Comunicado 001 de 2019 Política industrial y enfoque diferencial para las mipymes deben ser incluidas en PND
Considerando la importancia que tiene el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 para la definición de las políticas y los recursos que se invertirán, así como de los aspectos en los que el Gobierno hará énfasis, Acopi Bogotá-Cundinamarca realizó el análisis del articulado y el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) presentado por el Gobierno en días pasados. El gremio ve con preocupación que en los rubros de inversión presentados por el Gobierno no hay una destinación de recursos específica hacia la industria manufacturera, agregando que tampoco hay un enfoque claro hacia las micro, pequeñas y medianas empresas, que son más del 96% del tejido empresarial del país, generan de más del 70% del empleo y aportan cerca del 40% de PIB. Sobre el Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad, en donde se debería hacer énfasis en el desarrollo económico nacional, se considera que se deben incluir propuestas que vayan encaminadas al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, como la simplificación normativa y la actualización de Ley Mipyme, así como a programas de modernización y transferencia de tecnología que permitan reactivar la industria y utilizar la capacidad instalada. Para desarrollar estos últimos aspectos, que pueden apalancar el crecimiento y desarrollo económico, los recursos definidos en el Plan Plurianual de Inversiones para Emprendimiento y productividad; Ciencia, tecnología e innovación; Transformación digital; y Sostenibilidad, podrían ser insuficientes, pues van a tener solamente el 6,7% del presupuesto. Así mismo, la apuesta por la formalización, que se enfoca únicamente en las llamadas empresas de desarrollos tecnológicos innovadores que se creen, debería cobijar al resto de actividades económicas, incluido el comercio y los servicios. En este punto, es importante señalar que el acceso a financiamiento debería ser directo a las mipymes mediante bancos de primer piso, y no mediante entidades financieras de segundo piso que administren los recursos públicos.