Unicef - Local Governance and Childrens Rights by Fernando Muñoz - Diseño grafico editorial

Los puntos de vista expresados en esta publicación no reflejan necesariamente aquellos de los países miembros de la Junta Ejecutiva de UNICEF, de PNUD o de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas aquí mencionadas. Igualmente, ni las designaciones, ni la terminología empleada, ni la presentación del material, representan opinión o manifestación alguna por parte de las Naciones Unidas con respecto a la condición jurídica de algún país, territorio, ciudad o área, sus autoridades, fronteras o límites.

Se puede reseñar, reproducir o traducir con fines de investigación o de estudio privado, pero no para la venta u otro uso relacionado con fines comerciales. En todo uso que se haga de esta información se deberá indicar que la fuente es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este documento está protegido por la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, por otros convenios internacionales y por las leyes nacionales sobre derecho de autor y derechos conexos.

323.352 P943 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Gobernabilidad local y derechos de la niñez y adolescencia : un análisis de siete experiencias de políticas públicas locales. – Panamá : PNUD – UNICEF, 2008. 150p. ; 27 cm. ISBN 978-9962-663-02-7 1. 2. 3.

NIÑOS (DERECHO INTERNACIONAL) GOBERNABILIDAD LOCAL POLÍTICAS PÚBLICAS I. Título.

Copyright © PNUD y UNICEF 2007. Todos los Derechos Reservados Fotografías: Gonzalo Bell, Jaime Perez Múnevar, Luis Gonzalez, Karla Rodriguez, Astrid Sanguinetti, Rays Sacoe, Mila Petillo, Shehez Adnoorani

UNICEF

PNUD

Nils Katsberg

Rebeca Grynspan

Director Regional para América Latina y el Caribe

Directora Regional para América Latina y el Caribe y Administradora Auxiliar del PNUD

Jean Gough

Nicky Fabiancic

Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe

Director Regional Adjunto para América Latina y el Caribe

Comité Técnico Interagencial: UNICEF -TACRO Susana Sottoli, Marcela Masnatta, Haleem Lone, Michelle Barron, Mariela de Jesús, Margarita Mojica. PNUD LAC-SURF Freddy Justiniano, Juan Manuel Salazar, Leida Mercado, Octavio Aguirre, Jairo Matallana. Equipo Técnico de Proyecto: Guillermina Martín, Eyra Harbar. Equipo por País: Argentina: Mónica Bifarello, Cecilia Nieto (Municipio de Rosario) Ennio Cufino, Javier Curcio (UNICEF Argentina) Bolivia: Clemencia Aramburu, Brigitte Sonois (UNICEF-Bolivia), Alfredo Marty (PNUD-Bolivia) Herlan Ayreyu Cuellar (Consultor) Brasil: Manuel Buvinich, Rui Aguiar (UNICEF- Brasil) Colombia: Antonella Scolamiero, Raquel Percezk, Ana Maria Peñuela. (UNICEF-Colombia) Cuba: Viviana Limpias, Odalys Rodriguez (UNICEF-Cuba), Sergio Novas Tejeiro (PNUD- Cuba), Blanca Munster (Consultora) El Salvador: Miriam de Figueroa, Sunah Kim, José Lima, Karla Varela (UNICEF-El Salvador), Sara Berrios Vallecillos (Consultora) República Dominicana: Paulo Sassarao, Fernando Castillo (UNICEF-República Dominicana), Elsie Doñé-Moline (Consultora) Expertos que comentaron y validaron el documento (Peer Review): Ximena de la Barra, Oscar Yunovsky. Participantes en el Debate de Peer Review: Ximena de la Barra y Oscar Yunovsky, Jean Gough, Marcela Masnatta, Mariela de Jesús, Margarita Mojica, Freddy Justiniano, Octavio Aguirre, Guillermina Martín, Eyra Harbar. Comentarios y Recomendaciones al documento final: Oscar Yunovsky, Daniel Cravacuore, Cecilia Fernández, Octavio Aguirre, Gloria Manzotti, Freddy Justiniano. Argentina: Ennio Cufino (UNICEF), Carlos Felipe Martínez y Javier Curcio (PNUD). Bolivia: Cristian Jette (PNUD). Brasil: Kim Boldouc (PNUD) Manuel Buvinich (UNICEF). Colombia: Ana Maria Penuela (UNICEF), Luís Ignacio Arango (PNUD). Cuba: Odalys Rodriguez (UNICEF). El Salvador: Miriam de Figueroa, Sunah Kim y José Lima (UNICEF), William Pleitez (PNUD). República Dominicana: Paulo Sassarao y Fernando Castillo (UNICEF). Mauricio Ramírez (PNUD) Edición: Sofía Izquierdo, Edgar Nuñez Diseño: Fernando Muñoz

CONTENIDO

Presentación Resumen Ejecutivo

7 9

Marco de Referencia

”Punto de partida, ver dónde estamos para elegir a dónde vamos” Gobiernos locales y procesos de descentralización en los países analizados 29 Marcos normativos en Derechos de la Niñez 34

“Trazando caminos: una gobernabilidad local para los derechos de la niñez” Enfoque de Desarrollo Humano Enfoque de Derechos Humanos Derechos y Desarrollo Humano: Paradigmas convergentes que reafirman la libertad humana Gobernabilidad democrática Gobernabilidad democrática local Condiciones para la gobernabilidad local y derechos de la niñez

Contextos

15 16 19 21 22 23

Contextos Socio-Económicos América Latina y Caribe, la región más desigual del mundo La pobreza en América Latina y el Caribe El derecho a la Educación Igualdad y equidad de género Salud VIH-Sida Sostenibilidad ambiental Violencia y sus efectos en niñas, niños y adolescentes

36 36 39 41 42 43 44 44 51

Análisis de siete experiencias 53 “Trazar caminos para garantizar derechos” Primera condición: Visión estratégica Planeación estratégica Gestión basada en resultados Construcción de alianzas con múltiples actores

Segunda condición: Capacidad y desempeño institucional

56 56 67 72 77

Marco financiero e inversión social en la niñez

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades

79 84 87 87

Tercera condición: Legitimidad y liderazgo Cuarta condición: Participación pública Formas de participación e inclusión de la niñez y la adolescencia Participación de adulto Participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes Comunicar para cumplir derechos

88 88 89

Conclusiones Generales Lecciones Aprendidas Anexos-Descripción de Experiencias Argentina: Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños Bolivia: Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI) Brasil: Sello UNICEF. Municipio Aprobado Colombia: Estrategia Municipios y Departamentos por la infancia y la adolescencia. Hechos y Derechos Cuba: Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) El Salvador: Políticas Públicas municipales a favor de la Infancia República Dominicana: Municipios Amigos de la Niñez (MAN)

Bibliografía

95 99 101 103 108 113

118 122 127 131

145 5

Lista de tablas, gráficas y cuadros Descentralización para cumplir Derechos de la Niñez.30. Medidas de descentralización diferenciadas. 31. Marco normativo en Derechos del Niño.35. América Latina y el Caribe (7 Países analizados). Estratificación de países según el coeficiente GINI de la distribución del ingreso, alrededor de 1999, 2002 y 2005. 37. América Latina y el Caribe (7 Países analizados). Evolución de países según el IDH, alrededor de 2000, 2002 y 2005. 40. Indicadores de Mortalidad Infantil, Desnutrición, Educación, Trabajo Infantil y Acceso a Agua en los 7 países presentados.49 Metas y fundamentos de Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños. Argentina. 58. ¿Qué motivan y proponen las políticas integrales?.67. Sello UNICEF –Municipio Aprobado. Sistema de monitoreo y evaluación de impacto social, gestión de políticas públicas y participación social utilizados en la edición 2005-2006. Brasil. 68 Principales actores participantes de las experiencias. 73. Lineamientos Comparativos de Análisis Resultados Directos de las Experiencias. 135. Balance de impactos en los niños, niñas y adolescentes. 142

P R E S E NTAC I Ó N América Latina y el Caribe presentan un denominador común de elevada desigualdad económica y social, y altas desigualdades de género y de origen étnico y cultural (poblaciones indígenas y afrodescendientes). La enorme brecha que existe entre los grupos más pobres y más ricos es uno de los principales desafíos de la actualidad. En este contexto de desigualdad, el proceso de estructuración social de la región y al interior de cada país excluye y margina a parte de su población debido a la fragilidad alimentaria, las situaciones de privación, la falta de educación de calidad, acceso a salud, disponibilidad de programas de prevención e información sobre sexualidad y reproducción, así como las situaciones de violencia, limitan las posibilidades de futuro y desarrollo, alimentan el ciclo intergeneracional de la pobreza1 y, en consecuencia, generan el incumplimiento de los derechos Los indicadores medidos exclusivamente a nivel nacional ocultan esta situación de desigualdad e impiden desarrollar políticas públicas adecuadas. De ahí la necesidad de medir en los niveles locales el avance de los ODM y utilizar otros indicadores sustanciales para evaluar la supervivencia, desarrollo y protección de la niñez y la adolescencia. En este marco, en los últimos años la región ha sido escenario de un intenso –y enriquecedordebate sobre las ventajas y desafíos que plantea lo local como espacio posible para la gestión, generación y movilización de recursos sociales, económicos, culturales y políticos para cumplir los derechos de la infancia en una comunidad territorialmente definida. Día a día se genera consenso en torno al concepto de que la demarcación del espacio territorial contribuye a analizar y abarcar integralmente las actuales condiciones de vulnerabilidad y exclusión. En la región existen múltiples y diferentes experiencias a favor de la niñez desde los ámbitos locales, estas diferencias pueden presentarse tanto en los escenarios territoriales y legales como en los políticos. Dichos escenarios varían de acuerdo al compromiso de los gobiernos nacionales, los procesos de descentralización, los marcos legales y la incidencia de otros poderes en la gestión o en la experiencia a favor de la niñez. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas han colaborado con proyectos, programas y políticas sobre esta temática; esta iniciativa parte del reconocimiento de estas acciones y las recupera para la reflexión. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es una valiosa herramienta para examinar las oportunidades que brindan los niveles locales para el ejercicio de los derechos de la niñez, ya que establece claramente los derechos sociales, civiles, políticos, económicos y culturales que deben disfrutar todas las niñas, niños y adolescentes sin ningún tipo de discriminación. La CDN ha propiciado avances en materia normativa, lo que ha posibilitado mejoras en las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes. El desafío reside en traducir los principios emanados de la CDN a políticas locales que permitan alcanzar mayores impactos. En este camino, los niveles locales presentan la posibilidad de anclar la defensa y promoción de los derechos en situaciones concretas de las comunidades, y permiten encontrar formas de solución desde un marco de responsabilidad social, colectiva y comunitaria, para su bienestar y futuro. A la vez, 1. Informe Interagencial sobre Avance de los ODM. (PNUD-UNICEF-CEPAL-otros) 2005:154.

es necesario tener en cuenta que las instancias municipales enfrentan múltiples desafíos como prácticas políticas vetustas, imposición de intereses particulares, desarticulación de las instancias intermedias y nacionales, falta de recursos o mal uso de ellos y situaciones que afectan los intentos de consolidación de una política de mediano y largo plazo dirigida a la niñez. La promoción y protección de los derechos de la niñez en el marco de condiciones favorables de gobernabilidad local es fundamental para el desarrollo del capital social y humano. La visión de concebir a la infancia como sujeto de derechos debe permear todas las acciones y prácticas de los estados y la sociedad en los niveles nacionales, intermedios y locales. La iniciativa de cooperación UNICEF- PNUD parte del potencial del trabajo interagencial a través de un proyecto que aborde niñez y gobernabilidad local, con el objetivo de aprender sobre las fortalezas, debilidades, obstáculos y desafíos de las experiencias que se desarrollan en América Latina y el Caribe, y de esta manera “producir conocimiento sistemático y herramientas de gestión que contribuyan a sustentar recomendaciones para contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil sobre cómo formular e implementar políticas locales a favor de la niñez y la adolescencia”. Para tal fin, ambas agencias desarrollaron una base de información estratégica. Las siete experiencias sistematizadas presentan características y condiciones distintas, y diversos contextos normativos, políticos, institucionales, económicos, sociales y culturales. Este documento se propone trazar una ruta que establezca las condiciones necesarias para consolidar los derechos de la niñez y la adolescencia en los ámbitos locales. Las soluciones específicas a los temas de gobernabilidad local a favor de la niñez y la adolescencia dependerán de, las características económicas y sociales, y la situación política de cada país y cada localidad. No obstante, el análisis de las experiencias que han logrado transitar un camino, facilita la recuperación y replicabilidad de conocimientos. Ello permite derivar lecciones generales y disponer de un conjunto de herramientas e instrumentos en esta temática. Los resultados y lecciones de este trabajo forman parte de un proceso de reflexión que continúa. El desafío que enfrentan las instancias municipales y las organizaciones comunitarias requiere de aportes y esfuerzos que fortalezcan el desempeño y el rol de tales instituciones y procesos democráticos para el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y la adolescencia de la región desde el ámbito local.

RESUMEN EJECUTIVO Este documento analiza siete experiencias en la promoción y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en ámbitos locales en América Latina y el Caribe. La sistematización de experiencias como aporte para construir una sociedad que valore a la niñez y a la adolescencia como su principal recurso, lo mejor es aprender de los obstáculos, los desafíos, las dificultades y derivar lecciones para formular respuestas colectivas a cada problema. La sistematización de experiencias es un proceso que permite aprender de la práctica y parte de la clara intención de que la información documentada se transforme en conocimiento útil y disponible para todas y todos. En la región existen múltiples y diferentes experiencias a favor de la niñez desde los ámbitos locales, estas diferencias pueden presentarse tanto en los escenarios territoriales y legales como políticos. Para desarrollar esta iniciativa, se diseñaron formatos de sistematización de información sencillos y ágiles, y se seleccionaron experiencias que tuvieran las siguientes características: “que sean programas, proyectos y/o políticas implementados por actores del sector público, privado y social, y/o agencias del Sistema de Naciones Unidas que se enmarcan en un enfoque de derechos, que actúen en el ámbito local y hayan cumplido con las metas establecidas. Además, que cuenten con cierto nivel de formalización, reconocimiento social, algún mecanismo de monitoreo y evaluación, y que sean sostenibles en el tiempo.” Las experiencias sistematizadas son: Argentina. Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños. Bolivia. Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI). Brasil: Sello UNICEF- Municipio Aprobado. Colombia. Estrategia Municipios y Departamentos por la Infancia. Hechos y Derechos. Cuba. Programa de Desarrollo Humano Local Interagencial (PDHL). El Salvador. Políticas Públicas Locales a favor de la Infancia. República Dominicana. Municipios Amigos de la Niñez (MAN). Para analizar estas experiencias, en el primer capítulo se presenta un marco de referencia que articula el Enfoque de Derechos, el paradigma de Desarrollo Humano y el concepto de Gobernabilidad Local, entendida como Gobernabilidad Democrática. El Enfoque de derechos se refiere a los derechos humanos inalienables de las personas, persigue garantizar las potestades, autonomía y dignidad de los seres humanos, y busca asegurar el rol indelegable del Estado en la adopción de las medidas necesarias para su cumplimiento. Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes han sido ampliamente definidos en 9

una serie de tratados y acuerdos internacionales. La mayoría de los países de la región luego de ratificar la CDN adecuaron sus marcos legales para afianzar estos tratados. Esta nueva visión de concebir a la infancia como sujeto de derechos, debe atrave sar todas las acciones y prácticas políticas de los estados y de la sociedad en los niveles nacionales, intermedios y locales. El Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de las opciones de las personas mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la consolidación de sus libertades. Las capacidades incluyen desde disfrutar de una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un alto nivel de vida, hasta la libertad política, económica y social, participar en la vida de la sociedad, tener la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo (vivir con dignidad) y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Este paradigma es un intento de concebir el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos Ambos paradigmas son interdependientes y se refuerzan entre sí. Comparten un compromiso común con la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas de todas las sociedades de forma tal que sus motivaciones los hacen compatibles y sus diferentes estrategias los hacen complementarios. Los dos conceptos se fundamentan en el reconocimiento de la importancia de la vida humana y son dos formas de reafirmar la libertad humana. La Gobernabilidad Democrática se entiende como el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles; comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuáles los ciudadanos y grupos sociales articulan sus intereses, concilian sus diferencias ,ejercitan sus derechos y cumplen sus obligaciones legales. La gobernabilidad incluye el Estado pero lo trasciende abarcando a todos los sectores de la sociedad y sus vínculos con el Estado. La Gobernabilidad Local debe partir de un enfoque de derechos para asegurar que el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos se haga explícito en el ámbito local. En un contexto de descentralización en el cual las potestades, recursos y responsabilidades administrativas han sido transferidos o delegados a niveles subnacionales, dichas instancias subnacionales deben afirmar claramente estos compromisos al momento de ejercer sus funciones y responsabilidades. En este sentido, se considera que una experiencia basada en un enfoque de derechos y en la gobernabilidad democrática, no sólo debe pensar en las necesidades básicas inmediatas de una comunidad o población específica (en este caso niñas, niños y adolescentes), sino que deberá proponerse recrear estructuras institucionales locales que garanticen el bienestar a largo plazo, encarando la pobreza y la exclusión en todos los frentes, movilizando a toda la sociedad para promover una cultura ciudadana que apoye a las niñas, los niños y adolescentes, y convirtiendo el bienestar de todos en uno de los indicadores más importantes de una sociedad saludable2. En el segundo capítulo se presentan las siete experiencias en sus contextos nacionales y locales, se describen y analizan los condicionamientos socio-económicos, los procesos de descentralización y los marcos normativos en niñez y adolescencia. 10

2. Véase UNICEF. “Ciudad para la niñez- Los derechos de la niñez, la pobreza y la administración pública”. 2003

En el tercer capítulo, se analizan los obstáculos y desafíos que debieron enfrentar las experiencias a partir de cuatro condiciones que influyen en la construcción de una buena gobernabilidad local para la niñez: (i) visión estratégica; que profundiza sobre la planeación estratégica, la gestión basada en resultados y la construcción de alianzas con múltiples actores, (ii) capacidad y desempeño institucional; dónde se enfatiza en el marco financiero local y la inversión social local en la niñez y en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades, priorizando el análisis de la estructura público-administrativa de los gobiernos locales y las instituciones comunitarias locales, (iii) legitimidad y liderazgo transformacional que analiza la dimensión política de los procesos de construcción de políticas locales para la niñez y (iv) participación pública, que profundiza en las formas de participación e inclusión en la toma de decisiones públicas de niñas, niños y adolescentes, además de los procesos participativos de los adultos. En el cuarto capítulo se presentan las principales conclusiones y las lecciones aprendidas compartidas por las experiencias. En los anexos se adjunta un resumen de cada experiencia, que incluye las condiciones que permitieron su surgimiento y un resumen de conclusiones derivadas del análisis de cada una.

La sistematización completa se encuentra en línea en el website www.infanciaygobernabilidad.org El sitio está diseñado como una caja de herramientas que puede ser utilizada como medio de consulta, comunicación y encuentro para las experiencias documentadas en la región, otras experiencias, los gobiernos locales y nacionales, las agencias de cooperación que quieran abordar la temática, organismos e instituciones y la sociedad civil.

MARCO DE REFERENCIA “Trazando caminos: una gobernabilidad local para los derechos de la niñez”

El objetivo central de esta iniciativa consiste en poner los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el centro de las políticas públicas . Para transitar por este camino, se parte de articular el enfoque de derechos humanos y el de desarrollo humano como paradigmas para pensar una gobernabilidad democrática local. Ambos enfoques son congruentes y complementarios, y comparten una visión y propósito común que es asegurar la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas. Con esta iniciativa se busca maximizar el impacto de las políticas de desarrollo y abogar por la formulación de políticas universales e incluyentes que afecten positivamente la vida de los niños, las niñas y adolescentes. 3

Enfoque de Desarrollo Humano

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de las personas mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la consolidación de sus libertades. Las capacidades incluyen desde disfrutar de una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente, hasta la libertad política, económica y social, participar en la vida de la sociedad, tener la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo (vivir con dignidad) y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Este paradigma concibe el desarrollo como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. El desarrollo humano supera el enfoque estrecho del desarrollo centrado en lo económico, colocando a las personas en el centro del mismo. El desarrollo humano es distinto del aumento del ingreso; éste es sólo un medio, no un fin. Establecer la expansión de las libertades y el bienestar humano como objetivo central del desarrollo va más allá del crecimiento de la riqueza y de los ingresos, pues incorpora en la misma medida la consolidación de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales. Esta aproximación multidimensional posibilita una mirada diferente del desarrollo, proponiendo la realización simultánea de distintos valores: la eficiencia y sostenibilidad, entendidas como el óptimo aprovechamiento de los recursos existentes para las actuales y futuras generaciones, la equidad en la equidad para el aprovechamiento de oportunidades entre las personas y la libertad como posibilidad de que las preferencias y capacidades de todos incidan sobre el la elección de oportunidades a ser aprovechadas. El desarrollo humano ha sido un concepto en evolución que ha implicado extensos debates sobre cuestiones como la participación, la sostenibilidad y la equidad de género y étnica. Como resultado de ello, se ha ampliado y profundizado el criterio básico, incluyendo los siguientes principios: (a) equidad (b) participación (empoderamiento), (c) sostenibilidad y (d) crecimiento y aumento de la productividad. Según estos principios, el desarrollo humano requiere desarrollarse en un escenario de crecimiento económico, de modo que no ser confundido con el desarrollo social (si éste se concibe separado de la economía) ni con el desarrollo de los recursos humanos (visión aún más restringida). Al incorporar la dimensión de equidad, se evita medir el desarrollo humano a partir de promedios y se exige una distribución equitativa de la ampliación de las capacidades de las personas en cada grupo social (familia, comunidad, nación), género, etnia, cultura y territorio. 3. En este análisis se entenderá por política pública el proceso de negociación política en el que intervienen diferentes intereses, valores y conocimientos de actores individuales y colectivos, gubernamentales y no gubernamentales, del cual emerge una decisión política acerca de planes y programas de acción dirigidos a intervenir desde el Estado en un sector específico (políticas sectoriales), o

abordar una problemática o asunto particular (políticas para la infancia, para el medio ambiente, etc.). UNICEF-TACRO. Reunión Regional de Políticas Públicas. Panamá. Junio, 2004.

La participación implica libertad para actuar en la vida política, social, económica y cultural de la sociedad, o sea, no exclusión. El empoderamiento está vinculado al aumento de la capacidad de las personas para participar en la adopción de decisiones que afectan sus vidas y, con ello, contribuye a garantizar una mayor libertad. El hambre, la necesidad y la privación limitan estas opciones. La sostenibilidad hace referencia a la consideración de las capacidades de las futuras generaciones. Está relacionada con el uso sostenible de los recursos naturales, pero también incluye el continuo respaldo político, financiero, económico e institucional.

Enfoque de Derechos Humanos

El enfoque basado en derechos humanos es un “marco que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los mismos. Su propósito es la realización de los derechos humanos como objetivo de las políticas y los programas de desarrollo, identificando a los titulares de derechos y a los titulares de deberes y procurando fortalecer la capacidad de aquellos para reivindicar sus derechos y de los últimos para cumplir sus obligaciones4”. Las convenciones y acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, que incluyen los derechos de la niñez, establecen un marco jurídico internacional de cumplimiento exigible. Algunos de estos instrumentos legales son: los principios de la Declaración Universal de 1948, la Carta de las Naciones Unidas, las dos convenciones sobre los Derechos Humanos (derechos políticos y civiles, y derechos económicos, sociales y culturales), el Derecho al Desarrollo, según la Declaración de las Naciones Unidas de 1986, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos de los Niños (1989), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos (1993) y el tratamiento del Derecho al Desarrollo por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG) en 2003 con el Enfoque basado en los Derechos Humanos (Human Rights Based Approach). Desde este enfoque, se persigue garantizar las potestades, autonomía y dignidad del ser humano, asegurando el pleno desarrollo de las potencialidades humanas. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos los concibe como un conjunto de condiciones mínimas que deben garantizar los Estados, no sólo para el ejercicio individual sino para el cumplimiento integral en la sociedad como resguardo de inclusión y sostén para el desarrollo.

El enfoque de derechos tiene como propósito “analizar las desigualdades, las vulnerabilidades y exclusiones que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo5”. Profundizar en las múltiples causas estructurales del incumplimiento de los derechos permite establecer estrategias programáticas más efectivas, extendiendo el campo de acción y promoviendo una mirada multisectorial. 4 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: “Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo”. Pág.15. Ginebra, 2006. 5. Ídem.

Los derechos humanos se rigen bajo los siguientes principios6:

Universalidad e inalienabilidad: Los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición. Nadie puede renunciar a ellos voluntariamente ni despojar a otras personas de los mismos7.

Indivisibilidad: Los derechos humanos son indivisibles. Ya se trate de derechos de índole civil, cultural, económica, política o social, todos se refieren a la dignidad intrínseca de todas las personas. En consecuencia, todos tienen la misma importancia como derechos y no pueden ser clasificados por orden jerárquico.

Igualdad y no discriminación: La Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; por lo tanto todas las personas deben disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna por motivo de raza, sexo, color, etnia, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, propiedad, nacimiento u otra condición.

Interdependencia e interrelación: Los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados. Todos describen la dignidad intrínseca en todas las personas; en consecuencia, todos tienen la misma condición de derechos y no pueden ser jerarquizados. La realización de cada derecho depende, total o parcialmente, de la realización de los demás, por lo tanto obliga a la integración de las políticas económicas, sociales, ambientales, fiscales y presupuestarias. Por ejemplo, no podría haber derecho a la participación sin la garantía del derecho a la vida, o libertad de expresión sin ejercer el derecho a la educación básica universal y gratuita.

Participación e inclusión: Toda persona tiene derecho a dar su opinión, ser escuchado, exigir el cumplimiento de sus derechos y participar en el desarrollo cívico, social, económico, cultural y político directamente o por medio de representantes libremente escogidos8.

Responsabilidad: Los estados y otros titulares de deberes deben rendir cuentas en relación con la observancia de los derechos humanos. Cuando no lo hacen, las personas cuyos derechos se han infringido tienen derecho a entablar un procedimiento ante un tribunal competente u otra instancia judicial de conformidad con las normas y procedimientos previstos en la ley. Asimismo, en una serie de tratados y acuerdos internacionales9 se ha establecido claramente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos sociales, económicos, culturales, cívicos y políticos. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) define el marco jurídico, establece responsabilidades al Estado y las familias, y especifica la responsabilidad del Estado de crear las condiciones necesarias que posibiliten a las familias satisfacer los derechos de sus niñas y niños. Además de reiterar los principios fundamentales de los derechos, la CDN agrega otros principios rectores: 6. Véase la “Declaración para un Entendimiento Común sobre el Enfoque basado en Derechos Humanos”, en: Naciones Unidas, “Un Enfoque de la Cooperación para el Desarrollo basado en los Derechos Humanos” (2003). Segundo seminario interinstitucional, Stanford, Estados Unidos de América (mayo, 2003), entre otros. 7. Como establece el Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos

Humanos: 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio

de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 8.Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 21. 9. Desde la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) en 1989, sus Protocolos Facultativos (2002) la

Cumbre Mundial de la Infancia (1990) a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y la Declaración de un Mundo Apropiado para los Niños de la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas (2002), así como cinco Reuniones Ministeriales y la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado para la Infancia y la Adolescencia (2000), y más recientemente la Reunión Ministerial

No discriminación (Art. 2): Todos los niños y niñas tienen el mismo derecho a desarrollar en todo tiempo y en todas partes sus potencialidades.

Interés superior del niño y la niña (Art. 3) Será “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier confusión entre los diferentes derechos.

Prevalencia de los derechos (Art. 3): En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con las niñas, las niños y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales y los de cualquier otra persona.

Protección integral (Art. 4): Se refiere al reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en el país en todos sus niveles con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos10.

Corresponsabilidad (Art. 5): Es el fortalecimiento de las capacidades sociales mediante la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 18

en Bolivia (2003). En UNICEF: “Colocando los Derechos de la infancia y la adolescencia en el centro de las Políticas Públicas” (Borrador para la discusión). 10. Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 25. El término de “protección especial” fue enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de

los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10).

Exigibilidad de los derechos (Art. 5): Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (Art. 6): Subraya la importancia de que todas las niñas y niños cuenten con las facilidades y oportunidades para desarrollar el pleno potencial de sus capacidades. Para ello será fundamental asegurar el acceso universal a los servicios básicos y a la igualdad de oportunidades desde la primera infancia.

El respeto por su participación y opiniones (Art.12): Se refiere a la importancia de escuchar y respetar la opinión de las niñas, los niños y los adolescentes en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. Los países deben promover una participación activa, libre y significativa de la infancia en las deliberaciones para tomar decisiones que le afecten. En este sentido, el enfoque de los derechos humanos no solamente se refiere al ejercicio individual sino también a la sociedad en su conjunto, ya que su realización depende de las relaciones entre los individuos, las instituciones y el Estado, entre otras. Los derechos humanos son las garantías mínimas que la sociedad asegura a todos sus miembros y plantean la inclusión social como responsabilidad compartida por todos los sectores.

Derechos y Desarrollo Humano: Paradigmas convergentes que reafirman la libertad humana y fortalecen las capacidades sociales para garantizarla

Como se observa, el enfoque de derechos y el de desarrollo humano son interdependientes y se refuerzan entre sí11. Comparten un compromiso común con la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas de todas las sociedades, de forma tal que sus motivaciones los hacen compatibles y sus estrategias diferentes los hacen complementarios. Los dos conceptos se fundamentan en el reconocimiento de la importancia de la vida humana y son dos formas de reafirmar la libertad humana12. El enfoque de derechos humanos efectúa una contribución fundamental al señalar de manera normativa la atribución de responsabilidades a la sociedad, permitiendo y obligando a rendir cuentas, y explicitar claramente a las niñas y niños como sujetos plenos de derechos. Esta crítica dimensión se expresa claramente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Es responsabilidad de cada persona y cada órgano de la sociedad promover el respeto de los derechos humanos y “asegurar su reconocimiento universal y cumplimiento”. El artículo 29 dice: “Cada uno tiene deberes para con la comunidad en la cual sólo el libre y pleno desarrollo de la personalidad es posible”.

11. Para hacer una revisión de la aproximación conceptual de derechos humanos para el desarrollo, las agencias sugieren las siguientes publicaciones: UNICEF: “Human Rights Approach to Development Programming”. 2003. PNUD: “Los Derechos Humanos en el PNUD: Nota Práctica”. 2005. 12. PNUD: “Género, Derechos y Desarrollo Humano”. Proyecto América Latina Genera. 2007.

Por tanto, el Enfoque de Derechos hace énfasis en las obligaciones del Estado, la sociedad y los padres para garantizar las libertades de las niñas, los niños y adolescentes. Por otro lado, el Desarrollo Humano acentúa el fortalecimiento de las capacidades sociales para garantizar dichas libertades. Ambos enfoques implican la realización de un esfuerzo integral y sistémico en distintas dimensiones y niveles, tales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la gobernabilidad democrática, la equidad de género y el desarrollo sostenible. Por tanto, se debe contemplar el bienestar y los derechos de las niñas, los niños y adolescentes junto con los de sus madres y padres, sus familias y la comunidad, y vincularlos con los temas de trabajo, empleo, ingresos y oportunidades. El esfuerzo implica considerar las políticas públicas de modo integral, incluyendo todos los aspectos inherentes a la autonomía, competencia fiscal y presupuestaria, la articulación de la acción del Estado en sus distintos niveles, la incidencia del mercado y la sociedad civil, la inserción en la globalización y la cuestión clave de la sostenibilidad. Poner estos temas en el centro de las agendas políticas para el desarrollo significa revelar las inequidades que afectan a amplios sectores de la población y promover el debate acerca de modelos de desarrollo alternativos a los prevalentes, abogar por la articulación de políticas sociales y económicas, y cuestionar la idea de que los equilibrios macroeconómicos son precondición para el desarrollo social13. La pobreza humana puede definirse como la privación de las capacidades de las personas, que impide vivir una vida larga y saludable, y tener acceso al conocimiento o a un estándar de vida decente. Este enfoque multidimensional, impulsado por los paradigmas de derechos humanos y de desarrollo, no se limita a la carencia de ingresos del hogar medida con respecto a una norma mínima (línea de pobreza) frecuentemente utilizada para definir niveles de pobreza. La privación del consumo es una medida insuficiente, puesto que es necesario vincular el consumo efectivamente realizado con las privaciones de las personas en términos de capacidades o de acceso a las fuentes de consumo (distancia y transporte). Aunque la incidencia de la pobreza se distingue de la desigualdad, ambas están relacionadas. La desigualdad hace referencia a situaciones en donde se comparan grupos que establecen relaciones desiguales y que se apropian de manera desigual de recursos y satisfactores. En América Latina y el Caribe, clasificada como la región con mayor inequidad del mundo, el análisis de la articulación entre pobreza, y sobretodo pobreza infantil, y desigualdad socioeconómica es esencial ya que como señala UNICEF “a mayor concentración del ingreso, más pobreza infantil14” . 20

13. UNICEF: “Colocando los derechos de la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas públicas”. Reunión Regional de Políticas Públicas. Pág. 3. Ciudad de Panamá Junio, 2004. 14. UNICEF: “La pobreza infantil en América Latina”. Aporte de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Revista Desafíos. Número 1. 2005.

La Sesión Especial de las Naciones Unidas a favor de la Infancia explicita que la pobreza crónica sigue siendo el mayor obstáculo para satisfacer las necesidades de los niños y proteger y promover sus derechos. Así mismo, declara que es necesario combatirla en todos los frentes, desde la prestación de servicios sociales básicos hasta la creación de oportunidades de empleo, desde la disponibilidad de microcrédito hasta la inversión en infraestructura, y desde el alivio de la deuda hasta unas prácticas comerciales justas. Los niños y niñas son los más perjudicados por la pobreza porque los afecta en la raíz misma de su potencial de desarrollo: su mente y su cuerpo en crecimiento. 15

Gobernabilidad democrática

El PNUD define gobernabilidad como el ejercicio de la autoridad política, económica y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales los ciudadanos y grupos sociales articulan sus intereses, concilian sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones legales. La gobernabilidad incluye al Estado pero lo trasciende, e incluye a todos los sectores de la sociedad y sus vínculos con el Estado. Para el desarrollo humano y el cumplimiento efectivo de los derechos humanos se requiere gobernabilidad democrática. Esto significa que la sociedad mantiene vigente el régimen electoral democrático, responde al Estado de Derecho de acuerdo con un sistema legal que asegura las libertades políticas y las garantías de la democracia política, protege los derechos civiles, promueve los derechos sociales y establece responsabilidades y rendición de cuentas, lo cual implica que los funcionarios públicos, incluyendo los más altos cargos del Estado, están sujetos a controles apropiados para vigilar la legalidad de sus actos. El régimen democrático exige elecciones universales, libres, limpias y competitivas; el ejercicio de derechos políticos de modo que los ciudadanos puedan votar y ser electos; y libertades civiles como las de asociación y expresión y que las personas electas puedan cumplir sus mandatos sin impedimentos. La vigencia del Estado de Derecho presupone la independencia de los poderes, la resolución de conflictos por las vías institucionales, y el goce de derechos fundamentales como la protección de la vida e integridad física por parte del Estado, el acceso igual a la justicia y el respeto a la ley e interpretación de los jueces conforme a derecho.

Gobernabilidad democrática local

Se refiere a unidades subnacionales, municipio, provincia/estado, red de municipios y a su inserción en la gobernabilidad democrática nacional, con sus especificidades. Ello implica considerar el régimen político y su origen como fuente de legitimidad de la autoridad, la independencia de los poderes (poder ejecutivo, concejos/legislaturas, justicia), las relaciones entre el gobierno local, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (acuerdos y arreglos conjuntos), y el grado de participación de la ciudadanía, incluyendo los mecanismos de acceso a información, presentación y debate de demandas de la comunidad y rendición de cuentas horizontal. En este nivel es fundamental considerar el grado de autonomía del gobierno local en el marco político y jurídico que le atribuye competencias políticas, fiscales y administrativas según el proceso de descentralización, el ejercicio de estas competencias por parte de las autoridades locales y las relaciones con los niveles de jerarquía superior (estadual, departamental o provincial y nacional), considerando particularmente aspectos políticos, financieros y de coordinación de las políticas públicas. Del mismo modo son relevantes las relaciones de la autoridad local con los niveles inferiores como las unidades descentralizadas del gobierno municipal/provincial y los organismos barriales de la comunidad. Esta perspectiva permite ver el proceso democrático en términos territoriales y las cuestiones de productividad, equidad, participación y sostenibilidad del desarrollo humano según la distribución a través del hábitat y la ecología local. En el nivel local, la Gobernabilidad Democrática implica empoderar a los niveles subnacionales de la sociedad para asegurar que las personas participen y se beneficien de sus propias instituciones democráticas y de los logros del desarrollo. Los gobiernos e instituciones locales deben llevar la formulación de políticas, la prestación de servicios y la gestión de los recursos al alcance de las personas con el fin de que puedan ejercitar sus potencialidades para el desarrollo humano. En consonancia con lo anterior, el PNUD formuló la “Agenda de Gobernabilidad Local para América Latina”, que incluye un conjunto de lineamientos de acción para fortalecer cinco condiciones de gobernabilidad local: visión estratégica, legitimidad y liderazgo transformacional, relación constructiva entre actores estratégicos, desempeño institucional y participación pública. A medida que estas condiciones se fortalecen, la sociedad aumenta su capacidad para generar procesos exitosos, resolver sus necesidades y atender sus expectativas de desarrollo. Es por esto que la Agenda define la gobernabilidad local como la capacidad de una sociedad para satisfacer las expectativas y necesidades de sus ciudadanos de acuerdo con una serie de reglas formales e informales. Desde esta interpretación, la gobernabilidad local comprende el conjunto de instituciones, mecanismos y procesos a través de los cuales los ciudadanos y sus organizaciones pueden articular sus necesidades e intereses, conciliar sus diferencias y hacer ejercicio de sus derechos y obligaciones en el nivel local. 22

Condiciones para la gobernabilidad local y los derechos de la niñez Los enfoques de Derechos Humanos y Gobernabilidad Democrática Local en el desarrollo humano se refuerzan mutuamente al estar basados en principios básicos de participación, equidad, libertad, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad del Estado. La articulación conceptual de estos enfoques se propone como un camino para actuar, programar y evaluar el cumplimiento de los derechos en los niveles locales. Así mismo, estos enfoques posibilitan, a partir del ejercicio de una buena gobernabilidad, la consolidación y el empoderamiento de los gobiernos locales y de la sociedad civil, y fortalecen la participación de los y las ciudadanas en la toma de decisiones. La Gobernabilidad Democrática Local parte del cumplimiento efectivo de los derechos humanos para asegurar que las obligaciones y responsabilidades del Estado se realicen en el contexto local. El Estado establece el umbral de las garantías mínimas universales de sus ciudadanos en su Constitución y en las leyes nacionales. En ese marco, debe garantizar que los procesos que descentralizan potestades, recursos y responsabilidades administrativas a niveles subnacionales se basen en un enfoque de derechos humanos y desarrollen las capacidades de las instituciones responsables para cumplir sus obligaciones y la capacidad de los sujetos de derecho para reclamarlos. Aunque la CDN no defiende la implementación de una serie de soluciones universales y estrictas para garantizar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes16, sí define principios fundamentales que exigen una respuesta clara y eficaz. A fin de lograr un cumplimiento efectivo de los derechos, este estudio propone privilegiar los niveles locales como eje ordenador en la programación y el desarrollo de políticas públicas porque: La delimitación geográfica junto a la perspectiva de género, etnia y ciclo de vida permite la identificación y diagnóstico de posibles discriminaciones en las decisiones programáticas y el diseño de políticas, ya que las vulnerabilidades se concentran en un territorio específico. 16. UNICEF: “Ciudades para la Niñez; los derechos de la infancia, la pobreza y la administración urbana”. 2003.

El enfoque territorial permite considerar el desarrollo urbano en el territorio, los servicios públicos, los sistemas de infraestructura, el transporte, el ambiente y sobre todo la segregación espacial y organización del territorio en cuanto a la accesibilidad de los recursos. El nivel local es un eje para la articulación de actores en pos de objetivos y metas comunes. Los gobiernos locales tienen mayor flexibilidad para adoptar estrategias para cumplir los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en consonancia con la CDN y los ODM. Las estrategias de desarrollo local pueden priorizar más eficazmente el desarrollo de la niñez y la adolescencia de la localidad y así dar cuenta del presente y del futuro de esta población. Donde mejor participan las niñas, los niños y adolescentes es en la familia, la escuela y en sus comunidades locales. Observar y analizar la cotidianeidad y cómo ésta les afecta, permite elaborar propuestas de transformación y cambio orientadas a la convivencia ciudadana. Las acciones y políticas de los gobiernos locales pueden ser más fácilmente monitoreadas y evaluadas por la ciudadanía. Por tanto, para el abordaje en el nivel local, este marco toma como referencia los paradigmas y enfoques vistos anteriormente, para definir cuatro condiciones de análisis: a) Primera Condición: Visión Estratégica, b) Segunda Condición: Capacidad o Desempeño Institucional, c) Tercera Condición: Legitimidad y Liderazgo, y d) Cuarta Condición: Participación Pública. Estas condiciones definen los ámbitos prácticos de análisis de una gobernabilidad local a favor de las niñas, los niños y adolescentes. Las cuatro condiciones son compatibles con las condiciones de gobernabilidad presentadas en la “Agenda”, aunque en cada una de ellas se hace énfasis en algunos elementos que se consideran especialmente relevantes para la gestión local en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Por otra parte, se ha optado metodológicamente por incluir la condición de “relación constructiva entre actores estratégicos” como un elemento central en este tema y se hace referencia a esta condición de manera transversal cuando se analizan aspectos como la forma en que se implementa la visión estratégica (alianzas, pactos por la infancia, etc.) o la coordinación de las capacidades técnicas y presupuestarias y entre niveles de gobierno en la dimensión de desempeño institucional y en la formas de participación. Cada una de estas condiciones de análisis es definida a continuación:

Primera condición: Visión estratégica La formulación de una visión que fije un norte e identifique propósitos colectivos es la primera tarea que una sociedad debe cumplir para poder desarrollar de manera exitosa sus procesos políticos, sociales y económicos enmarcados en los compromisos internacionales asumidos por los Estados. Esta condición cumple el doble objetivo de precisar el sueño de lograr y motivar a los actores en la búsqueda de ese logro. Promover el consenso o construir una visión estratégica 24

de desarrollo supone la valoración adecuada de los intereses implicados, la identificación de potencialidades y desafíos y, especialmente, la motivación de los actores estratégicos a aportar a un proceso colectivo. Bajo esta condición se analizan de manera específica los siguientes elementos: La formulación de una planeación estratégica conforme al marco normativo (que debe incluir los acuerdos internacionales y su armonización con los marcos legales de cada país), en cuanto a los principios de equidad, igualdad, universalidad, integralidad, sostenibildad, participación y mirada sistémica establecidos en los enfoques de derechos y desarrollo humano. La planeación estratégica incluye el diagnóstico del contexto, la planificación de las políticas y el monitoreo y evaluación de las mismas. La construcción de pactos y alianzas con actores estratégicos17 con objetivos comunes a favor de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Las acciones adelantadas por cada una de las experiencias orientadas hacia una programación por resultados en las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia.

Segunda condición: Capacidad y desempeño de la gestión El desempeño institucional se refiere ya no a las reglas, sino a la estructura y funcionamiento de las instituciones locales estatales y no estatales. Tiene que ver con la racionalidad de su organización, su eficiencia, la transparencia de sus actos, los sistemas de seguimiento y control, la calidad del talento humano con el que cuentan, su situación fiscal y su sostenibilidad financiera. Bajo esta condición se analizan de manera específica los siguientes elementos:

Marco normativo y coordinación entre niveles de gobierno tanto a nivel horizontal (poderes legislativos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros) como vertical (gobiernos intermedios y nacionales). Se destaca el intento de formar instancias intergubernamentales, la participación de otros actores en estas instancias, y los vínculos y capacidades técnicas para gestionar recursos, políticas y programas del orden nacional. La pertinencia del marco financiero y la inversión social18 bajo el cual se desarrolla la gestión a favor de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Las acciones desarrolladas para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades individuales, organizacionales y sociales. Este análisis de capacidades incluye a actores gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y otros. La promoción de la descentralización, entendida como las acciones desarrolladas desde el nivel local para implementar y consolidar el ejercicio de las funciones y competencias transferidas o delegadas a través de la descentralización.

17. “Los actores que deberán contemplarse serán: organismos gubernamentales en todos los planos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones comunitarias, organizaciones culturales, instituciones académicas, organizaciones de jóvenes y adolescentes, sociedad civil, grupos minoritarios y medios de difusión, entre otros.” UNICEF: “Ciudades para la niñez. Los derechos

de la infancia, la pobreza y la administración urbana”. 18. Véase UNICEF-TACRO: “¿Cómo influenciar una mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias”. 2005. 19. Incluyendo el grado de autonomía del gobierno local, sus relaciones con los niveles estadual y nacional (y niveles inferiores si correspondiera), el régimen político, la situación con respecto

al estado de derecho y el acceso a los derechos políticos y civiles, los mecanismos de control y la rendición de cuentas horizontal.

Tercera condición: Legitimidad y liderazgo Esta condición está determinada por la confianza en las instituciones democráticas y los niveles de apoyo a las personas que asumen el liderazgo de un proceso. Sin embargo, la legitimidad no solo se halla garantizada por la legalidad formal, en el sentido de gobernabilidad democrática19 descrito anteriormente, sino también depende del modo en que la ciudadanía visualiza la autoridad local de modo subjetivo. La viabilidad política de un proceso depende en buena medida de la capacidad de convocatoria de quienes lo promueven, la confianza que el conglomerado social le atribuye al líder y la fuerza movilizadora necesaria para garantizar un proceso verdaderamente transformador. El liderazgo puede ser ejercido por diversos actores sociales, personas y organizaciones, no solo por actores gubernamentales. Bajo esta dimensión se analiza de manera específica el siguiente elemento: La dimensión política de los liderazgos, en términos de quiénes son los líderes, de dónde surge el liderazgo y la constitución de los arreglos políticos entre el Gobierno, la sociedad civil20 y el sector privado.

Cuarta condición: Participación pública No basta con que una sociedad se haya trazado un norte claro, tenga un sistema institucional eficaz y actúe con normas de buen gobierno, sino que además se requiere de la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en ámbitos como la participación electoral, la participación comunitaria, entendida como la intervención solidaria en lo público, la participación de la sociedad civil para supervisar el gobierno y la participación de las niñas, los niños y adolescentes en la toma de decisiones públicas que les conciernen. Bajo esta condición se analizan de manera específica los siguientes elementos: La participación de las personas adultas en el contexto amplio de la participación electoral y política. La inclusión de las niñas, los niños y adolescentes21 y sus formas de participación en la toma de decisiones públicas, así como las de los padres. Las estrategias de comunicación, entendidas como parte integral de la promoción de una cultura de derechos que fomente el desarrollo humano con equidad, libertad y participación.

20. Si bien “sociedad civil” es un concepto en debate, para fines de este estudio se utilizará el término “sociedad civil” para referirse a “una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la vida pública, expresan los intereses y valores de sus miembros y de otros, según consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas o filantrópicas. Por lo tanto,

el término organizaciones de la sociedad civil abarca una gran variedad de organizaciones: grupos comunitarios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, grupos indígenas, organizaciones de caridad, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales y fundaciones.” http://web.worldbank. org/. “La función de estas instituciones –desde un punto de vista políticoconsiste en articular corrientes de

opinión pública, de actuación y deliberación ciudadana que permitan hacer valer las voces de los ciudadanos ante el Estado en materia de vindicación de derechos y políticas públicas. Ellas buscan configurar espacios públicos de vigilancia contra la concentración ilegal del poder político (y económico).” Gamio Gehri, Gonzalo. “¿Qué es la sociedad civil? Espacios públicos y ética cívica”. http://www.pucp.edu.pe/ira/

filosofia-peru/pdf/arti_filo_peru/sccivil_etica_gamio.pdf 21. Art. 12 CDN.

Gobiernos locales y procesos de descentralización en los países analizados

A partir de 1980 se impulsan reformas que persiguen la redefinición del rol, el perfil y las capacidades de los gobiernos locales en relación con el Estado Nacional24 . Algunas de las siguientes causas contribuyeron a la caracterización del ámbito local como lugar apropiado para el desarrollo de políticas de gestión: los crecientes procesos de urbanización, los procesos de descentralización que trasladaron, en algunos países, competencias y recursos de los gobiernos nacionales a niveles locales, la comprobación de que los sistemas productivos locales eran capaces de adecuarse a los requerimientos globales, y una creciente y comprometida

participación ciudadana y comunitaria . 25

Paralelamente, en algunos países, el ámbito local ha adquirido una importancia significativa al vincular en un espacio geográfico determinado, las redes de contención y socialización que van más allá de la familia, como la escuela, el vecindario, los clubes deportivos, los centros culturales y otros, a estructuras estatales más flexibles y participativas. En América Latina y el Caribe es difícil generalizar la diversidad de competencias y responsabilidades que tienen los gobiernos locales. Tradicionalmente han sido proveedores de servicios públicos básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado, aseo y recolección de residuos, además de encargarse del mantenimiento y la construcción de la infraestructura de los sistemas de atención básicos en educación y salud. Si bien la calidad o deficiencia de estos servicios tiene un impacto directo en el desarrollo y supervivencia de las niñas, los niños y sus familias, es recién con el proceso de revalorización y revitalización de los gobiernos locales cuando se logra aumentar sus competencias y capacidades para el diseño integral de políticas dirigidas a la infancia. Aunque las reformas tendientes a modificar las estructuras del Estado han revalorizado los gobiernos locales, la descentralización sigue siendo un proceso atravesado de superposiciones, contradicciones y duplicidades con el poder central. Mediante el proceso de descentralización, el Estado transfiere responsabilidades administrativas, políticas y financieras a los niveles subnacionales de gobierno, sean estos departamentos, municipios, distrito, provincias o regiones, entre otros. Su fin último es transformar la estructura del Estado en aras de flexibilizarlo y hacerlo más sensible frente a las necesidades de los ciudadanos. Es un instrumento de política empleado para alcanzar objetivos económicos, sociales y políticos, y se caracteriza por ser un proceso complejo que involucra profundas transformaciones en los ámbitos institucionales, financieros y de gestión micro y macro económica, a la vez que modifica la distribución de poderes de los múltiples actores que intervienen en la gestión social. 22. Por ejemplo, colaboración en el desarrollo de Reformas del Estado, ampliación de Marcos Normativos, entre otras. 23. Se da cuenta de algunos indicadores relevantes para medir el cumplimiento de los derechos de la niñez. 24. Massolo, Alejandra: “Gobiernos locales y mujeres; nuevos cambios y desafíos en América Latina”. www. americalatinagenera.org

25. Agenda para el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Local (PNUD).

Descentralización para cumplir Derechos de la Niñez Un proceso descentralizador que tiene entre otros objetivos mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes, debe tomar en cuenta los siguientes planos: En el plano político, permite la transferencia de poder del centro a la periferia para propiciar la toma de decisiones y garantizar la escogencia y selección de autoridades propias. Ello significa reforzar el poder decisorio de los subniveles de gobierno y aumentar la participación ciudadana, impulsando la democratización. Y en el caso específico de las niñas, niños y adolescentes, implica generar espacios más cercanos y más reconocidos para ellos y mejorar la calidad de su participación e incidencia en la toma de decisiones que les afectan. En el plano fiscal, permite promover la transferencia de fuentes de recursos y la asignación de competencias fiscales para dar soporte a los procesos políticos y administrativos, asegurar que los gobiernos subnacionales puedan contar con los elementos básicos para gestionar el desarrollo en su territorio y facilitar los procesos de rendición de cuentas. En el plano administrativo, involucra la transferencia de competencias y funciones, como se indica a continuación: Desconcentración: Transferencia de funciones a unidades que dependen directamente de una unidad superior, pues son una extensión de la misma. Es la relación de dependencia en todo el sentido de la palabra. Esto significa que la responsabilidad no se traslada a otro nivel de gobierno. Delegación: Transferencia de un nivel de gobierno a otro. La autoridad que recibe las funciones asume la responsabilidad de prestarlas de la mejor manera. Sin embargo, ésta debe rendir cuentas al nivel que la transfirió. Devolución: Por un lado, es un traspaso de autonomía para el ejercicio de las funciones asignadas. Por otro, se faculta a los niveles de gobierno para que elijan a sus propias autoridades. Así, el nivel central entrega una competencia a las autoridades subnacionales para que la ejerzan con independencia y le rindan cuentas a la comunidad. Fuentes: PNUD-LAC-SURF y Universidad del Externado Colombia: “Manual de Orientación: Lineamientos básicos para la descentralización administrativa y fiscal”. 2006, y CEPAL: “La descentralización de la educación y la salud. Un análisis comparativo de experiencias Latinoamericanas.” pp.13. 1998.

En cuanto a la organización político-territorial, se observa que los países analizados operan bajo estructuras muy disímiles entre sí. De estos países, sólo Brasil y Argentina son estados federales, los demás países son de tipo unitario. El avance de los procesos de descentralización de estos países se puede categorizar en tres niveles: Argentina, Brasil y Colombia tienen procesos descentralizadores más adelantados, Cuba y Bolivia en menor medida, y El Salvador y República Dominicana tienen procesos incipientes.

26. El Sistema Único de Salud (SUS) es el resultado de una ingeniería institucional y administrativa creada a lo largo de por lo menos 20 años, desde antes de la Constitución de 1988, por sectores ligados a la salud (principalmente en los estados y municipios)”. Valeriano Costa, Universidad de Campinas. Brasil. En http://www.desarrollohumano.org. ar/Popup/Discursos/DFederalimoValerianoCosta.htm

27. Regulación establecida por la Ley 715 de 2001. 21. Art. 12 CDN. 28. Véase sobre el descenso de la recaudación de origen local en Centroamérica. Centelles i Portella, Joseph: “Centroamérica y Caribe ¿15 años de descentralización? Algunas reflexiones para la Cooperación al Desarrollo”. IIG. Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. 2005

Medidas de descentralización diferenciadas País

Política

Administrativo

Fiscal Facultad para recaudar ingresos

Transferencias desde el nivel central

Articulación con planes nacionales

países federados Argentina

País federado

Educación descentralizada a nivel provincial (todos los niveles educativos excepto la educación universitaria. Salud ampliamente descentralizada a nivel provincial y local (en algunas provincias).

Brasil

País federado, con nuevas garantías constitucionales para las municipalidades.

Estados y Municipios atienden la educación infantil, la enseñanza primaria y media y, en algunas localidades, la enseñanza superior, y de políticas de salud26 en su totalidad, entre otras áreas.

Colombia

Introduce la elección de alcaldes municipales y gobernadores departamentales.

Transfiere la educación, Facultad ejercida en salud y agua potable a los departamentos, departamentos, distritos distritos y municipios. y municipios.

Coparticipación Sí, aunque relativa. tributaria a nivel municipal y transferencias a departamentos27.

Bolivia

Introduce la elección de alcaldes municipales y gobernadores departamentales.

Transfiere la educación, salud y agua potable a los departamentos, distritos y municipios.

Coparticipación Tributaria: municipalidades y departamentos.(%20) Transferencias del Tesoro General de la Nación.

Cuba

Elección de Asambleas a nivel provincial y municipal. Existencia de Consejos Populares

Transfiere algunas actividades de salud pública, educación, deporte, cultura, recreación y servicios comunales, reparación e infraestructura, entre otros.

República Dominicana

Introduce la elección de Regidores a nivel municipal.

La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en sus artículos 5 y 6 plantea procedimientos mediante los cuales asegura a los Ayuntamientos “la transferencia progresiva de las competencias propias, concurrentes o delegadas, en función de las características de la actividad pública que se trate, las capacidades de gestión en cada municipio y la garantía del derecho a la suficiencia financiera para el adecuado ejercicio”. Específicamente en el artículo 21 plantea que los Ayuntamientos deben asignar el 4% de su presupuesto a programas educativos, de género y salud.

Los municipios tienen facultades para establecer arbitrios en su demarcación territorial. Pueden y lo hacen: establecen tributos propios clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Además, generan ingresos procedentes de su patrimonio, rentas y derechos. Artículos del 271 en delante de la ley mencionada.

Sin transferencias

Facultad ejercida con escasez de recursos a nivel municipal28.

Estructura tributaria Coparticipación fuertemente centralizada. tributaria Las provincias tienen (Coparticipación facultades para la Federal de Impuestos) recaudación de algunos sumado al complejo tributos (básicamente esquema de impuesto inmobiliario, transferencias. sellos y patentes) y los municipios recaudan tasas por la prestación de servicios pero no recaudan tributos, a excepción de algunas provincias pequeñas. Tradicionalmente restringida para los municipios. En aumento.

Coparticipación tributaria: municipalidades y estados.

Sí, existe una articulación relativa para la implementación de Planes Nacionales de Salud y de Desarrollo, como el Plan Familias por la Inclusión Social, Plan Nacer, Plan Remediar, etc.

Sí, a nivel estadual y municipal. Por ejemplo Hambre Cero, Bolsa Familia, entre otros.

países unitarios

EL Salvador

Introduce la elección de alcaldes a nivel municipal.

Facultad ejercida en departamentos como en municipios.

Sí, aunque relativa.

Sí.

Por Ley se debe transferir el 10%, aunque en la realidad se está transfiriendo sólo cerca del 8%.

En proceso, por el cambio normativo y la creación de nuevos órganos como CONANI y CONARE.

31 Transferencia de casi un 6%. En aumento.

En proceso.

Fuente: Creación propia en base a datos extraídos de la sistematización de experiencias y del Informe de Desarrollo Humano de Bolivia “El estado del Estado” 2005. Análisis de Banco Mundial 1999. CEPAL 1998. “La descentralización de la Educación y la Salud. Un análisis comparativo de experiencias Latinoamericanas” y “Los modelos de descentralización educativa en América Latina”• Emanuela di Gropello. CEPAL

Si se consideran los mecanismos de representación política, cómo se observa en la primera columna de la tabla, en todos los países son electos los gobiernos locales, y en Bolivia, El Salvador y República Dominicana designan por medio de sus autoridades nacionales a sus representantes del nivel intermedio o subnacional. La introducción de procesos eleccionarios en el nivel local amplía las capacidades del régimen democrático, ya que la descentralización del poder de decisión, al distribuir los recursos políticos, económicos y de capacidades de gestión, se hace posible y se consolida por procesos democratizadores. En 1980, en la región, sólo dos países contaban con la elección de representantes locales; en 1997 eran diecisiete29. Sin embargo, existen limitaciones en muchos países. Por ejemplo, la elección de representantes locales en El Salvador es mencionada como uno de los obstáculos para promover políticas públicas para la niñez30. Las elecciones se realizan cada tres años y las campañas comienzan un año antes de culminar el periodo. En la práctica, esta situación, aunada a las cargadas agendas de los gobiernos locales, y la confrontación política permanente entre los partidos31, afecta la capacidad de las comunidades para participar en la formulación de programas y/o políticas a mediano y largo plazo. Las elecciones son sólo una dimensión importante de la democracia. La ampliación de las capacidades de la ciudadanía para la participación y la rendición de cuentas en la toma de decisiones gubernamentales también son una condición fundamental. En algunos países se ha avanzado mediante la adopción de legislaciones que regulan y norman las instancias participativas y las incorporan en el ciclo de gestión local, como la Ley de Participación de Bolivia, que establece los Comités de Vigilancia y las Organizaciones Territoriales de Base32 como instrumentos para desarrollar dichas instancias. En República Dominicana la nueva Ley Municipal consagra el derecho de participación de la ciudadanía en la gestión municipal y obliga a que cada ayuntamiento formule un reglamento con las normas de participación de la ciudadanía que garantice que las mujeres constituyan un 50% de dicha participación. Además, instituye el sistema de Presupuesto Participativo Municipal a través del cual la ciudadanía participa en la discusión, elaboración y seguimiento del presupuesto del municipio, especialmente en lo concerniente al 40% de la transferencia que reciben los municipios del Presupuesto Nacional, que debe destinarse a los gastos de capital y de inversión social, así como los ingresos propios aplicables a este concepto. Pero, las legislaciones que normatizan los procesos participativos son sólo una parte del proceso real de construcción de la participación y de la democratización de la sociedad. En los países existen experiencias exitosas de participación que se llevan a cabo en las comunidades, que incluyen organizaciones sociales, juntas vecinales, comunidades indígenas y/o campesinos, e inclusive gobiernos locales, que muestran que no hace falta partir de cero33. En lo referente a las medidas de descentralización administrativas, la tabla señala que aún existe una centralidad de los servicios sociales. En algunos países no hay claridad en torno a las transferencias o responsabilidades que competen a los gobiernos locales, lo que genera vacíos importantes para el desarrollo de políticas (por ejemplo, no se explicita la entidad encargada del desarrollo de programas de prevención, el mantenimiento de edificios escolares, etc.). También se registra traslado de responsabilidades a instancias subnacionales, como en el caso de Argentina. 32

29. “El estado del Estado. Informe de Desarrollo Humano de Bolivia”. Op cit. Pág. 253. 30. Información referida a partir de talleres de planificación participativa realizados en los cuatro municipios seleccionados. 31. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

32. La Ley 1551 de Participación Popular (1994) rige la creación de 324 municipios con Gobiernos Municipales autónomos y la asignación a los mismos de competencias en el área social y productiva, y recursos financieros correspondientes a 20% del presupuesto de la nación Coparticipación Tributaria, asignados en función del número de habitantes de cada municipio. Asimismo la Ley

de Participación Popular establece procesos de gestión municipal participativa con la creación de una instancia de control social a nivel municipal (Comité de Vigilancia), elegida por las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), las cuales constituyen la personería jurídica de las comunidades que conforman el municipio. 33. Véase Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y

adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo. UNICEFPNUD. Bolivia 2006

La descentralización de los servicios sociales como educación, salud, protección integral, entre otros, es un instrumento usualmente empleado para alcanzar objetivos tales como hacer más eficiente la gestión pública, disminuir la burocracia estatal, mejorar la calidad de la atención y fortalecer el desarrollo desde abajo. Las reformas sectoriales en la región han tenido diferentes niveles de impacto. Profundizar en la descentralización para democratizar la política social y profundizar el control ciudadano es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Pero esto, no implica desconocer algunos impactos negativos que produjeron la implementación de estos procesos. Entre las causas que profundizaron estos impactos pueden mencionarse: El traslado de competencias, pero no de recursos, a instancias locales. La falta de un análisis real de las capacidades humanas, técnicas y organizacionales de los gobiernos locales para “hacerse cargo” de estas nuevas responsabilidades, y La implementación de políticas homogéneas en contextos heterogéneos territorial, cultural, política y económicamente al interior de los países. Estas causas, en algunos países de la región, pueden haber llevado a un proceso de acentuación de la inequidad social, ya que existe una dependencia importante de las condiciones iniciales bajo las que se desarrolla el proceso de descentralización34. En cuanto a los procesos de descentralización fiscal, la tabla señala que todos los gobiernos locales cuentan con transferencias desde los niveles centrales. Las partidas van en aumento, aunque muy lentamente en algunos casos. Casi todos los países tienen capacidad de recaudación en sus instancias locales, aunque muy restringida. Diferentes estudios recalcan la necesidad de contribuir con los municipios en mejorar su capacidad de rendimiento fiscal con el fin de fortalecer el desarrollo endógeno local. Así mismo, resaltan el peligro que corren los programas municipales financiados exclusivamente por instancias nacionales, subnacionales o de cooperación internacional, sin analizar cabalmente las capacidades y posibilidades tributarias diferenciales que tienen las comunidades como recurso para la redistribución de la riqueza35. Paralelamente, es imprescindible reconocer que unos municipios cuentan con más recursos que otros. Cómo se ha mencionado, el riesgo de aumentar la desigualdad es tanto más elevado cuanto más heterogénea es la estructura comunal del país, atendiendo el tamaño y desarrollo de las localidades. Para evitar la agudización potencial de las disparidades territoriales que puede producir la descentralización es necesario desarrollar estrategias redistributivas y compensatorias36 desde instancias nacionales. Ya que las políticas públicas deben garantizar la universalidad y no discriminación de los servicios sociales y cumplir con las condiciones necesarias, en cuanto a oportunidades, para que todas las niñas y niños puedan desarrollar plenamente su potencial. 34. Véase. Búsqueda de Cohesión Social y sostenibilidad fiscal en los procesos de descentralización. Serie Políticas Sociales N° 131. CEPAL 35. Véase Gallagher, Mark. “El rendimiento fiscal en los municipios de El Salvador”. 2000. Josep Centelles i Portella 2005, entre otros. 36. Véase CEPAL. 1998. op. cit. Pág. 29.

En este contexto, el margen de acción de los gobiernos locales para desarrollar políticas públicas orientadas al cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes dependerá tanto de la iniciativa y voluntad política local como de la claridad de las instancias supralocales para la implementación de los procesos descentralizadores. Ello permitirá dar cuenta de la capacidad de los gobiernos locales para alcanzar nuevas responsabilidades y competencias, el análisis de las situaciones de vulnerabilidad municipal, la claridad sobre los recursos con que cuenta un municipio mediante coparticipación o con ingresos propios, la necesidad de establecer claras políticas compensatorias y distributivas, y un fuerte proceso de participación ciudadana.

Marcos normativos en derechos de la niñez Todos los países estudiados han ratificado la CDN, por tanto tienen un marco de acción y responsabilidades que cumplir. Aunque en algunos países existe insuficiencia en los marcos normativos37 referidos a las responsabilidades, acciones y competencias específicas que le corresponden a los gobiernos locales para abordar las problemáticas que afectan a la niñez, las experiencias señalan que las deficiencias más grandes se encuentran en las capacidades político-institucionales y la falta de recursos y/o mala distribución de los mismos para aplicar los marcos regulatorios vigentes. De los siete países analizados, seis han elaborado marcos normativos con el fin de adecuar los principios emanados de la CDN a las legislaciones nacionales. Así mismo, se han establecido sistemas de protección integral para la niñez y la adolescencia en los que la desconcentración y descentralización de los servicios públicos básicos y los organismos descentralizados de protección, vigilancia y control cumplen un rol esencial. Por ejemplo, la Ley Nacional 26.061/2005 de Argentina en su artículo 4 explicita que las políticas públicas para la niñez y la adolescencia se adecuarán a las siguientes pautas; a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia. c) Gestión asociada de los organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. d) Promoción de redes intersectoriales locales y organismos para la defensa y protección de los derechos. En el mismo sentido, el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA) de Brasil organiza un entramado descentralizado de instancias de gobierno e instituciones de la sociedad civil a nivel nacional, a nivel de estados y municipal que permiten establecer políticas más sostenibles y desarrollar programas para acceder a las poblaciones más alejadas y vulnerables. El hecho de que la adecuación de la CDN se realizara un año después de la firma de la Convención, en 1990, es un factor que ha favorecido en Brasil el desarrollo descentralizado de políticas públicas para la niñez38. Esto incluye traducir los principios de la Convención al contexto del país en cuanto a régimen político, capacidades de los estados e identificación de problemáticas 34

37. Como se mencionó en el capítulo anterior, el Marco Normativo o Jurídico es una de las dimensiones más importantes para programar una visión estratégica que consolide derechos en los niveles locales, la CDN actúa como marco de acción y responsabilidad para los gobiernos y la sociedad civil. 21. Art. 12 CDN. 38. Además de otros factores como la extensión territorial, el federalismo, la

Reforma Constitucional de 1988 y las autonomías regionales.

y temáticas complejas. Ello ha permitido que el país haya acumulado una experiencia de más de dieciocho años en el desarrollo de políticas descentralizadas de protección integral, nutrida por la medición de impactos, la evaluación de errores, la creación y fortalecimiento de instituciones y el análisis de la incidencia de las medidas macroeconómicas en la situación de la niñez y la adolescencia, entre otras acciones. Como se observa en la siguiente tabla, los demás países han adecuado sus legislaciones nacionales después de casi 10 años de ratificar la CDN y algunos todavía no lo han hecho, como es el caso de El Salvador.

Marco normativo en Derechos del Niño País

Política

Administrativo

Argentina

5 de diciembre de 1990

2005: Ley Nacional 26.061 Ley de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes. Adecuación de la CDN a la Legislación local: Municipio de Rosario, Ordenanza 8143/2006: Encomienda a la Secretaría de Promoción Social la constitución del Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes39.

Bolivia

26 de junio de 1990

1999: Ley 2026, Código del Niño, Niña y Adolescente. Establece el sistema nacional de protección de la niñez; para ello ordena a cada gobierno municipal crear y financiar una Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ley 2616 del año 2003 Garantiza el registro civil gratuito de menores de 12 años de manera permanente, y el registro civil gratuito de adolescentes de 12 a 17 años hasta el fin de 2006.

Brasil

25 de septiembre de 1990

1990: Estatuto de la Niñez y de la Adolescencia Ley 8069. Crea el Sistema de Garantía de Derechos vigente. Compuesto por organismos públicos y de la sociedad civil40.

Colombia

28 de enero de 1991

La Constitución Política Colombiana de 1991, artículo 44, entre otros. 2006: Ley 1098 Código de la Infancia y la Adolescencia.

Cuba

21 de agosto de1991

Código de la Niñez y la Juventud, Código de Familia, Código Civil y Código Penal. Cuba tiene un gran número de medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole, relacionadas con los derechos del niño/a y orientadas a regular aspectos vinculados con la maternidad, la paternidad y la filiación en general.

El Salvador

10 de julio de 1990

Existe un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA) que se encuentra en el Congreso desde 2001 pendiente de aprobación. Las leyes relativas a la niñez están dispersas en la Ley Procesal de Familia, el Código de Familia, la Ley del ISNA y la Ley Penal Juvenil, entre otros.

República Dominicana

11 de junio de 1991

2003: Ley 136 Código para el sistema de protección y los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. Establece mecanismos y responsabilidades en el nivel municipal para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta ley mediante el artículo 416, crea el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI)41, que es la entidad rectora del Sistema Nacional de Protección. Entidad Descentralizada.

Fuente: Elaboración propia. Información extraída de documentos de sistematización de esta iniciativa. Véase: www.

El establecimiento de normas menores o regidas a nivel local, como la adecuación a las Constituciones Provinciales o Estaduales, ordenanzas y decretos municipales, se ha demorado. En los ámbitos locales ello, aunque representa un obstáculo, no llega a inhibir la decisión de los gobiernos de desarrollar políticas y acciones integrales enmarcadas en la CDN. Tal es el caso de los municipios de El Salvador y Rosario. La provincia de Santa Fe, de la que depende 39. Para ampliar información, véase: http://www.rosario.gov.ar/sitio/paginainicial/# 40. UNICEF-Brasil: “O municipio e a crianza de áte 6 anos”. Brasilia, 2005. 41. Actualmente, el CONANI sólo ha instalado las oficinas regionales, no las municipales. Se han juramentado varios directorios municipales, aunque en su gran mayoría no están funcionando. Tampoco se han establecido

las Juntas Locales y Restitución de Derechos. (Entrevista a F. Castillo UNICEF-R.D.)

el municipio de Rosario, no ha desarrollado una adecuación de la Ley de Protección Nacional en la Constitución Provincial, pero el municipio sí lo ha hecho, bajo la Ordenanza Municipal 8143/2006. En El Salvador se han realizado esfuerzos infructuosos desde el año 2001 para lograr la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia42. UNICEF ha apoyado iniciativas locales como la construcción de políticas públicas, el fortalecimiento de Defensorías, la conformación de mesas de articulación de actores locales que trabajan por la niñez y la promoción de proyectos de salud y servicios básicos con el fin de establecer municipios modelo para constituir en un futuro Sistemas Locales de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. La existencia de marcos legales vigentes en derechos de la niñez es una variable muy importante, pero no definitoria. En muchas experiencias, la falta de dichos marcos no ha detenido la capacidad de actuar y desarrollar una política pública local. Sin embargo, para la sostenibilidad de la política local es vital adecuar los mecanismos de planificación y asignación de recursos para la niñez a marcos legales. Esta adecuación deberá ir de la mano de los procesos de descentralización de los servicios sociales básicos y de las instancias locales de protección de derechos en los niveles judiciales y ejecutivos. Los marcos normativos relacionados con los Derechos de la Niñez en Protección Integral deberán dar cuenta de las crecientes responsabilidades de los gobiernos locales, previo análisis de sus capacidades políticas, administrativas y fiscales para asimilar estos nuevos desafíos.

contextos socio-económicos La heterogeneidad de los procesos descentralizadores es producto de una gran heterogeneidad estructural en los países observados. Para analizar los contextos socio-económicos, con el propósito de revisar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, se utilizará la evaluación realizada durante el 2005 por el PNUD, UNICEF y CEPAL sobre los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)44 en la región y la descripción contextual elaborada en las sistematizaciones de las experiencias.

América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo Según los documentos mencionados, América Latina y el Caribe presentan un complejo estado de situación con un denominador común caracterizado por la desigualdad económica, la concentración de la riqueza y las altas disparidades generadas por las diferencias de género, los orígenes étnico-raciales (comunidades indígenas y afrodescendientes), y el lugar de residencia. Según el PNUD: “Las profundas disparidades fundadas en la riqueza, la región, el género y el origen étnico son perniciosas tanto para el crecimiento como para la democracia y la cohesión social”.

42. Desde marzo de 1993 en El Salvador se han promulgado leyes y realizado ajustes y reformas institucionales tales como: i) La Reforma de la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor convertido en “Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia” (ISNA), ii) La Reforma de la estructura de su junta directiva, que elimina la rectoría de la Política Nacional de Atención a

la Niñez y Adolescencia a través de la Secretaría Nacional de la Familia, iii) El Código de Familia, iv) La Ley Procesal de Familia, v) En el Libro Quinto se incorporan los derechos y deberes de la niñez salvadoreña, se crea por ministerio de ley, el “Sistema Nacional de Protección al Menor”, vi) Ley del Menor Infractor, vii) Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor, viii) La Reforma

de la Ley de Vigilancia y Control de Ejecución de Medidas al Menor Infractor adquiere una nueva denominación: “Ley Penal Juvenil”. 43. Tomado de PRODELI-Bolivia. 44. El presente análisis parte de la evaluación realizada durante el 2005 por CEPAL, UNICEF y PNUD del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en la región. Dichas agencias presentaron los

informes: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina”, informe interagencial coordinado por CEPAL, “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con la infancia. Avances y desafíos en América Latina” (UNICEF) y “La cooperación internacional ante una encrucijada. Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual” (PNUD). Estos informes,

América Latina y el Caribe (7 países analizados ) Estratificación de países según el coeficiente GINI de la distribución del ingreso, alrededor de 1999, 2002 y 2005 Nivel de Desigualdad

Alrededor de 1999

Muy Alto 0.580-1

Brasil Bolivia

0.640 0,586

Brasil Bolivia

0.640 0,614

Bolivia (2002) Brasil Colombia

0,614 0,613 0,584

Alto 0.520-0.579

Colombia República Dominicana Argentina

0,572 0,554

Argentina Colombia República Dominicana El Salvador

0,578 0,569 0,544

República Dominicana Argentina

0.569

El Salvador

0,518

El Salvador

0,493

Medio 0.470-0.518

0,539

Alrededor de 2002

Alrededor de 2005

0,526

0,525

Bajo 0-0.469 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Datos extraídos del cuadro N° 2 presentado en Panorama Social de América Latina 2006. CEPAL.

En un análisis macro estructural, los indicadores examinados permiten definir a América Latina y el Caribe como la región más desigual del mundo, el 20% más pobre recibe menos del 10% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico, aproximadamente entre el 50 y el 60%. Si observamos el coeficiente GINI, que mide la distribución del ingreso, la mayoría de los países analizados se encuentra en los niveles de desigualdad “Muy Alto” y “Alto”. Los últimos Informes de Desarrollo Humano amplían los detalles sobre la situación de desigualdad en los países de la región. Según el Informe de Desarrollo Humano de Brasil (2005), el ingreso per capita de las personas afrodescendientes era apenas el 40% del de las personas blancas. Las personas blancas en 1980 tenían un ingreso per capita 110% mejor que el de los afrodescendientes en 2000. El Índice de Desenvolvimiento Humano Municipal (IDH-M), una adaptación del IDH para los estados y municipios brasileños, indicaba que la situación de la población blanca era mejor en 2000 que la de Croacia, y la situación de la población afrodescendiente era peor que la de Paraguay45. que parten del cumplimiento de una agenda mínima como son los ODM, permiten visualizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en la región. 45. Informe de Desarrollo Humano. Brasil. 2005.

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo Esencialmente, implica corregir las asimetrías internacionales a favor de los países en desarrollo. Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional e internacional. Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados Abordar los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de que la deuda sea sostenible a largo plazo. Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares en desarrollo Meta 15: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo. Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable. Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000

La peor situación se presenta en el Semiárido brasilero (zona en la que opera el programa “Sello-UNICEF. Municipio Aprobado” donde el 75% de las niñas y niños vive en familias cuyo ingreso es menor que el salario mínimo. En el Semiárido se registran los mayores índices de concentración de la riqueza del país: la población más rica detenta el 80%, mientras que el 20% es pobre y tiene solamente el 2,7% de la renta46. Según el Informe de Desarrollo Humano, desde los años ochenta la transformación de la economía de la República Dominicana ha tenido un profundo impacto en el desarrollo humano de su población. El desmonte de la industria azucarera y la reinserción sobre la base de las exportaciones de las zonas francas, el turismo y las remesas del exterior, ha generado un aumento de la exclusión y la desigualdad. En Bolivia, el PRODELI actúa en 50 municipios rurales conformados en su gran mayoría por comunidades indígenas pequeñas y dispersas, cuyos indicadores sociales con respecto a la niñez y la adolescencia están por debajo del promedio nacional. La mayoría de la población (92%) de los 29 municipios de las tierras altas (valles y altiplano andinos) indígenas es Quechua y Aymará. Aunque en los países analizados creció el PIB (Producto Bruto Interno) per capita durante el período 1990-2002, se observa paralelamente un crecimiento en la brecha de la desigualdad. Según los Informes de Desarrollo Humano presentados y otros análisis47, las principales causas de este crecimiento de la desigualdad son: a) Las políticas de reforma económica aplicadas en los años 90, procesos privatizadores, liberación comercial y de la balanza de pagos, retraimiento de las estructuras del Estado y aumento de la deuda externa. b) Un proceso paralelo de inestabilidad jurídica, conflictos políticos e ineficiencia de las políticas sociales. c) Crecimiento económico inestable y mayor concentración del ingreso. Estas múltiples causas produjeron transformaciones en los mercados de trabajo, con un aumento del desempleo y de las actividades informales de baja productividad, que impactaron directamente en los recursos familiares y, en consecuencia, produjeron un aumento de la pobreza infantil.

46. UNICEF. Informe sobre la “Situación Mundial de la infancia 2005”. 47. Las políticas promovidas por las entidades financieras internacionales tienen un gran impacto sobre las condiciones y condicionamientos de los países de la región. Véase: Stiglitz, Joseph: “Globalización, organismos Internacionales y las economías latinoamericanas”. Ganuza, E., S. Morely, S. Robinshon y R. Vos: “¿Quién se

beneficia del libre comercio? Promoción de exportaciones y pobreza en América Latina y el Caribe en los 90”. Alfaomega. 2004. 21. Art. 12 CDN.

La pobreza en América Latina y el Caribe

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países.

Entre 1990 y 2004 la pobreza extrema en la región se redujo, aunque se estima que más de 96 millones de personas se encuentran en esa situación. Si se toma como indicador de referencia la situación de niñas, niños y adolescentes, la inequidad traducida en pobreza e indigencia revela un panorama más severo para ese grupo poblacional. La incidencia de la pobreza extrema afecta en mayor proporción a la infancia que a cualquier otro grupo etario48. En la región viven 41 millones de niñas y niños entre 0 y 12 años y 12 millones de adolescentes entre 13 y 19 años en situación de pobreza extrema49. Si bien se producen suficientes alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales del triple de la población actual, casi 9 millones de niñas y niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica50. Según UNICEF, los índices de desnutrición crónica pueden tomarse como el indicador más representativo de la situación de pobreza extrema en la región. La desigualdad en los ingresos imposibilita que un gran sector de la población adquiera la canasta básica de alimentos, lo que impide acceder a una alimentación en cantidad y calidad suficiente, que contenga los micronutrientes indispensables para el desarrollo físico y psíquico de las niñas y niños. Los indicadores de pobreza e indigencia en los siete países incluidos en este trabajo, muestran que en el período 2003/2005, Brasil, Bolivia, Colombia, República Dominicana y El Salvador tenían más del 35% de la población viviendo en situación de pobreza y algunos superando el 50%. En Bolivia, Colombia y República Dominicana, el 20% de la población vive en situación de pobreza extrema o indigencia51. En Colombia las cifras de pobreza revelan un panorama social muy complejo, alrededor del 47% de su población está por debajo de la línea de pobreza y el 20% en condición de pobreza extrema. La situación se agudiza en las zonas rurales en donde el 62% de la población es pobre y el 27% vive en pobreza extrema.

48. Informe Interagencial 2005, pág. 49. 49. UNICEF. “Los objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con la infancia. Avances y desafíos en América Latina”. Ciudad del Saber. Panamá. 2005. 50. No constituye un indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 51. Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

sobre tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. Datos extraídos de “Panorama Social de América Latina 2006”. 52. El IDH se basa en tres indicadores: Longevidad, medida en función de la esperanza de vida al nacer. Nivel educacional, medido en función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, dos tercios) y la tasa bruta de matrícula

combinada de primaria, secundaria y superior (ponderación, un tercio) Nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (PPA en dólares). Para el cálculo del IDH, el PNUD ha establecido valores mínimos y máximos para cada uno de los indicadores: Esperanza de vida al nacer: 25 y 85 años, • Alfabetización de adultos: 0% y 100%. Tasa bruta de matrícula combinada: 0% y 100%. PIN real per

cápita (PPA en dólares): 100 dólares y 40.000 dólares

La evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH)52 en los sietes países de este estudio, indica que han mejorado relativamente su situación desde el 2000 al 2005. En Colombia, los indicadores que mejor comportamiento registraron fueron el de educación y el de esperanza de vida al nacer, que aumentó en 4.1 años. Pero al mismo tiempo el IDH permite confirmar las disparidades entre regiones y las grandes diferencias económicas y sociales existentes entre la zona rural y urbana: la primera es 0.096 puntos inferior.

América Latina y el Caribe (7 países analizados ) Evolución de países según el indice de Desarrollo Humano alrededor de 2000, 2003 y 2005 País

2000

2003

2005

Argentina Bolivia Brasil Colombia Cuba El Salvador República Dominicana

0,856 0,672 0,783 0,773 0,715 0,732

0,863 0,687 0,792 0,785 0,722 0,749

0,869 0,838 0,800 0,791 0,817 0,735 0,779

Fuentes: Informe de Desarrollo Humano 2005. La cooperación internacional ante una encrucijada. Informe de Desarrollo Humano 2007-2008. La Lucha contra el cambio climático.

En El Salvador, los cuatro municipios abordados por la experiencia presentan altos porcentajes de población que está por debajo de la línea nacional de pobreza: Soyapango, 22.2%; Acajutla, 45.4%; Concepción Batres, 63.4% y Tecoluca, 63.6%53. Según el último censo realizado en República Dominicana, cerca de 3.8 millones de personas son pobres, de las cuales un 50% son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. El 37% de la población rural de América Latina es indigente y vive con menos de un dólar por día, comparado con el 13% de la población urbana. Pero, debido a la falta de políticas públicas diseñadas a partir de un enfoque de derechos y de desarrollo humano, la creciente urbanización ha estado acompañada de un incremento considerable de la marginalidad y la indigencia urbana que se manifiestan de modos distintos, en cuanto a magnitud, complejidad, intensidad y características. Sus consecuencias se observan en las experiencias analizadas; por ejemplo, la estructura productiva de la Ciudad de Rosario ha sido modificada en las últimas décadas como resultado de las sucesivas crisis socio-económicas. Ello se refleja en los altos índices de desocupación, la desestructuración del mercado de trabajo formal, aumento de la exclusión, incremento de barrios marginales54 y de la población por debajo de la línea de pobreza e indigencia55. Luego de la crisis socio-económica del 2001, Argentina presenta un mejoramiento de sus indicadores de pobreza e indigencia. Para el año 2005, el 26% de la población vivía en situación de pobreza y el 9.1% en situación de indigencia, en contraste con el 45,5% y 20,9% del período 2002/2002. En Cuba a partir de la década de los noventa, la desaparición del campo socialista produjo una 40

53. Datos extraídos de PNUD y JICA. Informe 262. “Indicadores municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio.” El Salvador, 2005. 54. Pueden denominarse como asentamientos, villas de emergencia, favelas, barrios de periferia. Para ampliar véase Loic Wacquant: “Los condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado”. Siglo XXI. Buenos Aires.

55. Murmis. M –Feldman. S en “Cuesta Abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis de la sociedad argentina”. Unicef-Losada. Buenos Aires. 1997. y en Murmis, M. y S. Feldman: «De seguir así» en Luis Beccaria y Néstor López (eds.): Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina, Losada, Buenos Aires,1996. CECE, Serie Estudios Nº 8, Buenos Aires, 1995.

reducción abrupta de los recursos disponibles y una crisis económica agravada por el bloqueo efectuado por el gobierno de los Estados Unidos. Una primera aproximación a la cuantificación del IDH de las provincias de Cuba se produjo en la investigación de 199656, e incluyó: longevidad, educación, salud y servicios básicos. El cálculo del índice provincial de desarrollo humano mostró la heterogeneidad entre las provincias y permitió visualizar al menos tres grandes grupos territoriales. Provincias con IDH alto: Ciudad de la Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas y la Habana. Provincias con IDH medio: Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Pinar del Río y Santiago de Cuba. Provincias con IDH bajo: Holguín, Guantánamo, Camaguey, Las Tunas y Granma57 . Este análisis provincial y local permitió al PDHL, programa analizado en esta iniciativa, partir de una línea de base para incluir en su plan estratégico la inversión en las zonas prioritarias. En el caso Salvadoreño, el Mapa de Pobreza permite ver las diferencias entre habitantes y municipios en cuanto a riqueza, acceso a servicios, educación, salud e infraestructura. Se destaca la preocupación que aunque en términos globales el objetivo de erradicar la pobreza extrema y el hambre se puede alcanzar, ello no es extensivo a las áreas rurales, ya que las brechas urbanorural, lejos de disminuir, continúan aumentando58.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal Meta 3: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países.

El derecho a la educación Si bien la región presenta una tasa de matrícula primaria del 93%, lo cual puede considerarse como un logro, la calidad educativa, la repetición y la deserción escolar son obstáculos que impiden consolidar y ampliar este derecho básico. Las bajas tasas de matrícula en la educación preescolar y secundaria, el 52% y el 64% respectivamente, repercuten desfavorablemente al considerar la necesidad de contar con niveles adecuados de conocimientos y destrezas para ejercer los derechos ciudadanos y desenvolverse en el mercado laboral y en la vida. Uno de cada cuatro jóvenes de entre 15 y 19 años pertenecientes al 20% más pobre, no termina la educación primaria. Mientras que del 20% más rico sólo uno de cada veinticinco no la termina. Las desigualdades socioeconómicas se traducen en desigualdades educativas que se transmiten de padres a hijos; sólo un 20% de los jóvenes cuyos padres no terminaron la educación primaria logra completar dicho nivel. Los jóvenes que no logran finalizar ambos ciclos educativos encuentran grandes dificultades para acceder a un mercado laboral cada vez más competitivo, tecnificado y en constante movimiento. Según la OIT, en 2004 el desempleo de los y las jóvenes duplicaba el desempleo total de la población59. 56. CIEM. “Investigación sobre Desarrollo Humano en Cuba”. Caguayo S.A. La Habana, 1997 57. Véase en el Anexo el análisis del IDH Cuba: Tres provincias con los valores más bajos de índice de desarrollo humano (IDH) relativo: en 1997 Santiago de Cuba mostraba un índice de 0.5194; Guantánamo con 0.4661 y Granma con el valor más bajo de 0.3725. El IDH contempla

los siguientes indicadores: Desarrollo económico (volumen de inversiones per cápita), consumo personal (valor de la circulación mercantil minorista per capita), nivel de educación (tasa de escolarización de 6 a 14 años), estado de la salud (esperanza de vida al nacer), acceso a servicios básicos (porcentaje de la población con acceso a agua potable), acceso a energía (porcentaje de población con acceso a electricidad),

calidad de la vivienda (porcentaje de viviendas en buen estado) y participación política (porcentaje de votantes en las últimas elecciones). 58. Véase PNUD y JICA. Informe 262. “Indicadores municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio.” El Salvador, 2005. 59. UNICEF: 2005. Pág.30.

Pero no solo la ausencia y/o no finalización de los ciclos educativos repercuten desfavorablemente en el desarrollo de niñas, y niños y adolescentes, sino también la calidad de la educación impartida en los establecimientos escolares. En los estudios realizados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Educación (LLECE) y el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), se apreciaron resultados de aprendizaje insuficientes en la región. No solo por la baja calidad de la educación, sino por las marcadas diferencias entre las escuelas privadas y las estatales: Las niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas y residen en zonas rurales presentan niveles más bajos de conocimientos y destrezas que los de las escuelas privadas y de zonas urbanas60. Respecto a la situación educativa de las niñas, los promedios nacionales indican que han alcanzado una tasa de finalización del ciclo primario y secundario mayor que la de sus pares varones. Esta circunstancia lamentablemente no se traduce en un mayor acceso al empleo, mejores o iguales salarios que los de los hombres, una mejor redistribución del ingreso o un reparto equitativo de las responsabilidades familiares. Además, en el caso de las poblaciones rurales e indígenas, el contexto de pobreza y exclusión estructural, el trabajo infantil doméstico y rural, sumado a las tradicionales valorizaciones en las asignaciones de roles de género, siguen perjudicando el acceso de las niñas a la educación u obstaculizando su retención61 en el sistema educativo. En los países que tienen un alto porcentaje de población indígena, como Bolivia, las niñas presentan tasas de asistencia escolar menores que sus pares varones. En este sentido, una educación que se base en el trato justo y en el respeto, debe incluir el enfoque de género y de educación intercultural. Igualdad y equidad de género62 Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer

Las condiciones de vida de las niñas, niños, adolescentes y mujeres se encuentran afectadas por la discriminación de género. Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los Aunque los grados de desigualdad pueden géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los ser diferentes, muchas niñas y mujeres de niveles de la enseñanza antes de fines de 2015 la región se les siguen negando el derecho Declaración del Milenio, firmada en septiembre a la educación, a la salud, a la igualdad de del 2000 por 189 países. recursos, de oportunidades y a la participación política y social63. En la región existe un fenómeno creciente de feminización de la pobreza64, lo que promueve un aumento de la pobreza en la comunidad entera. Al analizar el impacto de la desigualdad de género, se observa que las mujeres están sobre representadas entre los pobres. Esta situación genera fuertes efectos en el desarrollo social y humano, y en el cumplimiento de derechos. Dados los roles de protección y cuidado que histórica y culturalmente la sociedad ha asignado a las mujeres, el debilitamiento de sus capacidades de reproducción y subsistencia les afecta a ellas y a sus hijas e hijos. Esta situación se entrecruza con otros condicionamientos sociales, cómo se explicita en caso de El Salvador las brechas de género se profundizan en la medida en que se relacionan con la brecha rural-urbano, la mujer sufre una doble desventaja al residir en zonas rurales. También en el caso de Bolivia y Brasil cuando las mujeres son indígenas o afrodescendientes, ellas cuentan con menos oportunidades para ejercer plenamente sus derechos, participar en pie de igualdad y vivir una vida sin violencia. 42

60. Fuente: UNICEF. Desafíos Boletín Nº 3. El Derecho a la Educación: Una tarea pendiente para América Latina y el Caribe 61. Se utilizará el concepto de retención y no el de deserción, ya que este segundo no señala la responsabilidad del sistema educativo en retener, sostener y acompañar al niño/a y adolescente. 21. Art. 12 CDN. 62. La inequidad de género se analiza

transversalmente en todos los puntos del presente capítulo, destacando el acceso de las niñas a la educación, la mortalidad materna y las mujeres adolescentes y el VIH-SIDA. 63. UNICEF. Estado Mundial de la infancia 2007. La mujer y la infancia. El doble dividendo de la igualdad de género. 64. Véase para el concepto de feminización de la pobreza: Anderson, J. “La

feminización de la pobreza en América Latina”. Entre Mujeres. Lima.1994. Pearce, D. “The Feminization of Poverty: Women, Work, and Welfare”, Urban and Social Change Review 11. 1978. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. “Informe sobre Desarrollo Humano”, Nueva York. 1995. Sen, A. “Gender and Cooperative Conflicts”, en Tinker, I. (ed.), Persistent Inequali-

ties. Women and World Development, University Press, Oxford. 1995.

Salud Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años

La región ha logrado un considerable descenso de la mortalidad infantil

y actualmente registra los menores niveles del mundo en desarrollo. Entre Declaración del Milenio, firmada en septiembre 1990 y 2003, este indicador se redujo del 2000 por 189 países. de 56 a 33 por cada mil nacidos vivos, y la relativa a menores de un año, de 43 a 25 por cada mil nacidos vivos65. En los contextos analizados, Cuba y la Ciudad de Rosario muestran niveles de mortalidad infantil que se acercan a los de los países desarrollados. En el otro extremo, las tasas de Bolivia duplican el promedio regional de 25.6 por mil. En la zona andina llega a 116 por mil. Nuevamente, las proyecciones regionales y nacionales encubren grandes disparidades. Las desigualdades relacionadas con el nivel de ingreso, el origen étnico y las poblaciones rurales tienen un marcado impacto en los índices de mortalidad infantil. En los países con información disponible, se refleja un mayor nivel de mortalidad infantil entre las poblaciones indígenas. También se asocia la mortalidad infantil a la falta de información y de educación materna, y al bajo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Los hijos de madres adolescentes (menores de 18 años) y las niñas y niños nacidos de partos poco distanciados, tienen mayor probabilidad de morir tempranamente66. Al analizar la mortalidad materna67 Objetivo 5: Mejorar la salud materna en la región, nos encontramos con una problemática similar: las graves dispaMeta 6: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad ridades geográficas, la pobreza y el origen materna en tres étnico influyen fuertemente de las tasas de morbimortalidad materna. El promedio Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países. regional de 87 muertes por cada 100.000 nacimientos, esconde grandes diferencias entre los países. Mientras que Cuba,Argentina y Brasil, presentan tasas por debajo de 50/100.000, Perú y Haití y, de los países analizados, Bolivia, presentan tasas por encima de 150/100.00068. También existen graves disparidades geográficas en la cobertura de asistencia calificada al parto; a modo de ejemplo, en Colombia, las cifras indican 94% en las zonas urbanas y 70% en las rurales. Por lo tanto, a pesar de que la mortalidad materna afecta a todos los estratos sociales, su incidencia es mucho más alta entre las mujeres de grupos socioeconómicos bajos, las mujeres indígenas y las que viven en áreas rurales.

65. UNICEF: 2005. Pág.17. 66. Informe Interagencial 2005: P.151. Otro dato que brinda luz a este problema y las formas de solucionarlo, es presentado por PNUD: “Casi todas las muertes en la niñez ocurrieron en el mundo en desarrollo, pero el gasto para prevenirlas se concentró en su mayor parte en los países ricos”. Esta situación hace reconsiderar las acciones previstas por las agencias de

cooperación. El informe también señala que las causas de muerte de los niños y niñas son conocidas y son, mayoritariamente, fáciles de prevenir y tratar mediante el uso de recursos poco costosos. 67. “La mortalidad materna es un fenómeno ligado íntimamente a los derechos de las mujeres y a la pobreza, por lo que es un indicador síntesis de las inequidades de género”. UNFPA/

EAT. 2004a .21. Art. 12 CDN. 68. UNICEF 2005. P.17.

VIH- SIDA Objetivo 6: Mejorar la salud materna

El VIH/SIDA es uno de los flagelos más importantes a considerar, se estima que 740.000 jóvenes entre 15 y 24 años están viviendo con VIH/SIDA en América Latina y el Caribe. La enfermedad se ha Declaración del Milenio, firmada en septiembre propagado por todas las vías, pero sobre todo del 2000 por 189 países. por vía sexual. Según datos de ONUSIDA, el Caribe es la región más afectada, después del África subsahariana, con una prevalencia promedio de 2.3% de la población. El VIH/SIDA se ha convertido en la principal causa de muerte en personas de 15 a 49 años69. Meta 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA Meta 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

Los informes evidencian que el perfil etario y de género de la epidemia está cambiando. Actualmente, las adolescentes se encuentran dentro de los grupos más vulnerables. En el Caribe, la mayoría de los nuevos casos se dan en mujeres de entre 15 y 24 años. Las inequidades de género se reflejan en los altos índices de transmisión registrados en mujeres jóvenes; la vulnerabilidad de este sector se ve posibilitada por una cultura que las inhibe de tomar decisiones autónomas e informadas en cuanto a su sexualidad y reproducción. Las asimetrías de poder en las relaciones conyugales estables y no estables es una de las hipótesis que permite explicar el proceso de “feminización de la epidemia70” . Al afectar particularmente a las mujeres, aumenta el riesgo de la transmisión materno-infantil. Se estima que solo 33% de las embarazadas en la región tiene acceso a servicios para la prevención de la transmisión materno-infantil, lo que genera un efecto devastador sobre niños y adolescentes. Se calcula que 47.000 niños y niñas viven con VIH y 750.000 son huérfanos por causa de la epidemia. Sostenibilidad ambiental Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento Meta 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios. Declaración del Milenio, firmada en septiembre del 2000 por 189 países.

Un factor fundamental en la garantía de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, es la sostenibilidad ambiental. La región está sufriendo un fuerte impacto debido a la degradación de su medio ambiente natural y construido. Las disparidades entre las zonas urbanas y rurales son especialmente pronunciadas, así como las disparidades dentro del medio rural71.

El análisis del acceso a agua potable y el saneamiento, dos componentes utilizados para medir la sostenibilidad ambiental, devela las disparidades existentes y llama la atención sobre su impacto en el bienestar de las niñas, los niños y adolescentes. La región es relativamente rica en recursos hídricos, aunque existen amplias zonas áridas y altas 44

69. Véase Informe Interagencial 2005. P.155. 70. Informe Interagencial 2005. P. 158. 71. UNICEF. “Progreso para la infancia. Un balance sobre agua y saneamiento”. 2006.

donde la escasez de agua es un problema grave. Según UNICEF, la cobertura general de agua potable aumentó de un 83% en 1990 a un 91% en 2004 y el número absoluto de personas sin acceso a fuentes mejoradas de agua potable se redujo en una tercera parte, de 74 millones en 1990 a 50 millones en 2004. La cobertura de saneamiento aumentó de un 68% a un 77% entre 1992 y 2004, y 127 millones de personas obtuvieron acceso en ese período. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las medias de la región desdibujan las disparidades locales. Mientras que la cobertura de agua potable en el medio urbano es de 96%, en las zonas rurales es de 73%. En el Semiárido brasilero, el 58% de la población tiene acceso a agua potable y en la zona andina de Bolivia solo el 42,88%. En el caso del saneamiento, solo se encuentran disponibles servicios para un 49% de las poblaciones rurales. Estas situaciones contribuyen al aumento de enfermedades como la diarrea, causante de un alto porcentaje de la mortalidad infantil. Aunque las experiencias incluidas parten de condiciones muy heterogéneas en cuanto a sus áreas de intervención y contexto socio-económico, las reflexiones que surgen alrededor de tales distinciones y heterogeneidades muestran el amplio espectro en que se puede trabajar y aprender para desarrollar formas de gestión local para la niñez. La tabla, que se muestra a continuación, resume los indicadores de mortalidad infantil, desnutrición, educación, trabajo infantil y acceso a agua y saneamiento del nivel nacional y de las zonas de intervención establecidas por las experiencias sistematizadas. Y permite observar las disparidades entre los indicadores nacionales y los indicadores locales en casi todos los países. Esto refleja la necesidad de medir en los niveles locales el avance de los ODM y otros indicadores sustanciales para la supervivencia, desarrollo, participación y protección de la niñez y la adolescencia. Pero también se destacan las dificultades técnicas para medir y analizar indicadores e impactos en estos niveles, ya que no se cuenta con recursos y herramientas suficientes, y dichas falencias deben ser cubiertas con fuentes secundarias que no siempre registran las condiciones reales72.

72. En el próximo capítulo se destacan las acciones que las experiencias realizan para cubrir estas carencias y establecer sistema estadísticos locales. 21. Art. 12 CDN.

14 Desigualdades entre departamentos a pesar de los avances en prioridades como retraso en el crecimiento (desnutrición crónica). Retrocesos en el indicador de bajo peso al nacer. En cuanto al retraso del crecimiento en el grupo de edad de 0 a 4 años (desnutrición crónica), los departamentos más afectados son la Guajira, Boyacá, Nariño y Magdalena84

21 Desigualdades entre departamentos a pesar de los avances en prioridades como la mortalidad infantil.

Zona de Intervención

La tasa de mortalidad infantil Ø del Semiárido es mayor que la media nacional

Nacional

En el Semiárido, más de 350 mil niños entre 10 y 14 no asisten a la escuela. 390 mil adolescentes son analfabetas.

Zona de Intervención82

77. Provincia de Santa Fé http://www.indec.mecon.ar/ 78. Superficial con tratamiento de: Decantación – Filtración – Cloración - Coagulación- Floculación 79. http://www.rosario.gov.ar/sitio/caracteristicas/estadistica2.jsp 80. http://www.rosario.gov.ar/sitio/caracteristicas/estadistica2.jsp 81. Actúa en 50 municipios de un total de 327; en 7 departamentos de un total de 9. El PRODELI tiene su área de intervención en tres zonas del país: Región Andina Departamento de Chuquisaca: 5 municipios: Azurduy, Icla, Sonson, Presto, Tarvita. Departamento de Cochabamba: 10 municipios: Alalay, Arque, Bolívar, Capinota, Independencia, Sacabamba, Sicaya, Tacopaya, Tapacarí, Vila Vila. Departamento de Oruro: 1 municipio: Challapata. Departamento de Potosí: 13 municipios: Acasio, Arampampa, Caripuyo, Chayanta, Colquechaca, Llallagua, Sonson, Pocoata, Ravelo, Sacaca, San Pedro, Toro Toro, Uncía. Región Amazonía: Departamento de Beni: 10 municipios: Baures, Huacaraje, Loreto, Magdalena, Reyes,

La tasa nacional de trabajo infantil pasó de 12.8 (1.568.000) a 8.9 por 100.000 niños de 5 a 17 años85 en el período comprendido entre 2001 y 2005, siendo 11.6 para los niños y 6 para las niñas en el 2005.

En el Semiárido, 317 mil niños y niñas trabajan.

Trabajo Infantil 5-14 años (1999-2004) Meta 13 *

Rurrenabaque, San Andrés, San Borja, San Ignacio de Moxos, San Javier. Departamento de Pando: 3 municipios: Gonzalo Moreno, Porvenir, Puerto Rico. Departamento de Santa Cruz: 3 municipios: Ascensión de Guarayos, El Puente, Urubichá. Región Chaco: Departamento de Chuquisaca: 5 municipios: Huacareta, Huacaya, Macharetí, Monteagudo, Villa Vaca Guzmán (Muyupampa).. 82. El Semiárido brasilero está formado por casi 1500 municipios, donde viven 26 millones de personas, hay casi 11 millones de niños, niñas y adolescentes. En el Sello-UNICEF participan 11 Estados: Alagaos, Bahía, Ceará, Espiritú Santo, Maranahao, Minas Gerais, Paraiba, Pernambuco, Piauí, Río Grande do Norte y Sergipe. En el 2006 se inscribieron 1179 Municipios: onsonet: 46 municipios inscriptos, Bahía: 146 municipios inscriptos, Ceará: 183 municipios inscriptos, Espíritu Santo: 29 municipios inscriptos, Maranahao: 45 municipios inscriptos, Minas Gerais: 169 muni-

Desigualdades entre departamentos a pesar de los avances en prioridades como la tasa de deserción escolar en primaria.

Analfabetismo de 15 años o más. Tierras Altas: 41% Tierras Bajas: 17.3%

Nacional

Tierras Altas: 47.3% Tierras Bajas 28.6%

Tierras Altas 116 Tierras Bajas 83

98.777

9973

Escolaridad Tasa neta de escolarización/ % de asistencia enseñanza primaria (1996-2004) Meta 3

Zona de Intervención81

11.87

14.4

Desnutrición % de menores de 5 años que padecen de cortedad de talla moderada y grave (1996-2004) Meta 2

Nacional

Zona de Intervención

Nacional

73. http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/argentina_ statistics.html 74. Rosario cuenta con una superficie total de 178.69 km2 y 945.000 habitantes aproximadamente. Está a 280 km. de la ciudad capital del país (Buenos Aires) y es eje central de un área metropolitana integrada por más de 20 localidades. 75. http://www.rosario.gov.ar/sitio/caracteristicas/estadistica2.jsp 76. Unos 14.000 niños de hasta 5 años están desnutridos en la provincia de Santa Fe. Las zonas V y VIII de salud -que incluyen las ciudades de Santa Fe y Rosario- registran más del 60 por ciento del total de desnutridos en la provincia. Conferencia de prensa, Mónica Jurado, Jefa del Departamento Maternidad e Infancia; María Luisa Farri, Jefa del Programa Provincial de Salud Integral del Niño; y Guillermo Kerz, Director Provincial de Promoción y Protección de la Salud. 2004. En: http://www.elsantafesino. com/vida/2004/06/01/desnutricion

Colombia

Brasil

Bolivia

Argentina

Mortalidad infantil Por mil nacidos vivos (2004) ODM 4

En 2003, la cobertura del servicio de acueducto era de 94,8%: 97,4% en las zonas urbanas y 66% en la rural. La cobertura de alcantarillado fue de 90,2% en áreas urbanas y 87,3% de servicios de alcantarillado.

Longitud de la red de cloacas: 1.322,89 Km. Recolección de residuos, servicio de barrido y limpieza diaria en todo el ejido municipal80

cipios inscriptos, Paraiba: 157 municipios inscriptos, Pernambuco: 106 municipios inscriptos, Piauí. 116 municipios Inscriptos, Río Grande do Norte: 148 municipios inscriptos, Sergipe: 34 municipios inscriptos. 83. Se propone intervenir en los 32 departamentos y 1.098 municipios. En base al documento “Hechos y Derechos. Colombia, tierra de niños y adolescentes”. UNICEF-ICBFProcuraduría General de la Nación. 84. Encuesta Nacional de Situación Nutricional. Colombia, 2005. 85. DANE. “Módulo de trabajo infantil 2001 – 2003”. 86. En cuanto al tema de agua y saneamiento básico, la mesa de logros del Agua Potable y Saneamiento Básico publicó el libro ‘2241 “La infancia, el agua y el saneamiento básico en los planes de desarrollo departamentales y municipales” el cual consolida y actualiza un inventario sanitario nacional de 982 municipios en el Sistema Único de Información”.

Según el Inventario sanitario nacional de 982 municipios en el Sistema Único de Información, 77% del país cuenta con el servicio de agua potable86,

El 42 % no tiene acceso a agua corriente

Tierras altas: 51.74 % Tierras bajas: 42.88 %

Longitud de la red de agua: 1.783,26 Km79.

100%78 .

% de población que usa instalaciones % de población que usa fuentes mejoradas de agua potable (2002) adecuadas de saneamiento (2002)

Acceso a agua potable y saneamiento básico Meta 10

Indicadores de Mortalidad Infantil, Desnutrición, Educación, Trabajo Infantil y Acceso a Agua en los 7 países presentados

19 Acajutla:11.2 Concepción Batres: 2.3 Soyapango: 5.4 Tecoluca: 15.0

9 Zona Rural. Mayor incidencia de desnutrición, especialmente en las provincias de Bahoruco, Elías Piña, Monte Plata, Pedernales, Independencia y San Cristóbal.

27 Esperanza de Vida al Nacer90:Acajutla 70.5 años Concepción Batres: 68.5años Soyapango: 72.8 años Tecoluca: 65.5. años

31 No hay información desglosada por zona de intervención. Pero la experiencia señala que existe un subregistro importante en los indicadores de mortalidad infantil, el cual ha sido estimado en un 69%, según el Subsistema de Vigilancia Especial de Mortalidad Infantil.

Nacional

Zona de Intervención92

En el segundo ciclo de básica, el 60% de los estudiantes no tiene la edad apropiada94.

El 44% de los niños del primer ciclo de básica en el área rural tiene tres o más años que la edad apropiada.

Más del 50% de las escuelas rurales son multigrado (uno o dos profesores atienden a más de 20 niños de varios grados en una misma aula)93.

Acajutla: 58.1 Concepción Batres: 53.7 Soyapango: 75.1 Tecoluca:55.6

Los indicadores de seguridad Ø alimentaria indicaron que Santiago era el territorio de mayor vulnerabilidad. También se incluyeron Guantánamo y parte del territorio de Granma, debido a la desertificación de sus suelos.

Zona de Intervención89

Guantánamo: 8.5 Granma: 8.488

Zona de Intervención87

Nacional

87. El área de intervención del PDHL cubre 7 provincias: Pinar del Río, Granma, Holguín, Las Tunas, Guantánamo, Santiago de Cuba y Sancti Spíritus, en 43 municipios de esas provincias y en el municipio Habana Vieja. Nuestro objeto de análisis serán las 5 provincias orientales: Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba. Se escogieron estas provincias por tener los valores más bajos de Índice de Desarrollo Humano. 88. 1997. 89. La experiencia se desarrolló en los municipios: Tecoluca en el departamento de San Vicente, Concepción Batres en el departamento de Usulután, Acajutla en el Departamento de Sonsonete y Soyapango en San Salvador. La información desglosada por municipio ha sido obtenida por el “Informe 262. indicadores municipales sobre Desarrollo Humano y Objetivos de Desarrollo del Milenio.” El Salvador. JICA y PNUD. 2005. 90. Desafortunadamente, la base de datos de FESAL no puede desagregar la información obtenida a nivel municipal, al mismo tiempo que la información que puede obtenerse a partir de los

registros de defunciones de las alcaldías presenta un problema considerable de sub-registro, que impide generar tasas confiables de mortalidad infantil y mortalidad de menores de cinco años. Por eso, se tomará el % de Esperanza de Vida. 91. Informe Situacional de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos sobre los Niños, Niñas y Jóvenes que Trabajan en los botaderos de basura. 14 de Junio de 2005. 92. El MAN tiene su área de intervención en los siguientes municipios: Boca Chica, La Romana, Santo Domingo Oeste, Pedernales, Dajabón y Salcedo. Los criterios de esta priorización son: distribución geográfica, trabajos existentes y coordinados con algunas instituciones relacionadas, voluntad política y planes de trabajo iniciados o por iniciar. Boca Chica y La Romana son áreas turísticas y Pedernales y Dajabón son provincias fronterizas. 93. Álvarez, Carola. Op. cit. BID. 2004. 94. Álvarez, Carola. Op. cit. BID. 2004.

Fuente a nivel nacional: UNICEF: Estado Mundial de la Infancia. 2006.

* Las metas de protección adicionales al Plan de Acción Iberoamericano responden a la Sección VI de la Declaración del Milenio.

República Dominicana

El Salvador

Cuba

50 9

- Acajutla: Trabajo infantil. Niñas y niños en labores de recolección de materiales reciclables en el basurero del municipio91. -C. Batres: Niños y niñas trabajando en corte de caña y pesca.

Acajutla: 62.8 Concepción Batres:54.3 Soyapango: 60 Tecoluca: 62.5

En 1997 las tres provincias de menor cobertura de agua y saneamiento eran Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Granma: 85.5% Santiago de Cuba: 87.1% Guantánamo: 89.6%.

Según el Banco Central, en el año 2004 la población ocupada en edades de 10 a 19 años ascendía a 250.644 personas, lo que representa cerca del 8% de la población ocupada a nivel nacional.

Acajutla: 84.2 Concepción Batres: 82.7 Soyapango: 98 Tecoluca: 86.7

Granma: 88.5%.

Guantánamo: 78.9%

Santiago de Cuba: 58.2%

Cobertura en saneamiento para 1997:

Violencia y sus efectos en niñas, niños y adolescentes95 Otra problemática central que detiene la posibilidad de que muchas niñas, niños y adolescentes de la región lleven una vida plena, sana y con iguales oportunidades, son las múltiples formas de la violencia96. La violencia contra las niñas, los niños y adolescentes constituye una clara amenaza para que los países puedan alcanzar las metas previstas. Vulnera diariamente los derechos humanos; amenaza la supervivencia y el bienestar de millones de niñas, niños y adolescentes y les impide desarrollar todo su potencial; deja secuelas físicas y psicológicas en muchos casos irreversibles, limitando el desarrollo y crecimiento de los países. Para medir la magnitud de la violencia, el número de homicidios es el indicador más frecuentemente utilizado, y la región registra la mayor cantidad después de África. Dado que los estudios confirman a América Latina y el Caribe como la región más desigual del mundo, esta desigualdad genera “tensión social e incentivos que son factores importantes para el robo, asalto callejero, secuestros y robo a mano armada97” . Si bien la pobreza no es sinónimo de violencia, el desempleo, el hacinamiento en barrios urbanos marginales, la falta de alimentos y la falta de opciones, son condiciones de vida violentas y desestructurantes, que pueden desencadenar comportamientos delictivos. La violencia como fenómeno complejo, multidimensional, que abarca y atraviesa diversos ámbitos, individuales, familiares, comunales y sociales, emerge bajo distintas denominaciones: violencia y maltrato intrafamiliar, abuso sexual, explotación sexual, niños, niñas y adolescentes viviendo en situación de calle, trabajo infantil, uso y abuso de sustancias psicoactivas, y como su máximo exponente, niños y niñas en conflictos armados o desplazados. El último Informe de Desarrollo Humano de Colombia “El conflicto, callejón sin salida” explicita que la seguridad humana es una condición para lograr el desarrollo humano. En la dinámica social que desencadena la situación de violencia interna generada por el conflicto con grupos armados ilegales, la violencia se impone sobre la población civil y genera problemas asociados como el desplazamiento. Tal como indica el informe, ello afecta los “tejidos sociales y los tenues lazos entre autoridad y población”. En el caso de los jóvenes y la niñez, según la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia98, las estrategias de desarrollo humano constituyen una opción concreta para las personas jóvenes de los grupos de riesgo que, ante la falta de oportunidades y las presiones generadas por el conflicto, se incorporan a los grupos armados ilegales. Por otra parte, en El Salvador los municipios de Acajutla y Concepción Bartres presentan altos índices de las peores formas de trabajo infantil, como niñas en situación de explotación sexual, niñas y niños recolectores de residuos en basurales y trabajando en el corte de caña y la pesca. Tal como lo establece la CDN, los gobiernos, en sus diferentes niveles, deben concebir desde un enfoque integral la problemática de la violencia, implementar medidas de protección y cuidado para los afectados por ella, detener a los responsables y garantizar el derecho a vivir en un entorno seguro y digno. 95. Para este punto, véase el Estudio del Secretario General de Naciones Unidas sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes. Informe de la Secretaria Regional para el estudio en América Latina, Cuba y República Dominicana. (2006). 96. Se ha tomado como definición de “Violencia” la explicitada en la Convención (CDN) Art. 19: Todas las formas de violencia física o mental,

lesiones o abusos, negligencia o trato negligente, maltrato o explotación incluyendo el abuso sexual y la explotación en cualquiera de sus manifestaciones, que representan daño potencial para la salud de la niñez, su supervivencia, su desarrollo o dignidad, en el contexto de responsabilidades, confianza y poder. 97. Arraigada y Godoy: “Seguridad ciudadana y Violencia en América

Latina: Diagnóstico y Políticas en los años noventa” Serie Políticas Sociales. CEPAL. Chile, 1999. 98. Citada en el Informe de Desarrollo Humano, Colombia, 2003. Pág. 263.

Algunas conclusiones preliminares En este contexto de desigualdad, el proceso de estructuración social en América Latina y el Caribe y al interior de cada país excluye y margina a parte de su población. La fragilidad alimentaria, las situaciones de privación, la falta de educación de calidad, acceso a salud, disponibilidad de programas de prevención e información sobre sexualidad y reproducción, así como las situaciones de violencia, limitan las posibilidades de futuro y desarrollo, alimentan el ciclo intergeneracional de la pobreza 99 y, en consecuencia, generan no permiten el pleno ejercicio de derechos. Esta enorme brecha entre los grupos más pobres y más ricos es uno de los principales desafíos que presenta la región y constituye un elemento fundamental para analizar las particulares características de cada país en el proceso de elaboración y desarrollo de políticas eficaces para la niñez en el ámbito local.

La demarcación del espacio territorial puede contribuir a analizar y abarcar integralmente las situaciones de vulnerabilidad y exclusión, dado que no siempre los indicadores nacionales dan cuenta de estos registros específicos. Es por ello que las experiencias analizadas privilegian el ámbito local como lugar idóneo para promover el objetivo de cortar el ciclo intergeneracional de la pobreza, fomentando un abordaje integral de la niñez y la adolescencia que consolide derechos e impulsando un proceso simultaneo de fortalecimiento de las capacidades gubernamentales y de la sociedad civil. Las experiencias revelan que la heterogeneidad y el disímil avance de los procesos de descentralización obligan a pensar estrategias diferenciadas de protección y cumplimiento de derechos de la niñez en los niveles locales, ya que las herramientas políticas, administrativas y fi nancieras son sustancialmente diferentes en cada caso. Dos de los principales obstáculos encontrados por las experiencias analizadas en aquellos países que tienen casi 20 años de procesos descentralizadores y de ampliación de competencias locales son: a) La falta de capacidad de las unidades subnacionales, las organizaciones comunitarias y la ciudadanía para hacer frente a las nuevas responsabilidades asignadas y b) ambigüedades, superposiciones y yuxtaposiciones en materia de descentralización sectorial (en salud, educación y/o protección de derechos). Se ha señalado la necesidad de hacer un análisis sustancial de las disparidades territoriales, ya que estas constituyen la justificación principal de un proceso de descentralización, pero también pueden ser la causa de un impacto negativo de la reforma sobre la equidad espacial. Es necesario examinar con atención las disparidades poblacionales y de condiciones socioeconómicas preexistentes para adaptar las reformas de descentralización a las características del país y a fi n de prever políticas compensatorias y distributivas 100 . Por tanto, pese a las disímiles reformas que se han implementado con diferentes niveles de articulación, claridad, profundidad e impacto, la experiencia latinoamericana demuestra que la posibilidad de desarrollo de esta tendencia responde y depende, en gran medida, de que los gobiernos nacionales y territoriales (provincias o estados) sostengan una estrategia integral y articuladora101 en el marco de acción y responsabilidad que impone la CDN, ratificada por todos los países analizados. 52

99. Informe Interagencial 2005. Pág. 154. 100. Véase CEPAL.1998. 101. Massolo, Alejandra. Pág. 5. 2005. 21. Art. 12 CDN.

Las soluciones específicas a los temas de gobernabilidad local a favor de la niñez y la adolescencia dependerán de la historia, las características económicas y sociales, y la situación política de cada país y cada localidad. No obstante, el análisis de las experiencias que han logrado transitar un camino, facilita la recuperación y replicabilidad de conocimientos. Ello permite derivar lecciones generales y disponer de un conjunto de herramientas e instrumentos en esta temática. En las experiencias sistematizadas queda expuesta la preocupación por articular políticas y acciones entre distintos niveles -comunitario, municipal, intermedio y nacional- para asegurar el ejercicio integral de los derechos. Las mismas dan cuenta de las certezas y obstáculos referidos a la hora de consolidar una visión estratégica que requiere de procesos de legitimación e institucionalización, diálogo con actores y una definición presupuestaria y de recursos que asegure su sostenibilidad. Un rasgo común visualizado en todas las experiencias es que las mismas han aprovechado la coyuntura nacional de transformación administrativa-institucional (procesos de descentralización) que favorecen el surgimiento de programas locales para la niñez y la adolescencia, y la decisión gubernamental de fortalecer iniciativas locales respaldadas por la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional. Así mismo, casi todas las experiencias presentan como parte de sus objetivos el fortalecimiento de los ámbitos locales desde un enfoque de derechos y la instrumentación de una gestión basada en resultados, lo que ha contribuido al logro de éxitos relativos en sus niveles de impacto. Por el tiempo de implementación, muchas de las experiencias aquí analizadas no han logrado medir el impacto en las mejoras en la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. El siguiente análisis tiene en cuenta los particulares contextos institucionales, económicos y sociales, y los marcos legales y políticos, así como los distintos momentos, trayectorias y etapas de consolidación de cada práctica documentada.

P r i m e r a c o n d i c i ó n : Visión estratégica

Como se menciona en el Marco de Referencia, construir una visión estratégica de mediano y largo plazo en lo local debe partir de: El análisis y adecuación de los marcos normativos vigentes a nivel nacional, intermedio y local, visto en el capítulo anterior. El diagnóstico de las capacidades para generar un plan estratégico orientado a garantizar derechos. Las alianzas y acuerdos logrados entre el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, entre otros.

Planeación estratégica Los cambios acaecidos en las últimas dos décadas han transformado las funciones de los gobiernos locales y han replanteado su rol histórico. Las experiencias documentadas dan muestra de que el ámbito local se consolida poco a poco como un espacio estratégico para la promoción y cumplimiento de los derechos de la niñez, y para elaborar, programar y consolidar una visión a mediano y largo plazo que asegure su bienestar. En este proceso, la sociedad civil, algunos gobiernos locales, intermedios, nacionales, las agencias del SNU y otros actores, han buscado una ampliación del enfoque tradicional de gestión de servicios urbanos y sanitarios al de gestión social desde el nivel municipal, incluyendo el bienestar de la niñez en la programación estratégica del desarrollo local. Las experiencias documentadas en República Dominicana, Colombia, Bolivia, Cuba, Argentina, El Salvador y Brasil han posibilitado el tránsito de planes estrechos, de corto plazo y conformados por proyectos aislados a esquemas de gestión local más estratégicos y planificados. Las experiencias también evidencian que los cambios, aunque no necesariamente inmediatos, se han producido por la participación de la sociedad civil y han contribuido a visualizar los derechos de la niñez como un tema de la agenda social permanente de las localidades. En otras palabras, se ha comenzado a ligar la gestión local con el reconocimiento integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

La planeación de una visión estratégica local debe transformarse en un lugar privilegiado para la evaluación de las prioridades públicas, entre las que el bienestar de la niñez ocupa el primer lugar. La planeación es una herramienta utilizada con el objetivo de articular proyectos en pos de crear políticas integrales. La formulación de una planeación estratégica puede contribuir a la identificación colectiva de problemas, objetivos y actividades que favorezcan a la niñez, afianzar el compromiso de la comunidad para alcanzar resultados concretos en un tiempo acordado y seleccionar las mejores alternativas de solución y los recursos necesarios para alcanzarlas.

Respecto al rol que desempeñan los gobiernos y programas de cooperación que promueven la planificación local, cabe señalar: La elaboración de una planeación estratégica es una herramienta favorable para la consecución de una visión estratégica. Aunque toda la comunidad no comparta las mismas metas y objetivos, la planeación estratégica es un punto de partida para lograr acuerdos comunes. Construir indicadores para medir los avances en el logro de los objetivos no es una práctica extendida en los gobiernos locales de la región. Las experiencias documentadas indican que utilizar la gestión basada en resultados es un proceso que requiere tiempo, adecuación de políticas y esfuerzo colectivo. Por ejemplo: Argentina – Rosario: Entre las experiencias sistematizadas, la ciudad de Rosario es la única en que el promotor principal es el Gobierno Local. La consideración de documentarla surge por su trayectoria en la defensa de los derechos de la infancia y las características innovadoras desplegadas para incorporar la opinión de las niñas, los niños y adolescentes en la toma de decisiones de la ciudad. Esta experiencia permite observar los alcances de una gestión local ligada al reconocimiento integral de los derechos de los niños y adolescentes como el resultado de un proceso de participación de la sociedad civil y de los cambios promovidos en la agenda social cuyo objetivo no se limita a modificar la política municipal respecto a los niños sino al conjunto de la sociedad. La inclusión y el protagonismo de múltiples actores en el proceso de reflexión han posibilitado abordar temas como la convivencia en la ciudad, el uso de los espacios comunes, la igualdad de oportunidades, el derecho a la calidad de vida102. En ese sentido, las niñas y niños pensados antes para ser protegidos, se convierten en protagonistas de una perspectiva estratégica para el cambio estructural103. La resignificación conceptual de pensar una ciudad con “ojos de niños” llevó al municipio a replantear algunos elementos clave, lo que permitió diseñar programas y proyectos desde y para la infancia, a partir de las siguientes metas y fundamentos: Estos planteamientos éticos han llevado al municipio a diseñar programas y planes integrales para ir cumplimentando los principios emanados en la CDN, como los Centros Crecer, el Tríptico de la Infancia y los Consejos de Niños, entre otros104.

102.Bifarello, M.: “Una ciudad participativa y eficaz”. En: “Experiencia Rosario: Políticas para la gobernabilidad”. Editado por PNUD y la Municipalidad de Rosario. 2005. 103. Idem. 104.Véase sección Anexos.

Metas y Fundamentos de Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños. a-La ciudad y el desarrollo de los niños: El desarrollo infantil, contemplando la protección, atención integrada de la salud, alimentación y nutrición, juego y aprendizaje, intenta desde la ciudad, abarcando el barrio y la familia, poner en acción todas las capacidades psicofísicas y sociales del niño. b-La ciudad, nuevos escenarios para la salud: La ciudad se compromete con nuevos conceptos de salud: Atención integral, atención primaria y domiciliaria, reducción de la situación de internación del niño, transformación de la arquitectura de los hospitales y enfoque social en la relación médico-paciente. c-La ciudad, territorio de múltiples aprendizajes: La ciudad está cargada de sentido. Recorrerla, investigarla, vivirla en alturas, texturas, memoria, textos y diseño urbano es una aventura para la construcción del conocimiento, la creación, la comunicación y la expresión. d-La ciudad, zona de juego y convivencia: El juego es el gran dispositivo de la infancia. Con el juego se simboliza, se aprende y se crea, se construyen lenguajes, lazos sociales y vínculos afectivos. Todo adulto que crea, de algún modo, está jugando. Este aprendizaje de vida, participación y convivencia tiene lugar en el territorio del municipio. e-La ciudad, protección y promoción de nuevos ciudadanos: Cuando hablamos de “derechos” no sólo nos referimos al cumplimiento de la norma formal. Estamos hablando de la protección de la vida, el desarrollo y la dignidad de los nuevos ciudadanos en todas sus formas, confiriéndoles “palabra” y ámbitos reales de construcción social, promoviendo su lugar en la historia y su protagonismo como agentes de cambio. f-La ciudad, ámbito de creación, de propuestas para los niños: Los chicos pueden ayudarnos a pensar una ciudad más equitativa y solidaria. Ellos son los “indicadores ambientales”, reparando en su situación podemos saber claramente cómo es la ciudad en que vivimos. Escuchar a los niños en ámbitos institucionales de participación se convierte en un dispositivo transformador para pensar, planificar y realizar cambios estructurales en el territorio urbano. Fuente: Bifarello, M. 2005. Una ciudad participativa y eficaz. En: Experiencia Rosario: Políticas para la gobernabilidad. Editado por PNUD y Municipalidad de Rosario (2005).

Bolivia El Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI) surge de la fusión de dos programas de desarrollo local integrado sub-regionales, PROANDES y AMAZONÍA105, implementados durante el ciclo de cooperación de UNICEF 1998-2002, en el que se realizaron diagnósticos. El PRODELI priorizó municipios pequeños conformados por comunidades rurales dispersas, con indicadores de cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia por debajo del nivel nacional (salud, nutrición, educación, acceso a agua, nivel económico). Cada año, un equipo multi-sectorial, en el cual participa y promueve UNICEF, realiza la programación conjunta con cada uno de los 50 Gobiernos Municipales (GM) en siete componentes106. Todas las acciones conjuntas son co-financiadas por el GM y UNICEF. El porcentaje de recursos aportados por la contraparte varía de un componente a otro, pero en promedio, a julio de 2007, el GM contribuye en el 30% de las programaciones conjuntas. La programación conjunta se incorpora en el Plan Operativo Anual (POA) municipal mediante una Resolución del Concejo Municipal, lo cual garantiza la inscripción de los recursos comprometidos por el Gobierno Municipal con el Ministerio de Hacienda, así como su futuro desembolso. Este proceso también garantiza la transparencia frente a la sociedad civil, así como el control del Estado. 58

105.PROANDES, Programa SubRegional Andino de Servicios Básicos contra la Pobreza, fue establecido en 1989 en 5 países (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). AMAZONÍA, Programa Sub-Regional para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica en el marco del desarrollo sostenible y de la conservación del medio ambiente, fue establecido en

1994 en respuesta a la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. AMAZONÍA está implementado en 8 países (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela).103. Idem. 106.PRODELI apoya la implementación de Siete Componentes: Cinco Componentes dirigidos a sujetos de derechos (infancia, niñez y adolescencia) (i) Salud Comunitaria

(ii) Agua, Saneamiento e Higiene (iii) Desarrollo Infantil Integral (iv) Educación Primaria (v) Promoción de los Derechos y Protección de la niñez y adolescencia. Dos Componentes dirigidos a titulares de obligaciones (padres/madres, autoridades y personal de los servicios locales): (i) Educación Alternativa de Adultos (padres/madres y comunidades); (ii) Fortalecimiento Departamental Municipal y Comu-

nitario (autoridades municipales y comunidades). Véase acápite Experiencias.

Asimismo, se firma un Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el GM y UNICEF, el cual define los términos de la cooperación; por ejemplo, la garantía de permanencia del personal en los cargos sujeto a desempeño satisfactorio, y tiene como Anexo las programaciones sectoriales y el plan multi-sectorial. Además, se firma un Acta de programación que incluye los acuerdos hechos. Sus estrategias se basan en las fortalezas desarrolladas por los programas PROANDES y AMAZONÍA, que incluyen las distintas dimensiones: -Con respecto a la gobernabilidad local: a) la articulación entre las políticas nacionales y las acciones locales para la infancia; b) el co-financiamiento y la planificación y seguimiento conjuntos de las acciones con los Gobiernos Municipales y las Prefecturas; c) el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación de acciones para la infancia; d) el empoderamiento de indígenas y mujeres del área rural, en particular mediante la alfabetización bilingüe con contenidos de derechos; e) el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas. -Con respecto al cumplimiento de los derechos de la niñez: a) el Seguro de Maternidad y Niñez; b) la educación intercultural bilingüe y la participación popular en la educación; c) servicios de desarrollo infantil integral; d) servicios de agua y saneamiento mediante el desarrollo de tecnologías apropiadas alternativas de bajo costo, ejecución rápida y fácil mantenimiento; e) defensorías de la niñez y la adolescencia. Brasil Dado el contexto económico, social y político, algunas experiencias explícitamente se han orientado en una búsqueda sistemática por incorporar un enfoque de derechos y por resultados. Tal es el caso del Sello-UNICEF. Municipio Aprobado de Brasil, cuyo objetivo principal es impulsar, implementar y consolidar metas y mecanismos implícitos en el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia (ECA)107, a través de una estrategia de movilización y participación social dirigida a los municipios, fomentando y fortaleciendo una práctica de monitoreo de la situación de las niñas, los niños y adolescentes en los niveles municipales y estatales en torno a metas y compromisos asumidos en el “Pacto Nacional un Mundo para las niñas, los niños y adolescentes del Semiárido”108. El nombre “SELLO” está ligado al proceso de certificación de los municipios que se destacan en el cuidado y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, nutrición, educación y protección, y es un reconocimiento internacional que los municipios del nordeste de Brasil pueden obtener como resultado de sus esfuerzos. Cada municipio inscripto en el Sello es estimulado a mejorar determinados indicadores y a vencer desafíos en un plazo de tiempo determinado. Para establecer esta estrategia, el Sello realiza evaluaciones de campo mediante consultores capacitados por UNICEF y genera los indicadores que le permiten evaluar los municipios. Para promover el avance de todos los municipios, y no solo de aquellos que poseen las mejores condiciones socio económicas, UNICEF los estratificó en cinco grupos según el Índice de 107.Véase Marco normativo. 108. UNICEF-Brasil: “Sello UNICEF- Municipio Aprobado. Resultados de dos años en el Semi-Árido (2005/2006)”. 2007.

Desarrollo Humano Municipal (IDHM). De esa manera, los avances en los objetivos y metas fueron verificados dentro de cada grupo, lo que permitió que los municipios con más bajo IDH fuesen también reconocidos por el Sello-UNICEF y promover la inclusión y el desarrollo de capacidades de todos los municipios109. La continuación de la experiencia posibilitó el logro de saltos cualitativos en el diseño de la intervención. Al incorporar en la estrategia las particularidades de la identidad local como variable de referencia, se dinamizó una comunicación y difusión más efectiva. Para ello fue necesario realizar un profundo análisis de los elementos constitutivos de la identidad en el Semiárido, basado en un diagnóstico de sus características que incluyó la articulación de lo local con lo regional así como la delimitación clara del ámbito de intervención. Colombia La Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia. Hechos y Derechos” surge en Colombia de una alianza estratégica nacional110integral de carácter intersectorial y transversal que impulsa a nivel municipal y departamental una gestión pública eficiente y eficaz orientada al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la infancia, la adolescencia y la juventud. Esta Estrategia da continuidad al análisis y trabajo iniciado por el Estudio “Situación Diagnóstica sobre la inclusión de los derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Planeación Territorial”, realizado por la Procuraduría General de la Nación y UNICEF. A través del estudio “Guía técnica para la planeación y desarrollo de acciones territoriales a favor de la Niñez” se estableció en una primera etapa el Diagnóstico que evaluó el grado de inclusión de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en la planeación departamental y municipal. La necesidad de revisar y analizar 32 planes de desarrollo departamentales y 964 planes de desarrollo municipales, requirió de una capacitación previa y de compartir el saber acumulado con los nuevos administradores de los entes territoriales. Una segunda etapa tuvo carácter Propositivo. Como producto de este ejercicio, se produjo el documento “Una mirada a la planeación local a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, y una guía utilizada por los mandatarios locales y sus equipos de trabajo. Esta herramienta posibilitó la planeación e implementación de acciones para garantizar a la infancia y la adolescencia una vida digna mediante el avance en nueve prioridades: 1. Salud Materna, 2. Salud Infantil, 3. Registro Civil, 4. Nutrición, 5. Educación, 6. Salud Sexual y Reproductiva, 7. Agua Potable y Saneamiento Básico, 8. Restitución de Derechos y 9. Participación. Se han fortalecido los espacios democráticos de reflexión entre los mandatarios (as) departamentales y municipales sobre la garantía y restitución de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. 60

109. Ibidem. Pág.16 110. Principalmente entre la Procuraduría General de la Nación, UNICEF Colombia y el Instituto de Bienestar Familiar.

En la tercera etapa se destaca la incidencia de la Estrategia Hechos y Derechos en la construcción del artículo 204 del Código de Infancia y Adolescencia referido a: (i) el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes son responsables del diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva la rendición pública de cuentas, (ii) en el nivel territorial se deberá contar con una política pública diferencial y prioritaria de infancia y adolescencia, (iii) otorga al Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Educación, con la asesoría técnica del ICBF, el diseño de los lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo Departamental y Municipal en materia de infancia, los cuales ya son de conocimiento público a partir de noviembre de 2007, (iv) el diagnóstico de la situación de la niñez y la adolescencia y, (v) las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen el control político para la definición de prioridades de política, así como estrategias y mecanismos de seguimiento a partir de las respectivas líneas de base. Se ha llegado a más de 30.000 servidores públicos en 32 capitales de departamentos. Para ello se contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contaduría General de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Federación Nacional de Departamentos y Federación Colombiana de Departamentos, sector privado, y niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cuba Las actividades del “Programa de Desarrollo Humano Local” (PDHL) surgen en 1999 como respuesta organizativa del país a la propuesta del PNUD de 1995 sobre este tema. Ello ha propiciado la activa participación de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en proyectos relacionados con la problemática del desarrollo local, en particular UNIFEM, UNICEF, OPS/ OMS y PMA. UNICEF se vinculó al PDHL a partir del año 2002, mediante la incorporación a los Grupos de Trabajo y la promoción de los proyectos de evaluación de Cuba. La identificación de las comunidades más vulnerables dentro de los municipios se realizó a partir de las líneas directrices provinciales de desarrollo humano y municipal y los mapas de vulnerabilidad. Adicionalmente, se definieron mapas de recursos locales con el fin de desarrollar potencialidades a través de intervenciones extra presupuestarias y de la implementación de la función estratégica para el desarrollo local (vías de comunicación, producción de alimentos o bienes de base, etc.)111. El PDHL se desarrolla en ciclos de 18 meses, de los cuales los seis primeros se dedican a la planeación participativa (diagnósticos, planes de trabajo, proyectos), y los doce siguientes, a la ejecución y seguimiento. Se han desarrollado 6 fases con sus respectivos planes operativos.

111. El PDHL hizo una aproximación a las líneas directrices del desarrollo humano sostenible local mediante un documento elaborado por los Grupos de Trabajo Provinciales y la definición de las provincias más vulnerables. Se tomaron en cuenta los lineamientos estratégicos del PDHL y los campos de acción del programa, se hizo un diagnóstico que incluyó los siguientes puntos: 1. Indicadores de desempleo,

2. Migración, 3. Áreas desfavorecidas, 4. Grupos vulnerables; 5. Recursos y potencialidades locales; 6. Estrategias para potenciar los recursos mediante la implementación de respuestas apropiadas y sostenibles a los problemas identificados.

EL PDHL realiza las siguientes acciones: Creación de instancias multisectoriales e interinstitucionales locales de gestión: Grupos de Trabajo Provinciales. Grupos de Trabajo Municipales. Creación del Comité Nacional de Coordinación como instancia nacional de articulación de las iniciativas locales con las políticas nacionales. Diagnóstico territorial de participación, elaboración de mapas sectoriales representativos de las problemáticas y de las potencialidades existentes, análisis e integración a nivel provincial de los mapas sectoriales. Elaboración de un documento de Líneas de Desarrollo Humano a Nivel Provincial. Las líneas directrices se definieron siguiendo un proceso de programación local a través de una serie de etapas descritas en el anexo “Guía operativa para la puesta en marcha del PDHL”. Realización de seminarios de planificación territorial provincial para la presentación del diagnóstico y del documento de Líneas de Desarrollo Humano a Nivel Provincial. Identificación en el marco del seminario de los municipios estratégicos para el desarrollo de la provincia. Identificación, de “ideas - proyectos” como resultado del intercambio con los agentes de la cooperación en sesiones específicas de trabajo. Formulación de proyectos en las siete áreas geográficas de acción del PDHL y en los cinco campos de acción del desarrollo humano. Formulación del plan de acción de cooperación descentralizada. Ejecución de proyectos de impacto en diferentes áreas temáticas. En la etapa de Programación Local, cuya duración aproximada es de 6 meses, se realiza un Taller de Planificación Participativa en cada una de las comunidades o Consejos Populares seleccionados por los municipios. Durante esta etapa, con el propósito de obtener resultados visibles y para desarrollar capacidades en los grupos de trabajo, se identifican proyectos de impacto para ser implementados simultáneamente durante este periodo. El Grupo de Trabajo Provincial presenta la visión integrada provincial de las potencialidades y las necesidades y traza las Líneas Directrices de la Provincia, priorizando cuatro ejes estratégicos para la cooperación internacional orientada a apoyar a la provincia. Este documento es aprobado por el Comité Nacional de Coordinaciones. A continuación se identifican los proyectos específicos de nivel provincial o municipal por medio de Talleres o Sesiones de Formulación de proyectos, convocados por los Poderes Populares y organizados por el PDHL. Estos proyectos tienen que ser coherentes con las líneas de acción del programa y se basan en las Líneas Directrices de las localidades recientemente aprobadas. Los programas fomentados por UNICEF son: 62

Programa de Atención Integral a Edades Tempranas. Proyecto Cuidados de la Primera Infancia. Programa Formación de Niños/as de 6 a 11 años. Programa Desarrollo y Participación de Adolescentes. El Salvador La experiencia de El Salvador surge de la acción focalizada de FUNDE y UNICEF en distintas localidades del país. El objetivo es el desarrollo de procesos de planificación y concertación para generar políticas municipales. Para ello, a partir de 1999, se impulsó un plan piloto en ocho municipios: Soyapango (San Salvador), Olocuilta y Zacatecoluca (La Paz), Sonsonate y Acajutla (Sonsonate), Chalatenango y San Fernando (Chalatenango) y Jiquilisco (Usulután). Este proceso ha encontrado obstáculos relacionados con el hecho de que en El Salvador, pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado la aprobación de la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, de modo que las políticas y programas dirigidos a la infancia no responden a un marco legal integral que las articule. Paralelamente, si bien en el Salvador no existen procesos reales de descentralización, sino de desconcentración, hay diversos esfuerzos por parte de la sociedad civil, ONG, Agencias de Cooperación Internacional112 y del Gobierno Central113 a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia para encarar un proceso de descentralización en el país. A falta de un marco institucional y legal consolidado, y dado que el contexto político no permite articular en profundidad lo local con lo nacional, las acciones vinculadas con la construcción de una visión estratégica que incluya la satisfacción de los derechos de la infancia se incorporaron a los objetivos y metas de los gobiernos locales. El proceso de construcción participativa de las Políticas Municipales para la Niñez y Adolescencia se dividió en 4 etapas (i) Construcción, (ii) Aprobación, (iii) Divulgación e (iv) Implementación de la política pública local; a cada etapa se le asignaron actividades específicas.114 En Tecoluca la política para la niñez y la adolescencia se retomó en una planificación estratégica participativa y en Concepción Batres se asignaron partidas presupuestarias para apoyar las acciones que se analizan en este documento.

112. Concentrados en RECODEL (Red de Cooperantes para el Desarrollo Local), en la que participan la AECI, GTZ, PNUD, Fundación DEMUCA-AECI, USAID, UNICEF y otras entidades que apoyan técnica y financieramente a CONADEL (Comisión Nacional del Desarrollo Local). 113. Publicó en julio de 2007 la “Política Nacional de Descentralización”.

114. Véase Capítulo de Anexos.

República Dominicana Los objetivos principales de la iniciativa Municipios Amigos de la Niñez son: Cumplir con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño a nivel local; contribuir a mejorar la calidad de vida y de aumentar o fortalecer la participación de la familia y la comunidad en la planificación e implementación de las acciones para la infancia e involucrar la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos locales de desarrollo para contribuir a mejorar la gestión municipal y la gobernabilidad local. Para implementar la iniciativa se realizaron Diagnósticos Municipales Participativos y, con asistencia técnica para la planificación participativa municipal, se formuló una visión integral que incluyó la identificación de las causas y efectos de la no garantía de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. La característica principal de esta experiencia radica en la intervención de los diversos actores del municipio, incluyendo a las niñas, los niños y adolescentes115, y las distintas fases que la componen: preparación, instalación, identificación de actores y capacitación. Los MAN tienen como ámbito legal el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. Este sistema está compuesto por un conjunto de instituciones que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones a nivel nacional, regional o municipal para la protección integral de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Específicamente esta integrado por un Sub-sistema administrativo y judicial Las acciones que un municipio debe emprender para declararse amigo de la niñez son: Establecer los mecanismos locales, consignados en la Ley 136-0: Directorio Municipal, Oficina Municipal y Juntas Locales de Protección. Formular una Agenda Municipal para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, insertada en el plan estratégico de desarrollo municipal. Las “Agendas Municipales de Desarrollo” de la iniciativa Municipios Amigos de la Niñez (MAN), tienen como objetivo apoyar la realización de planes anuales básicos a favor de la infancia, como un primer paso en la construcción de la cultura de planificación. Dado que se pretende que los temas vinculados a la niñez adquieran, de manera programada y sistemática, presencia en la gestión del gobierno municipal, los Planes básicos incluyen la programación de una serie de actividades con un cronograma y el presupuesto asignado. Democratizar la gestión municipal con la creación de mecanismos efectivos de participación de la comunidad y en particular de los niños, las niñas y adolescentes. Crear e institucionalizar en el organigrama del Ayuntamiento Municipal un Departamento para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Demostrar una inversión social mínima para la niñez de un 5% del total del presupuesto del ayuntamiento. 64

115. UNICEF: “Guía Metodológica para el Diagnostico Municipal Participativo y Planificación Local, con Perspectiva de Derechos, Genero y Ciclo de Vida”. Guadalupe Valdez, Consultora. Santo Domingo,. 2005.

Además, se requiere lograr una serie de metas que debe cumplirse en los primeros tres años. Entre las actividades se incluyen: Capacitaciones en derechos de la niñez a autoridades, técnicos, niños, niñas y adolescentes; capacitación en gestión municipal, en el rol del alcalde pedáneo; realización de operativos para el registro tardío de nacimientos a niños y niñas, formación de grupos infantiles de animación sociocultural, y construcción de parques infantiles, puentes peatonales, entre otras. En muchos municipios, estas metas no han sido cumplidas. Se carece de un sistema de monitoreo y evaluación que permita documentar la situación de cada uno de los MAN116. Desde hace más de tres años, cuando se impulsó la iniciativa Municipios Amigos de la Niñez, diez municipios del país están asegurando la participación institucional de los niños, las niñas y adolescentes en la gestión municipal a través de los Ayuntamientos Juveniles e Infantiles. Desde el 2004 se han realizado doce elecciones juveniles e infantiles en los diez municipios, más de 50,000 niños, niñas y adolescentes han participado como votantes, cerca de 300 han participado como candidatos/ as y 157 han ejercido funciones como resultado de haber resultado electos por voto popular. Además, más de 500 niños, niñas y adolescentes han participado como suplentes en las comisiones electorales o de trabajo. Estos diez Ayuntamientos Juveniles e Infantiles han realizado más de setenta proyectos y actividades a favor de la niñez y la adolescencia, enfocados en temas como protección del medio ambiente, prevención de salud, apoyo al deporte, participación democrática, recreación y educación, entre otros. Y esto, generalmente, lo han hecho con fondos asignados por el Gobierno Municipal, ante el cual los Ayuntamientos Juveniles e Infantiles rinden cuenta de las inversiones. Incorporar la noción de valorar a la infancia como uno de los indicadores más sensibles para la planeación estratégica contribuye a cumplimentar el principio de interés superior de la niñez, entre otros. Las experiencias reseñadas evidencian la necesidad de impulsar un cambio de paradigma, tanto cultural como institucional, para lograr este objetivo en sus ámbitos de intervención. En este sentido, la experiencia de la ciudad de Rosario demuestra que puede ser posible gobernar “con los niños, para todos” y que este “es un nuevo posicionamiento conceptual e ideológico que ha permitido hacer visible y legitimar la orientación de las políticas públicas de la infancia como verdaderos procesos de interpretación y ejecución de políticas públicas en general, donde la mirada y la palabra de los niños, la satisfacción de sus necesidades y el respeto de sus imaginarios se constituyen como verdaderas garantías de respeto de los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión social117.” Otras experiencias señalan que el cambio de paradigma también debe recaer en la modificación de la cultura adulto centrista en espacios como las familias, los hogares, la comunidad, la escuela 116. Véase Anexos y Sistematización de la experiencia. 117. Sistematización experiencia Rosario.

y los gobiernos municipales; por lo que ningún proceso de este tipo puede tener éxito sin una labor permanente por cambiar los patrones culturales existentes, dando prioridad al respeto de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos. Las acciones o instrumentos que han potenciado dar prioridad a los niños en las políticas de gobierno son múltiples: una verdadera toma de decisión política en los ámbitos gubernamentales, el anclaje de políticas en marcos legales que institucionalizan y legitiman las acciones, y el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana. Para esto, este estudio recupera el “Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo”, que define lo que motivan y proponen las políticas integrales.

¿Qué motivan y proponen las políticas integrales? Las iniciativas más recientes de América Latina en términos de programas orientados a la reducción de la pobreza y el logro de los ODM son las políticas integrales basadas en cinco principios: i. Multidimensionalidad: reconoce la interrelación entre aspectos económicos, sociales y humanos ii. Focalización: grupos de extrema pobreza o alta vulnerabilidad. iii. Ciclo de vida: la pobreza tiende a reproducirse de una a otra etapa del ciclo de vida. iv. Participación Social: necesidad de fortalecer el tejido social. v. Familia: espacio fundamental de reproducción de la pobreza. La integración implica garantizar oportunidades (es decir, infraestructura); capacidades de desarrollo humano (salud, educación vivienda), social (familia, comunidad) y protección (riesgo y vulnerabilidad). Finalmente la gestión debe ser participativa, descentralizada e intersectorial, además de establecer mecanismos factibles y transparentes de monitoreo y evaluación. El planteamiento de políticas integrales requiere de la articulación de distintos niveles de gobierno incluyendo definiciones claras de roles, responsabilidades y

mecanismos de regulación. La idea es partir de las demandas en función de los individuos de distintos ciclos de vida, que agendarán el problema desde el nivel local a partir de la participación de los habitantes locales, las familias y organizaciones locales, que sean parte de las estrategias nacionales en función de determinados objetivos. Las demandas podrán ser agendadas y finalmente efectivizadas a través de una estructura organizacional integral.

ODM y Política Social Integral Objetivos de desarrollo del Milenio

Estrategias Nacionales

Agendas Sociales

Desarrollo Local

Familia

Demanda 66

Ciclos de vida

Oferta

Fuente: Extraído del Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo. UNICEF-PNUD. Bolivia 2006.pp 63

Gestión basada en resultados Desde distintas formulaciones, ya sea explícita o implícitamente las experiencias documentadas han promovido el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Más allá de las dificultades propias de cada contexto, una preocupación generalizada ha sido la construcción de indicadores que posibiliten una evaluación más rigurosa de la tarea emprendida que admita correcciones oportunas y reconozca los logros. La falta de datos correspondientes a espacios subnacionales o locales oculta las desigualdades en esos niveles, lo que dificulta la evaluación del impacto de las intervenciones dirigidas a las niñas, los niños y adolescentes. Por ello, un elemento central a consensuar en la formulación de una visión estratégica es la elaboración de sistemas de monitoreo y evaluación que permitan realizar análisis más pormenorizados de lo local. En el mismo sentido, surge la necesidad de incorporar como herramientas cotidianas de trabajo la construcción e identificación de indicadores que midan el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de los distintos soportes desde los cuales se fortalecen los programas. Sin embargo, aunque el establecimiento de metas, la evaluación de logros y la comparación de los avances hayan comenzado a ser incorporados a las prácticas, el análisis de las experiencias indica la necesidad de que se perfeccionen estos indicadores en función de un diseño que permita identificar cómo se expresan los resultados en cuanto al cumplimiento de los ODM en el nivel local. Es en esta búsqueda que algunas experiencias han diseñado sistemas de monitoreo y evaluación que miden indicadores prioritarios como salud, nutrición, educación, saneamiento y agua potable, entre otros, y que al mismo tiempo permiten mensurar la eficiencia y la eficacia de la gestión local. En particular, el Sello-UNICEF, luego de 6 años de experiencia, ha consolidado un sistema de evaluación eficaz. Los gobiernos municipales basados en una Gestión por Resultados y desde un Enfoque de Derechos, evalúan las acciones a partir de tres dimensiones: Impacto Social, Gestión de Políticas Públicas y Participación Social; con base en esta información UNICEF-Brasil118 realiza la certificación de la gestión pública del municipio.

118. Véase www.selounicef.org.br

Sello UNICEF –Municipio Aprobado Sistema de monitoreo y evaluación de impacto social, gestión de políticas públicas y participación social utilizado en la edición 2005-2006 Brasil Componente

Tema

Objetivo

Indicador

Impacto Social

Supervivencia infantil

Todas las niños y niños de 1 año de edad sobreviven.

Tasa de mortalidad infantil de menores de 1 año.

Supervivencia materna

Todas las mujeres embarazadas sobreviven al ciclo de embarazo y pauperio.

Tasa de mortalidad de mujeres embarazadas con más de 7 meses de embarazo.

Nutrición infantil

Todas las niñas y niños menores de 2 años bien nutridos.

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 2 años desnutridas.

Embarazo en la adolescencia

Todas las adolescentes embarazadas reciben asistencia pre natal.

Porcentaje de mujeres embarazadas menores de 20 años con más de 4 meses de embarazo.

Acceso a agua potable

Todas las escuelas con agua potable

Porcentaje de escuelas municipales que tiene agua para consumo humano.

Educación infantil

Todas las niñas y niños de 4 a 6 años en el preescolar o en la escuela primaria.

Tasa de educación inicial (preescolar) de 4 a 6 años.

Educación primaria

Todas las niñas y niños de 7 a 14 años en la escuela.

Tasa de escolarización primaria.

Calidad de la educación

Niños, niñas y adolescentes cursan adecuadamente según su edad.

Tasa de repitencia en la primaria.

Reducción del trabajo infantil

Ningún niño o niña trabaja.

Tasa de abandono de escuela primaria.

Gestión de políticas públicas Se mide en dos fases: Cuantitativa y Cualitativa.

Fase Cuantitativa: En esta fase, los Consejos Municipales de Derecho de la Niñez y la Adolescencia (CMDCA) recolectan información de cobertura de 15 acciones municipales realizadas hasta el primer semestre del año (se realiza cada dos años). Cada municipio, para apoyar

a CDMCA, recibe el Manual de Evaluación de la Gestión de Políticas Públicas, que debe ser devuelto a UNICEF con la información desarrollada. UNICEF procesa la información y pondera las calificaciones (que van de 0 a 100), las suma y divide por el número de participantes.

Objetivos para la Gestión de Políticas Públicas:

Indicador para evaluar la Gestión de Políticas Públicas

Cantidad de infantes de 12 meses con vacunas al día.

% de niños y niñas de 12 meses con vacuna triple para sarampión, rubéola y paperas.

Todos los niños con amamantamiento materno exclusivo hasta los 6 meses.

% de niños y niñas con amamantamiento materno exclusivo hasta los 4 meses.

Profesores de educación infantil habilitados en el nivel medio y el superior.

% de profesores de educación infantil habilitados en el nivel medio y superior.

Mejoría en la calidad de los servicios de atención prenatal.

% de niños y niñas con bajo peso al nacer (2.5 kg.).

Mayor cobertura del Programa de Salud de la Familia.

Cobertura del Programa de Salud de la Familia en el municipio al 30 de junio de 2006.

Participación ciudadana

Todas los niños/as de 1 año de edad están registrados en el Registro Civil.

% de niños y niñas hasta 1 año de edad con registro civil gratuito del total de nacidos vivos.

Familias de niños, niñas y adolescentes que participan en la gestión escolar.

Numero de escuelas municipales con Consejos Escolares.

Escuelas con jornadas completas (8 horas).

% de alumnos atendidos en las escuelas con programa de jornada completa.

Ningún niño, niña y adolescente víctima del maltrato, explotación o violencia.

Grado de funcionamiento de los Consejos Tutelares (CT).

Aumento de la participación de las niñas, los niños y adolescentes en la gestión escolar.

% de escuelas municipales con más de 300 alumnos con centros de estudiantes

Municipio con programa de capacitación y mejoría de la calidad y utilización del agua de lluvia.

% de domicilios en áreas rurales con cisternas para captación de agua de lluvia.

Unidades de Salud con comisión de prevención, notificación y atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de malos tratos implementadas.

% de unidades de salud con comisiones de prevención, notificación y atención de niños, niñas y adolescentes victimas de malos tratos

Aumento de la capacidad de los programas de atención registrados en los CDMCA.

Número de plazas disponibles para niños, niñas y familias en programas de atención y registradas en los consejos municipales de derechos de niños, niñas y adolescentes. (CDMCA)

Todas las mujeres embarazadas con la prueba de VIH/Sida realizada.

% de mujeres embarazadas con prueba de VIH/Sida realizada.

Presupuesto público municipal dirigido a las niñas, los niños y adolescentes.

Nivel de ejecución del presupuesto público para educación, salud y asistencia social del presupuesto municipal.

Fase Cualitativa: En esta fase, las 15 acciones anteriores son evaluadas por un Foro Comunitario, integrado por lo menos por 21 miembros asociados por el CMDCA. El proceso de evaluación es mediado por UNICEF. Todos los integrantes del foro tienen derecho a expresar su opinión sobre cada una de las 15 acciones mediante un sistema de calificaciones, que van de 0 a 100 y son sumadas y divididas por el número

de participantes. La nota final se obtiene sumando las calificaciones de las dos fases. Se atribuye un peso de 80% para la Fase Cuantitativa y un 20% a la Cualitativa en cada una de las acciones. La puntuación final de cada una de las 15 acciones del municipio se compara con la media de su grupo. El municipio tendrá un punto por cada acción en que la nota final se encuentre en situación verde.

La evaluación de las acciones de Participación Social es orientada por UNICEF y se realiza a través de los resultados de movilización de los municipios. Se promueve el cumplimiento de 4 temas en los cuales las niñas, los niños y adolescentes de la comunidad deben estar efectivamente involucradas/ os. Los temas son: Educación Ambiental, Participación Política de Adolescentes, Comunicación y Cultura Popular.

Participación política de los adolescentes: El objetivo es registrar a todos los adolescente entre 16 y 18 del municipio en el Tribunal Regional Electoral-TRE-. La puntuación es el porcentaje de adolescentes registrados en el TRE. Gana un punto si está igual o por encima de la media del grupo.

Educación ambiental: Las puntuación dependerá de un análisis cuantitativo y cualitativo de un proyecto sobre el tema ambiental. El mismo debe estar desarrollado por escuelas de educación primaria fundamentalmente localizadas en el municipio. Las escuelas pueden ser públicas, privadas, comunitarias o filantrópicas. Solamente las escuelas con un mínimo de 300 alumnos estarán inmediatamente habilitadas para participar. Las escuelas que tengan menos de 300 alumnos participarán en un sorteo realizado por UNICEF a partir de una muestra.

Cultura popular: Este tema se evalúa a través de dos instrumentos: 1. Relevamiento de las expresiones de cultura popular del municipio y 2. Relato anual de las expresiones y eventos de cultura popular. UNICEF ofrece una guía metodológica para el desarrollo del relevamiento y un documento con las orientaciones sobre el formato de la Relatoría Anual. •Relevamiento: Tiene en cuenta la localización, identificación y breve descripción de las diversas actividades artísticas, religiosas y cívicas que se desarrollan en el municipio. Las acciones relacionadas con este relevamiento de

información son desarrolladas y posteriormente evaluadas según la participación de niños, niñas y adolescentes, la calidad del material presentado y su representatividad en términos artísticos, geográficos, étnicos y de género. Con el relevamiento contribuye a identifica a las personas que en el municipio, cantan, pintan, baila, escriben, tocan instrumentos, recitan, etc. •Relatoría Anual: La relatoría es un registro audiovisual de las principales actividades, eventos artísticos y culturales (públicos y comunitarios) realizados en el municipio. Los criterios de análisis son: participación efectiva de las niños, niñas y adolescentes, representatividad artística, geográfica, étnica y de género de los eventos y distribución de estos a lo largo del período evaluado. Comunicación: Es evaluada a partir del análisis de dos ediciones de un mismo programa de radio que deberá enfocarse en los temas de participación social (los 4 ejes). Las copias podrán ser hechas en

formatos de CD, MD o casete y enviadas a UNICEF conjuntamente con un formulario específico realizado por el municipio. Las ediciones del programa de radio tienen el objetivo de promover la movilización y participación social en torno a las actividades desarrolladas en cada tema. Pueden utilizarse las radios escolares, comunitarias y comerciales, y deberán tener una periodicidad regular. Una comisión de consultores contratados por UNICEF analiza los programas y el formulario. Los criterios para el análisis y puntuación de los programas de radio son los siguientes: Calidad de la información y técnica de los programas; participación de niños, niñas y adolescentes en la producción, edición y presentación de los programas y contexto de la importancia de cada uno de los tres temas (Educación ambiental, Cultura Popular, participación de los Adolescentes) para la convivencia de las niñas, los niños y adolescentes del Semiárido.

Fuente: Manual de Metodología Sello UNICEF. Municipio Aprobado (2006). En http://www.selounicef.org.br/2006/

La adopción de una gestión basada en resultados119 busca mejorar el bienestar y la libertad de las personas, mediante el logro de resultados120. La identificación de indicadores mensurables que evalúen el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes es vital para una planificación estratégica. Los ODM son la agenda mínima para cumplir los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en lo local, pero además es necesario contemplar que la visión estratégica se traducirá en una acción programática que garantice: Condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de las niñas, los niños y adolescentes en cuanto a educación, salud, nutrición121. Entornos saludables: Incluye asegurar el acceso a agua potable y saneamiento. Condiciones adecuadas para la recreación, el juego y el aprendizaje. Protección contra diferentes modalidades de abandono, violencia, maltrato, abuso y explotación. Protección especial para los niños y niñas que tienen limitaciones físicas o psicológicas, han sido abandonados por sus padres, son desplazados o refugiados122. En el caso del MAN de República Dominicana, aunque tiene como objetivo “mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, así como de sus comunidades, garantizando los derechos de la niñez, a través de Programas Municipales de Desarrollo Social” y busca “el fortalecimiento de los municipios para lograr las metas de la Cumbre Mundial de la Infancia dentro de un marco de respeto a los Derechos Humanos”, no se estableció desde el inicio un sistema de monitoreo y evaluación, lo que ha impedido hacer un estrecho seguimiento a su desarrollo y consolidación. 70

119. Los resultados pueden ser efectos (cambios en las condiciones de desarrollo a mediano plazo, 4 o 5 años), a su vez orientados a lograr impactos (cambios a largo plazo), mediante la creación o provisión de productos, que son resultados tangibles, materiales o servicios orientados a contribuir al logro de efectos. Por definición, los organismos de cooperación no pueden lograr efectos e impactos por sí solos,

deben trabajar con aliados (socios). 120. Véase Jonsson, Urban. “‘An approach to human rights-based programming in UNICEF (Eastern and Southern Africa)”. Presentado en el ‘Second International Encounter on the Right to Food in Development’ (Segundo encuentro internacional sobre el derecho alimentario en el desarrollo). Ginebra, 21-22 de agosto, 2000. 121. CDN. Art. Nº 6.

122. Véase Borrador UNICEF. “Los programas de combate a al pobreza desde la perspectiva de los derechos humanos”.

A partir de un proceso de evaluación de la iniciativa123, se elaboró una propuesta de monitoreo que permitirá que los municipios y la Oficinas Municipales de Estadísticas documenten la situación de la niñez y el gasto público en niñez, y presenten anualmente los resultados en el “Estado Municipal de la Infancia”. Estos datos serán utilizados para definir indicadores (ligados al nivel de cumplimiento de los derechos de la niñez y los ODM) y establecer un índice de Derechos de la Niñez y un ranking entre los municipios. Además, en base a estos indicadores, cada dos años habrá una revisión del estado del municipio, lo que permitirá confirmar o no su status de “Municipio Amigo de la Niñez”. Estos mecanismos de planificación son un soporte para consolidar el proceso de Rendición

de Cuentas.

Las experiencias evidencian las disímiles condiciones en que las acciones de los gobiernos locales están sujetas a monitoreo y evaluación. Estas condiciones dependen de lo que las distintas normativas disponen al respecto y de la existencia de instituciones autónomas que actúen como rectoras de las políticas de protección, promoción y resarcimiento de los derechos integrales de los niños y adolescentes. Por ello, una conclusión común a todas la experiencias es la necesidad de crear y fortalecer sistemas de monitoreo y evaluación mediante el desarrollo de indicadores desde un enfoque de resultados que faciliten la rendición de cuentas y la exigibilidad de derechos por parte de la ciudadanía. En el mismo sentido, emerge como preocupación la incorporación de indicadores de impacto que midan el avance en el cumplimiento de los derechos de las niñas niños y adolescentes de la localidad en relación con los ODM y el fortalecimiento de la gobernabilidad local. Casi todas las intervenciones mencionan la necesidad de contar con sistemas de seguimiento confiables basados en indicadores únicos que midan tanto el nivel nacional como local. La falta de sistemas de monitoreo y evaluación obstaculiza examinar efectos e impactos, e impide que las buenas prácticas demuestren su eficacia y, por tanto, reciban mayores recursos. Muchas experiencias también indican que es necesario que estos sistemas sean manejados por sistemas nacionales de estadística con independencia, lo cual genera credibilidad en los datos publicados. En el mismo camino, el PDHL de Cuba ha logrado estructurar un mecanismo de ejecución de los proyectos que se distingue por un monitoreo sistemático efectivo y flexible, así como por la agilidad en el cumplimiento de ciertas normas, lo que ha posibilitado niveles de eficiencia en la ejecución que pueden considerarse como punto de referencia para la región. La experiencia de Colombia ha destacado dentro de sus logros la armonización de la decisión política de los gobernantes locales con la necesidad de definir una estrategia sustentada en indicadores claros que permita una medición diacrónica de resultados. Aunque, por el tiempo de implementación de la iniciativa, aún no hay evidencia empírica del impacto en el bienestar de niñas, niños y adolescentes del país. Por su parte, si bien es cierto que en los municipios de intervención en El Salvador no existen “Sistemas de Información”, en cada uno se levantó una línea de base que contiene información de hogares en muestras representativas con datos sobre: población, trabajo, migración, remesa familiar, trabajo infantil, educación, cuidado infantil, salud infantil y reproductiva, lactancia 123. “Evaluation of The Child Friendly Municipality Initiative (MAN) of the Dominican Republic”. May 26th, 2006.

materna, alimentación, vivienda -condiciones post desastre-, agua, saneamiento y productividad. En total se encuestaron más de 4,000 hogares en los municipios en los que se desarrolla la experiencia. También se realizaron dos trabajos de información georeferenciada en los municipios de intervención. El primero es la “Caracterización Georeferenciada de Comunidades y Servicios Sociales Básicos”, información específica por mapas que permite tener “un inventario” de todos los asentamientos humanos: escuelas, unidades de salud y otros servicios e instituciones del municipio así como de toda la infraestructura vial y los principales accidentes geográficos. Y el segundo, la “Cartografía del Riesgo Municipal”. En tres municipios rurales se realizó el levantamiento de un plano georeferenciado de las viviendas ubicadas en las comunidades consideradas en riesgo de desastres naturales (inundaciones, deslaves, etc.) con el objetivo de contar con información detallada de cada una de las familias que habita en estas localidades en el municipio124. Estas acciones, igual que la experiencia Colombiana y Dominicana, están dirigidas a contar con información disponible para la implementación de políticas. Por tanto, es difícil aún medir los impactos en el bienestar de niñas, niños y adolescentes por estos programas implementados, aunque sí se observa una mejora en las condiciones de diálogo, concertación y ordenamiento estratégico de las políticas. En el mismo sentido, para el PRODELI de Bolivia, un mecanismo a mejorarse en el futuro es el establecimiento de sistemas de información municipal y comunitaria con base en los sistemas de información nacionales y en información recogida a nivel local, departamental, y nacional, para una mejor planificación y seguimiento al cumplimiento de los derechos de la niñez y de las Metas del Milenio.

Construcción de alianzas con múltiples actores A partir del análisis de las experiencias, la construcción de alianzas con actores presupone abordar un proceso que involucra tres dimensiones: 1. El diagnóstico de los actores involucrados. 2. El desarrollo de alianzas estratégicas. 3. Los procesos de consolidación y consenso de una visión estratégica.

1.- El diagnóstico de los actores involucrados: En todas las experiencias se destaca la importancia de identificar actores claves y estratégicos como parte del proceso de sostenibilidad. La existencia de superposiciones entre interlocutores de diferentes niveles de gobierno, derivada de la dualidad generada por políticas centralistas que conviven con intentos de descentralización, ha llevado, en algunos casos a la duplicidad y/o desentendimiento de la responsabilidad de los Estados Nacionales.

124. Las viviendas de estas familias están representadas en un plano referenciado elaborado en ArcGis con datos básicos sobre: a) número de familias b) nombre, edad y Alfabetismo del Jefe de familia; c) población total de la vivienda, d) número de niños menores de 5 años, e) número de mujeres en edad fértil, f) número de mujeres embarazadas; g) tipo de vivienda y material predominante de: techo, piso,

paredes, número de habitaciones, combustible para la cocina; h) abasto de agua (estado actual, se inundó con el Stán, se inunda cada invierno); i) tipo de disposición de excretas (estado actual, se inundó con el Stán, se inunda cada invierno); j) Disposición de basuras, k) tenencia de animales l) disponibilidad de energía eléctrica; m) Nombre de la Unidad de Salud a la que la familia asiste; n) enfermedades

más frecuentes; ñ) Nombre de la Escuela a los que los niños(as) asisten, o) distancia de la zona de riesgo; p) afectados por el Stan; q) nombre del albergue a donde fueron; r) tipo de kit de ayuda humanitaria que recibieron. Información obtenida de UNICEF-El Salvador. 125. Veáse www.selounicef.org.brs

Principales actores participantes de las experiencias Actores nacionales

Bol.

Bra.

Actores locales

Otros actores

Nacional Prefectura Viceministerio de Prefecto Descentralización (VMD). Unidad de Planificación Su rol en la experiencia es Concejo Departamental el desarrollo conjunto de Dirección Departamental estrategias e instrumentos de de Desarrollo Social planificación, seguimiento (DDDS), conformada por y evaluación de acciones el Servicio Departamental para el cumplimiento de los de Salud (SEDES), derechos de la niñez a nivel Servicio Departamental departamental, municipal de Educación (SEDUCA) y comunitario. y Servicio de Gestión Ministerios de Salud y Social (SEDEGES), el Deportes (MED) y de Edu- cual incluye: cación y Cultura (MEC). Unidad Departamental Viceministerios de Asuntos de Coordinación con las de Género y GeneracioDefensorías (UDC-DNA) nales (VGAG)/Servicios y la Unidad de Atención Básicos (VSB)/ PlanifiIntegral a NN menores de cación (VMP) y Ministe- 6 años (UAIN@). rio de Planificación del La Unidad Departamental Desarrollo. de Agua y Saneamiento Unidad de Análisis de Polí- Unidad de Género, ticas Económicas (UDAPE). Unidad de Asuntos Instituto Nacional de Esta- indígenas. Unidad dísticas (INE). de Servicios Básicos.

Municipal Alcalde y oficiales. Concejo municipal. Comisiones. El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC), Servicios Básicos y Vivienda (UNASBVI), Gerencia de Red de Salud. Dirección Distrital de Educación Directorio Local de Salud, Instancias de control social. Educación. Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Unidad Técnica Interna Municipal Comité de Vigilancia

UNICEF- Bolivia Nivel comunitario: Dirigencia comunal Organización Territorial de Base (OTB) Personal pagado por el Estado (docente y auxiliar de enfermería) Voluntarios

Federal: Ministerios: Cultura, Desarrollo Social y Combate al Hambre, Educación, Ministerio de integración Nacional. Secretarías de Defensa Civil, Medio Ambiente/ PNCB/SHR y Salud.

Estadual: Gobierno de los Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espíritu Santo, Maranhao, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río Grande do Norte y Sergipe. Comités Estaduales del Pacto “Un mundo para la infancia y la adolescencia del Semiárido” de los 11 Estados. Ministerio Público de los Estados de Alagoas, Ceará, Maranhao, Paraíba y Pernambuco, Piauí. Tribunal Regional Electoral de Alagoas, Ceará, Paraíba y Pernambuco. Consejos Estaduales de los Derechos de la Infancia y la adolescencia de los 11 Estados. Asambleas Legislativas de los Estados del Pacto.

Municipal Gobierno Municipales: Prefecturas de los 1179 municipios inscriptos al Sello en la edición 20052006.

UNICEF Brasil (promotor principal) Internacionales: GTZ/ Cooperación Alemana UNICEF-Comité Alemán UNICEF-Comité Francés

Consejos Municipales de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CMDCA) y Consejos Tutelares de los municipios inscriptos.

UNICEF-Comité Holandés

Departamental 32 Gobernadores de los Departamentos Ministerio Público: Procuradurías delegadas: para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia y para asuntos territoriales y agrarios. Control Fiscal: Contraloría Departamental y Gerencias Regionales Gobierno Nacional: Gobernación e instituciones descentralizadas y desconcentradas de operan en este nivel. Consejo Departamental de Política Social

Municipal Gobierno Local: Alcalde, en proceso de desarrollo de asistencia técnica del equipo local.

UNICEF-Colombia Academia Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo CIMDER de la Universidad del Valle Sector Privado: La primera aproximación será en el IV Encuentro de Gobernadores. Sociedad Civil: En proceso, en el III Encuentro inició su desarrollo Agencias de cooperación: UNICEF, Organizaciones internacional de migraciones OIM y UNFPA

Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas (IBGE) Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) Consejo Nacional de los Derechos de la Infancia y la adolescencia (CONANDA)

Col.

Nacional Ministerio Público: Procuraduría General de la Nación Control Fiscal: Contraloría General de la Nación Gobierno Nacional: Presidencia, Vicepresidencia, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de la Protección Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente y de Vivienda y Desarrollo Territorial, Instituto de Medicina Legal, Registraduría Nacional del Estado Civil, Servicio Nacional de Aprendizaje Entidades Nacionales: Federación Colombiana de Departamentos

Actores subnacionales

Sociedad civil: Organizaciones de pueblos indígenas Organizaciones de Mujeres ONG Locales

Empresas : Banco Itaú, Compañía de Energía Eléctrica de Ceará-Coelce, Diario de Natal, Grupo J. Macedo, Instituo Simoes FilhoGrupo A Tarde- BA. PETROBRAS, RGE, TV Diario, TV GLOBO. Legislativo: Frente Parlamentar en Defensa de los Derechos de los niños y los Adolescentes Organizaciones de la Sociedad Civil125

Cub.

Gobierno Nacional Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, MINVEC. Preside el Comité Nacional de Coordinación. Contraparte Nacional del PDHL.

Els.

Institutos Nacionales Han aportado al diagnóstico y han articulado con diversos actores para la ejecución de las políticas

RD.

Nacional Mediante la SEEPYD (Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo). Interviene en el desarrollo y planificación presupuestaria de los municipios. Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI). Entidad máxima de dirección del Sistema Nacional de Protección. Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE). Tiene como rol coordinar la reforma y modernización del Estado, y dar seguimiento a las políticas de descentralización y reforma de la administración pública.

Gobierno Provincial Gobiernos Provinciales de los territorios involucrados en el PDHL. Constituyen, a través de los Grupos de Trabajo Provinciales, los organismos rectores en la identificación de prioridades y diagnóstico territorial y en la implementación de las iniciativas.

Gobierno Municipal Asamblea Municipal del Poder Popular Grupos de Trabajo Municipales, los organismos rectores en la identificación de prioridades y diagnóstico territorial y en la implementación de las iniciativas

Agencias de Naciones Unidas y Cooperación descentralizada: HABITAT, OIT, UNIFEM, UNICEF, PMA, OPS, PNUD, FAO. Embajadas de países donantes en Cuba Universidad de la Habana Federación de Mujeres Cubanas

Gobierno Local Son los principales promotores de la construcción de la política.

Funde (Fundación para el Desarrollo) Es una Institución sin fines de lucro que facilita el proceso y posee las capacidades técnicas y experiencia en la facilitación de procesos de construcción de políticas para la niñez y la adolescencia UNICEF (El Salvador). Ha financiado los procesos y generado capacidades para facilitar y a diversos actores de los municipios. Otras instituciones Financiadoras Representantes de Organizaciones. Representantes de las Asociaciones de Desarrollo Comunitario, Comités de Proyectos o de temas específicos, organizaciones comunitarias locales.

Ciudadanos de los municipios participan de forma individual.

Subnacionales Coordinadores de las Ofcinas Regionales de CONANI.

Municipal Síndicos. Concejo de Regidores y Los Encargados del Niñez de los Ayuntamientos Municipales. Directorios Locales: CONANI designación del Gerente Local, encargado de dirigir la Oficina Municipal. Se han creado Directorios en algunos municipios y se inició un proceso de capacitación que no ha terminado. Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (AJIs) Organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios de los municipios. Se establecieron convenios con las siguientes ONG: CASCO (Santo Domingo-Sur) GRIPAC (Santo Domingo-Este) Fundación Solidaridad (Santiago-Norte) ODESA (Azua-Sur) FEPROCA (Santo Domingo)

Fuente: Elaboración propia en base a la sistematización de experiencias.

UNICEF República Dominicana Niñas, niños y adolescentes de los Ayuntamientos Juveniles e Infantiles. FEDOMU-Federación Dominicana de Municipios: ONG que representa los ayuntamientos en la defensa y promoción de sus intereses. Universidades para desarrollar programas de capacitación: INTEC, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. UASD, Universidad Autónoma de Santo Domingo. UCSD, Universidad Católica de Santo Domingo. UCE, Universidad Central del Este. UCNE, Universidad Católica Nordestana. PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. UTESUR, Universidad Tecnológica del Sur.

Por ello, todas las experiencias coinciden en señalar que la identificación de actores tiene que estar asociada al análisis de sus competencias, roles y facultades para orientar políticas que satisfagan derechos, particularmente en el marco de procesos políticos cambiantes, relevo de funcionarios por elecciones o coyunturas políticas desfavorables. Generar alianzas estratégicas entre diferentes niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector privado resulta indispensable para la sostenibilidad de este tipo de programas. En este sentido, como se observa en la siguiente tabla, las experiencias describen una clara identificación de los actores clave:

2.- Las alianzas estratégicas: En la tabla puede observarse que a fin de avanzar en el cumplimiento de los derechos de la infancia en el nivel local fue necesario hacer alianzas estratégicas en otros niveles gubernamentales (nacional e intermedio). Este es el caso de la Estrategia Hechos y Derechos de Colombia, que estableció una alianza estratégica con la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los Gobernadores de los 32 departamentos del país. En el caso del Sello-UNICEF de Brasil, el “Pacto por los niños y adolescentes del Semiárido” se consolidó con la participación de los gobernadores de los Estados del Nordeste y los actores mencionados en la tabla anterior. En Cuba se hizo una la alianza para la Cooperación Descentralizada. La experiencia Municipios Amigos de la Niñez de República Dominicana impulsa la creación de una institución que apoye, lidere y dé seguimiento al proceso en el nivel nacional. Esta institución podría encargarse de que las nuevas autoridades locales electas continúen, se comprometan con la iniciativa126 y transformen en política de Estado las intervenciones coyunturales. El desinterés de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en su rol de coordinación técnica y promoción de la capacitación ha creado dificultades en la implementación y el acompañamiento nacional del programa. Ello ha provocado la alianza estratégica con SEEPYD, CONANI, CONARE y FEDOMU, lo que ha fortalecido la experiencia. El PRODELI de Bolivia, con la excepción del Componente Agua y Saneamiento, ha establecido pocas alianzas estratégicas. En el área del fortalecimiento institucional de las Prefecturas se promueve una alianza con el PNUD (seguimiento a ODM), SNV y JICA127, con el objetivo de aunar esfuerzos y evitar la duplicación de acciones. Sin embargo, la experiencia muestra que no se podrán lograr resultados significativos para la infancia y la adolescencia sin establecer alianzas estratégicas con instituciones en los distintos niveles, lo cual será una prioridad en el próximo ciclo de cooperación.

3.- Los procesos de consolidación de una visión estratégica: Las dispares condiciones en las cuales se consolidan los procesos de construcción de políticas sociales en el nivel local están vinculadas a las distintas estructuras gubernamentales, diferentes 126. UNICEF ha jugado este rol hasta el momento. 127. Agencia de Cooperación de Japón (JICA)

procesos de descentralización y disímiles criterios de asignación presupuestaria. Por tanto, no será un dato menor si las experiencias se realizan en países federales o unitarios, o si mantienen procesos claros de descentralización administrativa, política y financiera, dado que estos elementos influyen decisivamente en los logros obtenidos. Adicionalmente, debe considerarse que si bien desde un marco de derechos, los estados son titulares de deberes con responsabilidades claras e indelegables, la eficacia y sostenibilidad de la gobernabilidad local también requiere de la capacidad de respuesta, exigibilidad y compromiso de la ciudadanía. Por ello no debe perderse de vista que, en la práctica, las políticas públicas actúan como espacio de interacción entre la sociedad civil y el Estado128. En este marco, las experiencias documentadas coinciden en señalar tanto la importancia de la voluntad y decisión política de todos los funcionarios del gobierno municipal en su quehacer cotidiano como la necesidad del compromiso de la sociedad civil en su conjunto. En este sentido, el diseño de las políticas y programas deberá incluir el análisis de los procesos de interacción de los actores, sus roles y funciones, y dar cuenta de un dispositivo central para la construcción de consensos. A continuación, a partir de las experiencias analizadas, se reseñan algunas condiciones que inciden en la formulación de una visión estratégica consensuada que contemple la articulación de las políticas y acciones entre los niveles comunitario, municipal, intermedio y nacional:

A.- Heterogeneidad: Incorporar múltiples sectores a la construcción de estrategias para asegurar un trabajo integral en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Tal es el caso de las experiencias de Cuba, Colombia, Argentina, Brasil y Bolivia, que exponen la necesidad de mantener estrategias multisectoriales. La experiencia de Bolivia permite definir los siguientes componentes de esta estrategia: a) La concientización de todos los actores sobre el carácter multisectorial de los problemas que impiden el cumplimiento de los derechos de la niñez, mediante un análisis multisectorial de las causas de esos problemas. b) El establecimiento de mecanismos de coordinación intersectorial a nivel nacional, intermedio, municipal y comunitario. c) El desarrollo y la implementación de lineamientos e instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación multi-sectoriales.

B.- Espacio físico y tiempo: A fin de implementar acciones consensuadas, las experiencias destacan la necesidad de contar con espacios físicos que faciliten la participación, así como el establecimiento de cronogramas regulares de reunión que permitan una evaluación colectiva de lo consensuado.

C.- Comunicación: Una comunicación clara requiere, en primer lugar, compartir un mismo discurso y un mismo lenguaje técnico entre los actores del desarrollo local. Este proceso podrá partir del enfoque de derechos, en el que los principios de la CDN son los pilares básicos.

128. Véase UNICEF México y Universidad Autónoma Metropolitana: “Infancia y política Social”. 1999.

S e g u n d a c o n d i c i ó n : Capacidad y desempeño institucional

Como se ha mencionado, una localidad (municipio, departamento) puede promover el diálogo entre actores con el fin de fijar objetivos, metas a mediano y largo plazo, recursos y responsabilidades. Pero si no se ha analizado la capacidad de los gobiernos e instituciones

locales para dar cuenta de estas nuevas funciones o responsabilidades, no se podrán implementar las políticas públicas necesarias para cumplir los derechos y revertir las desigualdades. El análisis de las capacidades institucionales debe hacerse en términos de eficacia y calidad respecto a la planeación, inversión, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas locales. Las estrategias desarrolladas y sus posibilidades de éxito dependen del entramado de condiciones político-institucionales, que a su vez está vinculado a los marcos normativos, los mecanismos de organización territorial y las relaciones entre las estructuras de gobierno nacional, estadual o provincial y municipal. En el desarrollo del trabajo con gobiernos locales, las siete experiencias mencionan específicamente los siguientes obstáculos: En algunos países los marcos legales no establecen de manera adecuada las responsabilidades, acciones y competencias que corresponden a los gobiernos locales para abordar las problemáticas que afectan a la niñez de la localidad. Los gobiernos locales a veces sufren escasez o hay una mala distribución de recursos para ejecutar programas que garanticen los derechos de los niños y adolescentes de la localidad. Se observa el traspaso de competencias desde los gobiernos nacionales e intermedios pero no de asignaciones presupuestarias. En algunos países persiste el predominio del enfoque tradicional de los gobiernos locales dedicados solamente a servicios urbanos y sanitarios. A veces existe una falta de integración de estructuras gubernamentales claves. Dificultades para diagnosticar, planificar y consolidar programas. Insuficiente o nula existencia de sistemas de seguimiento local y débil articulación con los indicadores y sistemas estadísticos nacionales. Alta y constante renovación de funcionarios locales relacionada con los resultados de los procesos electorales.

Marco financiero e inversión social en la niñez Las experiencias descritas operaron bajo diferentes regímenes financieros (co-participación, con porcentajes en el gasto público local para la inversión en niñez, mixtos, transferencias, etc.), que fueron modificados tanto antes como durante la ejecución de las mismas. En la actualidad, los programas identifican las asignaciones en el gasto público local especialmente en los municipios a partir de dos procesos articulados: el presupuesto local social asignado al cumplimiento de derechos (en las áreas de salud, educación, protección y recreación) y la programación prevista por los gobiernos locales para hacer operativo dicho presupuesto129. Desde un enfoque de derechos, la inversión local en la niñez debe basarse en la ejecución presupuestaria acorde a los principios de la CDN. Así mismo, es necesario promover buenas prácticas de gestión institucional que aseguren que dicha inversión tenga los impactos positivos buscados en la vida de niños, niñas y sus familias con especial énfasis en los más excluidos.130 A fin de asegurar la sostenibilidad de las políticas en el nivel local se indica como un elemento esencial, aunque difícil de analizar, la definición clara de partidas presupuestarias destinadas a las niñas, los niños y adolescentes. En particular, se recomienda explicitar si están estas constituidas a partir de regímenes financieros de co-participación o de porcentajes específicos en el gasto público local, de impuestos, etc. En el mismo sentido, las experiencias indican que la articulación de los Programas Nacionales o Subnacionales con las políticas dispuestas en el ámbito local posibilita la optimización del uso de los recursos y facilita los procesos evaluativos. Para establecer políticas más sostenibles y de largo plazo, las experiencias del Sello-UNICEF de Brasil, el MAN de República Dominicana y el PRODELI de Bolivia remarcan la necesidad de utilizar indicadores directamente relacionados con el presupuesto público. Se recomienda evaluar los porcentajes destinados por los gobiernos locales a la promoción de la salud, educación, nutrición, recreación, saneamiento y agua. En varias experiencias se promueven y apoyan los procesos de descentralización fiscal como una vía para garantizar la asignación de recursos financieros a la formulación y ejecución de políticas públicas131. Se sabe que no es una tarea sencilla, ya que los recursos dirigidos a la niñez y la adolescencia con frecuencia se encuentran en partidas presupuestarias globales de salud, educación y otros.132 El Informe de Bolivia133, mencionado anteriormente, recomienda incorporar en los sistemas de financiamiento de políticas descentralizadas de atención a la niñez un componente de transferencias condicionadas al logro de mayores capacidades, acceso a oportunidades y protección. En República Dominicana, a partir de la implementación de la Ley 136-03, cada ayuntamiento debe demostrar una inversión social mínima para la niñez de un 5% del total de los recursos anuales que perciban. Para contribuir a instrumentar esta normativa, UNICEF ha destinado recursos para realizar encuentros nacionales y el primer congreso de los MAN. También se prevé la creación de Oficinas Municipales de Estadísticas que se encargarán de monitorear la situación 78

129. El objetivo de este estudio no incluye un análisis pormenorizado del gasto público debido a que la información disponible generada por las experiencias reseñadas es insuficiente. Este tema será abordado en un próximo documento. 130. UNICEF-TACRO: “¿Cómo influenciar una mayor inversión social en la infancia? Argumentos y estrategias”. Ciudad del Saber.

Panamá. 2005. 131. PNUD-LACSURF y Universidad del Externado Colombia: “Manual de Orientación: Lineamientos básicos para la descentralización administrativa y fiscal”. Diciembre, 2006 132. Para profundizar sobre gasto público, véase el análisis realizado en Brasil: UNICEF, Fundaçao Abinq, INESC: “De olho no orçamento criança. Como calcular e analisar os

gastos públicos em benefício da criança e do adolescente”. Sao Paulo. Octubre, 2005. 133. Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo. UNICEF-PNUD. Bolivia 2006. (p. 344-346).

de la niñez así como el gasto público en niñez. Pero debe acotarse que el nivel de desarrollo de estas iniciativas es lento y su implementación institucional es limitada. En Bolivia, luego de analizar las referencias presupuestarias de los municipios, en el año 2006 se aprobó el Decreto Supremo 28421 sobre el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH 2005), que asigna recursos significativos para el área social a las Prefecturas y a los Gobiernos Municipales. Con la política establecida por el gobierno en 2006, se prevé que los recursos del IDH se incrementarán. Del monto correspondiente a cada departamento, se asignó el 34.48% a los municipios de acuerdo a su número de habitantes, y 56.9% para la Prefectura. Las prioridades, tanto para Prefecturas como para municipios, son el desarrollo económico y social (educación y salud) y la seguridad ciudadana. Además de las transferencias desde los niveles supralocales, diferentes estudios recalcan la necesidad de contribuir a mejorar la capacidad de rendimiento fiscal de los municipios para fortalecer el desarrollo endógeno local. Por ejemplo, en los dos municipios en donde el Consejo Municipal aprobó la Política Municipal a favor de la Niñez y Adolescencia (Concepción Batres y Tecoluca) de El Salvador, derivaron -por medio de ordenanzas- entre un 3 y un 5% del presupuesto municipal en actividades relacionadas con la infancia, adolescencia y juventud y en base a los preceptos de la política pública promovida. Así mismo, se advierte el peligro que corren los programas municipales financiados exclusivamente por instancias nacionales, subnacionales o de cooperación internacional, sin analizar cabalmente las capacidades y posibilidades tributarias diferenciales que tienen las comunidades como un recurso para la redistribución de la riqueza. Si bien hay zonas específicas en los países en dónde hay una concentración de recursos y capital, dentro de las provincias y municipios estas escisiones también se encuentran. Es imprescindible reconocer que algunos municipios pueden generar ingresos relativamente altos provenientes de su base económica relativamente pobre mientras que hay municipios relativamente ricos que a pesar de su riqueza generan pocos ingresos municipales134. Se recomienda que las acciones de financiamiento y fiscalización se vinculen con el desarrollo de las capacidades locales institucionales, sociales e individuales.

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades Las experie ncias han señalado que algunos de los obstáculos y/o debilidades para la sostenibilidad de políticas locales que garanticen derechos de la niñez, además de las mencionadas, son la ausencia de estructuras organizacionales y de capacidades institucionales conformación de equipos técnicos de los gobiernos locales.

1.- Estructuras organizacionales de los gobiernos locales Para colaborar con los gobiernos locales en el cumplimiento de derechos, las iniciativas documentadas han establecido como prioritario el desarrollo de herramientas e instrumentos que fortalezcan las capacidades institucionales. En este sentido, la experiencia de Bolivia PRODELI señala que para lograr la sostenibilidad técnica de los programas es necesario no solamente capacitar el personal, sino establecer sistemas de trabajo que desarrollen nuevos instrumentos de gestión e implementación, reevaluar los existentes y mejorar los organismos de control y monitoreo. 134. Véase entre otros. “El rendimiento fiscal en los municipios de El Salvador”. Mark Gallagher. 2000. Josep Centelles i Portella. 2005.

Argentina: En el municipio de Rosario, la Comisión Intergubernamental posibilita la apropiación de las propuestas elevadas por los niños a los Consejos con el fin de instrumentar y ejecutar políticas que den respuestas a los problemas detectados. El municipio señala que la concreción de políticas desde y para la infancia demuestra que los programas horizontales son más eficientes que las jerarquías y las divisiones en campos estancos. Este modo de funcionamiento ha servido para reforzar una práctica social orientada a que las Secretarías de Salud Pública, Promoción Social, Planeamiento y Cultura conformen un gabinete social con el objetivo de interconectar sus intervenciones.

Bolivia: El Componente Fortalecimiento Departamental Municipal y Comunitario (FDMC) establecerá o reforzará los sistemas de trabajo de los Gobiernos Municipales con respecto a la planificación, seguimiento, evaluación y manejo de sistemas de información para los niños y adolescentes, y elaborará guías e instrumentos sobre estos temas. Asimismo, el Componente desarrollará herramientas para las instancias de control social con el objetivo de asegurar su participación efectiva en la formulación de demandas, el seguimiento al cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes y la implementación de las acciones y servicios planificados.

Brasil: La experiencia de Brasil ha logrado, por medio de la estrategia de movilización de actores, colaborar con la política pública en el desarrollo de los Sistemas Únicos de Educación, Salud y Asistencia Social.

Colombia: Se favorece el funcionamiento de los Consejos de Política Social como espacios de articulación, concertación y construcción de la política social. A través de los mismos se han logrado importantes avances en la discusión crítica y el análisis de la situación de distintas poblaciones, entre ellas la infancia y la adolescencia, y se han formulado recomendaciones a la autoridad territorial, que han sido observadas. Dando cumplimiento al principio de interdependencia, la consideración de la niñez y la adolescencia como una unidad de referencia para la acción gubernamental posibilita que los distintos organismos les conciban como un ser integral e impulsen una actuación conjuntas en la satisfacción de sus derechos. Las experiencias señalan que la gobernabilidad local a favor de la infancia puede beneficiarse mediante estructuras gubernamentales transversales y horizontales, y la necesidad de integrar los programas a las normas y procesos existentes en el gobierno local. Recomiendan evitar la creación de estructuras y mecanismos paralelos que superpongan propósitos y actividades. Por 80

ejemplo: a) incorporar metas, acciones y recursos para la infancia y la adolescencia en planes anuales y quinquenales establecidos por Ley; b) incorporar el seguimiento a la implementación de dichos planes con respecto a la infancia y adolescencia en los procesos existentes de rendición de cuentas pública por el Gobierno Municipal a la sociedad civil, establecidos por Ley; c) incorporar indicadores de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en sistemas de información existentes o en proceso de establecimiento; d) establecer mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional para la atención de la niñez y adolescencia dentro de las estructuras existentes del Gobierno Municipal y a nivel comunitario. La estructura público-administrativa que mantienen los gobiernos locales puede adecuarse en pos del cumplimiento del bienestar de la niñez y la adolescencia con el fin de evitar la escisión de estructuras del Estado y una compartimentación de los destinatarios que desdibuje el sentido de la intervención. Repensar las políticas públicas desde un enfoque integral (véase Recuadro de Política Social Integral) y descentralizado, que permita diseñar nuevas formas de estructuras organizacionales capaces de articular enfoques y procesos, evitando replicar la tradicional estructura públicoadministrativa centralista, sectorial, homogénea y fragmentada de atención de la niñez y la adolescencia.

Colocar en el centro de la política pública a la niñez, implica repensar las estructuras del Estado e incluir a la sociedad civil, a las comunidades, familias y actores del desarrollo, para consolidar su bienestar. En este sentido, pensar una política pública descentralizada para la niñez, Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y adolescentes. 4 millones de actores del desarrollo” de Bolivia enfatiza la necesidad de construir tipologías diferenciadas de acción y propone paquetes diferenciados de políticas que tomen en cuenta las situaciones de la niñez profundamente diferenciadas que se presentan en diferentes niveles territoriales. Y elabora cinco pasos para pasar del discurso a la implementación135:

Primer paso: Plantear una visión integral de desarrollo La visibilización de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes en la política social genera una oportunidad inmejorable para el cambio social. La fragmentación y sectorialización de la política social boliviana tienen impactos en niños niñas y adolescentes rompiendo la lógica que requiere pensar en un desarrollo integral. Entendemos “integralidad” en la acción como el desarrollo de las capacidades, la protección de los derechos y la igualdad de las oportunidades. Este enfoque toma a cada niño, niña y adolescente como un actor central del desarrollo. La integralidad se entiende como el eslabonamiento de los ciclos de la “carrera de obstáculos” y dentro de cada etapa del ciclo de vida.

Segundo paso: Construir tipologías descentralizadas de acción Una manera de combinar la visión de sinergias entre capacidades, derechos y oportunidades y la situación heterogénea en la que existen situaciones profundamente diferenciadas en distintos 135. FUENTE: Extraido de PNUDUNICEF. Bolivia Informe Temático sobre Desarrollo Humano “Niños, niñas y adolescentes en Bolivia. 4 millones de actores del desarrollo. 2006 (pp. 335-346).

niveles territoriales nos lleva a construir tipologías diferenciadas de acción con un mapeo de la situación del cumplimiento de determinadas metas para el año 2015. Aproximamos la “carrera de obstáculos” a cinco indicadores: Mortalidad infantil, desnutrición general, asistencia en la educación primaria y secundaria, paridad de género y trabajo infantil. Estos indicadores podrán, en posteriores ejercicios, ser complementados con otros indicadores y metas fijadas local o regionalmente.

Tercer paso: Proponer paquetes diferenciados de política En este paso proponemos intervenir de manera diferenciada, atendiendo las necesidades específicas en cada municipio en función a la situación que enfrentarán los municipios el año 2015 si mantenemos la acción de política pública como está. Esto quiere decir que actuamos de manera diferenciada enfocando las acciones a los problemas que constituyen la “carrera de obstáculos” para alcanzar un desarrollo pleno de capacidades, oportunidades y derechos de los niños, niñas y adolescentes. La heterogeneidad que revela el mapeo de tipologías descentralizadas nos brinda un marco de referencia fundamental en términos de lo que debemos considerar como premisas de nuestra estrategia de intervención: “no perder de vista el enfoque de integralidad”.

Cuarto paso: Financiar con una lógica de gestión por resultados Una vez construidos los paquetes diferenciados de política pública queda el reto del financiamiento. Primero, ¿Cuánto cuestan paquetes diferenciados? Y segundo, ¿cómo financiarlos de manera sostenible? El procedimiento de costeo utilizado toma los elementos de comparabilidad internacional del Programa del Milenio (www.unmillenniumproject.org) y del programa de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (IPEC – OIT, 2004) en base a parámetros nacionales de costeo. Bajo el enfoque de la carrera de obstáculos, el incumplimiento de las capacidades, derechos y oportunidades de los niños, niñas y adolescentes puede solucionarse con intervenciones de oferta, especialmente dirigidas a la construcción de infraestructura (ítems en salud, educación, mejora de la calidad de los servicios) pero también existe la posibilidad de intervenir a través de acciones orientadas a la demanda (a través de acciones de Transferencias Monetarias Condicionadas como las que proponemos para la erradicación del trabajo infantil de menores de 14 años, así como para lograr la equidad de género en el acceso a primaria y secundaria).

Quinto paso: Volver a la familia y a la comunidad ¿Cómo dar el primer paso? Planteada la línea de base de nuestra política, la visión, los objetivos y los medios, es importante establecer claramente el “lugar de la política pública” y con ello definir roles, responsables de acciones y de actividades concretas de quienes serán los principales encargados de garantizar que las políticas lleguen a quienes fueron dirigidas y sean diseñadas sobre la base de una focalización acertada. El enfoque actual de la política social reconoce el rol fundamental de la familia y la comunidad como actores responsables de generar una agenda, un menú de necesidades específicas que desemboca en una “demanda local”.

2.- Fortalecimiento de las capacidades institucionales Todas las experiencias coinciden en indicar la necesidad de fortalecer las capacidades humanas y los equipos técnicos, incluyendo a la mayor parte de agentes gubernamentales y funcionarios de la gestión pública y remarcan que la capacitación debe ser una constante para la sostenibilidad y desarrollo de los objetivos. Algunos ejemplos:

Bolivia El PRODELI ha definido dos estrategias de reforzamiento de la capacidad técnica aplicables a cada componente sectorial: (1) El desarrollo y la implementación de formación acreditada o certificada del personal comunitario y municipal. (2) El desarrollo o reforzamiento de los sistemas e instrumentos de trabajo: a) lineamientos e instrumentos para la planificación, el seguimiento y la evaluación de las acciones, sistema de información, sistema e instrumentos de supervisión, formatos de informes técnicos, etc.; b) guías de trabajo para cada categoría de personal; c) materiales educativos o de comunicación para la comunidad o el público.

República Dominicana A fin de incentivar la Capacitación en Derechos Humanos, de la Mujer y de la Niñez, se han elaborado guías metodológicas para cada tipo de capacitación. Los insumos principales son los Manuales de Capacitación Municipal en el Área Social, específicamente: Bloque 2: “La Municipalidad ante un Mundo de Cooperación”, Bloque 3: “El Enfoque de Derechos” y Bloque 4: “Descentralización, Autonomía Municipal y Participación Local”. Además se elaboró la “Guía Metodológica para Multiplicadores(as) de Capacitación Municipal en el Área Social”.

Cuba En Cuba se dicta el “Diplomado sobre Desarrollo Humano Local, Género, Infancia, Población y Salud”, cuyo objetivo es mejorar la calificación de los actores locales (provinciales y municipales) que intervienen en la implementación de políticas que promueven la equidad de género, con especial énfasis en la infancia y la salud en el nivel local. Además, el curso se propone formar capacidades para la elaboración de proyectos que promuevan el desarrollo humano de esos grupos sociales. El mismo consta de seis módulos durante los cuales los estudiantes pueden identificar aspectos relevantes en la conceptualización, práctica, metodología de trabajo y mecanismo de articulación interprogramático en el campo de la teoría y la práctica de la investigación de género, infancia, población y salud. En el diplomado se brinda conocimiento actualizado sobre los problemas de salud y de población que caracterizan al mundo, y en particular de Cuba, con relación a la niñez, así como con los objetivos de salud derivados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Las experiencias señalan que el fortalecimiento de las capacidades humanas y de los equipos técnicos de los gobiernos locales pueden verse mejorados a partir de instrumentar capacitación conjunta con universidades, centros de investigación e instituciones de entrenamiento especializadas. Recalcan, además, la importancia de dotar de condiciones físicas, infraestructura adecuada, y equipamiento a quienes trabajan con niños y adolescentes. 83

T e r c e r a c o n d i c i ó n : Legitimidad y liderazgo

En esta condición se observa la dimensión política de los liderazgos en términos de quiénes son los líderes, de dónde surge el liderazgo y cómo se constituyen los arreglos políticos entre el sector privado y la sociedad civil para generar procesos de legitimidad. A su vez, la construcción y consolidación de un liderazgo legítimo y transformacional propone la configuración de un liderazgo consensuado en un horizonte ético y con capacidad suficiente para aunar energías individuales y colectivas en función de una voluntad afín a los derechos humanos136- Dada la complejidad de los procesos por los cuales las comunidades reconocen sus líderes, es necesario distinguir cuando la credibilidad y la confianza depositada no proceden de cualidades personales o de ciertas circunstancias políticas particulares sino que es producto de la percepción de consistencia137 entre el discurso y la acción y de una trayectoria que legitima propósitos. Como se observa en el primer punto, los procesos de consolidación de una visión estratégica van de la mano de la capacidad de liderazgo y legitimidad que tienen las instituciones. Pese a intentos crecientes por consolidar la legitimidad institucional, en muchos países de la región la relación entre el Estado y la sociedad civil evidencia una fuerte debilidad de esta última. La experiencia de El Salvador señala este elemento como un obstáculo para consolidar políticas públicas locales. Se explicita que la estructura política está dominada por dos partidos que mantienen el poder, y que a su vez están vinculados en el nivel local a relaciones patrón-cliente. Este patronazgo ejerce una influencia fuerte en la asignación de los recursos a los distritos y tergiversa la relación entre los líderes de las comunidades y la mayoría de los residentes138. Se podría inferir que este fenómeno deviene de relaciones históricas enmarcadas en un modelo de autoridad paternal-vertical, de origen patrimonial y de fuertes características patronal-caudillescas139. El predominio de este tipo de vínculos en los niveles locales ha promovido un liderazgo determinado por la dependencia de la ciudadanía hacia los representantes del poder público y ha trastocado el principio de rendición de cuentas y de exigibilidad. Sin embargo, en los últimos años, la constitución de actores sociales y de movimientos de reivindicación de derechos (movimientos de indígenas, mujeres, por la niñez, ambientalistas, etc.) han puesto en cuestión esta situación. Las transformaciones promovidas en las agendas públicas, así como las formas de participación de la sociedad civil y la ampliación sustancial de la noción de ciudadanía, han llevado a un replanteo de los roles históricamente asumidos por el Estado y de su búsqueda de legitimidad. Aunque debe reconocerse que a pesar de que el número de actores que intervienen en la escena política aumenta, los cuerpos de representación dan cada vez menos cuenta de esa diversidad, lo cual perjudica a los sectores más vulnerables de la sociedad. La participación puede ofrecer una salida a ese problema al facilitar su expresión y complementar los tradicionales canales de representación política140. En esta búsqueda se asientan las experiencias documentadas al estimular múltiples liderazgos desde el principio de no discriminación. 84

136. Véase: Ludwig Guendel, Manuel Barahona y Eduardo Bustelo: “Derechos Humanos, niñez y adolescencia”. FLACSO. Costa Rica. 2005. 137. Véase Cravacuore, Daniel. “Documento de Revisión del Marco de Referencia de Gobernabilidad Local y Derechos de la Infancia”. 138. Véase.www. (documentación de experiencias) 139. Véase Eduardo Bustelo en”

Infancia y política Social”. UNICEF México y Universidad Autónoma Metropolitana. 1999.

Así mismo, se vuelve más evidente que el traslado de la palabra escrita de los pactos, acuerdos y convenios a una programación en la gobernabilidad local para el beneficio de la infancia requiere del establecimiento de instancias gubernamentales con la legitimidad suficiente para llevar adelante estos acuerdos, cumplir con las demandas de la ciudadanía y garantizar la realización de derechos. Por ejemplo, la experiencia de Colombia muestra que el rol que ejerce la Procuraduría General de Nación en la vigilancia preventiva de las políticas públicas, control de gestión, intervención judicial y administrativa, y de evaluación, legitima e institucionaliza las acciones. Ello ha posibilitado y promovido los logros de la Estrategia. Pero igualmente puede observarse en el caso colombiano que existe una sobrecarga en la construcción de liderazgo en el rol que cumplen las organizaciones gubernamentales y de contraloría en niveles nacionales y subnacionales y en UNICEF, y ello ha relegado a un rol secundario a los municipios, la sociedad civil y el sector privado. Por otra parte, la institucionalización y sostenibilidad de los programas de certificación de la gestión pública local también requieren de la credibilidad e independencia de las instituciones certificadoras. UNICEF-Brasil ha logrado que estas cualidades se manifiesten en la certificación de los municipios ganadores, lo que ha permitido desplegar la potencialidad del Sello a otras regiones del país. Sin embargo, es un problema para la sostenibilidad de las experiencias y políticas, que las Agencias del Sistema de Naciones Unidas ejerzan un liderazgo fuerte y significativo. Aunque se reconoce esta problemática, solo la experiencia de República Dominicana ha diseñado estrategias de salida de UNICEF como certificadora de gestión y ha promovido el desarrollo de estas capacidades en un organismo del Estado. En este sentido, una de las lecciones aprendidas del MAN es la conveniencia de contar con estructuras independientes de los gobiernos y autoridades electas que otorguen estabilidad durante los procesos de transición. Por ello, según señala el MAN, UNICEF-RD considerará que puede reducir su rol coordinador de las iniciativas, siempre y cuando se construya un mayor compromiso de los actores institucionales involucrados. “Mientras el nuevo escenario institucional y legal se desarrolla, existe un periodo de transición entre el modelo actual y la conformación de un nuevo modelo institucional; por tanto, existe la necesidad de definir un acuerdo transitorio de responsabilidades compartidas entre instituciones centrales como CONARE y CONANI e instituciones municipalistas como la Liga Municipal” La inclusión en el PRODELI de Bolivia de múltiples liderazgos locales, como los alcaldes, presidentes de Comités de Vigilancia, y dirigentes de las Organizaciones de Pueblos Indígenas y de movimientos de mujeres a nivel municipal, sub-municipal y comunal, fortalece los procesos 140. UNICEF México y Universidad Autónoma Metropolitana: “Infancia y Política Social”. 1999.

de planificación, seguimiento y evaluación para que las decisiones locales con respecto a la niñez sean más efectivas y sostenibles. El PDHL de Cuba señala que la ciudadanía cuenta con representantes en los Consejos Populares y en los grupos de trabajo municipal y con líderes formales e informales para realizar sus demandas y exigir sus responsabilidades. Para ello se realizan reuniones periódicas de rendición de cuentas de los delegados de los Consejos Populares a la comunidad. No obstante, se reconoce que aún el Programa no ha trabajado suficientemente en la identificación o el surgimiento de líderes adolescentes o jóvenes y en su capacitación e involucramiento en procesos de decisión. El principio de no discriminación puede verse reflejado en la interrelación de los conceptos de cultura141 e identidad local142 que promueven algunas experiencias a fin de fortalecer el ámbito local como espacio para divulgar y consolidar el enfoque de derechos. En todas las iniciativas, con alto o mediano éxito, se ha logrado identificar y analizar características culturales y sociales de las regiones trabajadas de manera no discriminatoria. Se parte del principio de que una participación sin discriminaciones hacia los sectores más vulnerables contribuye a reestructurar los espacios de representación política y a estimular un fuerte debate social orientado a cuestionar arraigadas matrices culturales. En ese sentido, las experiencias señalan la necesidad de reconocer la construcción de liderazgo como un proceso dinámico que se expresa en sus distintas dimensiones sociales, políticas, culturales, etc. y permite dar cuenta de la riqueza de la interrelación Estado-sociedad civil. Cabe sumar al análisis que fortalecer múltiples liderazgos, incluyendo organizaciones comunitarias, de mujeres, indígenas, adolescentes y jóvenes, será dificultoso si no se dispone de recursos mínimos para respaldar estos procesos. En este sentido, la experiencia de El Salvador explicita la necesidad de generar las condiciones adecuadas143 para que la ciudadanía pueda participar de los procesos. Los líderes de los jóvenes y adolescentes son reconocidos por características definidas por el momento particular de su ciclo vital y desarrollo de identidad, y por los procesos de interacción social atravesados por modelos culturales, económicos, sociales y mediáticos. Por ello, la definición de espacios para el reconocimiento de sus opiniones y decisiones en el nivel local permite la revisión de una relación adulto-joven actualmente en crisis.

141. Se puede tomar como referencia el concepto de cultura utilizado por la experiencia Sello-UNICEF: “La cultura comprende los modos de vida de un lugar, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias, artes, expresiones orales y escritas, todos los aspectos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo étnico y cultural que vive en ese lugar, en relación con

su ecosistema. Por lo tanto, la cultura es la vida y sus múltiples relaciones”. Guía Metodológica da cultura no Selo UNICEF. En www.selounicef.org.br 142. Para ampliar estos conceptos, véanse los siguientes autores: García Canclini, Garcy Ribeiro y Clifford Geertz. 143. Traslado a los lugares de encuentro o acercamiento de los espacios de participación a las comunidades.

C u a r t a c o n d i c i ó n : Participación pública

Para analizar esta dimensión se considerarán los mecanismos de inclusión de todos los miembros de la comunidad, especialmente niños, niñas y adolescentes, orientados a asegurar su representatividad en los espacios de participación ciudadana.

Formas de participación e inclusión de la niñez y la adolescencia Los convenios internacionales señalan la necesidad de que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, según su edad y capacidades, participen en la definición de los problemas que les afectan y en el diseño de soluciones. En América Latina y el Caribe son muy recientes las experiencias que incluyen la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el proceso de gestión local. Los adultos tampoco participan en todo el ciclo de la gestión local ya que no existen espacios o no se asignan los recursos para facilitar, por ejemplo, la accesibilidad. Con frecuencia, en un contexto adultocentrista, los adolescentes y los jóvenes tienen menos posibilidades de participar. Para el análisis se considerarán cuatro momentos básicos para definir cómo y en qué momento pueden participar en la construcción e implementación de políticas públicas o acciones locales. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden participar: En el momento del diagnóstico de la gestión local, implicados en el análisis situacional de su entorno. Por ejemplo: Contestan encuestas, participan en rondas de consultas sobre su situación, foros u otros ejercicios. Estos insumos son utilizados en la formulación del estado de situación de la localidad. Durante la planificación de la política local pueden participar como grupo de interés, aportando sus perspectivas y su propia visión. En la gestión y ejecución de la política local. No se pretende que trabajen en la gestión municipal sino garantizar espacios para intervenir, por ejemplo, en la organización de eventos culturales y recreativos, y en actividades realizadas en las escuelas y centros culturales y deportivos. Así mismo, como grupo de interés en el análisis de la pertinencia de los contenidos y estrategias. En la evaluación y fiscalización de la gestión local. En este momento, se puede subdividir la participación en distintas modalidades del control o fiscalización como confirmar si se respeta la legalidad (cumplimiento de normativas vigentes), la política pública y/o el presupuesto asignado. En la denuncia de atropellos por medio de mecanismos o instancias institucionales competentes para recibir y dar respuesta al reclamo, el cual se convierte en demanda de política pública local. Ello significa el inicio de un nuevo ciclo de la participación en el nivel local. 87

De las siete experiencias, cinco han incluido la participación de adultos, y alguna instancia de participación de jóvenes y adolescentes (Argentina-Ciudad de Rosario, Brasil, República Dominicana, Cuba y El Salvador). La experiencia de Bolivia ha desarrollado solamente instancias de participación de adultos.

Participación de adultos Bolivia ha afianzado su desarrollo mediante la creación de grupos intersectoriales, tanto en el nivel comunitario como en el nivel de gobierno. La experiencia de Colombia todavía no ha desarrollado mecanismos específicos para incorporar la participación y la opinión de adultos, niños y adolescentes en los programas y en la gestión local. Los Foros Comunitarios que se realizan en Brasil son un mecanismo de participación pública que permite la intervención de los adultos en los momentos de evaluación y fiscalización de la política pública. República Dominicana, El Salvador y la ciudad de Rosario han desarrollado procesos de diagnóstico y planificación participativa en el nivel local.

Participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes El Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño explicita claramente que todo niño, niña y adolescente tiene el derecho de ser escuchado, y sus ideas y opiniones deben ser tenidas en cuenta en todas las áreas de su vida: familia, escuela y comunidad. Los principios fundamentales de la participación infantil incluyen el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la oportunidad de expresar su opinión; en definitiva, participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas. Las experiencias han identificado inconvenientes para consolidar, en los niveles locales, mecanismos permanentes y sistemáticos para generar procesos de participación y toma de decisiones que incluyan o estén orientados específicamente a los niños y adolescentes. Si se analiza, particularmente la participación de las niñas, los niños y adolescentes en la toma de decisión gubernamental local, debe tomarse como referencia la iniciativa de la ciudad de Rosario, y la creación de los Consejos de Niños como espacios de participación activa en la discusión de las problemáticas de desarrollo urbano de la ciudad. Este proyecto comenzó con la conformación del primer Consejo en 1996 y se consolidó con el proceso de descentralización municipal. Actualmente, la ciudad cuenta con Seis Consejos de Niños que funcionan en cada uno de los distritos descentralizados. También llamados “Fábricas de ideas”, están conformados por niñas y niños de diez a catorce años que se reúnen sistemáticamente los sábados por la mañana, durante dos ciclos lectivos144. Integran cada consejo aproximadamente treinta niños elegidos en las diferentes escuelas (públicas, privadas, especiales y confesionales) e instituciones no gubernamentales de cada distrito (clubes, iglesias, bibliotecas populares, etc.). Cada Consejo elabora propuestas en torno a un eje de trabajo seleccionado por sus integrantes. Estas se elevan como proyecto al Intendente y, en los casos necesarios, al Concejo Deliberante de la Ciudad. 88

144. Denominados también ciclos escolares. 145. Esta comunidad se encuentra en la parte norte de la ciudad, tiene una extensión de cuatro kilómetros cuadrados y una población de 28.250 habitantes, de los que 15.275 son mujeres, niños y adolescentes.

La formulación y ejecución de los proyectos es responsabilidad de la Comisión Intergubernamental, especialmente convocada para este propósito. La Comisión es apoyada por los Consejos y la ciudadanía. De ese modo, las niñas, los niños y adolescentes participan en todo el ciclo de gestión local. La experiencia de El Salvador, mediante la conformación de “Mesas de Adolescentes y Jóvenes” como espacios de participación municipal a favor de la niñez y la adolescencia, ofrece talleres de capacitación y asesorías sobre liderazgo juvenil, y un plan de acompañamiento a las acciones que los jóvenes desarrollan para construir, divulgar e implementar políticas en sus municipios. La capacitación desde un enfoque de derechos les permite un mayor involucramiento en los temas que les afectan y ofrece herramientas para la acción local. La iniciativa Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (AJIs) de República Dominicana fomenta la participación activa de las niñas, los niños y adolescentes de ocho a diecisiete años, quienes demostraron ser efectivos en la movilización de las comunidades y en la difusión de sus derechos. Se destaca su papel en la divulgación de los MAN y el trabajo comunicacional realizado por las Comisiones Electorales Juveniles al visitar las escuelas, organizaciones relacionadas, centros de madres, clubes, etc. y participar en programas de radio y televisión. En Cuba, con el fin de alcanzar los objetivos del PDHL, se han adoptado metodologías dirigidas a incorporar los actores involucrados en diferentes niveles. El Programa de Desarrollo y Participación de Adolescentes, incluido en el PDHL, tiene como objetivo “Contribuir en la formación integral de los adolescentes propiciando conductas sanas y responsables, así como apoyar formas efectivas de participación con especial énfasis en aquellos grupos en situaciones de riesgo o desventaja social.” En Holguín, en el Consejo Popular de Alcides Pino145, en el marco del PDHL se realizan las siguientes acciones: 1. Preparación, ejecución y fomento de la presencia de los adolescentes y jóvenes en actividades culturales, recreativas y deportivas. Surgimiento de macroproyectos culturales organizados por líderes y promotores adolescentes y jóvenes de la comunidad. 2. Creación de Mini Bibliotecas Barriales. La primera se hizo con el aporte y el accionar del Grupo gestor externo y dos o tres personas de la comunidad. La segunda contó con la organización, ubicación y aporte de todos los vecinos y vecinas de dos CDR de la Circunscripción. 3. Participación masiva de los adolescentes en las actividades de prevención y promoción de salud como: Prevención del VIH-SIDA, otras enfermedades trasmisibles y no trasmisibles, asesoría genética, hábitos nutricionales, hábitos tóxicos, etc. 4. Talleres de capacitación sobre sexualidad responsable, género y formación vocacional, entre otros. 5. Creación de círculos de interés en las escuelas de la comunidad. 145. Esta comunidad se encuentra en la parte norte de la ciudad, tiene una extensión de cuatro kilómetros cuadrados y una población de 28.250 habitantes, de los que 15.275 son mujeres, niños y adolescentes.

El eje de participación social, en el Sello UNICEF, en la edición 2006, ha desarrollado cuatro componentes que fortalecen la participación de los jóvenes y adolescentes: Educación Ambiental, Cultura Popular, Participación Política de los Adolescentes y Comunicación. El elemento de Cultura Popular tiene el objetivo de fomentar el respeto de la identidad cultural local146 para desarrollar y fortalecer los lazos sociales. En estas acciones, son los jóvenes y adolescentes los protagonistas en la revalorización de las representaciones culturales no visualizadas por la cultura institucional147. De esta manera, el Sello ha establecido dentro del instrumento de evaluación que mide la Participación Social de la comunidad, el mapeo de expresiones locales y el rol de los adolescentes como investigadores de sus raíces culturales, lo que ha contribuido al reconocimiento de su aporte al colectivo social.

Comunicar para cumplir derechos Apelar a la Convención sobre los Derechos del Niño como un marco de referencia para una cultura de derechos resulta significativo a la hora de consolidar la comunicación con la comunidad. Un elemento común a todas las experiencias es la preocupación por el diseño de un sistema comunicacional eficiente que divulgue el significado de este enfoque y los principios de la CDN y dé prioridad a las características del receptor del mensaje. Con el fin de realizar acciones para dar a conocer las experiencias entre los grupos no directamente relacionados con las mismas, se ha incluido en la planificación: a) el aprovechamiento óptimo de los recursos que ofrecen los medios de comunicación, b) la utilización de instrumentos escritos, visuales, etc., y c) la incorporación de personas clave en los niveles locales para transmitir mensajes y valores. En el Sello UNICEF de Brasil, mediante un análisis integral de la región del Semiárido, se ha logrado determinar una estrategia comunicativa con un lenguaje lúdico, simple y claro, desde la cual el significado se torna accesible en toda la comunidad. La creación de tres títeres como símbolo del programa permite transmitir la complejidad del mensaje de una forma sencilla. Tal como se documenta en la experiencia, el PRODELI ha impulsado una toma de conciencia sobre la importancia de realizar acciones en favor de la niñez y del rol de los gobiernos municipales al respecto, tanto de parte de las autoridades como de la sociedad civil. Sin embargo, aún se observa la necesidad de incorporar sistemáticamente el tema de la comunicación en todos los procesos de la gestión municipal existentes. Para ello, el PRODELI se propone desarrollar e implementar una estrategia de abogacía sobre los derechos de la niñez y el logro de los ODM para el niño y la adolescencia en el nivel local. En este marco, se ha diseñado una estrategia de movilización comunitaria en defensa de los derechos de la niñez que incluye desplegar acciones con autoridades municipales y realizar actividades de comunicación con información orientada a la sociedad civil. En República Dominicana se realizan actividades dirigidas a promover una mayor participación y compromiso con los derechos de la infancia. El MAN ha elaborado programas de recreación (títeres, teatro, animación infantil, payasos) que incluyen la capacitación de los 90

146. Véase Experiencia Brasil. 147. También llamada por algunos científicos sociales “Cultura Hegemónica”.

participantes para ejercer la función de multiplicadores de mensajes sobre los derechos de la niñez, medio ambiente, VIH/SIDA, valores, etc., dirigidos al público local e intermunicipal, y particularmente a las niñas, los niños y adolescentes. En este proceso queda mucho por hacer, basta reconocer que en varios parques infantiles, objeto de orgullo de los Municipios Amigos de la Niñez, aún se restringe el acceso a dos o tres horas diarias. En cambio, en la experiencia de Argentina se destaca que el juego y la poesía no sólo contribuyen a repensar el espacio público, sino que pueden, además, religar generaciones. Por ello los espacios lúdicos que conforman el Tríptico de la Infancia fueron pensados para tender puentes entre el presente y el pasado; no son sólo para los niños, sino también para los adultos. Así las vanguardias (formales y políticas) y los saberes populares fueron y son fuente de inspiración en el diseño de los espacios que conforman el Tríptico de la Infancia. Las letras de los escritores y las imágenes de los pintores de vanguardia argentina (Xul Solar, Borges, Arlt), los movimientos pacifistas, el surrealismo, el dadaísmo, la escuela del Bauhaus, los artistas de la ciudad (Berni, Vanzo), los medios de comunicación en su imagen y en su escritura han influenciado el concepto utilizado para diseñar estos espacios. La implementación del proyecto “Ciudad de los Niños” también ha permitido al municipio ensayar soluciones a problemáticas vinculadas con la participación ciudadana, la mejora de la calidad de los espacios públicos y el incremento de la oferta cultural. Las experiencias señalan que concebir los espacios públicos como espacios de encuentro y creación de lazos sociales y ofrecer lugares seguros que estimulen el juego, el aprendizaje, el deporte y la recreación, son elementos fundamentales de una estrategia para promover el desarrollo integral del niño y la niña en los niveles locales.

Conclusiones Generales Se ha construido un marco de referencia para analizar siete experiencias latinoamericanas a fin de contribuir al objetivo general de sistematizar el conocimiento y construir herramientas para promover la realización de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el análisis, formulación, implementación y evaluación de los programas, el marco de referencia enfatiza la necesidad de un doble enfoque: Por un lado, el rol de la gobernabilidad democrática local en el proceso de desarrollo humano y por otro, el enfoque de derechos humanos. Los dos son interdependientes, se refuerzan entre sí y tienen un compromiso común con la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas. El camino de dos vías complementarias exige que un programa dirigido a las niñas, los niños y adolescentes no se reduzca a la sola consideración de sus necesidades básicas inmediatas y la consiguiente provisión de servicios sociales. El bienestar y los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a mediano y largo plazo requieren que se abarque a las familias y la sociedad en su conjunto mediante una estrategia de derechos y desarrollo humano en un proceso consistente con aquellos objetivos. La estrategia busca asegurar la libertad de las personas promoviendo la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza y la exclusión, la promoción de la equidad social, la movilización y participación ciudadana, la planeación territorial y el desarrollo sostenible. El marco de referencia distingue 4 categorías que son las puertas de entrada para el análisis de la gobernabilidad democrática local: (1) Visión estratégica; (2) capacidad y desempeño de la gestión; (3) legitimidad y liderazgo; y (4) Participación pública.

Contextos América Latina y el Caribe presentan una situación con un denominador común de elevada desigualdad económica y social y altas disparidades de género y de origen étnico y cultural (poblaciones indígenas y afrodescendientes). Las experiencias se realizan en contextos diversos marcados por diferencias de orden político, económico-social y de coyuntura entre los países y territorios. En Argentina y Brasil la organización federal implica niveles jurisdiccionales distintos a los de países unitarios como Bolivia, El Salvador o la República Dominicana. Difieren los procesos de descentralización y el grado de autonomía logrado por los municipios para ejercer sus funciones. El alto nivel de pobreza en las comunidades indígenas en Bolivia implica obstáculos mayores que en una ciudad como Rosario, Argentina. El régimen político en Cuba y sus instituciones de planificación crean condiciones distintas que en otros países de la región. En Colombia, el conflicto interno y la violencia imponen límites al desarrollo del país e inciden de manera directa sobre la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.

Definición y consenso sobre una visión estratégica 92

CONCLUSIONES GENERALES Se ha construido un marco de referencia para analizar siete experiencias latinoamericanas a fin de contribuir al objetivo general de sistematizar el conocimiento y construir herramientas para promover la realización de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el análisis, formulación, implementación y evaluación de los programas, el marco de referencia enfatiza la necesidad de un doble enfoque: Por un lado, el rol de la gobernabilidad democrática local en el proceso de desarrollo humano y por otro, el enfoque de derechos humanos. Los dos son interdependientes, se refuerzan entre sí y tienen un compromiso común con la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas. El camino de dos vías complementarias exige que un programa dirigido a las niñas, los niños y adolescentes no se reduzca a la sola consideración de sus necesidades básicas inmediatas y la consiguiente provisión de servicios sociales. El bienestar y los derechos de las niñas, los niños y adolescentes a mediano y largo plazo requieren que se abarque a las familias y la sociedad en su conjunto mediante una estrategia de derechos y desarrollo humano en un proceso consistente con aquellos objetivos. La estrategia busca asegurar la libertad de las personas promoviendo la gobernabilidad democrática, la reducción de la pobreza y la exclusión, la promoción de la equidad social, la movilización y participación ciudadana, la planeación territorial y el desarrollo sostenible. El marco de referencia distingue 4 categorías que son las puertas de entrada para el análisis de la gobernabilidad democrática local: (1) Visión estratégica; (2) capacidad y desempeño de la gestión; (3) legitimidad y liderazgo; y (4) Participación pública.

Contextos América Latina y el Caribe presentan una situación con un denominador común de elevada desigualdad económica y social y altas disparidades de género y de origen étnico y cultural (poblaciones indígenas y afrodescendientes). Las experiencias se realizan en contextos diversos marcados por diferencias de orden político, económico-social y de coyuntura entre los países y te rritorios. En Argentina y Brasil la organización federal implica niveles jurisdiccionales distintos a los de países unitarios como Bolivia, El Salvador o la República Dominicana. Difieren los procesos de descentralización y el grado de autonomía logrado por los municipios para ejercer sus funciones. El alto nivel de pobreza en las comunidades indígenas en Bolivia implica obstáculos mayores que en una ciudad como Rosario, Argentina. El régimen político en Cuba y sus instituciones de planificación crean condiciones distintas que en otros países de la región. En Colombia, el conflicto interno y la violencia imponen límites al desarrollo del país e inciden de manera directa sobre la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. 95

Definición y consenso sobre una visión estratégica El análisis de los casos muestra un avance en la capacidad de los gobiernos locales para construir una visión estratégica a mediano y largo plazo y crear alianzas con múltiples actores para promover y cumplir los derechos de la niñez, superando los esquemas tradicionales de corto plazo de gestión de proyectos y servicios urbanos. En dichas alianzas comienza a cumplir un papel la sociedad civil y el planeamiento es utilizado como mecanismo de creación de consenso y articulación de acciones orientadas a la formulación de políticas integrales. Se observan dificultades para integrar los componentes del desarrollo económico, territorial y ambiental. Se han incorporado sistemas simples o de mayor complejidad de monitoreo y evaluación que incluyen la utilización de indicadores de resultados. Ello permite diseñar estrategias más realistas, susceptibles de medida del progreso y realimentación de las políticas, que ayudan a la creación de consensos y al control social de la gestión gubernamental.

Capacidad y desempeño institucional En algunos países, los gobiernos locales carecen de marcos legales e institucionales que les asignen autonomía, competencias y recursos para abordar políticas referidas a las niñas, los niños y adolescentes. Todos los países han ratificado la CDN y seis de ellos han adecuado normas nacionales y han establecido sistemas de protección integral para la niñez y adolescencia. Sin embargo, se observan retrasos en cuanto a la adecuación a nivel local de las normas, específicamente en las constituciones provinciales o estaduales y las ordenanzas y decretos municipales. Ello no inhibe la voluntad de determinados municipios de aplicar estrategias integrales como en el caso de Rosario, a pesar de la falta de adecuación provincial a las normas, o de municipios de El Salvador, donde no se ha aprobado todavía un marco legal a nivel nacional. Se observa la importancia de la asignación de partidas financieras específicas en el presupuesto local y nacional y los vínculos entre éstos. También se ha comprobado la importancia de mejorar la eficacia y eficiencia de los planes y del gasto público mediante la capacitación de los recursos humanos y de equipos técnicos (mediante diplomados, talleres, etc.) no de forma aislada sino en sistemas organizativos y de trabajo.

Legitimidad y liderazgo Los procesos de consolidación de una visión estratégica están estrechamente relacionados con la existencia de liderazgos dinámicos y legítimos en las organizaciones políticas y sociales, capaces de crear alianzas público privadas y convocar a diversos actores en torno a un consenso sobre los objetivos y el derrotero del proceso de desarrollo humano y de derechos. Ello depende del desarrollo de sistemas democráticos que permitan superar prácticas autoritarias caudillescas, patrimonialistas y populistas y de este modo aseguren una auténtica representación de la ciudadanía y regímenes abiertos y participativos, con rendición de cuentas y control social.

Participación pública Vinculada con el punto anterior, la participación de la sociedad civil es todavía débil en comparación con el papel preponderante que detentan las organizaciones estatales. El sector 96

privado es apenas mencionado en las experiencias en cuanto a su intervención en políticas y planes. En algunas experiencias, como en la ciudad de Rosario, las niñas, los niños y adolescentes son incluidos como partícipes directos en el debate y la toma de decisiones sobre políticas y proyectos. De este modo, en lugar de destinatarios pasivos, las niñas, los niños y adolescentes se convierten en protagonistas del proceso. Su inclusión implica incorporar a sus padres, familias y la comunidad en la que viven, de modo tangible y visible. La participación ciudadana se estimula mediante la creación de espacios de concurrencia de los niños y los adultos, talleres de capacitación y mecanismos de comunicación y concienciación de una cultura de derechos.

Sostenibilidad La sostenibilidad sigue siendo un reto para los programas, aun cuando se realizan esfuerzos para asegurarla. La voluntad política de los gobiernos se muestra en la inclusión de objetivos vinculados con la promoción y el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en los planes de gobierno y las asignaciones presupuestarias a nivel nacional y local, pero la continuidad puede ser afectada por los cambios de gobierno. La elevada renovación de los funcionarios públicos es un factor negativo, lo mismo que la falta de articulación de las políticas locales con las nacionales. Contribuye a la sostenibilidad contar con marcos normativos y estructuras institucionales dirigidas a los derechos de la niñez y la consolidación de alianzas estratégicas. En el caso colombiano, la alianza se realiza en torno a la Procuraduría General de la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores de los 32 departamentos. En Brasil, a través del Pacto por los niños y adolescentes del Semiárido, avalado por los gobernadores de los Estados del Nordeste. Sin embargo, más allá del Estado, la apropiación nacional exige el compromiso de toda la ciudadanía y su activa participación. Las experiencias muestran la importancia de las acciones de fortalecimiento institucional de las estructuras responsables del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y consejos comunitarios, así como de la capacitación de equipos técnicos del gobierno y de las comunidades. La sostenibilidad de las iniciativas de certificación de la gestión pública requiere la independencia de las instituciones certificadoras. Adicionalmente, para hacer operativo el concepto de apropiación nacional, se requiere diseñar una “estrategia de salida” de la cooperación internacional.

dos como partícipes directos en el debate y la toma de decisiones sobre políticas y proyectos. De este modo, en lugar de destinatarios pasivos, las niñas, los niños y adolescentes se convierten en protagonistas del proceso. Su inclusión implica incorporar a sus padres, familias y la comunidad en la que viven, de modo tangible y visible. La participación ciudadana se estimula mediante la creación de espacios de concurrencia de los niños y los adultos, talleres de capacitación y mecanismos de comunicación y concienciación de una cultura de derechos.

Lecciones aprendidas 1.La puesta en marcha de programas dirigidos a las niñas, los niños y adolescentes debe realizarse mediante un enfoque de desarrollo humano y de derechos con una estrategia integral que incorpore la participación ciudadana para una identificación colectiva de problemas, objetivos y políticas, la formulación de estrategias, su implementación, y el control social de la acción de gobierno. Ello contribuye a construir un compromiso colectivo con resultados concretos y medibles. 98

LECCIONES APRENDIDAS 1.La puesta en marcha de programas dirigidos a las niñas, los niños y adolescentes debe realizarse mediante un enfoque de desarrollo humano y de derechos con una estrategia integral que incorpore la participación ciudadana para una identificación colectiva de problemas, objetivos y políticas, la formulación de estrategias, su implementación, y el control social de la acción de gobierno. Ello contribuye a construir un compromiso colectivo con resultados concretos y medibles. 2.Los procesos se facilitan cuando existe un marco legal e institucional apropiado que asegure una efectiva descentralización y autonomía de los gobiernos locales. Sin embargo, a pesar de la falta de marcos adecuados en las jurisdicciones superiores, los gobiernos locales pueden obrar contra ese impedimento mediante la voluntad política y el apoyo de la ciudadanía. 3.Para asegurar la apropiación y la sostenibilidad de estos programas es importante integrarlas en las normas y procesos existentes de los gobiernos locales y la participación ciudadana, sin crear estructuras y mecanismos paralelos. 4.Para lograr la sostenibilidad, es necesario establecer asignaciones de recursos de los gobiernos locales y del gobierno nacional en planes multianuales, de mediano y largo plazo y fortalecer las capacidades de las comunidades y de la sociedad civil para elevar demandas, participar en los programas, dar seguimiento a la implementación de los planes y velar por el cumplimiento de los compromisos con las niñas, los niños y adolescentes. Asimismo, es necesaria la articulación de las políticas y acciones con el nivel comunitario, municipal, departamental/ provincial y nacional. Por otra parte, se requiere la capacitación de las organizaciones públicas y de la sociedad civil y de los equipos técnicos, no de forma aislada sino en sistemas organizativos y de trabajo. 5.Los mecanismos de certificación de la gestión municipal mediante un Sello o distinción, han probado ser instrumentos exitosos para el monitoreo y la evaluación de políticas que impactan en la infancia y la adolescencia. Son un instrumento positivo para cambiar el enfoque de la gestión municipal de servicios sociales y de sanidad y para visualizar los derechos de la niñez como parte de una agenda social integral y permanente de los municipios. Tienen un carácter que permite establecer comparaciones y definir y ejecutar políticas y acciones para elevar los indicadores. El mecanismo requiere gran confiabilidad, la cual está asociada a la credibilidad del organismo certificador. Este mecanismo puede ser pertinente en espacios poco propensos a monitorear políticas públicas. Pero debe partir de un análisis de referencia básica que establezca cómo mínimo:

Las competencias que los distintos niveles deben asumir en el tema, y de acuerdo a ellas, quién debe monitorear qué, y, por ende, quién debe “certificar” a quién. La heterogeneidad de brechas y metas existentes en diferentes territorios, y las capacidades diferenciadas de los gobiernos locales. Las instancias de coordinación que debe existir entre niveles a efectos de lograr una eficiente evaluación –y consecuente certificación- de las políticas impulsadas. El apoyo que la cooperación debería dar a este sistema de certificación, además de conocer si lo viene realizando en otros países y que diseño ha sido alcanzado y desarrollado en otros contextos. 6.Los espacios lúdicos basados en el juego y en la poesía, como en el caso de Rosario, no solo contribuyen a repensar el espacio público sino que pueden, además, crear el encuentro entre generaciones, promoviendo el dialogo entre adultos y niños y la creación de puentes entre el presente y el pasado. Estos espacios de estímulo y aprendizaje no formal se conciben reconociendo una multiplicidad de lenguajes, medios y soportes, sin separar la teoría de la práctica y recurriendo a fuentes de la cultura nacional, escritores, artistas y movimientos pacifistas.

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148. Para profundizar, véase la sistematización de las experiencias en www. 149. Tomado de Dirección General de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia: “Balance de las Políticas de Descentralización en América Latina”. 2005. 150. Argentina posee 2171 municipios, de los cuales 256 están representados por autoridades delegadas por su

gobierno provincial. 151. Datos extraídos del Plan Estratégico Rosario. En octubre de 2007 ha sido elegido a nivel provincial (Provincia de Santa Fe) el mismo partido de gobierno de la ciudad de Rosario, situación que presupone una mayor coordinación gubernamental de carácter vertical.

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152. El pedagogo Francisco Tonucci es creador de “Ciudades de los Niños”. Véase http://www.lacittadeibambini. org/ 153. En consonancia con los principios de la CDN el Estado Nacional ha promulgado y sancionado la Ley Nacional Nº 26.061: Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se encuentra vigente desde octubre de 2005 y sus

Decretos Reglamentarios desde el año 2006. http://www.rosario.gov. ar/sitio/paginainicial/# 154. Para ampliar información http://www.rosario.gov.ar/sitio/paginainicial/# 155. Bifarello, M.: “Experiencia Rosario: Políticas para la Gobernabilidad”. Capítulo ‘Una ciudad participativa y eficaz’. Editado por PNUD y Municipalidad de Rosario.2005.

156. Basados en la Convención sobre los Derechos del Niño y su marco legal regulatorio.

A R G E N T I N A . Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO148 Argentina es una país federal que cuenta con tres niveles de gobierno149, nacional, provincial y municipal, con autonomía local definida por la Constitución Nacional y las Constituciones Provinciales150. Si bien los municipios han sido dotados por Ley de recursos financieros y se les han transferido competencias administrativas, la experiencia del municipio de Rosario denota que existe una escasa coordinación en las actuaciones de los organismos públicos (nación, provincia, municipio) y de estos con las organizaciones privadas, lo que genera una carencia de políticas globales sobre algunos temas básicos como seguridad pública, tránsito, manejo de residuos, etc.151 La experiencia Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños surge en 1996 en el marco de la consolidación del Plan Estratégico de Rosario y del Programa de Descentralización Municipal, que organizó a la ciudad en seis distritos y creó los Centros Municipales (C.M.D.) para cada uno de ellos. En este período, las ideas de planificación estratégica, cooperación público-privada y reposicionamiento regional a partir de ventajas competitivas son incorporadas como conceptos innovadores a la agenda de discusión de la gestión de gobierno. La descentralización municipal de Rosario no se limitó a contribuir a simplificar trámites y gestiones. Los C.M.D se propusieron como escenarios de participación ciudadana y desarrollo social y urbano de los barrios que los integran. A partir de este proceso de descentralización político-administrativa de la ciudad se crean mecanismos institucionales de participación de los niños, las niñas y adolescentes, y se instrumentan programas que incorporan su perspectiva. El diseño de esta estrategia se inspiró en las experiencias del pedagogo Italiano Francesco Tonucci152, y en una etapa inicial contó con el apoyo de UNICEF Argentina y posteriormente de PNUD.

descripción Marco del Programa: Ciudad de Rosario. Ciudad de los Niños se rige por la Ley Nacional 26.061153 y por la Ordenanza Municipal Nº 8.143 de 2006, que establecen claramente las responsabilidades y competencias en la implementación, cumplimiento y monitoreo de las políticas públicas dirigidas a la infancia154. La municipalidad expone que se ha comprometido con la doctrina de la Protección Integral de Derechos y ha generado políticas públicas que sitúan a las niñas, los niños y adolescentes como sujetos plenos de derecho, considerando al núcleo familiar como el ámbito más adecuado para el normal desarrollo de los mismos. El Sistema de Protección Integral está conformado por tres niveles y articula programas descentralizados en los seis distritos de la ciudad. En el Primer Nivel se encuentra la atención primaria (educación, salud, recreación, cultura, sensibilización y difusión, etc.). El Segundo Nivel corresponde a las políticas públicas destinadas a restituir los derechos vulnerados y la reparación 103

de sus consecuencias. En el Tercer Nivel se encuentran las medidas excepcionales, que sólo deben adoptarse cuando las niñas, los niños y adolescentes estuvieran temporal o permanentemente privados de su medio familiar o cuyo interés superior así lo exija.

Estructura Funcional y Operativa: Se ha creado la Comisión intergubernamental conformada por al menos un miembro de cada una de las Secretarías de Promoción Social, Salud, y Cultura y Deportes que integran el Gobierno Municipal, con el objetivo de dar seguimiento a las acciones y propuestas de los Consejos de los Niños y a la estrategia Ciudad de los Niños.

Objetivos: Transformar la ciudad en escenario para la promoción y el ejercicio pleno de los derechos humanos y sociales de sus habitantes, fortaleciendo y construyendo ciudadanía. Garantizar que la palabra de las niñas, los niños y adolescentes sea escuchada por el valor que tiene, y puede y debe incidir en las acciones de gobierno, sobre el territorio físico y simbólico de la ciudad.

Estrategia: Ciudad de los Niños parte del principio de que lo que es bueno para un niño, es bueno para la totalidad de la población y, por esta razón, entiende a los niños como ‘indicadores ambientales’ de una ciudad deseable y con condiciones para vivir155 . El Proyecto Ciudad de los Niños no se remite solamente a un conjunto de programas y acciones, sino a una “nueva forma de concebir la ciudad desde los ojos de los niños”156, entendiendo que son portadores de un saber que hay que escuchar e incluir en el diseño de una ciudad más solidaria, inclusiva y democrática. El Gobierno Municipal se ha propuesto generar espacios institucionales de participación para que la niñez y la adolescencia puedan expresarse, además de desarrollar un marco institucional que garantice que esas ideas sean consideradas e implementadas sobre el territorio urbano y que incidan en las acciones de gobierno sobre el territorio físico y simbólico de la ciudad. Mediante las siguientes acciones y metodología, se ha logrado implementar la propuesta:

Decisión gubernamental en dos acciones: Asignación presupuestaria específica y creación de un órgano de gobierno horizontal157.

Tejer alianzas con diversos actores: La participación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado resulta fundamental.

Abordar los estereotipos poniéndolos en duda es una de las metodologías

básicas del modo de trabajo. Separar la noción implantada a un estereotipo para llegar a una construcción propia desde la perspectiva de los niños y las niñas.

Recuperar y fortalecer el valor del espacio público como un espacio para todos y un dispositivo para garantizar la igualdad de oportunidades.

Crear y sostener espacios institucionales como Consejos de Niños por

distrito descentralizado con el objetivo general de incluir a los niños en la planificación y el diseño de una ciudad que ofrezca condiciones para vivir a todos los ciudadanos158 . 104

157. Comisión Intergubernamental. 158. Bifarello, M.: “Experiencia Rosario: Políticas para la Gobernabilidad”. Capítulo ‘Una ciudad participativa y eficaz’. Editado por PNUD y Municipalidad de Rosario.2005.

Etapas: Primera etapa: Realizar una experiencia piloto con la creación de un Consejo de Niños y Niñas en 1997 e incrementar la creación de los mismos a medida que avanzara el proyecto de Descentralización Municipal. Segunda Etapa: Desde abril de 2004 hasta junio de 2007 se sostienen 6 Consejos de Niños/as en cada uno de los seis CMD. Para el análisis se seleccionaron algunos programas municipales que por su innovación y creatividad metodológica resultan relevantes para este proyecto159 .

Instrumentos: Consejo de Niños: La Ciudad cuenta con Seis Consejos de Niños que funcionan en cada uno de los distritos descentralizados. También llamados “Fábricas de ideas”, están conformados por niños y niñas de 10 a 14 años que se reúnen sistemáticamente los sábados por la mañana durante 2 ciclos lectivos160. .

Programa Crecer: Es una propuesta de participación integral que, a través de un conjunto de proyectos entrelazados y articulados entre sí, se dirige a las familias de los sectores más vulnerables de la ciudad. En la actualidad existen treinta y tres Centros Crecer distribuidos en las zonas periféricas de la ciudad, cuatro de ellos por convenios con organizaciones no gubernamentales con los proyectos: Proyecto Pedagógico y de Estimulación Psicomotriz; Recreación; Nutricional, Autoproducción de Alimentos y Emprendimientos Sociales, Orientación Familiar Plan Oportunidad.

Tríptico de la Infancia: Está conformado por tres proyectos articulados. La Granja de la Infancia, un predio de 35.000 m.² que nace en el 2001. Es un lugar abierto visitado por escuelas, contingentes y familias que son guiadas por personal especializado para conocer y disfrutar de un espacio rural dentro de la ciudad. El Jardín de los Niños “La Máquina de Imaginar” es un espacio que combina el paseo público al aire libre con propuestas en espacios cerrados. La Isla de los Inventos fue construida en conjunto por la Municipalidad de Rosario y el Fondo de Asistencia Educativa sobre la antigua estación de trenes “Rosario Central” e inaugurada en septiembre de 2003. La obra comprende 5140 m.² cubiertos. CONCLUSIONES

El Programa “Ciudad de los Niños” se estructura mediante un enfoque de derechos que se clarifica durante el proceso El programa es “una nueva forma de concebir la ciudad desde los ojos de los niños” para el diseño de una ciudad más solidaria, inclusiva y democrática. La protección y promoción de los derechos de los niños no se restringe a la población infantil sino que requiere alcanzar a las familias y la sociedad. Estos principios condujeron a la formulación de políticas publicas de desarrollo humano en las que “los niños, pensados antes para ser protegidos e incorporados a la democracia y la cultura”, pasaron a ser “protagonistas de una perspectiva estratégica de cambio estructural” para el conjunto de la población y a incidir en las acciones de gobierno sobre el territorio físico y simbólico de la ciudad. 159. Véase la documentación completa en http://www.rosario.gov.ar/sitio/ paginainicial/#. 160. Denominados también ciclos escolares.

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El programa obedece a un marco institucional y legal y se inserta en un plan estratégico de desarrollo urbano La Ley Nacional 26.061 reglamentada en 2006 instituyó la protección de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes conforme a los principios de la Convención de los Derechos del Niño. Una Ordenanza Municipal de la ciudad de Rosario reconoció a los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derecho y estableció las responsabilidades y competencias para la implementación y monitoreo de las políticas. El programa se inserta en el Plan Estratégico de Rosario y el Programa de Descentralización Municipal iniciado en 1996, que determinó la organización de la ciudad en 6 distritos y la creación en ellos de Centros Municipales como ámbitos de participación ciudadana y desarrollo social y urbano.

Se establecen alianzas con distintos actores El programa promueve alianzas con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. El municipio participa en programas nacionales de servicios sociales (Promin, Prani).

Las políticas del municipio dirigidas a la protección de las niñas, los niños y adolescentes incluyen servicios y espacios específicos Las políticas se organizan en tres niveles: (a) programas, proyectos, campañas de difusión y de sensibilización; (b) políticas públicas destinadas a restituir los derechos vulnerados y la reparación de sus consecuencias y (c) medidas excepcionales en caso de privación temporal o permanente de los niñas, los niños y adolescentes de su medio familiar o debido a asuntos de interés superior. Se implementan tres programas estratégicos para responder a esos objetivos: los “Consejos de Niños”, los “Centros Crecer” y el “Tríptico de la Infancia”.

Los “Consejos de Niños” constituyen un innovador mecanismo participativo Funcionan 6 Consejos de Niños, uno por cada distrito descentralizado, como espacios de participación activa. Cada Consejo está integrado por 30 niños elegidos en todas las escuelas públicas y privadas del distrito. Los niños dejan de ser seres a quienes solo debe protegerse. Como ciudadanos, debaten los problemas de la ciudad y formulan propuestas de planeamiento.

El programa de “Centros Crecer” se dirige a los sectores más vulnerables El programa integra un conjunto de proyectos articulados entre sí, dirigidos a las familias de los sectores más vulnerables de la población. Incluyen servicios de nutrición, jardines maternales, atención pedagógica, recreación, autoproducción de alimentos, promoción familiar, capacitación laboral y organización comunitaria, entre otros. Se busca articular los servicios sociales, incluyendo los programas nacionales, apuntando a una mayor eficacia.

El “Tríptico de la Infancia” comprende programas innovadores de educación no formal 106

161. Véase “El estado del Estado. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia”. Capítulo 3: ‘Radiografía del Estado’. Capacidades Fiscales y Burocráticas (1985-2005).

Funcionan tres espacios que antes no existían, innovadores en la Argentina, inspirados en modelos de países desarrollados. Son espacios de visita, participación y juego que estimulan el desarrollo de los niños y sus familias, fuera del contexto de la escuela, en un ambiente que favorece la socialización, ofrece opciones para el tiempo libre de la familia con un sentido de formación y promueven el aprendizaje y la creación. La “Granja de la Infancia” es un lugar abierto, que facilita la observación, donde los niños y los adultos interactúan con la naturaleza. El “Jardín de los Niños” presenta la mecánica, las nuevas tecnologías y el arte al servicio de la imaginación y la creación. El tercer espacio, “La Isla de los Inventos”, pone a disposición elementos de la cultura humana, el lenguaje, la tecnología, el mundo social del trabajo con el fin de estimular la comprensión de la posibilidad de actuar e innovar.

Operan mecanismos institucionales e instrumentos de implementación Se establece una asignación presupuestaria específica. Una comisión intergubernamental busca la coordinación entre las distintas Secretarías. Se conforman equipos técnicos interdisciplinarios.

Se utilizan algunos indicadores de resultados El programa compila información sobre el número de beneficiarios según sus características y el progreso en el cumplimiento de las metas. El número de beneficiarios ha ido creciendo pero no se cuenta con cifras del universo a servir. Los documentos del programa explicitan que la falta de una línea de base al inicio del programa es un obstáculo para la evaluación de los resultados. El monitoreo considera indicadores de la constitución de los grupos, la formación y la coordinación y se detectan riesgos y obstáculos.

Sostenibilidad El programa es implementado por el gobierno municipal. Las inversiones realizadas permitirían prever su continuidad con un cambio de gobierno. Es importante destacar que el programa ha sido replicado en la Capital Federal y ha brindado asistencia a otras ciudades. En el futuro debería considerarse el área metropolitana y no solo la ciudad de Rosario. Algunos de los servicios del programa “Ciudad de los Niños” también son utilizados por las poblaciones aledañas a Rosario.

162. Ibidem. 163. PROANDES (Programa SubRegional Andino de Servicios Básicos contra la Pobreza): 1989-1997 PROANDES: 1998-2002 PROGUARANI: 1993-2002. AMAZONÍA (Programa Sub-Regional para la Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica en el marco del desarrollo sostenible y de la conservación del medio ambiente):

1994-2002. 164. El PRDOELI no hizo un estudio de línea de base específica para el Programa. Los datos presentados en el punto (Problemática), así como los datos de 2002 presentados como referencia en el punto 10 (Resultados) sirven de línea de base. Una línea de base para el próximo ciclo de cooperación 2008-2012 será realizado en 2007.

165. Integrado por Alcalde, Oficial Mayor de Administración, miembro del Consejo Municipal. 166. Integrado por Jefatura Médica, Dirección Distrital de Educación, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Unidad Interna de Infraestructura. 167. Integrado por el Comité de Vigilancia y Organización de Pueblos Indígenas. 168. A nivel comunitario, mecanismo

de coordinación con la participación de todos los actores del nivel comunal: dirigencia comunal, docentes, educadores de EAA, educadores de DII, promotores de derechos, agentes comunitarios de salud, comités de agua, juntas escolares y comités de salud. 169. A nivel departamental, en cada una de las 5 Prefecturas del área de intervención, el Programa trabaja con los servicios de desarrollo

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B O L I V I A Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI)

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO: Como señala el último Informe de Desarrollo Humano, Bolivia “vive hoy una batalla de imaginarios sobre lo que es, hace y debe hacer el Estado”. Tensiones que piden al Estado atender visiones y prácticas diversas sobre la propiedad estatal de recursos naturales, la interculturalidad democrática, las autonomías y las formas de administración de Estado. Se suma a lo anterior la “accidentada extensión territorial” de la autoridad legal y burocrática del Estado boliviano en la que se construyen poderes y prácticas con actores sociales y políticos en pugna por la autoridad, legitimidad y soberanía estatales161. Bolivia es un Estado unitario en el que a partir de 1994 se crean 324 municipios con Gobiernos Municipales Autónomos enmarcados en la Ley de Participación Popular que establece procesos de gestión municipal participativa, con la creación de una instancia de control social a nivel municipal (Comité de Vigilancia), elegida por las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), las cuales constituyen la personería jurídica de las comunidades que conforman el municipio. La Ley de Descentralización Administrativa (1995) desconcentra competencias y recursos, en particular de educación y de salud, del nivel nacional al nivel departamental (Prefecturas), y local (Gerencias de Red de Salud y Direcciones Distritales de Educación), mientras que la Ley del Diálogo Nacional (2001) asigna recursos adicionales a los Gobiernos Municipales, cuya inversión debe efectuarse de la siguiente manera: 20% para educación, 10% para salud y 70% para infraestructura social o productiva. El monto asignado depende del número de habitantes y del nivel de pobreza de cada municipio. Debe destacarse que el porcentaje de Alcaldes y Concejales Municipales indígenas ha ido creciendo hasta alcanzar el 100% de los alcaldes y la mayoría de los concejales, en algunas zonas (Información correspondiente a las últimas elecciones municipales-diciembre 2004). Como señala el Informe de Desarrollo Humano mencionado, más que la descentralización experimentada en cualquier otro país de América Latina y el Caribe, la de Bolivia hace hincapié en la organización de la sociedad civil y su participación en las decisiones de asignaciones y acciones de control a nivel local. Como resultado de la Ley de Participación Popular (1994), se ha registrado un significativo crecimiento de las organizaciones sociales. Los ciudadanos han demostrado un alto interés en la planificación y supervisión de las inversiones locales. Sin embargo, el proceso aún plantea muchos desafíos y un gran debate sobre la autonomía de decisión sobre los recursos financieros y la autonomía de ejecución de políticas públicas acordes a los intereses locales y regionales162 .

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salud, educación (inicial, primaria y de adultos), gestión social (coordinación de las Defensorías y programa de DII), agua y saneamiento, fortalecimiento municipal y comunitario, género y pueblos indígenas, los cuales conforman el equipo intersectorial departamental de coordinación de las acciones para la INA. El objetivo es que las Prefecturas asignen recursos para la INA tanto a nivel departamental como

a los municipios más desfavorecidos de su departamento. 170. A nivel nacional, el programa trabaja con el Viceministerio de Descentralización (VMD) con el cual desarrolla lineamientos e instrumentos de planificación, gestión y seguimiento de acciones para la niñez a nivel departamental, municipal y comunitario.

DESCRIPCIóN El Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI) surge de la fusión de dos programas de desarrollo local integrado sub-regionales, PROANDES y AMAZONÍA163, implementados durante el ciclo de cooperación de UNICEF 1998-2002, en el que se realizaron diagnósticos. El PRODELI priorizó municipios pequeños conformados por comunidades rurales dispersas, con indicadores de cumplimiento de derechos de la niñez y adolescencia por debajo del nivel nacional (salud, nutrición, educación, acceso a agua, nivel económico). Un elemento a destacar es que se ha reconocido que cada grupo de municipios forma parte de una unidad socio-culturo-ecológica, representativa de la diversidad del país: Valles interandinos, Altiplano andino, Amazonía y Chaco, lo cual ha posibilitado el desarrollo de modelos más particularizados164 .

Marco del Programa: La Programación Anual conjunta, Gobierno Municipal-UNICEF, se inserta con recursos de contrapartes en el Plan Operativo Anual (POA) municipal, el cual está definido por Ley, tal como sucede en el caso departamental. Ambas programaciones deben ser aprobadas por los Concejos Municipales y Departamentales.

Estructura Funcional y Operativa: El nivel principal de trabajo es el municipal. En cada municipio, un equipo intersectorial de coordinación de las acciones para la niñez y la adolescencia ha sido conformado por autoridades municipales165 , responsables de los servicios sociales locales y representantes de la sociedad civil166 . Todas las acciones conjuntas son co-financiadas por el Gobierno Municipal y UNICEF. El porcentaje de la contraparte varía de un Componente a otro, pero en promedio, el Gobierno Municipal aporta 30% de las programaciones anuales conjuntas. El PRODELI también trabaja a nivel comunitario168 , departamental169 y nacional170 , y se han conformado mecanismos de coordinación intersectorial dentro de estos niveles.

Objetivo: El PRODELI se propone contribuir al cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en 50 municipios de Bolivia, cuyos indicadores sociales para la niñez y la adolescencia están por debajo del promedio nacional.

Estrategia: Se basa en las fortalezas desarrolladas en el marco de los Programas PROANDES y AMAZONÍA. 1. Aprovechar las fortalezas desarrolladas en el marco de los Programas de desarrollo local previos para mejorar las condiciones de vida de titulares y sujetos de derechos. 2. Participación de las comunidades en la implementación y control de las acciones a través de las organizaciones comunitarias existentes. 3. Institucionalización de los enfoques de mujer, niñez y pueblos indígenas en las acciones. 4. Integralidad y enfoque multisectorial de las acciones para lograr mayor impacto. 5. Coordinación y alianzas interinstitucionales estratégicas para aprovechar sinergias. 109

6. Implementación de políticas públicas de descentralización del área social a nivel local. 7. Articulación entre políticas nacionales, departamentales, municipales y comunitarias. 8. Apoyo al desarrollo de políticas nacionales que apoyen la implementación a nivel local. 9. Sistematización de las experiencias exitosas en políticas públicas ejecutadas con recursos del Estado para ser replicadas en otras áreas El PRODELI apoya la implementación de Siete Componentes: Cinco Componentes dirigidos a sujetos de derechos (infancia, niñez y adolescencia) (i) Salud Comunitaria (ii) Agua, Saneamiento e Higiene (iii) Desarrollo Infantil Integral (iv) Educación Primaria (v) Promoción de los Derechos y Protección de la niñez y adolescencia. Dos Componentes dirigidos a titulares de obligaciones (padres/madres, autoridades y personal de los servicios locales): (i) Educación Alternativa de Adultos (padres/madres y comunidades); (ii) Fortalecimiento Departamental Municipal y Comunitario (autoridades municipales y comunidades).

Instrumentos desarrollados para implementar el Programa Programaciónmunicipalydepartamental: UNICEFconformavariosequiposmultisectoriales de siete personas, una por Componente, bajo la coordinación de un responsable de equipo. Antes de programar, todos los equipos participan en un taller de preparación de tres días durante el cual se socializan la metodología y los instrumentos. Para facilitar la programación anual de los municipios y departamentos, se confeccionaron Carpetas de Programación Anual Municipal y Departamental para el equipo de UNICEF y los equipos municipales y departamentales.

Municipio amigo de la niñez 2005: Durante la campaña electoral municipal, en cada municipio del área de intervención, el PRODELI apoyó la organización del “Encuentro por la Niñez y la Adolescencia”, en cual participaron 50 niños, niñas y adolescentes de 12 a17 años.

Instrumentos de trabajo para los equipos intersectoriales: Se elaboró una Guía de Trabajo para el equipo intersectorial en cada nivel de acción (municipal, comunitario, provincial y nacional).

Sistema de información/seguimiento del programa: En el que se establecen (I) indicadores del programa: indicadores de impacto, efecto, producto e implementación. (II) Base de datos por municipio y por componente. (III) Instrumento de seguimiento a la ejecución financiera y programática anual conjunta (cuantitativo). (IV) Instrumento de seguimiento a la implementación de las programaciones anuales conjuntas (cualitativo). (V) Instrumento de la línea de base comunitaria.

Instrumentos de planificación, capacitación y elaboración de materiales educativos del programa: El Objetivo de estos instrumentos es mejorar la 110

calidad y pertinencia de las capacitaciones y los materiales educativos desarrollados e implementados con el apoyo del Programa. Mediante lineamientos y matrices para la planificación de procesos de capacitación/formación y la elaboración de materiales educativos y de comunicación.

CONCLUSIONES

El Programa de Desarrollo Local Integrado (PRODELI) opera con un enfoque de desarrollo humano local junto con un enfoque de derechos en beneficio de las niñas, los niños y adolescentes de municipios rurales, en su gran mayoría, pequeñas comunidades indígenas dispersas El PRODELI fue concebido como un programa de desarrollo humano local con resultados para los niños, las niñas y los adolescentes y políticas transversales destinadas a asegurar sus derechos. Los planes incorporan la participación de las comunidades en la formulación de demandas, la implementación y el control social de las acciones, la institucionalización de las mismas, la promoción de los derechos de la niñez, la mujer y los pueblos indígenas, así como la implementación de las políticas públicas de descentralización, la articulación entre las políticas en los distintos niveles y la coordinación interinstitucional, todo basado en alianzas estratégicas.

El programa se desarrolla en un marco legal e institucional en proceso de cambio profundo A partir de 1994, se introdujeron las leyes de Participación Popular, Descentralización Administrativa y Diálogo Nacional, y reformas en la educación y la salud. El Código del Niño, Niña y Adolescente, adoptado en 1999, especificó las modalidades de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. El decreto sobre el impuesto directo a los hidrocarburos de 2005 incrementó los recursos asignados a los gobiernos municipales y prefecturas y se han puesto en marcha programas como “Municipios y Comunidades de Acción” a fin de promover la autogestión comunitaria y transferir recursos a las comunidades para proyectos sociales o productivos. El actual proceso de cambio institucional, que incluye el debate sobre la reforma a la Constitución Política del Estado, tendrá incidencia en el desarrollo del PRODELI.

El programa implementa una estrategia de alianzas con las comunidades indígenas, los municipios, las prefecturas y actores nacionales Se aprovechan las alianzas establecidas en etapas anteriores del programa, en las cuales se avanzó en la articulación de las acciones locales para la infancia con las políticas nacionales, se logró el co-financiamiento, la planificación y el seguimiento conjunto de las acciones con los municipios y prefecturas, el desarrollo de capacidades institucionales, el empoderamiento de los indígenas y mujeres del área rural y el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas.

La implementación del programa se realiza según componentes sectoriales y territoriales El programa comenzó trabajando en 50 municipios rurales, 29 en las tierras Altas (valles y altiplano andinos) y 21 en las tierras bajas (Amazonia y Chaco), considerando 7 componentes: salud comunitaria; agua, saneamiento e higiene; desarrollo infantil integral; educación primaria; promoción de los derechos y protección de la niñez; educación alternativa de adultos; y fortalecimiento Departamental, Municipal y Comunitario. El Viceministerio de Descentralización Ministerio de la Presidencia es la contraparte nacional. 171. Sistematización realizada con base en la edición 2006. 172. http://www.brasil.gov.br

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Los mecanismos de gestión se adaptan a las características de las áreas de intervención Se fortalecen las capacidades individuales y los mecanismos participativos de coordinación intersectorial a nivel comunitario y municipal. Se realiza una programación conjunta con el equipo intersectorial municipal con asignación de recursos presupuestarios y se elaboran planes a mayor plazo. Los frecuentes cambios de gobierno han afectado la tarea a nivel departamental. A nivel nacional, no ha sido posible integrar un comité interministerial de desarrollo local.

El programa opera con un sistema de gestión basado en resultados El sistema incluye resultados esperados e indicadores; una base de datos por cada municipio y comunidad; un instrumento de seguimiento a la ejecución financiera y programática de las programaciones anuales conjuntas e instrumentos de la línea de base comunitaria.

Resultados logrados El programa ha logrado resultados positivos en el área de la niñez (nutrición, cobertura de salud, educación primaria y acceso a servicios de protección) así como en agua y saneamiento, alfabetización y sensibilización sobre derechos. Se ha contribuido a la incorporación de la programación a la gestión local, el fortalecimiento de capacidades, sensibilizar a las autoridades, y favorecer el diálogo entre las autoridades y los servicios locales y con la sociedad civil, y empoderar las comunidades, en particular, mujeres e indígenas del área rural. Constituyen desafíos la formulación e implementación de planes de mediano plazo (planes quinquenales para la INA) y el apoyo y mejor articulación con las políticas nacionales, particularmente la conformación de un mecanismo interministerial.

Sostenibilidad El programa se realiza en municipios de bajos recursos, de manera que sin políticas distributivas, transferencias nacionales o cooperación es difícil lograr su sostenibilidad. El incremento de los recursos, proveniente del impuesto a los hidrocarburos, puede contribuir a la sostenibilidad. Se realizan gestiones para obtener un mayor apoyo financiero por parte de autoridades nacionales. El desarrollo de capacidades e instrumentos técnicos también coadyuvan a la sostenibilidad.

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BRASIL

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SELLO UNICEF-Municipio Aprobado

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO: Brasil es un Estado federal que en virtud de su dimensión geográfica está dividido en Estados Autónomos y en numerosos espacios locales (5561 municipios, que a su vez se subdividen en más de 8000 distritos). La Constitución de 1988 atribuye a los municipios y a los Estados, el rango de entidad federada autónoma. Esta autonomía es a la vez política, administrativa y fiscal. Los Prefectos son elegidos por separado. Si bien opera la descentralización fiscal, los diferentes niveles de gobierno tiene relaciones de dependencia, dado que la mayoría de las competencias son compartidas y porque las transferencias financieras resultan insuficientes, particularmente en el ámbito del municipios172 . La experiencia de “Sello-UNICEF. Municipio Aprobado” acompañó el proceso de descentralización de las políticas dirigidas a la infancia. A partir del proceso iniciado con la Reforma Constitucional de 1988, que define la autonomía y descentralización de los municipios para desarrollar políticas sociales, las políticas de salud, educación y asistencia social se convierten en responsabilidades de los municipios. Durante el año 1990 se promulga el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia (ECA), que induce una reorientación de las políticas de atención de la infancia, que incluye la definición de nuevas directrices y la ampliación de la noción de Derechos de las niñas, los niños y adolescentes de Brasil. Como parte de este proceso, se crea el Sistema de Garantía de Derechos responsable del cumplimiento del ECA y centro de las políticas de atención a la infancia. En este contexto, el Estado de Ceará (Estado donde surge el Sello-UNICEF) inició un fuerte proceso de reforma, dirigida por un Gobierno Estadual fuerte y una decidida intencionalidad y voluntad política por modernizar el aparato del Estado, lo cual favoreció la puesta en práctica de las nuevas directrices establecidas por el Sistema de Garantía de Derechos. DESCRIPCIÓN

Marco del Programa: El programa “Sello-UNICEF. Municipio Aprobado” es creado para ayudar en la institucionalización de la Ley 8069/1990 ECA173 en el área del Semiárido y fomentar el monitoreo y la evaluación de la situación de las niñas, los niños y adolescentes de la región. Además de impulsar la realización del Pacto Nacional “Un mundo para las niñas, los niños y adolescentes por los chicos del Semiárido”.

Estructura Funcional y Operativa: Mediante el Pacto Nacional “Un mundo para las niñas, los niños y adolescentes por los chicos del Semiárido” se ha creado una estructura organizacional conformada por el Comité Nacional y el Comité Estadual para apoyar las políticas municipales, organización de eventos de capacitación, etc. 174 . En cada municipio existe la fi gura del Articulador, que comúnmente es un Secretario/a Municipal (Salud, Educación, otro), y es quien mantiene la relación con UNICEF. Además, existe el Foro Comunitario, que cumple la función de coordinador del Eje de Evaluación de la Gestión Pública. En este participan actores locales y UNICEF, y es coordinado por el Consejo Municipal de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CMDCA). 173. Estatuto de la Niñez y la Adolescencia. 174. Véase Tabla de actores. Extraido de UNICEF-Brasil: “Selo-UNICEF. Municipios aprovados. Resultados de dois anos de implementaçao no Semiárido brasilero (2005-2006)”. 175. Se considera internacional por la participación certificación que otorga UNICEF.

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Objetivos: Impulsar, implementar y consolidar metas y mecanismos implícitos en el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia a través de una estrategia de movilización y participación social dirigida a los municipios. Fomentar y fortalecer una práctica de monitoreo de la situación de las niñas, los niños y adolescentes en los niveles municipales y estatales.

Estrategia: El Sello es una estrategia de movilización social de cerca de 1500 municipios de 11 Estados del Semiárido brasilero para el cumplimiento de metas relacionadas con los ODM. El Sello-UNICEF es un reconocimiento internacional175 que los municipios del nordeste de Brasil pueden obtener como resultado de sus esfuerzos en el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, los niños y adolescentes de su comunidad. Cada municipio inscripto en el Sello es estimulado a mejorar determinados indicadores y a vencer desafíos en un plazo de tiempo determinado. El programa comenzó en Ceará y tiene cuatro ediciones (2000-2002-2004-2006). Al final de cada edición, los municipios que consiguen calificaciones adecuadas en las evaluaciones, se convierten en municipios Certificados o Aprobados y obtienen el reconocimiento público de UNICEF, que los autoriza a utilizar el logotipo de “Sello UNICEF- Municipio Aprobado”. Además, reciben un trofeo y un diploma. El Sello tiene un sistema de evaluación basado en tres dimensiones de análisis: un instrumento que mide el Impacto Social, uno que mide la efectividad de la Gestión de las Políticas Públicas, y uno confeccionado para medir la Participación Social176.

Etapas: Cada edición del Sello se divide en etapas. Las etapas de la edición (2005-2006)

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fueron: 1.Adhesión e inscripción de los municipios al Sello. 2.Organización de los grupos por el IDH (Índice de Desarrollo Humano). 3.Construcción de las líneas de base por indicadores de impacto. 4.Realización de acciones de participación social, política y cultural, educación ambiental y comunicación. 5.Análisis de los indicadores de impacto por grupos/objetivos. 6.Capacitación de los articuladores (metodología del Sello, temas de participación social). 7.Capacitación de los Consejeros de Derechos y articuladores para la realización de Foro Comunitario. 8.Realización del Foro Comunitario. 9.Otorgamiento del Sello-UNICEF - Municipio Aprobado. 114

Para la certificación de los municipios se ha establecido un sistema de evaluación a partir de tres instrumentos o dimensiones de análisis. Estos ejes fueron implementados gradualmente y han cambiado a lo largo de las ediciones. Son sencillos de usar, fáciles de comunicar a la comunidad, y al mismo tiempo cumplen con el objetivo de analizar la realidad social del municipio. Están conformados por: Un instrumento que mide el Impacto Social. Se evalúan 9 indicadores a partir de la comparación de los datos ofrecidos por el sistema oficial de información referente al período de dos años (año inicial y año final). Los objetivos e indicadores reflejan aspectos de las condiciones de vida de las niñas, los niños y adolescentes en las áreas de promoción de la vida saludable y acceso a una educación de calidad, entre otros. El instrumento de Gestión de Políticas Públicas. Es un proceso de autoevaluación para los municipios. Durante el 2006, la evaluación fue realizada por el Consejo Municipal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (CMDCA) de cada municipio, con el apoyo de UNICEF. En la evaluación de la Gestión de las Políticas Públicas son evaluados 15 objetivos /acciones. Cada objetivo es evaluado en dos fases, una cuantitativa y otra cualitativa, analizando la cobertura de los Servicios Públicos y la Evaluación de la Calidad de los Servicios. La evaluación de las acciones de participación social es orientada por UNICEF y realizada a través de los resultados de movilización de los municipios. Se promueve el cumplimiento de cuatro temas en los cuales las niñas, los niños y adolescentes de la comunidad deben estar efectivamente involucrados: Educación Ambiental,

Participación Política de Adolescentes, Comunicación y Cultura Popular. CONCLUSIONES

El programa “Sello-UNICEF Municipio Aprobado” opera con un enfoque de derechos con el objetivo de mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en municipios del Semiárido brasileño Mediante el otorgamiento del “Sello-UNICEF”, como reconocimiento internacional, el programa estimula a los municipios inscriptos a mejorar sus indicadores y vencer desafíos en cuanto a la calidad de los servicios de salud, nutrición, educación y protección. De este modo, se logra impulsar, implementar y consolidar las metas y mecanismos implícitos en el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia (ECA), a través de una movilización social dirigida a los municipios y el fomento del monitoreo de la situación de las niñas, los niños y adolescentes en los niveles municipales y estatales.

El programa se desarrolla en un marco político, legal e institucional favorable El marco legal está dado por el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia (ECA) que definió nuevas directrices y amplió la noción de Derechos de las niñas, los niños y adolescentes en Brasil. El Sistema de Garantía de Derechos, que reúne un conjunto de instituciones públicas 176. Véase Tabla de actores. 177. Extraído de UNICEF-Brasil: “Selo UNICEF. Municipios aprovados. Resultados de dois anos de implementaçao no semi-árido brasilero. (2005-2006)”.

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y no gubernamentales, es responsable del cumplimiento de la ECA en tres áreas: promoción, control social y defensa de los derechos. Los municipios cumplen un papel importante, cuentan con Consejos Tutelares de Protección y Consejos Municipales de los Derechos de la Infancia (CMDCA). Estos últimos están conformados por el gobierno y la sociedad civil en composición paritaria. El Fondo Municipal de los Derechos de la Infancia constituye una fuente específica de recursos financieros. En 2004 se firmó el Pacto Nacional “Un mundo para las niñas, los niños y adolescentes del Semiárido”, entre el Gobierno Federal y los gobernadores de los 9 estados del Nordeste del Brasil, a los que se sumaron distintas organizaciones, ministros y senadores. El Pacto implicó compromisos de apoyo técnico y financiero y una política de cultura para la difusión de la iniciativa. El Sello-UNICEF se convirtió en la principal herramienta de participación en el Pacto.Se promueven alianzas con distintos actores La estructura legal e institucional instituye el trabajo conjunto entre los organismos municipales y organizaciones no gubernamentales con órganos del Gobierno Federal y Estadual. El Pacto Nacional consolidó una fuerte estrategia con los gobiernos locales y estaduales, los consejos, comités, la red de educación del Semiárido brasileño y las empresas y organismos no gubernamentales.

Operan mecanismos precisos de gestión El “articulador municipal”, la persona de contacto con UNICEF, moviliza a los demás técnicos locales hacia el cumplimiento de las metas según una metodología específica. Los municipios son clasificados según los recursos que poseen y, en consonancia, se establecen los niveles de metas a alcanzar. El CDMCA realiza el seguimiento, coordina el Foro Comunitario y dirige la evaluación de la gestión de la política social.

La gestión se basa en resultados La metodología utiliza categorías de resultados con indicadores que permiten medir el Impacto Social (9 indicadores), la efectividad de la Gestión de las Políticas Públicas (15 objetivos/ acciones) y la Participación Social (4 temas). Constituye un instrumento exitoso para el monitoreo y la evaluación de políticas públicas que impactan en la niñez y adolescencia. Se seleccionan indicadores con criterios clave que definen las áreas de acción para medir los progresos alcanzados, identificar los obstáculos y corregir errores. Los municipios presentan los progresos de sus indicadores cada 2 años. Cumplidos ciertos requisitos, el municipio puede ser certificado, lo cual lo habilita a utilizar el logotipo durante la vigencia de la edición (2 años). En 2006, de 1500 municipios del Semiárido, 1176 se inscribieron en el Sello-UNICEF.

El programa ha obtenido efectos e impactos positivos Más de 140 municipios lograron mejoras superiores a los promedios nacionales. Asimismo, se redujo la mortalidad infantil y el número de niños subalimentados, y aumentaron la escolaridad y las consultas prenatales. Entre otros logros, se crearon consejos y foros, se capacitaron mediadores y articuladores, se realizaron numerosas emisiones radiales y se produjo un notable aumento en el registro electoral. 116

Sostenibilidad del programa El fortalecimiento de las capacidades de gestión de los municipios contribuye a la sostenibilidad. Es difícil comparar un posible Sello otorgado por el Gobierno de Brasil con el de UNICEF, dado su reconocido perfil en su condición de organismo internacional. En el futuro, sería importante integrar el programa a un plan estratégico regional a fin de considerar las articulaciones entre municipios, los encadenamientos de las inversiones a nivel territorial y los impactos de orden ambiental. La metodología de estimular la competencia entre municipios puede ser criticada, en la medida en que no favorece el diálogo y el intercambio de propuestas y experiencias en términos de solidaridad y colaboración desinteresada. Sin embargo, la experiencia demuestra que los participantes se sientan a debatir y generar propuestas en el Pacto Nacional.

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COLOMBIA Estrategia Municipios y Departamentos por la infancia y la adolescencia.“Hechos y Derechos”

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO: Colombia es un Estado unitario y descentralizado, en el que se garantiza la autonomía de las entidades territoriales178 para gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar de las rentas nacionales. El Título XI de la Constitución Política de 1991, establece los principales postulados del modelo de organización territorial del país y define el nivel de autonomía de los regímenes departamental, municipal y distrital. En el marco de la Carta Política, se ha promulgado un acervo normativo, a través del cual se regulan los diferentes componentes asociados al proceso descentralizador que se empezó a implementar en el país a mediados de la década de los 80. En el plano fiscal y financiero, se destaca la expedición de las Leyes 60 de 1993179 , 617 de 2000180 y 715 de 2001.181 En materia de planeación, la Ley 152 de 1994 estructura el Sistema Nacional de Participación y se define la potestad de departamentos y municipios para formular, ejecutar y evaluar planes de desarrollo, entendidos como instrumentos que permiten la identificación y materialización de objetivos y estrategias para alcanzar el desarrollo en un territorio específico. En Colombia, la planeación para el desarrollo privilegia los sectores sociales, con especial énfasis en la atención de las necesidades básicas de las comunidades en estado de pobreza o vulnerabilidad y la focalización del gasto hacia ciertos grupos poblacionales (niñez). Paralelamente, el último Informe de Desarrollo Humano observa que “Colombia es una sociedad intensamente fragmentada” por una geografía que propició históricamente su aislamiento y un Estado históricamente débil en términos fiscales, de capacidad reguladora y monopolio de la fuerza. Asimismo, la ciudadanía social y la incorporación de las mayorías populares se han visto fragmentadas por élites sin suficiente base social, ni conciencia de un proyecto de nación 182 . La seguridad humana es una condición para ejercer el desarrollo. En el caso colombiano, el Informe afirma que ello incide directamente en las opciones de las personas que padecen la situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales y afecta el contexto económico, social, político e internacional para el desarrollo humano. Si bien en los últimos años la tasa de desempleo ha disminuido, actualmente registra a nivel nacional un 11,1%183 de la población económicamente activa, los jóvenes y adolescentes campesinos así cómo muchas mujeres que logran conseguir trabajo reciben menos de la mitad del salario mínimo legal. La Estrategia Hechos y Derechos surge en este contexto, a partir de una alianza nacional entre la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Bienestar Familiar y UNICEF-Colombia, su impacto alcanzó la decisión política de los 32 gobernadores del país durante el cuatrienio 2004 – 2007. 118

178. Según el Artículo 285 de la Constitución Política de Colombia, se considera que los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas son entidades territoriales (ET). La Carta Política estableció la creación de cuatro distritos (Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta) dadas sus características y particularidades en el plano político, económico, productivo y turístico. A pesar de

que la norma constitucional elevó los territorios indígenas al rango de ET, aún éstos no han sido creados, pues su configuración y establecimiento depende de la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), la cual no ha sido expedida. 179. Esta norma regula lo concerniente a la participación de las ET en las rentas nacionales. 180. A través de la Ley 617, se inició

un proceso de ajuste fiscal de las ET con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera y fiscal del proceso de descentralización. En el marco del ajuste fiscal, se implementó un proceso de recategorización de los municipios, de acuerdo con su capacidad para generar recursos. 181. Por la cual se dictan normas en materia de recursos y competencias municipales en lo que respecta a

educación y salud. 182. Información extraída del Informe de Desarrollo Humano “El conflicto. Callejón sin salida” Colombia-2003. 183. Medición Marzo 2008 realizada por DANE. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) Boletín de Prensa. PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL Bogotá, D. C., 30 de Abril de 2008.

DESCRIPCIÓN

Marco del programa: Se ha incluido la Estrategia en el capítulo 3 del Plan Nacional de Desarrollo (2006 – 2010), esto significó un aval gubernamental para el proceso, en términos de su institucionalidad, legitimidad y sostenibilidad política, técnica y presupuestal.184

Estructura Funcional y Operativa: La Estrategia es una herramienta que surge para pro185

mover el mejoramiento de la gestión pública de los territorios, partiendo de la evaluación por resultados de impacto de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes. Es promovida principalmente por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañada por la Federación Nacional de Departamentos y apoyada por UNICEF. Se consolidó con la decisión política de los 32 Gobernadores del país, durante el cuatrienio 2004 – 2007, de reconocer su responsabilidad en la situación de la niñez colombiana y concentrar esfuerzos y recursos para impulsar una gestión pública orientada por resultados desde una perspectiva de derechos, poblacional y territorial186.Se ha creado la siguiente estructura para que la Estrategia funcione: Dirección General Nacional, Dirección Técnica Nacional, Mesa Técnica Ampliada, Mesa Departamental y Municipal.

Objetivos La estrategia Colombia tierra de niños y adolescentes. Hechos y Derechos tiene los siguientes objetivos 1) Impulsar la acción coordinada del Estado para las niñas, niños y adolescentes 2) Fortalecer las capacidades de los entes territoriales. 3) Desarrollar el control y la evaluación de resultados de la gestión pública.187

Estrategia: Impulsar la acción coordinada del Estado fortaleciendo las capacidades de los entes territoriales y desarrollando el control y la evaluación de resultados de la gestión pública para el mejoramiento de las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes. Las estrategias principales han sido: (i) El liderazgo Ministerio Público - Procuraduría General de la Nación, (ii) la coordinación y concertación entre la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Federación Nacional de Departamentos y UNICEF, (iii) la decisión política de los 32 gobernadores y 1.075 alcaldes y, (iv) claridad técnica y administrativa para el desarrollo de la Experiencia . En este sentido, la Estrategia es de carácter intersectorial y transversal, pues parte del interés y voluntad política de agentes del Estado y UNICEF, lo cual facilita la continuidad de la gestión, la participación y el compromiso de las instituciones en el orden nacional y territorial. La construcción de su naturaleza y nuevo alcance forma parte del ejercicio de planeación 2007-2012 y promete vigorizar las prioridades arriba mencionadas y potenciar nuevas oportunidades para lograr una acción coordinada e incidencia política en los resultados de la gestión institucional, sectorial y territorial.

184. Colombia. Plan Estratégico. 185. PGN, ICBF y UNICEF: “Municipios y departamentos por la infancia y la Adolescencia. Orientaciones para la acción territorial”. 2006 186. PGN, UNICEF: “La infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los planes de desarrollo departamentales y municipales”. 2005. 187.La Estrategia además de ser liderada por la Procuraduría General

de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF y el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, los aliados estratégicos, por ahora, son los Ministerios y Entidades descentralizadas del orden nacional y territorial, a saber: el Departamento de Planeación Nacional, la Contraloría General de la

República, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo territorial; con la vinculación de actores clave como la academia y expertos en las temáticas. Se destaca que a partir del segundo semestre de 2006, la Estrategia cuenta

con el apoyo técnico del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo, CIMDER, de la Universidad del Valle.

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Etapas e instrumentos: La Estrategia se desarrolló en cuatro etapas definidas metodológicamente y no cronológicamente. Estas etapas permiten visualizar la elaboración, desarrollo y concreción de la misma. Etapa 1. Se analizó la inclusión de la infancia en los planes de desarrollo municipal y departamental. Se diseñó el instrumento de “Guía para el análisis de planes de desarrollo”, que se utilizó para analizar 32 planes de desarrollo departamentales y 964 planes de desarrollo municipales. Etapa 2. Se produjo el documento “Una mirada a la planeación local a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”. Esta guía fue usada por los mandatarios locales y sus equipos de trabajo en la planeación e implementación de las acciones necesarias para avanzar en las 8 prioridades definidas y garantizar una vida digna a la infancia y la adolescencia. Etapa 3. La Estructura Funcional de la Estrategia parte de la conformación de la Dirección General Nacional, Dirección Técnica Nacional, Mesa Técnica Ampliada, Mesa Departamental y Municipal. Con este paso se busca definir una herramienta que potencia sinergias en la definición, inversión, desarrollo y evaluación de las políticas de niñez y adolescencia mediante la definición de roles y competencias de las entidades fundadoras de la estrategia y la articulación de la Estrategia a los espacios definidos por el Gobierno, tales como los Consejos de Política Social. Etapa 4. Encuentro de gobernadoras y gobernadores. Se han desarrollado tres encuentros en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cesar. CONCLUSIONES La Estrategia “Municipios y Departamentos por la Infancia y la Adolescencia. Hechos y Derechos” se ha construido a partir de una Alianza Estratégica Nacional para promover el mejoramiento de la gestión pública de los territorios a favor de las condiciones de vida de los niños, las niñas y adolescentes. La Estrategia es promovida por la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acompañados por la Federación Nacional de Departamentos y apoyada por UNICEF. A partir de un diagnóstico de la situación de la niñez en cada departamento del país y un sistema de indicadores, se construyó la Estrategia con el objetivo de impulsar una gestión eficaz pública desde una perspectiva de derechos mediante el fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales y el seguimiento y evaluación de los resultados para mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes.

La estrategia opera en un marco político, legal e institucional bien definido Se construyó un proceso de decisión política en el cual participaron las más altas autoridades nacionales, los 32 gobernadores y 1075 alcaldes. La Constitución Política Nacional de 1991, específicamente en su Artículo 44, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 12 de 1999 120

188. En una segunda fase se propone realizar una medición de los efectos e impacto de la Estrategia.. 189. Se analizan solamente los componentes de niñez y adolescencia que coordina mayoritariamente UNICEF.

y la Ley 1098 de 2006 que establece el Código de la Infancia y Adolescencia son la base legal de la estrategia y los compromisos asumidos por el Estado colombiano en relación con las niñas, niños y adolescentes.

Estrategia de alianza La Estrategia es el resultado de una alianza de las autoridades políticas del país, a instancias de la Procuraduría General de la Nación que, entre sus funciones, se encarga de proteger los derechos humanos.

Alcance de la estrategia La estrategia se formuló a partir de un diagnóstico que evidenció las desigualdades entre los departamentos colombianos. La estrategia integra las acciones de seguimiento de los resultados de la gestión nacional, departamental y municipal de las políticas públicas. Se priorizan ocho temas: salud materna, salud infantil, salud sexual y reproductiva, nutrición, agua potable y saneamiento básico, educación, registro civil y protección.

Mecanismos de gestión La estructura funcional especifica las responsabilidades de una Dirección General, que convoca y promueve alianzas, una Dirección Técnica Nacional, una Mesa Ampliada Nacional integrada por los responsables técnicos de los ministerios y entidades nacionales, mesas departamentales, municipales y una Secretaría Técnica. Los Consejos de Política Social funcionan como instancias de articulación, concertación y construcción de la política social. Los Consejos departamentales y municipales se responsabilizan de la articulación entre las entidades nacionales y las territoriales y deben tener participación de la sociedad civil. Además, se realizan encuentros entre gobernadores como espacios de diálogo y compromiso con actores clave. La Estrategia se financia totalmente con recursos públicos destinados a los departamentos y municipios.

La gestión se basa en resultados La Estrategia parte de un diagnóstico y un conjunto de indicadores que constituyen la línea de base. Se cuenta con un sistema de datos estadísticos provenientes de fuentes oficiales.

Los resultados presentan consensos logrados y efectos organizativos, de sensibilización y de creación de capacidades técnicas No se cuenta con información que permita extraer conclusiones sobre la implementación de las políticas, como tampoco sobre los efectos e impacto de las mismas en cuanto a las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes.188

La sostenibilidad se asegura en términos financieros e institucionales La inclusión de la Estrategia en el capítulo 3 del Plan Nacional de Desarrollo (2006–2010) significa un aval gubernamental para la continuidad de las instituciones, su legitimidad y sostenibilidad política, técnica y presupuestaria. 190. Copenhague, marzo de 1995.

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Desafíos de la Estrategia. La Estrategia no explicita las condiciones del contexto colombiano y el impacto de la larga situación de violencia interna generada por el conflicto con los grupos armados ilegales que incide en las condiciones políticas, económicas y sociales del desarrollo humano de modo diferenciado en los territorios y en las opciones de las personas. Los flujos de poblaciones desplazadas, las migraciones internas e internacionales afectan los resultados en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como del conjunto de la población.

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C U B A Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) 189

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO: La estructura política de Cuba está compuesta por tres niveles: Nacional, Provincial y Municipal. Los órganos de gobierno están constituidos por la Asamblea Nacional, Provincial o Municipal; los Consejos, que operan en los mismos niveles, y las Comisiones de Trabajo. Las Asambleas Provinciales y Municipales tienen autoridad administrativa, política y financiera para el ejercicio de funciones estatales en sus correspondientes demarcaciones. En el nivel municipal existen además los Consejos Populares, que constituyen el paso más importante en el proceso de descentralización del aparato estatal. No son instancias ni órganos administrativos del gobierno, pero constituyen el eslabón más cercano a la población. Son elegidos y ejercen una labor de control y fiscalización sobre las entidades administrativas. A nivel municipal, se estructura la Asamblea Municipal, el Consejo de Administración Municipal, las Comisiones de Trabajo y los Consejos Populares. El PDHL de Cuba surgió a partir de los compromisos asumidos en la Cumbre sobre Desarrollo Social190. El Programa se inserta en el contexto del proceso de descentralización del Estado que se desarrolla desde 1976, con la nueva Constitución de la República, que dispone la creación y funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular. En el marco de la descentralización, en cada provincia y municipio fueron constituidas las Asambleas Provinciales y Municipales con autoridad para el ejercicio de funciones estatales. Como resultado de ello, se ampliaron las competencias de los órganos locales del Poder Popular para el manejo de recursos y la adopción de decisiones en el escenario municipal. En el conjunto de estrategias implementadas para impulsar el desarrollo del país, estas reformas posibilitaron la inclusión de los territorios en los que se presentan fuertes procesos de diversificación de actores y de las sociedades locales.

Marco del programa: El PDHL cuenta con un marco de políticas que tiene correspondencia con la metodología de amplia participación gubernamental y social en el nivel local y nacional.

Estructura funcional y operativa: La estructura operativa del PDHL está integrada por funcionarios de Gobierno, de agencias del Sistema de Naciones Unidas y Agencias de cooperación bilateral. En el nivel local, operan Comités Provinciales que cuentan con ocho funcionarios con dedicación de tiempo completo y en cada provincia trabaja un Oficial de Área de Naciones Unidas. A nivel Provincial cuenta con comités de trabajo encargados de formular proyectos. El nivel Nacional de Coordinación está integrado por delegados del más alto nivel (Viceministros) de varios Ministerios y Representantes de las Agencias de Naciones Unidas. Existe un comité de Género que también integra la Estructura Operativa del Programa.

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Objetivos: Mejorar las actividades de programación, información, formación y supervisión dirigidas a la promoción del desarrollo humano en el ámbito descentralizado y a la utilización racional de los diferentes aportes de la cooperación internacional en este sector. Estabilizar la colaboración con otras iniciativas de las Naciones Unidas en el marco de los Planes de Acción de las diferentes Cumbres.

Estrategia: EL PDHL es la respuesta organizativa del país a la propuesta del PNUD de 1995, y propició la activa participación de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en particular UNIFEM, UNICEF, OMS y PMA, en proyectos relacionados con la problemática del desarrollo local. El PDHL se propone como un marco de referencia programático y de gestión dirigido a apoyar los siguientes procesos: la descentralización técnico administrativa, la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios, la incorporación del enfoque de género transversal al desarrollo y el fortalecimiento de la economía local. Los campos de acción prioritarios del programa son la salud, la educación, el medio ambiente y la planificación territorial para conseguir, como propósito final, el desarrollo local integrado. El programa permite vincular las acciones y proyectos locales a las estrategias y políticas nacionales. De esta manera, las entidades nacionales responsables conocen y dan seguimiento a las iniciativas locales innovadoras de tal manera que si existen resultados positivos, los sistematizan e incorporan en sus estrategias y políticas.

Etapas: El PDHL se desarrolla en ciclos de 18 meses. Los seis primeros se dedican a la planeación participativa (diagnósticos, planes de trabajo, proyectos), y los doce siguientes a la ejecución y el seguimiento.

Instrumentos desarrollados por el programa: Grupos de Trabajo Provinciales y Municipales: El Grupo de Trabajo Provincial (GTP) está integrado por representantes de los Ministerios de Planificación Física, Salud Pública, Agricultura, Educación, Trabajo y Seguridad, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, y la Federación de Mujeres Cubanas. Los Grupos de trabajo utilizan la metodología de gestión del desarrollo local para identificar las principales potencialidades y problemáticas del territorio. Talleres de programación participativa: En cada municipio el GTP facilita la realización de un taller de planificación participativa con los representantes y los lideres de las comunidades o Consejos Populares priorizados. En cada taller se utilizan técnicas de participación comunitaria, como el Mapa de Riesgos y Recursos. Talleres de planificación municipal y de síntesis provincial. Programación local participativa “Líneas Directrices”: Las líneas directrices del desarrollo humano sostenible constituyen un valioso documento de análisis y de síntesis de las problemáticas y potencialidades del territorio. 124

Diplomado sobre Desarrollo Humano Local, Género y Derechos de la Infancia. Instrumentos de implementación o ejecución: Incluye los principales proyectos que pertenecen a los 3 programas del Plan Maestro de Operaciones de UNICEF (actualmente Plan de Acción de País). Proyecto de Saneamiento “Agua para Maisí”, proyecto hogares maternos (Proyectos de salud materna o maternidad segura), proyecto Venga la Esperanza (Proyecto de apoyo a la calidad de vida de adolescentes y jóvenes). CONCLUSIONES CUBA

El Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) aplica un enfoque de desarrollo humano y opera a nivel nacional y en 44 municipios de 8 provincias, incluyendo el municipio de La Habana Vieja en la capital del país El PDHL provee un marco de referencia programático y de gestión dirigido a apoyar los procesos de descentralización técnico administrativa y de los servicios sociales, la incorporación del enfoque de género transversal al desarrollo y el fortalecimiento de la economía local. Los campos de acción prioritarios son la salud, la educación, el medio ambiente y la planificación territorial en pro del desarrollo local integrado. La metodología del programa permite vincular las acciones y proyectos locales a las estrategias y políticas nacionales.

El PDHL cuenta con un marco político, legal e institucional favorable El Programa se inserta en el contexto del proceso de descentralización del Estado que se desarrolla desde 1976, con la nueva Constitución de la República, la nueva División Política Administrativa y la instauración del Poder Popular. Este proceso permitió la ampliación de las competencias de los órganos locales del Poder Popular en el manejo de recursos y una mayor participación de la población. Por otro lado, el Programa aprovecha y se vincula con un conjunto de programas de desarrollo social institucionalizados a nivel nacional.

Se establecen alianzas El PDHL es un esfuerzo interagencial del Sistema de las Naciones Unidas. Participan el PNUD, que lo coordina, UNICEF, PMA, OMS y UNIFEM y la OPS/OMS. La iniciativa involucra a diversos ministerios del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Asimismo, participan otros donantes y aliados como organismos de la cooperación descentralizada, universidades y ONG.

Se formula y aplica un plan estratégico para el desarrollo humano local A partir de un diagnóstico territorial, se elaboran mapas sectoriales para el análisis de problemas y potencialidades y de las líneas de base a nivel provincial siguiendo un proceso de programación local de acuerdo con una metodología establecida. Se seleccionan los municipios estratégicos para el desarrollo de la provincia y se identifican y formulan proyectos en cinco campos del desarrollo humano: salud, educación, desarrollo económico, medio ambiente y la planificación territorial. 125

Se opera mediante una clara metodología de gestión El PDHL cuenta con una estructura operativa con amplia participación gubernamental y social en los niveles local y nacional. Funcionan instancias multisectoriales e interinstitucionales de gestión (grupos de trabajo) a nivel provincial y municipal y se realizan talleres de planificación participativa con representantes y líderes de la comunidad, organizaciones políticas de masas, de organizaciones y empresas productivas, entre otros. Un Comité Nacional integrado por los viceministros de distintos ministerios coordina el Programa e impulsa la articulación de las iniciativas locales con las nacionales.

Se utiliza una metodología de gestión por resultados A partir de una línea de base de datos, el Programa plantea resultados y analiza indicadores de progreso y desempeño. Se utiliza un Sistema de Información Geográfica (GIS) integrado y único para el Programa.

El Programa ha logrado resultados alentadores Los informes sectoriales muestran mejoras en indicadores de hogares maternos y en la situación de menores de 1 año, proyectos de agua potable con enfoque integral, calidad de la educación primaria y formación integral de adolescentes, entre otros. Son importantes las contribuciones cualitativas, la creación de un mecanismo para transferir recursos de cofinanciación a los programas y proyectos locales, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las autoridades locales, la apropiación de un enfoque de derechos de las niñas, los niños y adolescentes y el empleo sistemático de indicadores de género y sostenibilidad ambiental. Los actores locales (provinciales y municipales) pueden cursar un diplomado en desarrollo humano local, género, infancia, población y salud, que también incluye formación en elaboración de proyectos. Sostenibilidad Existe apropiación nacional del Programa. Las prácticas, conocimientos o tecnologías son sistematizados y transferidos a los actores y beneficiarios a través de procesos participativos. El Programa ha logrado movilizar importantes recursos adicionales de la cooperación internacional. Es difícil predecir el futuro del programa si no continuaran estos aportes.

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E L S A L V A D O R Políticas Públicas Municipales a favor de la Infancia

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO El Salvador está dividido administrativamente en 14 departamentos agrupados en cinco regiones: R. Occidental, R. Central, R. Paracentral, R Metropolitana y R. Oriental. A pesar de ser un país de escasa extensión territorial, se registra un total de 262 municipios. En El Salvador no hay un proceso de descentralización, sino de desconcentración; pero la sociedad civil, ONG, Agencias de Cooperación Internacional191 y algunos diputados impulsan la descentralización. El Gobierno Central, a través de la Secretaria Técnica de la Presidencia, publicó en julio de 2007 la “Política Nacional de Descentralización”, en la cual evidencia su voluntad política para encarar un proceso de descentralización. Los municipios cuentan con muy escasos recursos para ejecutar acciones y dependen directamente del Gobierno Central para garantizar derechos fundamentales como salud educación, vivienda, etc. Los gobiernos municipales están regidos por el Código Municipal, el cual establece en el Artículo 4 las competencias y atribuciones en funciones de salud, participación ciudadana, educación, cultura, planificación y otros ámbitos, sin hacer referencia específica a las niñas, los niños y adolescentes. Aunque no hay obligatoriedad de contar con una política municipal para la niñez y adolescencia, en los municipios participantes de la experiencia, gobernados por diferentes partidos políticos, se han desarrollado actividades de participación ciudadana y se ha manifestado interés por trabajar por los derechos de la niñez y la adolescencia. La experiencia es el resultado de un proceso que acumula diversos esfuerzos por parte de FUNDE y UNICEF, y ha contado con diferentes fuentes de cooperación. No obstante de los limitados recursos para ejecutar acciones, algunos gobiernos municipales, como los de Concepción Batres, Tecoluca, Soyapango y Acajutla, se han comprometido con la defensa de los derechos de la niñez. En estos municipios se desarrolla la experiencia objeto de este informe.

Marco del programa: La Política Municipal para la Infancia debe ser aprobada por el Concejo Municipal y el Gobierno Municipal, como requisito previo a su implementación. Hasta el año 2007, se han formulado tres políticas municipales y los municipios han aprobado e implementado dos.

Estructura funcional y operativa: Cuando se aprueba la implementación de las políticas, se conforma un espacio de coordinación y concertación para la ejecución de acciones que recibe un nombre diferente en cada municipio: Mesa Interinstitucional, Coordinadora Interinstitucional o Comité de Niñez.

Objetivos: Promover la construcción, aprobación, divulgación e implementación de las políticas municipales a favor de la niñez y la adolescencia. 191.Concentrados en RECODEL (Red de Cooperantes para el Desarrollo Local), en la que participan la AECI, GTZ, PNUD, Fundación DEMUCAAECI, USAID, UNICEF y otras entidades que apoyan técnica y financieramente a CONADEL (Comisión Nacional del Desarrollo Local).

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Estrategia: La construcción de políticas municipales para la Protección de la Niñez y la Adolescencia se implementa en municipios que habían desarrollado un trabajo previo de promoción y participación de niños, niñas y adolescentes en calidad de actores locales, y con gobiernos municipales y actores vinculados a la protección de los derechos de la niñez. Los municipios en que se han iniciado estos procesos de construcción de políticas tienen como objetivo final y a largo plazo la construcción de los Sistemas Locales de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que son un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios públicos y privados que cumplen con las tareas de definir, aprobar, ejecutar, exigir el cumplimiento, controlar y evaluar políticas públicas, planes, programas y acciones para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia a nivel local.

Etapas: Construcción de la Política: Establecer responsabilidades entre los actores. Preparar condiciones para el desarrollo del proceso. Diagnóstico situacional participativo con niños, niñas y adolescentes. Documentos de las políticas validados por actores locales. Aprobación de la Política: Lograr que la política adquiera un estatus de normativa municipal mediante la aprobación de un Acuerdo del Concejo Municipal, única instancia con competencia para hacerlo. Asignación presupuestaria para la ejecución de la política de parte del Concejo Municipal. Divulgación de la Política: Conocimiento y apropiación del contenido de la política. Implementación de la Política: Los actores asumen responsabilidades en la ejecución de la política, de acuerdo a sus competencias.

Instrumentos elaborados: Construcción de la Política: Se realizan consultas diagnósticas, capacitación y asesorías. Intercambio de experiencias municipales. Aprobación de la Política: Se establece un Acuerdo Municipal. como instrumento legal aprobado por los Consejos Municipales. Divulgación de la Política: Se realizan reuniones para presentar las políticas aprobadas y se establece un plan de comunicación. Implementación de la Política: Se toma en cuenta el documento de política aprobado y se elaboran matrices para priorizar las actividades del Plan Operativo del organismo interinstitucional. Talleres de capacitación y asesorías dirigidos a niños, niñas y adolescentes (Liderazgo Juvenil). Se establece un plan de seguimiento y acompaña miento a los jóvenes que participan en el curso de fortalecimiento del liderazgo juvenil con el fin de apoyar las acciones desarrolladas por estos jóvenes en sus municipios para construir, divulgar e implementar la política.

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CONCLUSIONES

“Políticas Públicas Municipales a Favor de la Infancia y Adolescencia” es una iniciativa que se desarrolla en municipios del país a fin de promover procesos de concertación y planificación de políticas municipales a favor de la niñez y la adolescencia El Programa promueve y apoya sistemas locales en cuatro municipios de El Salvador, conformados por un conjunto articulado de organismos y entidades de servicios públicos y privados para formular y aplicar políticas con amplia participación de los actores locales con el fin de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en el marco del desarrollo local.

El marco legal e institucional del país no favorece la descentralización y el desarrollo local En El Salvador no se dan procesos de descentralización sino de desconcentración. Los municipios cuentan con escasa autonomía y limitados recursos financieros y dependen del Gobierno Central en áreas relativas a derechos como la salud, la educación y la vivienda. No se ha aprobado aún la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA). Una política para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes no es obligatoria para los municipios.

El Programa busca forjar alianzas Después de trabajar separadamente en una etapa previa, en 2005 UNICEF y FUNDE comenzaron a colaborar ente sí y en alianza con los gobiernos municipales y entidades locales como las Asociaciones de Desarrollo Comunitario y los Comités de Proyectos. ACDI, AECI, Ayuda en Acción y Save the Children, Suecia, han aportado recursos financieros.

La iniciativa se desarrolla como un proceso participativo El proceso involucra compromisos del Gobierno y el Concejo Municipal; consultas a nivel cantonal, un diagnóstico participativo que incluye talleres con representantes gubernamentales y líderes comunitarios, la formulación de la política; la aprobación por parte del Concejo Municipal, su divulgación e implementación. Paralelamente se realizan tareas de desarrollo de capacidades de los actores del proceso para que puedan jugar un papel en la construcción, validación e implementación de las políticas y, en última instancia, asumir la dirección del proceso.

Los mecanismos de gestión implican al Gobierno mMunicipal y a otros actores Se crea una Mesa o Red Interinstitucional en la que participan niños, niñas y adolescentes, líderes comunitarios e instituciones gubernamentales y no gubernamentales para articular intereses, acciones y recursos. Se elabora un Plan Operativo con sus prioridades. 129 192. Consejo Nacional de Reforma y Modernización del Estado.

No ha podido implementarse un sistema de gestión basado en resultados Aunque se cuenta con línea de base e información georeferenciada en los municipios de intervención, aún no se utiliza un sistema de gestión basado en resultados. El programa provee información sobre insumos, productos y efectos de las acciones.

La iniciativa muestra avances hacia los resultados Se han formulado tres y aprobado dos Políticas Municipales para la Niñez y la Adolescencia con la participación de actores locales y externos que antes trabajaban aisladamente. Se han difundido los derechos de la niñez y se ha reconocido a las niñas, los niños y adolescentes como actores locales con capacidad para identificar sus problemas y formular propuestas. Se han logrado asignaciones específicas del presupuesto municipal para la niñez y la adolescencia.

Sostenibilidad de la experiencia La apropiación local de la iniciativa y el hecho de que las acciones se realizan con trabajo voluntario o forman parte de las competencias de las instituciones involucradas son factores que contribuyen a la sostenibilidad. La falta de personal y recursos puede debilitar la iniciativa.

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R E P Ú B L I C A D O M I N I C A N A Municipios Amigos de la Niñez

CONDICIONES PARA EL SURGIMIENTO En República Dominicana el Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE) tiene como función coordinar la reforma y modernización del Estado y dar seguimiento a las políticas de descentralización y reforma de la administración pública. Fue creado bajo el estímulo del PNUD y ha manejado recursos del BID y la Unión Europea. El CONARE tiene un rol de acompañamiento al proceso de reformas municipales. En la legislación vigente, los ayuntamientos no tienen ninguna atribución en el área de la salud y educación, pero en el ejercicio práctico desempeño algunos ayuntamientos intervienen en programas de salud preventiva y en la educación técnico laboral. Desde los años 90 se han desarrollado acciones referidas a esta temática como “Alcaldes Defensores de la Niñez”. Pero es la alianza UNICEF- República Dominicana, en coordinación con la Liga Municipal Dominicana (LMD), la que dio paso en 1992 a la iniciativa “Síndicos Defensores de la Niñez” en 25 municipios del país. UNICEF-República Dominicana mantiene relaciones con los síndicos del país. El “Primer Encuentro Regional de Síndicos Defensores de la Niñez”, celebrado en Salcedo, tuvo como objetivo colocar en la agenda de los gobiernos locales el cumplimiento de los derechos de la infancia. En 1997, UNICEF-República Dominicana y La Liga Municipal Dominicana (LMD) deciden revisar, de forma coordinada, el modelo de intervención municipal. Dado que la sindicatura es una posición temporal, se cambia el enfoque de “Síndicos Defensores de la Niñez” por “Municipios Amigos de la Niñez” (MAN) y, de ese modo, se institucionaliza elcompromiso con la niñez en el nivel municipal. Entre 1994 y 1997 se pone en marcha el proceso de descentralización y modernización del Estado, aunque ya existía un movimiento municipalista local cuyo desarrollo facilitó la comprensión y el compromiso con la iniciativa.

Marco del Programa: La iniciativa Municipios Amigos de la Niñez (MAN) tiene como ámbito

legal el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de niñas, los niños y adolescentes y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y sus municipios. Este sistema está compuesto por un conjunto de instituciones que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones a nivel nacional, regional o municipal para la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Específicamente, está integrado por un subsistema administrativo y judicial. En 2007, muchas de estas estructuras estaban en proceso de conformación o no se habían formado todavía.

Estructura funcional y operativa: En el segundo semestre del 2007 se propuso modificar

la estructura del MAN con el fin de incrementar el compromiso de las autoridades e instituciones gubernamentales y orientar el rol de UNICEF hacia el acompañamiento y la asesoría. Se planteó establecer la relación con los municipios a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el CONARE192, la Secretaria de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYDP) y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). 131

Objetivos: Mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes así como la de sus comunidades, garantizando los derechos de la niñez a través de Programas Municipales de Desarrollo Social. Fortalecer los municipios para lograr las metas de la Cumbre Mundial de la Infancia dentro de un marco de respeto a los Derechos Humanos.

Estrategia: La experiencia inició en 1997 y actualmente está en proceso de transformación en 118 municipios. A partir del 2007 se ha propuesto una nueva estrategia orientada a exigir que el ayuntamiento demuestre su compromiso con los derechos de la niñez antes de ser acreditado como MAN. La estrategia incluye, además, incrementar el compromiso de las autoridades e instituciones gubernamentales de manera que el rol de UNICEF se concentre en acompañar y asesorar. El programa busca: a) Establecer los mecanismos locales establecidos en la Ley 136-0: Directorio Municipal, Oficina Municipal y Juntas Locales de Protección. b) Formular una Agenda Municipal para la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, insertada en el plan estratégico de desarrollo municipal. c) Democratizar la gestión municipal con la creación de mecanismos efectivos de participación de la comunidad y en particular de niños, niñas y adolescentes. d) Institucionalizar en el organigrama del Ayuntamiento Municipal un Departamento para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. e) Demostrar una inversión social mínima para la niñez de un 5% del total del presupuesto del ayuntamiento. Primera etapa (1997-1998): Los objetivos fueron fortalecer la descentralización y el mejoramiento de la gestión municipal. Contribuir a lograr la aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez en el municipio y aumentar la participación de la familia y la comunidad en la planificación e implementación de las acciones para la infancia. Segunda etapa (1999-2000): Se dio prioridad al fortalecimiento y ampliación del sistema de capacitación instalado y a involucrar en mayor medida a la niñez en el proceso de desarrollo municipal. Tercera etapa (2001-2004): Iguales objetivos que en la segunda etapa. Cuarta etapa (2005-2006): Se buscó el fortalecimiento de las alianzas interinstitucionales y del derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes. Quinta etapa (2007): Se decidió que no habrá cooperación directa con los municipios. Se prevé que en adelante la cooperación sea brindada a través del CONANI y el CONARE.

Instrumentos realizados: 1.Agendas Municipales de Desarrollo 2.Asistencia técnica para la planificación participativa municipal 3.Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (AJIs) 132

4.Capacitación en derechos humanos, de la mujer y de la niñez

CONCLUSIONES

“Municipios Amigos de la Niñez” (MAN) es una iniciativa que promueve los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de Programas Municipales de Desarrollo Social El Programa se desarrolla en 118 municipios con el apoyo de UNICEF y promueve el desarrollo económico y social equitativo de la comunidad en el marco de los derechos humanos, articulando el Sistema de Protección de los niños, las niñas y los adolescentes por medio de la aplicación de la Ley 136-03 de 2003. El MAN asumió el compromiso de crear los Departamentos de la Niñez a nivel del municipio y conformar los grupos de apoyo con el fin de aumentar la inversión en el desarrollo de la niñez.

El marco legal e institucional favorece la experiencia En su etapa anterior, la iniciativa contribuyó a crear el entorno favorable para la aprobación de la Ley que estableció en 2003 el Sistema de Protección de los Derechos de las niñas, los niños y adolescentes. La Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en sus artículos 5 y 6 plantea procedimientos mediante los cuales asegura a los Ayuntamientos “la transferencia progresiva de las competencias propias, concurrentes o delegadas, en función de las características de la actividad pública que se trate, las capacidades de gestión en cada municipio y la garantía del derecho a la suficiencia financiera para el adecuado ejercicio”. Específicamente en el artículo 21, la Ley plantea que los Ayuntamientos deben asignar el 4% de su presupuesto a Programas educativos, de género y salud.

Estrategia de alianzas Los aliados de la iniciativa son el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), el Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado (CONARE), la Liga Municipal Dominicana, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), el Despacho de la Primera Dama, la Procuraduría General de la República y otras instituciones públicas, así como universidades y organizaciones de la sociedad civil. UNICEF es el actor principal de la experiencia.

Estrategia de la iniciativa Consiste en exigir resultados como requisitos mínimos para que un municipio pueda vincularse al programa y, una vez declarado MAN, se deben ampliar los resultados. Incluyen, entre otros, la creación de un Consejo Municipal de Protección de la Niñez, el compromiso de asignar un 5% del total de los recursos anuales que perciban los ayuntamientos a la inversión del municipio en programas de desarrollo social y la aprobación de un Plan Estratégico para el Desarrollo de la Niñez (Siglo XXI). Una vez declarado MAN, el municipio debe establecer los mecanismos

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locales exigidos por la Ley 136-03, formular una Agenda Municipal de Desarrollo con la participación de la comunidad, en particular, niños, niñas y adolescentes e institucionalizar un departamento específico. En el pasado, el municipio recibía cooperación directa para cumplir los resultados. Se prevé que en adelante la cooperación sea brindada a través del CONANI y el CONARE.

Mecanismos de gestión Son los propios del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de las niñas, los niños y adolescentes, cuya dirección ejerce el CONANI. El Sistema está integrado por el conjunto de organismos públicos y de la sociedad civil que son los actores y aliados del programa. Las estrategias e instrumentos utilizados incluyen: la Agenda Municipal de Desarrollo, asistencia técnica para la planificación participativa municipal, ayuntamientos juveniles e infantiles, y capacitación en derechos humanos de la mujer y las niñas, los niños y adolescentes.

Gestión basada en resultados La Iniciativa no estableció desde sus inicios un sistema de monitoreo y evaluación. En la nueva propuesta se presenta un mecanismo de monitoreo y evaluación a través del cual los municipios y la Oficinas Municipales de Estadísticas se encargarán de monitorear la situación de la niñez y el gasto público en niñez, y presentarán los resultados anualmente en un “Estado Municipal de la Infancia”.

Los resultados indican progresos Se contribuyó a un cambio de enfoque de la gestión social municipal, desde la tradicional gestión de servicios urbanos y sanitarios hacia una visión basada en derechos. Se declararon “Amigos de la Niñez” 118 municipios y Juntas de Distrito y se crearon estructuras de gobierno aptas para asegurar derechos. Se elaboraron 11 diagnósticos participativos y se realizó una amplia capacitación. La experiencia contribuyó a la difusión y reconocimiento de los derechos de la niñez y tuvo impacto en la orientación de las inversiones dirigidas a la niñez.

Sostenibilidad La asignación de por lo menos 5% del presupuesto contribuye a la sostenibilidad de la experiencia, lo mismo que el desarrollo de capacidades, aunque éste es inconstante debido a los cambios de gobierno. Es necesario que las autoridades centrales se hagan responsables de apoyar, liderar y dar seguimiento a la iniciativa.

134

Lineamientos Comparativos de Análisis Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Cuba

El Salvador República Dominicana

PRIMERA CONDICIÓN: VISIÓN ESTRATÉGICA Diagnósticos El programa partió de una No Línea de Base

El programa desarrolla Sí diagnósticos participativos

El programa analizó Sí las relaciones interinstitucionales. (Nivel Vertical y Horizontal)

Sí

Sí, visualizando la dificultad de trabajar en todos los niveles

Utilización de los diagSí nósticos en las Planeación Estratégica Local

Sí, en proceso

Relativamente, están en proceso de inclusión en los planes municipales y departamentales.

Sí, en proceso

Relativamente, sólo dos municipios lograron desarrollar políticas locales para los NNA

Relativamente, no hay información precisa de cuantas Agendas Municipales se lograron

Sí

No, aún

Sí, en la etapa Sí de Programación, no aún de implementación

Sí, aunque en solo 4 municipios

Planeación Estratégica Sí, aunque no Sí desarrolla toda su programación desde ese enfoque Sí, El programa opera con un Sí marco legal relativamente favorable Sí, en proceso El programa opera con Sí, impleuna gestión pública de mentación de territorios (plan estraté- 33 Centros gico local, de desarrollo Crecer en la urbano local, adaptación Ciudad a las áreas de intervención) El programa promueve una planificación basada Enfoque de Derechos Humanos

Gestión Basada En Resultados El programa opera con una gestión basada en resultados

Sí, en algunos Sí componentes

Sí

Se está Sí implementando

El programa promueve en los gobiernos locales una gestión basada en resultados

Sí

Sí, busca implementar indicadores para medir impacto

Sí

No aún

No aún, pero se encuentra en proceso

135

Argentina

Bolivia

Brasil

Identificación de Actores Sí

Sí

Desarrollo de Espacios de Concertación

Sí

Sí , el Pacto Nacional por los NNA del Semiárido

Sí

Sí , en proceso

Cuba

El Salvador República Dominicana

Sí

Sí aunque sólo con actores gubernamentales Sí

Sí

Sí, en proceso

Colombia

Construcción De Alianzas Con Múltiples Actores

Sí, sobretodo de niñas, niños y adolescentes

Construcción de alianzas No con actores estratégicos

SEGUNDA CONDICIÓN: CAPACIDAD Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL El programa se rige bajo un marco legal que define responsabilidades de los gobiernos locales para el cumplimiento de derechos de la niñez

Sí, aunque Sí, aunque con limitacio- en constante nes en el pla- cambio no intermedio (Provincia)

Sí, consolidándose los responsables

Sí

No aún, en debate

Sí, pero muy recientemente

El programa se rige bajo un marco financiero y de inversión social en la niñez

Sí, del gobierno local y nacional

Sí, aunque complejo y en constante cambio

Sí

Sí, reciente ampliación del % de inversión

El programa fortalece capacidades técnicas y humanas locales

N/S

Sí

Sí, en los dos municipios en que se diseñaron las políticas Sí

El programa desarrolla mecanismos para fortalecer las capacidades de las instituciones locales.

Sí

TERCERA CONDICIÓN: LEGITIMIDAD Y LIDERAZGO Análisis de la legitimidad y Sí capacidad de liderazgo de las instituciones.

Sí

CUARTA CONDICIÓN: PARTICIPACIÓN PÚBLICA

136

El programa analiza y estimula la participación de adultos

Sí

No aún

Sí

Promueve formas de participación e inclusión de la niñez y la adolescencia en la toma de decisiones locales.

Sí, desde los Consejos de los Niños

Sí, pero no en instancias permanentemente

Sí, se utiliza cómo eje de medición

No aún

Sí, en algunos proyectos

Sí

Sí, los Ayuntamientos Juveniles (AJId)

Promueve estrategias de comunicación para desarrollar una cultura de derechos a favor de la niñez de la comunidad.

Sí

No aún

Sí, en la nueva propuesta de iniciativa

Fuente: Elaboración propia en base a la sistematización de experiencias

Lineamientos Comparativos de Análisis Resultados destacados

Fortalecimiento de la Gestión Local

Participación Ciudadana

Argentina

•Funcionan 6 Consejos de Niños/as, 1 por distrito descentralizado, sumando un total de 215 niños/as •Aumento en el número de niños e instituciones participantes y la difusión del proyecto a través de los medios, las visitas institucionales y medios gráficos como afiches, etc. •Programa de Desarrollo Infantil Temprano con 33 Centros Crecer en los sectores más vulnerables de la ciudad (Programa Crecer). •Creación del Tríptico de la Infancia, para la reestructuración del espacio público desde la mirada de los niños, cuenta con; La isla de los Inventos, La Granja de la Infancia, El jardín de los Niños.

•Articulación y fortalecimiento de las redes interinstitucionales, bajo la coordinación ejecutiva de la Secretaría de Promoción Social. •Se estableció una relación directa y constante con la sede internacional del proyecto en Roma, con el Director del mismo, que nos ha reconocido como la Ciudad con más trayectoria y coherencia en el desarrollo de la propuesta y solicita que ocupáramos el rol de sede Latinoamericana del proyecto, con la función de asesorar, difundir y capacitar a las ciudades Latinoamericanas que quieran sumarse a la red.

•Producción del Boletín anual “La Voz de los Consejos” y Programa de radio local con jóvenes. •Se logró aumentar el número de niños e instituciones participantes y la difusión del proyecto a través de los medios, las visitas institucionales y medios gráficos como afiches, etc.

Bolivia

•Mejoría en los servicios sociales para la niñez y adolescencia •Aumento de NNA beneficiados por el programa para el incremento de su acceso, cobertura, calidad de los servicios de: •Salud y nutrición para menores de 5 años y mujeres embarazadas y hasta 6 meses después del parto •Agua segura y saneamiento, en particular para menores de 5 años y escolares. •Desarrollo infantil integral para menores de 6 años y escolares. •Educación primaria para niñas y niños de 6 a 13 años. •Educación alternativa para adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia. •Mejoría en la planificación, seguimiento y evaluación multi-sectorial para la niñez y adolescencia (municipal, departamental, comunitario) •Lineamientos e instrumentos para la elaboración de procesos de capacitación, guías de trabajo del personal y materiales educativos para la comunidad

•Incorporadas metas, acciones y recursos para la infancia en planes municipales. •Sensibilizada autoridades municipales y los responsables de los servicios sociales locales sobre el carácter multi-sectorial de los problemas que afectan a la infancia y la necesidad de trabajar en forma integral e inter-sectorial. •Autoridades y personal técnico comunitario fortalecido en sus capacidades de gestión y articulación. Personal técnico a nivel comunitario (alrededor de 15.000 personas) y municipal (alrededor de 500 personas). •Favorecido el diálogo entre las autoridades municipales y los servicios locales, entre los mismos y la sociedad civil, entre el nivel municipal y el nivel departamental, y entre ambos y el nivel comunitario. •Favorecido la articulación entre las políticas nacionales y las acciones a nivel local. •Iniciada la sensibilización de las autoridades departamentales sobre la infancia

•Contribuyo al empoderamiento de las comunidades, en particular de mujeres e indígenas del área rural, mediante su alfabetización con contenidos de derechos y de gestión municipal; •Sensibilizar a las comunidades y a las instancias de la sociedad civil sobre los derechos de la infancia; •Fortaleció la demanda del cumplimiento de los derechos de la infancia y el control social de la gestión municipal y de los servicios sociales locales con respecto a la infancia; •Sensibilizó a las autoridades locales y la sociedad civil sobre la importancia de la participación de la niñez en procesos de decisión que les conciernen. •Participación de mujeres en la elaboración del plan quinquenal municipal para la niñez y adolescencia: Región Andina 37.51%, Amazonía 49.59%, Prodeli 40.37%

Brasil

•Incremento en la cantidad de municipios del Semi-Árido que participan. •Mejoría en la calidad de vida y satisfacción de necesidades en los municipios.

•Primera Edición 2000: Participación de 170 municipios de los 184 del Estado de Ceará. De los inscriptos 27 ganaron el certificado. •Segunda Edición 2002: 80 de los 184 municipios cearenses, de los cuales 34 recibieron certificado. •Tercera Edición 2004: Se inscribieron 161 de los 184 municipios y dentro de ellos, 52 municipios de la Regional IV de Fortaleza consiguieron obtener certificación de Municipio Aprobado. •Cuarta Edición 2006: En la cuarta edición por primera vez el proyecto se expande afuera de Ceará.

•En la edición 2006: la participación social movilizó a 6000 personas en la entrega de premios y certificados.

137

Resultados destacados

Fortalecimiento de la Gestión Local

Participación Ciudadana

•Desde esta vez, el Proyecto pasó a ser una de las principales herramientas de participación del Pacto “Un Mundo para la Infancia y la Adolescencia del SemiÁrido” para hacer valer los derechos de los NNA en 11 estados (9 del nordeste más Mina Gerais y Espírito Santo). De cerca de 1500 municipios existentes en la región del Semi Árido, 1176 se inscribieron en el SELO- UNICEF. •Se crearon 170 Consejos Municipales de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDMCA), como requisito previo para participar en el Sello- UNICEF •En la última versión, 1179 municipios se inscribieron voluntariamente, representando el 83% de los municipios que componen la región semi-árida. De ese total, 146 municipios del Semi-árido mejoraron sus indicadores mucho más que los promedios nacionales.

Colombia

138

•La inclusión de la Estrategia en las bases del Nuevo Plan de Desarrollo 2006 – 2010 Estado Comunitario: Desarrollo para todos; asegura el aval gubernamental, así como la institucionalidad, legitimidad y sostenibilidad del proceso durante este cuatrienio 2006-2010. •Planes municipales y departamentales con diagnósticos, componente estratégico y/o proyectos orientados a los temas de los Derechos de la Infancia.

•Intervención del Consejo Nacional de Planeación para la inclusión de la Estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2012. •Decisión política de los 32 gobernadores y 1075 alcaldes municipales para mejorar las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia quienes son acompañados en su gestión, por su respectivo gabinete. Del mismo modo, los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales, como instancias con quienes consulta y ratifica cualquier mandato o decisión tomada. •En los 13 informes ejecutivos recibidos de los departamentos, en enero de 2006, se da cuenta de los avances que han tenido la Estrategia, lo cual se refleja en su inclusión en los Planes de Desarrollo. Si bien en algunos casos no se manifiesta expresamente, en el análisis de los mismos se puede observar que en cuanto a los temas prioritarios propuestos en la estrategia, los departamentos manifiestan haberlos incorporado en la planeación territorial. •Activación del funcionamiento de los Consejos de Política Social que son espacios de articulación, concertación y construcción de la política social, a través de los cuales se logran importantes avances en la discusión crítica y el análisis de la situación de distintas poblaciones, entre ellas la de la infancia y la adolescencia que derivan en recomendaciones para la autoridad territorial. •Funcionamiento de las mesas intersectoriales por la infancia y la adolescencia. Esto ha permitido incidir en los planes sectoriales e institucionales y trazar planes de trabajo concretos a partir de los compromisos firmados en el III Encuentro de Gobernadores.

N/S

Resultados destacados

Fortalecimiento de la Gestión Local

Participación Ciudadana

•3 Encuentros de gobernadores realizados. •Capacitación de administradores de los entes territoriales para la revisión y análisis: Más de 10.000 servidores públicos en 18 capitales de departamentos, con el acompañamiento Ver instrumento Guía para la revisión y análisis de los planes de desarrollo municipal y departamental.

Cuba

•En el plano de la capacitación se destaca la realización de 8 diplomados con la participación de estudiantes nacionales y extranjeros: 3 cursos de Diplomado sobre la gestión del desarrollo económico dirigido a los diferentes actores del territorio, con la participación de al menos 25 gobiernos locales, 2 en Cooperación Internacional, 2 en Gestión de los Centros Históricos y 1 curso de Diplomado sobre desarrollo humano local, género, infancia, población y salud. •Han sido desarrolladas y fortalecidas alianzas específicas con la UNIFEM, el UNICEF y agencias de cooperación al desarrollo como ASDI (Suecia) y ACDI (Canadá), principalmente dirigidas a fortalecer la investigación, análisis, coordinación y formulación de estrategias y programas con un enfoque de género transversal. •Se han realizado 508 misiones de intercambios técnicos entre actores locales y especialistas extranjeros. •Se ha creado una nueva base de datos estadísticos con indicadores de género. Fortalecida la capacidad a nivel nacional de elaborar información precisa y actualizada con enfoque de género. Se ha constituido el Comité Temático de Género, donde participan las principales instituciones que siguen el tema de género en el país, para asegurar la transversalización de este tema en las iniciativas locales. •Los beneficios a la población y a las instituciones del país que se logran en todas las líneas destacan por su visibilidad, brevedad del tiempo en que se obtienen y por ser generados mediante una labor que potencia una mejor distribución de los recursos invertidos. Los beneficios son también múltiples: sociales, técnicos, organizativos, entre otros.

•El programa se inició en 2 provincias y 1 municipio, en la actualidad se extiende a 7 provincias y 43 municipios. •Fueron creados y fortalecidos Grupos de Trabajo Locales en 7 provincias y 1 municipio para el apoyo a la programación participativa que involucra las comunidades y gobiernos locales. •Se han creado 7 grupos de Trabajo Provinciales y 44 Grupos Municipales. •Se han establecido alianzas estratégicas e integradas a nivel local con más de 300 entidades de cooperación internacional involucradas en el PDHL, entre ellas: 101 ciudades, 22 provincias y 16 regiones europeas y canadienses, 35 ONG, 15 Universidades europeas y canadienses, 6 Agencias de Cooperación bilateral, 7 Agencias del sistema de las Naciones Unidas. •Los resultados de todas las iniciativas emprendidas por el PDHL en el desarrollo de estas líneas de acción han contribuido al debate sobre nuevos enfoques de la planificación territorial, al cambio de mentalidades, a mejorar la calidad de vida de la población, en fin al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.

Los informes de seguimiento del Proyecto Venga la Esperanza, señalan que se ha logrado la participación masiva de los adolescentes en las diferentes actividades de prevención y promoción de salud (un total de 3494: hombres 1757 y mujeres 1737), se incrementa el número de microproyectos culturales (10 en diferentes manifestaciones culturales) organizados por líderes y promotores de la comunidad, se estimula la práctica deportiva y cultural de la comunidad. A su vez, se logran notables mejorías en los espacios de recreación y en el grado de satisfacción de la comunidad.

El Salvador

•Actores asumen responsabilidades en la ejecución de la política, de acuerdo a sus competencias, capacidades y especialización, por ejemplo los aspectos relacionados a la salud son asumidos por el Ministerio de Salud a través de La Unidad de Salud local,

•Capacitación, acompañamiento y asesoría de actores locales para la formulación, aprobación e implementación de la política. •Documentos de las políticas validados por actores locales.

• Conocimiento y apropiación del contenido de la política por parte de todos y todas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, líderes comunitarios, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales. debido a limitación de recursos se programaron 2 actividades de divulgación por municipio: una con NNA y líderes

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Resultados destacados

Fortalecimiento de la Gestión Local

Participación Ciudadana

organizaciones no gubernamentales especializadas en salud y otros, tomando en cuenta lo planteado en la política, en relación o de acuerdo a sus mandatos legales, atribuciones y recursos disponibles, en coordinación con la municipalidad. •4 diagnósticos municipales participativos realizados, complementados con fuentes secundarias, entre ellas Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Unidades de Salud, Alcaldías

•Se ha trabajado para que la política adquiera un estatus de normativa municipal, a través de un acuerdo del Concejo Municipal, única instancia con la competencia de aprobarla. •Asignación presupuestaria para la ejecución de la política de parte del Concejo Municipal. •Actores asumen responsabilidades en la ejecución de la política, de acuerdo a sus competencias, capacidades y especialización, por ejemplo los aspectos relacionados a la salud son asumidos por el Ministerio de Salud a través de La Unidad de Salud local, organizaciones no gubernamentales especializadas en salud y otros, tomando en cuenta lo planteado en la política, en relación o de acuerdo a sus mandatos legales, atribuciones y recursos disponibles, en coordinación con la municipalidad. •Conformación de un organismo interinstitucional para la ejecución articulada de la política, en la cual participan instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales. •Elaboración de un Plan Operativo para la ejecución de actividades de la política. •Se realizaron 4 diagnósticos municipales participativos, complementados con fuentes secundarias, entre ellas Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Unidades de Salud, Alcaldías. •Se han realizado tantas consultas diagnósticas como cantidad de cantones, zonas o sectores tengan los municipios. Acajutla posee 8 Cantones y 80 caseríos; Concepción Batres se divide en 9 Cantones y 24 Caseríos; Tecoluca se divide en 23 Cantones, 7 sectores y 72 Caseríos; Soyapango se divide en 6 Cantones y 16 zonas. •Para cada proceso municipal se han realizado entre 10 y 14 talleres de capacitación por municipio. •El resultado de los sondeos son los diagnósticos que han servido como insumos para la construcción de la política.

comunitarios y otra con representantes de instituciones que trabajan por la niñez. En la práctica en algunos municipios se realizaron más actividades de divulgación de las programadas debido al interés y demanda por las mismas. •Conformación de un organismo interinstitucional para la ejecución articulada de la política, en la cual participan instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales. •El número de personas participantes en los procesos han sido entre 300 y 500 por municipio cada año. •En cuanto al liderazgo juvenil, se realizaron 12 reuniones para asesorías a los jóvenes de los municipios de Acajutla, Concepción Batres, Tecoluca y Soyapango para la realización de acciones concretas a realizar en sus municipios

República •Se declararon 118 Municipios y Juntas de Dominicana Distrito “Amigos de la Niñez.”

•Elaboración de un “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación en el Área •En los AJI: participaron como miembros Social” para mejorar su gestión de acuerelectos alrededor de 160 NNA; alrededor do con las necesidades sociales. de 200, como miembros de apoyo; 960 •Capacitación de las autoridades municomo candidatos; 600 como miembros cipales electas por parte del Instituto de de Comisión Electoral Juvenil y 68,000 Estudios de Administración Municipal como votantes. (IEAM) y la certificación de algunas •Se apoya a la oficina nacional del Conce- universidades. jo Nacional para la Niñez y Adolescencia •Apoyo a la instalación de un Centro de en la creación del Sistema de Protección Documentación en la Liga Municipal de NNA en el nivel local, según la ley Dominicana (LMD). 136-03.

140

•10 Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (AJI) son instalados en MAN, empezando con cinco Municipios piloto, que fueron acompañados por voluntarios internacionales traídos al país a través de un Convenio con la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC), en los municipios de Azua, San José de Ocoa, Baní, Yaguate, La Romana, Guaymate, Mao, Dajabón, Navarrete y Constanza.

Resultados destacados •Se han creado estructuras de gobierno que podrían contribuir a asegurar derechos: Comités de apoyo intermunicipales de Protección de Derechos, Departamentos de Niñez por resolución municipal, Ayuntamientos Infantiles y Juveniles (en 10 municipios). •Se han elaborado 11 diagnósticos participativos así como planes o agendas municipales. •La capacitación es un aspecto central de la iniciativa y diferentes tipos fueron implementadas en cada municipalidad. Inclusive estuvo directamente relacionada a los niveles de concientización y movilización que hubo en cada municipio. •Creación de paquetes de capacitación según las necesidades detectadas con el diagnóstico. •Diseño y ejecución de talleres de capacitación en el área social. •Capacitación de otros multiplicadores para expandir la oferta de capacitación en las regiones norte, sur y este del país, adicionalmente al equipo de Santo Domingo. •Capacitación intensiva a candidatos a puestos electivos a través de diplomados impartidos por universidades. •Organización de los Centros de Documentación para apoyar la Capacitación Municipal en las ciudades de Azua, Santiago y La Romana. •Capacitación del personal de los Centros de Documentación. •Definición de los requerimientos, criterios e indicadores para ser elegido como MAN

Fortalecimiento de la Gestión Local •Capacitación de un grupo de multiplicadores en Gestión Municipal y Desarrollo Social. •Con la capacitación de los multiplicadores y por sugerencia de ellos, la Iniciativa “Síndicos Defensores de la Niñez”, cambia la denominación a “Municipios Amigos de la Niñez”. •Preparación de la 1era. Versión del Manual sobre Gerencia Municipal y Niñez y Adolescencia en los Municipios. •11 Municipios definen de manera participativa, y en base a un diagnóstico, su agenda de desarrollo municipal para la niñez, con énfasis especial en la prevención de abuso y explotación sexual y comercial. •5 Oficinas Municipales de Información y Estadística son instaladas. •12 Municipios desarrollan acciones conjuntas entre el ayuntamiento, instancias infantiles y la Dirección de Atención a la Primera Instancia (DAPI), para el mejoramiento de las prácticas de desarrollo integral infantil (0-5 años)

Participación Ciudadana •En los AJI: participaron como miembros electos alrededor de 160 NNA; alrededor de 200, como miembros de apoyo; 960 como candidatos; 600 como miembros de Comisión Electoral Juvenil y 68,000 como votantes. •Del 2003 al 2004 se realizaron alrededor de 387 capacitaciones y encuentros en las que participaron alrededor de 8,755 personas incluyendo NNA. •% de mujeres capacitadas por el proyecto: 46% •Del 2003 al 2004 se realizaron alrededor de 387 capacitaciones y encuentros en las que participaron alrededor de 8,755 personas incluyendo NNA.

Fuente: Elaboración propia en base a la sistematización de experiencias

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Balance de Impactos en los niños, niñas y adolescentes Argentina

Salud

Educación

Nutrición

Agua Saneamiento

Programa Crecer

Programa Crecer Proyecto Nutricional: (Año 2006) Familias capacitadas en nutrición para la elaboración de los alimentos entregados en las cajas: 68% de asistencia.

N/S

Proyecto Pedagógico y de Estimulación Psicomotriz (Año 2006) Familias que participaron en el Niños/as Menores de 2 años: 284 6% Proyecto de Recreación: 229 Niños/as de 2 años: 1.283 26% (203) Niños/as de 3 años: 1.107 22% Capacitación voluntarias/coNiños/as de 4 años: 2.326 46% laboradoras para la manipulación de alimentos y elaboraSeguimiento escolar a todos ción de menús en los Centros los participantes. Crecer: 274 Monitoreo de vacunación a todos los participantes.

Cantidad de emprendimientos del las capacitaciones agrotécnicas del Proyecto de Autoproducción de Alimentos y Emprendimientos Sociales: 176 .

Bolivia

•Resultados directamente atribuibles al Programa incluyen la provisión de servicios de desarrollo infantil a 30.000 menores de 6 años. •32.000 padres/madres inscritos en desarrollo infantil integral.

•Medidas de apoyo a la permanencia en la escuela primaria a 18.000 niñas y niños, sensibilización sobre derechos de la niñez y servicios de protección a 40.000 niñas, niños y adolescentes. •56.000 jóvenes y adultos (65% mujeres) inscritos en programas de alfabetización o educación permanente. •40.000 adultos de las comunidades sensibilizados sobre los derechos de la niñez y los servicios de protección

•Contribuyó a reducir la •Agua segura a 7.500 menores desnutrición en menores de 5 de 5 años, agua y saneamiento años; incrementar la cobertura a 15.000 alumnos. de servicios de salud infantil; incrementar la tasa de término de la educación primaria; incrementar el acceso a servicios de protección para menores de 18 años.

Brasil

•Reducción de la mortalidad infantil de 25.6 por cada 1000 nacimientos en el 2003 a 21.9 por cada 1000 nacimientos vivos en el 2005, de tal modo salvando a más de 2000 infantes de la muerte. Es una reducción del 14.4% comparado con el 6.2% para el resto de Brasil en el mismo período. •Aumento en las consultas prenatales de las mujeres embarazadas de 31.4% en el 2003 a 33.5% en el 2005, sobre 10.000 mujeres embarazadas.

•Un aumento en la escolaridad; en el 2003 56 de cada 100 niños de 4-6 años iban al colegio, para el 2006 esa cifra aumento de 63.5 cada 100 niños y niñas. •Aumento de 3.3% de los niños y niñas que tienen una correcta calificación para su edad.

•Una disminución de los niños N/S subalimentados a partir de los 0-2 años de edad del 9.2% en 2003 a 6.8% en 2005, beneficiando a un total de 24.000 niños y niñas

Colombia

142

El desarrollo del Proyecto no permite aún medir impactos

Cuba

Salud

Educación

Nutrición

•5704 nuevos empleos creados, que constituye el 3% de los totales creados en las áreas geográficas de acción del PDHL. •12.794 personas con discapacidades beneficiadas de proyectos para la inserción social y económica. •21 casas de abuelos y 18 hogares de anciano creados y apoyados beneficiando a 2 255 adultos. •El índice de bajo peso de las gestantes ingresadas en los hogares se reduce de 1.4 en el 2003 a 0.9% en el 2004. El indicador de bajo peso al nacer no se reduce, pero el que depende de los hogares se reduce de un 62% a un 48%. Se capacitaron a 3651 embarazadas, 492 esposos y 1863 familiares. •Se realizaron 44 acciones de capacitación para profesionales de la salud, provinciales y municipales sobre temas de derechos de infancia, salud materna, maternidad y paternidad responsable, parto seguro, dieta, etc, que beneficiaron a un total de 1156 participantes. •Se aprecia un descenso de las tasas de mortalidad infantil y materna de Granma, que además muestra valores que están por debajo de las medias nacionales; pero aún no se refleja en la TMI del menor de 1 año de Santiago de Cuba y Guantánamo. •Mujeres embarazadas: 23,000 beneficiadas. Mujeres beneficiadas por el Programa del Cáncer Cérvico-Uterino: más de 5000 aprox. •Los informes de seguimiento del Proyecto Venga la Esperanza, señalan que se ha logrado la participación masiva de los adolescentes en las diferentes actividades de prevención y promoción de salud (un total de 3494: hombres 1757 y mujeres 1737).

•El programa ha identificado e N/S implementado localmente más de 500 subproyectos, con el apoyo de más de 200 entidades de cooperación descentralizada internacional. Se han otorgado más de 10 créditos bancarios para iniciativas de desarrollo económico local. •Designados por los gobiernos locales 4 grupos interinstitucionales para fortalecer el desarrollo económico local. •50.000 niñas, niños y estudiantes beneficiados de forma directa con el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las condiciones de las escuelas. •199 centros de enseñanza apoyados 2.360 maestros y profesores capacitados, 5 centros de formación o capacitación profesional creados o reforzados. •Se incrementa el número de microproyectos culturales (10 en diferentes manifestaciones culturales) organizados por líderes y promotores de la comunidad, se estimula la práctica deportiva y cultural de la comunidad. A su vez, se logran notables mejorías en los espacios de recreación y en el grado de satisfacción de la comunidad.

El Salvador

El desarrollo del Proyecto no permite aún medir impactos

República Dominicana

El desarrollo del Proyecto no permite aún medir impactos

Fuente: Elaboración propia en base a la sistematización de experiencias

Agua Saneamiento En Guantánamo, se logra una mejoría en el confort del 100% de los hogares y han contribuido a la reducción del número de defunciones en menores de 1 año. (Ver Proyecto Agua Mausi) •708 viviendas rehabilitadas o reconstruidas.

143

Acrónimos y Abreviaturas

144

Sigla

Descripción

ACNUDH AJIs ANDI CEPAL CEDAW CDN CMDCA CONANI CONARE CT ECA FEDOMU FUNDE GM ICBF IDH IDHM JICA LAC SURF MAN NNA NNUU OCHA ODM OIT OIM OMS ONG OPS PDHL PROANDES PRODELI PMA PNUD OTB RBLAC SIDA SEEPyD SNU SNV TACRO UNDAF UNFPA UNICEF UNFEM VIH

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ayuntamientos Juveniles e Infantiles (República Dominicana) Agencia de Noticias por los Derechos de la Infancia Comisión Económica para América Latina y el Caribe Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Convención sobre los Derechos del Niño Conselhos Municipal dos Direitos da Crianca y do Adolescente (por sus siglas en portugués) Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia Consejo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado Conselhos Tutelares (por sus siglas en portugués) Estatuto da Crianza e do Adolescente (por sus siglas en portugués) Federación Dominicana de Municipios Fundación para el Desarrollo Gobierno Municipal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Índice de Desarrollo Humano Índice de Desarrollo Humano Municipal Agencia de Cooperación de Japón Unidad de Servicios y Conocimientos para el Desarrollo de América Latina y el Caribe Municipios Amigos de la Niñez Niñas, Niños y Adolescentes Naciones Unidas Oficina de Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios Objetivos de Desarrollo del Milenio Organización Mundial del Trabajo Organización Mundial para las Migraciones Organización Mundial de la Salud Organización No Gubernamental Organización Panamericana de la Salud Programa de Desarrollo Humano Local Programa Andino de Servicios básicos contra la pobreza Programa de Desarrollo Local Integrado Programa Mundial de Alimentos Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Organizaciones Territoriales de Base Buró Regional para América Latina y el Caribe Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo Sistema de Naciones Unidas Netherlands Development Organisation (por sus siglas en ingles) Oficina Regional de América Latina y el Caribe Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Fondo de Población de las Naciones Unidas Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer Virus de Inmunodeficiencia Humana

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