Cargo heredado será una orden judicial

Pedro A. Menéndez Sanabria >pmenendez@elvocero.com @pedro_menendez

No hay escapatoria del cargo heredado por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según entendidos en el tema consultados por EL VOCERO, que coinciden en que su implementación es inevitable una vez la jueza Laura Taylor Swain apruebe el Plan de Ajuste (PAD) para reestructurar las obligaciones de la corporación pública.

Para el licenciado John Mudd, con experiencia en procesos de quiebras, esta inevitabilidad está evidenciada por el simple hecho de que el escrito de divulgación de la versión enmendada del Plan presentado la pasada semana por la Junta de Control Fiscal (JCF) utiliza el verbo “shall” - que en español significa deberáa la hora de referirse a la implementación de “cargo heredado”.

“El uso de este término convierte este nuevo cargo en una obligación. Esto no es opcional. Una vez la jueza Swain apruebe esta o cualquier otra versión del Plan que incluya este cargo, su cobro se convertirá en una orden judicial”, destacó el abogado, quien insistió en que tanto el gobierno como el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) no tendrán otra alternativa, ya que el documento es claro.

Dentro de la definición del “cargo heredado” en el escrito de divulgación, la junta fiscal subrayó que las tarifas actuales de la AEE son “insuficientes para proveer un repago de la deuda heredada o reestructurada luego del pago de sus gastos operacionales”, por lo que para proveer suficientes ingresos netos para brindar una fuente de repago a nuevos bonos a ser emitidos, el Plan requiere que el deudor -en este caso la corporación pública- implemente un “cargo heredado” que será adicional a las tarifas actuales.

Asimismo, el PAD enmendado dictamina que “en o previo a la fecha de efectividad (del plan) el cargo heredado deberá ser implementado por el deudor reorganizado o cualquier operador cualificado del sistema de transmisión y distribución (incluyendo LUMA Energy) y aprobado por el NEPR”.

El documento dictamina que cualquier modificación de tarifa que comprometa el cargo heredado deberá contar con la aprobación de la Junta fiscal –mientras esté en vigencia- y no puede retrasar o extender el tiempo esperado de repago de los bonos.

“El NEPR deberá aprobar e implementar el cargo heredado”, sostuvo la Junta fiscal en el documento, en el que ordena a abstenerse de tomar cualquier acción para frustrar, disminuir o impedir el valor del cargo heredado o la habilidad de la AEE para colectar el mismo.

El licenciado Mudd recordó que la jurisprudencia en este tipo de caso dictamina que las exigencias de un PAD van por encima de cualquier regulación o requisito estatal, lo que también recalcó la Junta de Control Fiscal a la hora de reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico.

Sin oportunidad de refutar

Por su parte, el licenciado Rolando Emanuelli aseguró que al gobernador Pedro Pierluisi “se le fue la guagua” para refutar el cargo, debido a que el gobierno de Puerto Rico no objetó el escrito de divulgación del PAD a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

“Ellos pudieron haber objetado y plantear que eso (la imposición de un nuevo cargo) le tocaba al Negociado (de Energía) y las otras objeciones que el gobernador planteó en su comunicado de prensa. Eso se pudo haber llevado ante el tribunal”, comentó Emanuelli, quien también se especializa en procesos de quiebras.

El letrado mencionó, además, que la versión original del PAD y su correspondiente escrito de divulgación hicieron mención del cargo heredado, pero no entró en detalles.

“Aafaf no solicitó a la jueza que la junta hiciera aclaraciones ya que ese plan original era totalmente deficiente. Era obvio que había que oponerse y ellos no lo hicieron”, sentenció el abogado ponceño.

Contemplan expresarse ante la jueza Swain

Entretanto, el director ejecutivo de Aafaf, Omar J. Marrero Díaz, reveló que en la actualidad el equipo legal de la agencia contempla “distintas expresiones, incluyendo una expresión en el tribunal” para reclamar que el delinear la manera en que se implementará la tarifa en esta etapa del proceso fue una movida a destiempo.

“Lo que hemos señalado es establecer hoy, en febrero, una tarifa cuando todavía la jueza (Swain) no ha emitido su determinación sobre las reclamaciones de los bonistas y, en segundo lugar, cuando el NEPR no ha aprobado la tarifa”, abundó el funcionario.

Sin embargo, Marrero Díaz manifestó enfáticamente que la expresión no será una objeción debido a que esto “podría descarrilar el proceso de confirmación y eso no lo queremos nosotros, ya que si se desestima la reestructuración significa que pagaríamos el 100% más el interés de todo lo que no se ha pagado”.

El director ejecutivo recalcó que el NEPR “tiene los datos, la pericia y el conocimiento para determinar si el pago del servicio de deuda amerita un aumento de la tarifa”.

Al ser cuestionado sobre el cargo por EL VOCERO, el NEPR se limitó a indicar a través de declaraciones escritas que “todavía no hay nada sometido ante el Negociado de Energía. Tan pronto se reciban los detalles, se tomarán las decisiones pertinentes”.

Especulativo hablar de aumentos

En cambio, el gobernador catalogó ayer de “especulativo” cualquier conversación sobre aumentos en la tarifa del servicio eléctrico en estos momentos.

“Indiqué que no estoy de acuerdo con estar pronosticando, presagiando, cuánto y cómo los consumidores, los clientes de la Autoridad, tendrían que pagar en la factura de la luz como resultado de este Plan de Ajuste de Deuda”, manifestó.