Junio de 2014
TICS La masificación de Internet, un objetivo del Gobierno para posicionar al país en el mundo.
Responsabilidad Social Premio a la Responsabilidad Social y al compromiso de las empresas prestadoras de servicios públicos en Colombia.
Comunidad Los servicios públicos benefician a las poblaciones de menos recursos económicos en nuestro país.
Servicios públicos, factor sostenible de competitividad y desarrollo social
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os servicios públicos en Colombia se han consolidado en las dos últimas décadas como un sector decisivo para la competitividad del país, pero al mismo tiempo para el desarrollo social del país en lo que a la solución de necesidades básicas se refiere. De acuerdo con nuestra última revisión en Andesco, con 104 empresas afiliadas en acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural, tecnologías de la información, comunicaciones y televisión de Colombia, las coberturas sectoriales son las siguientes:
En energía eléctrica 96%, con servicio de primera calidad. Prácticamente todo el país poblado cuenta con el servicio. El reto es la incorporación de energías alternativas y la introducción definitiva de sistemas de transporte eléctrico. En gas natural las conexiones domiciliarias ascienden a 7,3 millones, que brindan servicio a casi 30 millones de colombianos; es decir, las tres cuartas partes de la población nacional. El Gas Licuado de Petróleo le brinda el servicio a otros 10 millones de personas, observándose una cobertura a casi la totalidad de la ciudadanía del país.
El reto es seguir aumentando la cobertura de gas natural y el parque automotor con Gas Natural Vehicular, sobre todo en servicio público, con alto ahorro para los consumidores. En Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la penetración de la telefonía móvil es universal, con más de 48,8 millones de líneas (más líneas móviles que habitantes) y las fijas están cercanas a 7 millones. Los colombianos tienen acceso a equipos de última generación y permanentemente se están actualizando. En materia de conectividad por Internet, la pene-
tración de la banda ancha se ha aumentado a 8 millones de conexiones y más de 30 millones de colombianos tienen acceso en sus hogares a Internet. El país está a la vanguardia y es reconocido internacionalmente como una de las economías más avanzadas en este campo. En otro importante frente del sector comunicaciones, se tienen 4,6 millones de asociados en televisión por suscripción, mientras la cobertura de la señal abierta llega a prácticamente todos los rincones del país. En acueducto la cobertura urbana es cercana al 90%. En
las ciudades grandes e intermedias este indicador es cercano al 100%, con servicio de alta calidad. En alcantarillado la cobertura urbana es cercana al 85%. Allí el gran reto está en el tratamiento de las aguas servidas, que actualmente es del 35% del caudal tratado. Sin duda, será uno de los temas prioritarios en las próximas décadas para el país. En residuos sólidos, la cobertura de recolección en cascos urbanos es superior al 95%. Del total de las toneladas de residuos generadas, alrededor del 90% se disponen en rellenos sanitarios.
A manera de conclusión, se puede identificar al sector de servicios públicos y TIC como uno de los más estratégicos en la economía, ya que representa casi el 5% del PIB; genera alrededor de 100.000 empleos directos, más de 300.000 indirectos, al tiempo que irradia beneficios a la comunidad, la industria y el comercio. Pero, definitivamente, los grandes retos del sector se resumen en una sola palabra: sostenibilidad, que será analizada desde todas sus variables en el 16 Congreso Nacional e Internacional de Servicios Públicos que Andesco realizará en Cartagena la última semana de junio.
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La sostenibilidad: el
compromiso del sector de servicios públicos y comunicaciones
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Gustavo Galvis Hernández Presidente Colaboradores en esta Edición Mauricio López González Vicepresidente Técnico Alberto Solana Vanegas Director de la Cámara Sectorial de TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) Edwin Cruz Caballero Director de las cámaras Sectoriales de Energía y Gas Pierre Urriago Director de las Cámaras Sectoriales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Juan José Fuentes Director de la Cámara Financiera Tributaria y Contable Mónica Susana Isaza Carvajal Coordinadora de la Cámara Ambiental Yulder Jiménez Clavijo Director de Comunicaciones y RSE Francisco Rodríguez García Asesor de Comunicaciones Calle 93 N° 13 – 24 piso 3. Bogotá D.C., Colombia PBX: 6167611 andesco@andesco.org.co - www.andesco.com
a sostenibilidad, entendida como un fin superior en el cual convergen los intereses, deberes y derechos de la sociedad en su conjunto, en procura de un desarrollo económico, social y ambientalmente sostenible, es el compromiso del sector de los servicios públicos y comunicaciones y, en especial, el de las empresas afiliadas a Andesco. Nuestras actividades están enmarcadas en función de contribuir al desarrollo sostenible, gestionando nuestros compromisos con la sociedad desde las dimensiones económica, social y ambiental, enmarcadas en un esquema de buen gobierno, bajo el entendimiento de que ninguna de estas puede alcanzarse sin el avance simultáneo y equilibrado en las demás. Nuestros esfuerzos están encaminados a la promoción de la investigación y el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras que requiere el desarrollo sostenible; la producción de energías limpias y renovables que aporten a la prevención y reducción de emisiones de carbono; el almacenamiento y eficiencia energética; el uso eficiente del agua; la prevención en la generación, reciclaje y aprovechamiento de residuos y subproductos de procesos; el aprovechamiento óptimo de todos los recursos naturales; la infraestructura de redes, comunicaciones y movilidad para ciudades inteligentes, entre otros. La sostenibilidad de las empresas del sector de los servicios públicos y comunicaciones está ligada al uso racional de los recursos naturales, en condiciones que aseguren relaciones de
equilibrio con las comunidades, en especial las más vulnerables económicamente, las cuales pueden verse afectadas por la utilización de los mismos. A partir de visiones transversales e integrales se busca generar valor y oportunidades de crecimiento en forma rentable y eficiente; en este sentido, las empresas de servicios públicos y comunicaciones apoyan la construcción de soluciones como movilidad en las ciudades, información para la gestión pública y gobierno en línea, implementación de estrategias de educación en el uso eficiente de los servicios públicos y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, normas de construcción sostenible, soluciones de eficiencia energética, utilización eficiente del recurso hídrico, prevención y reducción de emisiones, prevención y aprovechamiento de residuos y subproductos en los procesos productivos y protección de la biodiversidad, con el fin de optimizar la utilización de los recursos disponibles. Mención aparte tiene el agua como elemento central de desarrollo sostenible, sobre todo frente a su disponibilidad en cantidad y calidad. Por tanto, es fundamental definir e implementar las políticas públicas y planes para la gestión integral de los recursos hídricos y de ordenamiento de cuencas hidrográficas. Igualmente, favorecer la introducción de medidas e incentivos regulatorios y fiscales que permitan alcanzar estos fines. Esta interacción con otros actores también busca la promoción de la recuperación de cauces, ecosistemas protectores, tales como bosques, manglares,
humedales, páramos, entre otros. Asimismo, la sostenibilidad impone la prestación de servicios de agua potable de calidad y continuidad y sistemas de tratamiento de aguas residuales, bajo el entendimiento de un compromiso financiero, social y ambiental por parte de las empresas, el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los usuarios del servicio. Para lograr la sostenibilidad es esencial el acceso a servicios de energía y gas para acelerar la erradicación de la pobreza, la promoción de la salud, la preservación de la vida y la satisfacción de necesidades básicas. Es indispensable la gestión integral de residuos sólidos que abarque los actuales componentes de recolección, transporte y disposición final, incluyendo los esquemas de aprovechamiento y reciclaje; es indispensable apropiar tecnologías innovadoras, tanto de orden técnico como de ingeniería social con inclusión de los grupos vulnerables que se dedican a la recuperación de residuos. Asimismo, es esencial el uso masivo y responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, como vehículos para el acceso de los colombianos a la Sociedad de la Información, a una ciudadanía digital y participativa, promoviendo ciudades inteligentes con oportunidades para todos. Finalmente, nuestras actuaciones están en concordancia con procesos serios y responsables de intervención social en las áreas de interés, con pleno respeto por los derechos humanos y así generar condiciones sostenibles para el entorno.
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Veinte años de la Ley 142 de 1994: una reingeniería
aplicada a la sostenibilidad de los servicios públicos en Colombia Por: Patricia Duque Cruz Superintendenta de Servicios Públicos Domiciliarios
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inicios de la década de los noventa, nuestro país experimentaba un periodo de transición constitucional que trajo consigo la transformación del modelo de Estado. Mientras estuvo vigente la Constitución Política de 1886, el intervencionismo estatal en la prestación de los servicios públicos se materializó en la operación de toda la cadena productiva de cada servicio, llegando hasta la fijación de las políticas para su ejecución. Sin embargo, el sistema mostraba, como gran debilidad, una enorme dependencia de las regiones y municipios frente al poder central como determinador y responsable de la prestación. Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y sobre la base de la adopción de la cláusula del Estado social, la descentralización administrativa y la autonomía de las regiones y de los entes territoriales, dicha transformación se evidencia particularmente, frente a la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios y su directa vinculación con los fines del Estado social de derecho. La Carta Marga, entonces, deposita en cabeza del presidente de la República la función de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Igualmente le delega el Ejércicio, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, del control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten. Para julio de 1994 se sanciona la Ley 142, norma orientada a garantizar la eficiencia, calidad, cobertura, acceso, solidaridad y equidad en la prestación de los servicios públicos, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y la atención prioritaria de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con su prestación. Desde entonces, uno de los principales retos que ha tenido que asumir la Superservicios en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas
ha consistido en el ejercicio de sus facultades en un escenario en el cual la desigualdad en las condiciones de vida de la población aún prevalece, y cuyo marco legal se concibió en un contexto muy diferente de aquel en que se desarrolla hoy día la prestación de los servicios públicos, particularmente frente al constante desarrollo y evolución de sus esquemas operativos. Ante el desarrollo regulatorio de mecanismos de mercado, como son las subastas del cargo por confiabilidad en el servicio de energía eléctrica o las subastas para el suministro y transporte de gas natural, así como de políticas públicas plasmadas en esquemas regionales de prestación del servicio, como los Planes Departamentales de Agua y, más recientemente, los esquemas de Asociación Público Privadas, principalmente aplicables a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, es posible denotar una verdadera evolución en el sector de los servicios públicos, comparable con el avance que significó la expedición de la Ley 142 de 1994. El éxito del modelo implementado con la ley en comento requiere ser analizado desde la búsqueda de la sostenibilidad sectorial. En ese sentido es necesario tener en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones: - Incorporación de instrumentos para adoptar soluciones expeditas, pero provisionales, con el objeto de proteger la efectiva continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos, cuando se encuentren circunstancias que amenacen comprometer en forma grave y urgente dicha prestación. - Contar con un procedimiento particular y expreso de defensa de los usuarios de servicios públicos domiciliarios en sede de la empresa, que garantice el debido proceso en todas las actuaciones que se surtan, tanto para el prestador que tiene derecho a defender su actuar, como para el usuario que tiene derecho a controvertir el actuar del prestador, sus métodos o sus conclusiones. - La autonomía de las comi-
siones de regulación es indiscutible, sin embargo, hay aspectos de orden general y transversal a los servicios de energía, acueducto y alcantarillado, gas natural, aseo y GLP, que bien podrían ser objeto de regulación de manera uniforme, sin que con ello pueda entenderse que deben hacerse de forma idéntica. Son notables los resultados y los avances de orden jurídico y operativo que han enmarcado el desarrollo de los servicios públicos en estos 20 años, la experiencia ha permitido a cada actor sectorial, desde su propia perspectiva, obtener los elementos necesarios para evaluar, corregir, proponer y seguir evolucionando en la consecución de logros, no solo en términos de beneficios económicos, sino también sociales y ambientales. El camino transcurrido tiene grandes aciertos para destacar; no obstante, si la visión es la sostenibilidad de los servicios públicos domiciliarios, y la misma es entendida como la capacidad de sobrevivir y adaptarse indefinidamente a las condiciones cambiantes, resulta pertinente una reingeniería que tenga como eje estructurante la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en la materia.
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La consolidación del
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sector energético en Colombia
l World Economic Forum (WEF) llevó a cabo un análisis de competitividad de la energía a través del Global Energy Architecture Performance Index (EAPI) 2014, índice que mide la adaptación de los sistemas energéticos de los países a los cambios del panorama energético mundial con respecto al aporte de sus sistemas energéticos al crecimiento económico y al desarrollo de la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el acceso a la energía. En esta versión, Colombia ocupó el puesto séptimo entre 124 países en el escalafón general, descendiendo un escaño con respecto al año pasado. Pero hay otros indicadores para destacar, como que el país haya subido del puesto 16 al séptimo en el campo de “Energy Access & Security”, y del puesto 58 al 51 en el indicador “Environmental Sustainability”, lo que es más que plausible. También, Colombia mantiene el segundo lugar con respecto a la variable “Economic Growth & Development”. Este índice ubica a nuestro país en una posición de privilegio a escala global, en el marco de los avances del sector de energía en materia de seguridad energética y económica aunque, al mismo tiempo, el informe avisa de la importancia de mejorar las condiciones de acceso a la electricidad, especialmente en zonas remotas del territorio nacional.
Con respecto a esto último, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) señala que, a 2013, el nivel de cobertura de energía eléctrica estaba cercano a 97 por ciento, con aproximadamente 12 millones de viviendas conectadas, a pesar de lo cual, y en consonancia con la recomendación del EAPI 2014, impone retos de electrificación, especialmente en zonas apartadas, del orden de 450 mil viviendas. Esto indica que, si bien Colombia avanza hacia un sector de energía eléctrica de talla mundial, existen temas que el Gobierno Nacional podría desarrollar en una agenda de política energética de largo plazo, de tal forma que se asegure la sostenibilidad energética. En promedio, el país presenta un consumo per cápita bajo (1.100 kWh-año/habitante, aproximadamente) frente a la región de América Latina y el Caribe, y en comparación con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Necesidades y perspectivas Entre los asuntos a tener en cuenta y que tienen que ser del máximo invterés para el país, están el fortalecimiento de la política energética para alcanzar una mejor eficiencia e incrementar el desarrollo de redes inteligentes. También se requiere evaluar el desarrollo de una política pública para incentivar el aumento de nuevas demandas en el ámbito
nacional, principalmente en el sector industrial, con criterios de eficiencia energética y competitividad, que contribuyan a ubicar a Colombia en una posición más competitiva en la escala regional. En lo que respecta a las perspectivas del Gobierno Nacional sobre el papel de nuestro país en las interconexiones internacionales (Centroamérica y región Andina), Colombia debe apoyarse en los estudios realizados hasta el momen-
to y darle prioridad a la armonización regulatoria del sistema de interconexión eléctrica, en busca de viabilidad en los intercambios con Centro y Suramérica. En especial, dado el aporte de la hidroenergía en la región a la mitigación del impacto ambiental, esta fuente de energía contribuiría favorablemente a las interconexiones internacionales de Colombia con países que poseen características y
En esta materia, el país presenta necesidades de interconexión, acceso y sostenibilidad que ya comienzan a tener un compromiso legal de satisfacción y cumplimiento.
cuencas diferentes, o en el apoyo hidrotérmico en el área Andina. También es oportuno implementar una estrategia de largo plazo para el tratamiento del déficit de los fondos para subsidios de las tarifas de energía y gas. Es fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad del país considerar estos temas de política energética, por lo cual son adecuadas todas las instancias de diálogo entre las autoridades y los agentes que permitan construir un sector viable y con una visión de largo plazo. Base legal para avanzar Vale la pena destacar, como un gran esfuerzo del Gobierno, la reciente promulgación de la Ley 1715 de 2014 sobre energías renovables, que está orientada, entre otros temas, al desarrollo de incentivos para la participación de la demanda en el mercado de energía, así como a aspectos de eficiencia energética. Gracias a esta norma, y de acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, el país sigue dando pasos en la adopción de un sistema energético más limpio, con el involucramiento de las administraciones públicas, el sector privado y los entes locales, incentivando la penetración de fuentes no convencionales de energía con criterios de sostenibilidad medioambien-
tal, social y económica. Al mismo tiempo, se adelanta la implementación de un programa destinado a sustituir progresivamente la generación con diésel en las Zonas No Interconectadas (ZNI) para reducir los costos de prestación del servicio y las emisiones de gases contaminantes. Además, se creará el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía para financiar programas de eficiencia energética. La cartera de Minas y Energía también señala que la nueva normatividad establece el marco legal y los instrumentos necesarios para la promoción y el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, fomentando la inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias en la producción energética, el incremento de su eficiencia y la respuesta de la demanda en el marco de la política energética nacional. El Ministerio indica que la ley sancionada busca, además, establecer planes de actuación para fomentar el aprovechamiento energético de la biomasa agrícola y forestal, los residuos sólidos que no sean susceptibles de reutilización y reciclaje, el recurso eólico en proyectos de generación en Zonas No Interconectadas (ZNI) y el potencial de la geotermia y la energía solar.
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Sostenibilidad ambiental, el gran desafío en agua, alcantarillado y aseo
Es un hecho que los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en nuestro país han presentado importantes mejoras a lo largo de los últimos años, aun a pesar de que siga habiendo casos aislados de poblaciones con escasez de agua potable o acumulación de basuras en las calles.
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i bien la calidad de vida de los colombianos ha mejorado notoriamente por cuenta de mayores coberturas y niveles de continuidad y calidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el sector tiene por delante desafíos por superar en materia ambiental, más los retos que plantean los usuarios y la sociedad en general. Con respecto al alcantarillado, aunque exista o no conciencia con respecto al destino final de los residuos industriales o domiciliarios, la realidad es que son los ríos los que terminan recibiendo todos estos materiales contaminados, con las respectivas consecuencias que ocasionan en los ecosistemas. El Gobierno y algunas empresas de acueducto y alcantarillado municipales han hecho grandes esfuerzos para la construcción de obras que permitan tratar este tipo de aguas y mejorar la calidad de las corrientes. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, pues tan solo 30 por ciento del total de líquidos residuales del país tiene algún tipo de tratamiento. La situación es similar en el caso de las basuras. Luego de recogidas, van a parar a los rellenos sanitarios, infraestructuras que han sido concebidas para que su impacto ambiental sea mínimo, lo que representa una mejora significativa en este tema en Colombia. Pero no existe todavía una ver-
dadera conciencia con respecto a la degradación en la naturaleza de todos esos sobrantes, hecho con diferentes materiales y que van a parar a una caneca o a una bolsa negra. Por ejemplo, el papel y el cartón tardan alrededor de un año en biodegradarse; una lata de gaseosa, 350 años; las botellas de plástico, más de 100 años, y un vaso de icopor alrededor de 1.000. Una mano a la naturaleza A pesar de que la mayoría de las ciudades y las empresas prestadoras del país vienen trabajando para garantizar la oferta de lugares para disponer de las millones de toneladas de residuos sólidos que se producen en Colombia, y minimizar con ello el riesgo de emergencias sanitarias, es cada vez mayor la restricción en el adelanto de estas obras, en especial por la poca disponibilidad de terrenos destinados a este fin. En algunos países desarrollados los rellenos sanitarios están prohibidos debido a la escasez de tierra y a la intención de revertir los efectos ambientales derivados de las actividades humanas, motivando a las personas a la reutilización y a la reincorporación de todos estos desperdicios al ciclo productivo de los bienes. Por eso, botellas plásticas, vidrio, papel y aparatos electrónicos obsoletos, entre otros, son reutilizados en la elaboración de nuevos productos. De la misma manera, los desechos orgánicos son tratados y transformados como abonos para la actividad agrícola. Entonces, ¿cómo ayudar a
mejorar las condiciones del medio ambiente a través de los servicios de agua potable y saneamiento? ¿Qué implica para la sociedad este propósito? Un esfuerzo compartido Antes de responder estas preguntas, hay algo concreto: utilizar el medio ambiente para el desarrollo de las actividades humanas tiene un costo. Un mejor ambiente es esfuerzo común, no solo asunto del Gobierno. A este le corresponde definir las políticas, incentivos e instrumentos para la conservación ambiental, de manera que se traduzcan en inversiones por parte del sector privado. Sin embargo, es claro también que dichos incentivos pueden promover cambios en los hábitos de los consumidores, como por ejemplo ahorrar agua o separar las basuras en las casas. De la misma forma, el Gobierno destina, cuando es posible, recursos para el desarrollo de proyectos de interés nacional. Infortunadamente, dichos recursos no son ilimitados y aquí es en donde les urge a los usuarios hacer esfuerzos para recuperar y mejorar los deterioros del medio ambiente. Limpiar las aguas residuales antes de verterlas a los ríos es más costoso que no hacerlo, al igual que aprovechar o reciclar las basuras en lugar de llevarlas a un relleno sanitario. Asimismo, prevenir la deforestación de las cuencas en donde nace el agua que llega a nuestras casas implica
costos más altos. Por ello, si la sociedad decide promover un medio ambiente más limpio o menos deteriorado para las futuras generaciones, tendrá que estar dispuesta a dedicar un mayor gasto a los servicios de agua y saneamiento, bien sea por medio de tarifas del servicio público o de impuestos. Si esto se adopta el desafío será, entonces, promover la innovación y el uso de mejores prácticas y tecnologías empleadas en el mundo para el mejoramiento del medio ambiente, de manera que se garantice la eficiencia de los recursos destinados a ello. La discusión está abierta.
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Hacia una mayor viabilidad del gas El Global Energy Architecture Performance Index (EAPI) 2014 resalta, para el caso colombiano, la transformación del sector de petróleo y gas en los últimos años y la generación de ingresos por exportaciones.
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l sector del gas natural en nuestro país goza de una buena salud, aunque no por ello está exento de mejoras e implementaciones políticas y estructurales que le otorguen un mayor carácter de sostenibilidad. En particular, desde la promulgación de las leyes 142 y 143 de 1994, con el desarrollo de la política energética por parte de Ministerio de Minas y Energía, de la existencia del marco regulatorio definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y con la participación de empresas públicas, privadas y mixtas de los sectores de energía y gas en el país, se ha contribuido a la universalización del servicio en condiciones de calidad y confiabilidad para los colombianos. Por otra parte, desde la expedición del Plan de Masificación del Gas Natural en 1986, que fomentó la construcción de la infraestructura de transporte que conectó al centro del país con los grandes yacimientos de ese combustible en la costa Caribe
colombiana, el sector ha logrado la expansión de este energético amigable con el medio ambiente a más de 7 millones de usuarios, de acuerdo con cifras del Ministerio de Minas y Energía. Si bien Colombia cuenta con una matriz de generación de energía con una alta participación de la generación hidroeléctrica, la incidencia de las variaciones climáticas sobre la hidrología exigen que el país cuente con fuentes complementarias que ofrezcan respaldo al sistema eléctrico. Una de estas, el gas natural, que en este sentido está llamado a ser la fuente de energía de transición hacia las pares no contaminantes (MIT, 2012), debe ser una alternativa dentro de dicha matriz que contribuya a la seguridad energética y a la mitigación del impacto ambiental en todo el territorio nacional. Y aunque a través del Decreto 2100 del 15 de junio de 2011, “Por el cual se establecen mecanismos para promover el aseguramiento del abasteci-
miento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones” se estableció un marco normativo para el gas natural, se requiere en Colombia una definición de política pública de largo plazo con respecto a este combustible en el marco de la sostenibilidad. Es interesante hacer notar que, desde la perspectiva de la agenda mundial de la energía, los combustibles fósiles no convencionales, como es el caso del shale oil, el shale gas y el gas del carbón, entre otros, están incluidos en la política energética. Por eso se hace indispensable analizar y evaluar la incorporación de estas tecnologías como alternativas de abastecimiento de energía para el país. En busca de más avances En general, es adecuado desarrollar una política general de combustibles y energéticos para el país, especialmente con horizonte de largo plazo. De ahí que, aunque se han dado pasos importantes a través del Conpes 3762 de 2013 sobre Proyectos PINES, es deseable el desarro-
llo de una política pública de largo plazo para los proyectos de infraestructura energética, en donde se distribuyan adecuadamente los riesgos entre el Estado y el sector empresarial. Esto aplica, especialmente, a los compromisos adquiridos por el sector privado en la construcción de proyectos hidroeléctricos, así como a las obras de interconexión, construcción de infraestructura de transporte de gas y activos de confiabilidad de gas, entre otros. En la actualidad, el sector de energía y gas presenta un déficit estructural del esquema de solidaridad (Ley 142/94), dado el desfase entre subsidios y contribuciones, previéndose para la vigencia 2014 un déficit por concepto de aporte del presupuesto nacional a los subsidios de energía y gas del orden de 0,5 billones de pesos. Con el fin de subsanar esta problemática estructural para los sectores de energía y gas natural, es necesario evaluar el reconocimiento oportuno del costo
Impuestos para la competitividad Juan José Fuentes Bernal Director de la Cámara de Asuntos Tributarios y Financieros de Andesco En un mundo globalizado la construcción de un sistema tributario equitativo y estable, que contribuya al crecimiento económico y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, es indudablemente una prioridad de los gobiernos. Como lo han señalado los expertos, el gran reto de la política tributaria es garantizar la financiación de los gastos e inversiones públicas bajo postulados de justicia, al tiempo que se minimiza el impacto de la tributación sobre el mercado. Aunque las reformas adoptadas por el Gobierno Nacional en los últimos años han pretendido cumplir con estos objetivos, no ha sido posible hasta ahora implementar en el país un modelo de tributación que represente un balance óptimo de equidad y eficiencia. De una parte, los tributos están aún lejos de ayudar eficazmente a la redistribución social del ingreso. Si bien se ha
avanzado en la eliminación de beneficios que resultan contrarios a la progresividad, subsisten en el régimen tributario condiciones más favorables para determinados sectores o grupos de contribuyentes, tanto en el caso de las personas jurídicas como en el de las personas naturales, que impiden que las cargas tributarias sean efectivamente mayores para quienes ostentan mayor capacidad de pago. De otro lado, el sistema impositivo sigue siendo oneroso, no solo para los contribuyentes sino para la administración tributaria, y sigue afectando las decisiones económicas, poniendo en riesgo la asignación óptima de recursos en la producción y el consumo. Los costos de cumplimiento de obligaciones que asumen los contribuyentes y los costos de recaudación que asume el Estado han venido aumentando debido a la complejidad del sistema, aspecto
que se refleja en el volumen de normas, el número de tributos que existen en el país, el tiempo que deben dedicar las personas al pago de impuestos y la existencia de regímenes especiales o tratamientos exceptivos. Bajo las premisas de la competitividad y la eficiencia se requiere un marco normativo simplificado, pocos tributos y un tratamiento homogéneo en lo que se refiere a tarifas y bases gravables. Infortunadamente, en Colombia no se cumplen estas condiciones. El número de impuestos, contribuciones
y tasas que se cobran en el país ha aumentado debido especialmente al desarrollo de la potestad impositiva de los municipios y departamentos que ha dado lugar a una amalgama de gravámenes de las más variadas características. Esta especie de archipiélago legislativo ha traído como consecuencia, en muchos casos, la doble tributación por los mismos hechos y la falta de certeza sobre el valor efectivo de las cargas tributarias. En el ámbito de los tributos nacionales la situación no es mejor. Entre 1992 y 2012 (pe-
financiero asociado al tiempo de giro de los recursos por parte del Gobierno a las empresas, el empleo de otras fuentes de financiamiento de subsidios (i.e. regalías) y la revisión del subsidio al estrato 3, los consumos de subsistencia objeto de dicho subsidio y la revisión de esa estratificación. Todo esto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del esquema de solidaridad.
Por eso, continuar con la consideración de estos temas en materia de gas natural en el marco de las discusiones de la política energética en nuestro país y sostener los avances en materia regulatoria relacionados con su producción, transporte, distribución y comercialización, se hacen indispensables para el establecimiento de un sector viable a largo plazo en el entorno nacional.
ríodo de 20 años) se expidieron en el país diez reformas en esta materia (un promedio de una reforma cada dos años), las cuales aumentaron significativamente el número de disposiciones legales y reglamentarias creando cada vez mas condiciones que se apartan de la regla general. Por citar un ejemplo, la última reforma tributaria (Ley 1607 de 2012) consagró tres sistemas distintos para la determinación del impuesto sobre la renta de las personas naturales (IMAN, IMAS y Sistema Ordinario) cuya aplicación, en unos casos obligatoria y en otros opcional, depende de la actividad económica de los sujetos obligados y del monto de sus ingresos. Asimismo, el nuevo impuesto sobre la renta para la equidad CREE, concebido con la sana intención de aliviar la carga fiscal sobre las nóminas, ha resultado un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes y para la misma DIAN, debido a la falta de claridad en la definición de elementos estructurales, como la base gravable. La simplificación del sistema tributario es un factor de competitividad y, como tal, debería
ser una prioridad del Estado. Esta labor debe ir acompañada de medidas orientadas a fomentar la inversión sin generar distorsiones, como la recuperación efectiva del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital, el ajuste de la retención en la fuente para evitar excesos frente al valor del impuesto sobre la renta, la ampliación del espectro de las tecnologías que califican para el acceso a los beneficios por mejoramiento ambiental y la armonización de la legislación interna con la legislación de otros países con el fin de garantizar la justa distribución de las potestades impositivas y la neutralidad de la ley frente a las operaciones internacionales. En la coyuntura política actual, cuando se vuelve a hablar de la necesidad de una reforma tributaria orientada al control de la evasión y al mejoramiento de los instrumentos de recaudo, es fundamental escuchar la voz de los empresarios en el entendido de que este proceso merece un diálogo abierto, técnico y constructivo, que recoja la experiencia de los actores económicos en aras de fortalecer la competitividad del país.
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Los retos ambientales de las empresas de servicios públicos
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Por Mónica Susana Isaza Carvajal Coordinadora de la Cámara Ambiental, Andesco
a OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es una organización que reúne a 34 países que generan el 80% del producto global del planeta. Colombia está aplicando para ingresar a ese grupo. Los énfasis del grupo son economía, educación y medio ambiente. Colombia solo ha pasado el examen en el tema económico. Teniendo en cuenta los resultados de la primera Evaluación de Desempeño Ambiental, realizada este año por la OCDE, se hace un llamado a las instituciones y empresas en general a mejorar la gestión ambiental en el país. El principal mensaje que se desprende de esta primera evaluación, es la necesidad de dirigir los esfuerzos al desarrollo económico ambientalmente más sostenible y socialmente más equitativo. Este informe de Evaluación, presenta un minucioso diagnóstico de la situación ambiental en Colombia. En cuanto a la diversidad biológica, Colom-
bia, segundo país con mayor biodiversidad de América Latina, se enfrenta a una amenaza creciente como resultado de la expansión de la frontera agropecuaria, la minería ilegal, la deforestación, además de otras actividades. Si bien en la década pasada la tasa de deforestación disminuyó, entre el 30% y 50% de los ecosistemas naturales han sufrido algún tipo de transformación. Luego el reto es cero tolerancia contra la desforestación. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas ha sido un pilar fundamental de las políticas colombianas sobre diversidad biológica, al que distintas fuentes internacionales han proporcionado un apoyo sustancial. Sin embargo, para alcanzar las metas de Aichi de proteger el 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marinas, para 2020 se requerirán grandes esfuerzos. Al respecto, hay margen para ampliar la utilización de instrumentos económicos, tales como el pago por servicios ecosistémicos, ámbito en el que Colombia ha adquirido
una valiosa experiencia. Si bien los conocimientos sobre la diversidad biológica han mejorado, la falta de información científica y económica acerca de la biodiversidad y los ecosistemas sigue constituyendo un obstáculo importante para la formulación de políticas, según lo plantea el Informe. En cuanto a la disponibilidad de los recursos hídricos, el país posee abundantes recursos de agua dulce, pero con pronunciadas variaciones en la distribución espacial y temporal. Más del 60% de la población urbana vive en la cuenca Magdalena-Cauca, que solo tiene el 13% de la disponibilidad nacional de agua. En consecuencia, si bien la intensidad de uso de los recursos hídricos es baja a nivel nacional, más de un tercio de la población urbana vive en zonas de escasez de agua moderada o grave. Hay que hacer más para garantizar la cosecha del agua. En cuanto al suministro de agua, Colombia está próxima a cumplir el Objetivo de De-
sarrollo del Milenio, relativo al mejoramiento del suministro de este recurso. Las conexiones de los hogares a la red de suministro de agua potable aumentaron del 87,3% en 2003 al 87,6% en 2010, mientras que las conexiones al sistema público de alcantarillado crecieron de un 72,9% a un 75,3% en ese mismo año. Sin embargo, debido al crecimiento de la población urbana, mantener los niveles de cobertura en las ciudades constituye un desafío, al igual que en las zonas rurales. En lo referente a la matriz energética del país, el informe señala que es relativamente baja en carbono. La energía hidroeléctrica representa más de tres cuartas partes de la electricidad basada en energías renovables. El fenómeno de ‘El Niño’ da origen a déficits hídricos que disminuyen la producción de electricidad, como ocurrió en el periodo 2009-2010. Por este motivo, se planea expandir la capacidad de generación de electricidad a partir de combustibles fósiles, con el fin de reducir la vulnerabilidad del sistema a los períodos de sequía, sin menoscabo de seguir desarrollando los proyectos hidroeléctricos que el país requiere y necesita. En cuanto al manejo de los
residuos sólidos, el informe muestra que la cobertura de los servicios en este aspecto ha aumentado hasta un 97% en zonas urbanas en 2012, pero aún es limitada en las zonas rurales (22%). La proporción de manejo inadecuado de residuos se redujo del 27% al 7% entre 2005 y 2011. A pesar de este progreso, no se alcanzó la meta de 2010 respecto a la eliminación de residuos en el 100% de las municipalidades. Lo anterior, sin hablar del tema de aprovechamiento y reciclaje. Esta evaluación de desempeño ambiental realizada por la OCDE tiene por objeto ayudar a Colombia a abordar sus principales desafíos ambientales, y por ello presenta 45 recomendaciones, de las cuales se destacan dos relacionadas con el quehacer de las empresas de servicios públicos. La primera recomendación: “Hacer del crecimiento verde un elemento medular del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y disponer que los ministerios sectoriales rindan cuentas de los efectos ambientales de sus políticas”. Esta recomendación trae a colación los devastadores efectos del fenómeno de ‘La Niña’ en 2010-2011 que estimularon los esfuerzos para una mayor integración de las políticas económi-
cas y ambientales. La prevención de riesgos fue un paso importante hacia la definición de una estrategia de crecimiento verde. La segunda recomendación: “Fortalecer el sistema de gestión ambiental en el que intervienen distintos niveles de gobierno, sobre todo mediante una definición más clara de sus funciones y responsabilidades”. En este aspecto, hay una intención clara del Gobierno en mejorar, incrementar y capacitar el recurso humano en las instituciones ambientales para dar respuesta eficiente y oportuna a los trámites ambientales. En esta recomendación se sugiere, además, la articulación entre las autoridades ambientales. En conclusión, las empresas de servicios públicos tienen un gran reto ambiental, continuando con el compromiso y voluntad que han venido adelantando hacia una economía más verde y un desarrollo sostenible, a través de buenas prácticas ambientales como la conservación y recuperación de fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, generación de energía limpia con eficiencia energética por parte de toda la cadena de consumo; la implantación de planes y programas de ahorro y uso eficiente del agua; la gestión integral de residuos sólidos, entre otros.
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Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial promueve la sostenibilidad en la comunidad Por Yulder Jiménez Clavijo, director de Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial
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a Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones – Andesco–, ha estado motivando entre sus empresas afiliadas a la promoción e implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, la cual apunta a la adopción de nuevas estrategias por parte de las empresa en todos los ámbitos de actuación, como el entorno del trabajo, la ética y gobierno corporativo, el entorno del mercado, el medio ambiente, el impacto y la acción social, entre otros, los cuales se imponen como una metodología transversal en todas las áreas de gestión, enmarcando sus mejores prácticas y permitiendo a los empresarios insertarse como actores
en el escenario de formulación de políticas públicas y formarse como ciudadanos corporativos. Para ello ha contado con la colaboración especial de muchas entidades con las que se tiene una alianza estratégica y entre las cuales se destaca la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas, entidad que avala cada año el premio Andesco. En los eventos de capacitación, congresos, reuniones y publicaciones de Andesco, la sostenibilidad, entendida como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, forma parte del diálogo permanente. De hecho, las empresas de servicios públicos son referentes en distintas iniciativas en todas
las áreas en la promoción de la responsabilidad social y su permanente relación con los grupos de interés, compartiendo valor entre ellos. Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial Especial relevancia adquiere el Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial. Desde el 2006, la Asociación instituyó el premio ante la inminente necesidad de apoyar, promover y valorar los esfuerzos del empresariado colombiano, especialmente las empresas de servicios públicos, alcaldías y organizaciones legalmente establecidas que presten servicios públicos domiciliarios y tecnologías de la información y las comunicaciones hacia una sostenibilidad real en el tiempo. El premio es un instrumento de fortalecimiento en la consolidación de una nueva cultura de relación de las empresas con sus grupos de interés, tanto desde lo público como desde lo privado. El Premio Andesco a la Responsabilidad Social Empresarial integra los aspectos ambiental, social, interno, de atención al cliente y de buen gobierno para incentivar al empresariado, inicialmente de servicios públicos y TIC, y luego, en 2010, a todo el empresariado en general, a presentar sus balances e iniciativas para que sean evaluadas y reconocidas, a través de una selección y análisis rigurosos por parte de distinguidos jurados empresariales, académicos, organizaciones sociales y ambientales, con el acompañamiento en la evaluación por parte de la firma Pricewaterhouse Coopers. Con este premio, Andesco motiva aún más la comprensión de la Responsabilidad Social Empresarial. Aspira a que se superen los paradigmas de la mera
asistencia caritativa filantrópica y procura que se consoliden los planes y programas que propenden por el fortalecimiento social y económico de todos los que forman el sector de los servicios públicos y comunicaciones, como también otros sectores económicos en Colombia. Sobre el Premio Andesco Es importante indicar que no se trata de una presentación de un proyecto para ser evaluado. Es la conjunción de los cinco entornos señalados la que determina el reconocimiento. En el entorno interior o de trabajo se analizan aspectos de seguridad laboral, relaciones laborales y desarrollo laboral. En el entorno de mercado o de atención al cliente se resaltan aspectos como el uso responsable de servicios, la calidad en la prestación de los servicios y la accesibilidad a servicios prestados u ofrecidos. En el desempeño social se estudian los aspectos relacionados con derechos humanos y desarrollo comunitario.
En el desempeño ambiental se evalúan la gestión ambiental, los usos de agua y energía, las estrategias de adaptación al cambio climático, el manejo de los residuos y la protección de la biodiversidad. En el tema de buen gobierno corporativo los lineamientos estudiados están relacionados con la gobernanza, la ética y la transparencia. Como bien puede verse, el premio Andesco en sus nueve versiones hasta el momento se ha convertido más bien en referencia para la promoción de la RSE. Las fichas del premio son en realidad elementos para un adecuado informe de sostenibilidad. Cada año esperamos que más compañías participen del premio y así tener muchos más casos de estudios apuntando a propiciar los espacios para consolidar la senda de la sostenibilidad en todos los ámbitos de actuación del empresariado colombiano en búsqueda de un mundo mejor.
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El derecho al agua y a su cuidado, un propósito de la EAB La adopción del mínimo vital en la capital del país ha traído grandes beneficios a los habitantes de sectores poblacionales con menor capacidad económica, con una responsabilidad añadida de tipo social y ambiental que Bogotá reconoce y agradece.
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esde que comenzó a regir el Decreto 064 de 2012, el 27 de febrero de ese mismo año, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB) ha entregado hasta 12 metros cúbicos bimestrales de agua a los usuarios de estratos 1 y 2 de la ciudad, con un Programa que beneficia a más de tres millones de personas que ven significativos ahorros en sus recibos del acueducto, representando para el Distrito Capital una inversión social bimestral superior a los 10.300 millones de pesos para ambos estratos. El promedio histórico por vigencia ronda los 657.030 usuarios, con una cobertura promedio de 106.890 beneficiarios del estrato 1 y 550.140 del estrato 2 de la capital del país. Los beneficiarios lo expresan: “Ha sido una ayuda muy efectiva, ya que esto nos permitió disminuir el costo de la tarifa en el
recibo desde el momento mismo en que el Alcalde ordenó que así fuera. Yo pagaba entre 130 y 140 mil pesos de agua, porque somos una familia de siete personas, y ahora me llega por 83 mil pesos la factura”, dice Gloria Amparo Sánchez Pérez, habitante del barrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Así, desde la EAB se garantiza el acceso al derecho al agua, para que estas personas cuenten con las condiciones materiales que les permitan llevar una existencia digna con una justa y adecuada provisión del líquido vital, sin barreras de tipo económico. Pero también conlleva, además de un clarísimo componente de responsabilidad social, un objetivo básico de cuidado del medio ambiente, para las presentes y futuras generaciones. Hagamos cuentas. Las familias de estratos 1 y 2 reciben, sin ningún costo, seis metros cúbicos (seis mil litros) de agua al mes, y si con-
sideramos que en Bogotá existe un promedio de cuatro personas por cada predio, podemos asegurar que esos 200 litros de agua diarios alcanzan para aseo personal (ocho litros de agua diarios), inodoro (24 litros de agua), preparación de alimentos (otros ocho litros), ducha (120 litros al día con base en ese promedio de cuatro habitantes por predio), lavaplatos (15 litros diarios), lavado básico de ropa (21 litros diarios) y consumo de agua para beber (cuatro litros de agua diarios). Somos responsables del consumo La aplicación del mínimo vital ya cumple dos años. Este derecho no significa, ni mucho menos, que el servicio deba ser totalmente gratuito. En este sentido, quien hace mejor uso del agua es quien más se beneficia. Y esto es algo que los usuarios han entendido. Veamos algunas cifras que hablan
de la importancia de la medida en Bogotá. Solo durante la primera vigencia de 2014 se otorgó, cada dos meses, el mínimo vital a 670.001 usuarios, de los cuales 107.452 se incluyen en el estrato 1 (16 por ciento), y 562.549 en el estrato 2 (84 por ciento). La adopción de esta medida ha beneficiado claramente a habitantes de los estratos 1 y 2 de la capital, con ahorros globales cercanos a los 127 mil millones
de pesos, una significativa reducción de gastos para los hogares de las familias de menos recursos económicos, que se refleja en una mejor calidad de vida para ellos, ya que el dinero que se ahorran termina siendo utilizado en más comida para sus hijos o para suplir otras necesidades. Así, el mínimo vital es una garantía de bienestar para los estratos 1 y 2, pero también es una manera de concienciar a las personas de la im-
portancia de este recurso y de su adecuada administración. Desde el gobierno distrital sus necesidades son prioridad y tienen capital importancia para la administración pública de Bogotá. La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ha cumplido el compromiso de la “Bogotá Humana” de garantizar el acceso al agua a la población de bajos recursos de la Capital de Colombia.
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Por la cosecha del agua
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in duda, el agua es fundamental para la vida. No solamente es necesaria para abastecer con agua potable y segura a una población, también lo es para proveer energía limpia, para generar las condiciones adecuadas para las actividades agropecuarias y piscícolas, como vía de transporte, como lugar de esparcimiento y recreación, entre otros usos. El agua dulce que escurre por las cuencas en formas de arroyos, ríos, lagunas y lagos es una mínima fracción del agua del planeta. Gráficamente, si toda el agua de la Tierra estuviera concentrada en un balde de 10 litros, apenas una cucharadita sería agua dulce para ser utilizada en los usos que hemos mencionado, sin tener en cuenta que parte de esa cucharadita está contaminada por las actividades humanas. No sobra recordar que apenas se tratan parcialmente el 30% de las aguas residuales del país. Cada vez que el clima estornuda, más de 300 municipios comienzan a tener problemas de suministro de agua y los campos asolados. Si llueve, las inundaciones y arrastre de piedras, lodo y árboles destruyen bocatomas, vías de penetración, cultivos, entre otros. Estamos ante un vaivén de sequías e inviernos, sin avanzar en una gestión integral del agua. En ese contexto, lo primero es reconocer que el agua es escasa y que es imperativo cuidarla, tratar de regular su ciclo desde el nivel local. Nada más perjudicial para el manejo adecuado del agua que habernos creído potencia hídrica mundial, lo cual motiva su derroche, su contaminación y la falta de interés de los ciudadanos por ella. Ecoversa hizo un estudio para Andesco donde se identificaron y evaluaron los instrumentos económicos, financieros y tributarios ambientales existentes en el país. La mayoría de los instrumentos presentan dificultades en su implementación. Todavía existen instrumentos económicos y financieros que no han sido reglamentados (tasas compensatorias, tasas de aprovechamiento forestal, pago
por servicios ambientales) o que no se les ha asignado recursos para su implementación (CIF de conservación). Esta falta de reglamentación crea un vacío en instrumentos que incentiven la conservación de ecosistemas naturales por parte de particulares. Frente al agua, es indispensable que además de poner en práctica aquellos instrumentos que ni siquiera han sido reglamentados, hay que ser ingeniosos para generar incentivos poderosos para garantizar la cosecha del agua. El país está en un dilema entre conservación y desarrollo. Lo que se impone es la premisa de la sostenibilidad, entendida esta como el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Es un clamor nacional que páramos, zonas de manglar, humedales, pantanos, áreas de inundación natural, tienen que formar parte del catálogo de sitios en donde las actividades productivas, distintas a la cosecha del agua, no pueden llevarse a cabo. La desforestación es el cáncer que carcome a la nación. No es posible que alrededor de 300 mil hectáreas por año de bosque sean taladas para potrerización, cultivos lícitos e ilícitos, explotación ilegal de la madera, entre otros. Por tanto, el incentivo lógico es pagar como sociedad por estos servicios ambientales; pagar por esta cosecha del agua a quienes la deben proteger, que son los dueños de los terrenos en donde estos ecosistemas están; en palabras sencillas, pagar para que no se talen los frailejones, las matas de monte, los mangles, los morichales, las riberas de las cuencas, entre otros. Pagar por ampliar la frontera de las zonas de cosecha de agua, con estímulos para hacer pequeños lagos artificiales, lagunas de pondaje, jagüeyes; incentivar la creación de reservas de la sociedad civil con facilidad en sus trámites. Una medida complementaria es un descuento en el impuesto predial al dueño del predio que conserve estos ecosistemas; el municipio que los otorgue debería ser compensado con recursos provenientes de otras
fuentes, como regalías, o sistema general de participaciones. Hay que ampliar el presupuesto de los Parques Nacionales y Áreas Protegidas; ser eficientes en el manejo de los recursos destinados a la conservación, como los correspondientes a la sobretasa predial; inversión del 1% del presupuesto municipal; transferencias del sector eléctrico; tasas del agua y retributivas, entre otros. Hay que sembrar millones de árboles para mitigar el cambio climático, y así regular naturalmente la escorrentía del agua y evitar que los sedimentos sean lo único que llegue a nuestros ríos. Debemos pensar que los empleos verdes de guardabosques y sembradores de árboles pueden ser una alternativa para muchos de nuestros compatriotas que están en proceso de reinserción. Finalmente, no olvidar las campañas masivas de educación ambiental a todo nivel por parte de los medios de comunicación y los colegios. La televisión regional y comunitaria debe ser la abanderada de la defensa y cuidado del agua. En fin, como en Fuenteovejuna, todos a una por la cosecha del agua.
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Internet, una de las claves en el desarrollo del país La relevancia de la infraestructura de servicios públicos en los resultados de desarrollo socioeconómico de un país proviene del hecho de que este tipo de infraestructura provea simultáneamente servicios de consumo final a los hogares, así como servicios estratégicos de consumo intermedio para la producción de bienes y servicios en la economía. Desde la perspectiva de la oferta, este tipo de infraestructura contribuye directamente al crecimiento en la medida en que se concibe como un factor de producción, así como indirectamente cuando las condiciones apropiadas de infraestructura de servicios públicos promueve el cambio tecnológico. Si se ve desde la orilla de la demanda, la infraestructura de servicios públicos facilita el acceso a servicios que la población desea y requiere para su subsistencia. Por tanto, resulta imperativo para un país en desarrollo como Colombia contar con una política pública clara que permita alcanzar el objetivo de masificar el acceso a Internet. Con este propósito, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) lanzó el Plan Vive Digital a inicios de octubre de 2010 en el
marco del Congreso Internacional de TIC Andicom que se realizó en Cartagena, con una inversión inicial prevista de 5,5 billones de pesos, buscando la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital del país. Tal como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos en ese momento, “Nuestro compromiso como Gobierno será impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la prosperidad democrática. Está demostrado que el uso de las herramientas TIC en la vida de cada ciudadano tiene una gran influencia sobre la competitividad y el desarrollo de un país”. Las principales metas que se plantearon sobre los servicios básicos de telecomunicaciones fueron: • Pasar de 27 a 50 por ciento de hogares, y de 7 a 50 por ciento de MiPymes conectados a Internet.
• Multiplicar por cuatro las conexiones a Internet de banda ancha, pasando de 2,2 a 8,8 millones. • Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a través de redes de fibra óptica, de alrededor de 200 a 700 municipios. • Aumentar las conexiones internacionales del país. • Asignar espectro adicional para 3G y 4G. • Desplegar la Televisión Digital Terrestre y hacer uso del Dividendo Digital. • Promover los cambios normativos o legislativos necesarios para facilitar el despliegue de infraestructura en las regiones y el acceso en la propiedad horizontal. • Masificar dispositivos para ingresar a Internet mediante la eliminación de aranceles. • Eliminar el IVA para el servicio de Internet. • Dirigir subsidios de telefo-
nía fija hacia los subsidios para Internet. Al respecto se debe señalar que las conexiones a Internet de banda ancha del Plan Vive Digital se concentran en conexiones fijas de Internet dedicado > 1.014 Kbps que, a pesar de que ha ido decayendo en su participación, sigue teniendo más de la mitad de las conexiones. Le sigue el Internet móvil 3G, con 42 por ciento de participación, y el naciente 4G, con 1,6 por ciento. Los números de la banda ancha El número total de suscriptores a Internet de banda ancha (Downstream >= 1.024 Kbps y móvil 3G y 4G) fue de 7.639.061 al término del tercer trimestre de 2013, lo que representa una penetración de 16,21 por ciento, presentando un crecimiento trimestral promedio de 7,27 por ciento.
A pesar de que las conexiones a Internet fijo siguen siendo mayoría, su participación de mercado ha caído en nueve puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2010, a favor de una mayor participación de mercado de conexiones 3G (+8 pp) y 4G (+2pp). Las suscripciones a Internet de banda ancha, según el tipo de acceso, muestran una variación porcentual mucho más constante para las conexiones fijas que para las móviles. Mientras las conexiones fijas crecen alrededor de una tasa de 5 por ciento y con una tasa hacia finales de 2013 de 2,6 por ciento, Internet móvil muestra, por el contrario, picos superiores a 30 por ciento, tasas negativas en el último trimestre del 2012 (-2,47 por ciento) y una tasa de crecimiento en el tercer trimestre de 2013 de 7,56 por ciento. Sin embargo, el crecimiento trimestral promedio del acceso a Internet móvil es más que satisfactorio, ubicándose alrededor de 11,6 por ciento. Con respecto a Internet fijo, en las ciudades más importantes del país su penetración ha ido
en aumento. El mayor índice lo presenta Barranquilla, con 29,6 por ciento; sigue Medellín, con 18,99 por ciento, y en tercer lugar se encuentra Bogotá, con 17,26 por ciento. Sin embargo, el crecimiento más notorio se presentó en Cali, con una tasa de crecimiento de 82,1 por ciento. En lo que respecta al resto del país, el crecimiento fue de 39,4 por ciento, con una penetración inicial de 6,6 por ciento y final de 9,2 por ciento. En lo que se refiere al acceso a Internet móvil, la base de usuarios de telefonía móvil ha presentado un crecimiento notable en poco menos de 4 años, con una tasa de crecimiento de 7,56 por ciento en el tercer trimestre de 2013 y un crecimiento trimestral promedio de 10,38 por ciento. Además, la proporción de usuarios de telefonía móvil que también consume servicios de Internet móvil se ha incrementado, con una relación entre abonados de telefonía móvil y abonados a Internet móvil de 2,3 por ciento en el primer trimestre de 2010, pasando a 8,53 por ciento en el tercer trimestre de 2013.