebración paralela. Como la de contrarrestar o equilibrar el eco informativo que, dentro y fuera de España, tuviera el otro acontecimiento.

El presente trabajo no tiene más pretensión que la de rescatar del olvido la comparecencia institucional de Largo Caballero ante el Congreso de los Diputados, el día 1 de octubre de 1936. Y destacar su sobria funcionalidad respecto de la parafernalia propia de una exaltación personal que duró casi cuarenta años.

Es, pues, digámoslo claramente, un intento de compensar la en principio atosigante y más tarde rutinaria conmemoración que siempre precedía al inicio del curso escolar, en aquellos años de nuestra infancia y adolescencia. Pero también como un recuerdo sereno y maduro, y ya distante, de aquellos españoles que a pesar de sus errores y de las políticas inciertas y arriesgadas que a veces protagonizaron, perma232

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necieron leales a las instituciones democráticas por las que se regía nuestro país desde la Constitución de 1931. Aunque esa lealtad, en algunos casos, fuera puramente estratégica para alcanzar más tarde otros objetivos ideológicos y partidarios, menos democráticos.

Después de más de doce lustros de aquellos acontecimientos, de aquel 1.° de octubre de 1936, no está de más resaltar aquel gesto de normalidad institucional por parte de los legítimos poderes de la República, situando en un segundo plano (aunque no quepa olvidar) otras circunstancias y hechos que ennegrecieron nuestro país durante aquel decenio.

La actual normalidad constitucional y el inherente conjunto de libertades públicas nos permite recuperar aquel 1." de octubre madrileño, sin necesidad de tener que rendir tributo obligado a sectarismos impuestos por ambos bandos o teniendo que acudir prescriptivamente a los tópicos y eslóganes producto de la intolerancia y de la necesidad bélica de vencer a quienes se encontraban en la otra ribera dolorosa. O, lo que es peor, para continuar manteniendo de manera tan patética como inmisericorde que la razón, la razón absoluta, estaba en una sola parte.

II.

UNA SESIÓN DEL CONGRESO A FECHA FIJA

En la Gaceta de Madrid del día 5 de septiembre de 1936 aparecieron los decretos de la dimisión del Presidente del Consejo de Ministros, José Giral Pereira, y su Gobierno, y al mismo tiempo los de nombramiento de Francisco Largo Caballero y su equipo ministerial, compuesto por tres socialistas de izquierda y otros tantos moderados, dos ministros del Partido Comunista, dos de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana y otro de Esquerra Republicana. Y en las Gacetas de Madrid de los días 16 y 26 de septiembre, aparecieron, respectivamente, los de nombramiento de otros dos ministros: uno perteneneciente a Unión Republicana y el otro al Partido Nacionalista Vasco.

De esta manera se cerraba la crisis de Gobierno abierta por la inducida, previsible y esperada dimisión de Giral. La ineficacia del Gobierno constituido a dos días de la sublevación para hacer frente a la misma, y la necesidad de ordenar la dirección política y militar de todas las fuerzas populares que combatían a los rebeldes ante su decidido avance hacia Madrid (el 30 de agosto habían ocupado Oropesa y marchaban hacia Talavera de la Reina) (1), fueron, entre otras, las causas principales de (1) M. TUÑÓN DE LAKA en su obra La España del siglo XX (3). La guerra civil. Editorial Laia, Barcelona, 1974, comenta: «Se hacía indispensable un Gobierno representativo de las fuerzas que estaban al lado republicano con objeto de dotar de coherencia el esfuerzo bélico. Giral comprendió la realidad de los hechos, y Azaña cedió a la fórmula de "Gobierno de Frente Popular", que en el fondo no le satisfacía.

Largo Caballero y Prieto habían insistido con el Presidente de la República sobre la necesidad del cambio.

Lo que pensaba Prieto era más bien una reorganización del mismo Gobierno con entrada de ministros socialistas, pero Largo Caballero fue más imperativo y reclamó el Poder. También exigió que participaran

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la crisis. Ésta se cerró con la formación de un nuevo Gobierno con representantes de los partidos obreros y de los nacionalistas vascos, y el mantenimiento de los republicanos, aunque en minoría.

Como veremos más adelante, el principal objetivo de Largo Caballero era el de ganar la guerra (al suyo se le llamó, precisamente, el «Gobierno de la victoria»), para lo cual consideraba imprescindible la transformación de las milicias en Ejército popular; en definitiva, un ejército organizado con base en la jerarquía y la disciplina militar. Lo que no planteaba problema alguno para los comunistas, pero era difícilmente asumible, en principio, por los anarquistas, debido a obvias razones ideológicas. Fueron éstos los que, al principio, hablaron de la doblez de la consigna de moda: antes que todo, ganar la guerra. Más tarde, en el mes de noviembre, la realidad se impuso y representantes de la CNT terminaron por entrar también en el Gobierno de Largo Caballero (2).

Volvamos, pues, a los primeros días de septiembre de 1936 con el nuevo Gobierno recién constituido. Gobierno que por imperativo constitucional debía obtener la confianza de la Cámara, como corresponde a un sistema parlamentario en el que el Ejecutivo debe contar con el correspondiente apoyo del Legislativo, que es el Poder donde radica la representación directa del pueblo. A través de esta confianza que de una u otra forma han de otorgar los parlamentos a los gobiernos, es como éstos obtienen la legitimidad que en los regímenes democráticos resulta indispensable para el ejercicio del poder.

Las Cortes no estaban reunidas en aquel momento. Las sesiones de aquella Legislatura se habían iniciado el 16 de marzo de 1936 y el período terminó el siguiente 10 de julio (3). Pero existía una previsión establecida en la propia Constitución de 1931 sobre la convocatoria automática de cada período de sesiones. Según lo dispuesto en el artículo 58, las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de febrero y octubre de cada año (4). en él los comunistas, que, al principio, no se mostraron partidarios de ello para no favorecer las campañas internacionales tachando de "rojo" al Gobierno republicano. Mas como Largo Caballero insistiera, los comunistas terminaron por aceptar.»

(2) Con anterioridad, el 28 de septiembre, tres anarcosindicalistas ya se habían incorporado al Gobierno de la Generalitat presidido por Josep Tarradellas.

(3) Entre esta fecha y la de 1 ° de octubre la Diputación Permanente se reunió en dos ocasiones: el 15 de julio para tratar del asesinato del diputado Calvo Sotelo, y el 15 de agosto para quedar enterada de un Decreto por el que se suspendían sine die las sesiones de las Cortes; para debatir una comunicación del Gobierno por la que se prorrogaba durante treinta días el estado de alarma; y también para conocer las gestiones realizadas por el Vicepresidente de la Cámara ante el Gobierno sobre las detenciones de algunos diputados «con ocasión y motivo de los sucesos que se han producido en España».

(4) Es bastante usual en la historia de nuestro constitucionalismo que este extremo, el del inicio de las sesiones de las Cortes, se determine expresamente en la Constitución. Así sucedía en la de 1812 (art.

106: Las sesiones de las Cortes en cada año durarán tres meses consecutivos, dando principio el día 1 del mes de marzo); en la de 1837 (art. 27: Si el Rey dejase de reunir algún año las Cortes antes de 1 de diciembre, se juntarán precisamente en este día); de 1869 (art. 43: Las Cortes estarán reunidas a lo menos cuatro meses cada año... El Rey las convocará, a más tardar, para el día 1 de febrero); y la vigente de

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Quiérese decir que por imperativo constitucional, el 1.° de octubre de 1936 tenía que celebrarse una sesión ordinaria del Congreso de los Diputados. Y precisamente había de ser esa sesión ordinaria, es decir, la primera que tuviera lugar después de la constitución del nuevo Gobierno, en la que Largo Caballero debería hacer la presentación del mismo ante las Cortes para obtener su confianza. Y así lo hizo.

No debemos olvidar la obsesión de algunos dirigentes republicanos, desde los de los partidos burgueses al socialismo moderado e incluso de los propios comunistas, de mantener rigurosamente la legalidad vigente y, por lo tanto, el funcionamiento institucional de los poderes del Estado. Desde esta perspectiva, y a pesar de la personalidad y biografía de quien asumía la Presidencia del Consejo de Ministros —llamado «el Lenin español»—, no puede decirse que el Gobierno constituido en septiembre del 36, y ampliado en el mes de noviembre con cuatro ministros pertenecientes a la CNT, fuese un Gobierno revolucionario en el sentido literal y usual que tenía esta expresión en aquellos años. No había duda. El primer objetivo del Gobierno de la República era ganar la guerra; y la revolución para después de la victoria (5). Para ello el propio Largo Caballero también asumía el cargo de ministro de la Guerra.

No cabe pensar que la reanudación a fecha fija de las sesiones de las Cortes, ya que éstas se encontraban en período vacacional, fuese determinante para resolver deprisa la crisis que hacía semanas se cernía sobre el Gobierno de Giral, como consecuencia de los fracasos militares de las fuerzas profesionales y milicianas agrupadas en torno a la bandera de la República. Y contrarrestar la sensación añadida de que el Gobierno republicano había sido desbordado por las organizaciones obreras, lo que tenía su innegable repercusión negativa en la actitud de las democracias occidentales.

Parecía como si el Estado republicano se hubiera desmoronado como un castillo de naipes desde lo sucedido durante los días 17 a 20 de julio. Pero lógicamente el dato de la apertura de sesiones a fecha fija también pudo haberse tenido en cuenta.

En cualquier caso, hubiese resultado bastante problemática y difícil la comparecencia de Giral y su Gobierno, formado exclusivamente por republicanos, ante la inevitable sesión parlamentaria del 1.° de octubre. ¿Qué explicación hubiesen podido dar de las derrotas de Badajoz, Cáceres, Oropesa, Maqueda, Talavera, Irún... y de la arrolladura llegada de las fuerzas sublevadas hasta la puerta de Madrid?

No obstante, aun siendo importante este dato, no se le debe atribuir relevancia decisiva para acelerar la formación de un nuevo Gobierno mediante los pactos del líder sindical llamado a formar Gobierno con el ala moderada del propio PSOE, con el Partido Comunista y con las fuerzas republicanas.

1978 (art. 73: Las Cámaras se reunirán ordinariamente en dos períodos anuales de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio).

(5) Lo que no quita para que haya testimonios (Luis Araquistáin, Clara Campoamor, Fernando Claudín) que avalan la versión de que el propio Largo Caballero durante el mes de agosto de 1936 manejó la posibilidad de formar un gobierno exclusivamente obrero e instaurar la dictadura del proletariado. En este sentido, ver el capítulo 11 de La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución, de BURNETT BOLLOTEN, editado por Alianza Editorial en 1989.

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En cambio lo que sí debió pesar tanto en el ánimo de Azaña como en el del propio Largo Caballero para dar una rápida salida a la inestabilidad gubernamental, fueron los inconvenientes de los insistentes rumores de crisis que podían derivarse para la marcha de la guerra. Principalmente en lo relativo a la moral de quienes combatían del lado republicano en los distintos frentes.

Y esta premura se desprende en la misma secuencia, algo espaciada, con que se publicaron los decretos de nombramiento de los ministros en la Gaceta de Madrid.

Si bien el núcleo central del Gobierno del Frente Popular (socialistas, comunistas y republicanos) apareció el día 5 de septiembre, la crisis no quedó completamente cerrada hasta el día 26 de dicho mes con la incorporación de un nacionalista vasco como ministro sin cartera. O para ser más exactos, hasta los primeros días de noviembre con la incorporación de los cuatro ministros anarquistas.

III.

EL PRIMERO DE OCTUBRE EN MADRID...

Francisco Largo Caballero fue muy parco al describir la sesión del Congreso de 1." de octubre de 1936: «Se abrieron las Cortes, de las que el Gobierno recibU' '.,-.. aprobación y también se aprobó el Estatuto Vasco. Los comunistas pidieron que se hiciera todo lo posible para que en el Gobierno estuviese representada la Conferación Nacional del Trabajo y así lo prometí. Entre vivas y aclamaciones se suspendieron las sesiones de Cortes» (6). Y nada más. ¿Cómo fue en realidad aquella sesión de las Cortes republicanas? ¿Quiénes hablaron? ¿Qué dijeron? En definitiva, ¿cuál fue el orden del día?

Vaya por delante que fue una sesión que sólo duró una hora y veinte minutos (desde las diez y cinco a las once y veinticinco, según el extracto oficial). Y que a pesar de su brevedad dio tiempo suficiente para el conocimiento de diversos asuntos de trámite parlamentario; para un discurso institucional del Presidente de la Cámara, Diego Martínez Barrio; para la declaración ministerial del Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero, que no se prolongó mucho más de cinco minutos; para que, en relación con la misma, interviniesen seis diputados representantes de otros tantos grupos parlamentarios, y uno más a título personal; para la lectura y aprobación de una proposición presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara; y, por último, para la aprobación de cuatro dictámenes de Comisiones y de otra proposición sobre la suspensión de las sesiones hasta el próximo 1.° de diciembre.

Fue una sesión que si no hubiera sido por la situación de guerra por la que ya atravesaba el país, podría afirmarse que respondía a los esquemas normales de la mejor rutina parlamentaria.

(6) F. LARGO CABALLERO: Mis recuerdos, Ediciones Unidas, S.A, México, 1976. Pero incurre en un error: no fueron los comunistas quienes formularon expresamente la petición en aquella sesión, sino el representante del Partido Sindicalista, Ángel Pestaña.

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Esto no fue obstáculo para se produjeran algunos momentos de intensa emotividad: por ejemplo, cuando el Presidente y toda la Cámara se puso en pie a modo de «saludo a las Fuerzas de mar y tierra que luchaban en los frentes y a las heroicas milicias que en representación del pueblo español se habían levantado en armas para abatir el poder de los facciosos»; o cuando al terminar las intervenciones de ambos Presidentes, se dieron vítores a la República y los diputados, en pie, aclamaron al Gobierno; o, por último, cuando se aprobó el Estatuto del País Vasco y los diputados aplaudieron durante largo rato con gran entusiasmo (así se hace constar en el extracto oficial), y vitorearon a los representantes vascos. Pero quitando estos instantes de mayor tensión emocional, la sesión se desarrolló dentro de las más estrictas pautas de serenidad parlamentaria.

a) Los trámites parlamentarios ordinarios Se inició, como entonces era costumbre, con la aprobación del acta de la sesión anterior y el anuncio de que se insertarían en el Diario de Sesiones diversas comunicaciones ministeriales que contestaban a ruegos que habían formulado algunos diputados.

A continuación el Congreso quedó enterado de algunas comunicaciones ministeriales recibidas desde la última sesión. Entre ellas cabe destacar, por ejemplo, las de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la dimisión de Santiago Casares Quiroga y su Gobierno; del nombramiento y dimisión de Diego Martínez Barrio y su Gobierno; del nombramiento y dimisión de José Giral Pcreira y su Gobierno; y del nombramiento de Francisco Largo Caballero y su Gobierno, que precisamente iba a hacer su presentación en aquella sesión.

También el Congreso quedó enterado del traslado de algunos decretos aprobados en Consejo de Ministros, entre los que cabría destacar aquellos que tenían relación directa con la guerra, como eran los de dos prórrogas de treinta días del estado de alarma en todo el territorio nacional y en las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla; de suspensión de algunos preceptos de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública para la contratación de obras, servicios y suministros perentorios y urgentes con destino a los Institutos Armados; o disponiendo la cesantía de todos los funcionarios que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen. También varios decretos por los que se daba de baja en el Ejército a los generales, jefes y oficiales que se habían sublevado contra la República; o los que declaraban zonas de guerra a los territorios de algunas provincias; o la creación de tribunales especiales (compuestos por tres funcionarios judiciales y catorce jurados) para juzgar los delitos de rebelión y sedición y contra la seguridad del Estado. Éstos entre otros decretos, porque si nos atenemos a la cantidad de disposiciones de carácter general aprobadas por el Gobierno de Giral de las que se dio cuenta al Congreso, y que aparecen relacionadas con todo detalle en el extracto oficial de 237

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aquella sesión, sacaríamos la impresión de que la Administración no estuvo ociosa durante aquellas seis semanas. Y que hubo una respuesta gubernamental, aunque fuera la respuesta mínima necesaria que se limitaba a lo reglamentario, impuesta por las consecuencias más inmediatas que se derivaron de la sublevación de mediados de julio. Es decir, el Gobierno no permaneció paralizado desde una perspectiva político-administrativa, sino que tomó las decisiones normativas que debía adoptar ante los acontecimientos que se desarrollaban en el país.

Lo que no quiere decir que a pesar de ello no diera la sensación de ir a la deriva, de haber quedado bloqueado por las iniciativas autónomas de las organizaciones sindicales del movimiento obrero. Y de haber perdido la capacidad de dirigir políticamente a quienes aún permanecían leales a la República, aunque algunos de ellos lo fueran con intensas contradicciones personales y evidentes propósitos implícitos, como podía ser el de realizar la revolución social; eso sí, por el momento dentro del marco constitucional.

Una vez más lo formal, lo que aparece en los boletines oficiales, no fue más que una conveniente apariencia, puede que la última, de que al menos el Gobierno de José Giral conservaba potestad para insertar decretos en la Gaceta de Madrid. En todo lo demás daba la impresión de que los ministros eran unos meros espectadores de lo que estaba sucediendo, incapaces de decidir más allá de los asuntos que fueran de ordinaria administración (7).

b) Discurso institucional del Presidente de las Cortes A continuación el Presidente del Congreso, Diego Martínez Barrio, inició su intervención institucional poniendo énfasis en el respeto a la Constitución: «... en cumplimiento del precepto constitucional acaba de reunirse la Cámara, terminada la vacación parlamentaria que el propio texto constitucional nos permite... está aquí reunida la representación legítima del pueblo español; está aquí, y con el solo hecho de su presencia prueba su inalterable fidelidad a la Constitución de la República...

Está aquí (el Gobierno) constitucionalmente. Pedirá la ratificación de confianza al Parlamento, que le es necesaria para que todos los poderes constitucionales funcionen regularmente...».

Como no podía ser menos, y para descalificar al menos indirectamente (aunque sin citarlo expresamente) el acto que se celebraba simultáneamente en la Capitanía General de Burgos, se refirió con insistencia a la legitimidad de aquella sesión parlamentaria para realzar su proyección interna y externa: «... está aquí reunida la (7) La impotencia del Gobierno para controlar la situación se hizo patente con los sucesos del 23 de agosto en la cárcel Modelo de Madrid, en los que murieron más de medio centenar de presos políticos.

Aquello fue un duro golpe no sólo para Giral sino también para el propio Presidente de la República, Manuel Azaña. Sobre esta cuestión son interesantes los comentarios de HUCH THOMAS en el capítulo 21 de La guerra civil en España, Grijalbo, 1976.

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representación legítima del pueblo español... quiero decir someramente que nosotros exhibimos ante el Mundo (con mayúscula en el extracto oficial), el título de nuestra legitimidad... la expresión legítima de la resolución que tiene el país de que el movimiento sedicioso sea vencido... somos la representación auténtica, legítima del pueblo español. El que se ratifique así dentro de las fronteras, es para nosotros un título de orgullo; el que vuelva a saberse fuera de las fronteras un derecho que exhibimos hoy ante los demás pueblos y que mañana podremos otorgar en condiciones análogas a los pueblos que pasen por nuestra misma pesadumbre».

También hizo una petición expresa de apoyo y confianza al Gobierno de Largo Caballero. Y en este sentido se refirió específicamente a los partidos republicanos, lo que no deja de ser inusual en la figura del Presidente de la Cámara, por la imparcialidad que debe mantener en el ejercicio de sus funciones y el apartidismo con que debe actuar; máxime cuando Martínez Barrio, precisamente, pertenecía a uno de ellos, a Unión Republicana.

«Un Gobierno se va a presentar ante vosotros. Oídle. Si merece vuestra confianza, otorgádsela... La mayoría de los partidos representados apoyan a ese Gobierno.

Vosotros, señores republicanos, tenéis una singular obligación de apoyarlo con vuestra confianza, no regateándosela en la más mínima parte. El hecho de que los partidos republicanos estén representados dentro del Gobierno, minoritariamente, os obliga más a la prestación de esa colaboración. Pensad todos que durante muchos meses, la política del Frente Popular fue interpretada exclusivamente por los partidos republicanos, y que las fuerzas sociales que tienen ahí su auténtica representación hubieron de colaborar con lealtad y con eficacia en la obra que los Gobiernos de la República realizaron. No os quedéis vosotros ni parcos ni remisos en el cumplimiento de esa misma lealtad y en esa idéntica colaboración. Ahora más que nunca, a los republicanos incumbe prestar una asistencia decidida, leal, constante al Gobierno para que su voz sea la que marque a todos y cada uno el cumplimiento de su deber» (8).

Por último, también tuvo palabras de repulsa contra la sublevación militar: «Nosotros aquí somos la firme condenación de ese movimiento sedicioso, el más feroz y cruel de los que registra la Historia de España, harto pródiga en movimientos de esta naturaleza.»

Fue un discurso breve, de circunstancias, escasamente retórico y que cumplió sobradamente con su finalidad institucional (al margen del posible exceso partidista antes apuntado): respeto a la Constitución vigente de 1931; petición de la confianza parlamentaria para el nuevo Gobierno; homenaje a los combatientes que luchaban contra la rebelión; y, por último, condena de la misma.

(8) No hay duda de que con la participación de los partidos republicanos o burgueses en el Gobierno de Largo Caballero, aunque fuese en carteras poco significativas o sin cartera alguna, se pretendía deshacer cualquier sensación de que en España se iba a imponer la revolución social y a implantar un Estado socialista o comunista.

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c) Declaración ministerial del Presidente del Consejo de Ministros Sin pausa alguna, tomó la palabra Francisco Largo Caballero. Su discurso —como ya se ha dicho— fue breve y conciso. Y así lo anunció nada más iniciarlo: «Señores diputados, vosotros, que me conocéis, sabéis lo parco que soy en palabras.

Por eso no ha de ser una novedad que yo os dé cuenta muy brevemente del origen y de los propósitos de este Gobierno.»

1.

Origen y composición del Gobierno

En cuanto al origen del Gobierno hizo una acertada síntesis de cómo se gestó la crisis gubernamental: «El Gobierno anterior creyó que era conveniente indicar al Sr. Presidente de la República la constitución de un Gobierno en el que hubiera representaciones de todos los partidos que luchan en el frente contra los facciosos. El Sr. Presidente de la República aceptó la indicación y tuve yo el honor de que me encargara la formación de ese Gobierno (9). Al hacerlo, yo sabía lo que para mí significaba y qué responsabilidades contraía. Por eso, desde el primer momento, tuve interés que en este Gobierno se hallasen representadas todas las fuerzas a que me he referido antes, y aquí están, como ven los Sres. Diputados, desde los nacionalistas vascos a los comunistas.»

Para completar esta visión tan resumida de la formación de aquel Gobierno, impuesta por el escenario parlamentario en el que se produjo, resulta conveniente concluir el relato de los hechos acudiendo a lo que ha contado el propio Largo Caballero en Mis recuerdos, en el capítulo titulado «En la Presidencia del Gobierno»: «Heme aquí llegado a una de las situaciones más difíciles de mi vida. ¿Qué hacer? ¿Negarme? Muchos motivos tenía para hacerlo; motivos que justificaría plenamente la negativa. Todavía manaban sangre las heridas que la Comisión Ejecutiva del Partido, especialmente Prieto, habían inferido a mi honradez política y societaria con sus campañas difamatorias en "El Socialista" —órgano central del Partido—, y en reuniones públicas importantes (10). Podía haber propuesto al Presidente la transferencia de poderes que me otorgaba a los que se habían erigido en directores del Partido Socialista, (9) SANTOS JULIA en Los socialistas en la política española 1872-1992, Taurus, 1996, comenta que «sin necesidad de consultas. Giral traspasó, con el acuerdo de Azaña, la presidencia al secretario general de la UGT». Para seguir la evolución de la crisis en aquellos últimos días de agosto y primeros de septiembre desde otras perspectivas, ver los testimonios documentados que aparecen en el capítulo ya citado de la obra de BURNETT BOLLOTEN: La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución.

(10) Una vez más acudimos a BURNETT BOLLOTEN para reproducir los comentarios que hizo Prieto sobre Largo Caballero a Mijail Kolstsov, corresponsal de Pravda y, al parecer, confidente de Stalin: «Es un imbécil que se hace pasar por sabio. Es un burócrata congelado en el papel de arrebatado, un desorganizador y un embrollón que se las da de burócrata metódico. Un hombre capaz de echarlo a perder a todo y a todos. Mis diferencias con él reflejan, en esencia, la lucha interna en el Partido Socialista español en estos últimos años. Pero hoy, por lo menos, es el único hombre, más bien, el único nombre, que sirve para encabezar un nuevo gobierno.»

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pero esto sería inútil; los trabajadores no los querían, desconfiaban de ellos como del Gobierno Giral, pues todo el mundo sabía que la dirección de la guerra la llevaban al alimón (II). Al hablar de los trabajadores, no me refiero tan sólo a los miembros del Partido y de la UGT, sino a todos los que tomaban parte activa en la guerra, como los de la CNT, comunistas, anarquistas, etc. Podía negarme, porque los capitostes del republicanismo gobernantes hacían ostentación pública de su preferencia por Prieto y compañía contra mí. ¡Que gobernasen ellos! Podía recordar al señor Azaña sus propias palabras: "La República para los republicanos". ¡Pues que gobiernen los republicanos!

Le podía haber aconsejado que llamase a su amigo Casares Quiroga para que lavase en el Jordán del sacrificio del pecado de lesa patria que había cometido (12). Pero nada de esto sería factible por la oposición de la opinión pública. Además, no sería lícito exponer esas alegaciones en momentos de tan grave peligro para el país, cuando millares de españoles exponían su vida en las trincheras y la guerra se nos ofrecía adversa. Se hubiera atribuido a miedo y se hubiera calificado de defección. Acepté, pues, el encargo a conciencia de lo difícil del cometido, mas con la condición de que el Gobierno no tendría matiz político determinado y que en él estarían representados los elementos que luchaban en los frentes defendiendo la República sin prejuzgar ninguna tendencia política o societaria.»

Largo Caballero explica a continuación las consultas que efectuó para la composición definitiva de su Gobierno: invita a la Ejecutiva de su Partido para que designe a tres personas para las carteras de Hacienda, Trabajo y Marina y Aire [Negrín (13), de Gracia y Prieto, respectivamente]. Él designa a Galarza para Gobernación y a Alvarez del Vayo para Estado, los dos socialistas de izquierda, y asume personalmente la cartera de Guerra (14). A los comunistas les ofreció los Ministerios (11) Sin duda alguna se refiere al hecho de que Prieto, sin cargo oficial alguno en el Gobierno republicano de Giral, (enía un confortable despacho en la sede del Ministerio de Marina desde donde actuaba como un coordinador efectivo de la acción gubernamental, según los testimonios del mencionado Mijail Kolstov y de Pietro Nenni.

(12) Casares Quiroga, Presidente del Consejo de Ministros, en la noche del 17 al 18 de julio parecía ignorar lo que estaba sucediendo, y negaba o no daba crédito a las noticias que le llegaban sobre la sublevación militar.

(13) Según JULIÁN ZUCAZAOOITIA en Guerra y vicisitudes de los españoles, Grijalbo, 1977, cuando al doctor Negrín le dieron la noticia de la crisis y le dijeron que se le reservaba la cartera de Hacienda, comentó: «La constitución de ese Gobierno es peor que si hubiese caído Getafe en poder de Franco. No conozco mayor disparate, considerado nacional e internacionalmente. ¿Es que se busca resueltamente que se pierda la guerra? ¿Se trata de un desafío a Europa?... No se pueden hacer las cosas peor. ¡Un ministerio de socialistas y comunistas! ¿Es que nos negamos a darnos cuenta de que nuestra guerra no es puramente nacional, sino que tiene un carácter eminentemente internacional?» Ocho meses más tarde Negrín era nombrado Presidente de un Gobierno compuesto por tres socialistas, dos comunistas y cuatro representantes de partidos republicanos o burgueses. Es decir, con una mayoría de representantes de los partidos de izquierda, bien es verdad que mínima.

(14) El hecho de que Largo Caballero diera primero cuenta del encargo recibido a la Comisión Ejecutiva de la UGT, y lo hiciera después, y a través de Álvarez del Vayo, a la Ejecutiva del PSOE, con la que no había contado para aceptar la formación de Gobierno, molestó a ésta. No obstante, como dijo Prieto en la reunión de la Ejecutiva, «no eran momentos para andarse con remilgos». Una información más amplia se encuentra en la obra citada de Santos Julia.

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de Instrucción Pública (Hernández) y Agricultura (Uribe). Martínez Barrio, de Unión Republicana, propuso a Giner de los Ríos para Comunicaciones. E Izquierda Republicana dio los nombres de Ruiz Funes, para Justicia; Just, para Obras Públicas; y el propio Giral, de ministro sin cartera. Esquerra Republicana designó a Tomás y Piera para la cartera de Trabajo y Sanidad. Y el Partido Nacionalista Vasco, después de garantizarle la inmediata aprobación del Estatuto, ofreció el nombre de Irujo como ministro sin cartera.

Largo Caballero también dedicó en la sesión parlamentaria una explicación expresa para justificar la ausencia de los anarcosindicalistas en el Gobierno: «También quise yo, e insté varias veces para ello, que en el Gobierno figurase la representación de un sector proletario de importancia en nuestro país. Este sector aceptó en un principio estar representado en el Gobierno; pero organismos superiores rectificaron después el acuerdo (15), que yo respeto y no comento. Ése es el motivo por el cual dicho sector obrero no se halla representado en el Gobierno. Sin embargo, todos estamos conformes en que ya que ese sector obrero al que me he referido no desea tomar parte en las responsabilidades directas dentro del Gobierno, pueda, si quiere, colaborar en organismos del Estado para que fiscalice y controle toda la acción del Gobierno actual» (16).

(15) Se refiere al Pleno Nacional de Federaciones Regionales de la CNT, reunido el 3 de septiembre.

Rechazó la invitación justificando la negativa en la adhesión inquebrantable a los principios antiautoritarios. Dos meses más tarde, precisamente el 3 de noviembre, Federica Montseny se hizo cargo de Sanidad; Juan Pciró fue a Industria; Juan López, a Comercio; y Juan García Oliver, a Justicia. Al Presidente de la República, Manuel Azaña, poca gracia le hizo la llegada de los anarcosindicalistas al Gobierno. Pero le irritó especialmente el nombramiento de García Oliver, antiguo pistolero de la FAI, precisamente para la cartera de Justicia, según comenta SANTOS JULIA en su obra más arriba citada. En este sentido, más explícito fue LARGO CABALLERO en Mis recuerdos cuando cuenta las gestiones realizadas para incorporar a representantes de la CNT al Gobierno: «Reanudé las conversaciones con la Confederación Nacional del Trabajo, y la discusión giraba sobre si habían de ser seis o cuatro los ministros que tuvieran en el Gobierno... En el regateo con la Confederación Nacional del Trabajo terminó cediendo ésta. Serían cuatro los ministros. El Presidente se negó a firmar los decretos porque le repugnaba tener en el Gobierno cuatro anarquistas; no veía más que lo personal y no lo político. Cualquier gobernante vena en ese hecho su importancia política e histórica; Azaña no vio sino que don Manuel Azaña autorizaba con su firma el nombramiento de cuatro personas cuyas ideas eran condenadas por él y por muchas gentes; elementos que habían empleado tácticas con las que no se hallaba de acuerdo, pero no veía la rectificación que el acto político significaba y el alcance que en el futuro tendría la conversión del anarquismo español. Que del terrorismo y de la acción directa pasaba a la colaboración y a compartir las responsabilidades del Poder formando parte de un Gobierno donde estaban representados todos los matices políticos, incluso los católicos vascos... Le anuncié la dimisión si no firmaba los decretos, y, aunque con reservas, los firmó.

El hecho estaba consumado. El anarquismo español dejaba de ser antipolítico y renunciaba a la acción directa.» Por su parte CARLES PI SUNYER, en La República y la guerra. Memorias de un político catalán.

Ediciones Oasis, México, 1975, ofrece la versión que le dio el propio Azaña de los hechos; «Ante las negativas iniciales de éste, Largo Caballero mandó publicar en la Gaceta de Madrid los decretos de nombramiento de los cuatro ministros anarquistas sin el refrendo del Presidente de la República.»

(16) En el mismo Pleno Nacional de Federaciones Regionales se adoptó la resolución para que en cada ministerio se formara una «comisión auxiliar» integrada por dos representantes de la CNT, dos de

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Largo Caballero en Mis recuerdos no fue mucho más explícito sobre el rechazo inicial de la CNT para entrar a formar parte del Gobierno: «Firme en mi propósito de que formasen parte del Gobierno todos los sectores que participaban en la guerra, me dirigí a la Confederación Nacional del Trabajo; esta gestión me resultó la más difícil. Decían que no querían participar en un Gobierno de carácter burgués. Después de numerosas entrevistas, logré convencerles de que formaran parte del mío. La mayor dificultad consistió en un problema de cantidad, ya que me reclamaban seis puestos, reclamación a la que no accedí» (17).

2. Objetivos principales del Gobierno En cuanto a los propósitos del Gobierno, Largo Caballero dejó claro que había un objetivo básico y fundamental: el de ganar la guerra. Y para ello había que renunciar temporalmente a las propias ideologías de los partidos representados en el Gobierno: «Todos nosotros, con diferentes ideologías, al constituir el Gobierno, renunciamos, de momento, a cuanto pudiera significar principios ideológicos, de tendencia de toda clase, para unirnos en una sola aspiración, que es común a todo el Gobierno: la de vencer al fascismo, en lucha contra España.»

Esta idea también la expuso en Mis recuerdos de la siguiente manera: «En la primera sesión celebrada por el Gobierno se aprobó una Nota Oficiosa en la que se hacía la declaración que yo reclamé del Presidente (se refiere a Azaña), esto es, que el Gobierno no tendría matiz político alguno concreto; los ministros no harían política partidista y todos trabajarían exclusivamente para ganar la guerra.»

Pero además del objetivo principal de ganar la guerra y, consecuentemente, de la renuncia a las propias ideologías, es como si Largo Caballero sintiera en aquella ocasión la imperiosa necesidad de hacer un guiño especial a los partidos obreros y a las organizaciones sindicales de clase. Como si precisara dejar clara su coherencia con su antigua militancia en los ámbitos del marxismo revolucionario, de su compromiso con la lucha de clases para la transformación de la sociedad. Y por ello puntualizó: «... la misma guerra nos planteará problemas que habrá que resolver paralelamente a la organización del triunfo, en el orden jurídico, en el orden social y en el orden económico... el fascismo que lucha contra España no sólo hay que vencerlo en los frentes, en las trincheras, sino también en lo que es fundamental para él: en todos los privilegios que tiene, tanto en el orden jurídico como en el político, en el económico y en el social». Pero para evitar cualquier temor o interpretación la UGT, dos de los partidos del Frente Popular y un delegado del Gobierno. Y es esta propuesta a la que parece que se estaba refiriendo Largo Caballero en su discurso.

(17) Efectivamente, en la publicación CNT, de 5 de septiembre de 1936, se afirmaba que «si la Confederación se inspirase en ideas políticas, su intervención en este Gobierno tendría que ser, por lo menos, tan importante como la de la UGT y los socialistas». Esto es, seis ministerios.

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errónea que pudiera derivarse de sus palabras en aquel momento, apostilló no sin una cierta ambigüedad: «... dentro siempre de la observancia más rígida posible de la Constitución».

También conviene destacar que los objetivos finales de la revolución social no fueron soslayados por el Presidente del Consejo de Ministros en su intervención parlamentaria. Bien es verdad que pospuestos para cuando finalizase la guerra: «... al terminar la lucha con la victoria nuestra, la estructura del país tendrá que cambiar completamente en el orden económico y en el orden social, y hay que decir a las masas que están luchando y vertiendo su sangre por la libertad de España que no lo hacen en balde, que tendrán la recompensa que merece todo el proletariado que lucha en la forma que está luchando hoy» (18).

3. Fe en el triunfo Como no podía ser menos hizo una referencia a su fe en la victoria final: «... hemos de declarar ante el Parlamento que tenemos la convicción de que la victoria será de la España representada en este momento en el Congreso... tenemos la profunda convicción de que el triunfo, la victoria será nuestra. Lo decimos ante vosotros y ante el Mundo entero... La guerra puede tener en ciertos momentos sus fluctuaciones y la suerte variar en horas (19); pero eso no puede ser motivo, no puede ser causa de que pensemos, ni por lo más remoto, que la victoria no ha de ser nuestra».

4. Repercusión internacional de la guerra Por último, Largo Caballero europeizó —valga la expresión— el conflicto, con la mirada puesta en los países democráticos, especialmente en Inglaterra y Francia.

(18) Ya hemos visto en anterior nota a pie de página (4) que Largo Caballero estuvo, durante el mes de agosto del 36, deshojando la margarita sobre la formación de un Gobierno exclusivamente obrero con objeto de avanzar hacia el socialismo dentro del marco constitucional que ofrecía la República, para más adelante alcanzar la dictadura del proletariado. Pero lo que no ofrece duda es que en aquellos momentos estaba convencido de que lo prioritario era ganar la guerra, y que había que posponer la revolución para después de la victoria. Política compartida por todos los que en aquel momento formaron parle del Gobierno, y pocos meses más tarde también por los representantes de la CNT y de la FAI. (19) Sólo unos días antes, el 28 de septiembre, las fuerzas mandadas por el general Franco habían conseguido liberar el emblemático (para ambos bandos) Alcázar de Toledo. Julián Zugazagoitia reconoce que Largo Caballero «interesaba con apremio aquella victoria». En una visita a Toledo llegó a decir que el Alcázar tenía que caer antes de veinticuatro horas. Por su parte, Franco, según ha contado el general Kindelán, cuando le dijeron que la necesaria desviación hacia Toledo de las tropas que marchaban camino de Madrid, podría significar el retraso o pérdida definitva de la capital, admitió que podía ser posible pero recordó el valor espiritual o propagandístico de la liberación del Alcázar toledano. Hugh Thomas comenta: «Tenía razón; aunque no era un sentimental, Franco sabía la importancia que en España se daba a los símbolos.» La realidad es que el Alcázar se convirtió en un símbolo de heroicidad en gran parte del mundo.

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El hecho de que los rebeldes hubieran contado en seguida, antes de finalizar el mes de julio, con algún tipo de apoyo militar de los regímenes totalitarios de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini, facilitaba la llamada de atención del Presidente del Gobierno de la República española sobre las consecuencias que podría tener para las democracias occidentales la contienda iniciada en el sur de Europa: «Además, tenemos el convencimiento de que, al luchar España por su libertad, no sólo lucha por la libertad de España: lucha por la libertad de España y por la libertad de Europa. Se ha dicho muchas veces y de diferentes maneras que lo que se juega hoy en España no es simplemente su libertad, sino la libertad de Europa... lucharemos hasta el último instante mientras en España haya un palmo de terreno que defender en defensa de su integridad, de la libertad de nuestro país y de la libertad de toda Europa.»

Largo Caballero concluyó su discurso con la petición de confianza de la Cámara y el ruego de que los proyectos que se habían leído se aprobaran rápidamente. Y así sucedió. Al finalizar la sesión se aprobaron sin discusión, consecutivamente, los dictámenes de la Comisión de Estatutos sobre el proyecto de Estatuto del País Vasco y tres de la Comisión de Presupuestos, uno de ellos sobre los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio económico de 1937. E inmediatamente después fueron aprobados por la Cámara definitivamente, por asentimiento.

d) Intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios A continuación hubo un turno de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, en el que intervinieron los siguientes diputados: De Francisco (socialista); Pestaña (sindicalista) (20); Aguirre (nacionalista vasco); Santaló (Esquerra Republicana); Díaz Ramos (comunista), y Casares Quiroga (republicano). Y también Albornoz, a título personal, ya que, como dijo, no representaba a ninguna fuerza organizada, ni a ningún partido (21).

De Francisco dedicó un emocionado recuerdo a los compañeros que luchaban en los frentes y a los que habían caído ya en la lucha; Pestaña ratificó la confianza y lealtad de su partido al Gobierno constituido e insistió en la conveniencia de que se incorporara al Gobierno a un gran sector de la opinión social. Aguirre señaló que el nacionalismo vasco se había colocado siempre al lado de la democracia, agradeciendo por anticipado la aprobación del Estatuto vasco; asimismo, se ratificó en el pensamiento católico de su partido y después de condenar los excesos propios de las muchedumbres («quema de iglesias, muerte de personas por el solo hecho de tener (20) Ángel Pestaña, ex cenetista, había fundado en 1933 el Partido Sindicalista que no rechazaba la participación en la instituciones del Estado republicano.

(21) Alvaro Albornoz era a la sazón diputado independiente por Oviedo. En 1929, junto con Marcelino Domingo, había fundado el Partido Radical-socialista. Fue ministro de Fomento y de Justicia en los Gobiernos de Alcalá-Zamora y Azaña.

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un cierto carácter y una determinada significación», dijo), reiteró la fidelidad hasta vencer al fascismo. Santaló, tras recordar la actitud heroica del pueblo catalán el 19 de julio, afirmó su confianza plena en el Gobierno para lograr los dos propósitos expuestos por el Presidente del Consejo de Ministros. Díaz Ramos insistió en la idea de que el Gobierno no era un Gobierno socialista, comunista o que llevara miras sociales especiales; «es un Gobierno republicano y democrático que es la continuación del anterior» —insistió—; y se refirió a la ayuda que recibían los facciosos de los países fascistas advirtiendo que esto generaba un situación llena de peligro para Europa que podía producir una guerra mundial. Casares Quiroga, por último, también ratificó la confianza en el Gobierno y la absoluta lealtad de los republicanos a los pactos políticos.

Como se ve, las intervenciones, todas ellas muy breves, se limitaron a manifestar expresamente el apoyo al Gobierno de Largo Caballero y a defender la lucha a favor de la libertad y contra el movimiento faccioso. Y sólo un representante de un partido obrero, Pestaña, insistió en la necesidad de incorporar al Gobierno a representantes de la CNT; aunque no citara expresamente a la Confederación sino que utilizó el eufemismo de «un gran sector de opinión social».

e)

Una Proposición de apoyo al Gobierno

Seguidamente el secretario del Congreso procedió a la lectura de una Proposición que fue defendida por el diputado socialista Pedro Rico López, primer firmante de la misma, y que había sido presentada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Constaba sólo de dos artículos. En el primero se declaraba la incondicional solidaridad y adhesión del Congreso al Gobierno, genuina representación del Frente Popular y, por lo tanto, de la voluntad del país. En el segundo, la Cámara otorgaba al Gobierno amplias facultades para decretar cuantas medidas estimara precisas a la mejor solución de los problemas planteados y que pudieran plantearse, con la única obligación de dar cuenta a las Cortes en el momento oportuno. La Proposición fue aprobada por aclamación.

La ambigüedad con que estaba redactado el artículo segundo implicaba una permanente delegación de la función legislativa de las Cortes en el Gobierno. Pedro Rico, en la presentación y defensa que hizo del texto, fue algo más explícito; aclaró que la amplitud de facultades que se otorgaban al Gobierno se efectuaba «dentro del respeto constitucional, sin abdicar de las facultades legislativas del Parlamento».

Pero al mismo tiempo dio al Ejecutivo unas generosas garantías de convalidación de las decisiones gubernamentales que adoptase: «acá espera el Parlamento para en su día ratificar y aprobar todas aquellas medidas que las necesidades imperiosas de cada instante le impongan».

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f)

Cierre de la sesión y posterior valoración

Dieciséis diputados pertenecientes a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara presentaron otra Proposición suspendiendo las sesiones hasta el día 1 de diciembre próximo. Proposición que fue aprobada sin discusión alguna.

Y así concluyó este acto parlamentario que era constitucionalmente preceptivo.

Con lo que se transmitía (o al menos ése fue uno de los propósitos) la sensación de normalidad en el funcionamiento de tan principal institución de la República. Y, por otra parte, el Gobierno de las fuerzas que habían integrado el Frente Popular en las elecciones de febrero, recibía un amplio e inequívoco respaldo político en el Congreso. Ambas circunstancias eran necesarias para las pretensiones de Largo Caballero: reconducir la organización del Ejército y de las milicias populares para imponer la autoridad gubernamental y la indispensable disciplina en el aparato militar que se enfrentaba a los rebeldes; y obtener el respeto y respaldo internacional de los gobiernos de las principales democracias occidentales para frenar la extensión del fascismo en Europa. ¿Por qué los estudiosos de aquella época apenas han mencionado esta sencilla pero importante sesión de las Cortes de la República? ¿Cómo ha podido pasar desapercibido una acto parlamentario de enorme trascendencia política e institucional?

Que se haya seguido ignorando, en términos generales, un acontecimiento de inequívoco valor democrático por lo que tuvo que representar en aquel preciso momento para hacer patente la voluntad de mantener el orden institucional republicano, hoy día se puede comprender más desde la razón del olvido que en la justificación de un pacto de silencio.

En definitiva, todo lo que sucedió, todo lo que se dijo en aquella sesión, lo sabían los principales protagonistas del drama. Pero tenía un insustituible valor para quienes se mantenían leales a la República española: el del respeto formal a sus instituciones democráticas. Éste fue precisamente el mensaje que difundieron los principales diarios republicanos aquella misma tarde o al día siguiente. ABC, El Sol, El Socialista, Mundo Obrero, Claridad, y Política, destacaban en titulares de primera página la confianza que las Cortes habían otorgado al Gobierno, siendo calificada la sesión parlamentaria de «histórica» (ABC y Política) o de «emocionante» (El Socialista).

Pero quizá el más expresivo fue el de Política que en la portada recogía este resumen: «Un Gobierno legítimo y un Parlamento reflejo de la voluntad popular que, en plena guerra civil, no prescinde de la normalidad constitucional, son una buena lección para el mundo que nos contempla.»

Esta misma idea también estaba expuesta en el editorial de El Sol al afirmar que «la apertura del Parlamento de la República, en cumplimiento del precepto constitucional que así lo ordena para la fecha del primero de octubre, significa no sólo el absoluto respeto con que el Gobierno de España acata la Constitución votada por las primeras Cortes del régimen republicano, sino que además testimonia la serenidad 247

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del ritmo, la normal pulsación con que vive el régimen legal de España representado por su Gobierno legítimo... el Gobierno de la República recibe la confianza de sus representantes en las Cortes para afianzar, sostener, profundizar la legalidad republicana en su régimen de libertad y democracia».

En algunos de ellos hubo referencias a la sobriedad parlamentaria con que se desarrolló la sesión: «No hubo en ella hojarascas, ni vivas a Cartagena. En cambio, hubo sobriedad, seriedad y virilidad (sic)» (ABC); «... el único riesgo: que la Cámara, dejándose arrastrar hacia la línea de menor resistencia, incurriese en alguna de aquellas fáciles sesiones patrióticas, más superficiales que profundas que, una vez registradas en el Diario de Sesiones, dejan en la conciencia de todos un regusto amargo, tras el que se esconde un reproche moral. No ocurrió así. Se obvió el peligro» (El Socialista).

IV.

...Y EN BURGOS

No por más conocida resulta ahora desaconsejable recordar la efeméride burgalesa, las circunstancias que la rodearon, cómo se desarrolló... en fin, la otra cara (o el reverso si se prefiere) de lo que sucedió aquel 1.° de octubre en Madrid.

El día 30 de septiembre de 1936 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España un decreto que lleva fecha del día anterior, con cinco breves artículos. En el primero se nombraba Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División D. Francisco Franco Bahamonde, «quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado». En el segundo «se le nombra asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de Operaciones». Los otros tres restantes contenían las usuales previsiones transitorias y derogatorias, además de un mandato en cierta manera extravagante: «Dicha proclamación —se decía en el artículo tercero— será revestida de forma solemne, ante representación adecuada de todos los elementos (sic) nacionales que integran este movimiento liberador, y de ella se hará la oportuna comunicación a los Gobiernos extranjeros.»

Más adelante se hará referencia a las resistencias iniciales del general Cabanellas, Presidente de la Junta, al contenido del decreto; o a las amenazas del general Mola acerca de su abandono si no se aceptaba la necesidad del mando único; o a los desplantes del general Queipo de Llano; o a los tejemanejes del general Kindelán y de Nicolás Franco para que Hitler y Mussolini se decantaran a favor de la candidatura de Franco, para presionar a los otros generales (Orgaz, Gil Yuste, Saliquet y Dávila) a fin de que apoyaran dicha candidatura, o para controlar la versión final y la publicación del decreto, cuya redacción se había encomendado a José Yanguas Messía, asesor de la Junta y ex ministro de Alfonso XIII en tiempo de Primo de Rivera.

En cambio sí debemos recordar ahora que fue el propio Franco quien asumió la iniciativa para que la Junta se reuniese los días 21 y 28 de septiembre, a fin de 248

ESPAÑA. I." DE OCTUBRE DE 1936

conseguir que, en la primera, se planteara el asunto del mando único y su designación para el mismo. Y obtenido éste, en la segunda, lograr su nombramiento como Jefe del nuevo Estado.

Como antecedentes más inmediatos del acto que se celebró en Burgos el 1.° de octubre puede resultar conveniente recuperar algunos datos sobre lo ocurrido en los días posteriores al denominado alzamiento y, sobre todo, en aquellas dos reuniones de la Junta que tuvieron lugar en un improvisado barracón de un no menos improvisado aeródromo, a las afueras de Salamanca, en la finca de reses bravas de Antonio Pérez Tabernero.

El día 20 de julio fallece en accidente aéreo el general Sanjurjo a la altura de Cascaes, cuando despegaba el avión que le transportaba a España para ponerse al frente del alzamiento militar. Al día siguiente se reúnen en Zaragoza los generales Cabanellas y Mola para analizar la situación militar del territorio nacional tras las sublevaciones de los días anteriores, y las consecuencias más inmediatas de la muerte de Sanjurjo. Y además de convenir algunas decisiones operativas para el avance del Ejército sublevado y de quiénes se estaban incorporando al mismo (principalmente falangistas y requetés), trataron de la necesidad de institucionalizar unos mecanismos que les permitieran gobernar la zona que ya estaba bajo se control (22).

Dos días después, en la tarde del 23 de julio y en Burgos, cinco generales (Cabanellas, Saliquet, Mola, Dávila y, representado, Ponte) y dos coroneles de Estado Mayor (Montaner y Moreno Calderón) decidieron por unanimidad constituirse, o autoproclamarse, en Junta de Defensa Nacional, para «que desde ese momento asuma todos los Poderes del Estado, gobierne el país y represente legítimamente sus intereses ante las naciones extranjeras». No se podía decir más en menos palabras; un paradigma de austeridad y eficacia normativas (23).

En aquellos días no estaba claro que todos los generales que integraban la cúpula del movimiento militar o estaban al frente de las fuerzas sublevadas, pretendieran unánimente cambiar el régimen republicano (24).

(22) GUILLERMO CABANELLAS, hijo del general, comenta en La guerra de los mil días, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1975: «Se hacía imprescindible constituir un nuevo Gobierno, con el respaldo del Ejército, para oponerlo al que se titulaba legítimo de España: el de la República, el de Madrid. En tales condiciones, en un verdadero golpe de audacia, Cabanellas acepta hacerse cargo, por general más antiguo de los partícipes en el Alzamiento, de la presidencia de esa Junta, que revestiría más bien carácter representativo, ya que el mando efectivo habría de seguir en manos de los generales que se hallaban al frente de los diversos Cuerpos de Ejército».

(23) El 30 de julio se incorporó a la Junta el capitán de navio Francisco Moreno Hernández, y el 3 de agosto los generales Franco, Queipo de Llano y Orgaz.

(24) En la declaración-programa que la Junta hizo público el 25 de julio se decía: «Ni un momento más del que nos señale la alteza de nuestra aspiración detentaremos el Poder; pero tampoco dejaremos el gobierno de España un minuto antes del que nos lo exija el restablecimiento de la paz auténtica, de la disciplina efectiva, del orden absoluto y del decoro nacional, cifrado sobre todo género de consideraciones en la suprema que nos convocó a este arduo empeño de levantar, desagraviar y servir a España.» Y más adelante: «... esta Junta de Defensa Nacional, que provisionalmente asume el Poder hasta que se constituya en Madrid el Directorio militar que gobierne España... para mostrar y garantizar a los pueblos hermanos

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De momento, la nueva Junta de Defensa se había limitado a asumir «todos los Poderes del Estado». La muerte de Sanjurjo, general monárquico partidario del regreso de Alfonso XIII, facilitó la ambigüedad en cuanto a la forma política del futuro régimen, ambigüedad que se mantuvo durante la guerra civil. Y que a pesar de las Leyes Fundamentales de Franco y del recurrente «todo está atado y bien atado», pervivió, transformada en incertidumbre institucional, hasta su muerte en noviembre de 1975.

La desigual marcha de la guerra en los distintos frentes para el bando sublevado; la falta de coordinación entre los efectivos militares derivada, en algunos casos, de la clara rivalidad entre algunos de sus jefes (por ejemplo, entre Queipo de Llano y Franco, o entre Mola y Yagüe); las distintas obediencias de cedistas, falangistas, tradicionalistas o de los monárquicos alfonsinos... aconsejaban plantear y resolver una cuestión esencial para la eficacia de cualquier organización militar en tiempo de guerra: la del mando único.

Por eso, alentado no sólo por los éxitos militares que había conseguido al frente del Ejército de Marruecos y del sur de España, sino también por los fracasos de Mola en el Norte y el desprestigio cada vez más generalizado de Queipo de Llano, Franco decide solicitar la convocatoria de la Junta de Defensa Nacional, ampliada para la ocasión con otros generales que él propone (Kindelán, Dávila y Gil Yuste). De esta manera se garantiza que prosperará tanto el objetivo del mando único como su candidatura al mismo.

Lo que así sucede en la tarde del 21 de septiembre (en las tres horas que duró la reunión de la mañana no se había abordado este asunto), en un nuevo intento del general Kindelán de plantear, con el apoyo del general Orgaz, la necesidad del mando único.

Kindelán propuso en primer lugar esta cuestión, que fue aceptada por todos los asistentes con mejor o peor gana, con la única excepción del general Cabanellas que se opuso al mando unificado (25). A continuación fue el propio Kindelán quien del mundo que nos contemplan: España no ha roto el hilo de su continuidad gloriosa y reivindica su derecho a un puesto en la Comunidad de las naciones más ilustres». El propio Franco, el 10 de agosto, decía en The Times a un periodista portugués: «España es republicana y seguirá siéndolo. Ni el régimen ni la bandera han cambiado. El único cambio es que el crimen será reemplazado por el orden y los actos de bandolerismo por el trabajo honrado y progresivo (¿'.')... España será gobernada por un sistema corporativo semejante al que ha sido instaurado en Portugal. Italia y Alemania». Bien es verdad, como afirma STANLEY PAYNE en Franco: el perfil de la historia, Espasa Calpe, 1992, que «sólo cinco días más tarde, en una gran ceremonia con ocasión de la fiesta de la Asunción en Sevilla, Franco sustituyó la bandera republicana por la tradicional roja y gualda de la monarquía, saludándola como a la auténtica bandera de España».

(25) CARLOS ROÍAS en Momentos estelares de la guerra de España, Plaza & Janes, 1996, escribe: «Acaso sin excesiva firmeza, adopta Cabanellas la actitud opuesta. Alega que las guerras puede conducirla un hombre o un directorio. Le replica Kindelán que de la primera forma se ganan y de la otra se pierden.»

GUILLERMO CABANELLAS, en su obra citada, lo cuenta de la siguiente manera: «La propuesta formulada por Kindelán encontró acogida displicente en varios vocales: Mola apoya la necesidad de resolver el mando único... Los restantes miembros de la Junta, a excepción de Franco y sus adictos, nada sabían de lo que se había preparado. Comprometidos a su favor los generales Kindelán, Orgaz, Gil Yuste y Dávila, Franco se había asegurado la mayoría de la Junta.»

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sugirió el nombre de Franco para asumir dicho mando. Se adhirieron inmediatamente Mola, Orgaz y el resto de los generales asistentes a la reunión, salvo Cabanellas que se abstuvo. Si era contrario al sistema de mando único, «no me corresponde —dijo— votar persona alguna para un cargo que reputo innecesario» (26).

Pero Franco no se conformaba con ser general de generales; quería algo más: la jefatura del Estado para concentrar todo el poder en su persona. Era necesario, pues, una nueva reunión de la Junta de Defensa Nacional para tratar del poder político que debía llevar anejo el cargo de generalísimo, según los intereses del equipo que rodeaba a Franco (su hermano Nicolás, el general Kindelán, Millán Astray y Yagüe, principalmente) y que se había convertido en un grupo de presión para sacar adelante su candidatura como Jefe de Estado (27).

Kindelán y Nicolás Franco preparan un decreto por el que se nombraba a Franco, además de generalísimo, Jefe de Estado sometido a un mandato temporal: lo sena «mientras dure la guerra». Pero el texto preparado y presentado por el propio Kindelán en la nueva reunión de la Junta de Defensa ampliada, que se celebra el día 28 de septiembre en el mismo lugar que la anterior, no gusta al resto de los asistentes. Y no lo aceptan, en principio, por dos razones fundamentales: porque lo consideran un ataque contra el mismo órgano colegiado, la Junta de Defensa, al transferirse en la práctica todo el poder de la misma en una sola persona, y por cuanto que perciben la ilimitada ambición de Franco con un planteamiento que viene a significar «o todo o nada». Entre los argumentos esgrimidos por Kindelán para defender su posición, figura el de que Franco es el único Jefe de Estado posible para Alemania e Italia. Lo que era bastante cierto.

La reunión se levanta sin llegar a acuerdos cerrados, y Cabanellas se encarga de preparar el decreto definitivo. Desde Burgos telefonea a Mola y a Queipo de Llano, los dos generales más reticentes a que se concentre tanto poder en las manos de Franquito, como le llamaban entre el afecto y el sarcasmo sus compañeros de armas (entre ellos, Sanjurjo y el propio Cabanellas). Mola, resignado y deprimido, piensa que el mando único de Franco es indispensable para ganar la guerra, y después ya se vería; Queipo de Llano, más explícito y lenguaraz, dice que «hay que seguirle el juego hasta hacerlo reventar».

A la vista de la actitud de estos dos generales, Cabanellas decide firmar el decreto por el que se nombra a Franco Jefe de Gobierno y generalísimo de los Ejércitos, y encarga a José Yanguas Messía su redacción definitiva (28).

(26) Dice STANLEY PAYNE en la obra citada: «La reunión terminó con el acuerdo de que la elección de Franco como comandante en jefe debería permanecer secreta hasta que fuese anunciada formalmente por la Junta de Burgos.»

(27) Cuenta el mismo autor: «Nicolás Franco, Kindelán, Millán Astray y Yagüe se reunieron con el general (Franco) y lo convencieron de que convocase inmediatamente otra reunión de la jerarquía nacional, esta vez para delimitar y fijar los poderes de generalísimo y definir su posición como jefe de Estado mientras durase la guerra.» Por su parte, JAVIER TUSELL en Franco en la guerra civil: una biografía plílica, Tusquets Editores, 1992, lo denomina «grupo promotor».

(28) Refiriéndose a las conversaciones telefónicas de Cabanellas con Mola y Queipo de Llano, Javier Tusell en la obra antes citada comenta: «... resulta sorprendente que una decisión de tanta importancia

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Parece ser, aunque no exista un acuerdo unánime y haya sido objeto más de suposiciones y conjeturas que de datos confirmados, que Nicolás Franco intervino a última hora interceptando el decreto camino del Boletín y manipulando a última hora la versión definitiva. La realidad es que en el texto que apareció en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional del día 30 de septiembre, no figura limitación temporal alguna de la designación; es decir, que la frase «mientras dure la guerra» había desaparecido. Y si efectivamente sólo se nombra a Franco Jefe de Gobierno, en el decreto se añadía a continuación «del Estado Español» (29).

El día 1 de octubre tiene lugar en la Capitanía General de Burgos su «proclamación en forma solemne», tal y como se disponía en el decreto de nombramiento.

El acto en sí fue breve, aunque estuvo rodeado de la solemnidad propia de la parafernalia castrense. El llamado Salón del Trono estaba lleno a rebosar de autoridades civiles locales, mandos militares y representantes de Portugal, Italia y Alemania. También se ha dicho que había algunas caras largas aunque el ambiente era de moderado optimismo.

Se inició con la lectura del decreto y a continuación el general Cabanellas pronunció un cortísimo discurso, no exento de algún tópico a la par que una referencia al poder absoluto que en aquel momento se transmitía a un general de cuarenta y tres años.

llegara de esta manera tan peculiar». Por su parte, el hijo del general Cabanellas comenta con cierta dureza la decisión de su padre en los siguientes términos: «En ese momento decide aceptar los hechos ya consumados. Casi a medianoche del 28 de septiembre de 1936, el general Cabanellas resuelve, después de haber celebrado conferencias telefónicas con Queipo de Llano y Mola, firmar el Decreto por el cual se nombra Jefe del Gobierno y Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire al general Francisco Franco. Los últimos restos de la República en la Zona nacional caen batidos y quien se había alzado en armas para tratar de salvar el Régimen signa su muerte.»

(29) Siguiendo a PAYNE: «Prescindiendo de cuál fuese la intención originaria o desacuerdo, la distinción entre jefe de Gobierno y jefe de Estado fue ignorada inmediatamente. Veinticuatro horas después de la investidura oficial de Franco en Burgos, el 1 de octubre, los periódicos y la radio, sin duda instruidos al respecto, se referían a Franco como "jefe de Estado", título empleado en su primera orden de gobierno del día.» Pero es que Yagüe, el día 27 de septiembre, es decir, un día antes de la segunda reunión de la Junta en Salamanca, se refiere en Cáceres a Franco como Jefe de Estado ante una multitud congregada en el palacio de los Golfines, sede del cuartel general y residencia oficial del general. Y a partir del día 2 de octubre el Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, que se edita en la Imprenta Provincial del Gobierno Civil de Burgos, pasa a denominarse, sin más, Boletín Oficial del Estado. Por su parte ENRIQUE GONZÁLEZ DURO en su obra Franco: una biografía piscológica. Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 1992, reproduce unos comentarios que según Manuel Aznar le hizo el propio Franco: «Quienes me conocen saben que jamás hubiera yo aceptado un nombramiento que limitara mi jurisdicción o me exigiera un plazo. ¡Jamás! Yo no solicité ser elegido. Nadie debió poner en marcha la menor gestión en tal sentido. Los generales convocados en el campo de San Femando no eran personas dadas a ciertas clases de sutilezas o habilidades literarias. Decidieron nombrarme Jefe de Estado. Sobre todo nunca tuve la menor duda.»

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a) Palabras del Presidente de la Junta de Defensa Nacional «Señor Jefe del Gobierno del Estado Español: En nombre de la Junta de Defensa Nacional, os entrego los Poderes absolutos del Estado. Estos Poderes van a Vuecencia, soldado de corazón españolísimo, con la seguridad de cumplir al transmitirlos un deseo fervoroso del auténtico pueblo español» (30).

El general Cabanellas no tardó ni medio minuto en pronunciarlas (31). b)

Palabras del Jefe del Gobierno y Generalísimo

de los Ejércitos (32)

No fueron mucho más extensas que las de quien le había precedido en el uso de la palabra. Pero el contenido era bastante rotundo, no dejaba lugar a dudas sobre cuáles eran sus propósitos personales, aun cuando —como se vio inmediatamente— incurriera en alguna contradicción. En denitiva, fueron unas palabras para que quedase claro no sólo la aceptación (o, si se prefiere, la toma de posesión) de los cargos para los que había sido designado, sino el talante con que los asumía: «Mi general, señores generales y jefes de la Junta: Podéis estar orgullosos, recibisteis una España rota y me entregáis una España unida en un ideal unánime y grandioso. La victoria está a nuestro lado. Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme. Llevaré a mi Patria a lo más alto o moriré en el empeño (33). Quiero vuestra colaboración. La Junta de Defensa Nacional seguirá a mi lado» (34).

(30) En la versión que da CARLOS ROJAS del acto figura un viva al jefe del Estado español que no aparece en la de GUILLERMO CABANF.LLAS.

(31) KINDELÁN ha revelado la opinión que tenía CABANELLAS sobre Franco con las siguientes palabras que resultaron proféticas: «Ustedes no saben lo que han hecho, porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el Ejército de África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando; y si, como quieren, va a dársele en estos momentos España, va a creerse que es suya y no dejará a nadie que lo sustituya en la guerra ni después de ella, hasta su muerte; sin que tenga que decir nada de sus prendas militares, morales ni de otro tipo, que soy el primero en reconocer.»

(32) GUILLERMO CABANELLAS en la mencionada obra hace un retrato casi feroz de Franco en aquel acto; «Subido sobre la tarima del salón del trono, colocado a mayor altura que los asistentes al acto, aparece el general Francisco Franco, adelantado el vientre, marcada la prominencia de éste, echada la espalda hacia atrás, lo que hace que su natural grosor se acentúe. En actitud tal, por su escasa altura, su figura aparece empequeñecida como una bola deforme hecha de tejido adiposo. De cara redonda con incipiente doble papada, el pelo negro, las cejas fuertes y pronunciadas, la nariz recta, afeitado el bigote.

La calva que se anuncia a pasos vertiginosos, la mirada despierta, inteligente; en la mano derecha luce una sortija de oro, que le oprime al haber engordado; viste en forma descuidada, los puños de la camisa no le asoman y la ropa parece quedarle chica. Frente a él. en un contraluz que resalta la blancura de su barba, el general Cabanellas. Al lado, civiles y militares; detrás de Franco, un legionario.»

(33) Según STANLEY PAYNE «años más tarde explicará en privado (a su primo Francisco Franco Salgado-Araujo) que [el militar que se subleva contra un Gobierno constituido no tiene derecho al perdón o al indulto, y que por ello debe luchar hasta el último extremo]. No hay indicación alguna de que considerase la posibilidad de un compromiso o de una negociación, sino que entendía luchar hasta la victoria final o morir». Ni más ni menos que lo que hizo en 1939.

(34) El día 2 de octubre se publica en el Boletín Oficial bajo la rúbrica de Gobierno del Estado, una 253

LUIS FERNANDO CRESPO MONTES

A continuación dio tres vivas seguidos a España, que fueron contestados por los asistentes.

Después tuvo lugar el paso de todas las autoridades presentes ante el recién proclamado Jefe del Gobierno del Estado y generalísimo, con la leve inclinación de cabeza en señal de respeto y acatamiento (ceremonia tradicional en tiempo de la monarquía, conocida con el nombre de «el cabezazo»). Y cuando concluyó, Franco se asomó al balcón de la Capitanía General donde fue aclamado por una muchedumbre enfervorizada. Allí se habían concentrado los falangistas de Yagüe, los requetés de Mola, civiles simpatizantes con el movimiento de julio, curiosos... Franco pronunció de nuevo unas breves palabras, esta vez de claro contenido populista por no decir demagógico: «Venimos para el quehacer del pueblo, venimos para los humildes, para la clase media; no para los capitalistas. Nuestra obra exige el sacrificio de todos, principalmente de los que tienen más en beneficio de los que nada tienen. Tendremos vivo empeño en que no haya un hogar sin lumbre, ni un español sin pan (35). Llevaremos a buen término la santa obra de la reforma social impuesta con cariño, exigiendo a todos el cumplimiento de sus deberes... Nuestro Gobierno será un Gobierno de autoridad, un Gobierno para el pueblo... Hay que creer en Dios y en la patria, porque el hombre que no tiene creencias, que no tiene espiritualidad, que no gobierna una familia, ése ya no es hombre, ni es español, ni es nada.»

Concluyeron los actos solemnes de la investidura o exaltación de Franco con un desfile militar que presidió desde las escalinatas de acceso a la Capitanía General.

Junto a él, discretamente retirados a un segundo plano, los generales Cabanellas, Mola y Saliquet. Franco, firmes, gorro cuartelero y botas altas, se muestra sonriente: sus propósitos se han realizado.

Por el mero hecho de su nombramiento se había formalizado la constitución de un nuevo Estado (36). Un Estado que surgía por la sola voluntad (aunque en algunos Ley del día anterior, firmada por Francisco Franco, con la estructuración del nuevo Estado Español. Se creaba una Junta Técnica del Estado compuesta por siete Comisiones. Aunque no se suprimía expresamente la anterior Junta de Defensa Nacional, se puede decir que quedó diluida entre las funciones del nuevo órgano, los poderes encomendados al generalísmo de los tres Ejércitos, y las designaciones para otros cargos de algunos de los generales que la integraban: Dávila fue nombrado Presidente de la nueva Junta; Orgaz, alto comisario en Marruecos; Gil Yuste, secretario de Guerra; Mola, jefe del Ejército del Norte (lo que ya era, pero al que se incorporaron las fuerzas militares procedentes de Marruecos); Queipo de Llano continuó de jefe del Ejército del Sur; y a Cabanellas, inspector General del Ejército, «cargo honorífico que le privaba de poder político y de mando militar activo», como dice Payne. Fue el «premio» a su resistencia inicial al nombramiento de Franco que había propuesto Kindelán.

(35) Fueron muchos los chistes que se hicieron a propósito de estas promesas, como el que añadía, intercalando entre las dos, la frase de «ni una mujer sin hombre».

(36) PAUL PRESTON en su monumental obra Franco Caudillo de España, Mondadori, 1993, comenta con ironía: «Claro que en ese momento no había mucho Estado del que Franco pudiera ser jefe. La labor de construirlo empezó en seguida, aunque con poco éxito inmediato.» De todas formas la ficción de la Junta Técnica del Estado perduró hasta final de enero de 1938, con la formación del primer Gobierno con

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ESPAÑA. I." DE OCTUBRE DE 1936

casos, forzada) de unos cuantos generales sublevados, reunidos en la afueras de Salamanca. Un Estado cuyos poderes absolutos —según había manifestado momentos antes el propio Cabanellas— se acababan de entregar a Franco.

Un Estado que empezó a institucionalizarse aunque sólo fuese formalmente, a partir de aquel momento con la creación de unos órganos administrativos (la Junta Técnica del Estado y sus siete Comisiones), que respondían «a las características de autoridad, unidad, rapidez y austeridad», como se proclamaba en el preámbulo de la primera Ley promulgada por el flamante Jefe del Gobierno del Estado Español aquel mismo día.

Un Estado, en fin, que permitía a todas las fuerzas que integraban aquel movimiento comparecer unidas y organizadas ante las naciones extranjeras (Alemania e Italia, principalmente, pero también ante las democracias occidentales), como el nuevo régimen político recién instaurado en España para hacer frente a la revolución social que se había iniciado y se desarrollaba en algunas partes del territorio que aún permanecían bajo la autoridad de la República.

A las diez semananas no más del inicio de la sublevación, los militares profesionales que se habían alzado contra la República y las fuerzas políticas, económicas y sociales que les apoyaban explícitamente, o simplemente les animaban, expresaron mediante aquellas solemnidades su voluntad de constituir un nuevo Estado, y el propósito de que si ganaban la guerra ya no había dudas que la victoria supondría la extinción del régimen republicano (37).

Por eso la fecha de 1.° de octubre ofrecía la inmejorable ocasión para oponer al acto parlamentario de presentación del nuevo Gobierno del Frente Popular ante las Cortes de la República, un acto plebiscitario de exaltación de un nuevo Jefe de Estado que, inmediatamente, había de constituir un remedo administrativo de Gobierno (38).

Es decir, la oportunidad para presentar y ofrecer la alternativa de otro régimen político para España. una composición cuidadosamente equilibrada de militares, monárquicos, carlistas y falangistas más o menos adictos a Franco.

(37) Comenta PAYNE: «Aunque Franco y los otros comandantes rebeldes habían tenido cuidado de evitar los ataques a los principios republicanos básicos en los primeros días de la rebelión, el desencadenamiento de la revolución en la zona republicana estimuló la posterior polarización derechista bajo la bandera nacional.»

(38) Seguimos con PAYNE: «Todo esto apenas suponía algo más que una administración ad hoc mientras duraba la guerra civil, pero serviría durante dieciséis meses (esto es, hasta finales de enero de 1938) hasta que se formó el primer gobierno regular.» Por su parte, Javier Tusell afirma: «Aunque se hayan atribuido a las comisiones de la Junta Técnica una función paraministerial, eso no quiere decir que a ellas quepa atribuirle el peso fundamental de las decisiones políticas tomadas... La lectura de las actas de las reuniones de presidentes (de las comisiones) de la Junta, que podían pensarse que fueran equivalentes a las del Consejo de Ministros, produce una sensación muy distinta. Las cuestiones que fueron abordadas en estas reuniones no revisten mayor interés y, por supuesto, no significaron nada en el transcurso de la guerra ni respecto de la vertebración del nuevo Estado que había ya pretendido ofrecerse como alternativa política.»

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Con ello no se quiere decir que todo lo que sucedió en Cáceres, Salamanca y Burgos durante las dos últimas semanas de septiembre para alcanzar el objetivo final del nombramiento de Franco, hubiese sido programado meticulosamente o estuviera predeterminado por lo que tenía que suceder en Madrid el día 1 de octubre.

Pero tampoco debiera rechazarse la hipótesis de que en las decisiones que se adoptaron a partir de la tarde del 28 de septiembre, y la rapidez con que se redactó (y, en su caso, alteró) y publicó el decreto de nombramiento de Franco, pudiera haber influido la conveniencia y oportunidad de que coincidiera aquel acto trascendental para el alumbramiento institucional del nuevo Estado, para el nacimiento de un nuevo régimen político, con el que necesariamente tenía que celebrarse en Madrid por imperativo constitucional, con motivo del inicio de un nuevo período de sesiones de las Cortes de la República.

Lo que no ofrece duda es que en aquel 1.° de octubre de 1936, y con sendos actos en Madrid y en Burgos, se consolidó institucionalmente el enfrentamiento político, civil y militar entre los dos bandos y lo que cada uno representaba. O lo que pretendían representar, que, en síntesis, eran concepciones ya un tanto deformadas y pervertidas de la autoridad y el orden por un lado, y de la libertad y el progreso social por otro.

V.

ALGUNOS COMENTARIOS FINALES

Hay que resistir la tentación de establecer paralelismos entre uno y otro acto, entre los propósitos a que respondieron o, al menos, las intenciones que animaron a sus principales protagonistas. Y sin embargo no se puede evitar la tentativa de extraer ciertos rasgos similares de los acontecimientos sucedidos en Madrid y en Burgos aquel día 1 de octubre de 1936.

Los dos consistieron en actos de inequívoca naturaleza institucional, bien es verdad que de alcance y naturaleza muy diferente.

Con el acto madrileño de la Carrera de San Jerónimo, el Gobierno de la República, como hemos visto, pretendía dar testimonio de su respeto a la institución que representaba la soberanía del pueblo español y, consecuentemente, de acatamiento a la Constitución de 1931. O lo que es lo mismo, a una determinada organización y funcionamiento del Estado que se ajustaba al modelo tradicional propio de las democracias occidentales, o si se prefiere burguesas. Con él se intentó demostrar el normal funcionamiento y relaciones entre estos dos poderes del Estado, pero también que no se pretendía instaurar en España una república socialista de corte soviético.

Esta demostración de obediencia institucional venía, pues, aconsejada por la presencia mayoritaria en el Gobierno de los partidos obreros, junto con la formación más o menos espontánea de milicias populares que eran en aquellos momentos uno de los principales factores de defensa de la República por las armas.

El acto burgalés también tuvo una importante significación institucional; es más, la solemnidad que rodeó a lo que sucedió en la mañana de aquel jueves de otoño en 256

ESPAÑA. 1° DE OCTUBRE DE 1936

la Capitanía de Burgos es lo que precisamente se pretendía: destacar la voluntad de los militares sublevados de constituir un nuevo Estado, con un nuevo sistema de Gobierno que, a pesar de sus momentáneas imprecisiones conceptuales e incertidumbres a medio y largo plazo, nacía para oponerse frontalmente al de la República. Esto en el plano meramente institucional, al margen del fuerte componente de exaltación personal del flamante generalísimo Franco.

Ahora bien, si ambos actos presentaron un inequívoco planteamiento institucional también albergaban otras intenciones más ocultas.

En un caso, camuflar —según la expresión utilizada por Burnett Bolloten— la pretensión de llevar a cabo la revolución social, principal y último objetivo en aquella época del proletariado militante. En el otro, maquillar bajo la apariencia de la constitución de un nuevo Estado lo que no había sido otra cosa que un golpe militar contra la República. Pensemos que, de entrada, el Poder Legislativo fue asumido sin rubor alguno por el Ejecutivo (en definitiva, por la misma persona), y el Judicial encomendado a la jurisdicción militar.

Tanto en el discurso de Largo Caballero en el Congreso, como en las palabras pronunciadas por Franco en el balcón de Burgos, se aludieron a los respectivos y claramente opuestos propósitos.

Largo Caballero hizo una referencia expresa a cambios completos en la estructura económica y social del país cuando se ganara la guerra.

Por su parte, Franco anunció un Gobierno de orden y autoridad, y ya se sabe el significado de esas palabras cuando son proclamadas por un general. Y si bien también se refirió a la reforma social, matizó el concepto de una manera sorprendente al calificarla de «santa obra», y advertir, de manera paternal y contradictoria, que sería «impuesta con cariño».

Lógicamente en ambos actos se dio relevancia especial al propósito de ganar la guerra. Largo Caballero, al asumir directa y personalmente el Ministerio de la Guerra, pretendía someter a la autoridad y disciplina gubernamentales las diversas y dispares fuerzas (sindicales, principalmente) que habían asumido la defensa de la República. La mayoría de los generales reunidos en Salamanca fueron partidarios de un mando único para coordinar con eficacia la actuación de los distintos cuerpos de ejército, también con composición variopinta, en los frentes de batalla. Y, coherentemente con este planteamiento, a Franco se le confirió expresamente el cargo de General Jefe de los Ejércitos de operaciones.

Es decir, en ambos supuestos se concentró la dirección de la guerra en un sola persona. Incluso algún autor ha apuntado que el mando único militar otorgado a Franco en la primera reunión salmantina del 21 de septiembre, no fue sino consecuencia del nuevo Gobierno en el que Largo Caballero también se había reservado la cartera de Guerra (39).

(39) En este sentido, PAUL PRESTON en su obra citada ofrece la siguiente interpretación: «La reducción de la indecisión política del lado republicano intensificó entre los comandantes nacionales de más graduación la sensación de que un mando unificado era una necesidad urgente.»

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Y es que en los dos casos, los planteamientos de sus principales protagonistas, Largo Caballero y Franco, respondieron al principio de «o todo o nada»; fue una exigencia coincidente para hacerse cargo de la dirección política y militar en ambos bandos.

Largo Caballero aceptó el encargo de formar Gobierno con la condición —entre otras— de asumir también el Ministerio de la Guerra. Franco, aunque en momentos distintos, recibió de sus compañeros de armas tanto el mando único de las operaciones militares, como la Jefatura del Gobierno del Estado Español. Y esta última fue claramente una de sus imposiciones, aceptada a regañadientes por algunos de los generales sublevados.

De todas formas no conviene olvidar que cuando durante el mes de septiembre de 1936 los anarcosindicalistas propugnaban con insistencia la supresión del Gobierno republicano y su sustitución por un Consejo Nacional de Defensa, Largo Caballero se mostró firmemente contrario a esta propuesta. «La transformación radical de los órganos del Estado —se decía en el editorial de Claridad, diario socialista afín al Presidente del Consejo de Ministros, precisamente el día 30 de septiembre— acarrea, de momento, una pérdida de continuidad que puede resultarnos fatal... ¿Qué repercusiones ejercería el salto, al margen de la Constitución, que exigen perentoriamente los camaradas de la CNT? Nos tememos que eso sería llevar la cuestión al terreno que desean colocarla nuestros enemigos.»

El propio Largo Caballero había contestado la pretensión anarcosindicalista ante una comisión de la CNT de la siguiente manera: «Mirad, si aceptamos lo que proponéis, de hecho, nos equipararíamos a la Junta de Burgos. Perderíamos la carta maestra que representa la existencia del Gobierno legítimo de la República, proclamada y legitimada por el pueblo en varias elecciones» (40).

Quienes inicialmente, en agosto de 1936, habían prestado un entusiasta apoyo político a Largo Caballero, principalmente los comunistas, le abandonaron en seguida y provocaron la crisis gubernamental de mayo de 1937. Con su salida del Gobierno terninó su vida política, pública y oficial.

También Franco fue perdiendo adhesiones, sobre todo después de la guerra (cedistas, monárquicos, falangistas, carlistas...), pero esto no le impidió gobernar en España durante casi cuarenta años. Con ello se cumplieron las previsiones del general Cabanellas: Franco no dejó que nadie le sustituyera en la guerra ni después de ella, hasta su muerte.

(40) Según las manifestaciones de FEDERICA MONTSENY en Tiempo de Historia, junio 1977.

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