Revista Andesco N° 22 by Yulder Jiménez

Revista

A ndesco # 22

Bogotá, Junio de 2011 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.

El Informe Stern: La verdad sobre el cambio climático

Pág 10

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”

Pág 20

Colombia Inteligente: Marco Estratégico y Programa de Redes Inteligentes en Colombia

Pág 132

A ndesco Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones

Una publicación semestral de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.

REVISTA ANDESCO No. 22 Junio de 2011 Principales Gustavo Galvis Hernández Presidente

Carolina Andrea Villamil Esguerra Secretaria General

Codensa, Presidente Empresa de Acueducto de Bogotá, S.A. ESP, Vicepresidente Empresas Municipales de Cali, EICE (Emcali). Empress Públicas de Medellín, ESP(epm). Electrificadora del Caribe S.A. ESP, (Electrica-

Adriana Ramírez García Editora General

CONSEJO EDITORIAL Mauricio López González Director Técnico

Patricia Torres Martínez Directora de Planeación, Proyectos Especiales y Cooperación Internacional

Marco A. Vera Díaz Director de las Cámaras Sectoriales de

ribe). Empresa de Energía de Bogotá, S.A. ESP. (eeb). Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP,(Telefónica-Telecom).

Suplentes Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP (Aguas y Aguas de Pereira). Isagen S.A. ESP. Termoeléctrica de las Flores S.A. ESP. (Termoflores). Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, (Etb). Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. ESP (Telebucaramanga). Interconexión Eléctrica S.A. ESP, (ISA). Gas Natural S.A. ESP.

Codensa S.A. ESP.

Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP.

de Barranquilla S.A. ESP. (Triple A de Barran-

(Tgi). Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. ESP, (Eaab). Aseo Técnico de la Sabana S.A. ESP, (Atesa).

quilla). Empresas Varias de Medellín S.A. ESP,(eevvm). Central Hiodroeléctrica de Caldas S.A. ESP (Chec). Aguas de Cartagena S.A. ESP, (Acuacar)

Energía y Gas

Benjamín Estrella Aguilar Director de la Cámara Financiera

Juan Pablo Fonseca Cruz Director de las Cámaras Sectoriales de

ANDESCO Calle 93 No. 13-24 Piso 3. Tel. 616 7611 Fax. 218 4154 Bogotá D.C. Colombia www.andesco.org.co

Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Los artículos firmados no reflejan el pensamiento de Andesco. Alberto Solano Venegas Director Cámara de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Diagramación y Armada: Wilfredo Guevara Rodríguez Fotografía: Yulder Jimenez Clavijo, www.sxc.hu, www.morguefile.com

Índice EDITORIAL Lecciones de la ola invernal Informe Especial El Informe Stern: La verdad sobre el cambio climático 10 Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” 20 RSE La nueva meta de Gobierno Corporativo: Tecnología y conocimiento para los procesos de Junta Directiva. 44 DE AMBIENTE CODENSA ahora tiene una factura más amigable con el medio ambiente

DE UTILIDAD La6gestión de residuos peligrosos en Colombia

@CTUALIDAD Servicios públicos en el universo de las TIC

Lecciones para aprender en Colombia

El espectro radioeléctrico y los servicios 4G

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AL CORRIENTE El Mercado Europeo de Electricidad Evolución y desarrollos recientes

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CANAL Tarifas regionales: Hacia un nuevo paradigma en el esquema de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 58

Colombia Inteligente: Marco Estratégico y Programa de Redes Inteligentes en Colombia 132 CODENSA y el Carro Eléctrico en Colombia

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GALERÍA FOTOGRÁFICA

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Edi torial Lecciones de la ola invernal

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Es evidente que el Cambio Climático ya traspasó la frontera de la especulación y se ha convertido, en boca de todos, como la principal amenaza para la supervivencia de la especie humana y su “civilización” tal como la conocemos actualmente. Los efectos del cambio climático y el calentamiento global son dramáticos: inviernos y veranos extremos, tormentas, huracanes y lluvias de intensidad y fuerza desconocida, deslizamientos e inundaciones; sequias, incendios y olas de calor devastadoras, etc. Así mismo, poco efecto han tenido las alertas de expertos en asuntos del clima como Lester Brown, ni de líderes políticos como Al Gore y Gorbachov o de economistas de talla mundial como Nicholas Stern el autor del famoso Informe Stern que demuestra que enfrentar el cambio climático vale anualmente el equivalente al 1.5% del PIB mundial y no hacerlo cuesta en 20% del mismo. De nada han valido las cumbres de jefes de Estado con sus modestos tratados internacionales y el marginamiento de los mismos de Estados Unidos y China para no comprometerse a bajar drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero enloquecedores del clima.

Las fórmulas son conocidas: pasar al uso eficiente de energía, masificar los proyectos de nuevas fuentes de energía renovables y limpias, poner límite al crecimiento poblacional, lucha frontal contra la pobreza, conservación de los ecosistemas naturales y recuperación de los degradados, frenar la deforestación y sembrar billones de árboles. En Colombia, azotada últimamente por dos temporadas seguidas de invierno de intensidad extrema y desastres devastadores nunca antes vistos, poco se ha hecho en planes, proyectos y estrategias preventivas para la mitigación y adaptación a los fenómenos por cambios del clima. No ha habido una política de Estado preventiva contra las arremetidas de la naturaleza, como la que está ocurriendo que tanto dolor, ruina y miseria ha traído para millones de compatriotas y pérdidas inmensas al país. ¿Qué se ha hecho contra la degradación ambiental que agudiza los desastres naturales? Muy poco. Se deforestan 300.000 hectáreas de bosques al año, las cuencas de los ríos se han devastado, se han desecado ciénagas y humedales

amortiguadores de inundaciones, las tierras de las zonas cafeteras hoy “ derretidas” por las lluvias, se pelaron para sembrar café sin sombra, la laguna de Fúqueme inundándolo todo, ha sido agredida y trasformada. Interminable es la lista de atentados a la naturaleza que se está vengando por todas partes. Los datos del IDEAM de arrastre de sedimentos que llegan a los océanos a través de todo el sistema hidrográfico nacional alcanzan la increíble cifra de 300 millones de toneladas anuales (casi un millón de toneladas diarias). Estos sedimentos disminuyen el cauce eficaz de los ríos disminuyendo su navegabilidad y su capacidad de llevar agua, con lo que las inundaciones son pan de cada día. Por otra parte, la carga contaminante orgánica vertida a los cuerpos de agua asciende a 730 mil toneladas al año (más de 2000 toneladas diarias). De esas toneladas, 474 mil corresponden al sector doméstico; 213 mil al sector industrial y 41 mil al sector cafetero. Por regiones lo más contaminado es la cuenca del Río Bogotá con el 24% del total de la carga contaminante del país. La carga contaminante química vertida a los cuerpos de agua al-

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canza la suma de 1.618.000 toneladas anuales equivalente a 4500 toneladas diarias. De esas toneladas el sector doméstico son casi un millón de toneladas y el sector industrial 625 mil toneladas. Un dato interesante es la carga contaminante proveniente del cultivo y transformación de la coca ya que se utilizaron 360 mil toneladas anuales de sustancias químicas que son vertidas a los cuerpos de agua. Es la hora de la acción.

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Infor me Especial

El Informe Stern: La verdad sobre el cambio climático “Aún estamos a tiempo de evitar los peores efectos del cambio climático, pero siempre que emprendamos ya medidas decididas y contundentes” Sir Nicholas Stern.

Resumen: Ana María Pérez Díez- Coordinadora de Asuntos Ambientales de ANDESCO.

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El Cambio Climático, desencadenado por la emisión sin control de Gases de Efecto Invernadero -GEI-, es sin duda el principal problema ambiental que enfrenta la humanidad hoy en día. Un problema mundial que de no buscarle soluciones globales podría tener graves repercusiones sobre la economía del planeta y sobre el crecimiento y desarrollo de los países, especialmente de aquellos no desarrollados. La publicación en el 2006 de “El Informe Stern: la verdad del Cambio Climático” elaborado por Sir Nicholas Stern, por solicitud del gobierno británico, supuso un hito histórico al poner de manifiesto la necesidad de actuar globalmente para mitigar y adaptarnos al cambio climático, al demostrar cómo los costos de la inacción superan con creces los costos de la acción. El Informe Stern presenta un análisis del cambio climático centrándose en la economía del riesgo y la incertidumbre. Al inicio de informe se analizan los costos económicos del cambio climático

de continuar desarrollándonos de la misma manera (sin tomar acciones para evitar que la temperatura del planeta continúe aumentando), al mismo tiempo que se estudian los costos de tomar acciones para evitarlo mediante la estabilización de la concentración de los GEI en la atmósfera. La parte final del informe estudia los retos para alcanzar una política de cambio climático, para impulsar la eficiencia energética y para la adaptación de los países menos desarrollados (con menos recursos) a los impactos del cambio climático. A medida que pasan los días diferentes expertos en la materia ponen de manifiesto la seriedad y gravedad del problema y alertan sobre la necesidad imperante de tomar acciones a nivel mundial no solo para mitigarlo, sino también para adaptarse a los cambios por venir y que no pueden ser evitados. Stern asegura en su informe que el cambio climático es el mayor

El Informe Stern presenta un análisis del cambio climático centrándose en la economía del riesgo y la incertidumbre.

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Las reservas de agua determinarán cuáles serán las consecuencias para la población en forma de inundaciones o de sequías. y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo; para “corregirlo” se requiere cambiar la estructura actual del mercado y dejar de impulsar una economía alta en carbono que no ha internalizados las externalidades del cambio climático; en otras palabras es necesario migrar a nivel mundial hacia una economía baja en carbono, tal como lo propone en el Informe. De continuar el modelo actual, con el “Business As Usual” - BAU - la temperatura del planeta podría aumentar en 2-3°C en los próximos 50 años. Este aumento en la temperatura representa una amenaza para todos los elementos básicos de la vida de una persona, especialmente en lo referente al acceso al agua; la seguridad alimentaria; la salud; y el aprovechamiento de la tierra y del ambiente. Adicionalmente a la disminución en la calidad de vida de la población mundial, la humanidad sufrirá las consecuencias del aumento en la intensidad y periodicidad de los eventos climáticos extremos. En

resumen, los impactos del cambio climático sobre la vida humana, el medio ambiente y la producción mundial afectarían a todo el planeta, especialmente a los países en desarrollo y a los más pobres. Entre los principales impactos presentados en el Informe se encuentran los siguientes: Agua: A medida que aumente la temperatura del planeta el ciclo hidrológico se intensificará, miles de millones de personas ganarán o perderán agua. Algunas corren el riesgo de convertirse en nuevas (o más castigadas) victimas del conocido “estrés hídrico”, mientras que otras verán aumentada su disponibilidad de agua. La variabilidad estacional e interanual en el suministro y las reservas de agua determinaran cuáles serán las consecuencias para la población en forma de inundaciones o de sequías. (Stern, 2007, pág. 48), esta variabilidad afectará principalmente a los países en desarrollo. Alimentación: El cambio climático afectará directamente la producti-

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vidad del sector agrícola a través de las variaciones en los regímenes de temperatura y precipitación, impactando sobre la seguridad alimentaria, principalmente de los países en desarrollo y a los más pobres, potenciando el ciclo de pobreza y la hambruna. El impacto sobre los alimentos variará dependiendo de la región. Leves aumentos en las regiones más cercanas a los polos llevaran a un aumento temporal en su productividad, la cual disminuirá nuevamente conforme se siga calentando el planeta; en cambio los países del trópico verán mermada su productividad agrícola, desde un inicio. Salud: El cambio climático abrirá aún más la brecha entre países ricos y pobres, al potenciar las muertes por malnutrición, “estrés hídrico”, y por enfermedades transmitidas por vectores en todo el mundo. El impacto sobre

la salud puede representar una barrera para el crecimiento de los países más pobres, potenciando el ciclo de pobreza, especialmente al sumarle la disminución en la productividad del sector agrícola. El aumento de temperaturas en las latitudes más altas llevará a un descenso en las muertes durante el invierno, pero a medida que los veranos son más intensos las muertes por las olas de calor aumentaran. El terreno: el derretimiento de las masas de hielo continentales llevaran a un aumento del nivel del mar y a la consecuente pérdida de terrenos y ecosistemas estratégicos como los manglares y humedales; salinizará las aguas subterráneas y los terrenos adyacentes, disminuyendo la disponibilidad de agua dulce y la productividad de la tierra; aumentará las inversiones en infraestructura para proteger las ciudades costeras.

El cambio climático abrirá aún más la brecha entre países ricos y pobres, al potenciar las muertes por malnutrición, “estrés hídrico”, y por enfermedades transmitidas por vectores en todo el mundo.

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El aumento en el nivel del mar afectará principalmente a las islas y a la población de países en desarrollo que no cuentan con los recursos para invertir en muros de contención o diques y que se verán obligados a abandonar sus tierras, convirtiéndose en desplazados ambientales. El medio ambiente: el rápido aumento en la temperatura del planeta y las variaciones en los regímenes de lluvias, llevarán a la extinción de entre el 15 y el 40 por ciento de las especies del planeta, las cuales no contarán con el tiempo suficiente para adaptarse a estos cambios. Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente se verán intensificados por el desarrollo de ciertas las actividades humanas, tales como la deforestación, el cambio en el uso del suelo, el tráfico de especies, la contaminación, etc. Eventos climáticos extremos: el calentamiento puede inducir alteraciones súbitas de los regíme-

nes meteorológicos regionales que tengan graves consecuencias para la disponibilidad de agua en las regiones tropicales (Stern, 2007, pág. 85). Los impactos por los eventos climáticos extremos (inundaciones, sequias, olas de calor, tormentas) ya son una realidad, no hay que irse muy lejos para comprobarlo. En efecto, Colombia pasó de enfrentarse a una sequía extrema (fenómeno del Niño) a inundaciones (fenómenos de la Niña) a lo largo de todo el territorio nacional en cuestión de meses. Los cambios que estamos observando dejan en evidencia la necesidad de adaptarnos al cambio climático, de establecer políticas claras y eficientes para prevenir mayores catástrofes en el futuro. El aumento en la periodicidad e intensidad de los eventos climáticos impedirá que la economía tenga el tiempo necesario para recuperarse, lo que se traducirá en una reducción en los ingresos y en un aumento en los gastos

El rápido aumento en la temperatura del planeta y las variaciones en los regímenes de lluvias, llevarán a la extinción de entre el 15 y el 40 por ciento de las especies del planeta.

CALIFICACIÓN TRIPLE AAA POR TERCER AÑO CONSECUTIVO

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para hacerles frente, afectando el presupuesto de las naciones y de la sociedad, y por lo tanto su desarrollo. Los costos de estos eventos climáticos extremos podrían alcanzar entre el 0,5 y el 1 por ciento del PIB mundial para mediados de este siglo y no dejarían de crecer a medida que el mundo continúe calentándose (Stern, 2007, pág. 161). Desplazados ambientales: Adicionalmente a los impactos sobre la economía, todos estos impactos llevarán a un aumento en el número de desplazados ambientales en los países en desarrollo, abriendo la posibilidad del surgimiento de conflictos políticos, de guerras por los recursos que se volverán escasos, como el agua, y a la generación de presiones y tensiones desestabilizadoras al interior de los países y en los países vecinos (Stern, 2007, pág. 135). La magnitud de los desplazamientos dependerá de las acciones que cada país tome para mitigar los

impactos del cambio climático a través de la planificación, el nivel de inversiones y los recursos destinados a los sectores más vulnerables al cambio climático, al aseguramiento de la seguridad alimentaria y al acceso a los servicios públicos. Los países en desarrollo serán los más afectados por las consecuencias del cambio climático. Su ubicación geográfica, su bajo nivel de renta y la dependencia de sectores sensibles al clima (Stern, 2007, pág. 93) los hace altamente vulnerables. Esta vulnerabilidad hace necesario conocer que tan probable es que el cambio climático obstruya su desarrollo y cómo lo haría, para poder establecer políticas y mecanismos para limitar estos impactos y adaptarse a los cambios. De no hacerlo el riesgo de que la pobreza aumente, los niveles de renta bajen y aumente la mortalidad infantil es significativo. Todos estos impactos llevan implícitos unos costos económicos,

"Si no actuamos, los costes y riesgos totales del cambio climático equivaldrán a una pérdida anual permanente de, al menos, un 5% del PIB mundial".

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sociales y ambientales considerablemente elevados: La magnitud de estos costos depende de los modelos empleados y de la valoración o no de las consecuencias

1. “Si no actuamos, los costes y riesgos totales del cambio climático equivaldrán a una pérdida anual permanente de, al menos, un 5% del PIB mundial. Si se

El Informe Stern realiza una evaluación de estos costos y de los riesgos que conlleva la inacción frente al cambio climático sobre los bienes que no son de mercado, su inclusión o no, hace que los cálculos varían entre el 5 y el 20 por ciento del PIB global. Al compararlos con la inversión necesaria para lograr estabilizar el clima, menos del 1% del PIB global, evitando que la concentración de CO2e en la atmósfera supere las 550 ppm, sin duda, aunque son costos significativos, son mucho menores que los otros costos de remediación, más aún si se tiene en cuenta que los retrasos por no estabilizar el clima serían peligrosos y la mitigación de los impactos sería más onerosa. El Informe Stern realiza una evaluación de estos costos y de los riesgos que conlleva la inacción frente al cambio climático, llegando a dos conclusiones que ponen nuevamente de manifiesto la necesidad de actuar ahora:

toma en consideración un conjunto más amplio de riesgos y efectos, los daños estimados podrían elevarse hasta el 20% o más del PIB mundial.” (Stern, 2007, pág. 21) 2. El costo de tomar las medidas necesarias para estabilizar las emisiones de GEI y para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, podría limitarse al 1% del PIB mundial por año. Es un hecho que debemos actuar e invertir hoy para evitar mayores gastos en un futuro. Sin embargo, lograr que todos los países inviertan parte de su PIB para mitigar las causas y contrarrestar los efectos del cambio climático representa un reto para la humanidad, sobre todo si se tiene en cuenta que los beneficios de estas inversiones no se observarán en el corto plazo sino en el largo plazo.

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Esta inversión representa un cambio de paradigma entre una sociedad en su mayoría reactiva hacia otra proactiva. El cambio climático es un problema mundial, que debe ser afrontado globalmente a través de objetivos claros, simples y específicos que busquen la estabilización de las concentraciones de CO2e entre las 450 y las 550 ppm. Teniendo siempre presente que el nivel de riesgo es proporcional al aumento en la temperatura del planeta y que los retrasos harán más difícil y aumentaran los costos de la estabilización. El establecimiento de un mercado del carbono, la eficiencia energética, el desarrollo e implementación de tecnologías limpias, son mecanismos fundamentales para mitigar el cambio climático. Sin

diseño, implementación y gestión efectiva de medidas de regulación, información y financiación. Las medidas y políticas establecidas deben buscar, disminuir los costos y maximizar su capacidad de fomentar aumentar la eficiencia energética entre las empresas, los consumidores y los gobiernos. (Stern, 2007, pág. 307). Adicionalmente se deben desarrollar políticas y medidas tendientes a disminuir el impacto del uso de combustibles fósiles, especialmente a través de la captura y almacenamiento del CO2; disminuir la deforestación y el cambio en el uso del suelo; disminuir las emisiones de GEI por parte del sector industrial; cambiar los patrones de consumo y fomentar la voluntad de cooperación, a través de la educación, la persuasión y la discusión (Stern, 2007, pág. 312).

Esta inversión representa un cambio de paradigma entre una sociedad en su mayoría reactiva hacia otra proactiva. embargo su eficiencia y aplicabilidad, especialmente en el caso de la eficiencia energética, se puede ver mermada por las barreras e imperfecciones del mercado. Estas barreras pueden ser superadas a través de la valoración,

Políticas y medidas indispensables para descarbonizar la economía y estabilizar el clima para el 2050. A lo largo del Informe se hace referencia a la alta vulnerabilidad

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de los países más pobres y a que los impactos del cambio climático los “golpearán” de modo especialmente duro, esto hace que la adaptación para mitigar los efectos del cambio climático sea esencial en estas regiones. Pero para adaptarse debe desarrollarse, lo que abre la posibilidad de incluir la adaptación en el proceso de desarrollo y en la planificación. Las buenas prácticas de desarrollo y la reducción de la vulnerabilidad deben ser una extensión de la adaptación mediante el fomento del crecimiento y diversificación de las actividades económicas; de la inversión en salud y educación; el aumento de la capacidad de respuesta a los desastres y mejorando la gestión de desastres; y fomentando las reservas de riesgo (risk-pooling) y el uso de salvaguardas para atender a los más necesitados (Stern, 2007, pág. 319). Los países en desarrollo están en todo su derecho de desarrollarse, el gran temor que existe es que lo hagan siguiendo los pasos de los países desarrollados que nos han llevado a donde nos encontramos hoy. A través de la investigación, el desarrollo y la innovación I+D+i - es posible el crecimiento económico de los países en desarrollo sin que este implique un aumento en las emisiones de GEI, en otras palabras es posible ser

“verdes” y desarrollarse. Para lograrlo los gobiernos deben contar con el apoyo de los países desarrollados y tener la voluntad política necesaria para aplicar políticas fuertes y claras para mitigar y adaptarse al cambio climático y lograr un desarrollo bajo en carbono. Por último el informe concluye afirmando que por encima de todo, reducir los riesgos del cambio climático necesita de una actuación colectiva. Requiere cooperación entre países, a través de marcos internacionales que apoyen el logro de objetivos compartidos. Necesita que se asocien el sector público y el privado, trabajando con la sociedad civil y con los individuos. Aún es posible evitar los peores impactos del cambio climático mediante una actuación colectiva enérgica que empiece ahora mismo. (Stern, 2007, pág. 356).

Bibliografía Stern, N. (2007). El Informe Stern: La verdad del cambio climático. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” Aspectos relevantes para servicios públicos y comunicaciones. Documento elaborado por la Dirección Técnica y las Direcciones Sectoriales y Transversales de Andesco

Constitucionalmente cada cuatro años, el gobierno elegido para ese periodo debe presentar al Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo que direccione las políticas y actuaciones en concordancia con su visión de sociedad y que responda a los lineamientos ofrecidos tanto en la campaña electoral mayoritaria en las urnas y el adecuado consenso con las diferentes expresiones ciudadanas para avanzar en la construcción de un país mejor. El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 bajo la perspectiva de PROSPERIDAD PARA TODOS, y para efectos de este escrito, de ahora en adelante denominado PND. A continuación se presentan los comentarios de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, incluidos en la versión producto del Informe de conciliación de Senado y Cámara del pasado 28 de abril de 2011, que

tienen especial relación con los servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, TIC Es importante destacar que los artículos incluidos en el PND están relacionados con la propuesta presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, el pasado mes de octubre denominada Plan Vive Digital. Las principales metas del Plan para el próximo cuatrienio son: i) multiplicar por cuatro las conexiones a Internet pasando de 2.2 a 8.8 millones; ii) pasar de 27 al 50 por ciento de hogares y del 7al 50 por ciento de MiPymes conectados a Internet; iii) triplicar el número de municipios conectados a través de redes de fibra óptica, llegando a 700 municipios. Como vemos, el enfoque es proveer de accesos a internet a los estratos 1, 2 y 3, donde está concentrado el

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88% de la población y de las microempresas, que corresponden al 96% del total de empresas del país. De esta forma los artículos están relacionados principalmente con la instalación de infraestructura y el uso de recursos de subsidios para masificar el uso del internet. Adicionalmente se introdujo el tema de Neutralidad en Internet, el cual consideramos que debió ser debatido con mayor profundidad, ya que como está planteada la medida, genera varios inconvenientes de orden operativo para las empresas prestadoras de redes y servicios, los cuales se presentarán más adelante. El Artículo 53 contiene directrices para el Aprovechamiento de otras infraestructuras públicas de transporte terrestre para TIC, recoge la tendencia internacional del aprovechamiento de infraestructura diferente a la específica de telecomunicaciones para el tendido de redes para el transporte de información. El uso de

esta infraestructura permite una reducción sustancial de los costos de inversión. Este artículo es un primer paso en la dirección de generar un sistema articulado a nivel nacional, en donde se potencien y utilicen las sinergias existentes para ampliar la cobertura de servicios a los ciudadanos de manera óptima. En el artículo 54 que trata de la Infraestructura para redes y servicios de telecomunicaciones al interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad horizontal, con el fin de garantizar a los usuarios de los servicios de TIC, la posibilidad de la libre escogencia, es necesario introducir la presente norma, con el fin de evitar la práctica actual que impide a las empresas prestadoras de redes y servicios, tener libre acceso, a la infraestructura interna de los inmuebles. La expedición del reglamento técnico por parte de la Comisión

(...) recoge la tendencia internacional del aprovechamiento de infraestructura diferente a la específica de telecomunicaciones para el tendido de redes para el transporte de información.

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de Regulación de Comunicaciones –CRC-, permitirá establecer las condiciones objetivas que le garanticen a los usuarios finales del servicio poder acceder al operador o prestador del servicio que deseen. La Accesibilidad a servicios de TIC se encuentra en el artículo 55, ya que dentro de los principales problemas que encuentran los operadores de redes y servicios al momento de desplegar la red de telecomunicaciones, es la disparidad de normas locales existentes. De esta forma, mediante dicho artículo se hace un llamado a las entidades de nivel nacional y municipal,

suma importancia y por lo tanto es necesario generar los espacios y discusiones suficientes con el fin de contar con una normatividad que permita a los usuarios contar con las garantías presentadas en el artículo, pero permitiendo que los operadores de redes y servicios tengan la opción de administrar el tráfico en sus redes. En la actualidad, los operadores de redes en Colombia están en el proceso de migrar hacia Redes de Nueva Generación, dadas sus condiciones técnicas permiten tener una capacidad mayor a las actuales y en estas nuevas condiciones, es posible materializar el concepto de no

los subsidios que antes solo se podían destinar para subsidiar los servicios de telefonía básica, hoy se deben destinar al subsidio del acceso a internet, en los mismos estratos 1 y 2. para que, dentro de sus funciones, generen las condiciones necesarias para que los colombianos puedan tener una accesibilidad a las TIC de forma efectiva. Frente a la Neutralidad en Internet (Artículo 56), consideramos que la introducción de las normas relativas a este tema, son de

bloquear ni restringir el derecho de los usuarios. Aquí es importante tener en cuenta que en la actualidad, a los usuarios corporativos que demandan grandes anchos de banda, eventualmente se les restringe el servicio en momentos en que más lo necesitan, con el fin de mantener el acceso a los usuarios residenciales.

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Se amplió de nuevo la vigencia del Fondo de Energía Social –FOES- (art. 103) que asigna un subsidio de hasta $46/ kWh adicionales para los Estratos 1 y 2 de las zonas especiales y cuya fuente de recursos continúa basada en el 80% de las rentas de congestión de las exportaciones de energía a Ecuador Frente a las Condiciones eficientes para el uso de infraestructura eléctrica para la provisión de servicios de telecomunicaciones (artículo 57), se pretende generar las condiciones regulatorias necesarias que permita el uso óptimo de la infraestructura del sector eléctrico en relación con el alquiler o uso de la infraestructura de este sector para apalancar la masificación del servicio de telecomunicaciones a todos los ciudadanos.

2009. En este orden de ideas los subsidios que antes solo se podían destinar para subsidiar los servicios de telefonía básica, hoy se deben destinar al subsidio del acceso a internet, en los mismos estratos 1 y 2. Es importante tener en cuenta que mediante el parágrafo 3, es posible subsidiar los aparatos terminales, siendo esta una de las mayores barreras para la masificación del uso y apropiación de las TIC en Colombia.

Con relación a Internet Social (artículo 58), se establecen las condiciones en las cuales se deben utilizar los recursos provenientes de los subsidios de la Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Local Extendida, -TPBCL y TPBCLEque aún se encuentran vigentes dado el periodo de vigencia de 5 años que estableció la Ley 1341 de

ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS COMBUSTIBLE Con relación a los esquemas de subsidios, los artículos 64 sobre Subsidio de energía para distritos de riego, 94 sobre Desmonte de la contribución de gas natural para industriales y 127 sobre Tarifas para Hogares Comunitarios, tie-

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nen como efecto aumentar el déficit del Fondo de solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso en los servicios de Energía y Gas natural, por lo que el sector tiene la preocupación que el Gobierno Nacional cumpla con el compromiso de apropiar en el Presupuesto General de la Nación –PGN- anualmente los recursos necesarios para pagar en forma oportuna los subsidios que se otorguen. Teniendo en cuenta que en la Ley 1430 de 2010, se desmontó a partir de 2012 la contribución de energía para los usuarios industriales (20% sobre el Costo Unitario), y ahora en la Ley del PND se desmonta también para el servicio de gas natural (8.9% sobre el Cos-

to Unitario), se tienen previstos unos requerimientos adicionales del orden de $700 mil millones anuales para energía y gas que se tendrían que apropiar del PGN. Frente al Traslado de redes de servicios públicos por proyectos viales, dada la problemática sectorial que se presenta por efecto del desarrollo de la infraestructura vial, que obliga al traslado o reubicación de redes de servicios públicos, con el consecuente costo que esto implica, Andesco propuso al Gobierno Nacional y a los ponentes que se incluyera un artículo para buscar solucionar la temática con un criterio para la asignación de responsabilidades y remuneración para la recuperación de los costos incurridos. El artículo

La Asociación es consciente de la problemática de pobreza y subnormalidad de las áreas especiales presentes en su mayoría en la Costa Caribe, por lo que ha propuesto al Gobierno que se diseñen políticas sociales y económicas que promuevan el desarrollo y la mejora del bienestar de la población, que pasa también por la mejor provisión de los servicios públicos

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establece que “Para el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, en los cuales se requiera del traslado o reubicación de redes de servicios públicos domiciliarios y TIC, instaladas con anterioridad a la vigencia de la Ley 1228 de 2008, el Gobierno Nacional definirá un esquema de responsabilidades intersectoriales que permita articular el desarrollo de las inversiones en los diferentes sectores…” Termina el artículo con “...El esquema a desarrollar podrá considerar entre otros, criterios como la vida útil de las redes a ser trasladadas, el estado de las mismas, sus necesidades de reposición o modernización. Bajo este marco, las Comisiones de Regulación de los servicios públicos domiciliarios incorporarán en la regulación las medidas necesarias para cumplir con dicho esquema.”; por lo cual la Asociación desarrollará propues-

tas al Gobierno y reguladores para la reglamentación de la directriz de política anterior. Sin duda la denominada “locomotora Minero – energética” tiene varios elementos en el PND. El capítulo 2.5 sobre “Desarrollo Minero y Expansión Energética” desarrolla 11 instrumentos de política en temas energéticos de energía eléctrica, gas natural y combustibles líquidos. Entre los principales artículos se encuentran el que amplía la vigencia del Fondo Especial cuota Fomento de Gas natural (art. 98), el cual ha contribuido para ampliar la cobertura con subsidios a conexiones de usuarios de menores ingresos y para apoyar proyectos de expansión en zonas aledañas al Sistema Nacional de Transporte de gas y por tanto Andesco presentó la posición al Gobierno que se mantuviera al menos por los próximos años de la vigencia del PND.

Andesco considera conveniente que la metodología de remuneración y las tarifas (cargos) de la actividad de Distribución, deben asegurar la universalización y sostenibilidad del servicio eléctrico, con lo cual no sería necesario acudir a Fondos de recursos públicos.

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Adicionalmente se amplió de nuevo la vigencia del Fondo de Energía Social –FOES- (art. 103) que asigna un subsidio de hasta $46/ kWh adicionales para los Estratos 1 y 2 de las zonas especiales y cuya fuente de recursos continúa basada en el 80% de las rentas de congestión de las exportaciones de energía a Ecuador. El artículo contiene 6 parágrafos para establecer condiciones y procedimientos para la aplicación del subsidio FOES, en el cual se destaca que el Ministerio de Minas y Energía establecerá una senda de desmonte de aplicación del Fondo consistente con la implementación de los programas de reducción de pérdidas de energía que expida la CREG. Se aclara además que el FOES puede ser financiado con recursos del Presupuesto General de la Nación cuando la fuente resulte insuficiente. La Asociación es consciente de la problemática de pobreza y subnormalidad de las áreas especiales presentes en su mayoría en la Costa Caribe, por lo que ha propuesto al Gobierno que se diseñen políticas sociales y económicas que promuevan el desarrollo y la mejora del bienestar de la población, que pasa también por la mejor provisión de los servicios públicos. En esa medida la asignación de subsidios a la demanda

adicionales a los establecidos en la Ley 142, al menos de forma temporal, mientras se mejora el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI-, contribuyen a la inclusión social, no obstante se deben superar barreras para la normal prestación de los servicios, como la cultura del no pago o la propensión a la ilegalidad, para lo cual la regulación debe también acompañar la mejora y sostenibilidad financiera en la prestación del servicio. Sobre los Fondos de Apoyo Financiero del sector eléctrico, en el artículo 104 se amplía de nuevo el Programa de Normalización de Redes –PRONE- para el servicio de energía creado desde el 2003 y financiado con $1 por kWh transportado en el Sistema de Transmisión Nacional y también se amplía la vigencia del Fondo de Apoyo para la energización de Zonas Rurales Interconectadas –FAER- que se financia con $ 1.34 por kWh en la tarifa de Transmisión. Sobre esta temática Andesco considera que el esquema de los Fondos de Apoyo Financiero han contribuido a la expansión de la infraestructura eléctrica, así como a la mejora de las condiciones técnicas y de calidad. No obstante, Andesco considera conveniente que la metodología de remune-

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ración y las tarifas (cargos) de la actividad de Distribución, deben asegurar la universalización y sostenibilidad del servicio eléctrico, con lo cual no sería necesario acudir a Fondos de recursos públicos.

considerar la hidroenergía como una fuente renovable, con lo cual se debe reconocer la importante contribución del sector eléctrico para que el país tenga una economía baja en emisiones de carbono.

Consistente con los anuncios del Señor Presidente de la República sobre la importancia que el país profundice en el desarrollo de fuentes renovables de energía, se incluyó un artículo (art. 105) para que el Gobierno Nacional diseñe e implemente una política nacional encargada de fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en la energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, energía de las olas (undimotriz) y demás formas ambientalmente sostenibles, así como una política nacional para valorar el impacto de emisiones de carbono en distintos sectores para establecer estímulos e incentivos que permitan reducir esa huella de carbono en el país.

Se incluyó también un artículo (art. 114) que en las Zonas No Interconectadas –ZNI¬- amplía el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) para la prestación del servicio eléctrico a través de la figura de concesión. Andesco comparte que este esquema ha permitido la mejora y garantía para la prestación del servicio y por tanto es conveniente que se prorrogue la política y se avance rápidamente en el diseño y adjudicación de las ASE.

Sobre la promoción de energías alternativas, Andesco comparte la necesidad de fomentar en el sector la Sostenibilidad y Responsabilidad Ambiental, además de la diversificación de la matriz energética, por lo que el gremio se identifica con esta política, teniendo en cuenta además que se debe

Acerca de la promoción de energéticos alternativos para transporte masivo, en el capítulo 2.6 de Vivienda y Ciudades amables se incluyó un artículo donde se establece la política de apoyo al desarrollo de los Sistemas de Transporte público masivo y se establece el criterio de selección del combustible según el menor costo e impacto ambiental, con lo cual se promueve el Gas Natural Vehicular Comprimido –GNVC- y la electricidad como energéticos más limpios que el Diesel.

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Andesco respalda esta política y reitera la solicitud al Gobierno Nacional y a las administraciones locales para que se promuevan el GNVC y la energía eléctrica en los sistemas de transporte público y privado. Capítulo aparte merece el tema sobre transferencias ambientales del sector eléctrico. Teniendo en cuenta que durante la emergencia económica por la tragedia invernal el Gobierno Nacional modificó en el Decreto 4629 de 2010 la des-

básico y mejoramiento ambiental. Dado que se encuentra en trámite una iniciativa parlamentaria (PL 088 de 2010) que pretende aumentar los recursos de las Transferencias del sector eléctrico, Andesco llamó la atención al Gobierno sobre el riesgo de incluir esta modificación en el PND y por tanto fue necesario argumentar sobre la inconveniencia de dicha pretensión, la cual alcanzó mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes, y fue por tanto necesario que la conciliación

ANDESCO manifestó la necesidad de promover e impulsar con mayor fuerza el propósito de los PDAS, que es la modernización empresarial para el manejo eficiente de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado basados en un enfoque regional para obtener economías de escala. tinación de los recursos que trata el artículo 45 de la Ley 99 de 1993 por parte de los Generadores, se propuso en el Plan Nacional de Desarrollo volver a la destinación prevista desde la Ley ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales y a los municipios para la defensa de las cuencas hidrográficas, proyectos de saneamiento

se ajustara a la redacción inicial del Gobierno para que el sector eléctrico no tenga una mayor contribución por este concepto. La Asociación comparte las recomendaciones y conclusiones del estudio de evaluación de estos recursos que desarrollaron la Contraloría General de la República – CGR y la Procuraduría General de

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Se busca que la Nación tenga facultades legales para determinar en el ordenamiento territorial la identificación del uso de suelo para rellenos sanitarios y estaciones de transferencia, como acción para culminar el programa de cierre de botaderos a cielo abierto la Nación- PGN, que se advierten sobre la necesidad de asegurar la efectividad en la destinación de las Transferencias, conforme la definición legal.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO Las principales estrategias y normas que establece el PND para el periodo 2010 – 2014 en el sector de agua potable y saneamiento básico, se pueden resumir en los siguientes puntos, así: • Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico – Segunda Generación y la armonización de los recursos públicos del sector. • La Sostenibilidad de los Subsidios y Contribuciones del sector. • Promoción de la Regionalización en los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado.

• El Desarrollo de mecanismos e instrumentos para la recuperación de los costos de traslado de infraestructura y de infraestructura asociada a los macro proyectos de Vivienda de Interés Social y renovación urbana. • Ajustes a los instrumentos económicos ambientales para buscar su ejecución eficiente. Si bien, puede haber otros lineamientos incluidos en el PND que de manera indirecta afectan o benefician al sector, a continuación haremos un análisis a los artículos que se han considerado estratégicos para el sector. Con relación a los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, el Gobierno Nacional mantuvo el programa estratégico de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, que sin lugar a dudas sus principios rectores son el camino para evolucionar

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El ajuste de la ley, prevé que los costos de la infraestructura necesaria para los programas de vivienda de interés social y de renovación urbana sean financiados entre otros, por tarifas diferenciales, que permitan recuperar tales costos tanto a los inmuebles del proyecto como los futuros que se establezca al sector a una mejora sustancial en aquellos municipios o regiones que mantienen déficits importantes en la calidad de prestación del servicio. El Gobierno Nacional identificó la necesidad de continuar la estrategia de los PDAS, pero bajo unos lineamientos según las características regionales de los diferentes Departamentos y Municipios que se han incorporada en esta estructura. ANDESCO manifestó la necesidad de promover e impulsar con mayor fuerza el propósito de los PDAS, que es la modernización empresarial para el manejo eficiente de los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado basados en un enfoque regional para obtener economías de escala, con el ánimo de buscar esquemas empresariales eficientes, bajo esta premisa el Gobierno y el Con-

greso de la República estableció en su parágrafo 2° la herramienta necesaria para que la Nación implemente esquemas empresariales regionales solamente para aquellos municipios que estén en categorías 4, 5 y 6, lo cual asegurará maximizar los esfuerzos en la búsqueda de modelos empresariales eficaces que le permitan al país aumentar los niveles de calidad de vida para los casi 5 millones de personas que aún no tienen acceso al servicio de acueducto y de aproximadamente 9 millones a un sistema adecuado de alcantarillado. Con la expedición de este artículo se deberá revisar la estructura de los PDAS, pues como ANDESCO lo identificó, es necesario revisar la institucionalidad que se creó en el reglamento y su estructura de financiamiento ya que algunos roles de control y asignación de

recursos no son claros o controvierten normas vigentes en materia de manejo presupuestal y de control fiscal. Sin lugar a dudas, con esta facultad para la Nación sumada a otros aspectos, se dará un viraje importante para el logro de las metas del milenio y la atomización del sector generando un sector confiable y sostenible. Frente a la sostenibilidad de los subsidios y contribuciones aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico, se destaca como uno de los artículos más importantes que contiene el PND para los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado ya que establece con claridad los factores de subsidio y contribución aplicables al sector, después de la nulidad parcial del decreto 057/05 y las incertidumbres en la aplicación de los porcentajes de contribución que soportan en gran parte el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos, se identifica con claridad un techo máximo de aplicación de subsidios y un piso en la determinación municipal de contribución. Para el caso de los subsidios, se mantiene el nivel del 70% a los usuarios clasificados como estrato 01 y mantienen los porcentajes

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para los estratos 02 y 03. Para el caso de las contribuciones, se crean los porcentajes mínimos que los diferentes municipios del país podrán adoptar como mecanismo de solidaridad y redistribución del ingreso; si bien el Congreso de la República en uso de sus facultades establece la tarifa mínima del tributo, los Concejos Municipales deberán adoptar los porcentajes que sean necesarios para que se asegure la financiación de los subsidios. Es importante la señal que se dio en el parágrafo 1°, de buscar en la medida de las posibilidades garantizar al usuario final una estabilidad en el precio unitario que se cobra por estos servicios; los Concejos Municipales podrán revisar y ajustar tales factores si algunas de las variables afectan el equilibrio. Será importante promover que los entes territoriales expidan los acuerdos municipales que definan

claramente la aplicación de los subsidios y contribuciones. Ahora bien, esto impone una revisión completa del marco normativo vigente en los procedimientos, responsabilidades y derechos para el cumplimiento del pago de los subsidios y el manejo de los excedentes por efecto de las contribuciones. Dentro de este artículo, en el parágrafo 2° se estableció un ajuste frente a la clasificación de las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo como usuarios de otros servicios públicos; tal ajuste podrá traer beneficios al sector para la excepción de la contribución aplicable en el servicio de energía eléctrica y gas previsto en la ley 1430/10. Con relación a la promoción de la regionalización en los servicios de aseo, acueducto y alcantari-

Dentro de este artículo, en el parágrafo 2° se estableció un ajuste frente a la clasificación de las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo como usuarios de otros servicios públicos

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llado, el PND responde al esquema del desarrollo de un país por regiones. Se establecieron dentro de los lineamientos estratégicos del plan nacional de desarrollo varias connotaciones para impulsar los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado bajo figuras regionales. Para el caso del servicio público de aseo, por sus connotaciones de impacto a la salubridad

cobertura de disposición final de los residuos sólidos. A su vez, se ha identificado la necesidad que la Nación promueva el uso del suelo para estaciones de transferencia, como acción para consolidar esquemas regionales. Cada vez la ubicación de rellenos sanitarios quedará a mayor distancia de las grandes urbes. Lo

Para el caso de las contribuciones, se crean los porcentajes mínimos que los diferentes municipios del país podrán adoptar como mecanismo de solidaridad y redistribución del ingreso pública y garantizar un ambiente sano, el Legislador previó en un solo artículo diferentes aspectos para promover los desarrollos de infraestructuras de este servicio como son: Rellenos Sanitarios y Estaciones de Transferencia.

anterior, generará un mayor y buen conocimiento de las posibles zonas a ubicar estas infraestructuras y la armonización de las acciones de las autoridades ambientales con los entes territoriales para la determinación del uso del suelo.

Se busca que la Nación tenga facultades legales para determinar en el ordenamiento territorial la identificación del uso de suelo para rellenos sanitarios y estaciones de transferencia, como acción para culminar el programa de cierre de botaderos a cielo abierto, el cual en los últimos años ha generado grandes aumentos en la

En contraprestación de la necesidad de ubicar más terrenos para rellenos sanitarios y estaciones de transferencia, el legislador en conjunto con el Gobierno Nacional consideraron importante mantener la señal de incentivo económico para beneficio de las comunidades que estén ubicadas en el municipio que autorice ta-

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Para el caso de los subsidios, se mantiene el nivel del 70% a los usuarios clasificados como estrato 01 y mantienen los porcentajes para los estratos 02 y 03 les infraestructuras. A su vez, se creó el incentivo económico para aquellos municipios que permitan el desarrollo de estaciones de transferencia, lo cual impulsará las decisiones locales para aprobar una reforma del POT para el uso de esta infraestructura. Aunque el incentivo económico previsto por la Ley del Plan, es sobre una tasa del 0.0125 a 0.023 por ciento del Salario Mínimo Legal Vigente, lo que para una cantidad de disposición final de 600 toneladas diarias generará un beneficio mensual máximo de $2.310.000, recursos que podrá invertir el ente territorial en obras de mejoramiento del entorno donde esté ubicada la estación de transferencia. El desarrollo de mecanismos e instrumentos para la recuperación de los costos de traslado de infraestructura y de infraestructura asociada a los macro proyectos de vivienda de interés social y renovación ur-

bana, permite la armonización de la financiación y recuperación de los costos por traslado de infraestructuras de servicios públicos por efecto de la expansión o mejora de la malla vial. Para el caso de acueducto y alcantarillado es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico quien deberá establecer la fórmula tarifaria que permita incorporar los costos de traslado de infraestructura por efecto de un proyecto vial del orden nacional, departamental o municipal. Por otro lado, el Gobierno Nacional impulsó en el capítulo de Ciudades Amables, un artículo que propone un esquema de financiación de la infraestructura de acueducto y alcantarillado diferente al actual marco normativo. Si bien se busca impulsar medidas que les permita desarrollar programas de vivienda de interés social y la renovación urbana a

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las diferentes entidades territoriales, la señal introducida traerá consecuencias importantes para el usuario final de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado y para sus personas prestadoras. El ajuste de la ley, prevé que los costos de la infraestructura necesaria para los programas de vivienda de interés social y de renovación urbana sean financiados entre otros, por tarifas diferenciales, que permitan recuperar tales costos tanto a los inmuebles del proyecto como los futuros que se establezca, la pregunta sería ¿Qué beneficios traerá tal fórmula a los usuarios de menores ingresos?, y ¿Cómo será el alcance que la regulación tarifaria de estos servicios traerá para garantizar los recursos necesarios para desarrollar estas infraestructuras?. Si bien es positivo buscar facilitar el acceso a una vivienda digna con todos los servicios públicos a la

población de menores ingresos, se deben revisar muy bien los esquemas de financiación y focalización de subsidios. A la fecha de emisión de este artículo, se desconoce cómo será la aplicación del concepto de tarifa diferencial y sus efectos por un posible financiamiento por la tarifa de servicios. Con relación a los ajustes a los instrumentos económicos ambientales para buscar su ejecución eficiente, el PND estableció varios artículos que ajustan de manera directa algunos artículos de la ley 99 de 1993, que tienen relación con las tasas ambientales aplicables al sector de agua potable y saneamiento básico. Gran parte de los artículos tiene ajustes sobre el manejo adecuado de los recursos de recaudos de la tasa de uso del agua y tasa retributiva. Los anteriores son los artículos de mayor relevancia para el sector de agua potable y saneamiento básico. Hay otros artículos rela-

El PND dedica un capítulo exclusivamente a los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y la prevención del riesgo, con avances significativos en la materia.

cionados que como referencia se indican: Art. 12. Requisitos para el giro directo de recursos del SGP en agua potable y saneamiento básico. Art. 20. Sobre el esquema y condiciones para el monitoreo, control y seguimiento a los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico. Art. 21. Los lineamientos de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento de segunda generación, promoviendo la vinculación de operador especializado con facultades de la Nación para estructurar mercados regionales. Art.22. Condiciones de las Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales; necesidad de armonizar tales inversiones con los PDAS. Art. 48. Modificación del alcance de las inversiones para establecer contratos de estabilidad jurídica. Art. 90. Condiciones para el cubrimiento de los costos de traslado de redes en proyectos de infraestructura de transporte. Art. 99. Mantiene el esquema de Aportes Bajo Condición.

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Art. 121. Identifica la necesidad de buscar tarifas diferenciales para la financiación de infraestructura de servicios públicos en desarrollo de programas y/o proyectos de renovación urbana de interés nacional. Art. 125. Establece las condiciones y factores para la aplicación de subsidios y contribución a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. En el parágrafo 2 se establece que para los efectos de clasificación para la facturación de servicios públicos a las ESP de acueducto y alcantarillado se consideran para todos los efectos, sector industrial. Art.126. Establece la condición de aplicar costos de servicios públicos de acueducto y alcantarillado regionales. Art. 127. Aplicación de tarifa subsidiada a los inmuebles que sean hogares comunitarios. Art. 130. Condiciones para la financiación de las conexiones intradomiciliarias. Art. 131. Inversiones programa de saneamiento del rio Bogotá. Art.251. Ajuste al esquema de evaluación y viabilización de proyectos de agua y saneamiento.

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Art. 252. Condiciones para fortalecer la eficiencia en el manejo de los residuos sólidos.

ASUNTOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES. Las principales actualizaciones o cambios en temáticas de orden tributario y contable contenidas en el PND son las siguientes: Con relación a los Beneficios tributarios para proyectos de investigación, tecnología e innovación, (artículo 36) se pretende impulsar la investigación, desarrollo e innovación en el país mediante el incremento de la deducción que actualmente existe en el artículo 158-1 del Estatuto Tributario.

Efectivamente, la deducción pasa del 125 al 175 por ciento sobre el total invertido en este tipo de proyectos y, además, se eleva el límite de ésta con referencia a la renta líquida, al pasar del 20 al 40 por ciento. Se puede optar por utilizar esta deducción sobre los valores directamente invertidos o sobre las donaciones que se efectúen con destino a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Otro aspecto a resaltar es que el beneficio es trasladable a los socios o inversionistas. Se espera que la reglamentación que realice el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia Tecnología e Innovación, posibilite la utilización efectiva de este bene-

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ficio, evitando el establecimiento de condiciones o requisitos imposibles de cumplir. La utilización de esta deducción podrá compensar en algo la eliminación de la deducción por inversión en activos fijos productivos que se encontraba consignada en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario. Con relación al Tratamiento tributario recursos asignados a proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o de innovación (artículo 37), se observa la voluntad del Gobierno Nacional de impulsar la investigación y el desarrollo, y consiste

ción defina unos criterios y condiciones razonables que permitan la definición clara de qué proyectos merecen el otorgamiento de este beneficio. El Artículo 58 trata de la Prima de los contratos de estabilidad jurídica, estableciendo un mecanismo para determinar el monto de la prima que se deberá pagar por la suscripción de los contratos de estabilidad jurídica, basado en una metodología que tendrá en cuenta variables como los riesgos asumidos por la Nación y las coberturas solicitadas por los inversionistas. Este artículo supone un procedimiento más complejo que el práctico 1% que existía en la Ley 963

Se espera que la reglamentación que realice el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia Tecnología e Innovación, posibilite la utilización efectiva de este beneficio fundamentalmente en la eliminación del gravamen con el impuesto de renta sobre los recursos que reciban los contribuyentes con destino a la financiación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Se espera que el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innova-

de 2005, lo cual eventualmente se convertirá en un aspecto que dificultará la aprobación y la suscripción de este tipo de contratos. En los Contratos de estabilidad jurídica – Definición de inversiones nuevas (artículo 49) se busca evitar que se utilice este mecanis-

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mo para beneficiar inversiones ya ejecutadas y, por el contrario, busca estimular la atracción de nuevas inversiones. En principio esta definición solamente tendrá impacto para las nuevas solicitudes que se radiquen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, por lo tanto, no se afectarán las solicitudes que actualmente se encuentran en trámite. Frente a los Procesos de convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (artículo 241), se busca propiciar un proceso coordinado y armónico de convergencia a NIIF entre las diferentes entidades estatales que intervienen en éste, para

llegar a un sistema contable único, homogéneo y de alta calidad para su aplicación en el país. También se establece que los procesos de convergencia a estándares internacionales que se estén adelantando en la actualidad, para tener aplicación deberán ser revisados previamente por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública para asegurar su correspondencia con las normas contables que en su momento expidan el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto supondrá el replanteamiento del proceso de convergencia al nuevo modelo contable inspirado en NIIF que actualmente adelanta

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la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, dado que previamente a su entrada en vigencia deberá contar con la revisión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Esto no supone limitación alguna para que las empresas que actualmente adelantan procesos de convergencia a NIIF puedan continuar desarrollándolos.

para el caso de ecosistemas terrestres, o de acuicultura y pesca industrial de arrastre en los ecosistemas marinos. Los ecosistemas protegidos en el Plan son los páramos, los cuales surten de agua a cerca del 70% de la población nacional, los humedales, los arrecifes de coral y los manglares.

MEDIO AMBIENTE

Otro avance significativo del PND es el establecimiento de un mecanismo para asegurar que la decisión sobre el otorgamiento o no de una licencia ambiental exceda el tiempo estipulado por ley. Para lo cual se establece que si pasado el plazo máximo para la toma de decisión no hay respuesta, se conformará un comité especial, el cual establecerá, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, un plan de acción obligatorio para que en un plazo menor de 30 días hábiles la autoridad ambiental decida sobre la licencia ambiental.

El PND dedica un capítulo exclusivamente a los temas relacionados con la sostenibilidad ambiental y la prevención del riesgo, con avances significativos en la materia. El artículo 215 habla de las competencias de las CAR y de los grandes centros urbanos para la gestión integral del recurso hídrico. Se mencionan indicativamente aspectos como la formulación, ejecución y cofinanciación de programas para la recuperación y conservación del recurso hídrico y de los ecosistemas que intervienen en su regulación. Se destaca también en el tema de conservación y protección de ecosistemas estratégicos para el país, la prohibición explícita de adelantar actividades de minería, de exploración y explotación de hidrocarburos y agropecuarias,

El artículo 213 se refiere a definir los procesos cuando hay cuencas compartidas bajo la óptica del ámbito de competencia de diferentes autoridades ambientales. En particular, frente al tema de solidaridad en la financiación de los planes de manejo y ordenamiento de las cuencas hidrográficas.

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El artículo 210 ratifica la importancia de la adquisición de áreas de interés para acueductos municipales, estableciendo la obligatoriedad de destinar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para adquirir y mantener dichas zonas, o financiar esquemas de pago por servicios ambientales. También se establece la obligatoriedad por parte de las entidades públicas y de los particulares que ejerzan funciones públicas de suministrar la información necesaria para el desarrollo de los planes, programas y proyectos incluido en el Plan y para el ejercicio de las funciones públicas. También establece que el acceso a las bases de datos y la utilización de su información serán gratuitos y que sólo podrán ser cobrados los gastos asociados a su reproducción. En cuanto a la prevención del riesgo, los impactos de las últimas olas invernales han llevado a la inclusión de este componente en el Plan, estableciendo la obligatoriedad de realizar un inventario nacional de asentamientos en riesgo de desastre y de diseñar una estrategia para disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado ante riesgos de desastre de origen antrópico y/o natural no intencio-

nal, como herramientas para mitigar los impactos generados por estos eventos climáticos extremos, los cuales a medida que la temperatura del planeta aumente, se intensificaran.

RSE Por: Andrés Bernal C 1.

La nueva meta de Gobierno Corporativo: Tecnología y conocimiento para los procesos de Junta Directiva. Socio Director de Governance Consultants S.A. firma especializada en temas de Gobierno Corporativo en Latinoamérica www.governanceconsultants.com 1

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“Los americanos necesitan el teléfono; nosotros no, ya tenemos suficientes mensajeros” Sir William Preece, 1876 Esta frase “premonitoria” del jefe del servicio postal británico es parte de una serie de desafortunadas predicciones, sobre cómo las innovaciones tecnológicas no nos van a afectar. Hoy es claro que los bancos, los periódicos, las disqueras, los fabricantes de videos y otras industrias han cambiado producto de la tecnología. Las Juntas Directivas no son la excepción. Las Juntas Directivas, como los instrumentos máximos de dirección y control de las organizaciones empresariales, han sufrido cambios abruptos durante la última década. Estos cambios han sido producto principalmente de modificaciones regulatorias y de nuevas presiones por parte de los diferentes grupos de interés por un mejor Gobierno Corporativo. La situación de las Juntas Directivas no es óptima, el modelo tiene debilidades estructurales. Estas debilidades están principalmente relacionadas con la falta de tiempo del que disponen sus miembros para conocer realmente el negocio y ser lideres efectivos en el direccionamiento estratégico.

Las asimetrías de información entre la Junta Directiva y los ejecutivos de la compañía, hacen necesario desarrollar instrumentos, mecanismos y estrategias para hacer más efectivo el rol de la Junta Directiva. A la falta de tiempo, se le suman otro tipo de debilidades estructurales; esto incluye el nivel de sofisticación requerida para mantener vigente a la compañía en términos de mercado; la regulación de Gobierno Corporativo; e incluso, la sofisticación de los procesos internos de gobernabilidad (incluyendo evaluaciones de las Juntas Directivas, reestructuración de comités, incorporación de miembros independientes, seguimiento entre sesiones, etc.). Estas situaciones

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Para mejorar la Junta Directiva se debe mejorar la información que se le provee. Mucha información es desinformación… han creado una presión cada vez más evidente para que las Juntas Directivas sean más responsables y se involucren más en el desarrollo de las compañías.

rio, es un mecanismo crítico para la generación de confianza con los grupos de interés y es una exigencia de todo tipo de inversionistas.

El Gobierno Corporativo está enfocado a asegurar que es un cuerpo colegiado -llámese Junta Directiva, Directorio, Consejo de Administración o Consejo Directivo- el encargado de direccionar, controlar y supervisar el desarrollo de las organizaciones empresariales.

No es necesario pensar en casos como Enron o Parmalat para hablar de Gobierno Corporativo; su verdadera dimensión e importancia se ve en los efectos sociales, políticos y económicos que han tenido en nuestros contextos las debacles empresariales de Emcali o actualmente el Grupo Nule.

La OECD2 ha definido el Gobierno Corporativo como la forma en la que se dirigen y controlan las organizaciones, y ha liderado una tendencia global por asegurar que existe un sistema de pesos y contrapesos para hacerlas sostenibles. El Gobierno Corporativo, no solo es un imperativo legal y regulato-

El gran desafío para el Gobierno Corporativo, es entonces, reconocer cómo vencer esas debilidades estructurales que tienen las Juntas Directivas y asegurar que los principios de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, resulten en un empoderamiento efectivo de las Juntas Directivas.

Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD). Los Principios de la OCDE, son guías específicas para el mejoramiento de la gobernabilidad empresarial. Las áreas sobre las cuales se desarrollan los principios son: (i) Responsabilidades de la Junta Directiva; (ii) Tratamiento Equitativo de los Accionistas; (iii) Los Derechos de los Accionistas y el Ámbito de la Propiedad; (iv) Los Derechos de los Accionistas y el Ámbito de la Propiedad; y (v) El Papel de los Grupos de Interés. 2

Como lo presenta el siguiente grafico (Gráfico 1) las juntas directivas pueden clasificarse en función de su nivel de conocimiento y del involucramiento de sus miembros con la empresa. No todas son iguales y no todas son efectivas.

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Para fortalecer las Juntas Directivas se debe optimizar su estructura; mejorar su dinámica y asegurar sus procesos. Gráfico 13

claro que las Juntas Directivas no son órganos de representación de accionistas, sino órganos de dirección empresarial. Es por ello que su conformación no debe obedecer, exclusivamente, a los criterios de delegación y representación de los socios, sino a criterios de profesionalismo y calidad de sus miembros.

SOBRE LA ESTRUCTURA DE JUNTA DIRECTIVA Para las empresas de servicios públicos domiciliarios colombianas, la ley define a las Juntas Directivas como órganos de representación4 . Aunque en 1994, año de creación de la ley, no era tan fuerte el interés por el Gobierno Corporativo; hoy es perfectamente Thin on Top: Why Corporate Governance Matters & How to Measure, Manage, and Improve Board Performance. Garratt Bob. 2006. 3

Ley 142 de 1994. Artículo 19.6: La composición de las Juntas Directivas de las empresas que presten servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se establecerá que en ellas exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria. 4

En nuestra experiencia como firma de consultoría, trabajando con empresas latinoamericanas en Gobierno Corporativo, este es uno de los mayores retos: un proceso gradual de concientización de los accionistas por elegir mejores miembros de Junta Directiva. Para el caso de las empresas de servicios públicos domiciliarios del orden municipal, la disposición legal que establece en cabeza del Alcalde Municipal, el poder omnímodo de nombramiento de la Junta Directiva y la participación de vocales de control, velando por un interés de usuarios exclusivamente, incrementa este reto.

SOBRE LA DINÁMICA DE LA JUNTA DIRECTIVA La dinámica de la Junta Directiva está altamente influenciada por tres roles fundamentales para este cuerpo de gobierno: el Presidente de la Junta Directiva, el Secretario y sus propios Miembros. El liderazgo del Presidente de la Junta Directiva, la rigurosidad del Secretario, y la capacidad y compromiso de todos los Miembros, son piezas clave en la consecución de una Junta Directiva eficiente y consecuentemente de un mejor Gobierno Corporativo. Grafico 25

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LOS PROCESOS Y LAS FORMALIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA El aseguramiento de procesos de la Junta Directiva aunque parece simplemente una cuestión de forma, es en realidad un catalizador fundamental del buen Gobierno Corporativo. La rigurosidad de los procesos y las buenas prácticas respecto de la convocatoria, los tiempos de entrega de información, la puntualidad en la asistencia, la calidad de las actas, el seguimiento de las decisiones, la evaluación de la junta y un plan anual de temas para discutir; son elementos vitales de un Gobierno Corporativo moderno.

LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS En el mundo existen distintas opciones comerciales para sistematizar la Junta Directiva6. El objetivo de estos software es facilitar su operación, fortalecer el proceso de decisión e instrumentalizar los mecanismos para asegurar un proceso de direccionamiento efectivo. Palma Adalberto. En el marco de capacitaciones de Juntas Directivas de Governance Consultants S.A. 5

Director Suite para Latinoamérica; Nasdaq Directors Desk; Softexpert, entre otras. 6

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Estos sistemas7 permiten centralizar de forma segura y confiable la información financiera y societaria y facilitan la incorporación de buenas prácticas de Gobierno Corporativo. Para los presidentes de las Juntas Directivas, es un mecanismo que facilita la preparación de las reuniones y consecuentemente mejora el nivel de las discusiones. Para los grupos empresariales, son un mecanismo para unificar los procedimientos de las Juntas Directivas de las subordinadas, conocer oportunamente sobre las decisiones que sus delegados van a tomar, y facilitar el ejercicio fiel de la unidad de propósito y dirección del Grupo Empresarial.

Sus delegados van a tomar, y facilitar el ejercicio fiel de la unidad de propósito y dirección del Grupo Empresarial. Estos software resultan ser un mecanismo de seguimiento efectivo a las decisiones, facilitan la comunicación entre reuniones, instrumentalizan el seguimiento de los KPI y de los riesgos del negocio, y en general, instauran las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, mientras contribuyen al medio ambiente. Ken Olsen, de Digital Equipment Corporation, en 1977 se lució con otra predicción:

“No hay ninguna razón por la que alguien quiera tener un computador en casa”. Al igual que este hombre, usted puede pensar que hoy, la aplicación de prácticas de Gobierno Corporativo y la sistematización de sus procesos son asuntos secundarios y no afectan directamente la situación de su empresa. Todas las tendencias a nivel global pare-

Un asunto que en el futuro inmediato será de vital importancia para las Juntas Directivas en Colombia, es el uso de firmas digitales en las actas; el envío de actas en formato digital con validez jurídica y votos online certificados legalmente. Estas son algunas de las características que ya están a la mano con la ley de comercio electrónico (Ley 527 de 1999) sobre la equivalencia funcional en las operaciones que se hacen por estos medios. 7

cen indicar que si usted es de los que piensa así en unos años podrá formar parte del exclusivo club de “visionarios”.

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De Am biente CODENSA ahora tiene una factura mรกs amigable con el medio ambiente

#22 / DE AMBIENTE

En el mes de febrero de este año Codensa, empresa del Grupo Endesa en Colombia, lanzó su nueva factura, la cual se caracteriza por ser más ecológica y responsable con el medio ambiente, al emplear un papel que cuenta con el sello internacional del Forest Stewardship Council (FCD), entidad que certifica que el procesamiento, transformación, fabricación y distribución de la misma se lleva a cabo de manera sostenible y controlada.

ambiente, socialmente benéfico y económicamente viable.

Este sello garantiza que el papel utilizado en la impresión de la factura no genera agotamiento de los bosques, debido a que se realiza bajo los estándares de tala controlada en bosques renovables, evitando de esta manera, la destrucción y degradación de los recursos forestales. Además, certifica que el recorrido que hace la materia prima, desde el árbol hasta la factura impresa, cumple con los requisitos que lo convierten en un producto sostenible: amigable con el medio

Adicionalmente, la nueva factura se distribuye a más de 2,5 millones de clientes en la ciudad de Bogotá, es más pequeña, lo que permite reducir cerca de 50 toneladas de papel al año, lo que equivale a la no tala de 1.350 árboles.

Codensa es la primera empresa de servicios públicos en Colombia y en Latinoamérica, que utiliza papel certificado por la FSC para la impresión de su factura. Tanto el sello internacional FSC del papel de la factura, como la reducción en el consumo del mismo, evidencian el compromiso de la Empresa de ser sostenible y medio ambientalmente responsables.

LA FACTURA DE CODENSA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN La factura de Codensa permanece en constante evolución, debido a la necesidad de adaptarse de ma-

Codensa cuenta con más beneficios y certificaciones como lo son la Certificación Forestal Voluntaria, la factura Viable Inteligente Duplex y la Factura Braille

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nera responsable a los cambios de su entorno, beneficiando no sólo al cliente directamente sino también a la sociedad en su conjunto. No es la primera vez que Codensa modifica el diseño de su factura. Desde 1999 la Empresa viene realizando ajustes y cambios que responden a las necesidades de información de los clientes. Por lo cual, Codensa cuenta con más beneficios y certificaciones como lo son la Certificación Forestal Voluntaria, la factura Viable Inteligente Duplex y la Factura Braille.

CERTIFICACIÓN FORESTAL VOLUNTARIA La Certificación Forestal Voluntaria (CFV) es un mecanismo de mercado que promueve el buen manejo de los bosques. Es un instrumento que permite verificar cuando el manejo forestal cumple con los estándares de calidad de desempeño, reconocidos y aceptados internacionalmente. Estos estándares combinan principios y criterios internaciona-

les desarrollados por el Forest Stewardship Council (FSC) con indicadores, y verificadores locales y regionales desarrollados por iniciativas nacionales del FSC en cada país. El objetivo de la certificación es asegurar a los consumidores que sus compras de productos forestales no ocasionan la destrucción ni degradación de los bosques del mundo.

FACTURA VID En noviembre del 2010, se hizo el lanzamiento de la nueva factura Codensa, Variable Inteligente Dúplex (VID) con un formato que permite mayor facilidad de lectura y comprensión de la información detallada sobre los consumos de energía, Crédito Fácil Codensa y sobre los otros servicios que componen el portafolio de la Empresa, tales como seguros y suscripciones. El rediseño de la factura respondió a las inquietudes y necesidades de información que plantearon

Le permitirá conocer a cada cliente el estado de sus consumos de manera directa y permanente, sin necesidad de recurrir a los puntos de contacto de Codensa

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los clientes a través de las permanentes consultas que hace Codensa, para mejorar cada vez más este documento que se constituye en un importante medio de comunicación para estar en contacto con sus clientes. En el diseño de este nuevo formato de factura inteligente, Codensa empleó tecnología de punta, a través del “Eye Tracking”, que permitió detectar los aspectos de mayor lecturabilidad e interés por parte de los clientes.

Los cambios realizados fueron: • Facilidad de lectura y mayor comprensión, ya que está diseñada y distribuida de tal manera que da prioridad a los puntos de interés identificados en los clientes mediante el estudio de Eye–Tracking, además sigue patrones de lectura. • Se incorpora información detallada de los consumos de productos y servicios diferentes a energía, tales como: seguros,

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suscripciones, compras con la tarjeta Crédito Fácil Codensa. Este aspecto es muy relevante pues le permitirá conocer a cada cliente el estado de sus consumos de manera directa y permanente, sin necesidad de recurrir a los puntos de contacto de Codensa. • Se podrán incluir mensajes personalizados, tanto comerciales como de interés general para el cliente. • Se pasará de una impresión por una sola cara a ambas para así aprovechar más espacios.

FACTURA BRAILLE Codensa es la única empresa de servicios públicos en Colombia que desde el año 2004 imprime su factura en lenguaje Braille, que acompaña la factura tradicional, para aquellos clientes con limitaciones visuales que lo soliciten, sin costo adicional. Para Codensa la factura es un medio que seguirá modificándose de manera permanente, con el fin de satisfacer las nuevas necesidades no sólo de sus clientes sino del entorno en general, abogando siempre por la sostenibilidad del medio ambiente y remitiendo a los clientes la información más fácil y precisa.

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Canal Tarifas regionales: Hacia un nuevo paradigma en el esquema de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado Por: Jorge Navia Pardo1 Ingeniero electricista de la Universidad del Valle con especialización en Gerencia de Empresas, actualmente se desempeña como Subgerente de Regulación y Análisis Económico de Triple A de Barranquilla. 1

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El recientemente aprobado Plan Nacional de Desarrollo contiene un artículo que puede ser clave para el desarrollo de los servicios de acueducto y alcantarillado de muchos municipios en el país. Aquí se muestra porque el modelo desarrollado para el Departamento del Atlántico puede ser usado como solución para muchas regiones que aun padecen por la falta de estos importantes servicios.

ANTECEDENTES Una situación ya detectada en el país que definitivamente no contribuye a la mejora integral de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado es la atomización de empresas del sector. En recientes cifras establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se estimó que para los 1,102 municipios del país, existen en total 6,453 prestadores, de los cuales registrados en el SUI solo hay 1,925 con corte a 20092. Esta situación tiene su génesis en un buen propósito, que es la descentralización de funciones establecida en la carta magna, y convertido en un complejo laberinto en el tema de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Es precisamente el

fenómeno de atomización de los prestadores, el que ha permitido que se presenten casos como el del primer semestre del 2007, en el cual, de todos los municipios del país tan solo se tenían reportes de calidad de agua potable de 541, es decir, apenas el 49% y de ellos tan solo 88 municipios presentaban un IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de Agua) aceptable, con un promedio de 1,8%. Los restantes 453 municipios, que representan el 41%, presentaron un IRCA promedio de 32,1%, siendo agua definitivamente no apta para el consumo humano3. En consecuencia con tal volumen de empresas, se dificulta ejercer control por parte de los entes respectivos y por supuesto se ponen en entredicho aspectos como la calidad y la continuidad del servicio. Pero las preocupaciones no solo trata temas de calidad y continuidad, tanto para el Gobierno como para los empresarios del sector, surge la pregunta: ¿quién va a administrar de forma eficiente las inversiones que esperan realizarse en los siguientes años, las cuales se proyectan estén por encima Véase Estudio sectorial de acueducto y alcantarillado 2006 – 2009. SSPD, 2010. 2

Véase Diagnóstico de cumplimiento del Derecho Humano al agua en Colombia, Defensoría del Pueblo, 2009. 3

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de los 11 billones de pesos? Sin duda se corre un riesgo grande, en especial en las inversiones que serán administradas por empresas pequeñas sin el conocimiento o la capacidad de operar los sistemas de forma idónea.

PROBLEMA ¿Porque no existe una mayor integración en la prestación de los servicios, si es tan claro el problema de la atomización?. Podrían establecerse varias causas, como el temor por parte de las Alcaldías a perder la autonomía en el manejo de las ESP de su propiedad y sobre las inversiones respectivas, pero por otra parte, porque simplemente no hay interés en los operadores especializados del país por entrar a gestionar los municipios pequeños. La falta de interés no se encuentra entendida como la ausencia del deseo de servir o atender un mayor mercado, sino porque dado el régimen tarifario establecido en la actualidad, el operador se enfrenta

en general a un problema económico muy grave: cobrar tarifas excesivamente altas que viabilicen la operación que de paso son imposibles de pagar para los usuarios de estos municipios pequeños o trabajar a pérdida. En cualquiera de los dos casos, se verían afectadas tanto la suficiencia financiera de las empresas como la prestación del servicio, por tanto resultan las alternativas inviables. En este sentido es necesario repensar el esquema y movernos hacia un nuevo paradigma en la forma en cómo concebimos la facturación del servicio y entender que es necesario hacer un uso más amplio del principio tarifario de la solidaridad, para poder apalancar los sectores más pobres del país. Cabe recordar, que en el actual esquema tarifario la norma establece que para cada sistema de acueducto debe calcularse un costo de referencia y es allí donde se pierde la posibilidad de establecer costos medios de operación de grupos de sistemas.

¿quién va a administrar de forma eficiente las inversiones que esperan realizarse en los siguientes años, las cuales se proyectan estén por encima de los 11 billones de pesos?

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El desarrollo de un esquema regional de tarifas permite establecer costos medios, tal y como lo indica el actual esquema tarifario, pero rompiendo el paradigma del sistema y llevando el costo medio a un grupo de sistemas. Es necesario por tanto, ofrecer un esquema alterno que permita viabilizar financieramente la operación de pequeños municipios, en conjunto con otro u otros de mayor desarrollo y con los cuales puedan hacerse operaciones técnicas y económicas.

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN El desarrollo de un esquema regional de tarifas permite establecer costos medios, tal y como lo indica el actual esquema tarifario, pero rompiendo el paradigma del sistema y llevando el costo medio a un grupo de sistemas. Permite en otras palabras, calcular las tarifas sumando los costos de todos los sistemas y distribuyéndolos en la proyección de facturación de todos los municipios atendidos para calcular con ello un valor único por m3 para toda la región. La iniciativa de tarifas o costos regionales, posibilita viabilizar la

operación de municipios pequeños sin importar si están conurbados a uno principal o si dependen del mismo sistema de acueducto. Con este instrumento, se abre la puerta para que ya no existan barreras económicas para la entrada de operadores especializados con el conocimiento y la capacidad de brindar sus servicios en cualquier municipio del país en donde pueda configurarse una región de prestación. Esto definitivamente mitigaría el problema de atomización y con ello lleva la posibilidad de tener la misma calidad de agua de las principales ciudades a cualquier municipio de Colombia. Para soportar normativamente esta iniciativa, Triple A S.A. E.S.P. realizó un trabajo a nivel gremial en alianza con la empresa EPM, con quien se llevó la iniciativa a ANDESCO y se soportaron para los análisis con el Gobierno Nacional.

Está pendiente la reglamentación del citado artículo, donde la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Básico deberá proceder con su regulación.

SOLUCIÓN EN EL ATLÁNTICO En el Atlántico se hicieron las primeras modelaciones, las cuales buscaban la forma de viabilizar la operación de los municipios del sur de este departamento, que fueron devastados por la tragedia invernal de noviembre de 2010, así como de otros municipioscomo Malambo, por mencionar un ejemplo, que a pesar de los años y las inversiones aún no se observa un desarrollo consolidado en la prestación de los servicios. De ahí que se tome como base del modelola operación de Triple A S.A. E.S.P., empresa que presta los servicios a 8 municipios incluyendo al Distrito de Barranquilla y de su filial AAA Atlántico S.A. E.S.P., que presta los servicios a 5 municipios pequeños. Esta última presenta una situación deficitaria, no obstante tener recaudos comerciales superiores al 94% y el mismo modelo de gestión en ambas empresas. En el modelo se muestran los dos escenarios actuales, en el cual

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existen 5 tarifas, cada una correspondiente a diferentes sistemas y/o contratos y se compara cómo sería dichas tarifas si se unificaran los costos bajo un esquema regional, es decir si se estableciese un solo valor de referencia por metro cúbico para toda la región, el cual comprendería todo el Departamento. Fig. 1: Costos actuales por sistema/contrato por m3.

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Fig. 2: Costo único regional por m3

costosa dado que está compuesta de cuatro municipios dispersos y con poblaciones muy pequeñas, como es el caso del municipio de Piojó, el cual tiene tan solo 410 suscriptores del servicio de acueducto. El balance del costo regional, se apalanca en el área metropolitana de Barranquilla y logra equiparar las desviaciones de costos que representan los pequeños municipios, aportando con ello a una tarifaconsiderablemente más baja para los municipios menores si lo comparamos con el costo real de prestación y más cercana a la que actualmente tiene el Distrito de Barranquilla.

Nótese como algunos municipios requerirían para una operación viable económicamente costos de referencia de hasta $3,573 por m3 como en el municipio de Sabanalarga y de $8,172 para los municipios de la zona costera, en los cuales la operación es sumamente

Con este modelo tarifario Triple A S.A. E.S.P. puede asumir la operación de todo el departamento y contribuir con ello de forma decidida a los esfuerzos de recuperación y normalización que adelanta actualmente la Gobernación del Atlántico, manteniendo la suficiencia financiera, con costos razonables y alcanzables para la población de todos los municipios. Claramente el modelo de costo regional, permite efectivamente que se solucione de forma radical el problema de la prestación, con la solidez y experiencia de un operador especializado.

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La iniciativa de tarifas o costos regionales, posibilita viabilizar la operación de municipios pequeños POSIBLES DESVENTAJAS DEL MODELO Para hacer un análisis justo de la medida, sin duda es necesario evaluar posibles desventajas y básicamente se presentan tres situaciones: • El costo regional puede representar una medida que garantice la entrada sólo del operador de la región y en un momento dado cierra las puertas a otros operadores. Esta posibilidad fue debatida en diversos escenarios, ya que efectivamente restringe la entrada de otros operadores que no cuenten con la prestación del servicio en la urbe principal de la región. Sin embargo, el dilema se soluciona fácilmente por una sencilla razón: no hay amenaza a la libre competencia porque simplemente no hay competencia. En estos municipios ningún operador especializado tiene intenciones de entrar, luego por sí mismo, no existe competencia. El modelo lo que permite es la entrada al menos de un operador, con lo cual se soluciona el problema primario y

de mayor interés, que es el acceso a los servicios para todos. • Peligro de la señal económica de dar un precio inferior al costo real del servicio en un municipio pequeño. Si bien económicamente esta señal podría en teoría incentivar el consumo, la realidad del país es distinta y es que cada vez los usuarios demandan menos agua per cápita. De otra parte,debe decidirse entre dos escenarios: 1.- a través de un modelo regional, llevar agua a bajo costo a una población vulnerable, 2.- dejarlos por siempre sin servicio por los costos de operación. Resulta claro que el principio social obliga a que el criterio primario sea el bienestar de la comunidad.Es precisamente esa señal la que dan los subsidios que se otorgan en la actualidad, los cuales guardan aún más asimetría con la realidad de los municipios, puesto que los niveles de subsidios que se otorgan a sus habitantes no son consecuentes con los niveles de pobreza o de necesidad, solo obedecen a una combinación de recursos disponibles y voluntad

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política. En conclusión, éste riesgo no es significativo. • Incremento en las tarifas de las urbes principales de la región. Sin duda se genera un impacto sobre estos municipios, pero en las modelaciones realizadas, se pudo establecer que éste resulta mínimo en especial para los estratos bajos. Por ejemplo, en Barranquilla el incremento neto sobre el valor de la factura fue del 3%, considerándose prácticamente imperceptible. Además, debe anotarse que este esfuerzo en las urbes polo de desarrollo significa de alguna manera un aporte a la región, que estimula a que los habitantes de dichos municipios permanezcan en ellos, gracias a que tienen condiciones de vida saludable y digna, contribuyen decididamente a mitigar el crecimiento de los cinturones de pobreza. En conclusión, un esfuerzo que podría calificarse de pequeño, aporta de forma integral a todos los municipios de la región, tal como sucede con el servicio de energía eléctrica.

VENTAJAS COMO SOLUCIÓN Las ventajas de la aplicación del modelo de costo regional son: • Viabiliza las operaciones de municipios pequeños o zonas no interconectadas. • Permite acceso a tarifas bajas en sectores donde las características propias de la prestación pueden representar costos mayores. • Permite que los municipios tengan acceso a operadores consistentes, con músculo económico, know-how y capacidad técnico - operativa que demanda la prestación de los servicios bajo los estándares actuales. • Facilita las labores de análisis y seguimiento a los prestadores por parte de los entes de vigilancia y control, toda vez que se reduce el número de dichos prestadores y se cuenta en estas regiones con operadores especializados. • Se mejora el tema de salubridad en las regiones, al aumentar la cobertura de los servicios. • Se garantiza que las inversiones a realizar sean debidamente explotadas en beneficio de la co-

Un esfuerzo que podría calificarse de pequeño, aporta de forma integral a todos los municipios de la región, tal como sucede con el servicio de energía eléctrica.

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munidad y se tomen las acciones necesarias por parte del operador especializado para su operación, mantenimiento, reposición y expansión. Esto es vital para que se dé larga vida al esfuerzo económico del Gobiernoactual. • A los Alcaldes se le facilita el cumplimiento del deber constitucional de velar por la adecuada prestación de los servicios con un socio estratégico. • Apalanca el desarrollo del departamento.

MÁS ALLÁ DE LO HECHO HASTA AHORA En este punto, para materializar el modelo, consideramos en primer lugar que la CRA proceda con una reglamentación sintonizada con el espíritu de la norma y en segundo lugar que en los demás departamentos del país se hagan ejercicios semejantes para identificar nuevas posibilidades de integrar regiones en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

En una visión más amplia, sería necesario inclusive desarrollar áreas regionales de prestación del servicio de aseo, el cual también tiene una limitación de orden territorial. Actualmente existen áreas en las que definitivamente no es viable una prestación idónea del servicio, salvo que se piense en hacer integraciones semejantes a las aquí propuestas. De éste modo queda abierta la puerta a nuevas soluciones, que permitan apalancar el desarrollo del país a partir de esfuerzos regionales. Es claro que las subregiones con más desarrollo y las empresas de servicios públicos domiciliarios, en conjunto con el Gobierno y el Congreso, deben trabajar mancomunadamente para hacer que cada vez más colombianos disfruten de condiciones de vida digna, por lo menos en loque a nosotros compete, que son los servicios públicos domiciliarios.

En una visión más amplia, sería necesario inclusive desarrollar áreas regionales de prestación del servicio de aseo, el cual también tiene una limitación de orden territorial.

De Utili dad

La gestión de residuos peligrosos en Colombia La normatividad sobre la gestión de residuos peligrosos en Colombia ha tenido un acelerado y profundo desarrollo, lamentablemente no ha pasado lo mismo con la aplicación de la norma.

Autor: Jhon Jairo Martinez – Director Comercial y de Regulación Grupo SALA1. El autor es economista con maestría en análisis político y económico y en finanzas. Se ha desempeñado como Jefe de Regulación de la CRA y actualmente es el Director Nacional Comercial y de Regulación del Grupo SALA. 1

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Es innegable la evolución positiva de los indicadores principales de agua potable y saneamiento básico en Colombia; las coberturas, continuidades, y calidad en acueducto y las mejoras en el tratamiento en residuos sólidos muestran la efectividad del marco institucional, y de todos sus agentes, en el empeño del mejoramiento sectorial. No obstante lo anterior, quedan aún retos tan evidentes como las mejoras: la prestación en el área rural, el tratamiento de aguas residuales y el tratamiento de residuos peligrosos. Es en este último aspecto en el que nos centraremos en este artículo, empezando por algunos aspectos generales para luego pasar a algunas reflexiones normativas y a propuestas sobre la gestión de estos residuos.

do por el IDEAM, entre los años 2007 y 2008 se pasó de contar con 859 a 1.877 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos; los cuales reportaron, respectivamente, una producción de 120.980 y 74.570 toneladas2 (Figura 1). Para ambos años, dicha producción ha estado representada en un 63% (2007) y 68% por residuos en estado sólido y semisólido;

ASPECTOS GENERALES El Artículo 1 del Decreto 1713 de 2002 define los residuos peligrosos como aquellos cuyas “características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana..”

un 37% (2007) y 32% (2008) en estado líquido; y el porcentaje restante en estado gaseoso. Si bien estas cifras muestran una aparente disminución de los residuos peligrosos producidos, el IDEAM De acuerdo con el informe de IDEAM 2009, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) se encuentra en proceso de migración de la información de RESPEL al Sistema de Información Ambiental. 2

De acuerdo con el Sistema de Información Ambiental administra-

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plantea que las Corporaciones Ambientales tienen conocimiento de que ésta no es la realidad del país; razón por la cual dicha disminución en la producción reportada, seguramente refleja la alta tasa de informalidad en el sector, así como del desconocimiento por parte de algunos generados de las características peligrosas de sus residuos. En cuanto al manejo al que son sometidos éstos residuos, con base en las cifras de IDEAM se establece que para el año 2007 la mayor porción de los residuos registrados eran entregados a tratamiento3 (44%), seguidos por aprovechamiento (22%) y finalmente disposición y almacenamiento cada uno con el 17%. Para el año 2008, la balanza se inclina en mayor medida al aprovechamiento (39%), bajando el tratamiento al 33%, la disposición se mantiene en el 17% y el almacenamiento cae al 11%. Lo anterior puede indicar que los reportes provienen fundamentalmente de las fuentes que son incentivos en reuso, como los hidrocarburos, quedando por fuera un amplio abanico de generadores. Más allá de estas estadísticas, a la fecha el país no cuenta con información que permita establecer a que proporción del total de residuos gene-

rados corresponden estos datos de manejo técnico. En Residuos hospitalarios la situación no es muy diferente, el IDEAM reporta cerca de 11.130 ton en 2008, mientras que el Ministerio de la Protección Social estimó que esta producción debía ser hasta cinco veces superior4. Por otro lado, en cuanto a las empresas encargadas del tratamiento y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios y peligrosos5, para el año 2007, el 35,48% de los prestadores registrados no contaban con los permisos ambientales correspondientes; mientras que para el 2009 esta cifra disminuyó al 14,28%. Llama la atención el hecho de que 11 de los 72 receptores con licencia registrados en el reporte para el año 2009, la tengan vencida.

Definido por el artículo 3º del Decreto 4741 de 2005, como: “Tratamiento. Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los cuales se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de los mismos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización ó para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente”. 3

Política Nacional de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Peligrosos, 2005. 4

Reporte público del SUI “Manejo de residuos hospitalarios y peligrosos” realizado por las Corporaciones Autónomas. 5

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El IDEAM plantea que las Corporaciones Ambientales tienen conocimiento de que ésta no es la realidad del país; razón por la cual dicha disminución en la producción reportada, seguramente refleja la alta tasa de informalidad en el sector Asimismo, se identifica que el país pasó de contar con 26 hornos incineradores con licencia ambiental en 2007, a tener 21 en el año 2009; mientras que en permisos de otro tipo de manejo se ha evidenciado un crecimiento del 78%, al pasar de 23 a 41.

REFLEXIONES SOBRE EL MARCO NORMATIVO

La gestión integral de residuos peligrosos se define, desde el punto de vista legal, principalmente en tres normas6: - Ley 430 de 1998 y Ley 1252 de 2008: normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos - Ley 105 de 1993: Referente al transporte de mercancías peligrosas. Desarrollada mediante el Decreto 1609 de 2002. La primera de estas leyes se centra en tres aspectos: establecer los principios de la gestión de residuos peligrosos (RESPEL), en introducir el concepto de responPara hacer justicia a la verdad es necesario decir que la Ley 253 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989” es el origen legal del marco normativo colombiano en materia de residuos peligrosos. Si se habla de convenios internacionales ratificados por el Congreso se debe mencionar también la Ley 1196 de 2008 “Por medio de la cual se aprueba el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”. 6

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sabilidad extendida del productor (REP), y finalmente en adjudicar las responsabilidades de vigilancia y control. En cuanto a los principios, la Ley 430 de 1998 entra directamente en la línea de política pública que se practica en otros países para los RESPEL, es decir, privilegiar la minimización, la reutilización, el aprovechamiento y finalmente la eliminación. Vale decir, como se

tenga afectaciones sobre la salud humana o el medio ambiente debe responsabilizarse por su adecuado manejo hasta el final de la cadena de gestión. En cuanto a la vigilancia y control, la Ley asigna esta responsabilidad a las autoridades sanitarias y ambientales. Por su parte la Ley 1252 de 2008 desarrolla los conceptos de la Ley

En Residuos hospitalarios la situación no es muy diferente, el IDEAM reporta cerca de 11.130 ton en 2008, mientras que el Ministerio de la Protección Social estimó que esta producción debía ser hasta cinco veces superior verá más adelante, que la gestión de RESPEL en los diferentes países del mundo suele desarrollarse de la forma contraria puesto que los desarrollos en minimización y reutilización suelen tomar un tiempo mayor para consolidarse. La condición de la REP es sin duda uno de los pasos más determinantes de la ley, pues introduce en el marco normativo un importante concepto según el cual quien produce un residuo que

430, ratificando los principios de la gestión de estos residuos, introduciendo algunas definiciones, prohibiendo expresamente la disposición de los RESPEL en rellenos sanitarios que no estén destinados para tal fin, extendiendo el concepto de la REP a todos los agentes que tienen contacto con el residuo en la cadena de su gestión

Modificado parcialmente por los Decretos 1669 de 2002 y 41 26 de 2005 7

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(responsabilidad del generador, fabricante, importador, transportador y receptor) y siendo mucho más específico en las sanciones a imponer (administrativas, penales o disciplinarias) por la violación de las disposiciones del marco normativo sobre RESPEL. La Ley 1252 de 2008, en una redacción poco usual para una Ley, se refiere al Decreto 4741 de 2005, ya que este último contiene bases muy importantes para la gestión integral de los RESPEL al volver sobre los principios de la Ley 430 ya mencionados, incorporar principios de política pública, además de los planes de gestión integral

de residuos peligrosos, instrumentalizar la REP y crear el registro de generadores de RESPEL. Por su parte el Decreto 2676 de 20027 se refiere a la gestión integral de los residuos hospitalarios, las disposiciones de este decreto han sido instrumentalizadas en gran parte en la Resolución 1164 de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente. El resto del marco normativo se complementa con una serie importante de Resoluciones expedidas por el Ministerio de Ambiente o conjuntamente con el Ministerio

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de Protección social entre las cuales se puede destacar: - Resolución 062 de 2007. Sobre muestreo y análisis de RESPEL. - Resolución 1362 de 2007. Sobre registro de generadores de RESPEL. - Resolución 0693 de 2007. Sobre posconsumo de plaguicidas. - Resolución 0371 de 2007. Sobre posconsumo de medicamentos. - Resolución 0371 de 2007. Sobre posconsumo de baterías. - Resolución 058 de 2002 y 886 de 2004. Sobre límites a las emisiones de hornos incineradores y crematorios. - Resolución 909 de 2008. Sobre emisiones de fuentes fijas (incluye emisiones de incineradores). Como se puede observar el marco normativo de la gestión de RESPEL es relativamente completo, sin embargo se podrían introducir ajustes como:

- Centralizar en el Ministerio de Ambiente las licencias para hornos incineradores. - La reglamentación de transporte de RESPEL es incompleta ya que el Decreto 1609 de 2002 se refiere a transporte por carretera, dejando de lado el transporte en zonas urbanas. En el caso de los residuos hospitalarios este tema es abordado por la Resolución 1164 de 2002. - Es necesario expedir una norma general de transporte de residuos especiales en zonas urbanas eliminando las disposiciones particulares de las CARs y autoridades ambientales locales. La norma podría ser expedida por el Ministerio de Ambiente con base en las facultades otorgadas por el numeral 10 del Artículo 5º de la Ley 99 de 1993. - El resultado de los residuos hospitalarios tratados con tecnologías de esterilización deben ser llevadas a una celda de seguridad.

Se ha visto que existe ya un marco normativo fuerte, aunque con posibilidades de desarrollo, en torno a la gestión de los RESPEL en Colombia, pero deben tenerse en cuenta también las disposiciones sobre el mercado de estos residuos

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Lo anterior por lo siguiente: - El marco normativo contempla que las cenizas de los hornos incineradores (por la posible presencia de metales pesados) deben disponerse en celdas de seguridad; sin embargo los residuos hospitalarios una vez esterilizados pueden disponerse en rellenos sanitarios ordinarios. - No obstante lo anterior debe decirse que se tienen dudas serias sobre la efectividad de los tratamientos de esterilización en residuos hospitalarios, no por el efecto biológico o químico del tratamiento sino la forma en que este se realiza. - La esterilización, según la Resolución 1164 de 2002 está contemplada para los residuos biosanitarios, cortopunzantes y de animales, pero no para los anatomopatológicos (desactivación química) y en general cuando se trate de residuos con sangre o grasa. Pero la desactivación a través de esterilización no puede garantizar que las bolsas de residuos (que no pueden abrirse) no contengan estos residuos. - Por lo tanto no es verificable que se haya presentado la desactivación del residuo de forma correcta, corriendo el riesgo de llevar a rellenos sanitarios residuos que no han sido correctamente tratados.

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- Por lo anterior la normatividad debería ser más estricta en estos casos. Cabe también preguntar ¿Cómo se controla el manejo de los residuos líquidos producto de tecnologías como la autoclave?. - Los controles deben ser definitivamente más estrictos de modo que se dé cumplimiento a la normatividad ambiental. - En cuanto a las normas sobre incineradores y emisión de fuentes fijas (Resoluciones 058 de 12002, 886 de 2008 y 909 de 2009) se recomienda al Ministerio ser más exigente en cuanto a los requisitos de equipos de control de emisiones ya que muchos de ellos no

MINICEMS, dotados con sistemas autocalibrantes con gases certificados de acuerdo a los parámetros que se quieran monitorear. La tecnología a aplicar en los equipos debería ser la de Infrarrojo no disperso NDIR o Infrarrojo con transformada de Fourier NDIR - En cuanto al tratamiento de dioxinas, en busca del mejoramiento continuo de la emisión debería presentarse un programa de cambio del sistema de atrapamiento de dioxinas por uno de destrucción de dioxinas tal como la catálisis. El programa debería tener un plazo de implementación no mayor a 12 meses.

Para que el sistema sea eficiente, es necesario fortalecer la capacidad de las Autoridades Ambientales, los entes territoriales de salud y la Policía Ambiental, de manera que puedan realizar una eficiente vigilancia y control sobre los generadores de RESPEL. cuentan con la suficiente continuidad y precisión como para generar reportes confiables. - El cumplimiento de la exigencia en el monitoreo continuo, se debe realizar con equipos de tecnología avanzada tales como CEMS o

- Es necesario incrementar la capacitación sobre la norma a autoridades de salud, ambientales e incluso de tránsito y transporte Ahora bien, se ha visto que existe ya un marco normativo fuerte, aunque con posibilidades de desa-

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rrollo, en torno a la gestión de los RESPEL en Colombia, pero deben tenerse en cuenta también las disposiciones sobre el mercado de estos residuos. El marco normativo de la gestión de residuos peligrosos tiene intersecciones con el derecho de los servicios públicos domiciliarios. La Ley 689 de 2001 define el servicio de aseo como: “Servicio público de aseo. Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos.” “Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”. Nótese que en la definición del servicio público de aseo no se excluyen los servicios relacionados con RESPEL; sin embargo parece claro que estos no están sujetos a la regulación de precios por parte de la CRA ni a la vigilancia de la SSPD.

En el primer caso porque los RESPEL son objeto del servicio especial definido en el Decreto 1713 de 2002 como:

“Servicio especial de aseo. Es el relacionado con las actividades de recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona prestadora del servicio, de acuerdo con lo establecido en este decreto. Incluye las actividades de corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; la recolección, transporte, transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos originados por estas actividades; el lavado de las áreas en mención; y el aprovechamiento de los residuos sólidos de origen residencial y de aquellos provenientes del barrido y limpieza de vías y áreas públicas.” En virtud de lo anterior, y por efecto del Parágrafo 1 del Artículo 12 del mismo decreto, los precios serían pactados libremente entre el usuario y la persona prestadora. En el segundo caso (vigilancia y control) la Superservicios parecería excluida de esta competencia

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sobre los RESPEL desde la misma Ley 430 de 1998, esto ha sido ratificado por la Resolución SSPD 53645 de 2008, cuya exposición de motivos hace referencia a la normatividad especial de los RESPEL que explícitamente la excluye de la vigilancia y control; sin embargo, en la misma exposición de motivos la SSPD señala “Que tanto la vigilancia como el control sobre la adecuada prestación del servicio ordinario y el especial de aseo son de competencia de esta Superintendencia. Sin embargo, el servicio especial de aseo no incluye la gestión integral de los residuos peligrosos ni de los hospitalarios.” Parece en este caso haber una zona gris que debe ser aclarada, por lo que surgen las siguientes preguntas: - ¿Son los RESPEL principalmente sólidos objeto de la ley de servicios públicos?, es decir, ¿su manejo hace parte del servicio público de aseo? - ¿Si no lo son en virtud de que norma? - ¿Si lo son deberían clasificarse como residuos especiales? - Si son parte del servicio público de aseo pero no son residuos especiales ¿Su precio debería estar regulado?

El debate es aún más pronunciado si se tiene en cuenta lo expresado por la Ley 632 de 2000:

“Artículo 9°. Esquemas de prestación del servicio público domiciliario de aseo. Para la prestación de las actividades de recolección y transporte de los residuos ordinarios de grandes generadores, así como las de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento, disposición final de los residuos y operación comercial, los municipios y distritos, responsables de asegurar su prestación, podrán aplicar el esquema de la libre competencia y concurrencia de prestadores del servicio, en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.” “Para las actividades de recolección, transferencia y transporte de residuos generados por usuarios residenciales y pequeños productores, residuos patógenos y peligrosos, y para la limpieza integral de vías, áreas y elementos que componen el amoblamiento urbano público, los municipios y distritos deberán asegurar la prestación del servicio, para lo cual podrán asignar áreas de servicio exclusivo, mediante la celebración de contratos de concesión, previa 8

Rincón y Días, 2009

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Hay que entender que no basta con seguir extendiendo la norma, esta vez con instrumentos económicos, si éstos no son aplicables la realización de licitación pública, procedimiento con el cual se garantizará la competencia.” Nótese que la Ley contempla la posibilidad (como si hicieran parte del servicio de aseo) de que los servicios de recolección, transferencia y transporte de residuos patógenos y peligrosos sean asignados como áreas de servicio exclusivo. Sobre lo anterior vale la pena hacer las siguientes observaciones: - Las condiciones económicas de la recolección y transporte de RESPEL es muy diferente de la de residuos ordinarios. La primera se parece mucho más a servicios de logística y la segunda a servicios de transporte urbano. - En la recolección y transporte de estos residuos, por no presentarse las mismas condiciones de continuidad y densidad, no se haya razón para la asignación de monopolios (ASE), hacerlo es como en-

tregar un monopolio a una empresa distribuidora de mercancías. - No obstante, el mercado de la recolección y transporte de RESPEL debe organizarse a través de fuertes requisitos habilitantes que eviten que entren al mercado empresas que no manejen con responsabilidad los residuos. - ¿Porque razón la asignación de estos servicios a un potencial prestador debería estar relacionada con los procesos de ASE del servicio ordinario de aseo? - La estructura de precios de los servicios relacionados con RESPEL y las posibilidades de competencia no ameritan una regulación del precio. - Para respetar los principios anteriores y generar condiciones de confianza en los prestadores del servicio es necesario aclarar la relación de los servicios de RESPEL con la ley de servicios públicos.

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- Lo deseable sería que se aclarara que el manejo de estos residuos no pertenece a la categoría de servicio público en los términos de la Ley 142 de 1994, esto debido a que las condiciones del servicio están suficientemente reguladas por el marco normativo de la gestión integral de residuos especiales.

OBSERVACIONES PARA EL AUMENTO DE LA COBERTURA Y LA CALIDAD Fortalecimiento del principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). Entendiéndolo como un mecanismo de redistribución efectiva de los costos sobre el principio de quien contamina paga, dado que el costo para el consumidor incluirá los costos de producción y los costos de eliminación del producto. El cual a su vez debe complementarlo con el principio de responsabilidad diferenciada y compartida, lo cual

permite a las autoridades tener un mejor control del producto y los actores en cada uno de las etapas de su ciclo de vida. Vigilancia y Control. Como se ha visto la normatividad en materia de residuos peligrosos es amplia, pero en la práctica se ha evidenciado como gran debilidad la limitada capacidad de las autoridades ambientales para realizar los seguimientos y control a planes y normas. Para que el sistema sea eficiente, es necesario fortalecer la capacidad de las Autoridades Ambientales, los entes territoriales de salud y la Policía Ambiental, de manera que puedan realizar una eficiente vigilancia y control sobre los generadores de RESPEL. Es necesario que el Estado logre avanzar en la identificación de todos y cada uno de los generadores de RESPEL, de manera que pueda realizarse una adecuada planeación de los demás niveles

Es necesario que el Estado logre avanzar en la identificación de todos y cada uno de los generadores de RESPEL, de manera que pueda realizarse una adecuada planeación de los demás niveles de la cadena de gestión

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de la cadena de gestión, esto es: generación, aprovechamiento, almacenamiento, recolección, desactivación, transporte, valorización, tratamiento y disposición final. Debe tenerse en cuenta en este punto que si bien la política pública está correctamente orientada al buscar privilegiar la minimización y la reutilización para que ocupen la mayor parte de la pirámide, es importante notar que en la mayoría de países donde se han implementado estas políticas la pirámide inicial se muestra invertida. Esto sucede porque la política debe centrarse con inmediatez en detener el problema de la contaminación creciente por inadecuado manejo de los residuos peligrosos, al tiempo que consolida gradualmente la minimización y el reuso. Sobre esto vale la pena decir que la urgencia de normalizar la gestión de residuos peligrosos aún es patente, para esto basta con mencionar algunos de los hechos que fueron noticia hace sólo dos años8 : - Abandono de residuos en lotes baldíos en Barranquilla, Corozal, Montería, Duitama, Arjona entre otros - Residuos generados en Medellín que aparecen en Barranquilla

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- Irregularidades en el transporte de RESPEL en Antioquia - Bodegas de reciclaje con residuos hospitalarios en Medellín, Dosquebradas e Ibagué - Crisis sanitarias en San Andrés por RESPEL Estos son sólo algunos casos tipo punta de iceberg que muestran el lamentable estado en el que aún se encuentra este servicio por cuenta de la falta de cumplimiento de la norma por parte de los agentes relacionados con la cadena de gestión del residuo, como por deficiencias en la vigilancia y control. Instrumentos Económicos para la Responsabilidad Extendida del Productor. La responsabilidad extendida del productor (REP) se implementa a través de instrumentos políticos, administrativos, informativos y financieros. Estos últimos se constituyen en el pilar fundamental del instrumento, toda vez que dependerá de las distribuciones de los costos asociados a gestión, en pro de una aplicación efectiva del principio de quien contamina paga. Ejemplos de estos instrumentos están los impuestos a los materiales y productos que contengan ciertos RESPEL, subsidios, sistemas de tarifas de disposición final de pago anticipado, sistemas de depósito-reintegro, combinación

de impuesto/ subsidio para actividades upstream, créditos para el reciclaje. No obstante, aunque deseables, hay que entender que no basta con seguir extendiendo la norma, esta vez con instrumentos económicos, si éstos no son aplicables. Existe una deuda enorme de las autoridades encargadas en relación con el manejo de residuos peligrosos, por lo que lo deseable sería aplicar lo ya existente para así poder pasar a políticas más complejas.

BIBLIOGRAFÍA - CEPAL, 2003. Servicios públicos urbanos y gestión local en América Latina y el Caribe: problemas, metodologías y políticas. Ivonne Antúnez y Sergio Galilea O. Septiembre de 2003. Serie Medio Ambiente y Desarrollo Nº 69. - Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2008. CONPES 3530 “Lineamientos Y Estrategias Para Fortalecer El Servicio Público De Aseo En El Marco De La Gestión Integral De Residuos Sólidos”, 23 de junio de 2008. - Departamento Nacional de Planeación, 2010. http://www.dnp. gov.co/PortalWeb/Programas/ViviendaDesarrolloUrbanoAmbiente/

AguaPotableySaneamientoBásico/ tabid/238/Default.aspx - IDEAM, 2010-A. El registro de generadores: Un instrumento de captura de información para fortalecer la Gestión ambiental de residuos peligrosos en Colombia. Información capturada en el período de balance 2008 con corte a 31 de diciembre de 2009. - IDEAM, 2010-B. El registro de generadores: Un instrumento de captura de información para fortalecer la Gestión ambiental de residuos peligrosos en Colombia. Información capturada en el período de balance 2008 con corte a 31 de Marzo de 2010. - IDEAM, 2009. El registro de generadores: Un instrumento de captura de información para fortalecer la Gestión ambiental de residuos peligrosos en Colombia. Información capturada de los Períodos de balance 2007 y 2008 con corte a 15 de octubre de 2009. - Lund University, 2008. La responsabilidad Extendida del Productor en el Contexto Latinoamericano. International Institute for Industrial Environmental Economics. - MERPD, 2005. Misión para el diseño de una estrategia para la reducción de la pobreza y la desigualdad, “Pobreza y servicios públicos domiciliarios”, DNP, Santa Fe de Bogotá.

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- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 2002-A. Decreto 2676 de 2004 “Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares”. - Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, 2002-B. Resolución 1164 de 2002 “Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares”. - Rincón y Díaz, 2009. Alcances de la gestión de Residuos hospitalarios en el país. Avances normativos en la materia. En: RÉGIMEN JURÍDICO Y AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS. Universidad Externado de Colombia. Octubre de 2009. - Universidad Externado de Colombia. Régimen Jurídico y Ambiental de los Residuos Peligrosos. 2009

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@ctua lidad Servicios públicos en el universo de las TIC

Es necesario enfatizar que el desarrollo tecnológico de las empresas debe trascender distancias geográficas rurales y urbanas, simplificar la vida cotidiana descongestionando el tiempo habitualmente asumido en los “trámites”, generalizar la percepción de transparencia y buen gobierno, y en síntesis, mejorar la calidad de vida de la comunidad, en general, y de sus miembros, en particular. Las ventajas de aprovechar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todas sus modalidades. Por Fernando Panesso Serna Consultor Expresidente de la ETB y de EPM Bogotá

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La rápida evolución de un mundo presencial y análogo hacia un universo virtual y digital representa un reto para todos los agentes sociales. Obligados a trascender sus ámbitos inmediatos, necesitan prepararse para la inserción en un ambiente global, el ejercicio de prestaciones y servicios en tiempo real, la operación en la doble vía que convierte a empresas y a clientes en comunidad y red social, y la aplicación de los mejores preceptos que han permito migrar la práctica en línea, de la usabilidad a la experiencia de usuario. Es una condición de supervivencia en las condiciones de masificación de las oportunidades, de urbanización creciente y de un auge tecnológico asociado a la innovación, que atravesará y transformará las vidas personal y pública. Es preciso señalar que la atención al desarrollo de las TIC no implica el desprecio por otros medios presenciales o semipresenciales de contacto con el ciudadano. Sobre todo en países de asimetría tecnológica y desigualdad social y económica como Colombia. El

éxito de una empresa reside en la forma acertada cómo asume la transición, no en la eliminación instantánea del universo real. La fórmula exitosa está en la combinación adecuada de recursos para atender personalmente en centros de servicio, a través del contacto telefónico, a través de la web y mediante el empleo de los teléfonos móviles, la televisión interactiva, que abren una perspectiva interesante de relación en casos de daños, fraudes y anuncios urgentes. Todo lo anterior, sin duda, depende de las TIC, y de apremiar no sólo su desarrollo cuantitativo sino su adecuada relación con el navegante, cualquiera que sea su nivel de alfabetización digital. Es también claro precisar, como lo ha entendido Colombia en su experiencia de Gobierno en Línea, que los asuntos públicos deben prestar especial atención a las TIC. Hay muchas razones para ello: trascender distancias geográficas rurales y urbanas, simplificar la vida cotidiana descongestionando el tiempo habitualmente asumido en los “trámites”, desmitificar

El éxito de una empresa reside en la forma acertada cómo asume la transición, no en la eliminación instantánea del universo real.

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Es también claro precisar, como lo ha entendido Colombia en su experiencia de Gobierno en Línea, que los asuntos públicos deben prestar especial atención a las TIC. la relación con el Estado y sus entidades, generalizar la percepción de transparencia y buen gobierno, y en síntesis, mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y de sus miembros, en particular. En el cumplimiento de ese cometido, hay sectores pioneros, obligados por su peso en el funcionamiento de la sociedad como colectivo. Cabe mencionar la salud y la educación, el gobierno, y los servicios públicos, en fases que, como bien lo ha definido el programa de Gobierno en Línea, comprenden la información, la interacción, la transacción y la transformación, todas las anteriores inherentes a un sentido de Democracia, y de nueva sociedad, transformada por las posibilidades tecnológicas y su apropiación por parte de todos sus integrantes. Se propone considerar, entonces, otros niveles de relación, que trasciendan con eficacia y eficiencia el contacto primario, pero fundamental en la noción de calidad de vida, relacionado con el servicio.

Para ello, se plantea la creación de un modelo de públicos de interés y se enfatiza la necesidad de desarrollar la comunicación en doble vía, aprovechando especialmente la facilidad que brinda el recurso de la movilidad, apoyada crecientemente en Internet.

MÁS ALLÁ DE LAS PÁGINAS WEB En una muestra aleatoria de afiliados a Andesco, se pudo inferir que el requisito básico de presencia en la web, como es el portal o página, ha sido superado con relativo éxito por buena parte de las empresas de servicios públicos y comunicaciones. Filtradas mediante el modelo establecido para este propósito, la mayoría cumple con los requisitos de información y consulta, algunas intentan propuestas de pedagogía y alfabetización digital, y también hay casos sobresalientes de transparencia documental y seguimiento detallado de sus procesos contractuales. Se nota un menor avance colecti-

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vo en el ejercicio de la doble vía, en las transacciones y en el uso de las redes sociales y del recurso de la movilidad. Hay una especial ausencia del aprovechamiento en tiempo real, que como lo denota la experiencia del Ideam, en el invierno feroz que ha azotado al país, puede llevar a la salvación de vidas, a movilizar a los ciudadanos para prevenir la tragedia. Esa aproximación a un diagnóstico no es una declaratoria terminal. Por el contrario, busca llamar la atención sobre el abierto mundo de posibilidades que existen para las empresas de servicios públicos y comunicaciones, si se apoyan adecuadamente en las TIC. El modelo propuesto considera tres instancias:

El cliente tiene una relación contractual con la empresa y su bienestar depende de la adecuada prestación del servicio. Este comprende no sólo la conexión adecuada de gas, energía, servicios de telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, y la recolección de residuos sólidos. También atañe a la realidad que la factura se ajuste a sus consumos –y que la cuantía de ésta sea fácilmente obtenible y cómodamente pagable--, que sean atendidos oportunamente sus Peticiones, Quejas y Reclamos –-con un claro proceso de seguimiento que pueda monitorear fácilmente--, y que pueda reportar en tiempo real desde daños hasta robos de infraestructura, con respuestas y soluciones igualmente dadas en la unidad temporal propia de nuestro tiempo y determinante del futuro: el instante.

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El cliente puede indagar información general de la empresa. Desde las características de la prestación del servicio –-redes y su estado, presencia en la ciudad o en el país, cuidados referentes a los aparatos adquiridos, entre otros-hasta su vida económica y fiscal. También el cliente puede indagar información general de la empresa. Desde las características de la prestación del servicio –-redes y su estado, presencia en la ciudad o en el país, cuidados referentes a los aparatos adquiridos, entre otros-- hasta su vida económica y fiscal. Este último punto configura la noción de transparencia, cada vez más necesaria y obligatoria. Y la de Responsabilidad Social Corporativa. Debe ser actual, fácil de acceder y útil, conceptos que desarrollaremos más adelante. También resulta propicio que considere su expresión en idiomas más universales, como el inglés, inicialmente sin desconocer la penetración en otras lenguas y culturas.

no son necesariamente clientes de una empresa, puedan acceder a una información común, creadora de comunidad. También deben tener la capacidad de conocer, y de reportar, daños, actividades de reparación que los puedan afectar (cortes), etc. La comunidad que rodea a una empresa de servicios públicos que va prestar un servicio en su zona es un stakeholder importante. Cuando existe un mantenimiento, como por ejemplo la instalación de acueducto en una calle, los únicos afectados no son los clientes sino también todos los que usan esa vía o zona. Esta comunidad también se puede convertir en un aliado de la empresa para reportar robos de infraestructura, por ejemplo.

El segundo nivel corresponde a la vida comunitaria. Incluye clientes y no clientes o si se quiere en un lenguaje más normativo, usuarios. Debe permitir que quienes

Por último, la empresa debe tener una posición global. Corporativa y de producto. Y así debe adelantar pedagogía del servicio y alfabetización digital. La pedagogía puede

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ser un componente importante para un impacto transformador de los usuarios. Mostrar unas buenas prácticas en el uso de un servicio empodera desde el cliente hasta el interesado en saber cómo funcionan las cosas.

Ahora bien, ningún nivel es excluyente. Por el contrario todos se comprenden y la información se moviliza y permea a través de ellos (Ver recuadro).

TIPO RELACIÓN ACTIVIDADES VÍA Cliente Servicio Información general DOBLE Consulta Transacción - Empresa - Entidades bancarias - Lugares - Fechas Prestación - Instalación - Cortes - Mantenimiento - Daños - Robo infraestructura PQR - Presentación - Seguimiento Ciudadano Comunitaria Corporativa DOBLE - Cliente - Transparencia - Creación de comunidad - No cliente RSE Habitante Global Presencia Corporativa DOBLE De Producto Pedagogía del servicio Alfabetización Digital Doble

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LA EXPERIENCIA DEL USUARIO Una vez establecidos estos criterios respecto al contenido de la pĂĄgina, es necesario pasar a una faceta relacionada con la experien-

cia que percibe el usuario al navegar. Para ello, vamos a apoyarnos en la propuesta de Peter Morville1, quien relaciona el contenido, el contexto y el usuario a travĂŠs de su conocido Panel de Morville:

El interesante trabajo de Morville se puede apreciar en http://semanticstudios.com y http://findability.org/ 1

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Mostrar unas buenas prácticas en el uso de un servicio empodera desde el cliente hasta el interesado en saber cómo funcionan las cosas. Útil: Se puede entender como la utilidad que tiene el sitio para el usuario, la capacidad de responder a sus necesidades.

Creíble: Indica la necesidad de un portal de mostrar elementos que lo muestren creíble y confiable ante los usuarios.

Usable: Relacionada con la facilidad de uso, depende estrechamente de la aplicación de los conceptos de la ciencia de la Interacción Persona Ordenador.

Valioso: Un sitio debe desarrollar valor para quien lo patrocina y para el usuario que lo visita. Un sitio será más valioso para el usuario en la medida en que ofrezca valores agregados.

Deseable: Relacionada estrechamente con el diseño emocional. Un sitio deseable como producto de la eficiencia en armonía con la imagen, lo gráfico y el manejo de marca. Encontrable: Se refiere a la capacidad de un sitio de ser navegable, y ser encontrado. Los usuarios deben poder encontrar los elementos que responderán a su necesidad. Accesible: Para un sitio será importante tratar de garantizar el acceso a la mayor cantidad de personas en la mayor cantidad de contextos.

La web de hoy es una web que ha buscado responder mejor a quien la usa, y que hace de ella una forma de vida. El Panel de Morville es un ejemplo claro de cómo se ha transformado el modo en que se crean los sitios web de hoy. Se debe pensar en cómo lo va a experimentar el usuario. Todos los componentes del panel son importantes pero sobresale el de “Valioso”. Los otros son una forma de llegar a éste. Si un usuario navega a través de un sitio y puede encontrar información, es creíble, la puede usar, pero no le genera valor, esa información no tiene sentido de que exista en ese sitio.

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LAS TIC Y REDES SOCIALES Es claro que hay una dinámica en la oferta de los operadores, fijos y móviles, en el tema de la conexión a internet. Es destacable, que los operadores afiliados a ANDESCO son los líderes en ofrecer en el país el servicio de Banda Ancha y Conexión a Internet. Con respecto a la movilidad, en el Informe de Conectividad divulgado por MinTic, correspondiente al cuarto trimestre de 2010, se nota una importante penetración de la movilidad en Colombia. A diciembre de 2010, Colombia alcanzó un total de 44.477.653 abonados

nes frente a sus clientes, puede manejarse más eficientemente, a través de una adecuada interacción con elementos de las TIC, como móviles, televisión interactiva, computador. Si se tiene en cuenta que casi cada colombiano cuenta con un aparato móvil, y que cada vez hay más computadores en el hogar y televisores que puedan ser interactivos, su utilidad es altísima en términos de avisos, recordatorios, llamados, incluso para ser utilizado en situaciones como el actual invierno, donde otras formas de contacto son interrumpidas por la carencia de energía o la pérdida de lugares de contacto y comunicación.

El tiempo real de las empresas de servicios públicos y comunicaciones frente a sus clientes, puede manejarse más eficientemente, a través de una adecuada interacción con elementos de las TIC

de Telefonía Móvil, con un crecimiento del 2,5% con respecto a septiembre de 2010. Esta cifra equivale a 97,74 abonados por cada 100 habitantes. De éstos, hay 1.708.633 suscriptores con acceso a Internet. El tiempo real de las empresas de servicios públicos y comunicacio-

La experiencia del Ideam, que rediseñó su portal para ofrecer más servicios que correspondieran a la necesidad de información determinada por los eventos climáticos, ha sido reconocida. El columnista Guillermo Santos Calderón destacó así la innovación establecida en el uso de los celula-

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res: “Informar a personas que no tienen Internet, especialmente de zonas rurales, se convirtió en un proyecto muy importante para el Ideam. Como solución exitosa, se les está enviando por mensaje de texto a sus celulares datos relevantes que les permiten enfrentar los problemas climáticos y sus consecuencias” 2. No solamente el tema son mensajes de texto en los móviles, o hacia el futuro televisión interactiva, entre otros. Incluso el tema de banca móvil también ya es una realidad que cambiará la interacción de los clientes con las entidades financieras. Un estudio de la empresa consultora Deloitte, referido al desempeño de la banca estadounidense, arroja interesantes resultados. El costo de procesar una transacción a través del teléfono móvil puede ser hasta 10 veces menor que mediante un ATM y tanto como 50 veces me-

“Reconocimiento al Ideam”, Guillermo Santos Calderón, El Tiempo, 09.05.2011 2

“Un banco con una media de 100 sucursales y 250 cajeros automáticos, y un depósito medio diario / volumen de retiro de 165 operaciones de sucursales y 65 transacciones en cajeros, podría llegar a ahorrar cerca de 5 millones de dólares al año, si fuera capaz de convertir 20% de esas operaciones a su canal móvil”. Fuente: “El celular puede pagar todo”, Portafolio, 7 y 8.05.2011. 3

Se adelanta la licitación del Proyecto de Fibra Óptica que conectará 700 municipios del país. 4

nor que a través de una sucursal3. Con seguridad cuando la penetración de la televisión interactiva sea mayor, los avances serán aún mayores. Vale la pena señalar, a modo de síntesis, que deben las empresas de servicios públicos y comunicaciones sintonizarse con el Estado en su afán de mejorar la vida digital de los colombianos. El Plan Vive Digital tiene metas claras para que los habitantes, en cualquier ciudad y rincón del país, mejoren sus condiciones de vida a través de las TIC. Se va a promover el desarrollo de contenido, la alfabetización digital, el aumento del número de computadores, la proliferación de canales de Banda Ancha4, la regulación de los sitios públicos de acceso a Internet y la creación de Telecentros, como lugares de convivencia de posibilidades tecnológicas para todos los ciudadanos. Como se refirió al comienzo de esta nota, lo señalado aquí difiere esencialmente de un diagnóstico de pesimismo para las empresas de servicios públicos y comunicaciones colombianas o multinacionales que operan en nuestro país. Es por el contrario, una invitación de asumir el reto del desa-

rrollo de las TIC, a partir de las buenas experiencias realizadas. El futuro nos espera a todos, pero parafraseando la ranchera: hay que llegar primero, ojalรก, y hay que saber llegar.

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Desarrollo del debate sobre neutralidad de Red en Europa y Estados Unidos:

Lecciones para aprender en Colombia

El debate sobre la Neutralidad de Red o Neutralidad en Internet, como se ha llamado según el Artículo 56 del Proyecto de Ley del Plan de Desarrollo, cumple ya más de cinco años tanto en la Comunidad Europea como en los Estados Unidos, sin que hasta ahora se vislumbre un conceso o punto final. Es más, en ninguno de los países Europeos ni en los Estados Unidos, se ha estado cerca de promulgar una norma sobre este tema. En la actualidad, solamente Chile cuenta con una norma en este sentido, la cual fue el producto de un análisis profundo de los últimos tres años. En esencia la discusión sobre la Neutralidad de Red, se puede definir como la forma de encontrar

el balance entre las posibilidades que tiene los operadores de redes y servicios de ofrecer paquetes comerciales libremente, entre los cuales existen unos con niveles de calidad del servicio garantizados, y los proveedores de contenidos y servicios en línea que demandan el total acceso, al menor precio, a los usuarios. Adicionalmente este balance se debe encontrar en el entorno de una Internet que cambia diariamente en relación con su tecnología y modelos de negocio, y donde actúan una multiplicidad de jugadores. Específicamente en relación con la tecnología, se advierte que debido al aumento exponencial de capacidad de transporte por la demanda de servicios nuevos como IPTV y

La Neutralidad de Red, se puede definir como la forma de encontrar el balance entre las posibilidades que tiene los operadores de redes y servicios de ofrecer paquetes comerciales libremente.

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Video por Demanda, es necesario implementar medidas para prevenir la congestión de las redes. Desafortunadamente, las inversiones en adecuación, aumento de capacidad y actualización de redes tienen un ritmo más lento que la demanda de tráfico en las redes, razón por la cual es necesario que los operadores de redes y servicios tengan que implementar técnicas de priorización de tráfico. Esta priorización o restricción mal entendida se puede confundir con discriminación. La Comisión Europea le asigna gran importancia al carácter abierto y neutral que debe tener la red, para proteger la justa competencia y generar beneficios tangibles a los consumidores finales. Bajo esta óptica, y de acuerdo con el marco regulatorio procompetitivo de la Comunidad Económica Europea, los consumidores finales tiene la posibilidad de tener un abanico amplio de proveedores de redes y servicios, que en el caso del mercado desregulado existente en los Estados Unidos no se da. Aunque hoy no existe una ley especifica en relación con la Neutralidad de Red, se establece como un principio regulatorio proteger la garantía que tiene los usuarios finales de acceder y distribuir información y correr aplicaciones y

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servicios de su escogencia. Adicionalmente, se establece que cuando no existe competencia en mercados específicos, que permitan salvaguardar la apertura y la neutralidad de red, los entes reguladores nacionales tiene el poder de intervenir, mediante la definición de requerimientos mínimos de calidad del servicio para la transmisión de servicios de red, con el fin de prevenir la degradación del servicios o la obstaculización o disminución de la velocidad del trafico.

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Igualmente importante, los consumidores europeos actualmente se benefician de los requerimientos de transparencia establecidos en la Directiva de Servicio Universal, en el sentido de que una vez se hayan suscrito a un servicio, en caso de un cambio posterior a las condiciones pactadas inicialmente, este consumidor deberá ser informado de cualquier tipo de medida que tomen los proveedores de redes y servicios, para modificar o influenciar el trafico sobres las

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la Comunidad Económica Europea, los consumidores finales tiene la posibilidad de tener un abanico amplio de proveedores de redes y servicios, que en el caso del mercado desregulado existente en los Estados Unidos no se da. redes que utilizan incluyendo: i) condiciones que limiten el acceso y/o uso de servicios y aplicaciones, ii) procedimientos o condicionamientos que el proveedor de redes y servicios establezca para modificar o medir el trafico con el fin de evitar el sobre uso de los enlaces de red y como esto impactan la calidad del servicio. Como se aprecia, las medidas establecidas reconocen la necesidad de realizar gestión de los tráficos sujetos a requerimientos de transparencia. Sin embargo, se establece que esta gestión de tráfico está condicionada a respetar los derechos fundamentales de los usuarios finales y establece la revisión judicial como una garantía y prioridad, así como el derecho a la privacidad. En la actualidad este tema se sigue debatiendo y como resultado del compromiso alcanzado entre el Parlamento Europeo y el Con-

sejo de Ministros pasado realizado en noviembre de 2010, la Comisión Europea realizó una declaración formal del reconocimiento de la importancia de preservar el carácter abierto y neutral de la Internet, teniendo en cuanta la voluntad de los legisladores para consagrar la neutralidad de red como un objetivo de política y regulación que debe ser promovido por las autoridades nacionales de reglamentación. Mientras tanto, la Comisión supervisará el impacto del mercado y la evolución tecnológica en su reporte periódico “Libertades de Red” reportando al Parlamento y al Consejo Europeo, si se requieren medidas adicionales y hacer uso de sus facultades de control a la competencia para hacer frente a cualquier práctica anticompetitiva que puedan surgir. Para el caso de los Estados Unidos, fundamentalmente el deba-

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te no está relacionado con si las redes deben ser gestionados o no, sino más bien sobre cómo deben ser gestionadas y quien debería decidir lo que es razonable. Hasta el momento, el gobierno no ha adoptado ninguna regulación en esta materia, prefiriendo proceder con cautela para hacer frente a situaciones que puedan surgir sobre la base de caso por caso. Mientras que el gobierno se ha comprometido a mantener un Internet abierto, está avanzando con el despliegue de la verdadera Banda Ancha en el país mediante la inversión de más de $7.000 millones de dólares. El tema de Neutralidad de Red inicialmente se empezó a debatir desde mediados de 2002 cuando la FCC estableció las reglas sobre la Banda Ancha Inalámbrica, y estableció como principio, fomentar el despliegue de la Banda Ancha y preservar y promover la naturaleza de libre conexión y apertura de Internet. Adicionalmente la FCC llegó a la conclusión de que los consumidores tienen derecho

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al acceso a contenido legal, aplicaciones, servicios y a conectar equipos terminales a la red, de su elección, dentro de una oferta de servicios, contenidos y redes en competencia. Pero solo hasta 2006 la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission – FTC) creó un grupo específico para el estudio de los temas relacionados con acceso a internet y neutralidad de red, y un año después la FCC estableció su propio grupo de investigación en temas relacionados con la gestión de red y en junio de ese años se presento como conclusiones del estudios la necesidad proceder con cautela en ente tema por parte de las entidades encargadas de desarrollar la política. A partir de 2008 se presentan varios casos específicos relacionados con la violación de los principios adoptados por la FCC y FTC. El más significativo de estos casos fue el relacionado con la interferencia realizada por un proveedor

La Comisión Europea realizó una declaración formal del reconocimiento de la importancia de preservar el carácter abierto y neutral de la Internet

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En cuanto al proceso que se ha desarrollado en Colombia, vemos que este tema ha sido tratado por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones desde el año pasado, y existe la necesidad de dar un debate más amplio sobre el tema de Banda Ancha que bloqueaba tráfico peer-to-peer. La FCC llegó a la conclusión de que este operador incurría en prácticas de discriminatorias entre las aplicaciones de Internet y protocolos en lugar de tratar a todos por igual. Por otra parte, la FCC concluyó que la omisión de divulgar estas prácticas por parte de operador, a los consumidores no era razonable, pero reconoció que medir y limitar las velocidades de conexión son métodos razonables de la gestión congestión de la red. Como medida final, la FCC ordenó a la empresa presentar un plan de transición hacia un manejo no discriminatorio de gestión de red. Durante los últimos años el debate al interior de los Estados Unidos ha cambiado partiendo de la discusión sobre, si alguna forma de priorización de tráfico y/o gestión de red es de hecho discriminatorio, a una aceptación general de que existe una legítima necesidad para un uso razonable prácticas de gestión de red. Existe un acuerdo

generalizado en los Estados Unidos que dar prioridad al tráfico para habilitar las aplicaciones en tiempo real y proporcionar calidad de servicio es permisible siempre y cuando se realice sobre la base de mediciones y observaciones válida del comportamiento del tráfico en la red. Dentro de este acuerdo generalizado se entiende que las empresas prestadoras de redes y servicios tiene el derecho de administrar sus redes con el fin de tener protección contra la actividad ilegal. En cuanto al proceso que se ha desarrollado en Colombia, vemos que este tema ha sido tratado por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones desde el año pasado, y existe la necesidad de dar un debate más amplio sobre el tema. Como resultado de los debates tanto en Europa como en los Estados Unidos es claro que dada las condiciones técnicas de las redes y su capacidad de transporte limitada, los operadores de redes y servicios deben conservar

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sus función de gestionar las red con el fin de garantizar un trato igual entre usuarios iguales, dentro de un marco de transparencia e información veraz y completa a los usuarios. Introducir dentro de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo una copia textual de la reciente Ley Chilena, eliminando específicamente el siguiente texto: “Con todo, los concesionarios de servicio público de telecomunicaciones y los proveedores de acceso a Internet podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red, en el exclusivo ámbito de la actividad que les ha sido autorizada, siempre que ello no tenga por objeto realizar acciones que afecten o puedan afectar la libre competencia”, tendrá efectos adversos para el desarrollo de las políticas del gobierno plasmadas en el Plan Vive Digital, desincentivando a los operadores de redes y servicios a realizar las inversiones necesarias para poder lograr tener al final de la presente administración los 8.8 millones de acceso a internet.

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El espectro radioeléctrico y los servicios 4G Luis A. Espitia R.

Desde la misma Constitución Política de Colombia se reconoce la importancia del espectro electromagnético para nuestro Estado, nuestra sociedad, nuestra economía y para el desarrollo social. Parte esencial del espectro electromagnético es el espectro radioeléctrico, recurso muchas veces citado y nombrado y al que se le debe dar una gestión adecuada y óptima, pasemos en consecuencia a entender que es y como se debe dar esa “adecuada gestión”. Según la UIT “la Gestión del Espectro es la combinación de los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para garanti-

zar la utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones y la explotación de los sistemas radioeléctricos sin causar interferencia perjudicial” En la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones CAMR-92 de la UIT, se asignaron las bandas 1.885 a 2.025 MHz y 2.110 a 2.200 MHz para ser utilizadas a nivel mundial por las IMT. Estas bandas se conocen como el par 1.9/2.1 GHz. Posteriormente en el año 2000 se identificaron adicionalmente para las IMT- 2000 las bandas 806 a 960 MHz, 1.710 a 1.885 MHz y 2.500 a 2.690 MHz.

la Gestión del Espectro es la combinación de los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para garantizar la utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas por todos los servicios de radiocomunicaciones

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Tecnologías como UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE, entre otros logran velocidades superiores a 2MBps, las cuales tienen mayores requerimientos de espectro radioeléctrico. En el CMR-07 se identificaron las bandas 450 a 470 y 698 a 806 MHz para al Región 2 Américas y nueve países de la Región 3, 790 a 862 MHz para la Regiones 1 y 3 y 2.300 a 2.400 MHz. En este contexto, se plantean velocidades de acceso crecientes, hasta 30Mbps en el caso de sistemas IMT-2000, hasta 100MBps en sistemas móviles posteriores a IMT-2000 y de 1Gbps en sistemas nomádicos y de baja movilidad.

CASO COLOMBIANO Asignación de las bandas de 1900MHz, 1700-2100 MHz, y 2500 MHz. Se ha entendido en nuestro contexto nacional que el desafío para los sistemas inalámbricos es la convergencia de los servicios de voz de alta calidad, con los servicios multimedia interactivos tales como: servicios de video conferencia, video bajo demanda, videojue-

gos y distintas aplicaciones que requieren interactividad en tiempo real. Por lo tanto, es necesario que los proveedores implementen nuevas tecnologías o desarrollen mejoras sobre su red para poder cubrir estas necesidades Tecnologías como UMTS, HSDPA, WiMAX, LTE, entre otros logran velocidades superiores a 2MBps, las cuales tienen mayores requerimientos de espectro radioeléctrico. Paralelo a ello, se requiere portadoras de 2 x 20 MHz para tener la máxima eficiencia y velocidad que estas tecnologías pueden brindar, no sin antes advertir que para las primeras fases de implementación se puede utilizar portadoras de 2 x 5 MHz, que corresponde al ancho mínimo de canal requerido para su funcionamiento. Pero no solo el espectro radioeléctrico es la clave de este nuevo escenario tecnológico, también tienen fundamental papel el número de radiobases instaladas con-

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forme a la configuración de la red del proveedor, afortunadamente para nuestro caso colombiano, este número ha venido en constante aumento en los últimos años, pese que la instalación en varios municipios del país ha tenido una serie de limitantes normativos. En 2008, las empresas de servicios móviles terrestres, tuvieron un incremento de numero de radiobases de 40,7%, en 2009 de 29,8% y en 2010 de 13,4%, entendiendo esta desaceleración en la reducción de la capacidad de inversión de los proveedores y las mayores limitantes a la instalación de nuevas radiobases. En la actualidad, y en virtud del Plan Vive Digital, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con la asesoría de la Agencia Nacional del Espectro -ANE-, dio inicio al proceso de asignación de 30MHz de espectro radioeléctrico en la banda de 1900 MHz.

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En este marco, se presentó el borrador de resolución con las condiciones de participación para el proceso de asignación en la comentada banda mediante la modalidad de subasta. El permiso de uso del espectro se otorgará por un periodo de 10 años, generando unos ingresos para la Nación de 94 millones de dólares aproximadamente, a ser cancelados en dinero y conectividad para escuelas. A finales de 2011 se tiene presupuestado dar inicio al proceso de asignación en las bandas de 1700 – 2100 MHz y en la de 2500 MHz, asignadas a su turno por subasta durante el primer semestre del año 2012.

ALGUNOS CASOS INTERNACIONALES Unión Europea La Comisión Europea adoptó en el 2008 una decisión para armo-

A finales de 2011 se tiene presupuestado dar inicio al proceso de asignación en las bandas de 1700 – 2100 MHz y en la de 2500 MHz, asignadas a su turno por subasta durante el primer semestre del año 2012.

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nizar la banda 2500- 2690 MHz y puso esta banda a disponibilidad de los sistemas terrestres capaces de ofrecer servicios de comunicación electrónica. La decisión busca el uso más flexible del espectro y enfrentar la convergencia de los sectores móviles, fijos y de radiodifusión. Los Estados Miembros deben designar y poner a disposición, de forma no-exclusiva, la banda 25002690 MHz para estos servicios dentro de los seis meses de ser tomada la decisión, aunque pueden solicitar períodos de transición que incluyan acuerdos para la compartición del espectro radioeléctrico. Estados Unidos Los usos en la banda 2500-2690 MHz se han ido desarrollando durante las últimas décadas, en su mayoría debido a las políticas de uso flexible. En el 2001, se tomó la decisión de aumentar la atribución a la banda 2500-2690 MHz (excluyendo servicios móviles aeronáuticos) para permitir los sistemas IMT-2000. En el 2004 la FCC reestructuró la banda 2500-2690 MHz y renombró los servicios MMDS y ITFS como Servicios de Radio de Banda Ancha (BRS, por sus siglas en inglés) y Servicios de Radiodifusión Educa-

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tiva (EBS, por sus siglas en inglés), respectivamente, para así poder describir con mayor precisión los tipos de servicios a ser ofrecidos. En el 2005, la fusión Sprint-Nextel casi dobló la cobertura geográfica de Sprint en la banda 2,5 GHz y convirtió a Sprint en el licenciatario más grande de la banda 2,5GHz. En 2006 Sprint anunció que desplegaría WiMAX móvil como la plataforma de tecnología para el despliegue de sus servicios de banda ancha 3G/4G y empezó a ofrecer servicios WiMAX 4G comerciales en Baltimore y Maryland, en el mes septiembre de 2008.

Al Co rriente El Mercado Europeo de Electricidad Evoluci贸n y desarrollos recientes Autor: Luis Guillermo V茅lez Alvarez, Docente, Universidad EAFIT y Consultor, Andesco

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I. INTRODUCCIÓN La construcción de un mercado europeo de electricidad es probablemente la mayor transformación institucional del sector eléctrico desde el inicio del proceso de liberalización de la industria en los años ochenta. Históricamente, el ámbito geográfico de las redes eléctricas pasó del nivel municipal y regional, en los inicios de la industria, al nivel nacional, a mediados del siglo XX. Esto supuso avances tecnológicos en la transmisión y la solución de los problemas financieros y tarifarios asociados a la interconexión física de los sistemas. Las interconexiones internacionales aparecen en los años 70 motivadas principalmente por razones de seguridad y respaldo en el suministro. Hoy, en Europa, son el soporte físico de la construcción del llamado mercado interior de electricidad. Aunque las restricciones físicas

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son un obstáculo a ese proceso; lo son también las restricciones institucionales. Este documento se ocupa de estas últimas y de la forma en que los europeos las han venido superando. En este artículo se presenta el proceso de construcción del mercado interior a partir del análisis de las tres Directivas comunitarias que lo han impulsado. Para las dos primeras - Directiva 96/92 EC y Directiva 03/54 EC – se describe la situación del sector anterior a su promulgación, se analiza el contenido de cada una de ellas y, finalmente, se presentan los resultados de su aplicación Por razones obvias, de la tercera Directiva y de los Reglamentos que la acompañan - Directiva 09/72 EC y Reglamentos 714 y 715 de 2009 – sólo se presenta su contenido y se formulan algunas conjeturas sobre los resultados esperados. Antes de abordar las Directivas

La construcción de un mercado europeo de electricidad es probablemente la mayor transformación institucional del sector eléctrico desde el inicio del proceso de liberalización de la industria en los años ochenta.

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se hace una breve descripción del sector eléctrico europeo entre la segunda postguerra mundial y los años 80. Esta visión pondrá de manifiesto que algunas de las dificultades que aún enfrenta el proceso tienen su origen en la institucionalidad sectorial configurada después de la segunda guerra mundial.

II. EL SECTOR ELÉCTRICO EUROPEO DE LOS ESTADOS NACIONALES. La organización de los sistemas eléctricos desde los inicios de la industria, a finales del siglo XIX, ha pasado por diferentes etapas y los diversos arreglos institucionales han sido objeto de encendidos debates. El modelo de organización del sector, que prevalece en Europa hasta mediados

de los años 801, caracterizado por una concepción según la cual la infraestructura eléctrica y el suministro de electricidad son bienes públicos fundamentales en la construcción de la nación como entidad económica y política, emerge en la segunda postguerra mundial. La influencia de las ideas socialistas, el prestigio intelectual de la planeación centralizada y la preponderancia política creciente de los partidos de izquierda moderada en diversos países de Europa occidental en buena medida esa nueva orientación, que se traduciría en una ola de nacionalizaciones las empresas eléctricas que se extenderá por todo el mundo. En Gran Bretaña la ley de nacionalización se aprueba 1947 y

A mediados de esa década se inicia el abandono, aún no concluido, del modelo de energía nacional con la privatización del sector eléctrico de Inglaterra y Gales. 1

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entra en vigor al año siguiente cuando la Autoridad Británica de Electricidad, creada por esa ley, asume el control de 564 empresas eléctricas municipales y privadas. El sector eléctrico quedaría conformado por una empresa nacional de generación y transmisión, el Concejo Central de Generación de Electricidad, y catorce Concejos Eléctricos de Área encargados de la distribución y comercialización de electricidad en otras tantas zonas en las que para el efecto se dividió el país.

transporte y distribución de electricidad cuyos activos se integrarán en Electricidad de Francia, que desde entonces asumirá el monopolio de todas las actividades eléctricas del país, incluidos los territorios de ultramar. EdeF se constituiría en el paradigma del sector eléctrico nacional de planeación centralizada y tarificación basada en los principios marginalistas.

En abril de 1946 se decreta en Francia la nacionalización de 1450 empresas de producción,

También se nacionalizaron los sistemas eléctricos en Italia donde la creación de ENEL supuso la nacionalización de 1250 empresas - Irlanda, Grecia, Portugal y Bélgica donde se crearon

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empresas nacionales siguiendo el modelo de EdeF. Con los años, la nacionalización llegó a América Latina, Asia y África. En los países grandes como Brasil, India, Canadá y Australia se adoptaron sistemas regionales, en vez de nacionales, controlados por gobiernos estatales o provinciales. Naturalmente, los países de Europa Oriental, bajo gobierno comunistas, optaron por sistemas nacionales centralizados. Entre los grandes países industrializados, sólo Japón y Alemania, que se encontraban en la postguerra bajo un fuerte control de Estados Unidos, mantuvieron, como éste, sistemas eléctricos privados. También la España de Franco mantuvo un sector eléctrico privado sometido, no obstante, a un fuerte esquema de concertación liderado por el gobierno. Las idiosincrasias de los países darán lugar a una cierta diversidad en la organización del sector eléctrico europeo, como lo muestra el cuadro 2. No obstante, los diversos sistemas comparten características básicas, a saber: • Concepción de la electricidad como servicio público. • Planeación centralizada o coordinada de la expansión. • Confinamiento de las empresas

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a las fronteras de cada nación. • Mercados cautivos y ausencia de competencia. • Ausencia de regulación externa y auto-regulación de las empresas. • Predominio de la propiedad pública. • Fuerte asociación entre los gobiernos y las empresas eléctricas. Bajo este marco se construyó la industria eléctrica europea después de la segunda guerra mundial. En general, las industrias eléctricas nacionales eran sólidas que atendieron el crecimiento de la demanda de forma confiable y segura. Las grandes empresas eléctricas de los diversos países colaboraban entre sí y se construyeron conexiones internacionales para intercambios de respaldo y seguridad. Las empresas y los responsables gubernamentales del sector eléctrico europeo formaban una especie de club donde cada miembro se abstenía de invadir el territorio del vecino, con el que compartía intereses comunes y experiencias resultantes de la diversidad de circunstancias nacionales. La pregunta que surge entonces es sobre las causas que a la reforma de un modelo de organización eléctrica que durante más de cuatro décadas había funcionado razonablemente bien.

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La transformación del sector eléctrico europeo ha sido un proceso gradual, en el que en ocasiones se ha dado un paso adelante y dos atrás, motivado en parte por circunstancias externas y por la dinámica endógena del proceso en la cual un cambio determinado frecuentemente exige un cambio adicional que no necesariamente anticipado por los impulsores de la transformación inicial. Esto fue así desde sus inicios.

formaciones del sector eléctrico en Inglaterra y Gales. Más que motivadas por cuestiones propias del sector eléctrico, éstas se producen en el marco de un proceso de replanteamiento de la actividad empresarial del estado bajo el gobierno de Margaret Thatcher (1979-1990). Hacían parte del sector nacionalizado las telecomunicaciones, el agua, el gas, la electricidad, el carbón, la siderurgia, los astilleros, el automóvil, la aviación, los puertos, los ferrocarriles, el correo, el transporte municipal, etc. Los principales países de Europa habían

Como se sabe el proceso de transformación de la industria eléctrica europea arranca con las trans-

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también desarrollado un sector nacionalizado de similar o mayor envergadura que el inglés. El gobierno de Margaret Thatcher llevará a cabo un proceso de desmantelamiento del sector nacionalizado, incluida por supuesto la industria eléctrica, que pronto será imitado en otros países de Europa y en el mundo entero. El proceso de transformación de la industria eléctrica inglesa es bastante conocido. Pero es conveniente recordar sus cinco características básicas que serán retomadas, total o parcialmente, en procesos similares de otros países y cuya implantación, constituye, como se vera, uno de los retos que enfrenta la construcción del mercado interior de electricidad en Europa. 1. Transferencia de la propiedad pública al sector privado. 2. Desintegración vertical y horizontal de las empresas. 3. Operación del sistema de generación por reglas de mercado. 4. Introducción progresiva de la competencia en el suministro al consumidor final. 5. Regulación externa e independiente.

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Después del proceso de Inglaterra; siguieron Noruega, 1991; Finlandia, 1995; y Suecia, 1996. Es estos tres casos la liberalización se produjo sin privatización y muy pronto condujo a la conformación de un mercado spot, el NordPool, que ya en 1996 tenía 120 participantes. A los tres primeros países se les uniría Dinamarca cuya ley de liberalización data de 1996. Progresivamente otros paísesadoptaban legislación liberalizando su sector eléctrico: Holanda, en 1995; España, en 1997; e Italia, en 1999. Pero países fundamentales, como Francia y Alemania, permanecían a la expectativa.

III. LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS DE 1996 Y 2003. Normativamente el proceso de construcción del mercado interior se ha impulsado mediante Directivas del Parlamento y de la Comisión, aunque en 2009 se expidieron también dos reglamentos, que como quedó dicho son de aplicación inmediata.

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1. Primera Directiva. 1996. El mercado interior quedó constituido en 1993, pero habían quedado excluidos los servicios públicos: electricidad, gas, telecomunicaciones, transportes. La visión prevaleciente de que estos son servicios de interés nacional sometidos a reglas de universalidad de acceso, subsidios y formas de prestación monopolísticas había llevado a la idea de que no debían ser considerados como mercancías y que por tanto quedaban excluidos de

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las normas generales del mercado interior. Para los más decididos promotores de la integración económica pronto se hizo claro que la exclusión de esas actividades impediría la conformación efectiva del mercado interior. Se inició entonces un intenso debate técnico e ideológico entorno a las dos visiones prevalecientes: la “francesa”, que insistía en el tratamiento de esas actividades como servicios públicos de interés nacional y por tanto exclui-

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dos de las normas generales del mercado interior; y la “inglesa”, que propugnaba por su tratamiento como mercancías y servicios iguales a todos los demás para efectos del Tratado. En abril 1996 se produce el Acuerdo del Consejo de Ministros y del Parlamento sobre liberalización del mercado. A finales de ese mismo año, el 19 de diciembre, se expide la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. En el plano normativo este es el inicio del proceso de construcción del mercado interior, pero hay un antecedente que conviene mencionar. Se trata de un par de sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea: Corbeau de 1993 y Almelo de 1994 sobre derechos exclusivos a la importación y exportación de electricidad. En ellas del Tribunal dispone que la electricidad es una mercancía para efectos del Tratado. Es decir, que puede negociarse libremente en el mercado conformado por toda la Unión. En 1997, en el caso de la Comisión Europea contra España, Francia, Italia y Holanda sobre el mismo asunto; el Tribunal ratifica su jurisprudencia, dando así un impulso decisivo al proceso de

conformación del mercado interior. Se ha dicho que la aplicación de la Primera Directiva podía conducir a cualquier cosa menos a la creación de un mercado interior. Ciertamente, la primera directiva es tímida en sus pretensiones y se ajusta con realismo a la situación prevaleciente en los países de la Unión cuyas organizaciones institucionales del sector presentan aún gran diversidad y la mayoría de ellas – con excepción de Gran Bretaña y los países escandinavos - están aún lejos de lo que puede considerase como el paradigma de un sector eléctrico liberalizado. Es conveniente recordar, siguiendo a Glanchant y Leveque2, lo que hoy se entiende por “sector eléctrico liberalizado” y que por supuesto no era tan claro en 1996. Un mercado eléctrico liberalizado se caracteriza por los siguientes atributos: • Desintegración vertical para evitar subsidios cruzados de las actividades competitivas a las reguladas y evitar el poder de mercado vertical que se expresa en limitaciones al acceso de la red. • Desintegración horizontal de la generación para tener un número adecuado de agentes para garantizar la competencia en el mercado 2

Glanchant y Leveque (2009).

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mayorista y mitigar el poder de mercado. • Integración horizontal de la transmisión y gestión de la misma por un operador independiente (TSO – TransmissionSystemOperator). • Existencia de un mercado spot y de mercados organizados de los contratos de largo plazo y derivados. • Libertad de elección para todos los consumidores y separación de los costos del suministro de los componentes regulados de las tarifas. • Existencia de un regulador independiente.

miso entre las dos visiones enfrentadas.

La primera directiva es la más corta, la más general de las tres que hasta ahora se han promulgado y en la que es más claro el compro-

El efecto más notable de la primera directiva, y su confirmación por el Tribunal de Justicia, fue desatar un vertiginoso proceso de fusiones y adquisiciones en toda Europa. La concepción de una industria eléctrica nacional tenía y tiene aún gran fuerza. Las principales empresas, con el apoyo de los gobiernos de sus países deseosos de fortalecer sus empresas nacionales, buscaron aumentar sus tamaños para competir en el mercado ampliado. Entre 1998 y 2002 se produjeron en Europa 95 fusiones y adquisiciones entre empresas eléctrica; 60 entre empresas del un mismo país y 35 entre empresas de diferentes países. El mapa eléctrico de Europa se alteró profundamente.

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La oleada de fusiones y adquisiciones,que elevaron la concentración de la industria eléctrica a niveles sin precedentes y aumentaron la concentración vertical, y las prácticas abusivas de las empresas y el proteccio-

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nismo de los estados; dieron a la Comisión Europea nuevos argumentos para insistir en la creación del mercado interior al tiempo que le permitieron identificar los nuevos problemas y dificultades que enfrentaba su construcción.

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Segunda Directiva.

La Directiva 03/54 CE del Parlamento y el Consejo fue expedida en junio de 2003 y los estados debían incorporarla en julio de 2004. Es un cuerpo normativo más extenso y detallado con disposiciones que buscan superar lo que según las evaluaciones de la Comisión son los principales obstáculos a para realizar un mercado plenamente operativo y competitivo como son el acceso a la red, las cuestiones tarifarias y el grado de apertura de los mercado. Según la Comisión “subsisten deficiencias importantes” y son necesarias “medidas concretas para garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de la generación y para reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y comportamiento abusivo”3 Para las autoridades europeas es ya completamente claro que la unión económica no puede funcionar sin la liberalización de los servicios públicos. Entre los aspectos centrales de la segunda directiva pueden destacarse los siguientes:

Véase: Directiva 03/54. Considerandos 2 y 5.

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La directiva dispone que, a partir de 2012, los TSO propietarios redes deberán ejercer esa actividad de formas exclusiva no pudiendo tener control sobre empresas de generación y comercialización. • Aunque no enfrenta directamente la integración vertical desde el punto de vista de la propiedad, avanza con relación a la directiva anterior al disponer que los gestores de las redes de transmisión y distribución sean personas jurídicas independientes con derechos de decisión efectivos respecto de los activos de transporte cuando sean propiedad de una empresa verticalmente integrada. • Avanza también en materia de regulación al ordenar a los estados miembros la creación de autoridades reguladoras precisando que se les deben asignar funciones que les permitan garantizar la no discriminación, la competencia y el funcionamiento eficaz de los mercados. Dispone la creación del Grupo de Autoridades Reguladoras Europeas como mecanismo consultivo para fomentar la coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales. • Insta a los gobiernos y a las au-

toridades reguladoras a homogenizar las condiciones de elegibilidad para el acceso a al mercado no regulado de suerte que las empresas eléctricas de cualquier estado puedan acceder a los clientes de cualquier otro. • Establece que la expansión de la generación deberá hacerse por autorización y que sólo se recurrirá a la licitación cuando la capacidad de producción obtenida por autorización sea insuficiente. • Señala que la creación de un mercado interior operativo y competitivo no puede ser alcanzado por los estados miembros razón por la cual, de acuerdo con el principio de subsidiaridad, la Comunidad puede adoptar medidas para alcanzar ese objetivo. Esto es muy importante porque abre la puerta a la reglamentación directa por parte de la Comisión. • El acceso a la red deberá garantizarse mediante la aplicación

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de tarifas publicadas aplicables a todos los clientes de forma no discriminatoria. El acceso solo podrá negarse por falta de capacidad y deberá motivarse debidamente en cada caso. • Fijó un plazo de cuatro años para la apertura total del mercado final dispuso la homogenización de criterios de cualificación. • Ordena a las autoridades encargadas de vigilar la competencia en los estados la presentación de un

informa anual sobre abusos de posición dominante, prácticas abusivas y conductas anticompetitivas; indicando las medidas adoptadas para prevenir y evitar esas situaciones. Los instrumentos para lo obtención de un mercado interior competitivo contemplados en la segunda directiva se resumen en el cuadro 3.

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IV.

El tercer paquete.

Al parecer las autoridades comunitarias no estaban muy satisfechas con la evolución de los mercados interiores de electricidad y gas. Las conclusiones de la “Investigación sobre la competencia en los mercados de electricidad y gas”, adelantada por las Direcciones de Competencia y Energía y publicada en 2007, no eran muy alentadoras: Se mantienen altos niveles de concentración que dan a las empresas incumbentes un claro poder de mercado. Integración vertical de los operadores puesto que los antiguos monopolios nacionales mantienen el control de las redes de transporte y distribución lo cual les permite cerrar el mercado a eventuales competidores. Reducidos niveles de comercio entre los países debido, en unos casos, a la baja capacidad de las re-

des y, en otros, a que la capacidad sobrante no se libera a terceros. Falta de transparencia en la operación del mercado mayorista lo cual dificulta a los posibles entrantes conocer su funcionamiento y sus riesgos. Falta de confianza en los precios del mercado mayorista que se forman en el mercado efectivo. Dos años después de la investigación, las autoridades comunitarias promulgaron los que en el sector energético europeo se conoce desde entonces como el “Tercer Paquete Legislativo”; compuesto por dos directivas y tres reglamentos, a saber: • Directiva 2009/72/CE Sobre normas comunes para el funcionamiento del mercado interior de electricidad. • Directiva 2009/73/CE Sobre normas comunes para el funcionamiento del mercado interior de gas.

Dos años después de la investigación, las autoridades comunitarias promulgaron los que en el sector energético europeo se conoce desde entonces como el “Tercer Paquete Legislativo”; compuesto por dos directivas y tres reglamentos

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• Reglamento CE 713/19. Crea la agencia de cooperación de reguladores nacionales. • Reglamento CE 714/19. Sobre condiciones de acceso a redes eléctricas. • Reglamento CE 715/19. Sobre condiciones acceso a rede de gas. A diferencia de las anteriores, la nueva directiva es extremadamente detallada reduciendo

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de formas exclusiva no pudiendo tener control sobre empresas de generación y comercialización. Las que estuvieran verticalmente integradas a septiembre de 2009 podrán permanecer en esa condición en cuyo caso deberán entregar la gestión de la red a un TSO independiente que deberá ser aceptado por las autoridades comunitarias. Se establece un procedimiento de certificación de los

A diferencia de las anteriores, la nueva directiva es extremadamente detallada reduciendo la discrecionalidad de las autoridades nacionales en aspectos fundamentales la discrecionalidad de las autoridades nacionales en aspectos fundamentales. Los cambios más importantes que introduce la Directiva 09/72 CE se refieren al establecimiento de TSO independientes, el reforzamiento de los reguladores nacionales y la creación de una autoridad europea de regulación y la protección y garantía del derecho efectivo de elección al consumidor final. La directiva dispone que, a partir de 2012, los TSO propietarios redes deberán ejercer esa actividad

TSO independientes por los reguladores nacionales y se especifican detalladamente sus funciones y su estructura funcional. Están obligados a presentar anualmente a las autoridades reguladoras un plan decenal de inversiones en expansión que una vez aprobado es de obligatorio cumplimiento. (Directiva 09/72 artículos 9 a 24). En cuanto a las autoridades reguladoras nacionales, la Directiva dispone que haya un regulador único a escala nacional independiente jurídica, funcionalmente y

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presupuestalmente de cualquier otra entidad pública o privada. Los reguladores tendrán mandato fijo de entre 5 y 7 años, renovable por una oportunidad (artículo 31). Se detallan con toda precisión sus objetivos, competencias y funciones. (Artículos 35, 36 y 37). Las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales podrán ser sometidas a dictamen de la Agencia de Cooperación en cuanto a su concordancia con la directiva y los reglamentos. Este dictamen es de obligatorio cumplimiento. La Directiva incluye un anexo sobre Medidas de protección del consumidor. Se dispone que todo consumidor tiene derecho a un contrato de suministro y se indica su contenido mínimo. Los cambios de proveedor deben realizarse en un máximo de tres semanas y sin acarrear ningún costo para el usuario. Ordena a los estados garantizar la utilización de medidores inteligentes para lo cual deberán realizar los estudios de viabilidad antes de marzo de 2012 y establecer un programa de instalación que lleve a su masificación en 10 años. El otro componente fundamental del Tercer Paquete, en lo tocante al sector eléctrico es la creación de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía, con per-

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sonería jurídica. La Agencia puede emitir dictámenes sobre todas las cuestiones delámbito de competencia de los reguladores nacionales. Participa en formulación de los códigos de las redes eléctricas y de gas y puede tomar decisiones vinculantes en relación con infraestructuras transfronterizas, incluida la derogación de normativa vigente si fuere necesario. También puede emitir dictámenes a los TSO y recomendaciones a los reguladores nacionales, los TSO, el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

La Agencia tendrá un Consejo de Administración de 9 miembros nombrados por 4 años. Tiene un Consejo de Reguladores, con representantes de las autoridades reguladoras nacionales y una Sala de Recurso de seis miembros nombrados por 5 años y elegidos entre los ex - reguladores de los estados. Tiene un Director General nombrado por el Consejo de Administración.

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En resumen, en el siguiente cuadro se hace una comparaci贸n de las tres (3) Directivas

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Referencias: Azaola, José Miguel. (1994). La Unión Europea hoy. (1997). Acento Editorial, Madrid, España. Beder, S.(2005) Energía y poder: la lucha por el control de la electricidad en el mundo. Fondo de Cultura Económica, México D.F., México. De la Cruz J.(2008) El mercado interior europeo de electricidad. www.cereco.org GestoreMarcatiEnergeciti. (2009). RelazioneAnnuale.www.mercatoelettrico.org. Glachant, J.M. – Leveque, F. (2009).Electricity Reform in Europe.Towards a Single Energy Market.Edward Elgar, Cheltenham, UK. Midttun, A. (1997) European Electricity Systems in Transition.Elsevier, Oxford, UK. Salmi, Eya. (2010). The Nordic Power Exchange: Analysis of the market efficiency. Vickers J. y Yarrow G. Un análisis económico de la privatización. Fondo de Cultura Económica, México D.F. México.

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Colombia Inteligente: Marco Estratégico y Programa de Redes Inteligentes en Colombia Autores: Renato Céspedes (rhcespedesg@bt.unal.edu.co), Estrella Parra (eeparral@unal.edu.co), Andrés Aldana (aaldanami@unal.edu.co),Raúl López (relopez@xm.com.co), María Elena Ruiz (meruiz@xm.com.co), Juan David Perez (juan.perez@cidet.org.co) y Mauricio Vargas(mauricio.vargas@ cidet.org.co)

1 INTRODUCCIÓN XM- Compañía de Expertos en Mercados, CIDET (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico), COCIER (Comité Colombiano de la Comisión de Integración Energética Regional), CNO (Consejo Nacional de Operación), CAC (Comité Asesor de Comercialización) y CINTEL (Centro de Investigación de las Comunicaciones) vienen estructurando una propuesta de programa cuyo objetivo es establecer concertadamente con las principales empresas del sector eléctrico y demás actores relacionados, un marco de lineamientos, políticas y estrategias para el desarrollo óptimo de las redes inteligentes en el sistema eléctrico colombiano orientado a enfrentar los retos del país relacio-

nados con la evolución de las redes eléctricas, considerando los beneficios y costos esperados. El Programa Nacional de Redes Inteligentes es el desarrollo de proyectos dentro del marco definido porColombia Inteligente. Este programa tiene una estructura independiente, con esfuerzos encaminadosinicialmente hacia objetivos concretos de corto plazo pero alineados con las metas de largo plazo del marco estratégico.

2 MARCO ESTRATÉGICO COLOMBIA INTELIGENTE 2.1 DESCRIPCIÓN Un marco estratégico es una herramienta que se compone de una visión a futuro, una revisión del

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estado actual, los valores o enfoques que se tienen, estrategias encaminadas hacia la visión, así como objetivos y planes de acción. Colombia Inteligente es el marco estratégico para el desarrollo de las Redes Inteligentes en Colombia. Se trata de una estrategia a nivel nacional e intersectorial. Es una integración de varios elementos que hasta el momento han operado de forma independiente.

“Una Colombia INTELIGENTE es una nación comprometida con un programa de Energía Sostenible, donde todos los sectores hagan un uso eficiente de los recursos energéticos preservando el medio ambiente y logrando niveles adecuados de calidad. Todo en concordancia con políticas, estrategias, planes, acciones y servicios que integren diferentes fuentes de energía, redes eléctricas y tecnologías de información y comunicaciones con una participación activa de la demanda.”

El trabajo conjunto de cinco sectores (energía, eléctrico, consumidor, transporte y construcción) con lineamientos convergentes y con punto focal en el sector eléctrico define una orientación global con base en eficiencia. La estrategia incluye acciones de corto, mediano y largo plazo, las cuales van alineadas con el marco estratégico para llegar a la finalidad propuesta. Algunas de las acciones de Colombia Inteligente son: diseño de mapa de ruta, difusión continua, alineamiento con iniciativas gubernamentales, mesas de trabajo intersectoriales, divulgación de resultados, métricas, capacitación, ejercicios de prospectiva y retroalimentación continua.

2.2 FINALIDAD La finalidadadoptada para la iniciativa “Colombia Inteligente” es la siguiente:

2.3 ESTRUCTURA En la Figura 2 se muestra la estructura fundamental para la iniciativa “Colombia Inteligente”. Se han identificado como pilares el sector de energía y su subsector eléctrico como la parte vital para desarrollar e implantar los objetivos propuestos. Además, la participación activa del consumidor constituye la base para lograr una transformación del sector eléctrico.

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2.4 FASES Para â&#x20AC;&#x153;Colombia Inteligenteâ&#x20AC;? se han establecido tres fases para llevar a cabo las diferentes actividades propuestas (Figura 3).

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2.5 ACTORES Para lograr los objetivos previstos para esta iniciativa, se han identificado los siguientes actores, los cuales incluyen sin excepción todas las entidades del sector eléctrico. • Entidades del Gobierno: MME, DNP, UPME, CREG, CRC, MTIC, MCIT, SSPD • Agentes del mercado • Colciencias • Institutos de investigación: CIDET, CINTEL • Universidades • Gremios y comités • Fabricantes y proveedores

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3 PROGRAMA DE REDES INTELIGENTES FASE I El programa de Redes Inteligentes en Colombia Fase I es el primero de varios conjuntos de proyectos a realizar para cumplir con la estrategia planteada por Colombia Inteligente. 3.1 Enfoque y campo de acción principal En la Figura 4 se ilustrael enfoque y campo de acción principaldentro del cual si propone adelantar tareas concretas para el desarrollo del sistema eléctrico, dentro de un concepto de eficiencia y sostenibilidad buscando una operación segura y confiable con calidad.

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3.2 OBJETIVO GENERAL El objetivo general de la fase I de este programa es el siguiente: “Definir las estrategias y el conjunto de proyectos candidatos para el desarrollo de sistemas de energía inteligentes y eficientes con participación nacional, a partir de la consolidación del conocimiento, la concertación de enfoques y la formulación y evaluación de proyectos, en el marco de la iniciativa Colombia Inteligente.”

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Los principales objetivos específicos del programa nacional de redes inteligentes son los siguientes: 1. Identificar el estado del arte y de la práctica, por medio del estudio de las normas, regulaciones y tecnologías para el desarrollo del Programa de Redes Inteligentes. 2. Diagnosticar el desarrollo de redes inteligentes en Colombia, por medio de un inventario de proyectos, de recursos humanos, de emprendimiento y de industria 3. Desarrollar la prefactibilidad y promover un conjunto de proyec-

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tos para determinar la pertinencia de tecnologías, metodologías y logísticas de las Redes inteligentes para el caso colombiano. Identificar el estado del arte y de la práctica, por medio del estudio de las normas, regulaciones y tecnologías para el desarrollo del Programa de Redes Inteligentes. 4. Construir y difundir una base de conocimiento a partir de una comunidad virtual, por medio de un Sistema Nacional de Redes Inteligentes. 5. Estructurar una estrategia de emprendimiento e industria nacional que soporte la implementación y consolidación de redes inteligentes en Colombia. 6. Caracterizar las competencias que deben desarrollarse en el recurso humano para facilitar y promover la implementación de las Redes Inteligentes en Colombia. 7. Formular lineamientos, políticas generales y aspectos regulatorios e identificar aspectos legales que apoyen, promuevan y faciliten el desarrollo y definan el enfoque de acciones pertinentes a las Redes Inteligentes en Colombia En la Figura 5 se muestra en forma esquemática la estructura jerárquica de los objetivos, con el

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soporte de Recursos Humanos y de las TICs todo lo anterior fundamentado en una base tecnolĂłgica adecuada.

3.4 CRONOGRAMA PROGRAMA En Figura 6 se muestra un cronograma de alto nivel respecto al desarrollo del programa, trimestral, basado en los objetivos propuestos. Como se puede apreciar el desarrollo de la Fase I objeto del programa consolida los elementos bĂĄsicos para el desarrollo de las

redes inteligentes del programa hasta definir la prefactibilidad de los proyectos lo cual orienta las recomendaciones de orden estratĂŠgico de todo el marco conceptual. Con esta base se pretende lograr iniciar los primeros proyectos piloto a mediados del 2012 de forma a poder adquirir suficiente experiencia previa al desarrollo masivo de proyectos objeto de la Fase II de la Colombia Inteligente.

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4 CONCLUSIONES La evolución del concepto de Sistema Eléctrico de Potencia es una realidad mundial. Se pueden considerar las Redes Inteligentes como un conjunto de tecnologías (hardware, software, aplicaciones y metodologías) que mejoran notablemente la operación, planeación, control y mantenimiento del sistema en todas las etapas. Colombia no puede ser ajena a estas tendencias, debe evaluarlas detalladamente para adoptar y ajustarlas a sus condiciones específicas. Así es como el marco estratégico Co-

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lombia Inteligente surge como una iniciativa multisectorial para llevar a cabo el desarrollo del sistema de energía. La mejor forma de llevar a cabo una iniciativa de esta magnitud es mediante proyectos integrales. Por ello se propone un Programa, es decir un conjunto de proyectos con un objetivo común. Se considera que la participación activa de todos los actores identificados en el desarrollo de los proyectos es el camino para llegar a la convergencia de las Redes Inteligentes en el país con beneficios para toda la sociedad.

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M谩s informaci贸n: www.colombiainteligente.com.co www.rcgsas.com www.xm.com.co www.cno.org.co www.cac.org.co www.cidet.org.co www.cintel.org.co www.cocier.org

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CODENSA y el Carro Eléctrico en Colombia

Hablar de vehículos eléctricos en Colombia parecía algo lejano hace algún tiempo, pero gracias al convenio firmado con Renault, a principios del presente año, Codensa, compañía del Grupo Endesa en Colombia, se consolida como una de las organizaciones que abordan tan importante proyecto para el país. En el mes de febrero Codensa firmó un acuerdo de cooperación con Renault – Sofasa, para traer en el segundo semestre del presente año, los primeros vehículos eléctricos, ratificando su intención de tener en Colombia, en 2012, una flota piloto de 250 vehículos eléctricos que circularán por las calles de Bogotá y Medellín. Este acuerdo apunta a adelantar los estudios técnicos, comerciales, financieros y jurídicos, que permitan identificar los requerimientos en la industria eléctrica y automotriz, con el fin de asegurar la viabilidad de este tipo de vehícu-

los en nuestro país, incluyendo el desarrollo de la infraestructura de suministro de energía eléctrica, con puntos de recarga y servicios conexos. Colombia, como todos los países del mundo interesados en acogerse a esta nueva tecnología, tendrá que definir una política que favorezca su introducción al país y su posterior masificación, una vez se determine su viabilidad.

PERSPECTIVA MUNDIAL Actualmente, la Alianza RenaultNissan ha establecido en el mundo más de 60 acuerdos de este tipo, entre los cuales se destacan el ya firmado con ENEL, principal accionista de Endesa, y otros en países como el Reino Unido, Irlanda, Francia, Mónaco, Portugal, España, Italia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Turquía, Israel, Singapur, Australia, Japón, China, Estados Unidos, México, Chile y Brasil.

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Este hecho permite que el Grupo Endesa Colombia empiece a ubicarse en una posición de liderazgo en Latinoamérica, en cuanto al tema del desarrollo de la movilidad eléctrica; cumpliendo de esta manera, con las expectativas corporativas de Endesa a nivel mundial.

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AVANCES EN EL ESCENARIO COLOMBIANO Endesa Colombia viene adelantando coordinaciones con su casa matriz en Europa, con el fin de definir cuál sería la mejor tecnología a utilizar en el país, de tal manera que se ajuste a las características del sistema eléc-

Colombia, como todos los países del mundo interesados en acogerse a esta nueva tecnología, tendrá que definir una política que favorezca su introducción al país

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trico colombiano, adaptándola a la realidad de la red y al mercado local. Actualmente, el grupo Endesa está probando en España la compatibilidad de sus sistemas de recarga con los vehículos Renault, los cuales serán similares a los que estarán en el mercado colombiano a partir del segundo semestre de 2011. Adicionalmente estamos trabajando en el desarrollo del plan de ubicación de puntos de recarga que se instalarán en el segundo semestre del 2011 en Bogotá, por parte del grupo Endesa Colombia, a través de Codensa. De igual manera, la Compañía estará desarrollando un plan específico para desplegar puntos de recarga en las empresas que hagan parte del

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proyecto piloto con Renault en el año 2012.

AMPLIANDO EL PANORAMA DE ENDESA Este tema es verdaderamente importante para Endesa a nivel mundial ya que, dentro de sus objetivos, se encuentra el de liderar el desarrollo del Vehículo Eléctrico en los países donde tiene presencia, participando de manera activa en proyectos piloto, proyectos de demostración y desarrollando propuestas de valor hacia el mercado. En Europa, Endesa es un miembro permanente de los equipos interinstitucionales que se han conformado para definir los estándares en materia tecnológica, al igual que las normas y modelos

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Actualmente, el grupo Endesa está probando en España la compatibilidad de sus sistemas de recarga con los vehículos Renault, los cuales serán similares a los que estarán en el mercado colombiano a partir del segundo semestre de 2011 de negocio que aseguran el rápido desarrollo del negocio. Y es por esto que el Grupo Endesa en Colombia, visualiza oportunidades en el transporte público y privado, por lo cual lidera el desarrollo de una agenda de trabajo en Colombia que integre a los principales actores públicos y privados. Los principales retos en el país se enfocan en desarrollar un programa de incentivos que faciliten la interacción de los sectores eléctrico y automotriz, antes de una futura masificación.

de las nuevas tecnologías; los ajustes pertinentes al marco regulatorio y normativo, que aseguren el rápido despliegue de la industria del vehículo eléctrico; los programas de educación a los consumidores sobre los beneficios y restricciones de las nuevas tecnologías; la preparación de la industria para fases posteriores de producción en el país (ej: puntos de recarga, automóviles). El desarrollo de redes de servicio para el vehículo eléctrico (automotrices), sistemas de recarga y baterías.

Dentro del los temas que han de ser considerados para llevar a cabo el plan de movilidad eléctrica en el país se encuentra: el desarrollo, las pruebas y el despliegue de infraestructuras de recarga; el aseguramiento del sistema eléctrico en términos de calidad y confiabilidad; el desarrollo de normas que aseguren la estandarización

La iniciativa de Endesa, en pro del beneficio de las comunidades en las que interviene, demuestra el grado de compromiso con la sociedad y la sostenibilidad medioambiental, pensando en mejores escenarios futuros, reduciendo niveles de polución y usando las nuevas tecnologías para un beneficio conjunto.

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA, TRACCIÓN ELÉCTRICA La tracción eléctrica no es una nueva tecnología, por el contrario ha sido una tecnología dominante en el transporte masivo pero con un notable rezago en el transporte particular. Su desarrollo está estimulado por los problemas ambientales (cambio climático y calidad del aire) y los impactos (económicos y políticos) derivados del incremento y volatilidad del precio de los combustibles fósiles. Estos elementos están fomentando el desarrollo de tecnologías de tracción eléctrica para los vehículos particulares y para soluciones complementarias en el transporte público, como es el caso de buses a batería. Específicamente, en Colombia los beneficios de la tracción eléctrica se podrían resumir en 6 puntos:

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• Diversificación de la utilización de combustibles. El sector del transporte urbano en Colombia se soporta en los combustibles fósiles en un 82%, un 17% en gas natural y biodiesel, y la energía eléctrica en el 0,2% según el estudio de soporte del PROURE. • Eficiencia energética. En la actualidad el sector transporte representa el 39% de la demanda de energía primaria. La eficiencia de la tracción eléctrica es de ~85% versus ~35% de la eficiencia de la utilización de otros combustibles. • Ambientales. En Colombia, el sector transporte es responsable del 37% de las emisiones de CO2 y de una gran parte del material particulado. • Alto impacto social. La sociedad se ve beneficiada por reducción de los costos por enfermedades respiratorias relacionadas con las emisiones, aspectos de desarrollo de

Su desarrollo está estimulado por los problemas ambientales (cambio climático y calidad del aire) y los impactos (económicos y políticos) derivados del incremento y volatilidad del precio de los combustibles fósiles.

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las ciudades como contaminación visual y auditiva y menor impacto económico debido a los precios de los combustibles y su impacto en la canasta familiar. • Innovación y Desarrollo Empresarial. La inclusión de nuevas tecnologías permitirá el desarrollo de nuevos mercados en Colombia en las industrias de recarga de Vehículo Eléctrico, segundo uso y reciclaje de baterías, aprovechamiento de energías renovables, desarrollo del smart –grid, ensamblaje de Vehículo Eléctrico, entre otros. El Grupo Endesa, a través de su empresa en Colombia Codensa, seguirá aportando todo el conocimiento y experiencia obtenida por medio de programas ya implementados en Europa, especialmente en España e Italia sobre desarrollo de tecnologías y redes de recarga, confiabilidad del suministro, modelos de negocios, además de construcción de normativa y políticas para el país.

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Foto gráfica

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GERENCIA DE PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA. El pasado mes de marzo en la ciudad de Bogotá, la firma CDM en unión con Andesco realizaron el Seminario Gerencia de Proyec-

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tos de Infraestructura. Expertos internacionales presentaron a los asistentes la nueva concepción de gerencia de proyectos para grandes obras en áreas de servicios públicos e infraestructura vial.

Eliu O. Perez, Vicepresidente Regional para Latinoamerica y el Caribe de CDM.

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CURSO ESPECIAL PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES BAJO METODOLOGÍA GRI Andesco y PWC de Chile realizaron el Curso especial para la elaboración de informes bajo la metodología del Global Reporting

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Iniciative. En la gráfica el grupo de asistentes de la quinta versión de este curso, que recibieron su certificado directamente de GRI. El taller ha sido importante para las empresas que realizan informes de sostenibilidad. El curso se llevó a cabo en marzo de 2011, en la ciudad de Bogotá.

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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL SECTOR DE AGUA La Dirección Financiera de Andesco viene realizando Jornadas Académicas para los afiliados a la Asociación, sobre la actualización

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de las normas internacionales de Información Financiera. En la gráfica la reunión que se llevó a cabo para el sector de acueducto y alcantarillado.

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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA REGIONALES Andesco en asocio con el Instituto Colombiano para la Contratación Estatal, Incoes, viene adelantando las Jornadas de Actualización Normativa en diferentes ciudades del país. La agenda académica ha incluido la actualización del nuevo Código de lo Contencioso Administrativo y temas de regulación y normativos. A estas jornadas han asistido Magistrados del Consejo de Estado y de otras cortes y

especialistas que actualizan a los asistentes de los sectores de los servicios públicos y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Medellín. El 28 de febrero se realizó la jornada en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín con el apoyo de Isa, EPM, Une, Isagen, Hidroituango y Empresas Varias de Medellín.

El Magistrado Luis Fernando Álvarez, autor de la Reforma del Código de lo Contencioso Administrativo.

Vista general del Salón en la ciudad de Medellín

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Cúcuta Con el apoyo de Aguas Kapital y CENS se llevó a cabo la Jornada de Actualización Normativa en las instalaciones del Hotel Casi-

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no Internacional de la ciudad de Cúcuta el pasado 14 y 15 de abril, a la cual asistieron expertos comisionados del sector de Agua y Saneamiento. En la gráfica vemos a Julio César del Valle, Experto de la CRA haciendo su presentación.

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Cali Con el apoyo de Emcali y Epsa se realizﾃｳ la Jornada en las instalaciones del Hotel Intercontinental de la ciudad de Cali, el pasado 24 y 25 de marzo.

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Manizales El 19 y 20 de mayo se realizó la Jornada Jurídica en el auditorio de la CHEC, con el apoyo de Aguas de Manizales, Efigas y CHEC. En la gráfica el Vicepresidente Académico de Incoes, Carlos Atehortua.

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Barranquilla En las instalaciones del Hotel Barranquilla Plaza se realizﾃｳ la jornada el 26 y 27 de mayo, con el apoyo de Electricaribe y Triple A. En la grﾃ｡fica el Presidente de Incoes y Ex Magistrado del Consejo de Estado, Alier Hernﾃ｡ndez.

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ANDESCO Y SUS EMPRESAS AFILIADAS COMPROMETIDOS EN LA DEFENSA DE LOS BOSQUES DE COLOMBIA En el año internacional de los bosques Andesco impulsará una campaña en defensa de los bosques, páramos, reservas de nuestro país. Esta es una muestra de alunas acciones que ya adelantan las empresas de servicios públicos y tecnologías de la información y las comunicaciones.

ISAGEN formula el Plan de Compensación Forestal para restaurar 4 mil hectáreas dentro del Parque con vegetación nativa. Involucra la participación de la comunidad y la construcción de dos viveros al interior del Parque.

Isagen

En el proyecto Hidroeléctrico Sogamoso Isagen invierte en la conservación del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes, con una restauración ecológica de 8 mil hectáreas y conectividad ecológica del Parque con la zona de protección del embalse.

Como parte de su compromiso Isagen elabora material didáctico para dar a conocer a la comunidad científica, a la académica y a la sociedad en general, las características de la flora presente en los bosques protectores de los embalses de las centrales hidroeléctricas de Miel I, San Carlos, Jaguas y Calderas.

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PLANTACIÓN DE ÁRBOLES NATIVOS PARA ANDESCO EN LA RESERVA BIOLÓGICA ENCENILLO Andesco como parte de su compromiso ambiental compensa las emisiones emitidas durante el Congreso de Servicios Públicos y TIC. Este año ha realizado una segunda siembra de árboles nativos en la Reserva Biológica El Encenillo con esta siembra se completan tres distintas áreas en el sitio de conservación. Las siembras las realiza la Fundación Natura por convenio suscrito con Andesco.

Vista panorámica del lote sembrado

Isa Uno de los impactos ambientales que se ocasionan durante la construcción y operación de las líneas de transmisión a alto voltaje, es la remoción de la cobertura vegetal causado por la necesidad de conformar un corredor de seguridad exigido por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -RETIE-, en el cual no debe haber árboles que en un futuro puedan alcanzar los cables y pongan en riesgo el suministro de energía.

Para manejar este impacto, ISA desarrolla un Programa de Compensación Forestal, aportando al conocimiento, manejo y gestión de la biodiversidad, más allá de la sustitución mediante la siembra de árboles, de la vegetación afectada. Con la construcción de las líneas Bacatá – Primavera y Primavera – Ocaña - El Copey – Bolívar a 500 kilovoltios, que unen al Centro del país con la Costa Atlántica se ha venido consolidando este programa, que tiene comprometidos alrededor de seis millones de dólares.