Revista Andesco Nº 24 by Yulder Jiménez

#24 / EDITORIAL

En FUREL S.A., el avance de la ingeniería colombiana y el mejor equipo humano se unen para generar valor y desarrollo. La confianza depositada por nuestros clientes durante #24 / EDITORIAL 1 estos 20 años es nuestra mejor carta de presentación.

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#24 / EDITORIAL

Una publicación semestral de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.

REVISTA ANDESCO N° 24, Junio de 2012

Gustavo Galvis Hernández Presidente

Carolina Andrea Villamil Esguerra Secretaria General

Adriana Ramírez García Editora General

Consejo Editorial Mauricio López González Director Técnico

Marco A. Vera Diaz Director de las Cámaras Sectoriales de Energía y Gas

Juan José Fuentes Director de la Cámara Financiera

Juan Pablo Fonseca Cruz Director de las Cámaras Sectoriales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Alberto Solano vanegas Director Director Cámara de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Patricia Torres Martínez Directora de Planeación

JUNTA DIRECTIVA Principales Empresas Públicas de Medellín, EPM, Presidente Empresa de Acueducto de Bogotá, Vicepresidente Empresas Municipales de Cali, EMCALI Codensa Electrificadora del Caribe Empresa de Energía de Bogotá, EEB Transportadora de Gas Internacional, TGI Colombia Telecomunicaciones, Telefónica Aseo Técnico de la Sabana, ATESA Compañía Energética del Tolima, Enertolima Electrificadora del Meta, EMSA

Suplentes Interconexión Eléctrica, ISA Isagen Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira Celsia Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB Gas Natural - Fenosa Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, TRIPLE A Aguas de Cartagena, ACUACAR Empresas Varias de Medellín, EEVVM Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC

ANDESCO Calle 93 N° 13 – 24 piso 3. Tel: 6167611 Fax: 2184154 Bogotá D.C., Colombia www.andesco.org.co Los artículos firmados no reflejan el pensamiento de Andesco. Los avisos publicitarios son de exclusiva responsabilidad de los anunciantes Diseño: Jorge Les Esguerra. Diagramación y armada: Magdalena Forero Reinoso Impresión: Image Printing Fotografía: Yulder Hernán Jiménez, www.flickr.com

Índice

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La competitividad del país y los servicios públicos y comunicaciones ...4

La gestión comercial como factor impulsador en la modernización empresarial del servicio de aseo ......56

¿Cómo serán nuestras ciudades dentro de cincuenta años?....................8 Hacia la sostenibilidad en las zonas urbanas ..............................................14 La influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sostenibilidad ................................ 20 Fortalecimiento institucional y de gestión de Empresas Públicas de Medellín (epm) basado en la implementación de prácticas de gobierno corporativo .........................23 Gestión de cartera con responsabilidad social .......................32

Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del País .............................................62 Los retos y cambios que nos traen la introducción de las energías renovables para la generación eléctrica ...........................................72 La Norma ISO 50.001 Sistemas de Gestión Energética: requisitos y orientaciones para su uso, y su proceso de implementación en Colombia ..........................................86 La tributación de las sociedades y los socios .......................................96

La gestión integral del riesgo ..........34 El papel de la propiedad de los medidores en los servicios públicos domiciliarios ......................................40 Aprovechamiento de residuos sólidos, un ajuste en el mapa de ruta actual ..46

Servicios, veinte años después de la constitución ...................................102 Galería fotográfica .........................106

Editorial La competitividad del país y los servicios públicos y comunicaciones

Gustavo Galvis Hernández Presidente Andesco

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En estas épocas de libre comercio cuando nuestro país está irrumpiendo con ímpetu en los mercados internacionales a través de los denominados TLC, es importante resaltar la importancia de los servicios públicos y comunicaciones para que el país pueda ampliamente competir con dinamismo. La base productiva nacional pasa necesariamente por una adecuada prestación de los servicios. Desde la promulgación de la Constitución de 1991 el país adoptó una nueva manera de gestión empresarial en los servicios públicos, basados en las premisas esenciales de solidaridad, sostenibilidad, suficiencia financiera ycompetencia donde sea factible, separación de los diversos roles del Estado, control social por parte de los usuarios y gestión eficaz bajo las normas del derecho privado. En ese orden de ideas, podemos afirmar sin ambages, que la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas combustible y comunicaciones han mejorado notablemente y Colombia está muy por encima del promedio latinoamericano. Para mencionar solamente unos aspectos de relevancia, los servicios de acueducto y alcantarillado en las ciudades de más de cien mil habitantes es cercano al 100%, con una calidad adecuada y a precios razonables. La gestión integral de los residuos sólidos es adecuada y más del 90% de los residuos producidos en el país se disponen en rellenos sanitarios. El servicio de energía eléctrica es casi universal y la confiabilidad del sistema ha sido probada con eficacia en eventos climatológicos extremos en donde otros países de la región han estado sometidos a racionamientos, mientras que Colombia, al contrario, ha servido de exportador de este bien tan preciado. La revolución del gas natural ha permitido que más de cinco millones de hogares e industrias cuenten con

este servicio y más de dos y medio millones de casas rurales y de pequeños poblados cuenten con el gas licuado de petróleo. En las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC- el avance ha sido impresionante. La banda ancha está siendo ofrecida principalmente por las empresas que llevan con sus cables y fibra óptica el servicio a las residencias y negocios con un total de 4,6 millones de usuarios. Esta es la verdadera calidad del servicio que se requiere para potenciar la competitividad del país. No podemos contentarnos con un simple acceso a internet sino multiplicar su velocidad y confiabilidad. Igualmente, la televisión por suscripción ha incrementado de una manera sustancial; hoy en día más de siete millones de hogares tienen este servicio, el cual se verá potenciado con la convergencia de todos los servicios bajo la plataforma de las TIC. En reciente estudio hecho por Fedesarrollo para Andesco, se muestra que el efecto de las TIC en el progresodel país es enorme; el conjunto de multiplicadores en términos de valor agregado es de 2.8; en empleo se generan 3.8 empleos por cada empleo generado en el sector TIC; igualmente, por cada peso de impuestos pagado por el sector TIC se generan 2 pesos en el resto de la economía nacional. Capítulo aparte merece para la competitividad del país el tema ambiental; las empresas de servicios públicos y de comunicaciones afiliadas a Andesco son líderes en los procesos de gestión ambiental; obviamente falta mucho por hacer especialmente en el tema de tratamiento de aguas residuales, para lo cual se requiere un concurso entre todos los actores del sistema, vale decir, Gobierno Nacional, Corporaciones Autónomas Regionales, Entidades Territoriales, Empresas y usuarios.

La sostenibilidad entendida como el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social, es la base esencial de la prestación de los servicios. De lo contrario, podemos estar abocados a un deterioro paulatino del medio ambiente que soporta la actividad sectorial. A propósito de esto, es imperativo insistir en la lucha contra la deforestación como un verdadero propósito nacional y en eso, el sector de los servicios públicos es líder, con cuidados extensivos en zonas de páramos y bosques; vale la pena mencionar las cuencas de los proyectos hidroeléctricos; los bosques protectores en Chingaza, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Medellín, entre otras ciudades. De otro lado, vale la pena resaltar la internacionalización de las empresas de servicios públicos y comunicaciones colombianas; hoy ISA, EPM, el Grupo de Energía de Bogotá, Interaseo, Grupo Sala, Acueducto de Bogotá, para mencionar algunas están incursionando con éxito en muchos mercados latinoamericanos, lo cual es muestra fehaciente de la calidad del sector. En resumen, el panorama de prestación de los servicios para que el aparato productivo colombiano pueda competir con éxito en el mundo globalizado está claramente despejado; las empresas responsables de su prestación están trabajando sin desmayo y con denodado esfuerzo para lograr el propósito superior de brindar a todos los colombianos servicios de calidad a costos razonables. Ese es su compromiso y a fe que lo están logrando.

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Informe especial ¿Cómo serán nuestras ciudades dentro de

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Colombia es un país de ciudades, más de 50 ciudades o municipios conexos poseen más de 100.000 habitantes, en éstos se mueve el 50% del PIB nacional y se concentra el 75% de la población, es decir, alrededor de 30 millones de habitantes viven en las ciudades. Para el 2050 se tiene proyectado que vivirá el 85 % de la población, es decir 54 millones de habitantes. En términos de pobreza el 40% de la población que vive en estas ciudades son pobres y alrededor del 55% perciben los ingresos de actividades de la economía informal. Esta situación nos lleva a plantear serios retos que den respuesta a esteacelerado crecimiento ur-

Colombia es un país de ciudades, más de 50 ciudades o municipios conexos tienen más de 100.000 habitantes, en estos se mueve el 50% del PIB nacional y se concentra el 75% de la población. bano, en donde las empresas de servicios públicos serán unos jugadores importantes para garantizar la demanda de servicios, la generación de empleo y la implementación de proyectos amigables con el ambiente que mitiguen los efectos del cambio climático. Al revisar el crecimiento de las ciudades en Latinoamérica, se ve la necesidad de adelantar procesos de planificación que permitan un crecimiento ordenado para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, la inclusión de toda la población a los servicios esenciales y el mejoramiento de las condiciones ambientales, en donde el ciudadano confíe en su administrador local y participe activamente en las decisiones de su ciudad.

La Financiera de Desarrollo Territorial – FINDETER conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el Departamento Nacional de Planeación, y los ministerios de Vivienda Ciudad y Territorio, Hacienda y Crédito Público, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Transporte, Industria, Comercio y Turismo, y Educación, viene adelantando la iniciativa de la plataforma: “Ciudades Sostenibles y Competitivas”, la cual busca fortalecer de manera práctica y sencilla aspectos que permitan mejorar la sostenibilidad ambiental; construir la infraestructura de servicios que requiere la dinámica de crecimiento del territorio; optimizar los ingresos fiscales y actuar de manera transparente frente a la población; e incrementar la competitividad generando condiciones que promuevan alianzas público-privadas, mejoren

los ingresos, y el acceso a la salud y la educación, es decir conjugar y consolidar la prosperidad de los ciudadanos. La aplicación de esta plataforma permite identificar acciones y proyectos que contribuyan a la sostenibilidad y competitividad de las ciudades; armonizar los planes de desarrollo municipal con el departamental y el nacional,para así,desde una visión integral cumplir con el compromiso universal de los Objetivos del Milenio, en el marco de los principios del Pacto Global. Con esta iniciativa se podrá definir el modelo de ciudad que queremos; una ciudad con planificación ordenada en: usos del suelo, zonas de rehabilitación y expansión, con la infraestructura de servicios acorde a una urbe moderna. Que genere a su vez ciudadanos comprometidos con su desarrollo y una administración municipal transparente que promueva procesos de participación en la toma de decisiones. Un desarrollo económico y social sostenible, en donde la educación y la salud como derechos fundamentales estén al alcance de toda la población, y en donde las alianzas privadas mejoren los ingresos y consoliden el crecimiento. Si pudiéramos elegir la ciudad que queremos para dentro de unos años, ¿cómo sería? Parece una pregunta para una tarea de alumnos de primaria y, sin embargo, es la gran oportunidad que tienen algunas ciudades colombianas. Hay períodos en los que algunas ciudades se enfrentan amomentos de decisiones, porque se han convertido en foco de atracción de inversiones, se encuentran en un ciclo de oportunidadesdentro de un clima de optimismo, al tiempo que se evidencia el impulso al crecimiento económico y social. Se percibe que se encuentran a punto de algo grande.

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El programa “Ciudades Sostenibles y Competitivas” entrega la oportunidad de pensar cómo va a crecer la ciudad, que va a construir para sus habitantes y cuál es la calidad de vida que quieren entregar.

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Entonces ¿Cómo responde una ciudad frente a un momento como este? Cuatro ciudades colombianas lo están viviendo; Manizales, Bucaramanga, Pereira y Barranquilla, estas capitales estánatravesando un momento muy especial, en el que se han vuelto atractivas ante los ojos del mundo, especialmente tras la firma de los tratados de libre comercio de Colombia con Estados Unidos y Europa.

Con esta iniciativa se podrá definir el modelo de ciudad que queremos, una ciudad con planificación ordenada. Hay lugares que han vivido una situación similar en el pasado y no han sabido mantener ese momentum. La explosión económica y el crecimiento terminaronllevándoselas por delante. Lo que diferencia a estas cuatro ciudades del resto es que van a tener la oportunidad de planificar su desarrollo de manera ordenada, de empezar a trabajar para hacer realidad un futuro cómo ellas mismas se imaginan, de lograr que las oportunidades no sean de corto plazo sino que se construyan con bases sólidas para el futuro.

“Ciudades Sostenibles y Competitivas”, busca fortalecer aspectos que permitan observar las ciudades con otra mirada,que le permitanenfrentarlos retos que del siglo XXI: Sostenibilidad, medio ambiente,desarrollo de la infraestructura de servicios. Pero también aspectos menos ‘materiales’ como la transparencia política de las instituciones públicas. El objetivo es el de crear lugares que sean más amigables para la población y que fomenten la prosperidad y el crecimiento económico de la región, bajo cuadro pilares:

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Adaptación al cambio Sostenibilidad climático, manejo del medio ambiental y ambiente, mitigación del cambio climático riesgo, gestión del agua. Sostenibilidad urbana

Planificación de los usos del suelo, vivienda, servicios públicos, movilidad, renovación urbana.

Sostenibilidad fiscal y gobernanza

Buen Gobierno, Transparencia, Eficacia en la gestión pública

Sostenibilidad económica y social

Competitividad, educación, salud, empleo, asociaciones público-privadas.

Estas iniciativas en Colombia se han convertido en una política de Estado. El Departamento Nacional de Planeación, los ministerios y las autoridades departamentales y locales, van a participar porque se trata de una oportunidad de interés nacional.

La iniciativa, que hasta el momento cuenta con una inversión de 500 millones de dólares, permitirá que estas ciudadesno se vean abocadas en quince años a los problemas que viven en la actualidad algunas de las grandes urbes del mundo. Estas cuatro ciudades colombianas tienen la oportunidad de pensar cómo van a crecer, qué ciudad va a construir para sus habitantes, cuál es la calidad de vida que se quiere ofrecer a las generaciones futuras al tiempo que van a tener la oportunidad de ser un ejemplo de crecimiento planeado y organizado para que, a mediano plazo, se conviertan en un referente mundial.

Hacia la sostenibilidad en las zonas urbanas 14

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Conceptos básicos e iniciativas para el necesario cambio de modelo Cristina Gamboa Directora Ejecutiva Consejo Colombiano de Construcción Sostenible

Los conceptos de ciudad sostenible y construcción sostenible han venido recibiendo gran atención como propuestas viables ante el rol esencial de las urbes, con creciente número de habitantes, en la economía mundial del Siglo XXI y las necesidades de uso eficiente de los recursos y de mitigación y adaptación al cambio climático. En efecto, el entorno edificado, por sus actuales características de habitabilidad, es responsable de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero (IPCC 2004) y ha sido identificado como el área con el mayor potencial de mitigar esas emisiones (PNUMA 2011). Así mismo, el entorno edificado es responsable en promedio en el mundo del 20% del consumo de agua potable, 25% del consumo de la madera cultivada, 30-40% del uso de la energía y 40-50% del uso de las materias primas. Ante estos significativos impactos, los distintos actores de la cadena de valor de la construcción hoy reconocen que sólo hay una respuesta lógica ante los retos ambientales, sociales y de productividadque enfrentamos en nuestros tiempos. Esa respuesta es la adopción de prácticas de desarrollo sostenible aplicadas a nivel urbano y para la construcción y regeneración urbana. En este artículo para ANDESCO elaboraremos sobre estas temáticas y resaltaremos el papel central que tienen los servicios públicos domiciliarios para lograr avances tangibles hacia la sostenibilidad en las zonas urbanas. Por supuesto, la ciudad es por definición un sistema complejo.

Sin embargo, desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) consideramos que esta condición no es una barrera para la inacción y estamos a tiempo para adoptar una serie de instrumentos adaptados a nuestros tiempos, con soluciones simples y apropiadas a la gestión y circunstancias locales en pro del desarrollo sostenible.

Dinámicas urbanas y la sostenibilidad Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado y Colombia no escapa a esta dinámica, pues se proyecta para 2020 que el 80% de su población será urbana. Ante este crecimiento, que tiene consecuencias sociales, económicas y ambientales, las ciudades responden con instrumentos que buscan un balance urbano y fiscal. En este marco se busca atender, por ejemplo, las necesidades físicas de provisión de vivienda, servicios públicos, centros educativos, de salud y policiales, redes viales y demás infraestructura urbana. Pero las políticas públicas actuales están siendo ineficaces en cuanto a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El deterioro es evidente como resultado de lo anterior: la contaminación crece, la construcción de vivienda informal persiste (con graves problemas de salubridad por falta de servicios públicos), la crisis de movilidad es incuestionable y la vulnerabilidad de los centros urbanos ante los desastres naturales -cada vez

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más frecuentes e impredecibles producto del cambio climático-, va en aumento. Es importante subrayar que en el proceso de crecimiento urbano se impactan los municipios rurales vecinos, los cuales también dependen de la ciudad. En estas dinámicas urbano-regionales existe una noción de desequilibrio y falta de conciencia sobre la corresponsabilidad. Las realidades urbanas traspasan sus perímetros e impactan el territorio del cual dependen para su funcionamiento y que determinan el nivel de su calidad de vida, tales como servicios públicos, energía, alimentos y servicios ecosistémicos, entre otros. Ante estas realidades, queremos destacar las posibilidades de actuación frente a la situación de las ciudades colombianas. Sin duda, siempre hay oportunidades frente a los grandes desafíos y los pequeños pasos que se han dado a la fecha hacia la sostenibilidad pueden comenzar a replicarse y vigorizarse con alianzas público privadas y articulación interinstitucional.

La ciudad sostenible y resilente En las ciudades sostenibles hay dos conceptos muy importantes que van de la mano: sostenibilidad y resiliencia. Por un lado, el término sostenibilidad se refiere a las prácticas de producción y consumo responsable, que tienen en cuenta el límite de disponibilidad de recursos –tanto para nuestra generación como para las futuras- y que propenden por una mayor eficiencia en su utilización. El concepto de desarrollo sostenible aplicado a las zonas urbanas puede dársele también la siguiente interpretación práctica, dada por el Consejo Internacional de Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI, 1994): “El desarrollo sostenible es aquel que ofrece servicios ambientales, sociales y eco-

nómicos básicos a todos los miembros de una comunidad, sin poner en peligro la viabilidad de los sistemas naturales, construidos y sociales de los que dependen la oferta de esos servicios”. Por lo tanto, el concepto de ciudad sostenible es un proceso y no un fin, y el desarrollo urbano y regional sostenible no es un obstáculo del crecimiento económico ni de la rentabilidad de la industria. Sencillamente el desarrollo urbano sostenible propende por un balance en el sistema urbano-regional en sus dimensiones económica, social y ambiental, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, sin poner en entredicho la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. El concepto menos conocido de resiliencia, por otro lado, es de igual o mayor relevancia en nuestros tiempos. En términos de los sistemas naturales, la resiliencia se refiere a la capacidad que tienen estos sistemas para recuperarse con ocasión de acontecimientos fuera de lo común. Un ejemplo concreto de estos sucesos no ordinarios a nivel del territorio y de las ciudades fueron los efectos posteriores a las dos pasadas oleadas invernales, que derivaron en una emergencia generalizada con sucesos tales como inundaciones, deslizamientos, pérdida total de cultivos y población desplazada. En este contexto, las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios tienen un papel muy importante para lograr entornos urbanos adaptados y capaces de recuperarse ante eventos poco predecibles. Para este objetivo es fundamental contar con sistemas de prevención y gestión de riesgos, pues no es suficiente tener capacidad de respuesta ante las amenazas del cambio climático. Es urgente prevenir tragedias con una planeación a largo plazo. Ahora bien, las ciudades sostenibles son más que una colección o sumatoria de edificaciones sostenibles (ver recuadro para una definición de construcción sostenible). Conceptualmente, estos centros urbanos se componen de barrios y distritos

verdes con infraestructura eficiente que replica los procesos y ciclos naturales, por lo cual se reducen los impactos en los sistemas receptores. En el centro de esta visión de ciudad están las comunidades sostenibles que se basan en la promoción del desarrollo de usos mixtos, mezcla de estratos y densificación responsable, ojalá en suelo ya urbanizado con plena provisión de servicios de agua, electricidad, saneamiento y movilidad. Las unidades de vivienda pueden incorporar soluciones de construcción sostenible, con una buena implantación en el territorio, diseño bioclimático, y soluciones prácticas para la eficiencia en el consumo energético y de agua para derivar en un mayor ingreso familiar disponible para atender otras necesidades del hogar. Este modelo de ciudad permite consolidar comunidades inclusivas y prósperas a largo plazo, sostenibles en el tiempo, las cuales pueden vivir y encontrar empleo en la misma zona. Además de estos procesos virtuosos, la mezcla de usos, servicios y equipamientos locales también ahorran tiempo y dinero a los habitantes, y a la vez minimizan los impactos en la movilidad en la ciudad.

Movilidad, energía, desperdicios y agua Además de los ya mencionados usos del suelo y la promoción de distritos verdes o comunidades sostenibles, hay otra serie de iniciativas que son de la mayor relevancia para el funcionamiento de un sistema urbano como un sistema natural, donde el equilibrio se alcanza y mantiene mediante la gestión ecológica y económica de los flujos. Como principio esencial la idea es propender por la integración del cierre de los ciclos de recursos, energía y residuos. Algunas de las iniciativas que aportan en la dirección de este concepto tienen relación con movilidad, energía, desperdicios y agua.

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La iniciativa de movilidad sostenible se refiere a sistemas de transporte que minimizan su gasto energético y su consecuente impacto en la contaminación. La caminata, la bicicleta y el transporte público limpio y de alta calidad deben ser los ejes fundamentales para reducir la dependencia del carro particular (o motos) como medio principal de transporte. El impulso local a culturas de movilidad sostenible es esencial y para su logro se requieren de incentivos (no prohibición), pues en Colombia la mayor parte de la contaminación del aire proviene de las fuentes móviles de transporte. El área de energía sostenible hace referencia a la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de la energía y mejorar el manejo de las cuencas donde se ubican las hidroeléctricas. Esta inicia-

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tiva también contempla tópicos como la renovación de las plantas térmicas, la promoción de los biocombustibles y del uso de energía renovable, tanto a nivel industrial como en los sistemas de movilidad y residencial. Para las zonas no conectadas, las soluciones de energía solar o eólica vienen probando su potencial para transformar comunidades y generar oportunidades de inclusión económica y social. En cuanto a la generación de desechos, la industria de la construcción tiene mucho por hacer para maximizar su reciclaje en obra. Más allá de la responsabilidad sectorial, la ciudad debe adoptar un manejo avanzado de los desechos, impulsar la cultura del consumo responsable y buscar condiciones para que el reciclaje y la minimización de los desperdicios sean la norma y no la excepción entre la ciudadanía. Una iniciativa crítica para la ciudad sostenible tiene relación con el agua, en la cual es de la mayor importancia fomentar asociaciones entre los sectores público y privado para lograr políticas de planeación y utilización eficiente y responsable de este servicio vital para los centros urbanos. En nuestra opinión, las alianzas y políticas públicas deben reconocer la importancia de lograr una gestión integral del recurso hídrico, desde la protección y aseguramiento de la cuenca hasta la provisión de agua potable, servicios de alcantarillado y manejo integrado de las aguas lluvias. En esta planeación deben incorporarse sistemas de identificación de las zonas de riesgo del país y fomentar un desarrollo urbano-regional armónico, que coopere con las necesidades de producción formal de soluciones habitacionales para la población.

Infortunadamente Colombia logró convertir en un problema uno de nuestros mejores atributos: la abundancia del recurso hídrico. Según los expertos que participaron en un foro reciente del CCCS, la tragedia en nuestro país es que hemos construido todas nuestras ciudades de la misma manera, sin tener en cuenta cómo funciona la hidrología de cada lugar. Se evidenció en ese espacio académico, cómo algunas de las ciudades clasificadas como “las más secas de Colombia” -Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta– se localizan en zonas en donde, en teoría, existen regímenes de precipitaciones muy bajos. Sin embargo, la realidad de las precipitaciones en estas urbes prueba ser diferente, lo que ha ocasionado que no se hayan construido sistemas de alcantarillado pluvial en tales ciudades, con las consecuencias conocidas por todos de inundaciones, creación de arroyos y desbordamientos. Quizá podría afirmarse que la premisa dominante en Colombia ha sido la de sacar el agua de la ciudad en el menor tiempo posible, por lo cual el actual entorno urbano es lo más impermeable posible y con grandes estructuras recolectoras de agua para conducir las aguas lluvias a los ríos (muchas veces sin descontaminar las aguas servidas) para su disposición final. Pero los nuevos regímenes de lluvias, asociadas con el cambio climático, evidenciaron que el modelo debe cambiar y la premisa debe ser otra: debemos retardar al máximo la llegada de esas aguas al colector final y motivar el cierre de los ciclos del agua a nivel de la edificación. En otras palabras, debemos reaprender a pensar simple, a menor escala para irlos creciendo y retomar los principios de

sistemas urbanos cerrados para minimizar las escorrentías y la contaminación. Es el momento para decantar la amplia normativa existente en Colombia en cuanto al manejo del recurso hídrico para incluir incentivos con el fin de fomentar su manejo integrado en las ciudades colombianas. En un país con la riqueza hídrica de Colombia, consideramos que nuestras ciudades deben reconocer en los ciclos hídricos un factor fundamental de ordenamiento territorial, de diseño urbano y de gestión integral del riesgo. La naturaleza nos brinda las claves que necesitamos para optimizar el uso de los recursos para lograr urbanismos que funcionen con la hidrología natural, sobre todo en climas tropicales en donde la hidráulica es tan exigente. Las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado están llamadas a trabajar de la mano del sector privado y la comunidad para dar un manejo integrado y sostenible al recurso hídrico. La regulación que gobierna a las empresas

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de servicios públicos podría avanzar en resolver la contradicción aparente entre conservación de los recursos y el comercio del servicio, para que la conservación y uso eficiente sea fuente de beneficios. Cabe mencionar que un paso en la dirección correcta es la reglamentación contenida en el nuevo Conpes de Espacio Público expedido en enero de 2012, el cual reconoce el gran potencial del espacio público como infraestructura verde y su rol esencial en el manejo integrado del agua. Desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) seguiremos trabajando por una regulación adecuada en numerosos ámbitos, con el decidido concurso de todos ustedes: sector privado, gobierno nacional, entidades territoriales y academia. Nuestro objetivo es lograr ciudades más sostenibles, socialmente incluyentes, responsables en sus hábitos de producción y consumo y, sobre todo, entornos que brinden una mejor calidad de vida para todos.

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Recuadro 1

Qué es la sostenibilidad

en la construcción

La construcción sostenible es un factor de innovación, competitividad y crecimiento de la industria en el mundo, la región y en el mercado colombiano. Existe una tendencia de alta penetración de la construcción sostenible en el mercado local y el CCCS está comprometido con la profundización del proceso de masificación de su conocimiento y aplicaciones. El concepto de construcción sostenible incluye: • Mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción y operación) • Minimizar el impacto del sector en el cambio climático, el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad • Objetivo común: la reducción de su impacto en el ambiente y un mayor bienestar de sus usuarios • Algunos elementos clave: • Gestión del ciclo de vida • Relación estrecha de edificación con el entorno • Uso eficiente y racional de la energía • Conservación, ahorro y reutilización del agua • Utilización de recursos reciclables y renovables • Selección de insumos y materiales derivados de procesos de extracción y producción limpia • Mayor eficiencia en técnicas de construcción • Cambios en hábitos de personas y comunidades

Recuadro 2 Sobre el CCCS El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización privada sin ánimo de lucro fundada en febrero de 2008, que promueve la transformación de la industria de la construcción para lograr un entorno responsable con el ambiente y el bienestar de los colombianos. Actualmente el CCCS cuenta en su red con la participación de más de 170 entidades, entre las cuales están empresas, colegios, universidades, organizaciones no gubernamentales y gremios. Como miembro pleno del Consejo Mundial de Construcción Sostenible (www.worldgbc.org), el CCCS cuenta con un reconocimiento internacional por su aporte a la promoción de mejores prácticas en la construcción. Sus acciones se concentran en fortalecer el conocimiento sobre construcción y urbanismo sostenible, fomentar la utilización de sistemas de certificación y normalización de mercados verdes en la construcción y colaborar con el gobierno nacional y los gobiernos locales para gestionar y apoyar la formulación de políticas de producción y consumo responsable para el sector.

Mayores informes: Cristina Gamboa T. Directora Ejecutiva Consejo Colombiano de Construcción Sostenible – CCCS Tel: (57-1) 743-0950 cgamboa@cccs.org.co Visite nuestra página web:www.cccs.org.co

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La influencia de las Tecnolog铆as de la Informaci贸n y la Comunicaci贸n en la sostenibilidad Juan Alfaro

Director del Programa Superior de Responsabilidad Corporativa del IE Business School

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Las tecnologías de la información y comunicación se han convertido en un elemento clave para la mejora de aspectos sociales, ambientales y económicos en el entorno actual. Son muchos los contrastes empíricos y los casos empresariales que así lo demuestran, por ello estaríamos hablando de elementos de gestión que van a influir como agentes transformadores de nuestros países en pro de una sociedad interconectada, donde la virtualización y la digitalización se van a convertir en elementos básicos para sectores claves como la generación y distribución eléctrica, la construcción, los servicios a las personas, las redes de transporte, la gestión de las administraciones públicas y las ciudades. Es por ello que muchas empresas están trabajando en soluciones que contribuyan al fomento del concepto Smart en los servicios, productos y soluciones que ofrecen al mercado, destacando en cada uno de ellos los ahorros económicos que se pueden conseguir con su utilización, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o el

Juan Alfaro

greso de Andesco que se realizará en Cartagena del 27 al 29 de junio. La desmaterialización, como una oportunidad para la sustitución de la compra y venta de pro-

... muchas empresas están trabajando en soluciones que contribuyan al fomento del concepto Smart en los servicios, productos y soluciones que ofrecen al mercado... posible uso de un determinado servicio por personas que sufren algún tipo de discapacidad. En España, siguiendo la tendencia de otros países, hemos elaborado el informe Spain 20.20 que nos muestra las mejoras sociales, económicas y ambientales que se pueden conseguir en el país si los diferentes sectores empresariales y las administraciones públicas hacen una apuesta decidida por la integración de las TIC en diferentes ámbitos. El estudio lo presentaré en el marco del Con-

ductos físicos por alternativas tecnológicas más limpias que impliquen un menor número de traslados y un ahorro de tiempo (por ejemplo la venta de un libro por internet elimina la necesidad de distribuirlo a la tienda y que el consumidor se desplace a comprarlo); poder adquirir servicios desde cualquier punto geográfico y facilitar a colectivos con algún tipo de discapacidad el realizar sus compras desde casa. Por otra parte, el teletrabajo también elimina la necesidad de trasladarse a la oficina diariamente, así como la telepresencia

y la videoconferencia, que además de reducir significativamente los costes derivados de estos desplazamientos, mejoran la productividad y el orgullo de pertenencia al posibilitar la adopción de estrategias de conciliación de la vida personal y profesional. La administración electrónica permite el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, mediante la utilización del DNI electrónico o firma electrónica que posibilita la identificación del ciudadano, con el consiguiente ahorro que implica la reducción de los desplazamientos de ciudadanos, empresas e intermediarios a la administración pública y el ahorro en el consumo de papel que todo esto supone. Las redes eléctricas inteligentes surgen como una oportunidad tecnológica para mejorar la eficiencia en la transmisión y distribución de la energía, así como el propio consumo energético en los hogares. El control en tiempo real y la automatización de las redes, reducen los costes operativos y de mantenimiento de infraestructuras de red, así mismo, permiten una identificación de los cortes de suministro en tiempo real y una actuación inmediata para restablecer la electricidad aumentando la calidad del servicio y la satisfacción de los consumidores. Los sistemas inteligentes de producción se presentan como una oportunidad de entregar productos de calidad a un coste significativamente reducido. Facilitan la integración de los procesos operativos industriales con los del negocio de la empresa, adecuando así la producción a la demanda real del consumidor y aportando mayor seguridad laboral.

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El transporte inteligente busca mejorar la eficiencia energética de los diversos modos de transporte, reduciendo con ello los costes operativos asociados, aumentando la eficiencia de las operaciones y reduciendo en muchos casos el número de kilómetros recorridos. Facilita el mantenimiento preventivo de las flotas, lo que conlleva a una reducción de los costes de reparación y una mayor vida útil de los vehículos. También incrementa la seguridad vial y mejora el rendimiento ambiental en los diversos modos de transporte empleados. Los servicios a las personas con implantación de las TIC serían clave de cara a disminuir los traslados de pacientes a centros hospitalarios y de asistencia sanitaria, poniendo en marcha sistemas de e-health y servicios de teleasistencia. Mejoran la calidad del servicio con la consiguiente reducción de las listas de espera y aumentan la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas. Igualmente un desarrollo óptimo de prácticas de e-learning potenciará los campus virtuales, los espacios de colaboración digital y el desarrollo de contenidos digitales. Y por último el cloud computing, que hace referencia a todas las aplicaciones y servicios que se ejecutan a través de una red distribuida que emplea recursos virtualizados y a los que se puede acceder a través de protocolos comunes de internet y estándares de comunicación de redes, y que entre otras ventajas, disminuye las barreras de entrada al mercado de pequeñas y medianas empresas.

Fortalecimiento institucional y de gestión de Empresas Públicas de Medellín (epm) basado en la implementación de prácticas de gobierno corporativo* #24 / RSE

Jorge Luis Rodríguez, Consultor José Ramón Gómez, Especialista Energía BID

Antecedentes El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) apoyó a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en la construcción y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Porce III, ubicado en el departamento de Antioquia, Colombia, por medio del programa de préstamo BID 1664/OC-CO, suscrito el 9 de diciembre de 2005 entre el BID y EPM, por un valor de US$ 200,000,000. Uno de los objetivos planteados en el citado Convenio de Préstamo se refiere a la implementación de prácticas de gobierno corporativo y específicamente a cómo estas actividades “contribuirán a mantener y consolidar gradualmente el desempeño y eficiencia de EEPPM”. En este Estudio de Caso se analizó el desarrollo y resultado de las actividades realizadas por EPM en el ámbito del gobierno corporativo, con el objeto de identificar las lecciones aprendidas y mejores prácticas desarrolladas, que permitan ser tenidas en cuenta y consideradas en futuros proyectos o iniciativas. Para el logro de los objetivos anteriores, metodológicamente se utilizaron dos fuentes de información: 1. análisis de documentos relacionados

con el tema objeto del estudio y 2. Realización de entrevistas para complementar, aclarar y profundizar los análisis realizados a los documentos y se consideró la siguiente pregunta central de reflexión del Estudio de Caso:

“De acuerdo con las acciones llevadas a cabo por parte de EPM relacionadas con la implementación de prácticas de gobierno corporativo como parte del Programa Hidroeléctrico Porce III, ¿en qué aspectos se ha logrado mejorar la gestión de la empresa?, ¿qué aspectos se deben considerar como buenas prácticas para el desarrollo de futuros proyectos?, ¿cuáles se deben mejorar?”

EPM. Naturaleza jurídica y desarrollo empresarial Como aspecto fundamentalpara evaluar la importancia de las prácticas de gobierno corporativo,se debe tener en cuenta que EPM es una empresa comercial e industrial del Estado, 100% propiedad del Municipio de Medellín,que como se plantea y analiza en este documento, ha desarrollado una estrategia empresarial reconocida tanto a nivel nacional como internacional, con el objeti-

*Informe completo disponible en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36826142

vo de generar valor para los grupos de interés1. Esto ha llevado a que la implementación de las prácticas de gobierno corporativo se realicen en forma coherente y considerando el desarrollo estratégico de la empresa2. EPM tiene como objeto la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía móvil, y demás servicios de telecomunicaciones. También puede prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las demás actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de basuras. Uno de los aspectos que más ha influido en preservar la gestión empresarial de EPM, evitando en lo posible la injerencia en la administración y en la estrategia de la misma, adicional a los requisitos establecidos para la Junta Directiva en desarrollo de las prácticas de gobierno, es que la ciudadanía de Medellín se considera como “dueña de la empresa”, por tanto la cuidan, protegen y están pendientes para evitar injerencias que la desvíen de los objetivos planteados. A su vez, se ha desarrollado una cultura en la cual los ciudadanos consideran que ellos son “el ADN de la empresa”, cultura que se considera ha permanecido y ha aumentando con el tiempo, no solo en Medellín sino en las regiones donde EPM está prestando actualmente sus servicios.

1. Grupos de interés se refiere a las personas o grupos de personas, con derecho legítimo de representación, que pueden ser afectados o afectar la marcha de la empresa, o que a su vez son o pueden ser afectados por ésta. Incluye a: el Municipio de Medellín, las personas jurídicas con quienes EPM comparte propiedad en las empresas filiales, los inversionistas y entidades financieras, los empleados, proveedores y contratistas, los clientes, la comunidad y medio ambiente, los competidores, los gremios y el Estado. 2. Este planteamiento considera que la implementación de las prácticas de gobierno corporativo en EPM es una actividad dinámica dado que debido a su desarrollo estratégico, de ser una empresa prestadora de servicios públicos, inicialmente a nivel local o municipal, para ir ampliando su ámbito de negocios a nivel regional, nacional y actualmente internacional.

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Aunque los resultados de la implementación y desarrollo de las prácticas anteriores y su aceptación y compromiso por parte de la ciudadanía y la opinión pública en general, no han sido medidos en forma sistemática, diferentes eventos puntuales y esporádicos que se han presentado relacionados, entre otros, con la injerencia en la administración de la empresas, malos manejos,donación de recursos a la empresa, debates relacionados con la propiedad de la misma, han demostrado la aceptación y compromiso por parte de la ciudadanía de mantener el actual modelo de gestión de la empresa. EPM identifica en la ciudadanía un factor primordial de “blindaje” ante cambios políticos o decisiones que puedan afectar la sostenibilidad de la empresa, incentivando mecanismos de diálogo con la comunidad y control social. Esteaspecto lo resalta la calificación de la ONG Transparencia por Colombia, quien en su medición anual del 2010 para los componentes de diálogo y control, resalta el alto grado de compromiso de EPM por fomentar la participación de la ciudadanía en el control de la gestión de la empresa. En el año 1957, EPM definió sus principios básicos de cultura empresarial, entre los que se consideraban la planeación técnica, financiera y jurídica para sus proyectos, y la transparencia frente al público;entre otros. En este sentido diferentes prácticas se han desarrollado por la Empresa para facilitar este “acercamiento con la ciudadanía” como son el convenio de gobernabilidad Empresa-Municipio, que se les envía anualmente a todos los ciudadanos; la actividad de rendición de cuentas que es pública, se transmite por televisión local con llamadas en directo de los periodistas,la presentación del Informe de Sostenibilidad Anual,y otros programas de acercamiento con la comunidad y de educación. A su vez, a partir del año 2009 y como parte de su plan estratégico 2010-2015, se incluye el plan de relacionamiento con los grupos de interés, el cual considera establecer una relación

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en ambos sentidos, estable, con representantes y teniendo en cuenta las diferentes características de los grupos. Durante las décadas del80 y 90 las empresas que participaban en la prestación de los servicios públicos en Colombiay específicamente en el de electricidad,tuvieron situaciones difíciles, lo que les implicó realizar ajustesadicionales a los que debieron realizar a nivel empresarial como consecuencia de la reestructuración del sector de servicios públicos, resultado de la Constitución de 1991 y las Leyes 142 (Servicios Públicos) y 143 (Eléctrica) de 1994. Durante la última década, EPM se ha expandido a otros mercados nacionales e internacionales con base en la adquisición de participación accionaria en otras empresas, conformando de esta forma a partir del 2000el Grupo Empresarial EPM(Grupo EPM), siendo en la actualidad el grupo más grande de servicios públicos y elsegundo grupo empresarial del país.

EPM es la matriz del Grupo EPM, que actúa en el sector de los servicios públicos domiciliarios y conexos, incluidos energía eléctrica, gas, aguas, recolección y disposición de basuras y telecomunicaciones. Tiene presencia a través de filiales en otras regiones del país y de América Central, donde empezó a ser un actor importante desde el año 2010. En total, el Grupo EPM presta sus servicios a más de 12 millones de personas en Colombia, distribuidas en las regiones de Antioquia, Bogotá, el Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander, la Costa Atlántica, el Valle del Cauca y el Departamento del Chocó. Así mismo posee alrededor de 940 mil clientes en Guatemala, 320 mil clientes en El Salvador y 360 mil clientes en Panamá. En la figura siguiente se presenta la conformación en el año 2011 del Grupo EPM:

Fuente: EPM, Presentación Gobierno Corporativo, Septiembre 6, 2011

Los actuales principios y fundamentos adoptados por el Grupo Empresarial EPMincluyen: • La estrategia es crecer con la gente con base en la sostenibilidad. • La responsabilidad social empresarial, “el buen gobierno corporativo”, la planeación de largo plazo y el rigor técnico, jurídico, financiero y gerencial, son el fundamento de la estrategia. • La construcción de un entorno próspero en las regiones donde desarrollan actividades, mediante un desempeño empresarial respetuoso en el que importan las consecuencias económicas, ambientales y sociales de las actuaciones empresariales frente a sus grupos de interés. • La innovación como parte fundamental de sus actividades. Los resultados de la ejecución de la estrategia del Grupo EPM han sido transferidos a la comunidad de Medellín por medio de los “dividendos” que entrega al Municipio bajo la figura de transferencias. Aunque en su historia el Grupo EPM ha diferenciado su administración de la del Municipio de Medellín, su naturaleza pública la mantiene expuesta a un riesgo de injerencias de tipo político, por el cual los temas de gobierno corporativo que regulan su relación con el dueño cobran especial importancia para asegurar el cumplimiento de sus objetivos empresariales. Es así, como a comienzos de la década pasada y teniendo en cuenta experiencias negativas de empresas a nivel internacional, EPM comenzó a considerar la implementación de mecanismos, reglas y prácticas, que permitieran precisar y dar claridad y transparencia,al relacionamiento entre la Empresa y su dueño, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de ésta.

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Definición del modelo de gobierno corporativo en EPM y sus principios rectores Para EPM, el “buen gobierno corporativo” significa establecer un adecuado equilibrio entre la propiedad, dirección y gestión para que se desarrolle la sostenibilidad de la empresa, mediante la generación de valor para el Municipio de Medellín y los restantes grupos de interés, basados en la adecuada gestión empresarial, la interacción con el dueño y la transparencia frente a los restantes grupos de interés y el mercado en general. De acuerdo con lo anterior, el modelo de gobierno establecido se basa en tres principios: i) Equilibrio, mediante la definición de reglas claras para la interacción de los diferentes órganos de gobierno del Grupo, las cuales son expresadas principalmente en los siguientes documentos y prácticas: • Estatutos • Convenio Marco o de Gobernabilidad de Relaciones EPM - Municipio de Medellín • Código de Gobierno Corporativo • Reglamento de Junta Directiva • Comités de Junta Directiva • Criterios de selección objetivos para miembros de Junta Directiva • Autoevaluaciones a la Junta Directiva ii) Rendición de cuentas, elemento afianzado en la cultura organizacional, considera la revelación de información oportuna, completa y disponible a los grupos de interés y al mercado en general, los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo la relacionada con conflictos de interés, y el cumplimiento de la normativa con los diferentes órganos de supervisión y control.Este principio incluye las siguientes prácticas y/o instancias:

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• Comité de Ética • Informe de Sostenibilidad • Informe Anual Gobierno Corporativo • Encuesta Código País • Transparencia por Colombia • Publicación trimestral de información financiera iii) Control, mediante el cumplimiento de la regulación vigente así como la implementación de mecanismos de autorregulación y la adopción de un ambiente de control interno y externo que actúa con independencia, objetividad e imparcialidad.Incluye los siguientes mecanismos: • A nivel interno: Auditoría Interna, sistema de control interno y gestión integral de riesgos. • A nivel externo: Inversionistas (bonos), calificadoras de riesgo, auditoría externa, organismos de supervisión y control,sociedad civil, sindicatos, Concejo de Medellíny medios de comunicación (Boletines de prensa, sitio web www.epm.com.co ). Con base en el modelo anterior, se puede señalar que el desarrollo e implementación de las prácticas de gobierno corporativo en EPM han sido coherentes con la estrategia y resultados en cuanto a crecimiento de la empresa, teniendo un impacto positivo ante sus grupos de interés. Este proceso, ha tenido en cuenta e incluido temas fundamentales de un gobierno corporativo, como son enfoque general y alcances, derecho y trato equitativo de la propiedad, estructura y control por parte de la propiedad, Junta Directiva, información financiera y no financiera y resolución de controversias. La implementación de los aspectos antes señalados también ha redundado enuna mayor competitividad y más fácil acceso a los recursos financieros por parte del Grupo EPM.

Aspectos relevantes en la implementación de prácticas degobierno corporativoen EPM A principios del año 2000 y teniendo en cuenta la crisis corporativa que a nivel internacional y nacional atravesaban algunas empresas financieras o de serviciosy además para dar cumplimiento a las exigencias de la Superintendencia Financiera, EPM comienza a analizar la implementación de nuevas y mejores prácticas de gobierno corporativo. EPM inició así el proceso de definir e implementar prácticas de gobierno corporativo que posteriormente, en el año 2005 con apoyo del BID, se concreta en uno de los componentes de PORCE III y que ha convertido “el buen gobierno corporativo” en uno de los fundamentos de la estrategia del Grupo EPM. Hoy en día, EPM no se limita a implementar prácticas de gobierno corporativo impuestas porel sistema jurídico financiero y mercantil y por los organismos de control, sino que ha adoptado algunas medidas tomando como referencia códigos modelo, como el de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), la CAF y recientemente, el Código de Mejores Prácticas Corporativas, emitido con la Circular Externa 028 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia, pero teniendo en consideración su naturaleza jurídica (100% propiedad del Municipio). Entre los aspectos relevantes considerados en el proceso de implementación de su estrategia de “buen gobierno corporativo” se señalan: • El Grupo EPM es una empresa pública con un solo accionista: el Municipio de Medellín.

De acuerdo con lo anterior, se han establecido las siguientes relaciones Municipio – Empresa: a) El ejercicio de los derechos de propiedad es compartido para ciertas decisiones con el Concejo de Medellín (reforma estatutos, desinversiones, utilidades); b) La Junta Directiva es presidida por el Alcalde quien nombra a la totalidad de los miembros, de los cuales 5 son independientes y 3 son representantes de la comunidad en su rol de vocales de control, de acuerdo con la Ley 142, 1994; c) El Gerente General es nombrado por el Alcalde (Constitución Política de Colombia); d) EPM transfiere el 30% de sus utilidades al dueño. Transferencias mayores, las aprueba el Concejo; e) EPM no depende ni reporta a una Secretaría del Municipio de Medellín, no es parte de su estructura administrativa. EPM tiene personería jurídica propia por lo cual es autónomo en la gestión de la empresa; f) El Municipio no recibe beneficios especiales y es tratado como otro gran cliente de EPM. El Municipio por su parte trata a EPM en forma similar que a una empresa privada; g) Las tarifas son reguladas desde el Nivel Nacional y están sujetas al régimen fiscal general; h) EPM participa en la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo Municipal; i) EPM participa como co-planificador en las mesas de participación sectorial, mesas de trabajo técnicas y presupuesto participativo del Municipio. El Convenio de Gobernabilidad fue firmado en el año 2007 y ha venido operando en forma satisfactoria hasta la fecha dando ambas partes cumplimiento lo acordado. Las transferencias de la Empresa al Municipio han sido superiores al 30% establecido, sin que esto haya tenido un efecto negativo para el desarrollo de la estrategia de crecimiento de EPM.

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El Convenio también ha permitido fijar reglas tanto para el Municipio como para la Empresa a largo plazo, sin embargo, un aspecto relevante del mismo es que debe ser ratificado cada 4 años por cada Alcalde al iniciar su periodo, lo que constituye una de sus mayores debilidades debido a que, aunque hasta ahora no ha ocurrido, podría verse afectado en sus alcances debido a injerencias de tipo político. Esta ratificación cada 4 años por el nuevo Alcalde es un derecho constitucional que le es otorgado al Municipio y que incluye la facultad de nombramiento del Gerente de EPM. En todo caso, para la empresa la continuidad de los principios del Convenio Marco se debe dar, no sólo por convicción del Alcalde y/o el Gerente de la empresa, sino por exigencia de la comunidad de Medellín, quien ejerce como veedora de la buena administración de la empresa dada su condición de dueños. • Dado el riesgo de interferencia política latente para la Empresa sobre todo ante cambios en la administración de la ciudad, en diferentes épocas se ha planteado la conformación del Grupo como una sociedad por acciones; no obstante, es de resaltar que este tema ha sido descartado y no figura en ninguna agenda, por lo que se evidencia una voluntad por mantener a EPM de propiedad del Municipio de Medellín (100%). • Con base en los compromisos establecidos con el BID en cumplimiento de las condiciones contractuales relacionadas con el desarrollo del proyecto Porce III, EPM ha elaborado anualmente a partir del año 2007, un Plan de Actividades aprobado por su Junta Directiva, con el fin de establecer prácticas concretas para ser implementadas o desarrolladas durante cada año. Actualmente se desarrolla el plan para la implementación de prácticas de gobierno corporativo 2010-2015, el cual hace parte del plan estratégico del Grupo EPM para ese mismo periodo. • Código de Gobierno Corporativo, Informe Anual de Gobierno Corporativo y Convenio de Gobernabilidad constituyen, los pilares en los

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que EPM basa una adecuada gestión empresarial, el equilibrio de intereses e interacción con su dueño y la transparencia frente a los grupos de interés y el mercado.

Resultados de la implementación de prácticas de gobierno corporativo en EPM El proceso de implementación y desarrollo de las prácticas de gobierno corporativo en EPM hasta ahora reseñado en este documento, se ha reflejado en los siguientes aspectos que apalancan la gestión del Grupo: • Profesionalización de la Empresa: Juntas Directivas activas y Gerencia profesional. • Desarrollo de Gobierno Corporativo a nivel local: Responsabilidades en la gestión diferenciadas y Junta Directiva tomando decisiones estratégicas, Formalización de procesos, Evaluación de miembros de Junta Directiva y Junta Directiva con alta participación de miembros independientes (5 de 9). • El modelo de gobierno corporativo del Grupo EPM ha evolucionado a la par de su estrategia, en el marco de su naturaleza jurídica pública y enfrentando los nuevos retos que supone su presencia en el mercado internacional, por lo que para el ajuste de su modelo de gobierno ha tenido en cuenta la incorporación de los más altos estándares internacionales, incluyendo los principios dictados por la OECDrelacionados con: • Adopción de un modelo de gobierno que concilie un marco legal complejo (nacional, municipal, sectorial) con los más altos estándares de gobierno. • Adopción de un modelo de gestión diferenciado, que repose en dos principios fundamentales: RSE y Gobierno Corporativo. La implementación de prácticas que han fortalecido la gobernabilidad en ambos niveles como parte del modelo de gestión, ha contribuido a la

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mayor competitividad y más fácil acceso a los recursos financieros por parte del Grupo EPM.

Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Como resultado de los análisis realizados como parte de este Estudio de Caso, se identificaron un conjunto de lecciones aprendidasque podrían ser consideradas por otras empresas que están considerando o están en proceso de implementación de prácticas de gobierno corporativo, tomando como referencia la experiencia del Grupo EPM: • Insertar en el nivel de dirección de las empresas, la responsabilidad por el diseño y ejecución de un programa de gobierno corporativo, genera un sentido de empoderamiento y relevancia para la empresa respecto al tema y en consecuencia facilita su implementación y el apoyo de las diferentes áreas de la empresa. • Establecer un plan plurianual para la implementación de las prácticas de gobierno corporativo en la empresa, permite orientar y coordinar las actividades y se convierte en una herramienta que facilita la implementación. Es importante que esté inserto en el plan y en las metas corporativas de la empresa. Contar con auditorías y/o evaluaciones externas para la evaluación de los resultados obtenidos cada año, también agrega transparencia y permite efectuar los ajustes del caso. • El modelo de gobierno corporativo que se considere para la empresa debe tener en cuenta el marco en que actúa la empresa considerando aspectos legales, estrategia, mercado, y propiedad, entre otros.El modelo de gobierno corporativo para una empresa debe considerar el dinamismo del entorno en el que actúa la empresa y se implementa y ajusta de acuerdo con la estrategia. • La implementación de prácticas de gobierno corporativo de acuerdo con la estrategia empresarial y en forma gradual, permite tener

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una visión integral que facilita la gestión empresarial. Para las empresas que están empezando con implementación de prácticas de gobierno corporativo, se hace necesario considerar “un punto de partida o situación inicial de la empresa” mediante la definición de líneas de base y de indicadores de seguimiento de la implementación de esas prácticas, permitiendo así evaluar los resultados en la medida que se implementan éstas prácticas como base fundamental del modelo de gestión para el desarrollo de la estrategia corporativa. • Para empresas que basan su crecimiento en la adquisición o conformación de empresas en otros mercados, el diseño e implementación del modelo de gobierno corporativo debe tener en cuenta “las diferencias” en sus grupos de interés como mecanismo para lograr el reconocimiento y apoyopara el desarrollo de su gestión. • Es importante diseñar e implementar un modelo de gobierno corporativo que esté acorde con la estructura de propiedad de la empresa, y que tome en cuenta los intereses y expectativas de las partes, para que apoyen y faciliten la implementación del mismo. • Para generar confianza y fortalecer la institucionalidad y la gestión, es importantedivulgar la información de la empresa a los grupos de interés. Para que el mercado y los grupos de interés puedan disponer de información de la empresa en forma oportuna y completa, generando confianza y respaldo a la gestión que se realiza.

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En este sentido, se considera de importancia que desde el inicio de la implementación de prácticas de gobierno corporativo se vaya interactuando y evaluando los resultados, recomendaciones y futuras actividades con los diferentes grupos de interés, con el objeto de lograr el fortalecimiento institucional y apoyo a la gestión, para lo cual lo más indicado es establecer mecanismos que permitan medir periódicamente el grado de aceptación por parte de los diferentes grupos.

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Gabriel Rueda Gerente Rueda & Barrera Consultores

La factura de servicios públicos en Colombia se ha convertido en uno de los canales más efectivos para la promoción de bienes y servicios que otras industrias inundaron de ofertas y promociones, encaminados en su mayoría a mejorar la calidad de vida de los usuarios. Con una cobertura importante en el territorio colombiano y beneficiando a la mayor cantidad posible de colombianos de todos los estratos sociales, los servicios públicos se han inclinado a modernizar sus ofrecimientos hacia productos y servicios que de alguna manera se relacionan con la mejora en las condiciones de vida de miles de hogares que logran, acceder a un medio de pago fácil, conveniente, cómodo, donde el canal de compra (la ESP) es inmejorable por cuenta de una curva de aprendizaje que cada vez arroja mejores tendencias en cuanto a la calidad y confiabilidad del servicio que reciben. La cartera no ha sido ajena a este fenómeno, pues si bien el consumo no puede aumentar, si se detecta que muchas veces las soluciones aportadas por el canal, generan el efecto contrario al disminuir capacidad de pago, que luego se ve reflejado en deterioros cíclicos, resultados de la colocación ineficiente, o más bien de la ineficiente promoción de servicios que no atienden una necesidad específica de los usuarios. Los estratos 1, 2 y 3 representan cerca del 90% del total de los usuarios de servicios públicos a nivel nacional, y de manera proporcional también, comandan la cultura de no pago de los servicios públicos en el país. Como contingencia a los efectos nocivos de la cartera, el contrato de condiciones uniformes, establece una serie de medidas, todas ellas persuasivas que conducen pago oportuno de los servicios

públicos. La suspensión y el corte son medidas que generan un traumatismo importante, sin considerar el estrato social al cual se dirijan. Las empresas han realizado un gran esfuerzo en la promoción del pago oportuno, como herramienta para proveer beneficios adicionales a sus usuarios, de esta manera vemos sistemas de puntos, rifas y una gama amplia de premios y concursos, al cual acceden cada vez más personas a través de la factura. Sin embargo, la rotación de los mismos no deja claro al momento de pagar, si existe o no un beneficio real en mantener al día su obligación con la ESP. En otras palabras, no se ha logrado normalizar el confort de los usuarios, para mantenerse al día en su obligación de pago El usuario entonces se encuentra con que cada mes, bien podría estar participando por un premio determinado que sólo a final del año sería sorteado entre quienes se hayan encontrado al día en el transcurso del mismo, al fin de cuentas el beneficio depende del azar al cual accede por encontrarse al día. Los esfuerzos por promover este tipo de programas ha ido de la mano también del desarrollo de importantes campañas de venta de seguros masivos, en los cuales los testimonios de las ESP varia tanto como la óptica que se le de a cada uno de los ejercicios por ellas adelantado. Esto por cuanto son el resultado de negocios desarrollados por industrias muy diferentes a la prestación de un servicios público, básico y esencial, en los que se manejan lenguajes muy diferentes. La promoción de microseguros ha sido adelantada por varias ESP como ampliación del abanico de soluciones disponibles para las poblaciones de menos recursos, las cuales se pueden beneficiar del canal generado por la factura, para el

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recaudo oportuno de las primas generadas por estos productos. Sin embargo se ha encontrado que esta errada concepción del microseguro se ha empañado con la promoción de productos de seguros que a través del mercadeo masivo quiere ofrecer al mercado productos de primas muy económicas, creyéndose que con la simple reducción de la prima se cumple con el loable propósito de asegurar una población que anteriormente no era objetivo de las aseguradoras. Aquí vale la pena detenernos a identificar lo que realmente son microseguros, y diferenciarlos de aquellos productos de mercadeo masivo de bajo costo. Los microseguros no necesariamente deben ser “micro” pues si se analizan en su objetivo, no se podría concebir un seguro micro, que gestione beneficios estándar para una población “macro”. Es decir, que los microseguros son un ofrecimiento a necesidades insatisfechas por los grandes aseguradores, permitiéndole a la población asegurada, gozar de los beneficios propios de una distribución de beneficios que a través de la ley de los grandes números permita la distribución ecuánime de los mismos, proporcionando réditos a la población, al canal y al proveedor. Los microseguros en el mundo, no han sido liderados por la industria aseguradora tradicional, más bien han sido el resultado de esquemas mutuales en los que comunidades organizadas, han desarrollado esquemas de beneficios a través de grupos de retención de riesgos, proporcionando beneficios a sus miembros. Para que un producto masivo de seguros, pueda ser considerado como una solución de microseguros, debe cumplir con una serie de parámetros, que muchas veces la industria no está dispuesta a conceder. Un póliza de seguros con condiciones mínimas, sin “letra menuda”, sin condiciones ni restricciones; que además sea muy fácil de entender, que sus clausulados puedan ser entendidos sin tener que entrar a un sitio en internet donde,

después de la compra le expliquen al comprador lo que en realidad ha adquirido. No sólo debe ser simple y fácil de adquirir sino también fácil de realizar, es decir que así como son mínimos los requisitos de asegurabilidad, así mismo se comporten también los requisitos para reclamación. Finalmente pero no menos importante, es el recalcar que este producto debe ser eficiente en cuanto a la necesidad que pretende satisfacer. Solamente con productos realizados a la medida del público, al alcance del público y entendidos por su público, podremos estar considerando que los microseguros, han ingresado en los servicios públicos, para proporcionar soluciones de cobertura a las clases menos favorecidas, mediante subsidios o auxilios que ante una calamidad como lo puede ser la perdida del jefe de hogar, garanticen al núcleo familiar sobrellevar la dificultad de una manera digna, que les permita reponerse y seguir adelante. Estas soluciones ya se han desarrollado con éxito en diferentes países; en Colombia depende de la seriedad y atención con que las ESP implementen la estructuración de este tipo de soluciones, por cuanto es decisión exclusiva del canal, si desea un retorno representado en un porcentaje de las primas que la aseguradora logre colocar; o si por el contrario desea recibir los beneficios generados por la normalización de su cartera a través de la promoción de beneficios que promuevan el pago “al día” de sus usuarios, en contraprestación de un beneficio directo, sin condiciones, bajo costo y fácil de reclamar. Para conocer más acerca de este concepto, los invitamos a participar en el salón de la Responsabilidad Social Empresarial en el XV congreso de ANDESCO, sala de gerencia del servicio, en donde podrán conocer cómo por $100 pesos al mes se pueden lograr alternativas de valor agregado.

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De ambiente La gestión integral del riesgo

herramienta clave para mitigar los efectos del cambio climatico en los municipios de Colombia y sus sistemas de servicios públicos.

Gabriel Humberto Rueda Barrera1 Julio César del Valle Rueda2 1.Gerente General de Inversiones y Consultoría Rueda y Barrera S.A. Administrador de Empresas (Politécnico Gran Colombiano). Msc. Insurance and Risk Management (City University Business School - Londres) 2. Asesor Económico del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Consultor en Servicios Públicos e Infraestructura. Ex Comisionado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA. Ingeniero Civil (U. de los Andes), Especialista en Finanzas (U. Eafit), Magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales (U. de los Andes, U. of Maryland).

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El concepto de Gestión Integral de Riesgos en Colombia ha estado viciado por la óptica de los organismos que lo han querido implementar de manera parcial, sean estos agentes de vigilancia y control, agentes del sector financiero o instituciones públicas, que de manera incipiente han iniciado planes de gestión motivados por los altos costos de su aseguramiento. Afortunadamente y partiendo de la guía ISO:73 (International Organisation for standardization), en la cual se definieron los conceptos generales y el vocabulario que debía emplearse en cualquier programa de Gestión Integral de Riesgos, se logró socializar la intensión de crear un lenguaje común, permitiendo a las entidades activar programas que posibiliten desarrollar planes de manejo de riesgo, asignándole recursos económicos, técnicos y humanos para blindar su gestión frente a diversos grupos de interés. Estos programas se hacen realidad a partir de la aplicación de standard ISO: 31000, el cual normalizó los principios y guías de implementación del programa de gestión de riesgos para cualquier tipo de institución. Estos documentos, exigen que en las organizaciones se apropie el concepto y se empiecen a aplicar los principios generales que garanticen que la toma de decisiones en tratamiento de riesgo sea proactiva, y por ende, sea el resultado de un pro-

Los efectos del cambio climático, manifestados en grandes catástrofes han cobrado la vida de miles de personas y sus consecuencias en las comunidades afectadas, hace que cada vez se deba tomar más conciencia de la necesidad de contar con una plataforma para que la comunidad, gobierno, municipios, prestadores de servicios públicos y la empresa privada, diseñen y configuren mapas de riesgos adaptados a los nuevos ciclos de recurrencia de estas catástrofes. De aquí surge un afán desmesurado por gestionar el riesgo de manera contingente, el cual, de no realizarse de forma ordenada podría llevar a enormes retrocesos, ya que al no contar con los estudios, se estaría fomentando la incertidumbre frente al riesgo y por ende a una exagerada aversión al mismo, lo que podría desviar a los municipios y distintas organizaciones civiles de su objeto social original. En este sentido, las entidades se deben volcar a revisar sus matrices de riesgos, las cuales para sorpresa de la mayoría, resultan ser cuadros cualitativos, elaborados sin mediciones ni estudios, ocasionando que al recurrir a ellas, como herramienta, no puedan ser consideradas en la toma de decisiones al momento de seleccionar los mejores tratamientos para atender las amenazas y/o mitigar la vulnerabilidad. La culpa no es de los gobiernos municipales de las entidades relacionadas, sino a la falta de una cultura de gestión de riesgos sobre la que apenas

La culpa no es de los gobiernos municipales de las entidades relacionadas, sino a la falta de una cultura de gestión de riesgos... ceso y no una acción meramente reactiva (resultado de una calamidad, catástrofe o imposición legal, comercial o social).

ahora, ante las grandes pérdidas económicas sufridas, se toma conciencia de su necesidad y utilidad.

Los errores mas frecuentes encontrados en los mapas de riesgos resultan ser, por un lado, la falta de claridad en el contexto y el alcance del análisis de sus riesgos y por el otro, la subjetividad generada en la valoración de los riesgos, por la falta de observaciones o estudios técnicos que soporten el análisis realizado. Unas variables cualitativas pueden ser muy útiles a la hora de asignar prioridades a los correspondientes tratamientos, para que el gestor pueda seleccionar aquellas que sean más eficientes, para atender la frecuencia en la recurrencia del evento, o la magnitud en la ocurrencia del mismo. Sin embargo, decisiones tomadas sobre percepciones subjetivas, van a carecer de indicadores, y por lo mismo la trazabilidad en la evolución del riesgo en el tiempo podría exponer a los agentes a enfrentar incluso mayores riesgos a los que originalmente se encontraban expuestos. Esto no sucede cuando la matriz de riesgos cuenta con valores reales de frecuencia y severidad; en el eje de la frecuencia se cuenta con, días, horas, años y en el eje de la severidad se cuenta con cifras en pesos, dólares, cantidades, etc., sobre los cuales se permite la construcción de indicadores. Estos indicadores, fórmulas o mediciones, van a su vez a permitirle al administrador, evaluar la eficiencia del mecanismo de tratamiento seleccionado; en suma podrá también trazar el comportamiento y la evolución del riesgo y el tratamiento adoptado. Un programa de riesgos del alcance y la complejidad adecuada para hacer frente a los riesgos propios de cualquier planeación estratégica, merece una ubicación dinámica dentro de la organización, toda vez que deberá disponer de recursos, contar con una cercanía a las fuentes de riesgo, al mismo tiempo que avocar su gerencia o dirección, donde se tomarán las decisiones. Las áreas de control interno en las organizaciones, son muy eficientes en la mitigación de riesgos operacionales, pero en muchas ocasiones se quedan

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cortas, por razones obvias, cuando se pretende ampliar el espectro de los riesgos analizados. Por esta razón resulta oportuno a continuación resumir de manera muy esquemática los diferentes pasos para gestionar eficientemente el riesgo, para que de manera muy concisa se aprecie que la complejidad del proceso, parte esencialmente del contexto y alcance que los gestores quieran dar a sus programas.

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO Con el fin de adelantar el programa se hace necesario conocer los procesos de la empresa que puedan generar riesgos de tipo regulatorio, de mercado, ambientales, financieros y operativos, que permitan establecer un marco de trabajo y la estructuración de un proceso para la gestión de los riesgos de la entidad. Además de definir el contexto, en esta etapa también se establece el alcance del estudio, los parámetros externos e internos, así como los criterios de riesgo para la estructuración de la Política de Administración de Riesgos. Estos criterios de riesgo se deben basar en objetivos institucionales, y el contexto interno y externo del análisis, puede derivarse de estándares, leyes, políticas, y otros requerimientos formales impuestos por reguladores, industria e incluso el mercado mismo.

VALORACIÓN DEL RIESGO La valoración de riesgo es el proceso general de identificación, análisis y evaluación. El riesgo se puede valorar a nivel institucional y/u organizacional por proyectos, actividades individuales o riesgos específicos.

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Así las cosas, la valoración provee entendimiento del riesgo, sus causas, consecuencias y sus probabilidades, con lo cual se pueden proveer herramientas para toma de decisiones en: • • • • •

Si una actividad debe llevarse a cabo o no. Cómo maximizar oportunidades. Si el riesgo necesita tratamiento. Elegir opciones para diferentes riesgos. Priorizar opciones de tratamiento.

El punto de partida en esta etapa es la identificación de los riesgos, pues partiendo de la identificación y dada su naturaleza y entorno, se debe plantear complementarlos mediante la realización de entrevistas con los líderes de proceso, quienes identificarán los riesgos potenciales que puedan afectar de manera significativa los propósitos del gobierno corporativo. En esta etapa igualmente resulta fundamental aportarle al ejercicio interno, la adaptación de riesgos propios en la que la institución se desenvuelve. Para ello, muchas veces se requiere la participación de terceros en el proceso, pues generalmente la familiaridad con el riesgo, hace que el personal de la institución pase por alto situaciones que en otras entidades han generado pérdidas cuantiosas. Muchas herramientas existen para la evaluación de estos riesgos, pero es importante que al emplearlas se haga dentro de los parámetros ya definidos de alcance y contexto, para que las mismas permitan: •

•

Establecer los riesgos potenciales que puedan afectar la operatividad y las finanzas de las instituciones. Establecer sus causas y consecuencias que permitan verificar si los controles existentes son suficientes y adecuados. Ponderar los riesgos e identificar las acciones de tratamiento.

Esta información debidamente procesada, con variables acordadas, y valores estimados de frecuencia y severidad, facilitará la formulación de una matriz de riesgos, la cual permite apreciar de manera gráfica la concentración de los riesgos, dando a la institución la oportunidad de seleccionar las estrategias de mitigación, prevención y contingencia de los riesgos. La evaluación de los riesgos, se hará a partir de parámetros como pérdidas económicas, pérdidas consecuenciales, pérdida de mercado y reputación, entre otras.

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS Algunas de las opciones de tratamiento de los riesgos son las siguientes: Transferir. En estos casos como su nombre lo indica, se busca transferir el riesgo a un tercero en su totalidad o en una parte, a través de mecanismos como pólizas de seguros, contratos, cambios en la estructura organizacional (alianzas, Joint venture). Reducir. Existen riesgos que por su impacto pueden ser tratados con controles al interior de la institución, ya sea para disminuir la probabilidad de ocurrencia o sus consecuencias. Asumir. Una vez se determine que el riesgo se reduce o se transfiere, puede quedar para la institución un riesgo residual que resulta más apropiado retenerlo. En la selección del tratamiento de riesgos más apropiada a las necesidades de la institución, es importante identificar muy bien las herramientas y las soluciones, ya que generalmente se confunden los conceptos y se termina incurriendo en grandes costos de estructuras complicadas para terminar reteniendo el riesgo por cuenta propia.

Una solución de tratamiento de riesgos, provee mediciones y resultados a la decisión adoptada, mientras que una herramienta, es la manera de hacer viable la solución, es decir, involucra una serie de inversiones, estructuras, y programas, que de no contar con una solución financiera, técnica y legalmente viable, dejaría el tratamiento incompleto y, por ende, resultados deficientes al momento de su medición. Para estructurar y documentar un proceso para la gestión de los riesgos que se engrane de manera adecuada con las políticas de gobierno corporativo y los manuales de calidad de las instituciones, es importante seguir las siguientes actividades: Identificación y conocimiento del proceso actual para el manejo de los riesgos. Permitirá entender el proceso actual y proponer una estructura institucional o corporativa para el manejo de los riesgos. Estructuración del Proceso para la Gestión de Los Riesgos. Se elabora el diagrama de flujo del proceso de Gestión de Riesgos, definiendo las responsabilidades, las actividades, los documentos y los mecanismos de control. El diagrama de flujo servirá como punto de partida para estructurar

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la caracterización del proceso en la cual se plantearán los objetivos del mismo con su respectivo indicador de gestión y la meta esperada para cada uno de estos. En este documento se define el paso a paso del proceso, identificando claramente el qué, quién, cómo, con qué y cuándo para cada una de las actividades planeadas. Estos manuales darán los lineamientos básicos para la selección, adquisición y evaluación de soluciones de tratamiento de riesgos, incluido el aseguramiento, cuando se demuestre su eficiencia. De esta manera se le da una orientación adecuada al tratamiento de los riesgos, permitiendo que dicho proceso sea el resultado de un proceso interno, y no a la toma de una decisión de manera desarticulada a la institución. Cuando se gestiona el riesgo, se identifican fortalezas al interior de la institución para mitigar sus efectos, pues le permite a la entidad conocer con cifras reales la tolerancia de la misma al riesgo y por lo tanto modificar sus necesidades con una actitud más decisiva para asumir el riesgo que le permita resultados favorables y acertados. Ahora bien, un análisis rápido acerca de la implementación de la Gestión Integral del riesgo reve-

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la que generalmente los procesos relacionados, arrancan con la identificación de los mismos, es decir a mitad de camino. Esto le resta eficiencia al proceso por cuanto nace sin norte, razón por la cual muchas veces las instituciones terminan abandonando sus procesos, de los cuales tan solo permanecen las hojas de cálculos de poca utilidad para la adecuada toma de decisiones. Bajo el marco conceptual descrito, en Colombia, los desastres de origen humano (antrópicos) y naturales, tradicionalmente han sido abordados mediante la ayuda de emergencias mediante la asistencia humanitaria y la recuperación de los sistemas de manera posterior a los desastres. Sin embargo, la Gestión Integral del Riesgo adecuada para proveer los servicios públicos a una población, de manera inmediata a la ocurrencia de un hecho adverso y, la manera de reiniciar las actividades operativas de los diversos sistemas afectados, ha sido estudiada de manera superficial. Es así que la ocurrencia de eventos adversos tales como desastres naturales o eventos terroristas han causado un retroceso en el desarrollo propio de los municipios afectados; estas situaciones, por lo general están atadas a los bajos niveles de planeación y a la carencia en la gestión de los riesgos asociados. Dada la ocurrencia de desastres con altos niveles de incidencia en la vida nacional (V.gr. Terremoto de Popayán - 1983; destrucción de Armero 1985), el Gobierno Nacional creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), reglamentado mediante el Decreto Ley 919 de 1989. La principal particularidad de este Sistema es que funciona de manera descentralizada, siendo los primeros responsables las autoridades locales, con un apoyo financiero a través de subsidios que provienen de las entidades del orden regional y nacional.

El SNPAD desarrolló un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual da un carácter prioritario a la Gestión Integral del Riesgo en el mejoramiento de la Nación, tratándolo como un costo (inversión) y no como un gasto. Bajo este entendido, la problemática frente a la Gestión Integral del Riesgo ha venido cobrando mucha importancia dado que las situaciones identificadas a nivel mundial, tales como el cambio climático, ha generado el aumento de los riesgos en cuanto a las amenazas naturales y antrópicas. Además la urbanización sin una adecuada planificación, se traduce en un incremento de los asentamientos donde las catástrofes cobran un alto costo social y económico. Los factores descritos ocasionan que aumente la vulnerabilidad de la infraestructura pública. Entonces, el principal desafío para el Sector Municipal está relacionado con la sostenibilidad de los sistemas públicos bajo un esquema de Gestión Integral del Riesgo, dada su alta vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y las actividades socioeconómicas. Así las cosas, la carencia de procedimientos para la Gestión Integral del Riesgo en diferentes municipios de nuestro país, debe motivar a los gobiernos municipales a identificar los actores y sus debidas actuaciones en cuanto la prevención, planificación y acciones de mitigación socioeconómica frente a una adversidad; la reducción de las vulnerabilidades supone la construcción de sistemas para la Gestión Integral del Riesgo dentro de las diferentes instituciones públicas del orden municipal, identificando a todos y cada uno de los actores involucrados y su correlación, para mantener los avances en cuanto la sostenibilidad de los sistemas y los servicios públicos prestados.

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Canal El papel de la propiedad de los medidores en los servicios pĂşblicos domiciliarios Oscar Pardo Gibson

Consultor en Servicios PĂşblicos ospardog@etb.net.co

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¿La propiedad de los medidores Hoy: Qué se espera de un mercado de medidores? Alguien argumentaba que la propiedad de los medidores de servicios públicos debería estar en cabeza de los suscriptores, en lugar de que dichos aparatos sean propiedad de las empresas prestadoras. Esta propuesta es tan absurda que podríamos compararla con un hipotético mercado de frutas y verduras, donde cada comprador tuviera que ir al mercado con su propia báscula para pesar las manzanas que compra. Por supuesto que la situación contraria puede ser igualmente absurda: una fábrica que adquiere diversos insumos por kilos y en lugar de que la fábrica tenga su propia báscula, cada camión proveedor debe contar con una báscula para medir la cantidad de materia prima suministrada. La realidad es que en el mercado de frutas el medidor es de propiedad del vendedor, mientras que en el caso de la fábrica que adquiere insumos el medidor es de propiedad del comprador, por lo que el sentido común no parece aportar suficientes luces acerca de si la propiedad del medidor debe asociarse a quien compra o a quien vende, y se requiere discernir el problema agregando elementos de análisis menos evidentes, para concluir sobre la razonabilidad de la propiedad del aparato de medida en cabeza del comprador o del suministrador del bien. Prevé la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) que mediante las condiciones uniformes del contrato de servicios públicos las entidades prestadoras de estos servicios pueden exigir a los suscriptores que adquieran los medidores (artículo 144). En tal caso, los suscriptores podrán adquirirlos a quien a bien tengan; de limitarse esta libertad, se incurriría en abuso de posición dominante que de acuerdo con el artículo 133, manifiesta: “Se presume que hay abuso de la posición dominante de la empresa de servicios

públicos, cuanto en el contrato de condiciones uniformes se incluyen cláusulas que obligan al suscriptor a comprar los bienes sólo a ciertos proveedores”1. “En consecuencia, el usuario está en libertad de comprar el medidor a quien a bien tenga, siempre que el aparato cumpla con las características técnicas fijadas en las condiciones uniformes del contrato” (artículo 144). La prestación de los servicios públicos a través de redes (gas, electricidad, agua, alcantarillado, telefonía) presenta características de monopolio natural, por lo que su actividad requiere ser regulada económicamente por las respectivas comisiones de cada servicio; sin embargo, las características de monopolio natural no ocurren en todas las actividades asociadas al servicio, una de ellas es la provisión de los aparatos de medida. La posibilidad de que los medidores puedan ser adquiridos por los usuarios, se fundamenta en que la provisión de estos equipos se beneficia de un ambiente de competencia: existe un mercado de micromedidores, es decir, múltiples oferentes (fabricantes y distribuidores) y múltiples compradores (los suscriptores y las entidades prestadoras de servicios) -entre otras condiciones-, en el cual los precios y las calidades de los aparatos de medida ofertados, permiten a los compradores seleccionar la mejor opción de acuerdo con sus necesidades y preferencias. Siendo así, en el marco de una ley de competencia como lo es la ley de servicios públicos, se habría incurrido en una aparente contradicción si se hubiese creado un monopolio de derecho al otorgarle a las entidades prestadoras la exclusividad de ejercer la función de adquirir y detentar la propiedad de los 1. Concepto CREG 981152 de 1998. Solicitante: PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA; Radicación: CREG-1901 del 03/04/98. “… aunque la Ley 142 de 1994, autoriza a las Empresas de Servicios Públicos para exigir que los usuarios adquieran, instalen, mantengan o reparen los medidores, las Empresas no pueden obligar a que los usuarios les compren exclusivamente a ellas, tales bienes, (ya sea instalándolas directamente ellas sin el previo consentimiento de los usuarios, o prohibiendo que los adquieran a otros proveedores), pues la ley impone a las empresas la obligación de garantizar a los usuarios el derecho a escoger libremente el proveedor de tales bienes y servicios”.

micromedidores, y permitir a dichas entidades incorporar el costo de los mismos en los costos del servicio como parte de la infraestructura de redes, como si se tratara de una tubería o de una línea eléctrica. Pero como tampoco tiene sentido que como condición para beneficiarse de los servicios públicos domiciliarios los suscriptores tengan la obligación de proveer los medidores, la ley 142 establece que la propiedad de los medidores es de quien los hubiere pagado (artículo 135) 2 , obliga a las ESP a recibir los medidores que le suministren los suscriptores, y no permite que las entidades prestadoras los obliguen a adquirir los medidores que ellas les proveen, quedando en la práctica la propiedad de los medidores a nombre de los suscriptores. Al no coincidir en la misma persona la propiedad del medidor y su administración, surge la necesidad de proteger al suscriptor/propietario de los potenciales abusos por parte del administrador del aparato de medida, es decir, de la entidad prestadora del servicio. El regulador debe producir, y así lo ha hecho, un conjunto de medidas

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de protección incluyen, entre otras: la regulación para la instalación del medidor por primera vez así como los procedimientos para el retiro del medidor y las condiciones para proceder a la sustitución del aparato por obsolescencia o por deterioro de su capacidad de medir adecuadamente los consumos, actividades cuyos costos se trasladan directamente a cada suscriptor en su calidad de propietario. Dentro de estas medidas no se incluye la regulación del precio del medidor (ni el de su instalación), lo cual parece irrelevante, pues se supone que hay un mercado eficiente que fija los precios y el regulador no debe cumplir una función en este aspecto. Sin embargo, algunas señales nos alertan de que algo no funciona adecuadamente en este esquema basado en un mercado de medidores. Por su contenido de metales reciclables, los medidores de agua potable son objeto de robo3. La solución racional del consumidor informado en un ambiente de libre competencia sería seleccionar un medidor plástico; pero dicho tipo de medidores no está actualmente homologado por las entida-

Los beneficios del reemplazo del medidor para las ESP pueden ser tan importantes que son ellas, quienes están dispuestas a asumir los costos de dicho reemplazo... para proteger al usuario de un eventual abuso por parte de la entidad prestadora. Estas medidas 2. Concepto SSPD-OJ-2006-733 “Conforme al artículo 135 de la Ley 142 de 1994 la propiedad de las redes, equipos y elementos que integran una acometida externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes. “De acuerdo con la norma citada, la propiedad del medidor será del usuario, si fue éste quien lo pago, lo anterior confirma que los medidores reemplazados le pertenecen y que la empresa no puede hacerse a su propiedad por el sólo hecho de ser sustituidos por mal funcionamiento”.

des prestadoras, por lo que la oferta del mercado y la solución eficiente resulta condicionada por las normas y procedimientos que adopte la entidad prestadora del servicio. La solución a la que puede acudir el suscriptor no es la de adquirir un medidor de materiales plásticos basado en el desarrollo tecnológico, sino acudir a soluciones menos glamurosas como llenar la cajilla del 3. Ver por ejemplo, El diario La República, mayo 11 de 2012, “Pelando el Cobre, un escaso recurso natural”, Jorge Hernán Peláez. Consultado el 17 de mayo en http://www.larepublica.com.co/ node/9943.

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medidor con pedazos de vidrio para disuadir al vándalo de no llevarse el aparato, o atravesar una varilla sobre la cajilla (ver foto), incluso obstaculizando la labor de lectura de medidor y de control a la instalación a cargo de la entidad prestadora del servicio. Otro indicio de que alguna anomalía se está produciendo en este esquema de propiedad de los medidores, es que a pesar de que son los suscriptores los propietarios de los medidores, y que gozan de la libertad de adquirirlos donde y a quien prefieran, son las entidades prestadoras las que, en la práctica, adquieren los aparatos y los “revenden” a los suscriptores4. El asunto no es menor, pues los suscriptores no participan directamente del mercado de medidores como se preveía inicialmente, sino que quien acude al mercado de medidores es la entidad prestadora del servicio, y el suscriptor simplemente termina adquiriendo el medidor provisto por la entidad prestadora sin que se hayan fijado reglas para los precios -ahora es relevante- que pagan los suscriptores a las Empresas de Servicios Públicos por dichos aparatos. En consecuencia, el objetivo de que la propiedad del medidor esté en cabeza del suscriptor para que sea “la mano oculta del mercado” quien defina los precios y las calidades de los aparatos de medida no se está cumpliendo a cabalidad, pues los suscriptores no acuden a dicho mercado y terminan adquiriendo el medidor de la entidad prestadora a precios no regulados, asumiendo ellos los efectos de las decisiones de las entidades prestadoras en cuanto a características técnicas de los aparatos. 4. No contamos con estadísticas sectoriales consolidadas de la proporción de medidores que son adquiridos directamente por los suscriptores y en qué proporción son adquiridos por intermedio de las entidades prestadoras. En el seminario “La gestión de pérdidas de agua potable y la micro-medición efectiva” realizado el 2 de mayo de 2012 en Bogotá, organizado por ANDESCO y patrocinio de LASSA, el Dr. César Polindara de la empresa Centroaguas que presta el servicio de acueducto en Tuluá, Valle, declaró que de un total de 47,200 suscriptores, sólo 9 han adquirido el medidor a proveedores diferentes de la misma empresa, y de éstos varios eran funcionarios de la misma empresa Centroaguas.

Un esquema híbrido que ya está operando Cuando, por alguna de las diferentes causales (previstas en la ley de servicios públicos) se requiere reponer el medidor, el suscriptor debe pagar por el nuevo aparato, lo cual le genera malestar, pues además de pagar por el aparato tiene, éste registrará un mayor consumo, por lo cual la factura se incrementará, tanto por el mayor consumo medido, como por el pago del nuevo aparato. Sin embargo, los beneficios del reemplazo del medidor para las ESP pueden ser tan importantes que son ellas, quienes están dispuestas a asumir los costos de dicho reemplazo. Así por ejemplo, CODENSA realizó una reposición de decenas de miles de medidores que ya estaban cumpliendo su vida útil, con cero costo para sus clientes5, y con inversiones de miles de millones para la compañía. 5. Ver por ejemplo, “Memoria anual CODENSA 2003”, http://www. codensa.com.co/documentos/08_05_2004_12_31_06_PM_memoria_anual_2003.pdf.

Igualmente, la EAAB decidió asumir el costo de la reposición de medidores “por vida útil”6. Esta medida se fundamentó en una evaluación financiera de la recuperación de pérdidas resultante de la reposición de medidores, en la que se mostró que los beneficios para la empresa producidos por la sustitución de estos aparatos superan los costos de dicha sustitución, por lo que resultó viable financieramente para la Empresa asumir los costos de la reposición de medidores residenciales de media pulgada con lectura acumulada superior a 3,000 m3. El beneficio financiero para la Empresa resulta principalmente debido a que, al reemplazar un medidor tipo volumétrico de más de 3,000 m3 de lectura acumulada, el cual tiene un error de lectura significativo que puede ser superior al 15%, por un medidor nuevo de tipo velocidad y de mayor sensibilidad para registrar incluso los muy bajos caudales, el incremento esperado en el volumen facturado genera ingresos superiores al valor del aparato nuevo. En este esquema híbrido, los medidores los adquiere a su costo la entidad prestadora pero se opera como si el medidor fuese de propiedad del usuario. Por ejemplo, en caso de hurto, el suscriptor debe pagar por el medidor de reemplazo, así mismo, para la reposición del medidor que ha cumplido su vida útil se debe garantizar al suscriptor propietario del medidor sus derechos en cuanto a libertad de adquisición del aparato de medida. Es necesario evaluar si este esquema híbrido está generando los beneficios esperados de un mercado de medidores y si dichos beneficios son significativos, o por lo menos cuantificables y con un impacto relevante en costos de prestación del servicio; o si los costos de transacción asociados a la propiedad del medidor a nombre del usuario, en tanto que el control de la medición queda en

6. Resolución EAAB 0736 de 2007 y Resolución EAAB 0443 de 2009.

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cabeza de las personas prestadoras, es elevado y destruye los beneficios eventuales que pueda ofrecer un supuesto libre mercado (y perfecto mercado) de medidores.

¿Cómo podría funcionar con medidores de propiedad de las Empresas? Un esquema alternativo sería que fueran las Empresas de Servicios Públicos quienes adquirieran los medidores y, por consiguiente, dichos aparatos serían de su propiedad. Como se ha evidenciado, las empresas estarían en la generalidad de los casos, dispuestas a asumir la propiedad de los medidores, para lo cual se deberá definir, entre otros aspectos, si los costos de estos aparatos se recuperan o no con las tarifas (cargo fijo o por consumo), teniendo en cuenta el impacto tarifario7. Para impulsar una iniciativa de esta naturaleza se requiere evaluar, además del impacto tarifario, por lo menos los siguientes aspectos: los procedimientos para la adquisición de medidores para asegurar que las entidades prestadoras efectivamente aprovechan los beneficios de un mercado de medidores; la regulación necesaria para controlar el efecto en los precios y especificaciones técnicas de eventuales integraciones verticales de entidades prestadoras con fabricantes de medidores; la responsabilidad de cada suscriptor en relación con el medidor que la entidad prestadora le instala, en particular en los casos de hurto, así como en los casos de fraude; prever un período de transición del esquema actual de medidores de

7. Por ejemplo, en el caso del servicio de acueducto, la recuperación del costo de un medidor que se encuentra entre $80,000 y $120,000 puede implicar un incremento estimado en la factura mensual de acueducto más alcantarillado del orden del 1.7%.

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propiedad de los suscriptores a medidores de propiedad de las entidades prestadoras. Pero especialmente, para cambiar el esquema actual a uno en el que la propiedad de los medidores sea de las Empresas, se requiere hacer evidentes y cuantificar los potenciales beneficios que este esquema introduciría tales como menores costos de medidores, mejor calidad de la medición, procedimientos simplificados para la prestación del servicio, eliminando los controles actuales originados en la desalineación entre la propiedad del medidor en cabeza del suscriptor y la administración del medidor en cabeza de las entidades prestadoras.

¿Qué podemos concluir? El esquema de propiedad de los medidores en cabeza de los usuarios no garantiza per se que se explotan de manera óptima los beneficios de un hipotético mercado de medidores. Los costos de transacción asociados a las medidas de protección del usuario en relación con los aparatos de medida pueden exceder los supuestos beneficios generados por un mercado. Un esquema más simple es que los medidores sean de propiedad de la persona prestadora; sin embargo, para impulsar esta medida se requiere cuantificar los potenciales beneficios, como menores costos de adquisición e instalación de medidores, procedimientos simplificados sin necesidad de involucrar a los suscriptores en la gestión de medidores como se hace en la actualidad, mejor calidad de la medición y menor impacto en los usuarios por el robo de los medidores.

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De utilidad Aprovechamiento de los residuos s贸lidos. Un ajuste en el mapa de ruta actual.

Jorge Navia Pardo y Mauricio G贸mez

Triple A de Barranquilla

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Actualmente el país está viviendo una situación particular en cuanto al cambio en la regulación del servicio de aseo, de cara a la incorporación del aprovechamiento en su esquema, no sólo a nivel operativo sino también en cuanto a remuneración, a raíz de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. La pregunta podría ser, ¿Qué se puede esperar de todo este cambio?; ¿Cómo adelantarse a los posibles escenarios que pueden presentarse?; ¿Debe el sector seguir siendo un observador activo o debe pasar a ser un jugador? y ¿Cómo debería remunerarse la actividad?. Este documento invita a la reflexión particular sobre las preguntas formuladas y propone alternativas para enriquecer la discusión latente.

¿Cuál es el mercado existente y el potencial detrás del negocio del aprovechamiento? Este mercado se encuentra en pleno crecimiento en el país, como quiera que aún las cifras se encuentren lejos de cubrir las demandas actuales de la industria. En el caso de papeles y cartones, según la ANDI, la fabricación de liner y corrugados se suplen con un 82% de material reciclado. En el caso de los plásticos, ENKA recicla más de un millón de botellas de PET para convertirla en fibras textiles, y las posibilidades son amplias. En Colombia, sólo se recicla el 22% del PET producido, muy por debajo del 48% reciclado en Europa y del 56% en Brasil1. Así mismo en el caso de los metales, el crecimiento de las exportaciones de chatarra ha 1. Fuente: ANDI

sido exponencial, pasando de 12.292 toneladas en 2007 a 118.527 toneladas en 20112. Podría decirse pues que el mercado local aún tiene una demanda insatisfecha de materiales reciclables y en caso de llegar a ser cubierta, el mercado internacional se encuentra pendiente de requerir dichos excedentes. Los precios han mostrado tendencia a mantenerse estables e inclusive en algunos casos al alza, lo que lo convierte en un mercado con presente y futuro, y con potenciales oportunidades de negocio. La regulación del servicio de aseo tiene varias señales que invitan a fomentar, facilitar y de forma superficial se podría decir que pretenden estimular algún nivel de participación directa por parte de los operadores del servicio de aseo, como los artículos 173 y 394 de la resolución CRA 351 de 2005. Estos últimos en particular, contienen señales económicas que no han tenido la fuerza suficiente para generar un movimiento por parte de los prestadores en este sentido. Al final a lo que ha llevado este modelo, es a que resulte más atractivo seguir disponiendo en rellenos sanitarios los residuos sin trabajar de forma intensiva en la separación y aprovechamiento de materiales. Esto se suma al hecho que la actividad de reciclaje siempre se ha manejado con un nivel importante de informalidad y bajo nivel de tecnificación.

2. Fuente: DIAN 3. Artículo 17. Aprovechamiento. Como incentivo a las actividades de aprovechamiento, éstas se considerarán para efectos de tarifa, como una actividad de disposición final, cuyo costo máximo será igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposición final al suscriptor, ajustado por las diferencias generadas por concepto de tramo excedente 4. Artículo 39. Separación en la fuente. Como incentivo a la separación en la fuente, el cálculo de las tarifas podrá incluir un valor inferior al techo para aquellos suscriptores que hagan tal separación, tal como lo señale el Contrato de Condiciones Uniformes.

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Papeles higi茅nicos P y C no reciclados P y C reciclados

Producci贸n de papeles y cartones en toneladas a partir de pulpa virgen vs reciclada - 2011. Fuente ANDI

Producci贸n de papeles y cartones en toneladas por tipo a partir de pulpa virgen vs reciclada - 2011. Fuente ANDI

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Porcentaje de PET reciclado 2011. Fuente: ANDI

Toneladas de chatarra exportada al a単o. Fuente: DIAN

¿Cómo podría ser remunerado el componente de aprovechamiento? El aprovechamiento de los residuos no sólo es bienvenido por los diferentes actores que intervienen en la gestión de residuos sólidos, sino que debe ser incentivado siempre y cuando éste se compagine con criterios de eficiencia y sostenibilidad. Para que la actividad de aprovechamiento pase de ser un simple discurso a proyectos realizables, o pase de la informalidad a la formalidad, se necesitan políticas públicas claras, y la mejor señal es la remuneración de la actividad. Asignar una remuneración al aprovechamiento, implica incentivos para cada uno de los actores que intervienen en la cadena, lo cual representa un paradigma ya que no en todos los casos actúan en el mismo sentido. Para determinar la remuneración adecuada se deben tener en cuenta los parámetros de precio y cantidad de residuos, partiendo del supuesto que se remunerará vía tarifa y que guarda concordancia con los lineamientos de la actual metodología tarifaria. En lo que respecta a establecer la remuneración del aprovechamiento con base en la cantidad de residuos aprovechables se pueden generar los siguientes incentivos: Desde el punto de vista del usuario, remunerar el aprovechamiento puede no resultarle del todo atractivo si se parte del supuesto que la tarifa por el servicio de aseo se calcula con base en las toneladas (por período de facturación) que éste presenta para recolección tal y como lo establece la Resolución CRA 352 de 2005. En efecto, el usuario tendría el incentivo económico de entregarle sus residuos aprovechables a una persona distinta a la que le presta el servicio para que su recolección y posterior disposición no sean objeto de cobro. El contrapeso de este incentivo económico seria, en las condiciones actuales, simbólico

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o de muy largo plazo, pues se estaría mitigando la contaminación y propendiendo por la sostenibilidad del planeta. Desde el punto de vista de las personas prestadoras, en cualquiera de las formas de asociación permitidas por la ley 142, la remuneración del aprovechamiento como actividad no sólo es bienvenida sino que debe ser mandatoria, toda vez que se está prestando un servicio cuyo resultado, a los ojos del usuario, es el mismo o mejor que el de la recolección de los residuos ordinarios. Adicionalmente, desde la perspectiva del operador del servicio de recolección de residuos ordinarios se debe tener en cuenta el efecto de la disminución de los residuos que se presentan para recolección. En efecto, el costo de recoger una tonelada está directamente relacionado con el tiempo de cada uno de los viajes, y si la cantidad de residuos que se presenta es cada vez menor, el costo unitario de recoger una tonelada será necesariamente superior. Desde el punto de vista de los agentes que demandan insumos resultantes de la actividad de aprovechamiento, que éste se remunere es bienvenido o en el peor de los casos es indiferente. En efecto, una señal económicamente eficiente puede fortalecer el sector aprovechador de tal manera que este se formalice y pueda garantizar mayores volúmenes de material aprovechable, de mejor calidad que satisfagan la demanda actual y futura Si bien es cierto que el parámetro de cobro ofrece señales a los agentes, es necesario para complementar la señal final, la determinación del precio. Se parte de la premisa que la actividad de aprovechamiento hace parte del servicio de aseo, sin embargo involucra la comercialización de los productos resultantes del aprovechamiento y por tanto una remuneración adicional para quien realice dicha actividad. Dicha remuneración desborda el alcance que podría tener el regulador para establecer una remuneración vía tarifas y será determinada por la ley de la oferta y la demanda.

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Para determinar el precio se debe abordar la problemática estableciendo cuál es la tecnología de referencia que se debe emplear para la recolección de los residuos y su tratamiento. Para esto existen dos alternativas, realizar un costeo de las actividades de recolección y procesamiento del material reciclable o darle un tratamiento de servicio sustituto al servicio ordinario de aseo.

precio del servicio de aprovechamiento se le dará el tratamiento de servicio sustituto, el costo de referencia para el servicio de aprovechamiento sería equivalente a la suma del costo de recolección y transporte y costo de disposición final aprovechable5 del servicio ordinario, ya que en el peor de los casos el usuario es indiferente ante el destino final de sus residuos.

Si se opta por la primera alternativa para determinar el precio al que se remunera la actividad, y éste resulta ser más costoso que la recolección de los residuos ordinarios, se estaría dejando a un lado el criterio de eficiencia económica a la luz de los usuarios, y se estaría incentivando una oferta artificial del servicio. En efecto, los usuarios tendrían un incentivo económico totalmente contrario al que se quiere promover, puesto que su tarifa aumentaría en la medida que se aprovecharan sus residuos.

Así las cosas, las iniciativas que cumplan con la siguiente ecuación, tendrán un incentivo económico para ser realizadas:

Si por el contrario, resulta que la recolección selectiva tiene un costo inferior a la recolección del servicio ordinario, debería ser ésta la tecnología de referencia para determinar los costos de referencia en el servicio de aseo. La primera alternativa es entonces inviable, por lo que se propone que para determinar el precio del servicio de aprovechamiento se le dé a la actividad un tratamiento de servicio sustituto. Se debe definir entonces, cuáles son las actividades que sustituye el servicio de aprovechamiento, es decir que se limita a la recolección de los residuos o incluyen igualmente la disposición final de los residuos al reingresarlos a la cadena productiva. Si el costo regulado para las actividades de aprovechamiento es inferior al que establece la regulación, quien preste el servicio podría tener el incentivo de no aprovechar, puesto que le es más rentable llevar los residuos al relleno sanitario. Si se acepta la hipótesis que para determinar el

(CRT – CRTRA) + (CDTA – CTRA) + IC > 0 Donde, CRT: Costo de recolección y transporte determinado por la CRA CDTA: Costo de disposición final determinado por la CRA CRTRA: Costo de recolección y transporte real de para residuos aprovechables. CTRA: Costo de tratamiento o transformación real para residuos aprovechables. IC: Ingresos por comercialización de residuos aprovechables Difícilmente podría establecerse un CTRA único debido a la diversidad de procesos que pueden realizarse y tipos de material aprovechable, sin embargo tampoco es necesario porque se pretende establecer una señal de eficiencia económica que genere la menor distorsión en los mercados y que para el usuario del servicio sea indiferente. Adicionalmente, el CTRA tiene una relación directa con el ingreso por comercialización, por lo cual reconocer el CDTA, tal y como lo hace la regulación actual contribuiría al cierre financiero de proyectos de aprovechamiento, pero que guarden racionalidad económica. 5. Como incentivo a las actividades de aprovechamiento, éstas se considerarán para efectos de tarifa, como una actividad de disposición final, cuyo costo máximo será igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposición final al suscriptor

Ahora bien, dado que la viabilidad de un proyecto depende de los ingresos derivados de la comercialización de los residuos, se hacen necesarias estructuras que permitan adecuarse cuando exista competencia. Es por esto que los costos de referencia propuestos deben ser valores techo, y la persona prestadora podrá moverse libremente por debajo de estos sin que esto se constituya en

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Precisamente, este es el paradigma que se pretende revaluar, la forma como los prestadores del servicio de aseo están afrontando la situación. Si bien es innegable la participación del reciclador tradicional en el campo, las empresas expertas en el manejo de residuos sólidos son las más cercanas al campo mismo del reciclaje y debieran por tanto empezar a tomar parte activa.

...las empresas prestadoras deben ser participantes activos no sólo del desarrollo normativo, sino también dentro de la operación misma... una violación del criterio de neutralidad, dependiendo del mercado de residuos aprovechables. Finalmente, teniendo en cuenta que la generación de residuos es una externalidad negativa que debe tasarse, sería importante que se estableciera una tasa por contaminar, similar a la tasa retributiva, de la cual se encontrarían exentas las actividades relacionadas con el aprovechamiento. Por un lado esta tasa permitiría generar recursos para mitigar los efectos negativos de no aprovechar e incentivaría las actividades de aprovechamiento.

¿Podría considerarse la entrada de las ESP como jugadores activos en el mercado del material reciclable? Las señales vigentes y el marco institucional no han logrado consolidar un movimiento en torno al aprovechamiento de los residuos sólidos y en el sector ronda la percepción que es mejor negocio llevar todo a un Relleno Sanitario.

Esta ha sido la posición de Triple A, haciendo una apuesta para entrar en el modelo de reciclaje para la ciudad de Barranquilla, su mercado natural más grande en donde presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Cifras que despertaron el interés en el programa. La empresa se sintió llamada a crear el programa, motivada por dos aspectos fundamentales. Por una parte varias iniciativas de reciclaje en la ciudad se habían sumido en el fracaso a pesar de contar con aportes económicos realizados por diferentes entes, dentro de ellos, la misma Triple A. De otra parte, las cifras de nuestro Parque Ambiental Los Pocitos, fueron un llamado clave para nosotros. En un día promedio, se disponen cerca de 1.400 toneladas diarias de residuos. Haciendo una caracterización de éstas, se pudo determinar que en esa cantidad van incluidos 121 toneladas de papeles y cartones, 227 toneladas de plásticos, 18 de vidrios y 23 de metales. Estas cifras sin duda desde la perspectiva económica son malas, pero desde la ambiental son

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preocupantes. Para sólo mencionar el caso de papeles y cartones, el que se hayan perdido esas 121 toneladas, implica que sean reemplazadas por pulpa virgen y por cuenta de ello, será necesario talar 2.174 árboles. Si se hace una proyección simple, de este resultado en 30 días al mes y durante un año, en los 3 años que llevamos de operación y los 27 adicionales que restan al relleno, el impacto ambiental que generamos como ciudad es demasiado grande y negativo, y definitivamente era tiempo de tomar medidas que materializaran el compromiso con el medio ambiente. Si el entorno no podía generar el programa de reciclaje, pues es la empresa la llamada a hacerlo y con ello mitigar de forma importante el grave problema que todos tenemos. Programa Verde Azul En el año 2011 se empezaron a establecer todos los escenarios ambientales, sociales y económicos que nos permitieran implementar un programa de reciclaje en la ciudad, conciliando todas las aristas del caso y buscando que fuese un gana - gana para todos los grupos de interés. Esto permitió que el programa saliera a la calle en el año 2012 y que ahora esté iniciando toda la dinámica social y ambiental deseada.

El programa tuvo un periodo de análisis de viabilidad, planificación y proyecciones de cerca de 10 meses, en cual se trabajó con un equipo interdisciplinario que buscaba conciliar intereses y oportunidades. De allí nació un programa con dos fases de implementación: La primera fase, es la de lanzamiento del programa, en el cual la operación se hace con recursos propios de la empresa, es decir, personal, vehículos y toda la infraestructura comercial, administrativa y operativa disponible. El componente social clave de esta fase ha sido que se ha manejado como un negocio inclusivo y por ello todo el personal operativo que está siendo contratado y que será contratado en el futuro, pertenece a la misma población de recicladores de la ciudad, la cual ha sido censada e identificada por el Distrito de Barranquilla, quien es un socio estratégico del programa y que ha venido trabajando con la empresa desde sus inicios. Se armó un equipo de sensibilización social para el sector residencial, un equipo de ejecutivos de cuenta para los usuarios no residenciales y se estableció todo un plan de comunicaciones con el fin de llegar a la población objetivo de forma integral.

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La recolección se hace de forma selectiva con camiones como el que se muestra en la imagen, el cual es fácilmente distinguible de los camiones de servicio ordinario. Se trabaja en microrutas que se van ajustando de forma dinámica con la incorporación de los clientes. Los usuarios han mostrado gran aceptación hacia el programa y se han involucrado de forma total con su participación. La segunda fase tiene como meta cubrir otras áreas de la ciudad y se hará a través de apoyo a iniciativas de asociaciones de recicladores de la ciudad, en conjunto con la Alcaldía Distrital, con el fin que ellas tengan áreas de cobertura cerca de las bodegas que se van a crear y a sus lugares de vivienda. Con ellos se hará un acompañamiento total, ya que no se trata de un aporte asistencialista sino de un acompañamiento integral, en donde se les va a prestar todo el apoyo para que las empresas que se establezcan crezcan de forma ordenada y bien estructurada. Para garantizar menores costos, la empresa tiene planteado apoyarlos con el transporte de segundo tramo, es decir desde las bodegas hasta la industria, con el fin de garantizar las mejores condiciones de precio, sin que esto represente un costo de intermediación a favor de Triple A y con ello maximizar los ingresos de las asociaciones. Es por esta razón que resulta claro que se requiere que la fase uno esté en marchando en principio, para poder dar el apoyo logístico que requieren estas empresas nacientes. Ganancias para los usuarios El programa ofrece para los usuarios residenciales y no residenciales dividendos en la operación. El primero y más importante será el medioambiental, como quiera que el esfuerzo que se realiza, se transforma en un trabajo claro, decidido y controlado, por la protección del mismo.

Pero no es lo único que van a recibir los clientes. Aprovechando la infraestructura comercial, los usuarios van a recibir un incentivo económico, el cual corresponderá a un descuento sobre el valor del servicio cobrado, proporcional al peso de los materiales separados y entregados a la empresa. Pretendemos que sea un porcentaje de retorno por la comercialización de los materiales, lo cual pensamos es importante para crear un modelo equitativo en cuanto a la forma en que se distribuyen los ingresos. Así mismo, dado que se guardan en sistema todos los aportes, anualmente se emitirán certificados a los usuarios con el resumen del aporte medioambiental realizado, con los cálculos equivalentes de sus aportes en material. Este certificado ha generado gran interés entre las empresas, quienes ven en el programa una retribución adicional a lo económico, que va ser de ayuda importante en sus Informes de Responsabilidad, porque van a contar con acciones reales y verificables de compromiso ambiental. Visión de futuro Pero el esfuerzo no puede terminar allí. Actualmente la empresa viene trabajando en los modelos de negocio que permitan establecer otras modalidades de aprovechamiento, entre ellas, la elaboración de compostaje a partir de podas, explotación industrial del biogás del relleno y conversión de aceites de cocina en biodiesel. Tenemos un gran mundo de posibilidades y estamos decididos a explorarlos y con ello sentimos que estamos dando sentido al concepto de Generación de Valor Compartido que propone Porter6, aplicado a nuestro negocio.

6. Porter, Michael y Kramer, Mark. Harvard Business Review, January – February 2011

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Conclusiones y comentarios finales Estamos frente a un punto de cambio trascendental en la prestación del servicio de aseo y sus actividades complementarias y las empresas prestadoras deben ser participantes activos no sólo del desarrollo normativo, sino también dentro de la operación misma, contribuyendo de forma decidida a su tecnificación y eficiencia pero siendo conscientes de la importancia de multiplicar tanto el beneficio y cuidado del medio ambiente como la protección de los grupos sociales vulnerables que son objeto de protección del Estado. No obstante, es preciso señalar que los incentivos para todos los agentes involucrados en la cadena de valor deben sujetarse a una racionalidad económica, por lo que se propone un precio equivalente al costo de oportunidad del servicio ordinario, entendido este último como un servicio sustituto. Además, se requiere que exista un marco institucional, en el que los intereses de todos los actores involucrados converjan en la solución de la problemática. Así mismo, toda propuesta debe tener involucrado un manejo de costos adicionales en que se incurrirán y que pueden verse en todos los modelo de reciclaje de países europeos, norteamericanos y de varias ciudades del Brasil, por mencionar sólo algunos ejemplos. Se está hablando de un ajuste en la política estatal, en entender que el medio ambiente y su respeto es costoso pero de cara a todos tiene que apreciarse como la opción más costosa el no protegerlo.

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La gestión comercial como factor impulsador en la modernización empresarial del servicio de aseo Ricardo Cárdenas Gerente de Gestión Renovadora

Las leyes en Colombia, en los últimos años, han generado un marco normativo suficiente para dar viabilidad jurídica, financiera y operativa a las empresas de servicios públicos domiciliarios, buscando fortalecerlas y brindar una salida a todos los municipios que requieren soluciones en servicios públicos básicos. Sin embargo, las empresas de servicios públicos, y en particular las empresas de aseo, que han sido llamadas a brindar una solución integral a las comunidades que sirven, han centrado sus esfuerzos en lograr una prestación de los servicios que aseguren la calidad requerida por los municipios, menospreciando la importancia de la gestión comercial debido al concepto errado de considerarla como un gasto y no como lo que realmente es, una inversión exponencial. Esta falta de visión, la han disfrazado como una “justicia en el cobro a los usuarios”, dejando de lado la equidad en el cobro del servicio, conforme al espíritu de la ley 142 de 1994 ya sus normas con-

cordantes, haciendo que las empresas pierdan no sólo la integralidad del servicio, sino que adicionalmente pierdan suficiencia económica y creatividad para garantizar el dinamismo, innovación y modernización de los esquemas de prestación de servicios. De esta manera, la adecuada determinación de las variables de facturación de un usuario del servicio, toma importancia relevante debido a cinco aspectos fundamentales que buscan para lograr la fidelización de los mismos. El primero busca asegurar la imparcialidad en el cobro ya que a cada usuario se le factura conforme a las características reales del predio que habita, tanto en tipo de productor, uso del predio, producción de residuos o unidades independientes que posee. El segundo aspecto corresponde al cálculo tarifario acertado conforme a las condiciones del usuario, y en particular en el servicio de aseo, a la distribución equitativa de los residuos facturados debido a la estimación acertada del promedio

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de producción facturada (parámetro de medición TDi), conforme a la metodología tarifaria establecida para este sector. El tercer aspecto va enfocado a garantizar la satisfacción del usuario, ya que adicional a un servicio prestado con la calidad adecuada, a una tarifa aplicada a sus condiciones particulares, y siendo conocedores de las características del cobro del servicio, el usuario se siente satisfecho del valor facturado por la empresa. Un cuarto aspecto es el mejoramiento del recaudo del servicio, ya que los usuarios se sienten satisfechos por el valor liquidado conforme a sus variables de facturación, y ven retribuido el valor de la factura emitida por la empresa, en beneficios tangibles. Por último, el quinto aspecto, beneficia tanto a usuarios del servicio como a los alcaldes y municipios, en su papel de garantes del servicio, en cuanto a la distribución justa de los recursos apropiados como aportes municipales para subsidiar a los usuarios de

que hasta ahora conocemos como la relación de las empresas con los usuarios, e inclusive con los municipios, que va mucho más allá de facturar, recaudar y atender las reclamaciones de los usuarios como un compromiso legal, pasando a una visión en donde se generen sinergias que busquen el mejoramiento continuo, enmarcado principalmente en el respeto y cumplimiento de los deberes y derechos de unos y otros. Así las cosas, la gestión comercial integral deberá estar incluida en los planes de inversión o planes estratégicos de las empresas, deben retomar su importancia como proceso misional del sistema de gestión, donde se cuente con personas competentes, capacitadas y consientes del papel que desempeñan como parte de la solución que requiere una comunidad, para aplicar una completa planeación y costeo de actividades, en la cual se tengan diseñados proyectos que busquen

...la gestión comercial integral deberá estar incluida en los planes de inversión o planes estratégicos de las empresas... menores recursos, asegurando la función social de fortalecer los servicios y garantizar derechos de los usuarios, que se consideran básicos para mantener el nivel de vida necesario y participar así como miembro pleno en la sociedad. Ahora bien, este mundo ideal de los servicios públicos, donde existe una relación gana-gana y donde tanto las empresas como los usuarios son felices y satisfechos los unos con los otros, no es tan utópico como algunos lo consideran hasta este momento, la llave mágica que abre la puerta de la fidelización de los usuarios está más cerca de lo que se imaginan. Se trata de la aplicación de la gestión comercial integral, un concepto innovador que cambiará la visión de lo

la correcta identificación y cobro de variables de facturación y de esta manera las empresas puedan contar con una proyección de ingresos, basada en las actividades que puede desarrollar y no sólo en un histórico de facturación que dependa de la voluntad de los usuarios que hasta ahora, más por un hábito que por una convicción, han pagado el valor del servicio. La proyección de ingresos entonces, debe ser una herramienta aplicable al diario actuar de la empresa, medible en sus objetivos y dinámica según las variaciones que el mercado presente, que asegure el seguimiento de la gestión empresarial y el logro de los resultados financieros que justifiquen la inversión realizada.

EL 3x4 DE LA GESTIÓN COMERCIAL INTEGRAL EN EL SERVICIO DE ASEO Vamos a puntualizar el desarrollo de este artículo para el servicio público de aseo y vamos a descubrir cómo, particularmente para este servicio, la planeación a laque nos hemos referido hasta ahora, debe enfocarse a desarrollar proyectos enmarcados en tres macroprocesos, cada uno a su vez con cuatro grupos de procesos, engranados como la maquinaria de un reloj, que garantice el paso de las horas, pero viviendo en esa tierra prometida de las empresas de servicios públicos que hasta ahora hemos presentado.

PRIMER MACROPROCESO: GESTIÓN COMERCIAL Es quien da la razón de ser al modelo gana-gana de las empresas con los usuarios del servicio de aseo, y a diferencia de la idea que nos han vendido, que hemos creído y hasta considerado como verdadera hasta el momento, el primer grupo de procesos de la gestión comercial no va en contra de los usuarios a los que se aplica. La ACTUALIZACIÓN CATASTRAL busca identificar las variables de facturación del usuario, y al contrario de afectarlo particularmente, lo que hace es que realiza la liquidación adecuada a sus características de estratificación, uso y producción, contemplando todas sus unidades y encontrando así el beneficio de la totalidad de los usuarios atendidos, ya que distribuye la producción en cada suscriptor de una manera acertada, logrando la facturación justa y ecuánime de las toneladas de residuos recolectadas y transportadas por la empresa. El segundo grupo de procesos busca dar una solución a usuarios mediante los alivios de cartera. La GESTIÓN DE COBRO busca, asegurando el cumplimiento de las leyes y normatividad aplicables, que el usuario con deuda pueda realizar

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el pago del servicio en mora, presentando alivios tanto a la deuda anterior, como a las facturaciones futuras, convirtiéndolo en un usuario pagador, lo que redundará en grandes avances en el mejoramiento de las eficiencias de recaudo. El tercer grupo de procesos corresponde más que al simple cálculo tarifario del servicio de aseo a la ADMINISTRACIÓN TARIFARIA. Para este pilar de la gestión comercial se requiere indispensablemente contar con una información de variables de facturación actualizada y un catastro completo para la distribución de las toneladas producidas por los usuarios. Las empresas y los usuarios no sólo necesitan tener una tarifa, sino que deben tener una tarifa justa y acorde con la producción del municipio. Por último, el cuarto grupo de procesos es el enfocado a asegurar la distribución de los recursos apropiados por los municipios, como compromiso social con los usuarios de menos recursos para otorgar subsidios. El BALANCE DE APORTES MUNICIPALES, generará confianza en los municipios para entregar a la empresa presupuesto del erario público que será distribuido a los usuarios plenamente identificados que legalmente sean beneficiarios del mismo y a su vez, la identificación de las variables catastrales contribuirá a proyectar acertadamente el rubro facturado como sobreprecio, demostrando las necesidades reales de cada municipio.

SEGUNDO MACROPROCESO: NUCLEO COMERCIAL No se obtiene nada si toda la identificación de variables de facturación y el esfuerzo realizado en la extracción de la información del usuario no la llevamos a la realidad de la liquidación y facturación del servicio. Es por esto que el segundo macroproceso se debe encargar de llevar todas

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las características encontradas en el terreno, las tarifas del servicio, los pagos de los usuarios, los factores de subsidios y contribuciones a dos grupos de procesos sensibles al usuario como son la FACTURACIÓN y el RECAUDO, en los cuales se materializa el hacer de la empresa. Este macroproceso será el núcleo de la suficiencia financiera de la empresa, ya que mediante procesos de CONCILIACIÓN DEL RECAUDO asegurará la identificación del valor que la empresa recibirá de los usuarios y brindará información suficiente a los procesos de gestión de cobro, lo que dará el norte a la empresa en cuanto al ingreso con que cuenta. Por último, este núcleo será el responsable de la actualización DE las bases de datos de acuerdo a las modificaciones presentadas, ya sea por las reclamaciones de los usuarios o por la actualización catastral, mediante los procesos de RELIQUIDACIÓN Y NOVEDADES. Como podemos deducir, para este macroproceso, se requiere el uso de bases de datos y sistemas de información comercial, que conserven la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información de los usuarios, que como hemos visto hasta ahora, es el principal activo de las empresas. Estos sistemas serán los que aseguren no sólo la oportuna facturación de las variables identificadas, sino adicionalmente la extracción de la información para seguimiento de metas, y por supuesto, será fuente confiable de la información oficial reportada al SUI y demás entes de control.

TERCER MACROPROCESO: INFORMES COMERCIALES El último macroproceso corresponde a los ojos y oídos de la gestión comercial integral, es el proceso mediante el cual la empresa diseña y extracta las ESTADISTICAS que le permiten hacer

el seguimiento a la planeación realizada y evalúa el comportamiento de las variables para identificar los correctivos que debe tomar frente a las tendencias del mercado. El INFORME DE SEGUIMIENTO será el insumo principal para realizar la evaluación que permitirá ver lo cerca o lejos que estamos de las metas que nos hemos propuesto alcanzar. Ahora bien, en este macroproceso adicionalmente se encuentran los procesos para la extracción de la realidad de la empresa para reporte oficial tanto a SUI como a ENTES DE CONTROL, para lo cual también debemos cambiar nuestro paradigma. El reporte mensual de esta información no sólo es una garantía para el usuario acerca de la transparencia en las actuaciones de la empresa, sino también la forma como la empresa permite la revisión de un ente externo para la mejora de sus procesos. Para cerrar con broche de oro este gran ciclo del 3x4 de la gestión comercial integral, en donde debemos cambiar nuestra vieja manera de pensar, es necesario contar con la opinión, percepción, inquietudes e inconformidades de los usuarios, para lo cual, debemos asegurar procesos de atención a los usuarios, en donde no sólo se garantice el derecho a la defensa mediante la aplicación rigurosa de los términos y procedimientos establecidos para este fin, sino que adicionalmente se tendrá la oportunidad de interactuar con el usuario que presenta alguna inconformidad ya sea con el servicio o con la facturación del mismo, o simplemente que desea realizar alguna petición. En este contacto de la empresa con el usuario, se realiza la depuración final de la información levantada en el terreno y llevada a través de todos los procesos de la empresa que hemos descrito en este artículo. Nuevamente debemos cambiar nuestra forma de ver la vida y de percibir al usuario, y darnos cuenta que cada PQR no es sólo el afán de sublevarse de los usuarios, sino es una oportunidad de mejorar para brindar un mejor servicio, y de esta

manera dar un paso más en el camino hacia la vida ideal de las empresa de servicios públicos. De esta manera, la atención de usuarios será nuestro indicador del logro de este final feliz, es el examen final de la tarea realizada, es el momento donde sabremos si merecemos izar la bandera y recibir la medalla de honor, o si por el contrario nos toca sentarnos en la silla de la esquina, mirando a la pared con el sombrero de orejas y quedarnos en el recreo escribiendo mil veces en el tablero “debo hacer la tarea”. Todo lo que hemos presentado se resume en el siguiente gráfico que esquematiza, más que un proceso, el camino para asegurar un “… y vivieron felices para siempre” Este modelo no es un cuento de hadas; este modelo es un cambio real en la forma de ver la realidad de los servicios públicos, y si las empresas quieren operar eficientemente y participar en un mercado cada vez más competitivo, deben dar pasos a la modernización, asegurando procesos de gestión comercial integral que garanticen la búsqueda de la igualdad en el cobro del servicio, la satisfacción y principalmente la fidelización de los usuarios, además de la recuperación de los costos asumidos para la prestación del servicio dándole sentido a la inversión que se debe realizar. Las empresas de servicios públicos debemos cambiar, y aunque no es natural que la gente nos escuche y levante la mano diciendo “yo voto por algo diferente”, más que una linda historia

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este artículo es una fábula, que nos deja de enseñanza el que no podemos esperar hasta el final para limar asperezas con los usuarios, porque ellos tienen la potestad de elegir a su prestador del servicio, y es hoy cuando debemos cambiar. No podemos perder la visión de que somos parte de la solución que necesita una comunidad, y como solución las empresas de hoy en día deben costear y asegurar procesos gana-gana con los usuarios. Esto con seguridad propende por la mejora en la percepción de los usuarios frente a la tarifa, frente al actuar de la empresa e inclusive frente al papel del municipio en esta cadena de valor. Es de esta manera que podremos garantizarla satisfacción de los usuarios y accionistas; y por lo tanto, la viabilidad de las empresas de servicios públicos en el tiempo.

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@ctualid@d Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el desarrollo y la competitividad del país Estudio de Fedesarrollo para Andesco, resumen

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Caracterización En las últimas décadas, con el surgimiento de nuevas tecnologías, la industria de TIC ha cobrado una gran importancia a nivel mundial debido a su capacidad de transformar continuamente el entorno económico y social. Según Spence (2011), el impacto económico de las redes basadas en computadores se ha desarrollado en tres tendencias que se traslapan: (i) la automatización de la información y el procesamiento de datos; (ii) la migración de numerosas actividades de adquisición y procesos de información a la WWW; y (iii) acceso inmediato a recursos humanos valiosos

séptimo lugar luego de países como Costa Rica y Argentina, mientras que Chile y Brasil se encuentran en el primer y segundo lugar respectivamente (CEPAL, 2010). Asimismo, aunque el acceso a terminales de conexión ha evolucionado de manera positiva, la brecha continua siendo amplia. Para el año 2010, el porcentaje de hogares con al menos un computador en Chile fue de 47%, seguido por Argentina y Brasil con 40% y 35% respectivamente, mientras que en Colombia este porcentaje no superó el 26% (CEPAL, 2010).

Además de identificar las características y cuantificar la dimensión del sector de TIC en Colombia, es necesario cuantificar su contribución e impacto sobre la economía nacional (amigos y familiares, socios comerciales, socios de investigación, etc.), con independencia de su localización, con la posibilidad de usarlos en procesamiento de mercados y ensamblaje de cadenas productivas en la economía global. Aunque en el país la evolución en términos de uso de TIC y masificación de internet ha sido significativa, la brecha sigue siendo amplia en comparación con otros países de la región como Chile o Argentina. Dicho de otra manera, mientras que para 2009 en Colombia 4,6 de cada 100 habitantes contaban con una suscripción a internet de banda ancha, en Chile esta cifra era más del doble, alcanzando 9,8 suscripciones por cada 100 habitantes (WDI). Adicionalmente, cuando se compara la velocidad promedio de subida y bajada en América Latina, que se convierte en un factor determinante de la calidad de conexión, Colombia se ubica en el

Por otro lado, la telefonía móvil se ha convertido en una de las herramientas con mayor penetración a nivel mundial, logrando superar en muy corto tiempo, y de manera contundente, a la telefonía fija. Colombia no ha sido la excepción y el número de suscripciones a telefonía móvil celular por cada 100 habitantes ha pasado de 5,7 a 92,3 entre el año 2000 y el 2009 (WDI). En Colombia las TIC, especialmente la telefonía celular, han logrado llegar a zonas rurales distantes y brindar conectividad. La telefonía móvil es, para muchos, el punto de entrada a la Internet y a las comunicaciones digitales. No obstante, la discusión de la “brecha digital” que se daba hace una década a nivel mundial, no se ha materializado en acceso. El reto es entonces la profundización del uso en aplicaciones de alto valor agregado, que requiere tanto ampliar las capacidades de la red móvil como aprovechar la existencia de la red fija. Las TIC son una plataforma formidable para estimular innovación acele-

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rada, en lograr inmensas y rápidas ganancias de eficiencia en la prestación de servicios críticos y en la gestión pública en Colombia. La clave para que los cambios producidos por las TIC no sean ventajas transitorias sino permanentes dependerá del avance simultáneo en ciencia básica, ingeniería, ciencias gerenciales y sociales.

de mayor tamaño corresponden al consumo intermedio y el empleo, mientras que los de menor tamaño pertenecen a los impuestos y la remuneración al capital. Cuadro 1. Efectos multiplicadores del sector de telecomunicaciones Variable

Multiplicador

Consumo intermedio

Impacto económico: metodología de encadenamientos Además de identificar las características y cuantificar la dimensión del sector de TIC en Colombia, es necesario cuantificar su contribución e impacto sobre la economía nacional. La metodología usada en el estudio se basa en los llamados encadenamientos hacia atrás, a través de los cuales es posible analizar la forma en que responde la economía cuando el sector desarrolla su actividad. Es decir, los encadenamientos hacia atrás están relacionados con la demanda que genera el sector de TIC sobre la producción de sus proveedores, dado que para que pueda llevar a cabo su actividad normal, el sector debe demandar materias primas de otros sectores, así como capital y trabajo. Teniendo en cuenta esta metodología, es posible calcular los efectos multiplicadores del sector sobre algunas variables, es decir, el número de veces que se amplifican estas variables en el total de la economía por cada peso (o unidad) de esa variable inyectada por el sector de TIC. Así, los multiplicadores dependen del efecto generado directamente por la operación del sector de telecomunicaciones como proporción del efecto total, en el que se tienen en cuenta los proveedores directos, indirectos y los hogares. Los efectos multiplicadores de la actividad del sector en la economía para el año 2007 se resumen en el Cuadro 1, donde los multiplicadores

Inversión Valor agregado

37,7 2,8 2,8

Remuneración al trabajo

3,1

Remuneración al capital

2,1

Impuestos

2,0

Empleo

3,5

Fuente: Cáculos en Fedesarrollo con base en información del DANE

Cuando se considera el efecto indirecto e inducido de las telecomunicaciones sobre el consumo intermedio de la economía, se encuentra que por cada peso de consumo intermedio gastado dentro del mismo sector, en la economía se generan 37,7 pesos por este concepto. Esto quiere decir que el proceso productivo del sector de telecomunicaciones depende significativamente de la producción de otros sectores, estimulando de manera importante la producción nacional. De la misma manera, por cada empleado contratado en el sector de telecomunicaciones, se necesitan 3,5 empleados en la economía para satisfacer la demanda por insumos del sector. Esta cifra refleja un alto potencial de generación de empleos de manera indirecta e inducida por parte del sector de telecomunicaciones. Sin embargo, no sucede lo mismo con los impuestos y la remuneración al capital. En el caso de este último rubro, a pesar de que el efecto del sector es alto, su efecto multiplicador es bajo, sugiriendo bajos encadenamientos sobre sus proveedores, proveedores de proveedores y hogares. Los resultados en pesos se resumen en el Cuadro 2.

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Cuadro 2. Resumen de los efectos del sector de telecomunicaciones, billones de pesos 2007 multiplicadores del sector de telecomunicaciones

Variable

Efecto Sector

Primera Ronda

Indirecto

Inducido

Total

1,50

9,37

29,59

16,06

56,52

0,33

0,27

0,31

0,91

8,87

5,84

4,99

4,80

24,50

Remuneración al trabajo

1,99

1,64

1,23

1,33

6,20

Remuneración al capital

6,29

2,56

2,36

1,92

13,13

Impuestos

0,49

0,23

0,15

0,11

0,98

325.917

286.921

217.405

313.754

1.143.997

Consumo intermedio Inversión Valor agregado

Empleo*

*Los datos de empleo corresponden a número de empleados Fuente: Cálculos Fedesarrollo.

Impacto económico: resultados econométricos En la literatura económica reciente se encuentran numerosos trabajos que documentan el impacto, tanto directo como indirecto, de las telecomunicaciones sobre el crecimiento económico. En este trabajo en particular se estima el impacto general de las telecomunicaciones sobre el crecimiento económico, al igual que el impacto de la penetración de banda ancha sobre el crecimiento económico.1 Impacto de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones sobre el crecimiento económico Para estimar el impacto del incremento en infraestructura de telecomunicaciones sobre el crecimiento económico, se decidió estimar un modelo que combina los elementos de los modelos propuestos por Zahra et al. (2008) y Lee et al. (2009), para un panel de 18 países latinoamericanos en el periodo de tiempo 1980-2010, ambos inspirados en Barro (1991).2 1. Cabe aclarar que mientras para el primer modelo se dispone de una serie larga de datos (1980-2010), para el segundo se dispone de una serie mucho más corta (2002-2010), dado que la banda ancha es un fenómeno reciente. 2. Los países incluidos en la muestra son: Argentina, Bolivia, Bra-

Los resultados de este modelo sugieren que un incremento en la infraestructura de telecomunicaciones tiene un efecto positivo y significativo sobre la tasa de crecimiento del PIB per cápita.3 En particular, ante un incremento del 1% en el índice de infraestructura de telecomunicaciones, la tasa de crecimiento de la economía aumenta entre 0,05 y 0,09%. En términos comparativos, si en 2009 el índice de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia (54.98) hubiese sido equivalente a la media para América Latina (60.1), se habría registrado un incremento entre 0,25% y 0,46% en la tasa de crecimiento del PIB per cápita. Una comparación más ambiciosa sugiere que si en 2009 el índice de infraestructura de telecomunicaciones en Colombia hubiese sido equivalente al registrado por Chile (65.4), se habría inducido un incremento entre 0,52% y 0,94% en la tasa de crecimiento del PIB per cápita (ver Gráfico 1). Este último resultado concuerda con los hallazgos de la literatura económica. En esencia, las telecomunicaciones incrementan el flujo de la sil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 3. La variable es un promedio ponderado del número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes, número de suscriptores a telefonía móvil por cada 100 habitantes y el número de suscriptores a internet por cada 100 habitantes. Este índice se utiliza como un proxy del stock de infraestructura de telecomunicaciones.

información e inducen una reducción de los costos de transacción, como también generan una difusión acelerada de la información que mejora la eficiencia de los mercados e incentiva la competencia, generando así beneficios directos e indirectos para la economía (Greenstein y Spiller, 1994; y Lee, Levendis y Gutiérrez, 2009). Es importante destacar que a pesar de que los resultados anteriores van en la dirección esperada, esta última estimación puede presentar un problema de causalidad reversa (es decir, no es posible determinar si un incremento en el índice de infraestructura explica el crecimiento del PIB per cápita o un incremento del PIB per cápita explica el incremento en el índice de infraestructura).4 Por lo tanto, para corregir la endogeneidad derivada de un posible problema de causalidad rever4. El problema de causalidad reversa es común en los modelos de crecimiento económico e implica un problema de endogeneidad, el cual, de no ser corregido, genera sesgos en la estimación de los coeficientes. En los modelos tipo panel existen dos alternativas para solucionar problemas de endogeneidad: estimar el modelo en primeras diferencias con variables instrumentales o utilizar el estimador de Arellano y Bond (también utiliza variables instrumentales).

#24 / ACTUALIDAD

sa, se estima este primer modelo nuevamente utilizando la metodología propuesta por Arrellano y Bond. Esta estimación arroja resultados muy similares a los obtenidos en la estimación por la metodología de efectos fijos. En efecto, se encuentra que ante un incremento del 1% en el índice de infraestructura, la tasa de crecimiento del PIB per cápita aumenta entre 0,04% y 0,10%.

El impacto de la banda ancha sobre el crecimiento económico Para estimar el impacto de la penetración de banda ancha sobre el crecimiento económico, se replica el modelo propuesto por Koutroumpis (2009), para un panel de 16 países latinoamericanos en el periodo de tiempo 2002-2010.5 En esencia, dicho modelo sigue de cerca al modelo propuesto por Roeller y Waverman (2001) y consiste en estimar, de manera simultánea, un sistema 5. Para la estimación del impacto de la banda ancha sobre el crecimiento económico se eliminan de la muestra de países a Guatemala y Honduras por falta de información.

#24 / ACTUALIDAD

de ecuaciones compuesto por un modelo micro de oferta y demanda (determina la inversión en infraestructura de banda ancha) y un modelo macro que viene determinado por una función de producción.6

Los resultados de este modelo sugieren que un incremento de un punto porcentual en la penetración de banda ancha, genera un aumento entre 0,03% y 1,1% del PIB. Por lo tanto, comparativamente hablando, si en 2009 la penetración de banda ancha en Colombia (4,6) hubiese sido equivalente a la media Latinoamericana (5,06), el PIB habría incrementado entre 0,01% y 0,46% (ver Gráfico 2). Una comparación más ambiciosa sugiere que si en 2009 la penetración de banda ancha en Colombia hubiese sido equivalente a la de Brasil (7,51), se habría registrado un incremento entre 0,08% y 3,15% del PIB. 6. El objetivo de este modelo es capturar la relación de doble vía entre el crecimiento económico y la infraestructura de banda ancha (con mayor riqueza la demanda por banda ancha aumenta; a su vez la inversión en banda ancha aumenta la riqueza), por lo cual la inversión en telecomunicaciones se considera como un variable endógena.

Este resultado va en línea con la literatura económica la cual señala que la banda ancha, foco de atención del presente estudio, es un elemento potenciador del conocimiento, las habilidades y las redes de los individuos, así como de la productividad del sector privado (Qiang et al, 2009:35). En esencia, la banda ancha ofrece numerosas ventajas ya que permite migrar al acceso ubicuo y usar mejor los servicios sobre protocolo IP, aumenta la seguridad del uso de redes y plataformas, reduce los costos de transacción de los negocios y los costos de las comunicaciones de los negocios, mejora la calidad y posibilidades de innovación en contenidos, y estimula el crecimiento de productos de conectividad y profundidad de interacción que complementan los existentes (Whisler y Saksena, 2003: 46-48).

Convergencia regional La banda ancha es una herramienta con alto potencial para reducir desigualdades regionales, en la medida que sea complementaria a la implementación de políticas públicas que aporten al avance en otras variables estructurales, macro y microeconómicas. Esto se debe a que a nivel de divergencia regional, las heterogeneidades son principalmente en los aspectos de ingreso, concentración de actividades económicas más dinámicas, universalización de las oportunidades de educación, importancia de la infraestructura de transporte y comunicaciones, equipamiento social básico, y desigualdades en la capacidad para aprovechar el conocimiento en el mercado laboral. Cada uno de estos aspectos limita los avances en materia de igualdad, y sugiere que la carencia o deficiencia de TIC es tanto parte de sus causas como de sus consecuencias. El acceso universal a banda ancha beneficia a la sociedad con nuevas oportunidades económicas, educativas, de salud, personales, laborales y sociales, así como por la introducción de productos, usos y medios (incluso de subsistencia) previamente desconocidos, y otros resultados de procesos de innovación. Los efectos en el crecimiento económico son palpables a nivel de crecimiento empresarial, productividad, innovación empresarial y generación de empleo. De esta manera, el aporte de la masificación de banda ancha al desarrollo radica principalmente en que significa una puerta hacia la igualdad en el acceso a oportunidades, con impactos evidentes a nivel social y económico. Sin embargo, dichos beneficios se lograrán siempre que el proceso de masificación trascienda la construcción y despliegue de redes. Para convertirse en un motor hacia la convergencia regional, se requiere de la implementación de una serie de componentes com-

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plementarios en materia de calidad de las redes, marco normativo, políticas de uso de la banda ancha y lineamientos de un enfoque rural. En cuanto a la calidad de redes, se debe garantizar que la misma brinde acceso a los servicios y aplicaciones de mayor impacto. En este sentido, las características técnicas de la banda ancha fija y de las móviles de última generación suelen ser las más acordes para garantizar el uso adecuado de esta herramienta hacia el crecimiento económico y desarrollo social. Varios países están enfocando sus estrategias hacia las tecnologías móviles, después de que durante años fortalecieron la infraestructura fija. A nivel global, la brecha digital que existe en materia de velocidad y calidad de las redes se debe precisamente a las diferencias crecientes en la disponibilidad de infraestructura dorsal nacional. Los rezagos en Colombia en este aspecto son incuestionables y se convierten en un llamado de atención al rol gubernamental en este sentido. La disminución de la brecha de oportunidades no se alcanza únicamente proporcionando acceso a banda ancha. El marco normativo inclusivo debe estar enfocado hacia el fomento de la competencia y la generación de capacidades locales. Entre las fallas de mercado que el regulador debe entrar a contrarrestar, se encuentran la persistencia de estructuras monopolísticas, la ausencia de economías de escala, las dificultades para obtener permisos para operar, la asignación ineficiente del espacio radio eléctrico, la información precaria y los limitados mercados de capital. Las fallas de mercado son usualmente abordadas a partir de políticas regulatorias: liberalización de los regímenes de licencia, facilidades para el acceso eficiente al radio-espectro, y acceso regulado a los operadores dominantes.

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Conclusiones y recomendaciones El papel positivo de las TIC, sobre el aumento de la eficiencia, creación de oportunidades de negocios y conocimiento, reducción de las brechas entre países y regiones, y entre individuos se evidencia a lo largo del estudio. En primer lugar, los resultados econométricos de la estimación del impacto de las TICs y la banda ancha en el crecimiento económico encuentran que mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones y en la penetración de banda ancha influyen de manera positiva en el crecimiento del PIB per cápita. Adicionalmente, una revisión crítica de experiencias internacionales destaca la importancia de

la interacción entre múltiples actores, públicos y privados, en el fortalecimiento y expansión de redes de banda ancha, tanto fija como móvil, de última tecnología. No existen casos en los cuales el gobierno o la industria sean los únicos inversionistas, así como tampoco se reconocen estrategias enfocadas únicamente hacia el crecimiento de las redes fijas o de las móviles, si bien la tendencia hacia estas últimas ha tomado especial fuerza en los últimos años en aquellos países que cuentan con una infraestructura de tecnología fija avanzada. Además, se reconoce un rol activo en todos los países de parte del sector privado para complementar el despliegue de redes. En síntesis, la política pública debe promover el desarrollo de habilidades digitales para que las comunidades estén en la capacidad de utilizar y

generar contenidos con alta rentabilidad a nivel de inclusión social. Los países que han avanzado a nivel de reducción de brechas digitales así lo testifican: las aptitudes de la población son tan cruciales para el éxito de las aplicaciones de TIC como los son la calidad de las instituciones, las regulaciones y la infraestructura física. Para alcanzar el desarrollo inclusivo que acá se propone a través de la banda ancha, es necesario alcanzar un umbral de masa crítica de usuarios de la red que no se limiten a recibir información, sino que sean capaces de transformarla en un conocimiento aplicable a las distintas esferas del desarrollo regional. Es crucial definir metas de política no sólo en términos de acceso, sino especialmente en términos de uso, asimilando la banda ancha como una herramienta, más que como un fin en sí mismo. Consecuentemente, es fundamental adoptar un enfoque especial para regiones rurales y remotas. Las alianzas, la infraestructura de soporte, los contenidos y aplicaciones, y las capacitaciones permitirán generar confianza y empode-

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ramiento a estas comunidades y serán las que efectivamente harán de la masificación de banda ancha un instrumento de política pública hacia la convergencia regional. En la medida que las sinergias entre agentes públicos y privados para universalizar el acceso a banda ancha, se combinen con políticas particulares para atender las necesidades más apremiantes de las regiones más rezagadas, se crearán círculos virtuosos entre políticas públicas y capital social que promoverán la competitividad, fortaleciendo así las capacidades de desarrollo y avanzando hacia la convergencia productiva. La amplia experiencia internacional revisada sirve de comparación con los lineamientos y mecanismos del Programa Vive Digital. Este Programa en marcha tiene elementos que coinciden con muchas de las experiencias que se revisaron en el trabajo; tiene resultados de cobertura razonables y metas ambiciosas. Las recomendaciones de este trabajo no se centran en la financiación, el gobierno del Programa no discute sus metas

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cuantitativas de acceso, sino que se ajusta en dos asuntos centrales de los que depende su impacto: inversión pública concentrada en infraestructura pasiva de banda ancha y disminuir las diferencias regionales e intervenciones integrales para incrementar el acceso y uso de la banda ancha. Para esto, se proponen tres medidas de política que complementan las líneas de acción establecidas en el Programa Vive Digital: 1. Convocatorias para expansión de capacidad de banda ancha: El apoyo público deberá estructurarse mediante convocatorias competitivas para coberturas y calidades prefijadas, con independencia de la plataforma que las implemente, basadas en conceptos de eficiencia económica. 2. Fortalecimiento de las iniciativas regionales de conectividad: Se requiere de una amplia alianza supradepartamental que reúna universidades, operadores y gobernaciones para lograr masa crítica de iniciativas, y al mismo tiempo lograr

mayor transparencia y capacidad de supervisión. Esta iniciativa se enfoca en buscar la convergencia económica regional. 3. Creación de iniciativas públicas de conectividad, colaboración y fortalecimiento institucional: Dada la velocidad de cambio tecnológico antes mencionada, no es prudente impulsar programas de muy largo plazo o ligados a una tecnología en particular, aunque se debe mantener la coherencia de aumento del acceso y uso de la información digital. Se propone que el sector público lidere el desarrollo de un conjunto de plataformas para la educación e identificación de soluciones en sectores clave con el apoyo e iniciativa de especialistas, decisores de política pública y ciudadanos. Los dos sectores en los que se puede tener alta influencia son el gobierno en línea y el aprendizaje a distancia, desarrollando plataformas de conectividad y contenidos adecuados a las necesidades regionales.

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Al corriente Los retos y cambios que nos traen la introducción de las energías renovables para la generación eléctrica Javier de Quinto

(PhD) Universidad Externado de Colombia – Gerente general para América Latina Grupo REE

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Palabras clave: Energías renovables, seguridad de suministro, costes energéticos.

Naciones Unidas (NNUU) o la UE, son claras en su compromiso por la introducción de las EERR en la dieta energética global.

JEL: L51, L52, L94

Introducción Las energías renovables presentan indudables ventajas que son de sobra conocidas. Esas ventajas se resumen en la contribución a la sostenibilidad ambiental del planeta en cuanto a que no agotan los recursos no renovables, y en cuanto a que evitan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).También en caso de países importadores de hidrocarburos, favorecen su balanza comercial al ahorrar pagos por importaciones. En la Unión Europea (UE), la política energética constituye uno de los ejes fundamentales, con objetivos vinculantes en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), en incremento de la potencia renovable instalada y en ahorro y eficiencia energética. Entre los sectores emisores, es el eléctrico el que suele presentar mayor potencial de reducción de emisiones, al permitir una rápida introducción de tecnologías que no emiten GEI. Además, a través de la incorporación del vehículo eléctrico (lo que supone una nueva fuente de demanda eléctrica) se contribuye adicionalmente a reducir las emisiones de GEI, toda vez que el transporte es el mayor responsable de emisiones de fuentes difusas. El objetivo de la Comisión Europea (CE) para 2050 es que las emisiones de GEI procedentes del sector eléctrico se hayan prácticamente eliminado. En la UE primero y en otros países más tarde, estamos afrontando un proceso irreversible: el cambio desde un escenario de predominio de las energías convencionales a otro de predominio de las energías renovables (EERR).De hecho, instituciones muy serias en la valoración y lucha contra los efectos del cambio climático y en la preservación del medioambiente, como pueden ser las

Se trata de que tal transición sea conducida de la forma más sabia posible, evitando riesgos y potenciando ventajas. Debemos dejar claro desde el principio que el lector de este trabajo no hallará en las líneas que siguen el resultado de un análisis coste – beneficio de las energías renovables (EERR). Las EERR alcanzan (con mayor o menor intensidad) a casi todas las cadenas de valor de las energías finales, pero es principalmente en la generación de electricidad y en los carburantes de automoción dónde han conocido mayor desarrollo. Por otra parte, actualmente, el desarrollo o la introducción de las EERR en la dieta energética es muy desigual por regiones. Europa es líder en la introducción de energía eólica y solar para la producción de electricidad, por delante de EE.UU y otros países del mundo, sin embargo no lleva especialmente la delantera en la introducción de combustibles alternativos para la automoción, dónde por ejemplo, Brasil se destaca. Tampoco está claro un desarrollo unidireccional en EERR. Hay países o regiones que apuestan por biocombustibles como sustitutos a los derivados petrolíferos, en cambio Europa apunta más hacía los vehículos eléctricos, que están conociendo desarrollos tecnológicos muy importantes. Este trabajo se circunscribe al caso de la generación eléctrica y consiguientemente se apoya en la experiencia europea, que es la más avanzada. Efectivamente, la UE en su horizonte para el año 2020, asume un fuerte compromiso relativo al ahorro energético, la eficiencia energética y, lo que es relevante aquí, un ambicioso objetivo de introducción de las EERR en el balance de las energías primarias, que se resume en que en el año 2020 un 20% del total de la energía primaria

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consumida (ojo: el total de la energía primaria consumida, no la energía eléctrica consumida) será de origen renovable. Téngase en cuenta, de ser necesario, que la energía nuclear o las grandes presas hidroeléctricas, no tienen la consideración de ER. Los grandes retos de la introducción de las EERR son los siguientes: - La necesidad de subvenciones porque sus coste total excede el coste marginal del sistema - La dificultad para encontrar la mejor metodología que discrimine proyectos de renovables a acometer de acuerdo a algún plan de desarrollo de las energías renovables - La intermitencia y la necesidad de un gran back up en días en el que el recurso no se presenta, o en otras palabras, la alta variabilidad de su aportación (y que ese back up, está habitualmente infrautilizado) - La difícil estimación (a corto y a largo plazo) de su aportación - Que a veces van en contra de la tendencia de la curva de carga, lo que aumenta los requerimientos de reserva caliente - El problema de los huecos de tensión (en la antigua tecnología de los aerogeneradores) - La dificultad (por motivos económicos) de restringir su aportación en momentos delicados para el sistema - El incremento de demanda de red, debido a la dispersión y a las inflexibilidades en la localización de los proyectos de EE.RR. A continuación se comentarán cada uno de estos aspectos.

La necesidad de subvenciones porque sus coste total excede el coste marginal del sistema Hay que comenzar señalando que las EERR no son las únicas demandantes de subvenciones. Efectivamente hay otras energías también subvencionadas, como en el caso español que es el carbón nacional (que extrañamente recibe una subvención pero a la vez es penalizado, al igual que otros combustibles fósiles, con la obligada acreditación de derechos de emisión), por sólo poner un ejemplo. En realidad y al margen de las EERR, en casi todos los países, el sector eléctrico contiene un cúmulo de subvenciones directas o cruzadas entre consumidores tipo, que a veces se torna muy difícil de justificar. El coste total de las EERR a las que nos referimos es básicamente su coste fijo, ya que el coste variable, que básicamente es coste de combustible, es cero en el caso eólico y solar. C (t) = C (f) + C (v) C (t) anualizado C (f) = coste inversión total / años de vida útil + gastos OMA C (v) = coste de combustible = 0

Pero ocurre que el coste total de las EERR es mayor que el de las energías convencionales (EECC) al superar el coste fijo anualizado de las EERR el coste fijo más variable de las EECC.

C (f) EERRR

C (f) + C (v) EECC

No se pretende aburrir al lector con datos, que varían de un año a otro, pero es innegable que existen primas o subvenciones a las EERR, que efectivamente se cobran.

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En general, en la medida en que las tecnologías renovables van madurando, conforme a una curva de experiencia y a la masificación en la producción de equipos (economías de escala en la fabricación), sus costes se van a aproximando a las EECC y las primas o subvenciones para los nuevos proyectos pueden o deben reducirse. Esto no significa que el total de primas a las EERR se reduzcan, sino que crecerán en la medida en que las EERR lo hacen, si bien, unitariamente (es decir, por unidad de energía producida), las primas decrecerán, suponiendo constante el recurso renovable. Pero el recurso renovable no es exactamente constante. Los mejores emplazamientos eólicos, se van agotando y los solares, en menor medida que los eólicos, también. En otras palabras, en la medida

que avanza la tecnología, los costes de las EERR se aproximan a los costes de las EECC. Pero para complicar más las cosas, resulta que los costes de las EECC dependen mucho de la evolución de los precios del gas y del carbón y que tienden a subir en momentos de bonanza económica mundial, lo que fuerza por este lado también la convergencia de costes entre EERR y EECC. Y para mayor complicación, los emplazamientos de EERR empeoran marginalmente, pero a su vez la tecnología también hace por evitar este efecto… Efectivamente, los nuevos aerogeneradores son capaces de funcionar en rangos de velocidad del viento cada vez más amplios…Y los paneles solares aprovechan mejor luminosidades más tenues…

Y todo esto implica disfunciones en los mercados eléctricos (marginalistas). Digamos que la reserva de potencia sería un servicio mucho más apreciado y caro, mientras que la energía en el mercado (marginalista) durante muchas horas costaría cero… Pero el desarrollo de estas afirmaciones daría para otro trabajo…

La dificultad para encontrar la mejor metodología que discrimine proyectos de renovables a acometer de acuerdo a algún plan de desarrollo de las energías renovables La función de optimización de las EERR es introducir la máxima cantidad posible (que se puede establecer por parte del gobierno a través de un plan de EERR) minimizando las primas a pagar. Para ello hay tres tipos de metodologías básicas, que pasamos a comentar. Feed - in tariff: consiste en que el regulador fija el precio total de cada ER en concreto (para una serie de años predeterminada) y hay obligación de compra (durante esos años) a ese precio. El precio puede indizarse o revisarse de acuerdo a una metodología predeterminada. Es como si dijéramos que esa EERR es una energía que no juega en el mercado salvo que su producción, al precio fijado por la tarifa, debe ser asumida por la demanda. Feed - in premium: al igual que antes, el regulador fija el precio para esa ER en concreto (para una serie de años predeterminada) pero en éste caso, no hay obligación de compra sino que la energía renovable que se produzca se vende en el mercado, en la medida de lo posible. Es como

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si dijéramos, que el regulador otorga una prima que se complementa con el precio del mercado. Quota: el regulador subasta una cantidad de potencia renovable predeterminada por el plan de energías renovables y se el derecho de autorizar la construcción a aquellos proyectos que menos subvención solicitan. La energía se vende en el mercado. A veces se ayuda a la venta con algún tipo de obligación de un % de renovables en el total de la energía comercializada (certificados verdes). En resumen, una metodología tipo Quota ajusta inmediatamente cantidades de EERR al deseo del gobierno. Si la incertidumbre acerca de la prima a solicitar en la subasta es muy grande porque no se sabe si los costes de otras energías bajarán en el futuro, un sistema de certificados verdes ayuda a reducir tal incertidumbre garantizando en el mercado unas ciertas cantidades de ER. Sistemas de feed – in tariff o su versión más light, la feed – in premium (donde no hay obligación de compra), no aseguran que las cantidades de potencia instalada renovable sea la deseada por el gobierno. Si la prima es muy elevada o no se actualiza con la debida rapidez a la baja para los nuevos proyectos de EERR, surge una inflación de nuevas instalaciones con la consiguiente carga sobre el consumidor de electricidad que es sobre quien se suele cargar tales primas. O puede ocurrir lo contrario: que primas demasiado bajas conduzcan a que no haya suficientes puestas en servicio de proyectos de EERR.

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La intermitencia y la necesidad de un gran back up en días en el que el recurso no se presenta, o en otras palabras, la alta variabilidad de su aportación Se evidencia que en el caso de la energía eólica la estacionalidad y variabilidad diaria de sus aportaciones puede ser extrema. En el caso de la energía solar en España, si hay estacionalidad, pero menor variabilidad diaria. En cualquier caso, estas características obligan a que haya un amplio respaldo (back – up) de otras tecnologías que entreguen potencia firme (mayormente gas en turbinas de ciclo combinado en el caso español). A mayor peso de las EERR mayor back – up se necesita. En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar que la energía eólica puede llegar a aportar más del 50% de la electricidad producida en una hora determinada y prácticamente nada en otra hora.

La necesidad de un gran back – up encarece el coste de la inversión total en el sistema eléctrico. Y normalmente este extra – coste no se suele contabilizar como coste de las EERR a efectos de realizar cualquier comparación.

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La difícil estimación (a corto y a largo plazo) de su aportación Los modelos para predecir el recurso renovable a corto y medio plazo son muy importantes para la operación del sistema, ya que permiten planificar la reserva “caliente” o “rodante” del sistema y en la medida en que ésta se minimice, se posibilitan ahorros económicos. Con el paso de los años, los modelos (econométricos) para estimar la demanda de EERR a corto plazo han ido mejorando sus pronósticos, al menos ese es el caso español, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.

El grado de incertidumbre aumenta mucho con el plazo del pronóstico hasta las 6 horas para a partir de ese momento, permanecer más o menos estable, pero en un rango de error elevado en el entorno de +/- 15%. Las mejoras en el pronóstico no sólo se explican por la depuración del modelo en la medida que se corrige con datos históricos, sino que el aumento del tamaño del parque eólico ayuda per se a reducir el rango de error del pronóstico.

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En ocasiones las EERR van en contra de la tendencia de la curva de carga, lo que aumenta los requerimientos de reserva caliente En momentos de rampa de la curva de carga diaria, existe una necesidad de potencia “caliente” disponible para acoplar oferta y demanda, que obviamente varía conforme al tamaño del sistema eléctrico. Pero ocurre que a veces la aportación de las EERR decrece justo en el momento en el que comienza la rampa de la curva de demanda de potencia, como se aprecia en el siguiente gráfico.

En este caso, la necesidad de reserva “caliente” aumenta, ya que además es necesario suplir la falta de potencia que está ocurriendo con el recurso renovable.

El problema de los huecos de tensión (en la antigua tecnología de los aerogeneradores) Cuando se produce una caída de tensión en la red, por el motivo que sea, por ejemplo porque una central que está generando súbitamente sale de servicio, se produce un hueco de tensión en la red que dura unos milisegundos. Dura hasta que a través de las interconexiones internacionales llega la energía suficiente para amortiguar esa falla. En otras palabras, una falla de digamos 1.000 Mw en España, es soportada de inmediato por el sistema español, pero además por Portugal por una parte y por el resto de Europa por otra. De alguna forma, esa falla se reparte entre todos los que están interconectados y es menos grave que si la soportara sólo el sistema español.

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De inmediato, el operador español acude a la reserva a subir y equilibra en muy pocos minutos los efectos de esa falla.

Pero ocurre que los aerogeneradores de tecnologías antiguas, cuando detectan el hueco de tensión, con el fin de proteger su electrónica, se desconectan automáticamente. Así que el efecto de los mencionados 1.000 Mw del ejemplo, se multiplica al desconectarse los aerogeneradores que en ese momento están funcionando alrededor del lugar donde se ha producido tal falla, añadiendo n Mw más a la falla de 1.000 Mw.

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En la medida en que nos alejamos del lugar en el que se ha producido la falla, el hueco de tensión se reduce y por tanto el efecto de desconexión de los aerogeneradores obsoletos también, como se representa en el siguiente gráfico.

Si la capacidad disponible por las interconexiones internacionales de España es menor que la falla, se corre el riesgo que la falla induzca a otras fallas en centrales convencionales que también están funcionando en las proximidades del sitio donde se ha producido tal evento, de esta manera se produce un efecto en cadena que induce a un apagón (black out) regional o hasta nacional, situación muy poco deseable, entre otras cosas, porque sistemas con redes complejas y muy malladas, como es el caso de España, tardan demasiadas horas en reponer el servicio con normalidad. El regulador español (junto con el operador del sistema) ha tratado de prevenir el problema a través del procedimiento de operación (PO) 12.3, que establece qué huecos de tensión deben soportar los aerogeneradores. Desde el 1/1/2008 los nuevos aerogeneradores instalados deben cumplir con los requisitos técnicos del PO 12.3. Casi 13.000 Mw de generación eólica instalados con antelación al 1/1/2008 han conseguido el certificado de cumplimiento con el PO 12.3 pero todavía hay cerca de 500 Mw de aerogeneradores que no poseen capacidad de soportar huecos de tensión inferiores al 85 % de su tensión nominal con duración inferior a 100 ms. Por otra parte, el operador del sistema a través del centro de control de las energías renovables (luego veremos que es) trata de controlar este potencial efecto a través de un programa que ana-

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liza cuál es la mayor falla potencial en el sistema en un momento dado, incluido el efecto multiplicador de aquellos aerogeneradores que no cumplen el PO 12.3, y ajusta la producción eólica de forma que la falla potencial total nunca supere la capacidad de la interconexión con Francia.

La dificultad (por motivos económicos) de restringir su aportación en momentos delicados para el sistema Por motivos obvios, las energías con coste de combustible nulo (como las energías eólica y solar) tienen prioridad de despacho. Pero hay ciertos momentos en ciertos días en los que hay un elevado nivel de recurso renovable disponible, en los que no es posible integrar toda la producción de las EERR y debe interrumpirse (al menos parcialmente) la producción de EERR para equilibrar generación y demanda. Esto significa que el productor de EERR afectado, no cobra mientras sufre tal suspensión y por tanto afronta un lucro cesante, con las consiguientes quejas y presión sobre el regulador. Estos problemas de compatibilidad se suelen evidenciar en las horas valle y aparecen entre energías de coste de combustible cero, pero también con la energía nuclear, que aunque bajo, tiene coste de combustible, pero dada su inflexibilidad de funcionamiento, no pueden dejar de funcionar cerca de su potencia máxima.

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El incremento de demanda de red, debido a la dispersión y a las inflexibilidades en la localización de los proyectos de EE.RR. El mejor recurso renovable no se localiza exactamente cerca de los lugares de consumo, por lo que su desarrollo demanda la expansión de redes de alta tensión, en un contexto en el que cada vez es más difícil realizar tendidos por motivos sociales y medioambientales. Si bien es difícil asignar una sola funcionalidad a un determinado tramo de la red de alta tensión, como se puede apreciar a continuación el porcentaje de inversión en red justificado por las EERR en 2007 en España ya era importante y ha ido creciendo con los años.

Algunas soluciones Los retos o problemas que plantea la integración de cada vez mayor potencia de las EERR demanda soluciones que faciliten su integración al sistema. En España, es el centro de control del régimen especial o sea, de las energías renovables (el CECRE) quien tiene el cometido de integrar de forma segura la mayor cantidad de ER posible. El CECRE pertenece a Red Eléctrica de España, que es la empresa encargada de toda la red de transmisión y de operar el sistema eléctrico. Las principales funciones del CECRE las siguientes: Ser interlocución única en tiempo real con el centro de control general (el CECOEL) y con los despachos delegados de las compañías eléctricas encargados de telemandar las instalaciones de EERR, para realizar el seguimiento y gestión correcta del sistema eléctrico.

Recibir la información sobre las unidades de producción necesaria para la operación en tiempo real y remitirlos al CECOEL. Satisfacer la necesidad de supervisión y control de todos los generadores, mediante su agrupación y coordinar a los mismos. Realizar la captación de programas de generación gestionable y proporcionar previsiones de generación no gestionable. Poner a disposición del Centro de Control al que están conectados los generadores, la consigna máxima por nudo. Coordinar los planes de mantenimiento de las instalaciones de la red de transmisión con el mantenimiento de las instalaciones de conexión y las de generación, minimizando afección a los generadores. Permitir sustituir hipótesis de simultaneidad zonal (necesariamente conservadoras) y criterios preventivos, por control de la producción real Finalmente señalar que la gestión del bombeo hidroeléctrico es una herramienta importante para maximizar el uso de las EERR. En España, el uso del bombeo lo determinan las empresas propietarias de esas instalaciones, normalmente las grandes generadoras eléctricas, turbinando o desembalsando en función de los precios del mercado, lo que significa que habitualmente se turbina en la madrugada (entre las 2 y las 5 horas, que es cuando se marcan los precios más bajos) y desembalsando en los picos (de las 13 horas y las 19 horas, que es cuando los precios son altos).

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Pero cabe utilizar otro criterio del uso del bombeo, primando el acoplamiento a las EERR, y turbinando cuando haya incompatibilidad de las EERR con otras energías o entre ellas mismas y desembalsando cuando la aportación de las EERR sea contraria a la pendiente ascendente de la curva de carga.

Bibliografía European photovoltaic industry association (2011) “Competing in the energy sector. On the road of competitiveness” European wind energy association (2011) “Powering the energy debate. 2010 annual report” European wind energy association (2011) “EU energy policy to 2050. Achieving 80-95% emissions reductions” Instituto para la diversificación y el ahorro de energía (2011) “Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 (versión preliminar) e informe de sostenibilidad ambiental” Instituto para la diversificación y el ahorro de energía (2011) “Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020” Red Eléctrica de España (2011) “Informe del sistema eléctrico en 2010”

La Norma ISO 50.001 Sistemas de Gesti贸n Energ茅tica: requisitos y orientaciones para su uso, y su proceso de implementaci贸n en Colombia 86

Juan Carlos Campos Avella

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El Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha confirmado el registro de un incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, tales como olas de calor, heladas, fuertes lluvias, sequias y ciclones tropicales, además de un elevamiento en el nivel del mar. El período comprendido entre 1995 y 2006 está en el ranking de los 12 años con mayor temperatura desde 1850, siendo necesario alcanzar reducciones de al menos el 50% en las emisiones globales de CO2, de aquí al 2050, para impedir que suba el promedio de la temperatura global en el largo plazo entre 2°C y 2,4°C y ocurran catástrofes climáticas permanentes que atentan contra la vida del Planeta. Dentro de este contexto, aparece un dato no menor: el 65% de las emisiones que causan el incremento de la temperatura global están relacionadas con el uso de la energía. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), varias entidades energéticas y ambientales globales, como el Consejo Mundial de Energía (WEC), la Asociación

no utilizada en la realización de productos, servicios o condiciones de confort, es decir, las pérdidas energéticas por ineficiencia o uso irracional de la energía. Según los estudios realizados en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la eficiencia energética en el uso final de la energía en las organizaciones puede contribuir a reducir el 38% de las emisiones de gases de efecto de invernadero ( GEI) necesarias para el control del cambio climático previsto para alcanzar en el año 2030, otro 15% puede ser logrado por la sustitución de combustibles emisivos mediante la implementación de fuentes renovables de energía para el uso final de la energía, un 5% por la generación de electricidad a partir de fuentes de energía no emisivas de GEI, un 19% mediante tecnologías de captación de dióxido de carbono y su almacenamiento bajo tierra y el resto, mediante el uso de energía nuclear no emisiva de GEI y la introducción de energía renovable.

...la eficiencia energética reduce los costos energéticos de los productos y servicios, por lo que contribuye con esto a su propia inversión... Internacional de la Industria del gas y el petróleo para asuntos ambientales y sociales (IPIECA), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y las entidades de normalización y certificación de Estados Unidos y Brasil (ANSI, ABNT) propusieron y argumentaron a la Organización Internacional de Normalización ISO, desde el año 2007, la necesidad de crear una Norma de gestión energética a nivel empresarial, para disminuir y controlar el alto porcentaje de emisiones de gases de efecto de invernadero que se debe a la energía consumida en las organizaciones, y especialmente evitar la que resulta de aquella energía

Como se observa, la eficiencia energética es la responsable de la mayor parte de las esperanzas de control del efecto del cambio climático en el planeta. Adicionalmente, la eficiencia energética reduce los costos energéticos de los productos y servicios, por lo que contribuye con esto a su propia inversión, ayudando a una toma de decisiones mucho más eficiente por parte de los interesados. Como resultado de la propuesta realizada en el año 2007, el pasado 6 de junio de 2011 se publica por primera vez una Norma de Sistemas de

Gestión Energética para las organizaciones, con carácter mundial, la ISO 50.001. Ésta fue el fruto del trabajo del Comité de Proyecto de la Norma Internacional conformado por especialistas energéticos y representantes de organismos de normalización y certificación nacional de 44 países miembros y 14 países observadores, además de 4 organizaciones mundiales de energía y el medio ambiente. La incorporación del resto de los países que no participaron en el Comité de Proyecto se ha venido produciendo a media que se han dado seminarios de divulgación e implementación de la Norma. El pasado 4 de agosto de 2011 se realizó el seminario para América Latina y el Caribe con la participación de 17 países interesados en la implementación, de éstos 11 no habían participado en el proceso de elaboración. La aceptación por parte de la mayoría de los científicos y estadistas a nivel mundial de que tenemos un problema serio con el clima y que éste se debe a las emisiones de gases de efecto de invernadero parece ser ya una realidad. Es importante trabajar porque esa aceptación también se convierta en una acción de reducción del problema y una de las herramientas fundamentales a utilizar para esta acción es la ISO 50.001. El Comité Técnico de Normalización 228 de ICONTEC Sistemas de Gestión Energética, actuó como Comité Espejo del Comité de Proyecto Internacional de la Norma 242, durante el proceso de su elaboración desde el año 2008 al 2011, debido al alto interés que ha producido el conocimiento de la publicación de esta norma internacional en las organizaciones colombianas y participa activamente del proceso de su asimilación en el país. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ( ONUDI/ UNIDO) con Fondos de Medio Ambiente Mundial ( FMAM/ GEF)

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desarrolla un Programa de Eficiencia Energética Industrial dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) a través de la promoción, en 30 países, de la implementación de sistemas de gestión energética en la industria según la ISO 50001 con expertos nacionales y la estimulación del mercado de productos y tecnologías eficientes energéticamente. ¿Qué es al Norma ISO 50.001 y cómo puede ayudar a reducir las emisiones de GEI? El concepto de sistema de gestión se refiere a que la organización debe tramitar sus procesos o actividades de manera que sus productos o servicios cumplan los objetivos que se ha autoimpuesto, tales como: satisfacer los requisitos de calidad de los consumidores, cumplir con requisitos legales y otros voluntarios, conseguir logros medioambientales y energéticos etc. Las normas de sistemas de gestión ofrecen un modelo a seguir para la implantación, operación y mejora continua de un sistema de gestión. Este modelo incorpora las características sobre las que los expertos en este campo han llegado a un consenso, constituyendo el actual estado del arte a nivel internacional. La norma de sistema de gestión energética ISO 50001 especifica los requisitos para desarrollar e implantar una política energética, así como el establecimiento de objetivos, metas y planes de acción, teniendo en cuenta los requisitos legales y el uso significativo que se hace de la energía. Cada reducción del uso de la energía en una organización colombiana tiene un impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero, que se puede medir en kilogramos o toneladas de dióxido de carbono equivalente, dejados de producir. El indicador colombiano en el año 2011 basado en la composición de las fuentes de producción de energía eléctrica, nos dice que

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por cada KWh dejado de consumir en Colombia se dejan de emitir 0,2717 Kg de CO2, y en el caso de dejar de consumir gas natural, por cada m3 de gas que se desista su consumo, se dejan de emitir aproximadamente 1,34 Kg de CO2. ¿Qué aporta la Norma ISO 50.001 a la cultura que ya existe de eficiencia energética en las organizaciones? El enfoque nuevo que establece la norma, es pasar de la situación actual de identificación y corrección periódica de ineficiencias energéticas en los procesos y servicios de una organización, utilizando fundamentalmente auditorias energéticas y cambios tecnológicos, al control continuo de los niveles alcanzables de eficiencia energética como parte de la cultura organizacional, mediante la gestión de prevención de ineficiencias energéticas utilizando un sistema de mantenimiento e inspecciones centrados en la eficiencia; la gestión de la corrección de ineficiencias inesperadas en los procesos y equipos, implementando un sistema de monitoreo de los indicadores de

desempeño energético en los usos significativos de energía, así como sus variables de control, y el incremento de la eficiencia energética, mediante el aprovechamiento del potencial que brinda la tecnología instalada en la organización, identificado en los procesos de auditoría. A esto se añade el requerimiento de no introducir en la empresa nuevas tecnologías ineficientes, las cuales pudieran entrar a través del departamento de compras de reposiciones o los nuevos diseños de expansión o modificación productiva. Este enfoque produce una mayor cantidad de oportunidades de reducción de consumos energéticos en las organizaciones y la posibilidad del sostenimiento y la mejora de la eficiencia, en un proceso de progreso continuo, que primero sugiere lograr la máxima eficiencia energética de la tecnología existente y posteriormente pasar al cambio tecnológico para incrementar la eficiencia.

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¿Qué ventajas tiene la implementación de la Norma ISO 50.001? Las principales ventajas de implementación de la Norma para una organización interesada en elevar la eficiencia energética de sus procesos son: Proporciona a las organizaciones la forma de integrar la eficiencia energética a las prácticas actuales de gestión Proporciona una metodología lógica y coherente para la identificación y la aplicación de mejoras de la eficiencia energética que contribuyan al adelanto constante de la misma en las instalaciones de la organización. Ofrece orientación para definir la línea base, medir, documentar e informar las mejoras en los indicadores de desempeño energético y su impacto sobre las reducciones de las emisiones de GEI. Crea transparencia y normalización en la gestión energética donde actualmente no existe, facilitando el reconocimiento y generalización de las mejores prácticas de dicho tema. Proporciona un marco a las organizaciones para alentar los proveedores a gestionar su energía multiplicando la reducción de la intensidad energética de cada organización participante. Reduce los costos de producción relacionados con el consumo energético Obliga a pensar y establecer la seguridad del suministro energético a mediano y largo plazo. Reduce la exposición de la organización a las fluctuaciones de los costos energéticos. Ofrece a las organizaciones con operaciones en más de un país, una sola norma para la aplicación armonizada en toda la organización. Facilita el acceso a mercados voluntarios de reducción de GEI. Permite demostrar a terceros el cumplimiento de un compromiso social organizacional con el medio ambiente. Establece un criterio homogéneo y efectivo en el mercado de servicios de eficiencia energética.

¿Qué tecnología pueden requerir las empresas para poder cumplir con los requerimientos de la ISO 500001? Para la implementación de la Norma ISO 50.001 las organizaciones seguramente van a requerir de la implementación de sistemas y equipos de medición nuevos, pues la situación de la pequeña y mediana empresa es esencialmente la de contar con un solo medidor de consumo de energía, utilizado para la facturación de su consumo y muy pocos o ausencia de medidores al interior de sus procesos. La gran empresa tiene una mayor cobertura de medición de consumo de energía, pero muchas veces no responde a los criterios de evaluar el desempeño energético por procesos o áreas de la empresa, sino a controlar determinado consumo que considera importante para sus costos de producción. El requerimiento de la Norma del establecimiento de líneas base para evaluar el desempeño energético de los procesos productivos o las áreas de servicio, va a requerir un replanteamiento de la ubicación de los medidores de consumo para lograr una relación entre el consumo de energía y las causas que lo provocan. El resto de tecnologías requeridas son herramientas de gestión energética, que son tecnologías del tipo “blandas”, basadas en herramientas estadísticas: listas de chequeo, gráficos de correlación, tendencias, de sumas acumulativas; herramientas matemáticas de optimización, software de balances energéticos y diagnósticos energéticos on line, nuevas herramientas de gestión del mantenimiento centrado en la eficiencia (donde aparece la ineficiencia energética como una nueva falla funcional de los equipos) etc… Algunas de estas herramientas ya son aplicadas por las empresas en los sistemas de gestión de calidad o medio ambiente, pero se requerirán otras

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específicas del componente energético de la norma. Debemos entender que así como la gestión de la calidad tiene sus 7 herramientas básicas que deben conocerse e implementarse hasta nivel operacional, para cumplir con sus requisitos, también la gestión energética tiene herramientas básicas específicas, no utilizadas hasta ahora en las empresa, pero que requerirán de un proceso similar de conocimiento e implementación, que en el caso de la gestión de la calidad. ¿La implementación de la Norma es un proceso muy costoso de adoptar? El costo de implementación depende del alcance físico u organizacional que se le de a la implementación y del estado actual de la empresa respecto a los requerimientos de la Norma. Por eso es necesaria una etapa inicial de determinación de “brechas” (identificación de las diferencias entre lo que existe hoy en la empresa y lo que indica la norma que debe existir). Es muy difícil establecer unos criterios de costo que apliquen a todas las empresas. Pero aquellas empresas que implementaron la ISO 9000 o la 14000 tienen una referencia de los costos, en lo mismo que les costó la implementación de estas normas. ¿Quién es el ente encargado de implementar la Norma ISO 50.001? Las herramientas requeridas para cumplir los requisitos técnicos de la Norma ISO 50001 no son iguales a las de las otras normas ISO, ya que se requiere de cierto grado de especialización para lograrlos. Sin embargo, el proceso de implementación de la Norma ISO 50.001, es esencialmente el mismo del resto de las Normas tipo ISO. La organización es la que toma la decisión de su implementación y la puede realizar con personal propio, utilizando asesoría externa para la parte técnica o contratando completamente el servicio. La contratación del servicio no significa que su personal no deba involucrarse el proceso, al igual

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que el resto de las Normas, la ISO 50.001 requiere de la formación de facilitadores internos que produzcan y mantengan el cambio de cultura del personal de la organización y que puedan ejecutar y verificar el funcionamiento del sistema de gestión a través de auditorías internas y revisiones de la gerencia. ¿Quién certifica que se haya implementado exitosamente la Norma ISO 50.001? Los entes certificadores son los encargados de certificar en una organización la implementación exitosa de la Norma ISO 50.001. Estos entes son generalmente los mismos que certifican otras normas del tipo ISO como la serie 9001 o 14001, sin embargo, para hacerlo tienen que estar acreditados para certificar específicamente la ISO

con los de la familia ISO, existe un componente importante técnico que es totalmente nuevo, como por ejemplo: criterios de selección de usos significativos de energía; establecimiento de las metodologías de elaboración de las líneas base de energía; establecimiento de indicadores de desempeño energético; identificación de variables relevantes operacionales y de mantenimiento que impactan los usos significativos de energía; métodos de análisis de las desviaciones del desempeño energético; plan de medición energética; características claves de las operaciones que determinan el desempeño energético; requisitos legales aplicables a la gestión energética, etc… El conocimiento de cómo hacer cumplir estos requisitos del componente técnico energético de la Norma en una organización requiere de una

La organización es la que toma la decisión de su implementación y la puede realizar con personal propio... 50.001. Esta acreditación la otorgan los organismos internacionales o nacionales autorizados para ello. En Colombia la ONAC es la que otorga la acreditación una vez ésta haya sido avalada por organizaciones internacionales como la IAF internacional.

capacitación que debe recibir tanto el ente certificador como los implementadores de la Norma ISO 50.001.

El hecho de que un ente nacional no acreditado, se nombre igual, que otro internacional, que ya haya sido acreditado para certificar en el extranjero, no le da la posibilidad, al ente nacional, de certificar en el país, pues las acreditaciones son locales.

El proceso de certificación de esta norma de gestión energética, no difiere de los procesos de certificación de las normas tipo ISO.

La necesidad de acreditar los entes certificadores, específicamente en la Norma ISO 50.001, surge porque a pesar de que los formatos generales de los requisitos establecidos en la Norma coinciden

¿Cómo es el proceso de certificación de la Norma ISO 50.001?

Es importante aclarar que los beneficios que puede recibir la empresa con la implementación del sistema de gestión energética, según la metodología que orienta la Norma ISO 50001, no dependen de que la empresa este certificada o no. Dependen fundamentalmente de la aplicación de las nuevas herramientas de gestión, diseñadas

para que el sistema funcione y reduzca los costos energéticos. La decisión de certificar la implementación del sistema de gestión, sin embargo, puede responder a la necesidad de la empresa de presentar a terceros el cumplimiento de un requisito de mercado o para participar en algún mercado voluntario de GEI que así lo exija.

¿Existe alguna actividad de capacitación en Colombia para la implementación de la Norma ISO 50.001? El primer curso oficial de capacitación sobre la implementación de la Norma ISO 50.001 Traducida al español por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) y el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) se desarrolló del 1 al 3 de agosto del 2011 en Montevideo, Uruguay, organizado por ONUDI con la

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participación de 17 países de América Latina y el Caribe. En esta capacitación participó una representación del Comité Técnico de Normalización 228 del ICONTEC, que es el Comité Espejo del Comité Internacional de ISO para esta Norma. Esta capacitación aún no se ha reproducido en el país y se espera hacerlo en breve plazo. El Comité Técnico de Normalización 228 del ICONTEC en la actualidad continua trabajando en la elaboración de la Guía para la Implementación de la Norma NTC ISO 50.001 y también como Comité Espejo del Comité Técnico 242 de ISO, para la elaboración de diferentes documentos guías complementarios a la Norma Internacional ISO 50.001, que se estarán publicando en el transcurso de los próximos meses para facilitar el proceso de implementación en las organizaciones. Existen en Colombia empresas de servicios energéticos capacitadas a nivel internacional para

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asesorar el proceso de implementación de sistemas de gestión energética, según la metodología ISO 50001? La empresa e2 energía eficiente s.a.e.s.p. fue la única empresa colombiana que durante los años del 2008 al 2011, participó en el Comité Internacional PC 242 ( Comité de Proyecto) de la Organización de Estándares Internacionales (ISO) Sistemas de Gestión Energética, para la elaboración de la Norma Internacional ISO 50001 Sistemas de Gestión Energética publicada en junio de 2011. En la actualidad participa en el Comité Internacional TC 242 (Comité Técnico) para la elaboración de Normas de apoyo a la Norma ISO 50001. Participó en el seminario de capacitación realizado en Montevideo, Uruguay, organizado por ONUDI para la implementación de la Norma ISO 50001 en agosto de 2011 y, recientemente, en el Seminario del Programa de Construcción de Capacidades para la Implementación de Sistemas de Gestión Energética a nivel mundial, desarrollado por UNIDO en Viena, Austria, del 26 al 28 de abril de 2012. Esta empresa también es la única en Colombia que cuenta con una gerencia dedicada a la implementación de Sistemas de Gestión Energética en la Industria, mediante contratos por desempeño desde el año 2004, donde el cliente puede pagar la asesoría externa de implementación a través de los ahorros obtenidos como resultado de la misma. La gerencia de gestión energética de la empresa tiene la condición de Experto Internacional en sistemas de gestión energética y eficiencia energética industrial de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) y participa en proyectos de formación de expertos nacionales a través del Programa GEF-UNIDO de eficiencia energética industrial.

#24 / ACTUALIDAD FINANCIERA

La tributación de las sociedades y los socios Juan José Fuentes Bernal

Director de la Cámara Financiera y Tributaria de ANDESCO

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Uno de los temas que mayor controversia suscita en el campo del derecho tributario es el gravamen a la renta de las sociedades y los socios y las fórmulas que pueden implementar los Estados para aliviar la carga impositiva sobre la inversión. Como se sabe, desde el punto de vista tributario la sociedad es un sujeto distinto de las personas que la constituyen y su renta se determina de manera independiente de la renta de los inversionistas o socios. Este tratamiento conlleva la doble tributación sobre las utilidades empresariales, primero en cabeza de la sociedad y posteriormente en cabeza de los dueños del negocio. Si una sociedad genera utilidades y no las distribuye entre los dueños sino que las reinvierte en el negocio, el incremento patrimonial obtenido se concreta en la adquisición de activos o en el uso de los recursos como capital de trabajo. Si genera utilidades y las distribuye como dividendos, el incremento patrimonial obtenido no se hace efectivo para la empresa aunque sí para los socios, quienes reciben finalmente los beneficios. En uno y otro caso la empresa debe tributar sobre las utilidades que haya generado pues lo que se grava es la renta percibida independientemente de su destinación. Sin embargo, mientras en el primer caso solamente se genera renta para la entidad y solamente la entidad paga impuesto, en el segundo se produce también un aumento patrimonial para los socios o inversionistas, representado en dividendos, que conlleva, en principio, una nueva carga tributaria. La doble imposición sobre las utilidades, primero en el momento de su obtención por la sociedad y luego en el momento de su distribución a los socios, es una consecuencia de la condición de contribuyente que se le atribuye a las empresas y del hecho de que el incremento patrimonial sólo se observa en el momento de percepción de la renta. La ley colombiana ha resuelto este problema señalando que las utilidades gravadas en cabeza de la sociedad no están gravadas en cabeza de

los inversionistas y, por contrapartida, que las rentas exentas de tributación para la empresa se someten al impuesto cuando son recibidas como dividendos (E.T. arts. 48 y 49). De esta manera se elimina la doble tributación económica sobre las utilidades pero se limita el alcance de las exenciones en el impuesto sobre la renta. En síntesis, en nuestro país se ha adoptado la regla de que la utilidad o renta de las sociedades que se distribuye a los socios debe siempre tributar, bien sea en el momento de su obtención como renta corporativa o en el momento de su distribución como dividendo. Esta disposición es, de cierta manera, contradictoria pues, si bien considera que las utilidades y los dividendos constituyen un mismo hecho económico cuando se ha pagado impuesto en cabeza de la sociedad, no aplica el mismo criterio cuando se trata de rentas exentas, es decir, cuando no se genera impuesto sobre las utilidades de la empresa.1 La imposibilidad de extender las exenciones de la sociedad a los socios le permite al Estado recuperar, en cabeza de las personas naturales, parte de la tributación que deja de recaudar en cabeza de las personas jurídicas cuando se otorgan estos beneficios. Decimos que esta recuperación es parcial porque la tarifa del impuesto sobre la renta corporativa en nuestro país es el 33%, mientras que la tarifa que pagan las personas naturales es una tarifa marginal que va del 0% al 33%, dependiendo del valor de la base gravable. Las normas relativas al tratamiento fiscal de los dividendos obligan a las sociedades a calcular el monto máximo de las utilidades susceptible de

1.La prohibición de trasladar las exenciones de la sociedad a los socios conlleva una desigualdad en el trato de las inversiones societarias o colectivas frente a las inversiones individuales. Si una persona tiene la posibilidad de invertir en el desarrollo de una actividad que la ley califica como exenta del impuesto sobre la renta preferirá hacerlo directamente y no mediante la constitución de una sociedad pues, mientras en el primer caso puede disponer de sus utilidades sin tributar, en el segundo los beneficios personales están sometidos al impuesto.

#24 / ACTUALIDAD FINANCIERA

distribuirse como no gravado, valor que corresponde a la diferencia entre la renta líquida gravable y el impuesto básico de renta. Esta fórmula impide que las exenciones, sobre-deducciones y descuentos de que puede gozar la sociedad se trasladen a los socios. Sin embargo, no evita que el beneficio derivado de la aplicación de tarifas reducidas en el impuesto sobre la renta se extienda a los inversionistas.2 La regla de exención sobre los dividendos que se aplica actualmente en Colombia para evitar la doble tributación económica es objeto de cuestionamientos a la luz del principio constitucional de progresividad. El punto central de la crítica es que el impuesto sobre la renta para las sociedades no es progresivo sino proporcional, de tal forma que todos los inversionistas o socios resultan incididos en la misma proporción, independientemente de su capacidad económica. En otras palabras, la exención sobre los dividendos de que gozan los inversionistas con diversa capacidad de 2. La Ley 1004 de 2005 consagró una tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% para los usuarios industriales de Zonas Francas. Asimismo, la Ley 1429 de 2010 consagró una aplicación parcial de la tarifa del impuesto de renta, del 0% al 75%, para pequeñas empresas durante los 5 años siguientes a su creación. La tributación que se deja de recaudar en el caso de las sociedades que se acogen a estas medidas no se recupera en cabeza de los inversionistas ya que la fórmula actual para la determinación de los dividendos no gravados (E.T. arts. 48 y 49) no elimina el efecto de las tarifas reducidas.

pago se sustenta en un gravamen igual sobre las utilidades de las empresas. Un contribuyente que recibe 1.000.000 por concepto de dividendos tributa a la misma tarifa que un contribuyente que recibe 100.000.000. Esta deficiencia de la regla de exención desde el punto de vista de la progresividad, sumada al hecho de que la tarifa aplicable en Colombia a la renta corporativa es, en comparación con otros países, elevada, ha llevado a pensar en la necesidad de cambiar el régimen fiscal de las inversiones, estableciendo un menor impuesto en cabeza de las sociedades y una carga tributaria mayor en cabeza de los socios personas naturales. La aplicación del denominado “sistema clásico”, en virtud del cual se gravan tanto las utilidades societarias como los dividendos, puede representar una ganancia en competitividad y en progresividad si se reduce la tarifa del impuesto sobre la renta corporativa, que resulta directamente del esfuerzo empresarial, y se grava en alguna medida la renta individual. Este esquema es usual en muchos regímenes tributarios e implica un cálculo de la tarifa nominal efectiva del impuesto sobre la renta aplicable a las utilidades empresariales. A continuación se muestra el valor de esa tarifa en Colombia y en algunos países europeos, asiáticos y latinoamericanos.

Tarifas nominales efectivas del impuesto sobre la renta

País

Tarifa sociedad

Tarifa dividendos

Tarifa efectiva sociedad – socio

Colombia

33%

República Checa

19%

15%

31%

Chile

17%

21.69%

35%

España

30%

19%

43.3%

Corea

19%

15%

31%

India

33.99%

16.9

45.2%

Francia

33.33%

25%

50%

Suiza

8.5%

35%

40.5%

20%

40%

Portugal

25%

Datos tomados del Global Corporate Tax Handbook 2010 - KPMG

#24 / ACTUALIDAD FINANCIERA

Como se observa, la tarifa nominal efectiva no corresponde exactamente a la suma de la tarifa que se aplica a las utilidades de la sociedad y la tarifa a la cual están sometidos los dividendos. La tarifa efectiva es siempre menor que la suma de estas dos tarifas debido a que el impuesto sobre los dividendos se aplica sobre una base depurada, es decir, sobre la renta de la sociedad después de impuestos.3 El siguiente ejemplo ilustra el régimen actual aplicable en Colombia a las utilidades empresariales y dos alternativas para su modificación conforme a los criterios señalados.

ALTERNATIVAS PARA LA MODIFICACIÓN AL RÉGIMEN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA APLICABLE A LAS UTILIDADES EMPRESARIALES Supuestos generales La sociedad XYZ LTDA., cuyos socios son los señores A, B, C, D y E, obtuvo en el año 2010 utilidades comerciales por valor de 500.000.000. Sobre dichas utilidades la sociedad liquidó y pagó el impuesto sobre la renta a la tarifa del 33%. (Para el caso, asumimos que la utilidad comercial coincidió con la utilidad fiscal, es decir, con la renta líquida gravable). En el año 2011 la sociedad repartió utilidades entre los socios. El señor A, que tiene una participación del 20% en la sociedad, recibió dividendos por valor de 67.000.000. Aparte de su condición de rentista de capital, el señor A no realiza ninguna otra actividad económica. Régimen actual

Tipo de renta Utilidades empresariales Dividendos (Ut. empresarial - impuesto) Renta individual

Valor bruto

100.000 67.000

67.000

Base gravable 100.000

Impuesto

Tasa sobre la renta corporativa

33.000

-0-

-0 -

-0-

-0 -

Tasa efectiva sobre la renta empresarial

33% 33%

(33% sobre las utilidades de la sociedad + 0% sobre los dividendos)

Los dividendos percibidos por el inversionista son exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando correspondan a utilidades gravadas en cabeza de la sociedad que los liquidó (E.T., arts 48 y 49). La tasa efectiva de tributación sobre la renta empresarial en cabeza de la sociedad y del socio es igual a la tasa aplicable sobre la renta corporativa (33%). 3. El concepto de tarifa nominal efectiva es muy importante en la comparación de regímenes tributarios, particularmente en la negociación de los convenios internacionales de doble tributación pues permite cuantificar las concesiones derivadas de dichos acuerdos. Evidentemente el país propenso a realizar un sacrificio fiscal es siempre el que tiene la mayor tarifa efectiva.

#24 / ACTUALIDAD FINANCIERA

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Alternativa 1 (Gravamen cedular sobre los dividendos)

Tipo de renta Utilidades empresariales

Valor bruto

100.000

Base gravable 100.000

Impuesto

Tasa sobre la renta corporativa

27.000

Dividendos (Ut. empresarial - impuesto)

73.000

4.380

Renta individual

-0-

Tasa efectiva sobre la renta empresarial

31.3% 27%

(27% sobre las utilidades de la sociedad + 6% sobre los dividendos)

En este caso las utilidades de la sociedad se gravan a la tarifa del 27% y los dividendos, de manera independiente, a la tarifa del 6%. La tasa efectiva aplicable a las utilidades empresariales en cabeza de la sociedad y del socio es el 31.3%. La tarifa del impuesto aplicable sobre la renta personal se determina sin tener en cuenta el valor de los dividendos recibidos. Alternativa 2 (Incorporación de los dividendos en la renta personal)

Tipo de renta

Valor bruto

Utilidades empresariales

100.000

Base gravable

100.000

Impuesto

Tasa sobre la renta corporativa

Tasa efectiva sobre la renta empresarial

27.000 38.3%

Dividendos (Ut. empresarial - impuesto)

73.000

-0-

-0 -

Renta individual

73.000

11.384 (15%)

27%

(27% sobre las utilidades liquidadas por la sociedad + 15% sobre la renta individual)

Las utilidades de la sociedad se gravan a la tarifa del 27%. No existe un impuesto cedular sobre los dividendos pero estos se incorporan a la renta personal del inversionista. La tasa efectiva sobre las utilidades empresariales en cabeza de la sociedad y del socio varía dependiendo del impuesto aplicable a la renta individual (E.T. art. 241). En este caso el impuesto pagado sobre dicha renta es el 15% (11.384) que representa el 11.3% de las utilidades empresariales. Esta fórmula le brinda mayor progresividad al impuesto sobre la renta pero eleva significativamente la tasa efectiva de tributación (del 33% al 38.3%). Para obtener una tasa efectiva menor podría reducirse aún más la tasa corporativa. Además de la exención sobre los dividendos y de las alternativas mencionadas en el ejemplo anterior, el problema de la tributación sociedad–socio ha sido objeto de otro tipo de soluciones entre las cuales podemos citar el gravamen exclusivo sobre la renta personal, el método de imputación y el método de gravamen sobre el 50%.

#24 / ACTUALIDAD FINANCIERA

El gravamen exclusivo sobre la renta personal consiste en aplicar el impuesto únicamente a la renta de los inversionistas, es decir, a los dividendos, sin afectar tributariamente las utilidades de la sociedad. El método de imputación o crédito tributario grava las utilidades de la sociedad y los dividendos del socio, otorgándole a este último el derecho a descontar el impuesto pagado por la sociedad en proporción al monto de su participación. Por su parte, el método de gravamen sobre el 50% consiste en gravar la totalidad de las utilidades de la sociedad y la mitad de los dividendos. En general, las ventajas de cualquier sistema o método dependen del valor total del impuesto que finalmente resulte de su aplicación, es decir, de la tasa efectiva a la cual quede sometida la renta derivada de la inversión y de la posibilidad, para las

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administraciones tributarias, de ampliar la cobertura de sus sistemas de fiscalización extendiendo los controles que se aplican a las sociedades a la actividad de los socios o inversionistas. En todo caso, no hay que perder de vista que la tendencia, hoy en día, es gravar la renta individual con preferencia a la renta corporativa bajo la consideración de que las cargas tributarias no deben tener una incidencia importante sobre la inversión productiva y que la verdadera capacidad de pago se concentra en las personas y no en las empresas.4 4. Un resumen de las principales modalidades del tratamiento tributario que se da a la renta societaria y a los dividendos en diversos países se encuentra en el artículo “La tributación sobre la renta de las sociedades y los socios”, del tributarista colombiano Alfredo Lewin Figueroa. El autor muestra en detalle el resultado de la aplicación de cada uno de esos métodos o sistemas, en términos de la tasa efectiva de tributación que generan. El citado artículo hace parte del libro “El impuesto sobre la renta en el derecho comparado - Reflexiones para Colombia”, publicado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (Bogotá, 2008).

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#24 / ACTUALIDAD JURﾃ好ICA

Servicios, veinte aﾃｱos despuﾃｩs de la constituciﾃｳn

#24 / ACTUALIDAD JURÍDICA

El 15 de noviembre de 2011 cuando se cumplían 20 años de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, ANDESCO promovió en la Universidad Externado de Colombia un seminario con motivo de este aniversario. El evento contó con la participación de destacadas personalidades desde el ex-presidente César Gaviria Trujillo, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y diversos expertos. Más que un evento de conferencias fue un conversatorio, el día, el lugar y los participantes, todo fue propicio para una

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marcha al mismo ritmo y hay asimetrías en los distintos sectores. En general, se puede decir que todo fue mucho más allá, fue pro-mercado y no fue pro-negocio. En este último sentido el ex Presidente Gaviria resaltó algunos de los más importantes sucesos de hace veinte años, como fueron la independencia del Banco de la República; el derecho a la competencia, el derecho a la libre escogencia. Se revisó la política de subsidios, en donde estába-

El Estado Colombiano tiene entonces como obligación entrar a regular el derecho al agua en general y en particular el suministro de un mínimo vital. profunda reflexión colectiva, que en una frase resumo: El pasado y el futuro de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. Como dijo José Antonio Vargas Lleras, analizar una verdadera revolución silenciosa y positiva en la prestación de los servicios. Se recordó cómo en la génesis de la reforma del 91 estuvo presente el elemento del apagón, la huelga de Telecom como preámbulo a la ley 142, el desorden con el acueducto de Barranquilla que colapsó y otros problemas de politiquería y coadministración en la entidades territoriales desde la propia capital de la república; como lo señalaba el DNP el problema no es de plata, sino de un modelo de gestión. Por todo lo anterior hoy en el balance se destaca que aquí si existieron y existirán controles independientes y técnicos, como lo reafirma el señor Superintendente de Servicios Públicos. Es inevitable la comparación con otros sectores donde el fenómeno de la corrupción se presenta como un cáncer, llevándolos al colapso como en el caso de la salud. Sin embargo, no todo

mos acostumbrados que todo lo hacia el Estado. Las noticias más importantes fueron la Ley 100, el fortalecimiento de la justicia y los servicios públicos. Se ha fallado donde no hubo regulaciones, donde no hubo superintendencias independientes, ha funcionado muy bien lo financiero, allí somos modelo en América Latina, contrario a lo sucedido en salud, donde faltó supervisión, cuando la base del sistema es que eran empresas aseguradoras y nunca tuvieron control en esa dimensión. Es que el Estado tiene que cumplir sus funciones con eficiencia, en cuento a concesiones en infraestructura hay un rezago institucional inmenso del Ministerio de Transporte y la falta de voluntad política, en cambio tenemos los mejores puertos, salvo Buenaventura. La educación también se quedó rezagada. Por qué no ser como en Asia, donde se hacen bien muchas cosas, lamentablemente aquí sólo unas pocas cosas se hacen bien. Esta publicación es un anticipo de las memorias que la Universidad Externado está preparando,

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precisamente algunas de las cifras y análisis que el doctor José Antonio Vargas nos presentó en este balance de 20 años son: Las comunicaciones TIC representan más de 5 por ciento de la producción bruta nacional, estamos hablando de 12 billones de pesos, con crecimiento cercano al 5 por ciento anual durante toda la última década, este crecimiento se ha dado principalmente en los sectores de telecomunicaciones y de generación y distribución de energía eléctrica, seguidos por la distribución de gas natural y en menor medida por los servicios de acueducto alcantarillado y aseo que están repuntando fuertemente en los últimos años. Año tras año se contribuye no sólo al mayor fortalecimiento de la economía sino a la mejor calidad de vida de todos los colombianos, las cifras de cobertura superiores en todos los servicios al 90 por ciento en las ciudades, la garantía del suministro de energía aún en condiciones climáticas extremas, la ramificación del gas natural que hoy ya surte a casi 5 millones de hogares, la penetración de la banda ancha con más de 5 millones de conexiones y más de 25 millones de colombianos conectados, ante estos resultados altamente positivos y uno se pregunta ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? La respuesta o una de las respuestas es: En buena medida gracias al desarrollo constitucional que se plasmó en un régimen especial y que ha sido de-

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sarrollado adecuadamente; precisamente sobre el éxito del modelo el doctor Vargas Lleras, destaca que la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras con marco regulatorio técnicamente estructurados, con una gestión eficiente bajo las normas de derecho privado con el fin de garantizar la prestación del servicio dentro de la premisa de que el servicio más costoso es aquel que no se presta. Varios conferencistas advirtieron con preocupación la exagerada sectorización; en ese mismo sentido, no todas las Comisiones de Regulación han ido al mismo ritmo, ni han contribuido a darle valor agregado a su sector en condiciones comparables. La asimetría es latente en el ámbito de acueducto y alcantarillado, sector que en cobertura sigue rezagado y que denota precisamente la ausencia de un modelo de gestión; sin desconocer los esfuerzos que están realizando los actuales comisionados y el viceministerio del ramo. Otra expresión de la fragmentación tiene caracterización en la ley de TIC, que las separa del control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, marginándola de las competencias naturales que la Constitución Política le confiere a este organismo de vigilancia. Quedan varias preocupaciones relativas a la inseguridad jurídica; casos aislados pero recurren-

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Presidente de Codensa y de la Junta Directiva de Andesco, José Antonio Vargas Lleras; Presidente de Naturgas, Eduardo Pizano de Narvaez; ex Presidente de la República , César Gaviria Trujillo; Presidente de Andesco, Gustavo Galvis Hernández; ex Auditor General de la República , Iván Darío Gómez Lee

tes de medidas cautelares contra el patrimonio de las empresas que se convierten en desfalcos. No deja de preocupar el populismo de algunos mandatarios que ponen a la población en contra de las empresas o critican y cuestionan sus necesarias inversiones de renovación y ampliación. En medio ambiente hay una gran sensibilidad en el sector, sin embargo, la buena voluntad de las empresas y sus acciones no serán suficientes si el sistema ambiental no se revisa a fondo en las Corporaciones Autónomas. Sobre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Carlos Atehortúa hace una interesante reflexión que coincidió con la visión del Superintendente César González. La descentralización y la desconcentración de la entidad es imperativa, si algún organismo merece ser replanteado a fondo es éste, es un ser lejano, distante, es desconocido, no es un referente inmediato para nadie, ni para las empresas, ni para los usuarios como ente que está en capacidad de resolver un problema de servicios públicos. No puede seguir siendo un organismo invisible para la mayoría de la gente, con una vigilancia en manos de personas vinculadas mediante contra-

to, si bien es cierto que allí se hace un enorme esfuerzo institucional, merece un replanteamiento en cuanto a su forma de funcionamiento con medidas oportunas y efectivas de policía administrativa. Creo que a partir del reordenamiento institucional de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueden abordarse otros temas de control y de defensa del usuario en sede administrativa, que precisamente sea el marco jurídico general que fije parámetros a la intervención judicial. Todas estas reflexiones son muy oportunas para el nuevo Congreso de ANDESCO que tiene su máxima expresión en la ley de TIC, que las separa del control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, marginándola de las competencias naturales que la Constitución Política le confiere a este organismo de vigilancia, además de los retos de globalización, a propósito de los nuevos tratados de libre comercio y la masiva inversión extranjera que en hora buena contribuye a proyectar al país.

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Lanzamiento de la Norma NTC ISO 50001 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec; la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco ; y el Comité Colombiano del Consejo Mundial de Energía, Cocme, realizaron el pasado 24 de enero, el lanzamiento de la Norma NTC ISO- 50001- Sistemas de Gestión de Energía, la cual está enfocada en producir una mayor cantidad de oportunidades de reducción de consumos energéticos en las organizaciones y la posibilidad del sostenimiento y la mejora de la eficiencia.

Durante la presentación de la Norma el Presidente de la Junta Directiva de Andesco y el Cocme, José Antonio Vargas Lleras hizo un llamado a la industria del país, para que ahora con la reducción de las tarifas de energía eléctrica y gas, resultado del desmonte de la contribución que pagaban por el consumo de estos servicios públicos, sea destinado a la implementación del Sistema de Gestión de Energía en todos los procesos industriales. Por esta razón también se hizo un llamado para que la Andi y Acopi acompañen a sus empresarios afiliados en este proceso.

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Lanzamiento de la Norma NTC ISO 50001

Director de la Unidad de Planeación Minero Energética, Oscar Uriel Imitola; Directora General de Icontec, María Zulema Vélez; Presidente Junta Directiva de Andesco, José Antonio Vargas Lleras, Viceministro de Energía,Andrés Taboada.

El evento contó con el apoyo de la firma Schneider y se llevó a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá con una asistencia de más de 300 personas de empresas, universidades y consultores, entre otros.

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Plan estratégico de Andesco La Junta Directiva de Andesco se reunió en Mesa de Yeguas en Cundinamarca, el 22 y 23 de febrero, para realizar el ejercicio de planeación estratégica de la Asociación. Este ejercicio ratificó las estrategias que realiza la Asociación pero con mayor énfasis en la generación de valor compartido, como pilar fundamental de la Responsabilidad Social que ha caracterizado al Gremio de los servicios públicos y las comunicaciones.

Gustavo Mutis, Gerente del Centro de Liderazgo y Gestión, orientó el ejercicio de planeación estratégica. Acá aparece con Gustavo Galvis Hernández, Presidente de Andesco y José Antonio Vargas Lleras, Presidente de la Junta Directiva de Andesco.

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Plan estratégico de Andesco

Gerente Comercial, Rodrigo Montoya; Gerente de Emcali, Ramiro Tafur; Director Sectorial de Energía y Gas, Marco Vera; Asistente Legislativa, Marleny García; Vicepresidente de Asuntos Regulatorios de Colinversiones; Iván Mario Giraldo.

Director Sectorial de Agua y Aseo de Andesco, Juan Pablo Fonseca; Director de Planeación de ISA, Enrique Ángel; Coordinadora Ambiental de Andesco, Ana María Pérez; Director de Desarrollo de Negocios Energéticos de Isagen, Diego León González.

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Asamblea General Ordinaria de Andesco En las instalaciones del Club Metropolitan de Bogotá, se llevó a cabo la Asamblea General de Andesco en la cual se presentaron los resultados de la planeación estratégica llevada a cabo por la Junta Directiva de la Asociación.

En la gráfica el Director Técnico de Andesco, Mauricio López González; el Presidente de Andesco; Gustavo Galvis Hernández; el Presidente de la Junta Directiva de Andesco, José Antonio Vargas Lleras; y la Secretaria General de Andesco, Carolina Villamil Esguerra.

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Jornadas de Actualización Jurídica y Regulatoria en Infraestructura, Servicios Públicos Domiciliarios y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones ANDESCO con el apoyo de la Federación Nacional de Gobernadores, ha querido llegar a las diferentes regiones del país, con la finalidad de actualizar a los Gobernadores, Alcaldes, Funcionarios de los entes de vigilancia y control regionales en diferentes aspectos que son definitivos en el desarrollo de su gestión. A través de un escenario académico expertos expusieron temas de interés en materia específica del sector de servicios públicos domiciliarios y TIC, así como en aspectos puntuales como el derecho disciplinario y fiscal, con el fin de generar un mayor conocimiento de los funcionarios para la adecuada aplicación de la normatividad vigente. Las Jornadas fueron lideradas por la Secretaria General de Andesco, Carolina Villamil y el equipo de Gestión del Conocimiento de Andesco a cargo de Julio César del Valle. Durante este primer semestre se han realizado en las ciudades de Medellín, Bucaramanga y Cali.

Medellín

Doctor Carlos Alberto Atehortúa.

El evento se realizó en el Auditorio de Idea de Medellín el 9 de marzo y contó con el apoyo de Empresas Públicas de Medellín.

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Bucaramanga En el Auditorio del Parque del Agua de Bucaramanga se realizó la Jornada Jurídica el 19 y 20 de abril, la cual contó con el apoyo de las empresas: Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Transportadora de Gas Internacional, Electrificadora de Santander; Empresa Pública de Alcantarillado de Santander; Laboratorios y Servicios S.A. Lassa; y 4-72.

En el acto de Instalación: Gerente General de EMPAS, Martín Camilo Carvajal; Presidente de TGI, Ricardo Roa Barragán; Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, César González Muñoz; Gerente General de AMB, Franz Mutis; Alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez; Presidente de Andesco, Gustavo Galvis Hernández. Al evento asistieron más de 200 personas de Santander y Norte de Santander.

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Cali Con el apoyo de Emcali, Compañía Energética de Occidente, Empresa de Energía del Pacífico, EPSA y Acuavalle se desarrolló la Jornada Jurídica de Cali el pasado 3 y 4 de mayo en Cali. Participaron funcionarios del Cauca, Valle y Nariño con una asistencia de más de 150 personas.

Julio César del Valle Coordinador de Gestión del Conocimiento de Andesco.

Auditorio General del evento en Cali en el cual participaron adicionalmente vocales de control del Cauca apoyados por la Compañía Energética de Occidente.

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Curso de Elaboración de Informes de Sostenibilidad GRI En Bogotá, los días 18, 19y 20 de abril se realizó una nueva versión del Curso de Elaboración de Informes de Sostenibilidad bajo el esquema del Global Reporting Iniciative, GRI.

Andesco en alianza con PwC Chile realiza este curso con el objetivo de que más empresas de todos los sectores de la economía nacional reporten sus acciones de sostenibilidad bajo la metodología internacional de GRI.

En esta versión nos acompañó Daniela Winicki de PwC Chile y Alejandro Wilches de PwC Colombia. Andesco con esta alianza ha capacitado a casi 200 personas de empresas de todos los sectores. Se realizan dos cursos taller cada año.

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Seminario: La Gestión de Pérdidas de Agua Potable y la Micromedición Efectiva Andesco y Laboratorios y Servicios, Lassa, realizaron el 2 de mayo, en el Hotel Capital de Bogotá, el seminario técnico sobre la gestión de pérdidas de agua potable y al micromedición efectiva.

Al evento asistieron más de 100 personas del sector agua potable afiliados e invitados especiales.

Como parte de la Gestión del Conocimiento, Andesco realiza alianzas estratégicas con empresas privadas, para llevar a sus afiliadas actualización técnica en cada sector de los servicios públicos y las TIC.

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Presentación del estudio: Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del País Andesco y Fedesarrollo realizaron el estudio Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del País, el cual fue presentado el pasado 8 de mayo en el GunClub de la ciudad de Bogotá.

La presentación estuvo a cargo del consultor Juan Benavides de Fedesarollo y contó con la presencia del Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano; la Viceministra de Comunicaciones, Carolina Hoyos Turbay; el Presidente de Andesco, Gustavo Galvis Hernández y representantes de las empresas de TIC afiliadas a Andesco.

Los resultados del estudio están publicados en esta edición de la Revista Andesco.

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Retos y Oportunidades del Tratado de Libre Comercio – TLC- entre Colombia y Estados Unidos para el sector de Servicios Públicos Domiciliarios y TIC Realizado el pasado 20 de mayo con el apoyo de UNE, se realizó este evento convocado por Andesco para explicar a las distintas empresas del sector los alcances del TLC entre Colombia y Estados Unidos.

Se contó con la participación del Experto internacional de la firma GERZ, USA, Juan Manuel Gerz; el Director de Marco Normativo y Regulación del Programa de Transformación Productiva de Mincomercio y Bancoldex, Camilo Enciso Vanegas; la Subdirectora de la Oficina de aprovechamiento de TLC, Olga Lucía Lozano, entre otros.

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