Políticas públicas adaptadas a la movilidad. ¿Por qué la aplicación de multas a peatones no soluciona los problemas de transporte y tránsito en Lima? Mariana Alegre Escorza1 Resumen: Las políticas públicas sobre transporte y tránsito en el Perú no incorporan un enfoque de movilidad en el que la prioridad sea el peatón. Lejos de combatir esta situación, la opinión pública y los medios de comunicación contribuyen a perpetuar la imagen del peatón como un actor irresponsable, sin reflexionar sobre las condiciones en las que estos se mueven por la ciudad. En ese sentido, promueven y apoyan campañas a favor de la imposición de multas a peatones, medida que no solo no soluciona el problem,a sino que perjudica aun más a los usuarios de las calles.
Las políticas públicas en el Perú vinculadas al transporte y al tránsito no contemplan un enfoque de movilidad2 y, naturalmente, no priorizan al peatón (ni que decir del ciclista) ni le otorgan los derechos que le corresponden. Esto se comprueba fácilmente al revisar la normativa general al respecto (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el Reglamento Nacional de Tránsito DS 016-2009-MTC, más conocido como el Código de Tránsito y, para el caso de Lima, las Ordenanzas 131 y 132), en donde salta a la vista la importancia del vehículo privado, la ausencia del ciclista como un actor de la movilidad y el traslado de la responsabilidad al peatón, quien debe decidir en qué momento es oportuno –y seguro– el cruce de una vía calculando la distancia y velocidad del vehículo que se aproxima. De más está señalar que en ningún caso se hace referencia a la movilidad al momento de referirse al tránsito y al transporte, lo que evidencia que en el país aún se continúa viviendo de acuerdo al paradigma de la circulación vehicular y, recientemente, del transporte. Es así que, las preocupaciones continúan centradas en resolver los problemas de congestión, definir el próximo lugar donde se construirá un by-pass y en decidir qué tipo de medio de transporte masivo se quiere para la capital, sin detenerse a evaluar las razones por las que se mueven los ciudadanos, la heterogeneidad de sus necesidades (como las de las personas con movilidad reducida, los adultos mayores y los niños), el cómo garantizar la accesibilidad, la posibilidad de que el sistema de transporte público pueda contribuir en la lucha contra la pobreza y, menos aun, la consideración de la movilidad como un derecho que aporte a la consecución de una mejor calidad de vida para las personas, que brinde dignidad y se base en la libertad. 1
Mariana Alegre Escorza (alegrescorza@yahoo.com), abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ha enfocado sus investigaciones sobre movilidad urbana sostenible desde la óptica de los derechos. Autora de la tesis Todos somos Peatones: un enfoque de derechos para el tratamiento de la movilidad cotidiana en Lima Metropolitana. Actualmente es coordinadora del observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos. 2 Movilidad urbana es la forma de desplazarse de manera eficiente por la ciudad con respeto por los usuarios de las calles, atendiendo sus necesidades y considerando el impacto en el medio ambiente. Además, busca reducir el costo de energía, la contaminación y las fatalidades humanas producidas por los accidentes de tránsito promoviendo el uso de medios no motorizados y “verdes”.