Derecho Latinoamericano No. 6 Marzo 2020

Contenido

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Directorio Abogados en Latinoamérica

La etapa de investigación sin detenido. Formas de conducir al imputado en libertad al proceso penal

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Dr. Eduardo Preciado Sánchez Ciudad de México

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La infancia a la sombra de una sentencia Dra. María de los Ángeles Martínez Tinajero Ciudad de México

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Quitémonos de mitos sobre la VISA Mtro. Juan Javier Zacatelco Tapia Puebla, México

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El plazo razonable en la Legislación Mexicana Lic. Juan Javier Zacatelco Tapia Querétaro, México

Derecho Latinoamericano - Revista Digital de Abogados 24-7. Número 6, Marzo de 2020 Teléfono: +(52) 56 1495 4312 - contacto@abogados24-7.com.mx - www. abogados24-7.com.mx

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CDMX, México La etapa de investigación sin

detenido

(Formas de conducir al imputado en libertad al proceso penal) Dr. Eduardo Preciado Sánchez Abogado postulante en materia penal, administrativa y amparo en la Ciudad de México.

Licenciatura en Derecho: Centro Universitario Francés Hidalgo (cédula profesional 3772054) Especialidad en Juicios Orales: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Maestría en Derecho Procesal Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (cédula 5983794) Doctorado en Derecho Penal: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Maestría en Pedagogía: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Doctorado en Educación: Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

Posdoctorado en Derecho: Centro

La investigación es la primera etapa del proceso penal acusatorio y oral que tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, los datos de prueba que sustente el ejercicio de la acción penal contra el imputado y la reparación del daño. Esta puede ser con detenido o sin detenido.

La investigación con detenido se da en aquellos casos en que flagrancia (el sujeto es detenido en el momento de estar cometiendo el hecho o inmediatamente después de haberlo cometido) o caso urgente (orden de detención girada por el Ministerio Público, siempre que se trate de delito grave, así calificado por la ley, exista el temor fundado de que el sujeto se sustraerá de la justicia y que por razón de la hora, tiempo y lugar no se pueda acudir ante el Juez de Control a solicitar una orden de aprehensión, por lo que el Ministerio Publico, bajo su más estricta responsabilidad ordena la detención del imputado, para

ponerlo de inmediato a disposición del Juez de Control).

La investigación sin detenido, por su parte comenzará con la presentación de la denuncia, querella o su requisito equivalente ante el Ministerio Público, o bien, cuando éste haya tomado conocimiento de oficio de la probable comisión de un delito y no se actualicen las hipótesis de flagrancia o caso urgente, por lo que habrá que conducir al imputado en libertad al proceso penal mediante citatorio, comparecencia u orden de aprehensión.

En concordancia con lo anterior, el Ministerio Público, con la colaboración de la policía, deberá desplegar aquellos actos preliminares o iniciales de investigación, que le permitan averiguar sobre la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito, la identificación del imputado, así como de la víctima u ofendido. abogados 24-7

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De esta forma, el Ministerio Público, como encargado de la investigación del delito, deberá recabar aquellos datos de prueba (evidencias o indicios) que en su conjunto sean idóneos y pertinentes para sustentar el ejercicio de la acción penal (facultad para incentivar al órgano jurisdiccional a iniciar proceso penal en contra de una persona), así como la solicitud de la audiencia inicial (inicio del proceso penal) donde formulará imputación en contra del justiciable (se le hará saber quién y de que se le acusa, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión) y se solicitará su vinculación a proceso (resolver su situación jurídica), así como la imposición de medidas cautelares por parte del Juez de Control (formas de garantizar su comparecencia al proceso).

La defensa también tendrá la oportunidad durante la investigación de construir su teoría del caso (su verdad histórica del hecho), así como recabar los datos de prueba necesarios para sustentarla.

Bajo la anterior tesitura, cuando se haya iniciado una carpeta de investigación, sin detenido, así como en aquellos casos en que exista flagrancia, pero se haya dispuesto de la libertad del imputado porque el delito que se le imputaba no ameritaba prisión preventiva oficiosa, según lo previsto por el artículo 19 constitucional y se determinó, que no existía la necesidad de solicitar prisión preventiva justificada (en virtud de no existe temor de que se sustraiga de la justicia, obstruya el desarrollo de la investigación o haya riesgo para la víctima, ofendido, testigos o para la comunidad), el Ministerio Público, una vez que haya verificado que los requisitos a que hacen referencia los artículos 16, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 141 y 310, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, es decir, exista una denuncia o querella o su requisito equivalente, sobre la existencia de un hecho aparentemente constitutivo de delito y obren datos

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que permitan soportar que se ha cometido ese hecho y exista la posibilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, podrá acudir ante el Juez de Control, a efecto de que de éste último libre en contra del imputado: 1. Citatorio (para para la celebración de la audiencia inicial, cuando considere que no existe riesgo de que el imputado se sustraerá de la justicia, por lo que acudirá voluntariamente); 2. Orden de comparecencia (a través de la fuerza pública, cuando no haya comparecido sin causa justificada a la audiencia inicial, habiendo sido citado); y 3. Orden de aprehensión (cuando el Ministerio Público estime que existe necesidad de esa cautela).

Expuesto lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 141 y 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habrá necesidad de solicitar una orden de aprehensión cuando: a) La persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad; b) Cuando se haya declarado la sustracción a la acción de la justicia al imputado; c) Cuando se incumpla una medida cautelar; d) La autoridad judicial declare sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no haya comparecido a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo; y e) Cuando el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido (orden de reaprehensión).

El Ministerio Público, también podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que: 1. Exista peligro de sustracción del imputado; 2. Exista peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación; y 3. Exista riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de Control podrá determinar si existe o no peligro de sustracción del imputado, tomando en consideración los siguientes aspectos: a) El arraigo que tenga en el lugar donde va ser juzgado determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de su familia y las facilidades que tenga para abandonar el lugar o permanecer oculto. En estos casos, declarar con falsedad sobre el domicilio del imputado constituirá presunción de riesgo de fuga; b) El máximo de la pena que en su caso se le pudiera imponer de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante éste; c) El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal (proceso); y d) La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o e) El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

libertad, el imputado: a) Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; b) Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente (evasiva) o inducirá a otros a realizar tales comportamientos; o c) Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.

Finalmente, el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que para la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de Control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida por parte del imputado o de terceros.

De todo lo anteriormente expuesto, se desprende entonces que la solicitud que realice el Ministerio Público, deberá estar sustentada en datos de prueba (medios de convicción que justifiquen la necesidad de esa cautela), es decir, citatorio, comparecencia u orden de aprehensión, por lo que el Juez de Control, es quien deberá verificar que esos requisitos se encuentren satisfechos y en caso contrario, prevendrá al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, pues así lo establece el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, es importante precisar que no se concederá orden de aprehensión, comparecencia o citatorio cuando los hechos no sean constitutivos de delito.

Asimismo, es importante precisar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el Juez de Control pueda decidir si existe peligro de obstaculizar el desarrollo de la investigación, deberá tomar en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público, para estimar como probable que de recuperar su abogados 24-7

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CDMX, México La infancia a la sombra de una sentencia

Dra. María de los Ángeles Martínez Tinajero Licenciado en Derecho por el Instituto Universitario Interamericano. Cédula Profesional: 09578355 Maestría en Amparo por la Universidad del Distrito Federal UDF. Cédula Profesional: 11514307 Doctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Reg. Constancia 19-1/1075/19 (Grado en trámite) Posdoctorado en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal UDF. Oficio Número UDF-SM/DAl/0130/19

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Mujeres en prisión.- En México existen un total de 446 establecimientos penitenciarios de todo tipo, desde reclusorios preventivos de las grandes ciudades y los centros federales de alta seguridad, hasta las cárceles de la comunidades más pequeñas y remotas, que en conjunto albergan, hasta el mes de mayo de 2001, una población en números redondos de 161 mil internos, de los cuales cerca de 7 mil son mujeres. Es decir solo el 4 % son mujeres, motivo por el cual en los reclusorios existe una pequeña sección que alberga población femenina pues, con excepción de unos cuantos centros, en México no existen instituciones penitenciarias exclusivamente para mujeres, lo que constituye una primera fuente de desventaja para la mujer1.

En México, podemos ver la posición del Estado, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su artículo 36, que entre otras cosas dice: Las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos, además de los derechos humanos reconocidos tendrán derecho a lo siguiente: I. Convivir

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con su hija o hijo en el Centro Penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezcan con su madre, la Autoridad Penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. En realidad la mayoría permanece con ellas hasta los cinco años.

Sin profundizar en la razón de esa concesión con la madre en prisión y no con los padres en la misma situación de cárcel, que además también podrían ser padres solteros.

También puede existir una familia ampliada que podría tomar el cargo, o si existe el padre que pudieran brindar mejores condiciones a ese bebé? Son muchas las preguntas que no tienen una respuesta concreta que satisfaga a los diferentes puntos de vista de la Sociedad Mexicana, puesto que existen dos posiciones muy marcadas una de ellas se refiere a los derechos de la madre, aunque en realidad cuando en menor crezca

de cualquier manera existirá esa separación, y en la mayoría de los casos existen hermanos de ese menor nacido en la cárcel, que también quieren vivir aunque sea encarcelados con la madre, como sea la separación de los hijos es inevitable. Tal vez en México se ha magnificado a un grado superlativo la imagen materna; y por ello se le permite decidir la permanencia, pero veamos cómo es que han resuelto dicha situación otros países.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, de 1955, disponen que cuando se permita a las madres reclusas conservar a su niño, deberá haber una guardería infantil con personal cualificado para ocuparse de las y los niños mientras no estén atendidos por sus madres (Regla 23). No existe, sin embargo, una normativa internacional.

En algunos países, por ejemplo en China, la regla es que si una mujer está embarazada o tiene un bebé de menos de 12 meses, no podrá cumplir su condena en la cárcel hasta que el bebé haya alcanzado dicha

edad, tras lo cual la madre deberá ingresar a la prisión sin él. En el otro extremo se encuentran los niños que pueden permanecer junto con sus madres hasta los tres años de edad, por ejemplo en Ruanda y Hong Kong, u otros países en los que, a menudo de manera informal, se les permite quedarse hasta una edad mayor, los seis años, por ejemplo en Zaire.

Entre ambos extremos existen situaciones en las cuales los niños nacidos en la cárcel son separados de sus madres en un plazo de 24 a 72 horas (como en algunos estados de la Unión Americana) o en las cuales, tanto si han nacido dentro como fuera de la prisión, pueden permanecer junto con sus madres hasta que cumplan un año, como en Escocia; 18 meses, en Francia, Inglaterra, Gales o Uganda; o bien hasta los dos años, siendo probablemente esta la regla más común, como se observa en Nepal, Sudán y Namibia, entre otros (UNICEF 1998).

Es importante señalar que, tanto en la Ciudad de México, como en el resto del país, los criterios conforme a los se permite o se impide que los hijos

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e hijas de las internas permanezcan en la institución no se hallan establecidos en los reglamentos de las prisiones, lo cual hace que exista un amplio margen de discrecionalidad por parte de los funcionarios encargados de administrarlas. En la mayoría de los casos, los niños/as se quedan bajo el cuidado de las abuelas o de otros familiares; y sólo cuando ello no es posible, la interna prefiere tenerlos con ella antes que enviarlos a una institución donde no siempre reciben un buen trato.

Quienes censuran la vida de los menores con su madre dentro de la cárcel arguyen que el medio es demasiado brutal y que esto afecta el desarrollo y constitución de los pequeños. Se afirma que la violencia del cautiverio se manifiesta en varios niveles. El primero se refiere a la manera de expresarse entre las internas. En efecto, el modo de hablarse entre internas se nutre de un vocabulario obsceno, acotado a la significación “canera” o gente de mal vivir; además, conforme es mayor el tiempo que las presas conviven encerradas, la comunicación va perdiendo sentido. En realidad, muchas veces la voz aparece como el medio para golpear al otro a través del insulto o el grito.

Otro medio en el que se manifiesta la violencia es el visual. La interacción de una “institución total” obliga a que las y los internos se exhiban. Estudiosos de los campos de concentración, hospitales y prisiones hablan de esta exposición contaminadora. En la penitenciaría de mujeres no se logra evitar que las niñas y los niños se percaten de la gran cantidad de prácticas informales que llevan a cabo las presas2.

En el encierro, la privacidad se pierde, la línea que delimita lo privado (incluso lo íntimo) de lo público se desvanece, confrontando de manera obligada la interacción social entre los sujetos. Este hecho es reconocido por las propias madres, quienes desesperadamente intentan ocultar al niño(a) el

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campo visual de las compañeras adictas u homosexuales3.

Asimismo, las madres enfrentan el problema de no tener con quién encargar a sus hijos cuando ellas tienen relaciones íntimas con sus parejas. En efecto, la institución autoriza la visita íntima a todas aquellas internas que cumplen con la normatividad señalada y que, sobre todo, se limite a una moral del “buen comportamiento” (entendida en el marco de las relaciones de tipo heterosexual, legal, etcétera). En estos casos, generalmente las madres no tienen con quién encargar a sus hijos o hijas, por lo que terminan por llevárselos al lugar del encuentro erótico-sexual, aunque la Ley de Ejecución penal lo prohíbe.

Sin embargo, lo que no se dice es que la Institución saca a su vez provecho de la ligadura emocional de tipo angustiante que se establece entre la madre con su hijo(a), dado que la obediencia se logra a través de la amenaza constante de quitarle a su niño(a).

Muchas veces, este sometimiento se consigue con la complicidad de alguno de los integrantes de la familia o aprovechándose de ciertas políticas moralizantes de instituciones como el DIF, los albergues dirigidos por religiosas, etcétera4. La madre, como cualquier otra prisionera, puede perder determinados privilegios, como son el de contar con la visita íntima, la visita familiar, el pase de cierta comida u objetos; pero una madre que decide pagar parte de su condena al lado de su pequeño(a), es más propensa a ser intervenida por las autoridades, o sea, a ser asediada por educadoras, trabajadoras sociales, criminólogos, médicos, custodias y funcionarios para decirle cómo educar a su hijo(a) o, en su defecto, reprenderla ante cualquier situación que estos consideren rara, anómala o simplemente que les genere malestar o angustia.

Los datos que tiene la Secretaría de Gobernación nos dejan ver un perfil de estas madres en situación

de cárcel y arrojan que en promedio tienen menos de 27 años de edad. El rango que obtuvo un mayor porcentaje es de 23 a 27 años (32.2 por ciento), es decir, en su mayoría son jóvenes con hijas e hijos pequeños. En promedio, se permite la estancia de los menores hasta los tres años de edad. En su mayoría estaban en unión libre 55%, -estaban porque terminan olvidadas y despersonalizadas-, con respecto a su ocupación el mayor porcentaje son eran amas de casa 28% o con otra actividad informal 27%, el 48% con estudios de primaria pudiendo ser inconclusa, el delito más frecuente son delitos contra la salud en un 51.7% y después robo calificado, el 84% ya están sentenciadas y 16% en proceso, la sentencia más recurrente es de 8 a 11 años con un 42%, y después de 4 a 7 años con un 36%, antes de ingresar la mayoría vivía en una familia nuclear en un 37.6%, y los datos reportan que regresan a la misma cuando salen, también indican que la actividad del esposo era de desempleo al momento que ingresan en un 34.5%, La mayoría de las visitas son de la familia extensa, la mayoría tiene tres hijos, como trabajo se dedican a las artesanías y al lavado y planchado, reciben apoyo del exterior y las visitan una o dos veces a la semana normalmente por su madre y familiares5.

El tema es amplio pero lo que sí es importante, es que el Estado debiera tener una postura firme y uniforme respecto a esta situación, porque lejos de importar la situación de la madre que puede ser inocente o no. Lo importante en realidad es lo que el menor vive en esos centros, y aunque cada caso es diferente, la política debiera ser la misma para los niños, y solo ponderar la situación de los menores. Es verdad que la madre es una figura importante, pero existe el padre y la familia ampliada, y como última ratio estará el Estado, quien tiene la obligación de velar a toda costa por el bienestar físico, y psicológico de esos menores, que a su corta edad se les ha privado de su libertad.

En México todos nacemos libres y esa libertad esta garantizada en la Constitución Federal, en ninguna parte habla de excepciones, y si bien es cierto, que los padres son los tutores, en el caso de encarcelamiento y al no haber quien se haga cargo, pues ahí si entraria el Estado. Por qué un menor tiene que vivir situación de cárcel, solo porque la madre decide que permanezca con ella en un lugar en donde los mismos internos describen como la biopsia de una sociedad.(Mabel)6 abogados 24-7

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___________ 1 Cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, Secretaría de Seguridad Pública, 2001.

2 Consultar: Elena Azaola, y Cristina Yacamán, Las mujeres olvidadas.

Un estudio de la situación actual de las cárceles de mujeres en la república mexicana, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Colegio de México (Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer), 1996, p. 49.

3 El niño juega en los jardines en donde algunas prisioneras fuman mariguana. A la elaboración del carrujo o cigarro se le denomina “forjar” o “ponchar”. Esto se lleva a cabo como un pequeño ritual en donde se coloca en la mano el papel o la “sábana” y se extiende la yerba para luego enrollarse a la manera de un taco. El pequeño juega con tierra y le habla a la madre, ésta llega y observa entre la sorpresa y la angustia al niño. Éste coloca la tierra en un papel y la

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extiende: está ponchando us cigarro. Diario de investigación.

4 Por ejemplo, cuando las madres no pueden o no quieren tener a sus hijos con ellas, existe un condicionamiento por parte del DIF sobre el hecho de aceptar al niño o niña siempre y cuando se separe de la madre y no se les permita la visita. Elena Azaola, y Cristina Yacamán, Las mujeres olvidadas... op. cit., p. 251.

5 Responsable del proyecto: Lic. Marcela A. Briseño López, Coordinadora del Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria de la Secretaría de Gobernación Participantes: Lic. Eduardo Michan Escobar, Lic. David Cervantes González, Lic. Ana Guadalupe Nájera Torres, Lic. Miguel Ángel Miranda Urrutia, T.S. Laura Saucedo Saucedo y Lic. Cristina Meza Chávez 6 Testimonios de internos que así se autodenominan, recopilados por “Mabel”, asesora jurídica voluntaria.

Puebla, México Quitémonos de mitos sobre la VISA

Mtro. Juan Javier Zacatelco Tapia - Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C. Cédula Profesional: 2996879 - Maestro en Derecho Corporativo Internacional por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C. Cédula Maestría: 7426853 - Maestro en Argumentación Jurídica

El trámite de VISA para viajar a los Estados Unidos, es un trámite administrativo que debería ser muy práctico, es decir sencillo, tanto en el llenado de formularios dependiendo el tipo de VISA que se requiera., como el tema de la entrevista, sin embargo, existe una desinformación sobre este trámite debido a que los medios de comunicación han satanizado la obtención del Visado.

En sí, la VISA es el permiso que nos da un País para ingresar y permanecer un determinado tiempo en su territorio., para obtenerla se requiere el llenado de un formulario, y en ese sentido la complejidad de ese formato implica que el 50% de las Visas solicitadas no sean aprobadas.

La Visa más solicitada es la de turista, pero su objetivo es ese y no pensar que puede uno realizar otra actividad con este visado, por ejemplo si se quiere ver a el novio o novia, o se desea entrar para visitar a un familiar enfermo etc,, inician con el llenado de este mismo formulario,

pensando que es el adecuado., lo recomendable es realizar la solicitud de visa por el motivo que desea uno, y en ese sentido hay un sinfín de formularios.

El objetivo de esta narración es mandar el mensaje de que obtener la visa no es imposible, solo se necesita quitarnos prejuicios sobre este trámite, los mitos y leyendas que descansan sobre el tema.

Por ejemplo, pensar que si tienes un bien inmueble a tu nombre o cuentas en el banco, es un hecho que te la den. En ocasiones no piden ningún documento, basta con el estudio que hacen de tu lenguaje corporal.

También es importante entender que la edad de 22 a 28 años es una edad donde existe más riesgo para que el oficial consular tenga una predisposición para negarla, debido a que en esta edad las personas tienen una capacidad física muy alta y las intenciones en su mayoría son para trabajar y no para visitar. La

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honestidad en la narración de la historia ayuda a que sea creíble el trámite.

Preguntas como, A dónde va? A qué va?, que tiempo piensa estar ahí?, cuando llegue al aeropuerto quien lo recibe? o a donde se dirige? tiene familiares indocumentados en Estados Unidos? A que se dedica?

Son algunas de las preguntas que le harán, ya que por el número de entrevistados que se realizan durante el día, no puede tardar más de 5 o 10 minutos a dicha entrevista consular.

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Recuerde que en el caso de negarle la visa, su derecho a solicitarla queda vigente, siempre y cuando no se le castigue con los 5 o 10 años y que en el caso habría que solicitar el perdón consular, pero esa es otra historia… ¡Haga su tramite!

Querétaro, México El plazo razonable en la Legislación Mexicana

Mtro. Joaquín Hernández López Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro Maestro en Derecho con énfasis en juicios orales por la Universidad Mondragón Director General de Hernández y Hernández Abogados

En la actualidad el incremento de procesos jurisdiccionales de diversa índole ha tenido como consecuencia que los plazos para dar respuesta a las peticiones que se realizan en el transcurso de los mismos vaya incrementándose notablemente. Basta preguntar en cada tribunal el tiempo que se tardan en dar respuesta a las promociones presentadas, y luego contrastar ese tiempo con el que señala la ley adjetiva para darnos una idea de la magnitud de este problema En materia penal, el artículo 20 constitucional, en su fracción VII, señala que será juzgado antes de cuatro meses si se trate de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa, siendo la única materia en la que a nivel constitucional se regula la duración de un proceso.

Para el resto de los materias, no se encuentra estipulada a nivel constitucional la duración de los

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procesos, siendo que únicamente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, contempla el derecho fundamental de acceso a la justicia, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Dicho derecho fundamental también se encuentra consagrado en el articulo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al establecer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Nuestra ley de amparo contempla la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de omisiones de las autoridades jurisdiccionales, como lo puede ser la referente a no dar respuesta de forma pronta a las promociones.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en esta Decima Época que la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de las omisiones de las autoridades jurisdiccionales de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio se actualiza en dos supuestos. El primero es cuando se advierta una abierta dilación del procedimiento, para lo cual sería necesario hacer una alusión a como se ha ido desarrollando el proceso en el escrito de demanda de amparo. El segundo supuesto se da cuando hay una paralización total1.

Lo difícil será definir lo que se entiende por “abierta dilación del procedimiento”, puesto que dependerá del tipo de actuación que se espera de la autoridad jurisdiccional, puesto que tal y como lo apunta el autor FERNANDO SANCHEZ CALDERON, se puede tornar subjetiva tal definición2 . Por ejemplo, en materia laboral la autoridad tiene un plazo de 24 horas para darle tramite al escrito inicial de demanda, por lo que atendiendo al hecho notorio de las cargas de trabajo con que cuentan dichas autoridades, se ha aceptado que se extienda hasta en un plazo de 10 diez días hábiles, al termino del cual es que ya se entiende una abierta dilación del procedimiento3.

Para tratar con objetividad dicha definición, se debe de tener en cuenta 5 aspectos, que son los siguientes: 1) La complejidad del asunto ya sea técnica, jurídica o material

2) La actividad procesal del interesado, esto es, los actos que el solicitante haya desplegado para darle seguimiento, si con ello dificulta, obstaculiza o impide su pronta respuesta 3) La conducta de las autoridades jurisdiccionales, es decir, los actos que la propia autoridad llevo a cabo para agilizar la pronta respuesta a su petición, así como sus cargas de trabajo 4) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 5) El análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite, que implica analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para establecer si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no4.

Estos aspectos a considerar han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias5, quien en un genuino ejercicio de dialogo jurisprudencial con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconoció lo esclarecedor del caso Eur. Court H.R., Ruiz Mateos v. Spain judgment of 23 June 1993, Series A no. 262, párr. 30 Hay un sector que imputa la tardanza en resolver los asuntos judiciales precisamente a los órganos jurisdiccionales, al estimar que errores como la fecha del acuerdo, no acordar específicamente lo solicitado, o acordar algo que no fue solicitado va dilatando el procedimiento6.

Ya desde finales de los años 90 del siglo pasado, se intentó dar una justificación a la tardanza en la respuesta a las promociones por parte de los órganos jurisdiccionales por la carga de trabajo rezagado, siendo que fue el pleno de la Suprema Corte de abogados 24-7

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Justicia de la Nación la que en Jurisprudencia firme estableció unos lineamientos para atender a la justificación de la tardanza.

Los nuevos ordenamientos procesales que vayan surgiendo en el futuro deberán de considerar plazos razonables atendiendo a tiempos reales de respuesta, y al tipo de peticiones que se les están solicitando, priorizando aquellas en las que la respuesta deba de ser sino inmediata, en un plazo muy corto, solo de esa forma se podrá garantizar el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta ___________ 1 Contradicción de tesis 325/2015 resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que surgió la jurisprudencia que lleva por rubro: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISION DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACION INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, cuyo numero de registro lo es el 2011580 EL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION, Autor Fernando Sánchez Calderón, Editorial Tirant lo

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blanch, México, 2019, página 274 2 Así se ha pronunciado el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los recursos de Queja 28/2018, 91/2018 y 100/2019, de los que surgió la tesis aislada que lleva por rubro: DEMANDA LABORAL. EL PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES SE ESTIMA RAZONABLE PARA CONSIDERAR QUE EXISTE PARALIZACION TOTAL DEL PROCEDIMIENTO SI NO SE ADMITE DENTRO DE ESE TERMINO, cuyo numero de registro lo es el 2019354 3 En estos términos el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al emitir la tesis de Jurisprudencia que lleva por rubro: DILACION PROCESAL. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS “ABIERTA DILACION DEL PROCEDIIENTO” O “PARALIZACION TOTAL DEL PROCEDIMIENTO”, COMO EXCEPCION A LA REGLA DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 107, FRACCION V, DE LA LEY DE LA MATERIA 4 Siendo una de las más enriquecedoras la de GENIE LACAYO VS. NICARAGUA. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de enero de 1997. Serie C, No. 30, párrafo 77.

5 TARDANZA JUDICIAL, Autor Dr. Luis Raymundo Massè Moreno, Editorial Gallardo Ediciones, México, 2019, página 18 6 Tesis de Jurisprudencia 32/1992, que lleva por rubro: TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO, cuyo número de registro es