Revista edición 114 octubre 2005 by ACORE

Octubre de 2005

REVISTA

ACORE Revista ACORE es una publicación destinada a quienes conforman el mundo ACORE. Las opiniones expresadas en ella son las de los autores y no reflejan necesariamente la posición de los editores. PRESIDENTE DE ACORE General Rafael Samudio Molina SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO Mayor Carlos H. Espinosa Argüello DIRECTOR REVISTA Coronel Germán Aragón Bautista DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Teniente Enrique Franco Cabrera JEFE DE REDACCION Carlos Osorio Pineda ASESOR EDITORIAL Carlos Castillo Lugo COLUMNISTAS Brigadier General Carlos Leongómez Matéus Alto Comisionado para la Paz, Dr. Luis Carlos Restrepo General Rafael Samudio Molina Alejo Vargas Velásquez Eduardo Pizarro Leongómez General Álvaro Valencia Tovar Alfredo Witschi-Cestari Jean Carlo Mejía Azuero Mayor General José Roberto Ibañez Sánchez José Joaquín Caicedo Perdomo César Mauricio Velázquez ARTE Y DIAGRAMACION Johana Andrea Celis Suárez DIGITACION Martha Lucía Llanos González SUSCRIPCIONES Calle 70 No. 4 - 24 PBX 345 0511 Ext. 113 Bogotá, D.C. DISTRIBUCION NACIONAL Antioquia (Medellín) Carrera 77B No. 50-9 Atlántico (Barranquilla) Carrera 68 No. 78-11 Bolívar (Cartagena) Bocagrande Entrada a la Base Naval Boyacá (Duitama) Calle 19 No. 13 - 26 Apt. 702 Caldas (Manizales) Carrera 23 No. 57-86 Apto. 803 Cauca (Popayán) Carrera 7 A No. 24-AN-06 Casa 8, Rincón del río Huila (Neiva) Carrera 9 No. 5-29 Magdalena (Santa Marta) Carrera 21 No. 17-24 Meta (Villavicencio) Carrera 35 No.30-15-Diagonal Parque El Hacha Nariño (Pasto) Carrera 43 No. 16-B-05 Norte de Santander (Cúcuta) Vía El Portico frente al Grupo Maza Quindío (Armenia) Cll. 17 Nte. No. 14 - 20, Ofic.404, Edif. Torremolinos Risaralda (Pereira) Manzana 16, Casa 6, Tercera Etapa, Bosques de la Acuarela - Dos Quebradas Santander (Bucaramanga) Calle 45 No. 28-29, Apto. 901 Edif. Sotavento Tolima (Ibagué) Calle 12 No. 2-70 Ofic.305 Edif. El Molino Valle (Cali) Calle 5-B2 No. 36-C-20 IMPRESION Ediciones Antropos - Teléfono 433 7701 FUENTES GRAFICAS Revistas del Ejército Ediciones números 97, 98, 100, 107, 108 y 110. Under the Rubble of Terrorism Special Edition 2002 Bogotá D.C., Colombia Revista de las Fuerzas Armadas Edición194 Marzo de 2005. Revista Cemil Diciembre 2002. Revistas Defensa Nacional Números 437, 441 y 445. Revista Indepaz, Módulo Tres.

Mingobierno Resolución No.0286 (Febrero /82)

Contenido 4. 6. 22. 36. 46. 54. 60. 66.

Diseño de caratula DANIEL RONDEROS LOBO

Presentación

Brigadier General Carlos Leongómez Matéus

Hacia una política Nacional de Seguridad y Paz Alto Comisionado para la Paz Dr. Luis Carlos Restrepo

La guerra por la paz

General Rafael Samudio Molina

Guerra y paz en Colombia comienzos del siglo XXI Alejo Vargas Velásquez

Una democracia asediada Eduardo Pizarro Leongómez

Colombia: Guerra y Paz

General Álvaro Valencia Tovar

Una mirada desde Naciones Unidas al conflicto colombiano Alfredo Witschi-Cestari

Gedeón y sus enseñanzas

Breve reflexión académica sobre la guerra en Colombia Jean Carlo Mejía Azuero

Dilema de la paz y de la justicia

Mayor General José Roberto Ibañez Sánchez

80.

94.

El futuro de las negociaciones de paz José Joaquín Caicedo Perdomo

Conflicto o terrorismo:

¿Cómo llegaremos al año 2010? César Mauricio Velázquez O.

Presentación

La Universidad, conflicto y postconflicto

BRIGADIER GENERAL CARLOS LEONGÓMEZ MATÉUS Rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

l tema que es motivo de este número de la revista ACORE, ha formado parte de la vida colombiana por muchas décadas; cada uno de nosotros ha participado, en el pasado, de diversas formas, en la formulación de propuestas, vías y acciones para el logro de la paz. Todos hemos experimentado la situación de violencia y de confrontación, y podemos con autoridad evaluar su trayectoria y pronunciarnos sobre las alternativas hacia el futuro.

creativo y constructivo, proponer y sumarse a la creación de condiciones favorables y confiables de un clima propicio para las negociaciones encaminadas hacia la paz. De lograrse esta anhelada situación, o sea el alcance de la paz, el posconflicto surge como su consecuencia. La clave del post-conflicto es la sostenibilidad de los acuerdos y de los compromisos, la “seguridad de la paz”, que exige, como condición ineludible, la protección participativa de la sociedad en general a través de sus diferentes formas de organización económica, social, política y cultural. En la actual coyuntura regional y global, la determinación para involucrar a los denominados actores armados en un proceso de esta naturaleza, descansa en la creación de un ambiente de confianza y credibilidad, tanto nacional como internacional. En este sentido las universidades, que están llamadas por la razón de su existencia a crear y promover la transformación a favor del bienestar ciudadano, y muy especialmente las públicas, deben abrirse e involucrarse, definitivamente, hacia aquellas actividades, programas y experiencias que fortalezcan la convicción de que la paz es un patrimonio público que requiere de esfuerzos materiales e intelectuales simultáneos y articulados, con sentido generacional futuro.

La paz es una condición ineludible para enfrentar los desafíos que nos impone nuestro compromiso con Colombia y su inserción en el sistema internacional y para participar activamente en los trascendentales debates de restructuración de la arquitectura política regional y mundial. La respuesta a la violencia que vivimos conocida como “Política de Seguridad Democrática”, ha suscitado debates pero especialmente estimulado esperanzas. Conflicto, amenaza, terror y guerra son expresiones que deseamos erradicar de nuestro léxico cotidiano; en su defecto acariciamos la plena vigencia de la palabra Paz. La Universidad Militar Nueva Granada es consciente de su responsabilidad histórica frente a la sociedad y al Estado. La comparte con las restantes instituciones educativas, y en particular, con las de carácter público. Entiende que abrir y, abrirse a estos debates es parte del ejercicio de esa responsabilidad; tanto en este nivel en el que nos encontramos hoy como en la contribución a la formación ciudadana y democrática de nuestros estudiantes. La controversia y el análisis, frente a las necesidades de nuestra sociedad, forman parte de ese proceso y esta Universidad, con su Instituto de Estudios Geoestratégicos, está decidida a propiciar el debate

Por estas razones a las que se une nuestro infinito amor por Colombia, la Universidad ha atendido el honroso llamado del Alto Comisionado de Paz para contribuir al desarrollo de la patriótica labor que cumple y cooperar activamente con los plausibles esfuerzos destinados al logro de la anhelada paz, política de Estado a la cual nos sumamos con entusiasmo y profesionalismo.

JUNTA DIRECTIVA Presidente GN Rafael Samudio Molina * Primer Vicepresidente GN José Manuel Sandoval Belalcázar * Segundo Vicepresidente BGIM Eduardo León Pedraza Neira * Vocales CO Luis Ernesto Cortés Ahumada - CO José Antonio Romero Velasco - CO Gustavo Enrique Rosales Ariza - CO Mario López Castaño - CO Rodrigo Arenas Pinilla - CO Luis Fernando Acosta Melo - MY Roberto Fernández Guzmán - CT José Antonio Rojas García - CF Luis Virgilio Avella Díaz CN Ricardo Alberto Rosero Erazo - CO Pastor Duarte Hernández - CO Neftalí García Carvajal. *Revisor Fiscal CO Guillermo Rodríguez Guzmán.

Hacia una Política Nacional de Seguridad y Paz Intervención del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en el coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz, organizado por el Instituto de Estudios Geoestratégicos de la Universidad Militar Nueva Granada, el pasado 27 de abril.

Conceptos rectores para una política de seguridad y paz Quisiera señalar lo que pueden ser algunos derroteros académicos para adelantar nuestra labor. Resaltar en primer lugar la importancia de tener una gran claridad conceptual sobre el momento que vive la nación y la forma como deben orientarse las políticas de seguridad y los esfuerzos de paz. Creo que gran parte de las dificultades heredadas, que este Gobierno ha enfrentado con decisión, tienen que ver con abordajes conceptuales que terminan propinando políticas costosas para quienes estamos interesados en fortalecer las instituciones democráticas.

Podemos decir sin temor a equivocarnos, que existe una especie de “guerra de los conceptos” que en principio debería adelantarse en un plano teórico y civil entre ciudadanos desarmados, pero que inevitablemente incide en el campo de las fuerzas enfrentadas, involucrando los intereses tanto de las Fuerzas Armadas institucionales como de los grupos armados ilegales. Debates sobre la existencia o no de un conflicto armado interno, la validez de un cese de hostilidades para iniciar conversaciones con grupos armados ilegales, la oportunidad o no de llevar a cabo “despejes” militares para adelantar los diálogos, la forma como

puede establecerse un acuerdo humanitario, la colaboración de los ciudadanos con la Fuerza Pública o la posibilidad de los civiles de declararse neutrales frente a las acciones militares del Estado, el estatus de los facilitadores internacionales que nos ayudan a buscar salidas pacíficas a nuestros problemas de violencia interna, son auténticos puntos de reflexión, de cuyo abordaje depende en gran parte el futuro de la Patria. No se trata de asuntos coyunturales, ni menos aún de una diatriba marcada por la obstinación personal de un presidente. Creemos necesario adelantar un debate a fondo sobre estos tópicos y qué mejor escenario que el de la Uni-

debate sobre “conflicto armado interno o amenaza terrorista”, existe una clara intencionalidad política por parte del Gobierno de redefinir la visión que tenemos sobre la situación de violencia interna que azota a la Nación. Es bien sabido que no existe una precisión matemática sobre el alcance de dichos conceptos. El mundo se debate todavía en cuanto al sentido de la palabra terrorista, y si una amenaza terrorista puede ser definida a su vez como parte integrante de un conflicto armado interno. Pero si bien los alcances semánticos de las palabras son motivo de debate entre los politólogos y académicos, no así las consecuencias políticas de aceptar

versidad para llevar a cabo una reflexión pública y calificada que nos permita alcanzar un consenso, o en su defecto, exponer con solidez conceptual ante la opinión las diferencias, para que sea el pueblo quien tome las decisiones a través de los mecanismos democráticos pertinentes.

una u otra denominación.

Conflicto armado interno o amenaza terrorista Sin querer agotar el debate, solo para barruntar algunas ideas que sirvan de guía para un trabajo más juicioso, quisiera definir los ámbitos problemáticos frente a los cuales hay que construir los mencionados conceptos. En el caso del

Resulta interesante entrar al campo de los efectos que en la vida política tienen las palabras, señalando el cuidado que ponen distintas naciones de la tierra en utilizar el término conflicto armado interno para calificar problemas que resultan similares a los que padece Colombia. No es accidental que el gobierno inglés haya dado el debate ante Naciones Unidas para impedir que la situación de violencia en Irlanda del Norte sea calificada como “conflicto armado interno”. Llaman terroristas a los miembros del IRA, pero con ese pragmatismo que caracteriza a los ingleses se permiten pactar con ellos un acuerdo de paz, avalado

por el mundo entero, que tiene como soporte un cese de hostilidades. En sus lineamientos generales es este un buen modelo para abordar la problemática de nuestro país. Por otro lado, tampoco Rusia permite que la guerra en Chechenia sea denominada “conflicto armado interno”, logrando que su posición sea aceptada por varios organismos de Naciones Unidas. omo primer resultado práctico, al no recibir este calificativo dichas naciones han impedido que se les incluya en una lista de países con “menores vinculados al conflicto armado interno”, que está próxima a ser presentada al Consejo de Seguridad, para que este organismo tome las medidas que considere necesarias, incluso, eventualmente, una intervención armada para proteger a los menores reclutados. En Colombia se ha socializado de tal forma el término “conflicto armado interno”, que aparece en leyes y documentos gubernamentales, sin que los funcionarios sepan del alcance político que puede tener la mencionada definición. Vale por eso pensar aquí con criterio pragmático y saliéndonos de la razón pura entrar al terreno de la razón práctica -escenario por demás propio de la política-, donde los conceptos se convierten en instrumentos de presión legítima, en fuerzas que inciden en el desarrollo de los pueblos u obstaculizan la plena expresión de sus potencialidades. Quiero, en consecuencia, hacer referencia a otros argumentos planteados por el Gobierno. Al aceptar la existencia de un conflicto

armado interno damos a los grupos armados ilegales la condición de “partes”, lo que legitima de hecho su uso de armas y uniformes, así como la definición de blancos militares que no son otros que nuestros soldados y policías. Curiosamente, el principal argumento que esbozan organizaciones de Derechos Humanos para mantener la calificación de conflicto armado interno, consiste en asegurar la protección de los civiles injustamente atacados dentro de la contienda. Pero este argumento, que poco persuasivo ha resultado para los terroristas colombianos que siguen haciendo de los civiles sus principales víctimas, tiene como reverso considerar legítimos los ataques a los uniformados que portan las armas del Estado. Si aceptamos indiferentes que maten a nuestros policías y soldados, en vez de responder enardecidos cada vez que se trunca una vida que ofrece lo mejor de sí para que tenga futuro la Nación, se habrá roto entonces ese pacto básico entre los ciudadanos desarmados y aquellos otros que con las armas velan por nuestra tranquilidad. Y el día que esto acontezca, Colombia ya no será viable. No sobra aclarar que independientemente del tratamiento político que el Gobierno le dé a la situación de amenaza terrorista que enfrentamos, esto no es óbice para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Nuestras Fuerzas Militares respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos que no se han alzado en armas para atentar contra la sociedad colombiana, y en consecuencia dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas.

En el campo político, la condición de “parte” puede ser entendida también como la posibilidad de ostentar el carácter de interlocutor legítimo a nivel nacional e internacional. Es interesante observar cómo grupos pacifistas radicales o activistas de izquierda que se inclinan por una posición antiestatal, insisten en llamar por igual a los guerrilleros, autodefensas y miembros de la Fuerza Pública colombiana, “actores del conflicto”, tratándolos como partes equiparables, frente a las cuales los ciudadanos se pueden declarar neutrales. La postura extrema de los activistas que defienden la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, o las voces que se han levantado para pedir que la Fuerza Pública salga del casco urbano de Toribío para que las Farc cesen en sus ataques terroristas, son producto de este equívoco, que traslada el concepto de “neutralidad profesional” propio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o la Cruz Roja nacional, al campo de la neutralidad política. Por esta vía, por supuesto, se llega al exabrupto defendido por algunos grupos de Derechos Humanos que consideran la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública como una “vinculación de los civiles al conflicto”, por lo que el Gobierno estaría violando la normatividad humanitaria al llamar a los ciudadanos a cumplir con el deber de informar a las autoridades legítimas sobre los riesgos que perciben en su entorno. Los civiles en Colombia no están cómodamente sentados viendo un partido de fútbol entre las fuerzas del Estado y los terroristas, sino que están vinculados por estos, de la peor forma: como víctimas. La cuestión es entonces cómo logra-

Nuestras Fuerzas Militares respetan en todo momento la vida y los bienes de los ciudadanos... y en consecuencia dirigen sus ataques únicamente contra los terroristas. 8

mos que esas víctimas potenciales cooperen con el Estado para que éste pueda garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales. o menos importante es el argumento que surge al describir la naturaleza de nuestra democracia. Colombia es una democracia vigente, en trance de fortalecerse, con instituciones sólidas y una cultura política antiautoritaria que ha impedido la incubación de dictaduras, tan usuales en años pasados en otros países de América Latina. Nuestra Constitución y la Corte Constitucional que la interpreta son consideradas de avanzada en el mundo en cuanto a defensa de los derechos fundamentales. Somos una nación descentralizada, con gran raigambre participativo, con elección popular de autoridades municipales y departamentales.

No existe actividad terrorista en la que no se vean inmiscuidos los miembros de las Farc o del Eln.

Protesta de las familias de los soldados secuestrados.

En la actualidad, incluso, el más férreo grupo opositor al presidente Uribe, nacido de la izquierda sindical y apoyado por antiguos guerrilleros reinsertados, ocupa la Alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante de la Nación. Muestra de pluralismo de la que este Gobierno se siente orgulloso. En Colombia las autoridades no persiguen al contradictor político, como sucedía en los antiguos regímenes de la seguridad nacional. La nuestra es una seguridad democrática, que tiene como horizontes la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y el fortalecimiento del pluralismo político. Sobra decir que este pacto mayoritario a favor de la democracia lo hemos logrado bajo la amenaza de grupos armados ilegales financiados por el narcotráfico, el secuestro o el robo de gasolina, que no cuentan con apoyo popular ni

Algunos batallones tienen bajo su supervisión las vías que hacen parte de la estructura económica nacional.

Lo que hace peligrosos a los terroristas es precisamente que tengan ideas mesiánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política. respaldo político. Si hablamos de «conflicto armado interno” en vez de hablar de “democracia amenazada”, transmitimos al mundo una imagen deformada de lo que acontece en nuestro país. Sí, es la nuestra una democracia vital, pujante, pero amenazada por guerrilleros y paramilitares que convierten en “objetivos militares” a las autoridades locales, como fue el caso de los más de 300 alcaldes amenazados por las Farc a finales del Gobierno pasado o los gobernantes de los entes territoriales amenazados por las autodefensas. omo sucede hoy en las legislaciones inglesa y española, el único nombre que tenemos para calificar a quienes usan el terror para atacar a una democracia garantista y pluralista, es el de terroristas. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los eufemismos, en este caso, nos hacen daño. No quiere decir eso que entremos, como sugieren algunos, en la “moda mundial” de la guerra santa contra el terrorismo, suponiendo que hemos importado el término para agradar a alguna potencia extranjera. Calificar a los terroristas como lo que son es un acto de sinceridad patria, lo que no quiere decir que sean monstruos irremediables o que carezcan de ideas políticas. Lo que hace peligrosos a los terroristas es precisamente que tengan ideas mesiánicas y fundamentalistas que los llevan a justificar la violencia como arma política. De allí la importancia de exigirles como condición básica para cualquier diálogo que desistan de la violencia, pues sin

el recurso del arma bien pueden sus ideas entrar a jugar dentro de las reglas democráticas. aer en el juego de decir que existe en Colombia un “conflicto social y armado”, es nada más ni nada menos que aceptar que la guerrilla está en armas porque existen conflictos sociales, o que los conflictos sociales en Colombia no tienen cauces democráticos para dirimirse, por lo que sólo encuentran la vía de las armas para expresarse. Reconocemos que en Colombia hay conflictos sociales serios, pero estos conflictos pueden dirimirse a través de los mecanismos democráticos. Los grupos violentos en vez de ayudar a dirimir estos conflictos, los polarizan y radicalizan para afianzar su estrategia de poder. Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror. Interpretando libremente a Estanislao Zuleta, podría decir que mientras a los demócratas nos interesa que haya cada vez más conflictos -pues para nosotros conflicto es una palabra noble y nos la jugamos por defender la vida del adversario-, a los violentos no les interesa que se abran escenarios plurales para la discusión y solución de los conflictos, pues ellos solo quieren capitalizar a su favor el odio de los desfavorecidos para catapultarlo y usarlo como herramienta para imponer su hegemonía. La acción de los grupos violentos colombianos es la más cruda negación que los conflictos dan aliento a la democracia. La paz que buscamos dentro de

la democracia es polifónica; la de los violentos es la paz de los sepulcros. Así como se acercan a los cinturones de miseria de nuestras grandes ciudades para convertir el conflicto social de la marginalidad en un arma mortífera que pasa por envenenar el alma de nuestros jóvenes convirtiéndolos en asesinos púberes, así intentan por todas las vías subyugar los conflictos de la democracia a su dialéctica del odio de clases. Concederles que existe un “conflicto social y armado” no es otra cosa que legitimarles su estrategia del terror. ntiendo que para algunos sectores de la comunidad internacional resulta difícil aceptar estos argumentos. Personalmente he debatido de manera amplia con algunos de los embajadores del llamado G-24 que han insistido en utilizar esta denominación. Pero no podemos dejar que observadores de otros países, que no alcanzan a comprender la dimensión de nuestros problemas o actúan bajo la presión de sus propios intereses o urgencias, definan la naturaleza de lo que nos acontece, trazando así el rumbo que debe seguir nuestra Nación. Si aceptamos que existe “conflicto armado interno”, que las guerrillas y autodefensas son “partes”, que los miembros de la Fuerza Pública son “actores del conflicto”, que los civiles pueden declararse neutrales frente a la Fuerza Pública, entonces muy pronto tendremos gobiernos extranjeros y organismos internacionales pasando por encima de las autoridades

legítimas para hablar con los ilegales, invocando para ello el principio de neutralidad. No nos equivoquemos, en esta definición se juega la suerte de la Nación. Una cosa es hablar de un país dividido por un conflicto armado interno y otra, muy diferente, de una Nación amenazada que lucha por consolidar su democracia. Una democracia amenazada por grupos terroristas está en todo su derecho de solicitar a los países democráticos del mundo ayuda para enfrentar esta amenaza. Un país dividido, azotado por un “conflicto armado interno”, es sinónimo de una democracia y unas autoridades cuestionadas, un

narios y deberán ser materia de análisis exhaustivo por parte de los académicos agrupados bajo este Convenio, a fin de entregar a la opinión un compendio de textos que haga claridad sobre el asunto. No quiere decir esto que el debate vaya a darse por terminado. Digamos que apenas empieza, que queremos posicionarlo como un gran debate de la democracia y adelantarlo con el mayor respeto entre ciudadanos desarmados, impidiendo que quienes hacen uso de la violencia intervengan con el silogismo de las armas para forzarlo según sus intereses o abortarlo con sus balas.

Los violentos apabullan los conflictos para sembrar el unanimismo nacido del terror. gobierno al cual muchas naciones no brindarán ayuda en el campo de la seguridad y que preferirán cuestionar a la espera de ver qué rumbo toman los acontecimientos. on estos apenas algunos argumentos para ahondar en este debate apasionante, que hemos asumido con el presidente Álvaro Uribe con amor de Patria herida. Otros relacionados con la diferenciación entre los campos político, jurídico y humanitario, para aclarar que nuestra afirmación en lo político no pretende derogar la vigencia del DIH o impedir las acciones humanitarias de organismos especializados como el de la Cruz Roja nacional o internacional; las consecuencias que esta decisión tiene sobre la política de paz en cuanto a las condiciones para hablar con grupos terroristas y pactar con ellos acuerdos, he podido tratarlos en otros esce-

Acuerdo humanitario De los otros puntos que he señalado haciendo parte de este abanico de lo que podríamos llamar “conceptos rectores de una política de seguridad y paz”, quisiera hacer referencia, solo por su carácter paradigmático y valor pedagógico, al llamado “acuerdo humanitario” y al tema de la “facilitación internacional”. Creo que en el campo del llamado canje, intercambio o acuerdo humanitario -y ya cada una de estas tres palabras tiene un sentido distinto y denota intereses diversos y hasta contrapuestos- se decide igual-

Los reiterados ataques terroristas de los grupos guerrilleros han despertado la solidaridad de los colombianos.

mente un asunto crucial para la Nación. El dilema es el siguiente: si ante un grupo que somete a un chantaje descarado a la Nación entera, debemos ceder ante sus pretensiones y liberar de las cárceles delincuentes para que al otro día descarguen de nuevo su furia sobre los ciudadanos y las instituciones. O si al contrario, debemos adelantar acciones humanitarias, entendidas como mutuos gestos de buena voluntad por parte del Estado y los secuestradores, para lograr la liberación de las víctimas; gestos de buena voluntad que no pongan en peligro la seguridad de otros ciudadanos y se ajusten a las normas legales vigentes. La posición del Gobierno ha sido la segunda, pero no ha sido fácil mantenerla, pues cabe lamentar que importantes sectores de opinión consideren que la presión política debe dirigirse sobre el Gobierno para que ceda ante las pretensiones de los violentos y no sobre los secuestradores. Como se da de antemano la consideración de que la guerrilla no va a ceder, entonces debe ceder la autoridad democrática. mportantes generadores de opinión, entre ellos algunos ex presidentes, se han dedicado a torcerle el cuello al DIH para encontrar una fórmula ingeniosa pero funesta si se aplica en la realidad política. Empiezan por tomar el concepto “prisioneros de guerra” propio de los Convenios de Ginebra y del Protocolo I, es decir de los conflictos internacionales para aplicarlo a la situación de violencia interna que vive Colombia. Por esta vía convierten a los secuestrados en “prisioneros de guerra”, lo mismo que a los guerrilleros, haciéndolos intercambiables. Los más pudorosos recurren al Protocolo II y

extienden a los civiles la fórmula “personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto”. Buscan así eludir las normas humanitarias que impiden la retención de civiles y por otro lado tratan de pasar por encima de la ley penal colombiana, a fin de liberar sin obstáculos los guerrilleros que se encuentran pagando sus penas en las instituciones penitenciarias. El malabarismo más extraño lo hacen cuando recurren a una frase del Artículo 3 común que faculta a las partes para adelantar acuerdos especiales que permitan actualizar o poner en vigencia

normas humanitarias. Asumiendo que el DIH hace parte del bloque de constitucionalidad y se coloca por encima de las normas internas, sugieren que en virtud de ese artículo y de la peculiar interpretación que dan a esa frase, el Presidente de la República firme un acuerdo con un grupo armado al margen de la ley, documento que adquiere ipso facto el carácter de norma supraconstitucional, capaz

de ponen en suspenso el código penal colombiano, permitiendo por tanto al Presidente liberar guerrilleros procesados o condenados sin importar su delito ni consultar a las autoridades judiciales. Este artificio jurídico sería suficiente para que 24 horas después de firmado el mencionado acuerdo el Presidente de la República estuviera compareciendo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, investigado por una flagrante violación de la ley colombiana. No solo se interpreta mal la aludida frase del Artículo 3 común que sugiere ir más allá del mínimo humanitario

Los éxitos alcanzados en la lucha contra los grupos subversivos han merecido el registro de los medios de comunicación e inspirado a connotados columnistas.

y no, como en este caso, ponernos debajo de él para negociar lo que en el DIH es imperativo e innegociable. Se transforma además de forma sofística la condición de los secuestrados, convertidos

ahora en prisioneros de guerra; se sugiere violar la normatividad penal interna que el mismo DIH se esfuerza por preservar; sino que además se encuentra una maravillosa fórmula para eludir la ley y la Constitución, nada más ni nada menos que con la argucia expedita de firmar un acuerdo entre la máxima autoridad de la Nación y un grupo de delincuentes al margen de la ley. Documento que de inmediato tendría más valor que las leyes aprobadas por el Congreso o las decisiones de nuestras instituciones republicanas. Más dislates imposible reunir en un solo acto. o triste del asunto es que

La unidad élite contra el terrorismo urbano tiene la capacidad de adelantar operaciones de combate en las ciudades contra organizaciones al margen de la ley.

dichas fórmulas se presentan como alternativas para agobiados familiares que marchan ilusos tras las quimeras. Resulta desgastante la polémica pública de quienes cuestionan al Presidente cuando

este dice que sólo puede liberar guerrilleros de acuerdo con la ley y a partir del compromiso por parte de éstos de no volver a delinquir. ¿Cómo así que un gobernante legítimo dentro de un Estado de Derecho no puede pedirle a delincuentes que reciben un beneficio judicial, el compromiso básico de no volver a injuriar a las instituciones ni violentar a los ciudadanos? Qué enormes confusiones debe causar a los ilegales vernos en este tipo de debates, incidiendo en la percepción que tienen del problema y despertando en ellos esperanzas de ver consolidados sus propósitos. No es accidental que lleguen a considerar en su fuero interno que algunos de estos eminentes ciudadanos, que ex-

presan en público sus diferencias con el Gobierno en este asunto, son sus “aliados estratégicos” en el propósito de consumar el despiadado chantaje. Ante asuntos de tanta gravedad debería primar un consenso nacional ante los violentos, tal como rige para los asuntos de política exterior. Ante una amenaza interior que pone en peligro la unidad nacional, los líderes históricos deberían actuar

como actúan los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con unidad de Patria y ventilando sus opiniones divergentes de manera directa con las altas autoridades del Gobierno, para no enviar mensajes equívocos a los secuestradores. Es lamentable que el asunto del canje se haya querido convertir además en bandera electoral, o que, como pude constatarlo en la gira con el presidente Uribe por Europa en febrero de 2004, grupos minoritarios y radicales simpatizantes de las Farc corearan al tiempo consignas ofensivas contra el Primer Mandatario, “libertad para Simón Trinidad” y “canje... canje”, dejando claro, como lo decía una pancarta de las Farc

durante el anterior proceso de paz con ese grupo guerrillero, que “el canje no es un gesto humanitario sino un acto revolucionario”. Duele aún más que sean emisarios de los victimarios quienes muchas veces se toman el atrevimiento de aconsejar a los familiares de los secuestrados lo que deben hacer para poner al Gobierno contra las cuerdas. Como quien dice, los pájaros tirándole a las escopetas.

Pero como en este asunto los desafueros son la norma, quiero comentar una anécdota que espero no se convierta en tormentosa noticia política de los próximos días. Es tal la falta de criterio y ecuanimidad para tratar este tema -cosa que entiendo, pues está de por medio el dolor de los secuestrados y sus familias- que durante el debate del proyecto de Ley de Justicia y Paz que se adelanta en el Congreso, estamos a punto de caer en una peligrosa paradoja, que podría costarle mucho a la Nación. En las Comisiones Primeras conjuntas de Senado y Cámara, fue aprobada una propuesta del Senador José Renán Trujillo, acordada con el Gobierno, para conceder los beneficios consagrados en dicha ley a los miembros de grupos con los que se alcancen “acuerdos humanitarios”. Pues el Gobierno no está en contra de buscar un mecanismo que permita la libertad de los secuestrados, concediendo algún beneficio jurídico a quienes muestren gestos de buena voluntad que permita a los cautivos regresar a la libertad. De lo que se trata es de hacerlo sin poner en peligro la política de Seguridad Democrática, ni estimular hacia un futuro nuevos chantajes y secuestros. Las condiciones para dicho acuerdo se han hecho públicas varias veces, y a ellas se añade ahora la posibilidad de otorgar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz para alcanzar dicho propósito. asta allí las cosas van bien,

extendiendo al máximo nuestra generosidad sin poner en peligro la eficacia de una política de pacificación ni la integridad de las instituciones. Pero un significativo grupo de parlamentarios, entre los que se cuentan algunos de los más duros críticos del Gobierno en lo relacionado con este proyecto, dejaron constancias en el sentido de revivir en las plenarias del Congreso el debate, para tornar más ágil la concesión de estos beneficios, de tal manera que el Presidente de la República ordene de manera directa la excarcelación de los guerrilleros beneficiados, sin que estos tengan que pasar por el tribunal especial, pagar una pena privativa de la libertad básica o reparar a las víctimas. Algunos, incluso, sugieren que esta función no debe ser facultativa del Presidente sino obligatoria. De ésta manera creen asegurar un mecanismo expedito para el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Si esto llegase a suceder, estaríamos ante una peligrosa paradoja. Aquellos que firmen acuerdos de paz y desmovilicen a sus hombres, entregando armas y bienes ilícitos, se irían a la cárcel con el compromiso de reparar a sus víctimas antes de obtener un beneficio judicial. Pero aquellos que secuestren a ciudadanos inocentes, chantajeando al Estado para conseguir sus propósitos, podrían salir de las cárceles por mecanismos expeditos que resultarían una burla para la justicia y las víctimas. Se desestimularía por completo la

No sólo es cuestionable la figura de los “países amigos” que poco pueden hacer en el campo de la facilitación y sí mucho en abrirle espacios de interlocución a los grupos armados ilegales colombianos. 14

política de desarme y desmovilización, mientras se estimularía a los grupos armados ilegales para que recurran a la práctica del secuestro con el propósito de obtener mejores condiciones de excarcelación para sus miembros. Esta propuesta es una muestra más de la falta de universalidad con que algunos legisladores tramitan la Ley de Justicia y Paz. Para el Gobierno es claro que el asunto de la excarcelación de miembros de grupos armados ilegales es central para consolidar los esfuerzos de paz. Pero considera que los criterios aplicados a guerrilleros y paramilitares deben ser idénticos, pues de lo contrario encenderíamos de nuevo a la Nación antes que avanzar hacia una efectiva reconciliación nacional. Esperamos que prime la cordura entre los legisladores, para que desistan de su pretensión de modificar lo aprobado en las Comisiones Primeras conjuntas sobre acuerdo humanitario. Lo otro sería abrir un enorme boquete a la Ley de Justicia y Paz, que tornaría inane el resto del articulado. Este sí sería un “mico” de gigantescas proporciones, un “gorila” que en vez de ayudar a la pacificación del país intensificaría mucho más la violencia. Me imagino a las autodefensas rehusándose a la desmovilización y haciendo secuestros para obtener mejores condiciones que las brindadas por el actual proyecto de ley. Y a la guerrilla acorralando al Presidente y presionando a los ciudadanos para que se le apliquen tan expeditos mecanismos con el propósito de sacar a todos sus efectivos de las cárceles. A este escenario bien podríamos llegar en pocos días, si el asunto del canje o intercambio se sigue manejando sin profundidad conceptual y visión estratégica, por lo que considero

Naciones Unidas no puede pedir la condición de neutralidad frente a los grupos terroristas colombianos, para tender puentes con ellos. pertinente, señores académicos, estudiar con seriedad este tema y adelantar una pedagogía nacional para que encontremos una salida humanitaria al caso de los secuestrados pero sin exponernos a violencias futuras o procesos de desinstitucionalización que luego tendríamos que lamentar.

Equipos de comunicaciones y campamentos con oficinas amobladas han sido encontradas en operaciones del Ejército contra la guerrilla.

Facilitación internacional Por último una referencia a los “facilitadores internacionales”. Aunque Colombia cuenta con una tradición poco evaluada de participación de la comunidad internacional en procesos de paz, se hace necesario redefinir el papel del facilitador a la luz del calificativo que los grupos armados ilegales han recibido como organizaciones terroristas. Si ha sido una constante que la guerrilla busque el oxígeno internacional para abrirse espacios políticos, en las actuales circunstancias esta búsqueda resulta más intensa y afanosa. Las Farc están buscando conformar un grupo de países amigos del acuerdo humanitario, cuidadosamente seleccionados por ellos. Escogen a Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina del continente americano; a España, Suiza y Francia de Europa, y al Vaticano y Naciones Unidas como acompañantes. No sólo es cuestionable la figura de los “países amigos” que poco pueden hacer en el campo de la facilitación y sí mucho en abrirle espacios de interlocución a los grupos armados ilegales colombianos. Resulta preocupante además que a partir de una lectura simplista

del nuevo orden internacional, las Farc escojan unilateralmente los países que deben ser los acompañantes del proceso, pensando -tal vez- que sus ideas tendrán en ellos mayor eco. Recientemente el Eln trató de influir en una reunión programada entre el presidente Uribe y los presidentes de Brasil, España y Venezuela, anunciando como cosa curiosa que la situación colombiana resultaba peligrosa para la subregión. Y este mismo grupo, después de romper con la facilitación mexicana pretextando un desacuerdo con la política interna y exterior de ese país, llamó

A pesar de las dificultades del relieve y el clima, el Ejército ha logrado desvertebrar importantes campamentos de la subversión.

al viejo grupo de países amigos -Cuba, Suiza, Francia, Noruega y España- a reasumir unas funciones gaseosas que nada tienen que ver con la intención de resolver el espinoso asunto del secuestro, al que de manera tan profesional nos había llevado la facilitación mexicana.

engo serias dudas sobre la validez de estos “grupos de países amigos” puestos en marcha durante la administración anterior. No sólo su conformación fue en ocasiones apresurada y caótica, sino que jamás se definieron con claridad sus funciones o el límite temporal de su intervención. Cuando comenzó la actual administración el grupo de países amigos que acompañó el proceso con las Farc seguía reuniéndose por inercia, así no existiera proceso, pues en el mundo diplomático es fácil constituir grupos pero muy difícil disolverlos. Dichos grupos, útiles para obtener apoyos operativos si son bien orientados tienen sin embargo una falla grave, que son acciones difusas, fácilmente aprovechables por los ilegales para ganar espacios de interlocución y contar con canales de alto nivel para transmitir sus posiciones y comunicados, convirtiéndose en un factor de deslegitimación de nuestro Gobierno. Por otro lado, cuando dicha labor es adelantada por embajadores de planta y no por facilitadores profesionales dedicados de manera exclusiva a esta tarea, la posibilidad de equívoco es mayúscula. l campo de la facilitación internacional debe ser entonces estudiado con cuidado. El fracaso de la labor de buenos oficios de Naciones Unidas debe salir de los chismes de salón y de las inculpaciones tendenciosas para analizarse con objetividad. En nuestro concepto la labor de facilitación debe separarse de la figura del Asesor Especial del Secretario General, pues resultan contradictorias. Por otro lado, Na-

La destrucción de importantes puentes que unen vastas regiones del territorio nacional son un arma utilizada por la guerrilla para incomunicar municipios y atentar luego contra ellos.

ciones Unidas no puede pedir la condición de neutralidad frente a los grupos terroristas colombianos, para tender puentes con ellos. Si Colombia hace parte del sistema de Naciones Unidas, resulta absurdo que se invoque neutralidad frente a los grupos terroristas que amenazan nuestra democracia. Se hace necesario que el Secretario General de Naciones Uni-

Los “grupos de países amigos”, conformados para apoyar procesos en marcha, no resultan adecuados para la labor de facilitación. 16

das redefina sus protocolos para clarificar qué significa adelantar una labor de buenos oficios frente a un grupo terrorista que amenaza a un Estado miembro. La ONU tiene un claro mandato de lucha contra el terrorismo, reforzado después del 11 de septiembre por la Resolución 1373. ¿Cómo puede entonces declararse neutral frente a organizaciones que hacen parte de las listas terroristas de Europa y Estados Unidos, y que atacan flagrantemente a la población civil? Creemos que en este caso la labor previa de exhortación y presión política legítima para que dicho grupo cese en sus acciones terroristas es parte integral de la gestión de buenos oficios, lo cual no es obstáculo para que se abra espacio a una “neutralidad profesional” limitada al campo de los procedimientos pero no extensible al ámbito político. Dicha “neutra-

lidad” operativa y circunstancial cobijaría al funcionario encargado de adelantar los contactos y no se predicaría del Sistema de Naciones Unidas en general, ni de la Oficina del Secretario General en particular. Así impediríamos confusiones como las que bloquearon el reciente intento de facilitación de Suiza con las Farc, que fue interpretado por este grupo como el establecimiento de un canal para las relaciones “político diplomáticas” con esa Nación, con el propósito de tratar asuntos de “interés mutuo”. Frente a estas confusiones el modelo adelantado por México con el Eln debe ser apreciado en toda su dimensión. Se trató de una labor profesional que permitió avances significativos para un encuentro directo entre el gobierno

colombiano y el Eln. Por la claridad de su encuadre, la destinación de un diplomático para adelantar la labor con exclusividad y la precisión de sus objetivos, la facilitación adelantada por México configura un modelo digno de repetirse. La facilitación internacional resulta útil si se adelanta de manera discreta y profesional, como producto de un previo acuerdo del facilitador con el gobierno colombiano, con aceptación explícita por parte del grupo armado ilegal y limitación en el tiempo. Los “grupos de países amigos”, conformados para apoyar procesos en marcha, no resultan adecuados para la labor de facilitación. Y menos aún los contactos espontáneos de gobiernos extranjeros con los grupos terroristas colombianos, que terminan deslegitimando nuestra democracia y dando alientos a

su acción violenta. Es hora de repasar con cuidado nuestras experiencias en este campo para no seguir cometiendo errores y, más bien, aprender a utilizar con precisión este importante instrumento internacional como medio para alcanzar la paz en nuestra Patria.

Política de paz con los grupos armados ilegales efinido el ámbito de los conceptos, entremos a un segundo ámbito relacionado con propuestas de paz y metodologías de diálogo con grupos ilegales, que es necesario tener en cuenta. En primer lugar quisiera resaltar la importancia de la decisión tomada por este Gobierno de adelantar diálogos con todos los grupos armados ilegales, siempre y cuando expresen de manera pública su compromiso de abandonar la violencia. Nuestro esfuerzo por

convencer a las autodefensas de desmontar su mortífero aparato de terror, no ha tenido suficiente acompañamiento por parte de la academia. Encontramos aquí un sesgo entre los intelectuales que trabajan el tema de la paz, nacido quizá de un prejuicio histórico. La mayoría de ellos ven con buenos ojos adelantar negociaciones con grupos armados nacidos de la izquierda, pero no con la derecha armada. No obstante que los grupos guerrilleros han insistido en que sin un desmonte de los grupos

paramilitares no avanzarán en un proceso de paz; que las pasadas conversaciones con las Farc y el Eln durante el gobierno de Andrés Pastrana se vieron sucesivamente torpedeadas por la acción de estos grupos, hasta ahora nadie había intentado explorar una salida dialogada con los grupos de autodefensas. Cuando se iniciaba el actual gobierno, los anteriores Comisionados de Paz, convocados por Carlos Holmes Trujillo, escribieron un libro titulado “Al oído de Uri-

Estos grupos se levantan en la actualidad como la más grave amenaza para la gobernabilidad democrática. 17

be”. Querían transmitirle a este Gobierno sus experiencias y darle consejos en el tema de la paz. Cuando se inició el diálogo con las autodefensas, revisé el texto en busca de alguna orientación. A la pregunta de si era posible un diálogo con estos grupos se respondía diciendo que de pronto cuando se hiciera la paz con las guerrillas, o negando de plano la posibilidad. Me dí cuenta entonces que se trataba de abrir camino, sin la ventaja de una sólida experiencia previa. esto se han sumado prejuicios que impiden la labor del pensamiento. Por ejemplo, suponer que las autodefensas no son nuestros opositores sino nuestros aliados. Qué grave error. Estos grupos se levantan en la actualidad como la más grave amenaza para la gobernabilidad democrática. No dependen del Estado, antes bien, compiten con él por el monopolio de la fuerza y de la justicia. El hecho de no presentarse como contradictores abiertos de nuestras instituciones democráticas los hace más peligrosos, pues se disfrazan con nuestros ropajes, confundiendo a cientos de ciudadanos que han creído encontrar en ellos una alternativa de seguridad, cuando en realidad imponen una nueva forma de sometimiento. Para el Gobierno siempre ha sido claro que el primer paso para legitimar el Estado y favorecer un diálogo sólido con las guerrillas es desmontar los grupos paramilitares, centrando la acción antisubversiva solo en las Fuerzas Armadas institucionales. Sin embargo encontramos opositores a la izquierda y a la derecha. Encontramos también temor en los ciudadanos que no olvidan las acciones violentas de la guerrilla y temen quedar expuestos de nuevo a sus desafueros.

Es importante que a la luz de este Convenio profundicemos sin apasionamientos partidistas ni visiones maniqueas en el reto que significa desmovilizar a las autodefensas. Y que seamos capaces de articular el desmonte de estos grupos con una política de paz que involucre también a las Farc y el Eln. Simplemente como ejercicio intelectual permítanme una prospección de lo que puede ser una política de seguridad y paz que dé continuidad a los propósitos de este Gobierno. Fortalecidos los logros obtenidos hasta el presente con la política de Seguridad Democrática, que exigirán de nuestra parte persistencia y compromiso a largo plazo, podremos adentrarnos poco a poco en una política de paz viable y duradera que la complemente. En efecto, conseguir la seguridad no es alcanzar la paz. Pero sí es un requisito indispensable para mostrar a los violentos que el camino de las armas es inútil y para fortalecer al Estado como interlocutor legítimo, capaz de ofrecer a todos los colombianos garantías para el disfrute de sus derechos y libertades democráticas. n primer lugar debemos consolidar el desmonte de la maquinaria paramilitar. Ya ellos aceptaron en el Acuerdo de Santa Fe Ralito del 15 de julio de 2003 desmovilizar a sus hombres, dejando atrás el argumento histórico que no lo hacían si antes no daba ese paso la guerrilla. Consolidar ese proceso antes de terminar el presente año, como bien se dice en el acuerdo, debe ser un propósito nacional. Sin lugar a dudas las guerrillas tratarán de utilizar este espacio para golpear a poblaciones vulnerables y agudizar sus ataques contra el Estado a fin de demostrar el fracaso de la

Seguridad Democrática. El reto será entonces enfrentar la amenaza terrorista de la guerrilla sólo con instrumentos democráticos, buscando el apoyo activo de la población civil a las políticas de seguridad y el respaldo internacional, tanto político como financiero para seguir consolidando nuestra democracia. Entre tanto, ofreceremos a las Farc y al Eln propuestas claras para una salida dialogada. Como condición inicial insistiremos en el cese de hostilidades, entendido como un compromiso político por parte de estos grupos de suspender las acciones violentas. Dicho requisito es fundamental. Mucho se ha criticado el cese de hostilidades de las autodefensas, que dista de ser perfecto. Pero como las autodefensas se han comprometido con su palabra, ninguna justificación pueden esgrimir cuando incurren en acciones violentas, corriendo en cambio con todos los costos políticos al hacerlo. Las estadísticas muestran por demás una disminución significativa en homicidios -67%- y de masacres -83%- atribuidas a estos grupos desde que se iniciaron los diálogos. No solo se han incrementado las acciones militares contra todos aquellos que violan el cese de hostilidades -en cifras que superan en promedio el 300%-, sino que el reclamo llevado a la mesa de diálogo resulta un útil mecanismo de presión para posicionar las condiciones del Gobierno y acelerar la desmovilización. Pues si bien ha dicho el Gobierno “urgencia para el cese de hostilidades y paciencia para la desmovilización y el desarme”, la paciencia para la desmovilización se acaba cuando el cese de hostilidades se viola. En días pasados el Eln rompió sus relaciones con la facilitación

mexicana, como un pretexto para no asumir ante la opinión el costo político de su negativa a dejar de secuestrar. Incluso uno de los jefes de las autodefensas, en entrevista televisiva, tachó al Gobierno de fundamentalista por no entender que el asunto del secuestro era tema para tratar en la mesa. Otros sectores de opinión piensan lo mismo, y así se lo han hecho saber al Gobierno. Sin embargo, el Presidente ha dejado claro que si nos hacemos los de la vista gorda con esta práctica terrorista, si en pos de un logro efímero cedemos ante la negativa de ese grupo de abandonar la terrible práctica del s e c u e s t r o, perderemos entonces toda legitimidad y autoridad moral para exigírselo en el futuro, exponiéndonos a que dicho grupo realice secuestros masivos como los sucedidos durante el go-

bierno anterior para obligarnos a ceder ante sus propósitos. Si aceptamos que ese grupo suspenda acciones contra la Fuerza Pública y la infraestructura pero que siga secuestrando mientras dialoga con nosotros, como fue su propuesta, sería tanto como legitimar sus acciones contra los ciudadanos mientras la Fuerza Pública se compromete a no atacarlos, en virtud del compromiso de reciprocidad. No hay que afanarse, tal vez la correlación de fuerzas no es todavía suficiente para obligar al Eln a cambiar su posición y asumir que el mundo

actual exige un compromiso serio frente al secuestro. Lo que no podemos hacer es iniciar un diálogo que en vez de permitirnos avanzar, nos devuelva al mismo empantanamiento en que estamos con ese grupo desde hace diez años. La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el campo de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos. e manera especial, es importante teorizar y desarrollar los modelos e instrumentos

Las Farc han visto en Arauca una región con gran potencial para ubicar allí su estructura financiera.

La paz en Colombia será fruto de una política de seguridad persistente y una presión coherente en el campo de la negociación. Los atajos en el camino hacia la paz terminan en fracasos costosos. 19

que sirvan al Presidente y los Altos Mandos militares para combinar de manera acertada la presión política y militar legítima con las salidas negociadas. En este campo de decisión no podemos seguir moviéndonos por espontáneas intuiciones, o a partir del mensaje clandestino que envía un grupo armado ilegal anunciando su voluntad de paz. Se necesitan estrategas capaces de determinar cuando es preciso coaccionar con la fuerza del Estado pero también de auscultar el momento preciso para abrir caminos de paz; de combinar el uso de la fuerza legítima y las acciones de acorralamiento político con los métodos persuasivos propios de una mesa de diálogo. abrá que analizar si el Eln está maduro para dejar de secuestrar, o si se necesita mayor presión legítima, incluso, ojalá de sectores de izquierda que son escuchados por ellos, para que abandonen de una vez por todas esas prácticas delictivas. Esto no quiere decir que dejemos atrás lo logrado hasta ahora. El Gobierno ha ofrecido a ese grupo una suspensión de acciones militares ofensivas como reciprocidad a un cese de acciones violentas decretado por ellos, que debe incluir el secuestro. Acto seguido podemos adelantar programas de desminado conjunto en zonas donde han operado, estudiar mecanismos para la financiación internacional del proceso y poner en marcha un “acuerdo humanitario” que permita la liberación de los secuestrados en su poder y de los presos de ese grupo que puedan recibir beneficios judiciales. Cumplida esta primera

fase estaríamos en condiciones de apoyar la convocatoria de la llamada “Convención Nacional”, mecanismo participativo en el que ha insistido ese grupo desde hace varios años. Basta entonces que el Eln anuncie que está dispuesto a dejar de secuestrar, para que de inmediato retomemos los preacuerdos alcanzados hasta ahora con la ayuda de México, que bien pueden llevarnos a un encuentro directo entre el Gobierno y ese grupo guerrillero. Ante quienes dicen que nuestras exigencias son exageradas, que deberíamos iniciar conversaciones sin el requisito del cese de acciones violentas y la definición de un derrotero claro, debemos responder con argumentos sólidos, por lo que dejo también a consideración de los académicos encargados de desarrollar el Convenio que hoy firmamos, estudiar la validez de estas exigencias para dar mayor fundamentación a nuestra propuesta, de tal manera que si se considera justa el país la conozca y se apropie de ella, pues siempre corremos el peligro de olvidar lo esencial e irnos tras quimeras que tienen a la postre terribles costos para la nación. Y qué hacer entre tanto con las Farc? Poco interés ha mostrado ese grupo en adelantar un proceso de paz con el actual Gobierno. Cuando apenas se iniciaba la actual administración formularon la exótica exigencia de desmilitarizar dos departamentos fronterizos como condición para iniciar conversaciones dejando la impresión de estar más interesado en consolidar dominio territorial,

que en una propuesta de paz que no ponga en peligro la unidad de la Nación. Hoy por hoy, sus esfuerzos se centran en el llamado “canje” de guerrilleros presos por civiles secuestrados, con el propósito de asestar un golpe político al establecimiento y fortalecer su capacidad militar con la liberación de guerrilleros experimentados que permanecen en la cárcel. Será necesaria más presión militar y política para que accedan a una salida dialogada viable y segura para el Estado. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a lograr un acuerdo humanitario que permita la liberación de las personas secuestradas, siempre y cuando se adelante bajo el marco jurídico vigente y cumpliendo condiciones razonables: sin despejes militares y con el compromiso de los guerrilleros liberados de no volver a delinquir. Aunque en un principio el Presidente ligó el acuerdo humanitario al inicio de un proceso de paz, por sugerencia de dirigentes nacionales y familiares de los secuestrados, desde el 24 de septiembre de 2002 tomó la decisión de diferenciar los dos escenarios. El 23 de julio de 2004, el Gobierno entregó en Roma a un facilitador internacional una propuesta en dos fases. En primer lugar un acuerdo humanitario, cuyos términos fueron conocidos por la opinión el 18 de agosto de ese año: el Gobierno libera de manera unilateral un grupo de guerrilleros condenados por rebelión, a los cuales se les ofrece una alternativa para su reincorporación a la sociedad. Liberados por parte de la

“El Gobierno está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si estas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad”. 20

guerrilla los políticos secuestrados y miembros de la Fuerza Pública en su poder, se examina el inicio de la segunda fase, previa declaratoria de un “cese de hostilidades por parte de las Farc, sin entrega inicial de armas ni desmovilización y con reciprocidad del Gobierno, que consistirá en la suspensión de acciones militares ofensivas”. Tal como quedó consignado en el documento del 23 de julio “el compromiso de una y otra parte tendrá vigilancia internacional”.

Siguiendo los lineamientos de la propuesta que formulamos desde julio del 2004, podemos decirles a las Farc que si se trata de sacar adelante un proceso de paz, no tenemos ningún problema en considerarlos interlocutores válidos, siempre y cuando cesen en sus acciones violentas. Y aún más, si para consolidar un proceso de paz serio es necesario convocar una Asamblea Constituyente, tampoco vemos problema en explorar esa posibilidad.

Aunque dicha propuesta no mereció ninguna respuesta por parte de las Farc, en un gesto de buena voluntad el Gobierno indultó el 2 de diciembre a 23 guerrilleros pertenecientes a ese grupo, que hoy se encuentran en libertad. El pasado 20 de diciembre se ofreció una fórmula sencilla para perfeccionar el acuerdo que facilite la liberación de 63 colombianos y extranjeros secuestrados: “El Gobierno está dispuesto a reunirse de manera inmediata con las Farc en cualquier iglesia, rural o urbana del país, si estas liberan a un primer grupo de secuestrados como gesto de buena voluntad”. Para el traslado de los miembros de las Farc al lugar de encuentro y su regreso se contará con garantes nacionales e internacionales. Voceros de dicho grupo han afirmado en comunicado público del pasado 25 de febrero que sólo hablarán de paz si se les reconoce carácter político y se convoca una Asamblea Constituyente. El 6 de diciembre de 2000, las Farc arrasaron la población de Granada, Antioquia. Manzanas enteras fueron derrumbadas y 29 personas murieron bajo los escombros, 15 de ellos civiles.

Tanto al Eln como a las Farc debe quedarles claro que así como este Gobierno ha sabido combatirlos con firmeza, tiene también decisión y grandeza para explorar los caminos del diálogo. No del diálogo como pretexto para fortalecerse militarmente y volver a la violencia. Del diálogo que conduzca a un efectivo desarme y reconciliación de la Nación.

El general Rafael Samudio Molina dialoga con el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y el general Alberto RuĂz Novoa, luego de la ceremonia de clausura del Coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz.

La guerra por la paz General Rafael Samudio Molina Presidente Nacional de ACORE

"El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General, consiste en entender el tipo de guerra en que interviene y no en tomarlo Von Clausewitz por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”.

La Guerra Una definición general y aceptable, puede ser: “La guerra es la violencia organizada, es decir, la lucha armada y cruenta entre grupos políticos organizados”.

Se caracteriza por: a. Una permanente actividad militar; b. Un elevado grado de tensión en la opinión pública; c. La entrada en vigor de normas jurídicas atípicas, respecto de las que rigen en tiempo de paz; d. Una progresiva polarización política dentro de las estructuras beligerantes. La guerra, como la discusión, son los dos instrumentos básicos de la política. Por eso Von Clausewitz afirmaba correctamente que “la guerra es la continuación de la política con otros medios“: De ahí que sea erróneo establecer la diferencia entre soluciones políticas y “soluciones militares“ porque la llamada “solución militar“ es en realidad una solución política. Al respecto citemos textualmente a Clausewitz: La guerra es un acto político... y también un efectivo instrumento político, una continuación del comercio político y la ejecución de éste por otros medios.

1. En ninguna circunstancia debe considerarse la guerra algo independiente... la política se entrelaza con la acción total de la guerra y debe ejercer una influencia continua sobre ella. 2. Las guerras deben diferir en carácter, según los motivos y las circunstancias a los que obedecen. 3. El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General consiste en entender el tipo de guerra en que interviene, y no en tomarlo por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”.

Marco internacional de la guerra y los conflictos armados Sobre la guerra como fenómeno político militar, no existe definición jurídica absoluta, taxativa ni concepto absolutamente aceptado internacionalmente. Conflicto armado internacional: En concordancia con el Artículo 2° común, a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Artículo 1° del Protocolo Adicional I de 1977, el conflicto armado internacional se verifica entre por lo menos dos Estados. Artículo 2° común a los Convenios de Ginebra: “El presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o

de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra”.

Marco Constitucional Colombiano Capítulo 6- De los estados de excepción Artículo 212.- EI Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del estado de guerra exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. Los decretos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad.

Conc.: arts. 59, 97, 104, 138, 150-1, 152 (e), 173-5, 189-3 a -6, 208, 213 a 215, 217, 241,252, 350, 362 inc. final. LE: 137/94, arts.1º y ss.; L.O. 5ª/92, arts. 120, 254; L. 94/93, L 171/94.

Artículo 213.- En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Conc.: arts. 116, 138, 152 (e), 189-4, 2005, 208, 212, 214, 215, 218, 220, 221, 241, 251-5, 252, 296, T-12, T-13, T-30. C.P., art. 346; L.E. 137/94, arts. 1º y ss.; L.O. 5ª/92, arts. 254, 313; L 94/93; L 171/94; L 522/99.

Artículo 214.-Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones: 1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de

la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción. 2. No podrán suspenderse los Derechos Humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos.

constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio en forma inmediata su conocimiento. Conc.: arts, 6°, 22, 91, 93, 104, 113, 123, 152, 189, 197, 198, 200, 212, 214-7, 241, 252, 296, 33’8, 345. L. 16/72, art. 27; L. 14/92; L. 94/93; Leyes 137, 171 de 1994.

Los conflictos armados - Protocolo II de Ginebra Artículo 1. Ámbito de aplicación material

5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores.

1. El presente Protocolo, que desarrolla y completa el Artículo 3º común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el Artículo 1º del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus Fuerzas Armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su

2. El presente Protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados.

3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. 4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el Gobierno declarará establecido el orden público y levantará el estado de excepción.

Mediante la campaña institucional "Nuestro compromiso es Colombia", el Ejército cumple una importante tarea de presencia en los medios de comunicación.

Otras definiciones: El término “conflicto armado internacionalizado” describe hostilidades internas que se convierten en internacionales. Las circunstancias concretas que pueden dar lugar a esa internacionalización son numerosas y, a menudo, complejas: la expresión conflicto armado internacionalizado incluye las guerras entre dos facciones internas respaldadas por Estados diferentes, las hostilidades directas entre dos Estados extranjeros que intervienen militarmente en un conflicto armado interno respaldando a grupos enemigos y las guerras en que se produce una intervención extranjera para apoyar a un grupo rebelde que lucha contra un Gobierno establecido.1 Conflicto Armado y Derecho Humanitario La Aplicabilidad del Protocolo II ¿Es aplicable el Protocolo II a la situación de desorden público en Colombia? ¿Tienen los grupos armados ilegales mandos responsables? ¿Ejercen estos grupos control sobre ciertas partes del territorio nacional, que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas? ¿Tienen capacidad y voluntad de aplicar el Protocolo?

Responder las anteriores preguntas no es nada fácil. Para esto se requiere analizar los requisitos de aplicación material consagrados en el Protocolo II. El Artículo 1º de dicho instrumento establece que el conflicto armado se libre: “entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo". Control territorial, organización y mando responsable

más la capacidad para aplicar y respetar las normas humanitarias y las costumbres de la guerra, son requisitos exigidos. Estos elementos, deben analizarse en sentido jurídico, político y pragmático. Para empezar debe abordarse la idea del control territorial por parte de un grupo armado y organizado. Al efecto es obligado diferenciar los conceptos presencia y control. Desde luego los grupos armados hacen presencia en muchas áreas de la geografía colombiana y de modo eventual, un control transitorio impuesto por la fuerza de las armas y el terror sin sujeción

1. D. Schindler, "El derecho internacional humanitario y los conflictos armados internos internacionalizados", Revista Internacional de la Cruz Roja (RICR), n° 53, 1982, p. 279.

cierta de la población cautiva a la cual sujetan coercitivamente. Por esta razón el control formal y fundamental solamente lo ejercen sobre sus propias facciones quienes itinerantes se desplazan de una a otra región, adelantando actividades criminales de secuestro, extorsión y cautiverio colectivo para trabajos de siembra y procesamiento de coca. Algunos analistas hablan de control atendiendo a facilidades de movilidad y circulación para ingresar a una zona, desarrollar hostilidades en ella y enmarcar extensiones arbitrarias de territorio. Y a ese territorio le adjudican la función de constituirse en soporte físico de una jurisdicción de dominio y control territorial, todo lo cual es un absurdo desde el punto de vista jurídico y político, que tan solo podría ser aceptable en la comprensión especulativa de quienes lo planteen desde algún país europeo, ajeno a la realidad y dimensiones de nuestra geografía física y humana. dicionalmente se precisa de una estabilidad, que en nuestro medio es inexistente como control de una porción, aún modesta, del territorio para que ellos estén en capacidad de aplicar efectivamente las reglas del Protocolo. En cuanto a realizar operaciones militares sostenidas y concertadas para aplicar el Protocolo, es decir, proteger y asistir enfermos y heridos por ejemplo, o dar trato humano a los prisioneros tal como lo preveen los Artículos 4º

(garantías fundamentales) y 5º (personas privadas de la libertad). Tal acontecimiento no ha ocurrido ni ocurre, con la excepción de algunos ataques a lejanos destacamentos militares y tomas transitorias de igualmente distantes localidades excepcionales. Las cuadrillas armadas ilegales desarrollan sus actividades criminales especialmente y con predilección sobre caseríos y poblaciones inermes, destruyendo indiscriminadamente viviendas y construcciones de servicios públicos, culturales y religiosos mediante armas de fuego y cargas explosivas que proyectan con tubos artesanales, que en forma alguna pueden aceptarse como ejercicio de dominio territorial, control político, aceptación de la población ni permanencia en la vida de las comunidades. Dice el pueblo colombiano, de modo coloquial, que se vive bajo la amenaza terrorista de la guerrilla. Estos grupos poseen, desde luego, una estructura orgánica relativamente jerarquizada y manejada horizontalmente según sus conveniencias, cuya existencia el Gobierno acepta cuando toma contacto mediante algunos agentes oficiales en situaciones específicas, que generalmente han correspondido a la formulación de invitaciones para obtener su desmovilización y regularización ciudadana. El concepto de responsabilidad lo manejan de modo discrecional, circunstancial y acorde con sus

intereses. Mucha de la fortaleza aparente de su estructura se debe al efecto de la guerra política, dentro de la cual sus propagandistas e ideólogos redactan documentos y esquematizan organizaciones formales, sin validez de quienes se describen como subordinados. La estructura y jerarquía, de “frentes” y “direcciones nacionales” como el Secretariado General para las Farc y el Comando Central para el Eln, corresponden a la de cuadrillas errantes y en movimiento huyendo del apremio de las tropas. En sus escritos, se atribuyen jerarquía de corte militar, que obviamente no modifica su actividad delincuencial y denominan hostilidades al secuestro, el terrorismo y dedicación al narcotráfico. Por similares razones carecen de códigos de conducta, asunto evidente en la indiscriminada y sangrienta aplicación, sin fórmula de juicio, de penas de muerte a sus hombres, población civil, funcionarios del gobierno, autoridades militares y de la iglesia. En cuanto hace referencia al mando responsable, es evidente que en cuadrillas sin Dios ni Ley, aplicadas a los menesteres descritos, de los cuales a diario da cuenta la prensa nacional e internacional, que esta figura no existe ni puede existir mientras que su objetivo primordial sea el crimen organizado con fines de lucro, especialmente el de las drogas. De manera coherente debe asumirse que, la observancia de las leyes de la guerra por parte de estos grupos es una ficción, por

Las cuadrillas armadas ilegales desarrollan sus actividades criminales especialmente y con predilección sobre caseríos y poblaciones inermes. 26

ausencia evidente de objetivos altruistas que orienten su accionar, básicamente como actos terroristas o de delincuencia. orprendería que solamente fuera el desconocimiento de la realidad colombiana el elemento de juicio para que nacional e internacionalmente, haya quienes persistan en la apología y propaganda de estos grupos fuera de la Ley orientadas a buscar el otorgamiento del status internacional de beligerancia. En realidad todo se debe a su militancia en la izquierda radical, porque es evidente que ni siquiera pueden demostrar capacidad y voluntad para ajustarse a una sola de las normas del derecho de los conflictos armados, como lo señala el Comité Internacional de la Cruz

Roja, que “consiste en poseer la aptitud mínima necesaria para ejecutar el mencionado instrumento”. Marco Jurídico Colombiano

(3) a seis (6) años. Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será prisión de tres (3) a nueve (9) años.

Concierto para Delinquir

Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 186.- Modificado. Ley 365 de 1997, Artículo 8º. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese sólo hecho, con prisión de tres

La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

Código Penal Colombiano -Titulo V- Delitos contra la Seguridad Pública Capitulo Primero - Del Concierto, El Terrorismo

Conc.: 188

Concierto es acuerdo, convenio, conjura o complot para delinquir, para realizar o ejecutar hechos punibles. Varios elementos se desprenden de este tipo: 1) La reunión o intervención de varias personas. Por tanto se trata de un delito plurisubjetivo. 2) El concierto, acuerdo o convenio entre tales personas. 3) La finalidad es cometer delitos (dolo específico). Este delito se diferencia de la conspiración en que en ésta el acuerdo radica en cometer delito de rebelión o sedición, mientras que en el concierto para delinquir la finalidad es indeterminada (cometer delitos). Terrorismo En la antigua mitología griega, el terror (phobos) y el temor Intervención del general Rafael Samudio Molina, en el Coloquio Neogranadino La Guerra por la Paz.

En su tarea de recuperar la seguridad ciudadana, el Ejército logra permanentemente neutralizar las acciones terroristas con su presencia en todos los municipios del país.

(deimos) eran los nombres de los caballeros gemelos que tiraban del carro de Ares (Marte), el dios de la guerra. Según Von der Heydte, “el acto terrorista ha de entenderse como un acto violento de la guerra irregular, al que las leyes del país en que se lleva a cabo el acto consideran un acto criminal premeditado, cuya finalidad, la que se proponen los perpetradores, es sembrar miedo y aún pánico entre los afectados directa o indirectamente”. “El resultado material del acto terrorista -el daño real que inflige al adversario- desempeña apenas un papel subordinado si se compara, por una parte, con el efecto sicológico, la intimidación y el miedo, y, por otra, con el efecto propagandístico”. En la guerra irregular subversiva “el terrorismo es siempre uno solo de entre varios instrumentos... Los actos terroristas son contra personas

o cosas. El acto de terror contra personas empieza con insultos en público, disputas con adversarios políticos, haciéndolos callar a gritos, interrumpiendo u obstruyendo la enseñanza en escuelas y universidades, lanzando amenazas anónimas y orquestando el descrédito público de determinadas personalidades. De ahí se pasa, gradualmente, al secuestro, la tortura y el asesinato...” Los actos terroristas contra objetos van desde ciertos daños menores intimidatorios, como poner símbolos de combate o de advertencia en las paredes de las residencias de los adversarios políticos, hasta la destrucción de equipo, archivos, torres eléctricas, ocupación violenta de edificios, provocar incendios, colocar bombas selectiva o indiscriminadamente, etcétera. En síntesis y en general, como señala Paul Wilkinson, “El terrorismo puede ser definido brevemente como el uso sistemático del asesinato, el daño y la destrucción, o la amenaza de ellos, para crear un clima de terror, a fin de dar publicidad a una causa, y de intimidar a un sector más amplio para

que satisfaga los objetivos de los terroristas”. Tomado de Una guerra Irregular entre dos ideologías. Un enfoque Liberal. Diana Duque Gómez. Intermedio Editores, Bogotá 1991. (Páginas 92, 93, 95, 96)

Artículo 187.- Modificado. Decreto 180 de 1988, Artículo1º. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con este hecho. Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, cassette o escrito anónimo,

la pena será de dos (2) a cinco (5) años y la multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Nota: El Artículo 1º del Decreto 180 de 1988 fue adoptado como legislación permanente por el Artículo 4º del Decreto 2266 de 1991.

El terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, busca menoscabar el poder del Estado, a quien enfrenta directamente en cada una de sus manifestaciones, al través de las múltiples modalidades que ha desarrollado en su carrera delictiva. Ambigüedad ideológica y jurídica En las definiciones existe falta de normatividad internacional y nacional clara y precisa, para tipificar las guerras y diferentes tipos de enfrentamientos armados a nivel nacional e internacional. Este vacío permite todo tipo de interpretaciones y manipulación que generan ambigüedad en el entendimiento y comprensión conceptual de los términos empleados y dificultad para la aplicación de las normas existentes, a más de la posibilidad de enmarcar o definir la naturaleza de la confrontación que altera el orden público general que sufre Colombia. Las normas jurídicas se caracterizan por ser taxativas. Lo escrito produce un único significado que no admite interpretaciones subjetivas. La ambigüedad es inaceptable en todo tipo de escrito jurídico y así debería ser, especialmente en la normatividad del Derecho

Internacional Humanitario. De lo contrario, la opción interpretativa constituye herramienta para que grupos armados ilegales narcoterroristas enmascaren sus acciones, busquen y obtengan reconocimiento internacional porque se acomodan y tienen cabida supuestamente, en los Convenios y Protocolos de Ginebra, sin perjuicio de continuar la comisión de sus acciones terroristas.

El problema nacional Guerra política El gobierno afronta la disyuntiva de emplear la denominación de guerra o conflicto interno, porque en cualquier caso puede ser utilizado para demandar y lograr reconocimiento internacional, con carácter de victoria política y la consecuente dificultad adicional de obstaculizar la solución del problema. Reconocimiento Internacional Su autoproclamación como grupo político opositor al gobierno nacional, el reconocimiento de status de beligerancia, neutralidad internacional, apoyo de ciertos países, presión internacional sobre el gobierno colombiano, sin el calificativo de terroristas internacionales y libertad de movimiento internacional, los convertiría casi en Estado paralelo. Influencia sobre la población civil y sobre la Fuerza Pública.

¿Guerra? ¿Conflicto Interno? ¿Amenaza Terrorista? La indefinición y ambigüedad descrita, impide precisar si el problema nacional debe llamarse Guerra, Conflicto Interno o Amenaza Terrorista. Impacto Sicológico sobre la población Civil. Sobre la población civil inciden con profundidad, de una parte, las disquisiciones académicas y su expresión editorializada a través de los medios de comunicación y, por otra, la presentación noticiosa manipulada de la realidad de las acciones violentas. Los medios de comunicación compiten por cautivar la atención popular y lo logran de modo sensacionalista destacando en todos los casos el horror y el daño que causan las acciones de los grupos armados ilegales. Mediante tomas audiovisuales y entrevistas forzadas a las víctimas, inmersas en el caos y el dolor, resultan orientadas para atribuir su desgracia al Estado y sus autoridades, dejando la sensación de que las condiciones objetivas de pobreza, abandono y desatención son acto calculado de las oligarquías que manejan el poder. Adicionalmente, los presentadores de las noticias aprovechan el clima de excitación para formular sus opiniones, exacerbar sentimientos y normalmente volver “chiva” la entrevista a los criminales, ya que la opinión oficial no es noticia, a menos que deban referirse a reveses militares o cosas similares.

Dice el pueblo colombiano, de modo coloquial, que se vive bajo la amenaza terrorista de la guerrilla. 29

El terrorismo, en cualquiera de sus modalidades, busca menoscabar el poder del Estado En estas condiciones, la tergiversación deliberada de las noticias continúa mediante el rumor, deformándose y reiterándose en “avances” y comunicados de “última hora”, que duran cuanto tiempo precisen sus promotores, hasta inducir en la población los sentimientos de derrota, desesperanza y pánico que culminan en la generación de las actitudes y conductas, calculadas por sus gestores, dentro de su plan general integrado de acciones físicas y réplicas subjetivas. Impacto sicológico sobre la Fuerza Pública Todas las manifestaciones criminales, terroristas y en general las agresiones armadas de los grupos ilegales contra la población, reciben respaldo, explicación y justificación por cuenta de los medios de comunicación y de los ideólogos enemigos nacionales e internacionales que manejan ONG de izquierda y otras organizaciones sesgadas de derechos humanos, ecologistas, etcétera. La inmensa publicidad busca perfilar a delincuentes y a sus cabecillas con tinte de servicio social, desprendimiento y generosidad heroica para contraponerlas a la Fuerza Pública a la cual señalan como elemento represivo de una dictadura de Estado y a los mandos como marionetas ignorantes y corruptas del régimen que defienden. El proceso así conducido, que contraría la realidad de nuestras Instituciones como cualquier colombiano sabe, busca inducir y orientar la opinión ciudadana

contra las fuerzas del orden y así minar la fortaleza espiritual de las tropas, espíritu de lucha, su fe en la causa. La Política de Seguridad Democrática El Gobierno denominó con este nombre su agenda, que comprende siete estrategias, de las cuales consideramos las dos primeras fundamentales, porque se orientan a recuperar el poder real del Estado que había sido arrebatado por los grupos violentos, y reconstruir la confianza de todos los ciudadanos en unas instituciones que permitieran el debate creativo. La Seguridad Democrática se consideró como el camino para la recuperación del imperio eficaz de las instituciones y paso esencial para que los colombianos se sientan reconciliados. Estrategias que componen la política de Seguridad Democrática Control del territorio y defensa de la soberanía nacional Mediante esta estrategia, el Gobierno se propuso restablecer su presencia legitima en todo el territorio nacional, centrando sus acciones en expandir la presencia física permanente de las Fuerzas Armadas, en obtener mejores resultados operacionales contra grupos subversivos y de autodefensas, y en proteger a la población, la infraestructura y los bienes públicos y materializar el ejercicio de la autoridad del Estado en todos los municipios del país.

Entre 2002 y 2003 el asalto a poblaciones cayó 84%. El tráfico vehicular en 2003 creció frente al año anterior en el 12,2% y entre enero y mayo de 2004 se registraron 58,8 millones de movilizaciones. Se retomó el control de los 167 municipios que se encontraban sin Fuerza Pública, al tiempo que se incorporaron bajo el mando de las unidades superiores de cada jurisdicción, 20.403 soldados campesinos de apoyo en 596 municipios. El pie de fuerza se aumentó en 60.000 uniformados y se previó para finales del 2004 disponer de 79.000 hombres y mujeres más, para un total de 357.780 efectivos. Se crearon tres nuevas Brigadas Móviles y cuatro Batallones de Alta Montaña. La Policía Nacional se incrementó en 25.000 hombres, para un total de 137.000 uniformados que hacen presencia en todas las cabeceras municipales del país. Se crearon 12 nuevos Escuadrones Móviles de Carabineros y 12 Agrupaciones de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas. Adicionalmente se creó la Red de Cooperantes, que ha rendido en forma sobresaliente su participación en el conocimiento anticipado y control de las actividades delictivas de los grupos armados. Las estadísticas demuestran que la opinión pública respalda la gestión del Gobierno en el campo de la seguridad con la respuesta favorable del 70%. La mayor capacidad de la Fuerza Pública permitió la reducción durante el último año del 63% de los secuestros en retenes ilegales y la neutralización de 23.199 delincuentes terroristas por

concepto de capturas y bajas. La tasa de homicidios pasó del 65.8% al 51.6% alcanzando el nivel más bajo en los últimos 18 años y la rebaja del 49% de secuestros extorsivos. Los actos terroristas disminuyeron el 25% entre 2002 y 2003 y 30.1% durante el primer semestre de 2004. Entre el 2002 y el 2003 se redujeron los ataques a poblaciones en el 84%, en el primer semestre de 2003, el 75%. Combate al problema de las drogas y al crimen organizado El narcotráfico y los altos índices de criminalidad fueron dos de los mayores retos que el Gobierno se propuso enfrentar. Los avances conseguidos en el debilitamiento de las redes de tráfico ilícito de drogas y la reducción del crimen, son producto del esfuerzo operativo e investigativo de las Fuerzas Armadas, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Entre 2002 y 2003 los cultivos de coca disminuyeron el 16%, los decomisos de coca y base de coca se incrementaron entre el 64% y el 63% en los años 2002 y 2003. Durante esta administración se han decomisado 355 embarcaciones y 23 aeronaves, se han destruido 2.937 laboratorios y 13 pistas clandestinas. En el cuatrienio se han judicializado 210 organizaciones del trafico de drogas. La determinación política de ordenar y ejecutar la extradición de los delincuentes vinculados con el tráfico de drogas, las actividades de interdicción de aeronaves, la

conducción de procesos de expropiación y extinción de dominio de bienes procedentes del narcotráfico, el incremento de control del lavado de activos dentro y fuera del país y el fortalecimiento de la inteligencia técnica, definitivamente han servido de modo tal que desaparecieron los grandes carteles y en la actualidad se trabaja para desarticular las redes emergentes que tratan de reactivar las líneas de comercialización de la droga. Fortalecimiento del servicio de justicia El propósito general determinado fue enfrentar los problemas de accesibilidad y eficiencia del servicio de justicia. El Gobierno dirigió el esfuerzo principalmente a facilitar el acceso, adelantar la reforma organizativa y operacional del sistema jurídico, impulsar una eficiente defensa judicial del Estado y fortalecer la política criminal y penitenciaria, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura carcelaria. Se activaron los centros de convivencia ciudadana de conciliación extrajudicial y conciliadores de equidad. Se incrementó la capacidad carcelaria en 9,5%. El Gobierno aprobó un Plan de Inversión para crear 24.000 nuevos cupos carcelarios y mediante el sistema de concesión, 21.000

Las Fuerzas Militares han adquirido equipos y tecnología de punta para enfrentar las acciones subversivas.

cupos más. Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto El conflicto armado que afecta al país ha tenido un impacto especialmente notorio en aquellas zonas en las que los grupos violentos han desplegado su actividad de manera mas intensa, causando mayores pérdidas de capital humano, natural y físico, y deteriorando la confianza de los ciudadanos en el Estado. La política de Seguridad Democrática prestó especial atención en el restablecimiento de estas zonas a través de acciones dirigidas a mejorar las condiciones de los habitantes y a promover un desarrollo regional sostenible. En lo que va corrido de esta administración, se han presentado resultados concretos para el restablecimiento de una base económica local a partir de proyectos productivos y de generación de ingresos, el desarrollo de infraestructura física y social y el fortalecimiento comunitario a

través de una activa participación de los habitantes de estas zonas. urante el periodo se han beneficiado 32.000 familias y 52.000 hectáreas con proyectos productivos y la creación del programa de Familias de Guardabosques. Se han iniciado 15 proyectos agropecuarios e incorporado más de 6.000 hectáreas que benefician a 2.500 familias y se diseñaron proyectos que atenderán otras 46.000 hectáreas y 30.000 familias. Protección y promoción de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario Con el fin de dar respuesta a la situación en Derechos Humanos (DD.HH.) que atravesaba el país, producto de la intensificación y degradación de la violencia, y de la relativa debilidad de una cultura de respeto por los derechos fundamentales, las acciones del Gobierno se orientaron a centrar su esfuerzo en la atención y prevención del desplazamiento forzado,

el apoyo a víctimas del terrorismo, la difusión y promoción de los derechos, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el fortalecimiento de los sistemas de información. pesar de que muchas agencias internacionales de veeduría, observatorios, ONG, persisten en desconocer o minimizar los esfuerzos y los resultados obtenidos, es indispensable hacer notar que se ha avanzado muchísimo en este campo. El logro más significativo alcanzado en lo corrido de esta administración, fruto de la política de Seguridad Democrática y de la reactivación económica, es el cambio en la tendencia del desplazamiento registrado desde 2003. La información reportada permitió advertir que en 2004 esta tendencia se mantuvo, con lo cual al finalizar el año se consiguió disminución del 17% con respecto a 2003, y de 55% frente a 2002. En las Fuerzas Militares se fortaleció el proyecto de reentrenamiento, capacitación y prepa-

ración en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para todas las unidades y guarniciones de la Fuerza Pública. Como innovación se diseñaron y pusieron al servicio de los organismos de capacitación, Pistas de DH y DIH o escenarios de recorrido para los alumnos a modo de bazares, donde mediante situaciones simuladas, escenarios, representaciones y el uso de diversas ayudas audiovisuales, con el propósito de garantizar por cuenta de las tropas el cumplimiento absoluto del DH y el DIH, como premisa fundamental de la aplicación de la Política de Seguridad Democrática. Es determinación gubernamental y de los Mandos Militares incentivar la cultura de respeto por los derechos fundamentales y para el efecto, con participación de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación se atienden cumplidamente todo tipo de reclamaciones sobre el tema y se inician los procesos que de ella surjan de modo oportuno realizando su seguimiento hasta la finalización. En materia de prevención y difusión de los Derechos Humanos junto con el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas se han vinculado 7.389 personas a los servicios de protección del Estado que corresponden al 41% de los 17.974 que se espera vincular. Desde agosto de 2002 se ha dado impulso y hecho seguimiento a 41 casos graves de violación de Derechos Humanos de los cien priorizados, por el Comité Especial de Impulso. Este Comité lo preside el Vicepresidente de la República, hacen parte el Procurador y el Fiscal General de la Nación y son

invitados permanentes el Defensor del Pueblo y el Director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos. Con apoyo del Ministerio del Interior se han puesto en marcha 151 planes de acción de DH y DIH. n cumplimiento de la Convención de Ottawa se aprobó y puso en ejecución el Plan Nacional contra minas y se ha llevado a cabo la destrucción del total almacenado en los arsenales de las Fuerzas Militares. El observatorio de minas ha realizado la georeferenciación de 637 campos de minas y el registro de 4.720 eventos ocurridos desde 1990 con participación de organizaciones particulares dentro de las cuales nuestra Asociación en convenio con la Vicepresidencia adelantó importante actividad. Adicionalmente debe señalarse,

Soldados del Ejército Nacional recogen los cadáveres de miembros de las Farc y de las Auc, luego de los enfrentamientos entre estos dos grupos armados en la localidad de Campamento, Antioquia.

que nuestro país es el único del mundo que, en medio del conflicto, realiza el desminado humanitario por intermedio de las tropas. Con el fortalecimiento del sistema de información unificado de DH es posible contar con información confiable. Histórica y consolidada sobre homicidios y masacres. Fortalecimiento de la convivencia y los valores La consolidación de un Estado Comunitario depende en gran

La mayor capacidad de la Fuerza Pública permitió la reducción durante el último año del 63% de los secuestros en retenes ilegales. 33

medida de la recuperación de su legitimidad y gobernabilidad. Por eso, a través de esta estrategia, el Gobierno se propuso desarrollar todas las acciones factibles para fortalecer el tejido social y recuperar la confianza ciudadana en sus instituciones. Al efecto se adelantó la construcción de escenarios de convivencia, promoción de los valores y la identidad cultural, así como en el fomento de la democracia y la participación ciudadana. La dimensión internacional La política de Relaciones Exteriores, además de cumplir los propósitos tradicionales que caracterizan la gestión internacional de un país en desarrollo, ha hecho énfasis en el apoyo y complemento de los esfuerzos desplegados en el ámbito interno para implementar la política de Seguridad Demo-

crática y atender las necesidades de desarrollo económico y social de la Nación. on el fin de defender la soberanía nacional e impulsar el desarrollo integral de fronteras, se ha avanzado en el afianzamiento de la jurisdicción de Colombia en los asuntos de soberanía marítima y terrestre, especialmente en el Caribe. Igualmente, se han fortalecido las comisiones de vecindad con Brasil, Ecuador Panamá, Perú, Venezuela y Jamaica. Adicionalmente, a junio de 2004, se crearon 8 comités territoriales para la integración y desarrollo fronterizo, estando muy cerca de cumplirse la meta de 10 comités para 2006. Estos han permitido el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos y la consolidación de una política de integración y desarrollo fronterizo. El Gobierno ha conducido la actividad internacional con énfasis en obtener el reconocimiento de la comunidad internacional, como efectivamente se logró, de la calificación de terroristas para las Farc, el Eln y las Auc y adicionalmente la suspensión de las libertades que se habían concedido en el extranjero, a una forma de diplomacia paralela por cuenta de estos grupos, sin restricción alguna. En igual forma el El aprovechamiento del recurso humano es una de los grandes valuartes de las Fuerzas Militares para enfrentar el terrorismo.

Gobierno Nacional ha aplicado el esfuerzo diplomático en procura de regularizar el tratamiento que Venezuela otorgó en el pasado a delincuentes de los grupos armados, que hallaron en ese país refugio, obteniendo su extradición con destino a nuestro país para responder a la justicia colombiana.

La guerra por la paz Entendemos que conforme a la concepción internacional y a nuestro ordenamiento jurídico, formalmente Colombia no está en guerra ni enfrenta un conflicto interno. Por conveniencias de orden político y así se debe entender, el Gobierno sostiene categóricamente que no se está librando una guerra, pero la realidad operacional para la Fuerza Pública indica lo contrario. Con esta argumentación se debe motivar y exigir a todos los comandantes y tropas, para mantener la actitud ofensiva en los niveles estratégico y táctico. Similar mensaje debe comprometer a la sociedad civil, porque en la guerra no se puede ser indiferente o neutral. No encontramos en los documentos de la Defensa y Seguridad del Estado ni en la Política de Seguridad Democrática, definición precisa, sin ambigüedades de la naturaleza de la guerra, conflicto interno o amenaza terrorista, que permita al Gobierno el planeamiento y aplicación efectiva del Poder Nacional.

Es determinación gubernamental y de los Mandos Militares incentivar la cultura de respeto por los derechos fundamentales. La indefinición ha trascendido a la opinión publica nacional e internacional en las intervenciones del Jefe del Estado, análisis de politólogos, foros académicos y medios de comunicación social, situación que induce discusiones especulativas, alejadas de la realidad o alineadas con corrientes de pensamiento extraños a nuestros intereses nacionales. En este campo específico, la Política de Seguridad Democrática contrasta con la exactitud que otros Estados imprimen a su concepción y determinación de la Estrategia Nacional de Defensa. Estados Unidos, ante los hechos terroristas del 11 de septiembre, y la “característica de incertidumbre que define el actual ambiente estratégico en el mundo”, revisó y formuló mediante el documento de Estrategia Nacional de Defensa su nuevo concepto: “Estados Unidos es una Nación en guerra”. El propósito fundamental de la Nación colombiana y de sus Fuerzas Militares debe ser, combatir y ganar la guerra, cuándo y dónde se produzca la agresión.

2004, Álvaro Uribe Velez, 20 de julio de 2004, Presidencia República de Colombia, Primera Edición, Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación -DNP (Sinergia)

No debe olvidarse el epígrafe tomado, de Clausewitz: “El paso inicial, más grande y más decisivo de un hombre de Estado o de un General consiste en entender el tipo de guerra en que interviene, y no en tomarlo por algo distinto o en no desear que fuese algo distinto”. Tomado del Libro Informe al Congreso

El Ejército en su proceso de restructuración adelanta una serie de acciones tendientes a incrementar los niveles de instrucción y entrenamiento mejorando así su capacidad de combate.

Guerra y paz en Colombia comienzos del siglo XXI Este texto se basa en varios trabajos del autor cuya mención se omite por facilidad de lectura.

ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ Profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Director Departamento de Ciencia Política.

En este breve texto daremos al lector una mirada de conjunto, sin duda panorámica -sin dejar de ser rigurosa-, al conflicto armado colombiano, con su historia, sus transformaciones y los desafíos contemporáneos. izquierda acude, como lo habían hecho antes los partidos políticos tradicionales, al recurso de las armas para hacer política. 1. Lo histórico scribir sobre la guerra y la paz en Colombia requiere necesariamente hacer algunas referencias a la historia colombiana y a la persistente tendencia, en distintos momentos de su devenir, de acudir al uso de la violencia política para obtener resultados políticos. Una relación con antecedentes remotos en nuestra historia política, que comienza en la pos-independencia española, con las guerras civiles del Siglo XIX entre los nacientes partidos, el Liberal y el Conservador, que muy temprano en nuestra historia republicana apostaron sus proyectos políticos a las armas, con lo cual comenzó ese largo tránsito de relación y entrecruzamiento entre violencia y política. Continúa con las ‘insurrecciones pueblerinas’ del naciente partido político de izquierda, el Partido Socialista Revolucionario, antecesor del Partido Comunista, en los años 20 del siglo pasado -las insurrecciones bolcheviques- y en las cuales ésta agrupación de

Posteriormente viene ese gran período de nuestra historia reciente que conocemos como la ‘Violencia’ y en el cual los dos partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador, de nuevo volvieron al uso de las armas por razones o con pretensiones políticas, sólo que en esta ocasión no lo realizaron de manera formal, declarando una guerra civil, sino a través de los grupos de guerrillas liberales y conservadoras. Ese desangre colectivo se va a resolver mediante la figura del ‘golpe militar’. Pero lo anterior dejó como secuela un período de bandolerismo, con ribetes en algunos casos de ‘bandolerismo social’ por sus pretensiones justicieras y los apoyos locales que en algunos casos estos comportamientos generaron. Ya al inicio del Frente Nacional vemos el comienzo de la nueva ola de violencia política, ligada ahora a discursos de transformación revolucionaria del Estado, que se va a incubar en las guerrillas de mayor tradición y persistencia como son las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),

el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl), a partir de la confluencia de múltiples elementos de los cuales no van a estar ausentes grupos remanentes de guerrillas liberales que se articulan de esta manera a la siguiente violencia. Todo esto como reflejo de una débil construcción del Estado-Nación, que se manifiesta en la incapacidad del Estado colombiano de ejercer claramente los monopolios clásicos de un Estado moderno: el monopolio de la fuerza legítima, el monopolio del control territorial, el monopolio de la justicia y la tributación. 2. Los orígenes del actual conflicto interno armado Es importante diferenciar lo que podríamos llamar los factores estructurales que estarían explicando esa persistente relación entre violencia y política, con las causas específicas que dan origen al movimiento guerrillero y factores más contemporáneos que permiten su reproducción. Dentro de los factores que explican el surgimiento de estas organizaciones en la primera mitad de los años 60, podemos mencionar los de orden externo (la ‘guerra fría’ y sus influencias en la llamada ‘doctrina de la seguridad nacional’, la revolución cubana y la ruptura política chino-soviética), así como los de tipo interno (la democracia restringida del Frente Nacional, el viejo problema agrario no resuelto, la radicalización de sectores de la juventud especialmente estudiantiles -en los años 60-, los remanentes de las guerrillas liberales de la

Con la aparición de los llamados grupos de autodefensa se va a 'enredar' el conflicto armado. 37

anterior violencia, las tendencias al radicalismo político en algunos sectores de la dirigencia sindical, especialmente petrolera). Posteriormente aparecen otros factores que van a ayudar a la reproducción de la confrontación, el narcotráfico en primer lugar, y especialmente los cultivos de uso ilícito, que se vuelven fuentes de rentas para la financiación de la guerra, el colapso del aparato de justicia como elemento de regulación de las conductas sociales y la disparada de la impunidad, la pérdida de la confianza como valor social de cohesión, conductas delincuenciales y corruptas asociadas a la gestión del Estado. Esta es una distinción necesaria en la medida en que se ha dado en los últimos tiempos una tendencia a presentar el conflicto interno armado como uno ligado exclusivamente al narcotráfico y a partir de allí derivar a una lectura que implica que la lucha contra el narcotráfico y contra la guerrilla son la misma cosa, sobretodo por razones del uso de la ayuda militar norteamericana, e igualmente considerar que el conflicto interno armado se resuelve si se logra ‘derrotar’ al narcotráfico. Creo que ahí hay una lectura equivocada, lo cual no significa que se desconozca el papel fundamental que éste cumple como elemento de financiación de los actores de la guerra interna.

de alguna manera se prolonga en las nuevas guerrillas en su primer momento, sino también, porque la propia tendencia al aislamiento que ha tenido Colombia llevó a que este conflicto se guiara mucho más por dinámicas internas que por las influencias internacionales y estos son elementos fundamentales para entender el hoy del conflicto. Lo otro podría llevar a conclusiones equivocadas: suponer que mecánicamente los cambios externos se reflejan en cambios en lo interno.

las complejidades posteriores y, luego, la emergencia del narcotráfico como un factor que va a influir de manera relevante en casi todas las dimensiones de la vida nacional. Todo esto lleva a considerar el problema de la seguridad interna como el central y a considerar, sólo de manera esporádica la hipótesis de amenazas externas como algo relevante, especialmente por problemas limítrofes con Venezuela y Nicaragua.

urante los diferentes gobiernos del Frente Nacional, las Fuerzas Armadas cada vez más se van a ver enfrentadas a los problemas del orden público interno, primero el bandolerismo, rezago de la violencia liberal-conservadora, posteriormente la emergencia y desarrollo de las guerrillas que se denominan a sí mismas como ‘revolucionarias’ y

En el decenio de los 80 vamos a tener cuatro procesos a destacar: 1) Las primeras guerrillas superan

Sin embargo, es importante destacar que si bien los factores de orden externo tienen una influencia en el surgimiento de las primeras guerrillas, el conflicto armado colombiano tiene históricamente una centralidad mayor en relación con los factores internos que con los internacionales, no sólo porque el antecedente inmediato del conflicto liberal-conservador

3. Su evolución

Los soldados de la Tercera División recorren uno de los campamentos guerrilleros localizados en el departamento del Cauca.

sus dificultades internas y con ritmos diferentes continúan sus procesos de crecimiento y expansión. 2) Aparecen en la escena pública los denominados grupos de autodefensas o paramilitares que van, sin duda, a ‘enredar’ el conflicto armado. 3) Se inician los procesos de búsqueda de superación negociada del conflicto interno armado, creando nuevas polarizaciones asociadas a la presencia simultánea de escenarios de paz y de guerra (situación que se mantiene hasta el presente). 4) El narcotráfico entra a convertirse en un factor que altera e incide sobre el conflicto armado de diversas maneras: potenciando actores como los grupos de autodefensas o paramilitares; estableciendo relaciones, regionalmente cambiantes, con las organizaciones guerrilleras; transformándose en una fuente de financiación privilegiada para la guerra y explicación en buena medida de la dimensión que ha tomado el conflicto. Porque el desarrollo de una guerra requiere que se puedan resolver por lo menos los siguientes ‘cuellos de botella’: la formación de cuadros de conducción, que todo indica las guerrillas lo han resuelto con sus ‘escuelas de cuadros’; la obtención de material bélico adecuado y suficiente, que el mercado internacional clandestino de armas lo suministra de manera permanente y la disponibilidad de recursos financieros en la cantidad requerida para dar curso a lo anterior. e presenta un crecimiento simultáneo de las organizaciones guerrilleras y de los grupos de autodefensa o paramilitares, lo que nos daría indicios preocupantes acerca de la generalización del conflicto, por lo menos en el mundo rural. La táctica

de las fuerzas enfrentadas parece orientarse cada vez más hacia la consolidación de territorios con influencia propia y a la disputa de los que están en poder del adversario. En ambas situaciones se acude determinantemente al control poblacional y territorial de las mismas. Sin embargo, es paradójico constatar cómo ese crecimiento militar de las guerrillas (también de los grupos de autodefensas) va acompañado de una pérdida de su capacidad de influencia política en el conjunto de la sociedad colombiana e, igualmente, cómo la presencia de los dos actores armados y el uso recurrente a similares prácticas de violencia en el tiempo, tiende a desdibujarlos y a hacerlos perder su diferencia frente al conjunto de la sociedad, lo cual a su vez retroalimenta lo anterior, al ser percibidos como factores de violencia. 4. El conflicto armado en la posguerra fría Después de la Segunda Guerra Mundial se fue configurando progresivamente un orden mundial en lo político, militar y económico, caracterizado por la bipolaridad, de una parte, es decir, dos grandes áreas mundiales, los conocidos como el campo socialista y el capitalista, influenciadas y lideradas

El narcotráfico entra a convertirse en un factor que altera e incide sobre el conflicto armado de diversas maneras.

El Ejército avanza con paso firme a enfrentar los retos que le impone su accionar militar.

cada una por una superpotencia, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La otra característica era la tendencia a un cierto multilateralismo a partir de las alianzas regionales en lo político-militar: el Pacto de Varsovia y la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Durante este momento podríamos señalar que existía un tema relevante en la agenda global, la lucha contra el capitalismo para los primeros y/o la promoción de la revolución mundial y la lucha contra el comunismo, para los segundos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) surge como un ente de confluencia de los dos campos de ese orden mundial y ello la convierte en un espacio en el cual hay una mezcla simultánea de confrontación-negociación-cooperación. Este orden mundial perduró durante cerca de medio siglo y simbólicamente finalizó con la ‘caída del muro de Berlín’ y el derrumbe del llamado campo socialista, aun cuando ya venía erosionado, en lo económico, lo militar y lo político, hace un tiempo. osteriormente va a emerger un nuevo orden internacional, basado en un esquema, aparentemente transitorio, caracterizado por la unipolaridad, es decir, ya no existe sino un solo polo hegemónico global en lo político-militar, la superpotencia norteamericana, aun cuando se dé una tendencia a la multipolaridad en lo económico, con polos regionales en la Unión Europea,

A pesar de que los miembros de la Fuerza Pública están capacitados para enfrentar campos minados, la remoción de minas es relativamente nueva.

Las personas más vulnerables al dolor y al miedo producto del terrorismo, son los niños.

el Sudeste Asiático, América del Norte. El otro rasgo de este nuevo orden global va a ser la tendencia al unilateralismo por parte del polo hegemónico estadounidense, acompañado de una presencia subsidiaria o a posteriori de sus tradicionales aliados de las alianzas regionales. Lo anterior, junto con el cambio de las relaciones Este-Oeste, ha influido en el replanteamiento de las relaciones Norte-Sur, en el rol de la ayuda al desarrollo y en el peso relativo que a nivel internacional tienen movimientos de países del Sur como los No Alineados. Las prioridades de la agenda global, fuertemente influida por el país dominante, abarcan aspectos como la defensa de la democracia procedimental, la utilización racional del medio ambiente, el combate contra la criminalidad

internacional, narcotráfico y corrupción en primer lugar y con relevancia, el respeto y vigencia de los derechos humanos en las distintas sociedades. Igualmente hay un auge, en su primer momento, en el sentido que la democracia y el mercado no tienen rivales y lo que viene es una época de paz y prosperidad; todo esto como reflejo de lo que podemos denominar el periodo optimista de la posguerra fría. Pero rápidamente van a emerger nuevos conflictos armados a nivel internacional -primera guerra del Golfo, la crisis de los Balcanes, las guerras ‘humanitarias’ en Somalia y otras naciones africanas-, lo cual lleva a la idea de que la guerra seguirá estando presente, y al surgimiento de nuevas amenazas de naturaleza diversa. En lo interno, podríamos decir que se da el mismo movimiento: un entusiasmo inicial en el sentido que el principio del fin de la guerrilla está a la vista, como reflejo del derrumbe del llamado ‘mundo socialista’, asociado ésto al proceso reformista y de expectativas de cambio que conllevó la

Asamblea Constituyente de 1991 y la nueva Constitución Política. La realidad, sin embargo, mostró que el crecimiento más grande de la guerrilla se da justamente en los 90, asociado a varios factores: el acceso a nuevos recursos de financiación, como las extorsiones a compañías petroleras; la generalización del secuestro y sobretodo la captación de rentas del negocio ilegal del narcotráfico que se comienzan a convertir en un elemento fundamental en la financiación del conflicto armado, y a un ‘mercado negro’ de armas más dinámico. Desde el punto de vista táctico militar, en los 90 la guerrilla de las Farc tuvo algunos éxitos en la concentración de un mayor número de fuerzas militares sobre objetivos específicos. Esto creó la sensación de triunfalismo militar y reforzó una cierta arrogancia política. Pero ello no significaba que se estuviera pasando, en la dinámica de la confrontación militar, a una guerra de posiciones o a una capacidad de la guerrilla para defender territorios, ni siquiera por un tiempo limitado. De hecho, a

Lo mas destacable de la política de Seguridad Democrática ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública. partir del año 1998, una vez que las Fuerzas Armadas desarrollan un tipo de respuesta con base en la fuerza aérea (avión fantasma, bombardeos, helicópteros artillados), esta forma de operar se volvió cada vez más inviable y se puede decir que comenzó a modificarse de nuevo la correlación de fuerzas de la confrontación. Desde el punto de vista militar podríamos decir que el Eln, desde finales de los 80, pareciera abandonar la prioridad de construir fuerzas militares regulares, tipo ‘batallón’, para lo cual las llamadas ‘compañías’ serían una base, y que su preocupación se centraría más en desarrollar y expandir frentes en áreas geográficas nuevas. Eso explica la presencia en los últimos años de frentes en Cundinamarca, Tolima, Nariño, entre otras regiones, tomando distancia de la tradición inicial muy santandereana del Eln. En la administración de Andrés Pastrana se va dar una clara decisión política de iniciar un proceso de negociación con la guerrilla de las Farc, tomando el riesgo político de establecer una zona de distensión para este propósito, pero igualmente un importante proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Se trata de una reforma que pretende ubicarse en dos direcciones, aparentemente contrapuestas, que sirva a fortalecer la capacidad disuasiva del Estado para un eficaz proceso de negociación y al mismo tiempo esté preparada para enfrentar un escalamiento posible de la confrontación militar con la insurgencia.

5. El conflicto interno armado después del 11 de septiembre de 2001 Después de los actos de terrorismo en septiembre del 2001 en los Estados Unidos, aparecen varios interrogantes y un aparente movimiento hacia una nueva configuración del orden global. De una parte, parecieran surgir dudas acerca de la solidez y fortaleza del orden unipolar surgido en la posguerra fría y emergen interrogantes que se dirigen a temas tales como los siguientes: ¿Sigue teniendo sentido un orden basado exclusivamente en los Estados? ¿Son los Estados, con sus fortalezas y sobretodo con sus debilidades, los protagonistas fundamentales de un orden global? De otro lado, pareciera modificarse la tendencia al unilateralismo de la potencia dominante y surge la búsqueda de un multilateralismo, por lo menos transitorio, expresado en la denominada ‘coalición antiterrorista’, condensada en la frase del presidente norteamericano “o están con nosotros o están con el terrorismo”. Una coalición sin duda laxa, con socios ‘novedosos’ que hasta la víspera habían sido considerados como poco deseables frente a este nuevo fenómeno y que deben asumir un tipo de guerra novedosa. Lo anterior implica un ajuste en la agenda global, situando la lucha contra el terrorismo como prioridad de la misma y se tiende

a buscar una legislación global antiterrorista que en buena medida se expresa inicialmente en la Resolución 1393 del 28 de septiembre del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la búsqueda de su expresión en las organizaciones regionales. Uno de los efectos más importantes, a nivel internacional y nacional, es de tipo simbólico-político, es decir, la opinión pública tendió a endurecer su mirada respecto de los grupos armados no estatales, a quienes eventualmente veía de manera complaciente o por lo menos tolerante, ya sea como grupos de lucha contra gobiernos autoritarios o como rebeldes. A partir de los hechos del 11 de septiembre se va a generalizar una mirada menos tolerante y a identificar a este tipo de organizaciones como terroristas o por lo menos muy próximas a éstas. Los principales efectos con relación al conflicto armado colombiano se derivan del cambio de énfasis de la política estadounidense frente a Colombia, así como de los efectos internos de la ruptura del proceso de conversaciones entre el gobierno Pastrana y las guerrillas, lo cual contribuye a un creciente desencanto respecto de las posibilidades de la salidas negociadas en importantes sectores de la sociedad. Sin embargo, con una posición ambigua de los colombianos que pasan con facilidad de la ilusión de la paz a la ilusión de la guerra. Del lado de los actores guerrilleros sus percepciones no parecen modificarse mucho, seguramente continúan concibiendo lo sucedido el 11 de septiembre y la cruzada antiterro-

rista global como algo transitorio que finalmente no afecta el caso colombiano y convencidos, no sólo en términos discursivos sino también en su práctica, que la particularidad y las características endógenas de la guerra interna en Colombia pesan más que los factores de orden externo.

parencia y rendición de cuentas. La política de Seguridad Democrática ha producido resultados positivos en varios campos, pero tiene límites y vacíos que deberían ser llenados si se pretende con-

l gobierno de Álvaro Uribe planteó, dentro del Plan de Desarrollo ‘Hacia un Estado Comunitario’, su política de Seguridad Democrática basada en las siguientes estrategias: a) Control del territorio y defensa de la soberanía nacional; b) Combate al narcotráfico y al crimen organizado; c) Fortalecimiento del servicio de justicia; d) Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto; e) Protección y promoción de los derechos humanos; f) Fortalecimiento de convivencia y valores y g) Política de relaciones exteriores y cooperación internacional. En el documento de la Política de Seguridad Democrática se precisan los siguientes objetivos estratégicos: 1. Consolidación del control estatal del territorio; 2. Protección de la población; 3. Eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia; 4. Mantenimiento de una capacidad disuasiva; 5. Eficiencia, trans-

Erradicación de cultivos de coca.

solidar sus resultados. Es verdad que hay una serie de indicadores que muestran tendencias positivas -disminución de secuestros, de retenes ilegales, de ataques a poblaciones, homicidios- lo que

parcialmente puede atribuírsele, porque algunos, como la disminución de homicidios, responden a tendencias de mediano plazo cuyo factor explicativo se asocia a políticas de gobernantes locales que han incidido en el comportamiento de este delito y no solamente a la Seguridad Democrática. Lo más destacable de esta estrategia ha sido el fortalecimiento de la Fuerza Pública, necesario para que un Estado con un conflicto armado interno, cuente con mejor capacidad disuasiva y ofensiva: incremento del pie de fuerza, continuación de la profesionalización de la tropa, creación de nuevas Brigadas Móviles y Batallones de Alta Montaña, el programa de ‘soldados campesinos’, mayor movilidad, etcétera. l problema radica en las expectativas creadas alrededor de la misma desde la campaña presidencial y en la estrategia seguida. Se promovió la idea de que la guerrilla podría ser derrotada en un período de tiempo relativamente corto, que sólo faltaba voluntad para enfrentarla militarmente. Cualquiera que conozca el ABC de las guerras irregulares sabe que no es así, que éstas se caracterizan porque las fuerzas irregulares buscan el desgaste del adversario -físico, militar, político, psicológico- y golpean cuando las fuerzas regulares se descuidan, con la lógica de ‘muerde y huye’. Es decir, el método de la guerra de guerrillas está siempre presente en el menú de las organizaciones guerrilleras y por ello resolver el problema sólo en el campo militar es muy difícil. La estrategia inicial de la Seguridad Democrática fue de contención-protección -dar seguridad al tránsito de vías principales con caravanas militares de escolta, protección de

cabeceras municipales con mayor pie de fuerza y de infraestructura energética-, de tal manera que se produce un impacto importante en la opinión, pero no quiere decir que el problema se haya resuelto. En la segunda fase se destinó una fuerza operativa al sur del país para atacar a las Farc en sus retaguardias, pero evidentemente el tamaño de la fuerza frente al territorio selvático y las interrelaciones de esta guerrilla con sus pobladores, hacen que los resultados a obtener no sean muy esperanzadores, independiente de que la guerrilla viene recibiendo golpes importantes y seguramente ésta contra atacará a la Fuerza Pública -lo cual no necesariamente significan el inicio de ofensivas o que concluyó el repliegue táctico-. Pero el conflicto no se va a resolver por esa vía. El gran vacío de la Seguridad Democrática es que desestima el componente político, es decir, no cuenta con una estrategia de negociación frente a la guerrilla, articulada, creíble y seria que le permita a un Estado fortalecido y con capacidad disuasiva, colocarse como el interlocutor legítimo frente a estos alzados en armas y les ofrezca, en lugar de la posibilidad de una capitulación deshonrosa, una seria y viable terminación de la confrontación armada para entrar a ser parte de un proceso de consolidación de la democracia, en el cual todos puedan aportar. 6. Las perspectivas de lograr la paz Es necesario, para encontrar buenas estrategias que apunten en la dirección de la superación del conflicto interno armado, tener presente los elementos de orden histórico, pero igualmente los cambios en el contexto y en los actores.

La violencia generada por la subversión deja a su paso dolor y destrucción.

Debe pensarse en una estrategia que combine adecuadamente lo político con lo militar, teniendo siempre lo político al comando y que incluya, primero, la existencia de una clara voluntad reformista de las élites dirigentes para dar respuesta audaz a las demandas sociales más relevantes que las guerrillas han convertido en sus banderas, lo que podríamos llamar tomar la ofensiva política frente a ésta; segundo, lograr convencer a las guerrillas que deben olvidarse de la hipótesis de ganar militarmente la guerra -la presencia militar es básica-, por cuanto tiene como adversario a un Estado fortalecido política y militarmente y legitimado y en esa medida lograr que asuman en serio la negociación; tercero, que la sociedad colombiana desarrolle una presión política muy grande por la salida negociada y cuarto, que la comunidad internacional logre presionar de manera eficaz a los distintos actores del conflicto. Pero esto requiere una directriz política y diplomática adecuada que más que en la tendencia a confrontar, imponer un punto de vista y aún ridiculizar a las contrapartes políticas e internacionales, se base en una disposición democrática a convocar consensos internos y externos. Esta es una tarea pendiente.

Una democracia asediada

EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ Presidente del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. Politólogo y profesor de la misma universidad. Investigador en temas sobre actores armados, conflicto y derecho internacional humanitario.

La administración Uribe se ha apoyado en el clima internacional posterior al 11 de septiembre para el diseño tanto de su política interna como internacional.

La política de “seguridad democrática” de Uribe omo señalaba recientemente un reconocido analista en asuntos internacionales, uno de los rasgos más notables de la actual administración es la plena correspondencia entre su enfoque externo y su enfoque interno. Según Leonardo Carvajal, la política exterior de Álvaro Uribe Vélez es un reflejo de su política doméstica y, por tanto, se halla al servicio de los objetivos internos del gobierno. “En lo nacional, al proceso de entendimiento con las Farc lo reemplazó la estrategia de la seguridad democrática. Y a nivel internacional, la diplomacia para la paz de Andrés Pastrana se transformó en la diplomacia para la guerra de Uribe, aunque este último también ha dejado una ventana abierta para adelantar futuros contactos con los grupos subversivos al insistir en la me-

diación de la ONU y al negarse a levantar la excepción para que guerrilleros y paramilitares sean juzgados por la Corte Penal Internacional”3 . Carvajal compara esta correspondencia entre la política nacional y la política internacional con la del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) quien aplicó mano dura interna y apoyó a Reagan en la guerra centroamericana. Igualmente, la compara con la de la administración de Belisario Betancur (1982-1986), quien buscó una solución negociada al conflicto interno y contribuyó a la creación del Grupo Contadora para alcanzar la paz en Centroamérica.

La dimensión internacional Los atentados en Nueva York y Washington, como vimos anteriormente, no solamente afectaron el curso de los acontecimientos internacionales sino, igualmente, la modalidad de participación de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, mediante un creciente involucramiento en la guerra contrainsurgente. Es decir, tras el 11 de septiembre y el acceso a la presidencia de Álvaro Uribe existe una visión compartida entre Washington y Bogotá aún más

grande que la que hubo durante el gobierno Pastrana y, por tanto, una mayor coordinación y sintonía entre ambos gobiernos4 . Durante la administración Pastrana, Colombia retornó a una política exterior centrada en torno a los Estados Unidos, gracias, al dinamismo de su embajador en Washington, Luis Alberto Moreno. Este regreso a una especie de “respice polum” (girar en torno a la estrella del norte, como propugna el ex presidente Marco Fidel Suárez en los inicios del siglo XX), en detrimento del “respice similia” (girar en torno a los semejantes como pregonara Alfonso López Michelsen, como canciller de Carlos Lleras Restrepo a fines de los años 60), no sólo ha continuado sino que se ha fortalecido durante el gobierno de Álvaro Uribe5 . Sin duda, la administración Uribe se ha apoyado en el clima internacional posterior al 11 de septiembre para el diseño tanto de su política interna como internacional. Para ello ha cambiado la visión que había desarrollado la Cancillería colombiana en torno al impacto regional de nuestro conflicto interno, con el objeto de aislar internacionalmente a la guerra, aumentar los flujos de recursos

3. Leonardo Carvajal, “Desde EI Nogal hasta lrak”, en Semana.com, 3 de abril de 2003. 4. Jhon A. Cope, “Colombia’s War: Toward a New Strategy”, Strategic Forum, No. 194, 2002, p. 2. 5. Este alineamiento en tomo a Washington tiene, sin duda, costos y beneficios. Por un lado, va en contravía del viraje hacia la izquierda que se vive a nivel continental, lo cual puede aislar a Colombia en América Latina. Pero, por otra parte, dado que la solidaridad latinoamericana frente a Colombia no pasa muchas veces más allá del discurso retórico, es probable que el alineamiento con Washington haya sido opción realista para evitar un colapso institucional.

Hugo Chávez, presidente de Venezuela. La presidencia de Hugo Chávez Frias, en Venezuela, y el avance de los gobernantes de izquierda en la región, se torna en una fuente de preocupación para la Cancillería colombiana.

externos para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía y lograr una mayor colaboración internacional en la lucha contra el tráfico de drogas, el contrabando de armas y el lavado de activos. En numerosos documentos publicados en los Estados Unidos en la última década -como vimos con anterioridad- se percibía el conflicto colombiano como un grave factor de desestabilización regional”. Esta era, igualmente, la visión dominante en los países de la región andina. Sin embargo, esta mirada era duramente cuestionada por parte de las autoridades colombianas. Para estas, reconocer explícitamente que

Lucio Gutiérrez, ex presidente de Ecuador.

nuestro conflicto podía coadyuvar a la desestabilización regional, podría hacer blanco a nuestro país de una eventual intervención internacional bilateral o multilateral, con justificaciones fundadas en razones ya sea humanitarias o de seguridad. Esta perspectiva sufrió un cambio radical con el nuevo gobierno. Uribe Vélez ha venido construyendo un esquema internacional fundado en la aceptación explícita de que el conflicto colombiano sí constituye una amenaza para la seguridad regional y, en consecuencia, ha hecho constantes llamamientos para una movilización de la comunidad internacional en torno a Colombia6 . Este nuevo enfoque diplomático fue, a mi modo de ver, igualmente una reacción defensiva frente a un entorno regional percibido como crecientemente hostil y negativo. Durante la administración Pastrana las tensiones se limitaban a los

Luiz Inacio Lula Da Silva, presidente de Brasil.

constantes enfrentamientos con el gobierno de Hugo Chávez, debido a su posición abiertamente favorable hacia los grupos guerrilleros colombianos. Pero, esas tensiones se agudizaron debido al triunfo electoral del coronel Lucio Gutiérrez en Ecuador y de Luiz Inacio Lula Da Silva, en Brasil. El avance de los candidatos de izquierda en nuestro entorno regional se tornó en una fuente de temores para la Cancillería colombiana. Estos temores tienen varias fuentes. Por una parte, como vimos, durante el gobierno de Andrés Pastrana todo el eje de la diplomacia colombiana en las Américas giraba alrededor de la Embajada en Washington y no hubo ningún esfuerzo tendiente a diseñar una estrategia, diplomática andina. Por otra parte, la persistente precariedad del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano le impide reaccionar con agilidad

6. En la respuesta al cuestionario del opositor Polo Democrático en torno a la adhesión a los Estados Unidos en la guerra en Irak, la canciller Carolina Barco sostuvo recientemente que “la cooperación internacional es necesaria para que a mediano plazo haya resultados satisfactorios”, por lo cual el gobierno espera que “el terrorismo sea visto como una amenaza internacional, que necesita la cooperación decidida de los países del mundo”, El Tiempo, 3 de abril de 2003.

La reconstrucción del Estado y de la gobernabilidad democrática La reconstrucción del Estado se apoya en la necesidad de reestablecer el control del territorio nacional que hoy le disputan los distintos actores armados. El número de municipios que controlan actores no estatales es distinto de un analista a otro, e incluso se manejan cifras francamente fantasiosas1 3. El único indicador disponible para medir con algún grado de credibilidad la débil, precaria o total ausencia estatal en Colombia es el vacío de la presencia policial, dado que es la rama de las Fuerzas Militares mejor asentada en el territorio nacional. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional se hallaba ausente al inicio de la administración Uribe en 160 municipios, es decir, alrededor del 15% de los municipios del país. A mediados del año 2003, sólo quedaba un 5% de municipios sin presencia policial, al menos en las cabeceras municipales1 4.

La recuperación del control territorial es, igualmente, una respuesta a una preocupación de la comunidad internacional que, tras el 11 de septiembre, ha comprobado la alta vulnerabilidad de “Estados colapsados” o “proceso de colapso”, así como de “territorios sin gobierno” (ungoverned spaces), los cuales pueden convertirse en teatros de operación

de grupos terroristas1 5. Para alcanzar este objetivo se piensa establecer una presencia permanente del Estado en la totalidad del territorio, mediante la reconstrucción de los puestos de policía que la guerrilla ha destruido en los últimos años. El objetivo es que no haya menos de cien miembros de la Policía Nacional

La capacitación de soldados en el manejo de equipamiento militar es el gran reto de los profesores militares.

12. Política de defensa y seguridad democrática. República de Colombia Ministerio de Defensa Nacional, 2003 (http://www.mindefensa.gov.co). 13. En la prensa internacional se habla de zonas bajo control de la guerrilla que abarcan hasta un 50% o más del territorio nacional. La prensa confunde zonas en las cuales ha habido alguna acción militar en los últimos años con zonas bajo control de la guerrilla. 14. “Policía llega a otros 62 municipios”, El Tiempo, 12 de agosto de 2003. Según el Director de la Policía Nacional, general Teodoro Campo, para fines del año 2003 habrá presencia de la policía en la totalidad de los 1.098 municipios del país. 15. En su discurso ame los ministros de Defensa de las Américas en su última reunión en Chile, el secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld hizo referencia a los riesgos para la seguridad regional de “ungoverned spaces” o “lawless areas”. A su turno, el general James Hill, director del Comando Sur, sostuvo en una conferencia reciente en Miami que “Today, the threat to the countries in the region is not the military force of the adjacent neighbor or some invading foreign power. Today’ foe is the terrorist, the narco-traffickers, the arms trafficker. This threat is a weed that is planted… and nurtured in the fertile ground of ungoverned spaces, such as coastlines, rivers and unpopulated border areas” (Andrés Oppenheimer, “Terrorists, traffickers find haven in Latin America’s ‘ungoverned spaces’, Arizona DaiIy Star, 12 de marzo de 2003). Los principales “ungoverned spaces” son, según el Departamento de Defensa, la frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, los límites entre Brasil y Colombia (el corredor Tabatinga y Leticia), la frontera entre Colombia y Ecuador (el área. de Lago Agrio), la región de Darién entre Colombia y Panamá y, finalmente, Surinam.

El gobierno está impulsando la figura de los “soldados campesinos”, como un medio adicional de penetración territorial. en cada uno de los municipios del país. Pero, para garantizar la seguridad de estas vulnerables unidades policiales y dadas las debilidades de las Fuerzas Armadas y su incapacidad para copar con su personal actual un territorio tan vasto, el gobierno está impulsando la figura de los “soldados campesinos”1 6, como un medio adicional de penetración territorial. Además, se espera crear una extensa red de informantes (o “cooperantes”) que le permita a la Fuerza Pública disponer de información rápida para evitar tanto incursiones de la guerrilla como de la criminalidad común organizada (piratería terrestre, robo de combustible, contrabando, etc.)1 7.

La quiebra de las “economías de guerra” Como habíamos sostenido anteriormente, el tráfico de drogas se convirtió en el combustible principal del conflicto armado en Colombia. Tanto los grupos paramilitares como los grupos guerrilleros -en particular, las Farc- comenzaron a depender de estos recursos para su expansión territorial, reclutamiento de nuevos miembros y fortalecimiento militar. Frente a este panorama, una de líneas prioritarias de acción del actual gobierno es quebrar el principal soporte financiero

de la guerra interna, es decir, los recursos provenientes del tráfico de drogas. Esta política se acompaña de medidas adicionales para enfrentar otras fuentes de financiamiento, tales como el secuestro, la extorsión a la industria petrolera y minera y la desviación de recursos municipales y regalías departamentales hacia las arcas de la guerrilla o los paramilitares. Así mismo, se están fortaleciendo las instituciones que puedan adelantar un control del lavado de activos y la expropiación de bienes indebidos. En pocas palabras, una Ataco, Tolima, Colombia julio 2, 1999.

16. La idea gubernamental es crear una especie de fuerza territorial de cien mil hombres integrada por soldados reclutados entre la población campesina, la cual operaría en sus propias regiones colaborando con el Ejército y la Policía. Estos soldados recibirán una instrucción básica para desarrollar labores de inteligencia y defensa local. 17. Las llamadas Redes de Cooperantes de las Fuerzas Armadas están siendo conformadas por ciudadanos conectados entre sí y con las Fuerzas Armadas por medio de teléfonos o radios en tareas de vigilancia de vías de comunicación, áreas urbanas o rurales. El gobierno espera disponer para el final de su mandato, de una red de un millón de cooperantes.

las autoridades públicas a todos los niveles: jueces, personeros, concejales y alcaldes municipales. Es decir, su expansión militar ya no responde a su poder en el plano militar, sino, ante todo, a su capacidad de intimidación en las zonas rurales. En el mes de septiembre de 2003, la Federación Colombiana de Municipios denunció que alrededor de 250 de los 1.098 alcaldes del país tienen que despachar desde las capitales departamentales debido a las amenazas y la falta de garantías para el ejercicio de sus funciones. Sin duda, no todas las amenazas provienen de las Farc. Igualmente, las Auc tienen un alto nivel de responsabilidad. En el año 2002 fueron asesinados 25 alcaldes y hasta junio de 2003 ya habían sido ultimados otros 15, según datos de la Federación Colombiana de Minicipios3 4.

¿Hacia el fin del conflicto?

El accionar permanente del Ejército Nacional ha permitido desmantelar importantes campamentos de la guerrilla.

estrategia global para debilitar las finanzas de los actores armados,

tanto de extrema derecha como de extrema izquierda.

El desvertebramiento del poder local Ante la imposibilidad de ampliar sus dominios territoriales por la vía de la destrucción de las unidades militares -tal como venía ocurriendo durante la administración Samper-, las Farc han optado por el destierro o el asesinato de

34. http://www.fcm.org.co/es/noticia.

¿Cuáles son los futuros escenarios probables tras esta etapa de redefinición estratégica? Es muy difícil hacer pronósticos al respecto. El proceso de paz con las Auc debe superar serios obstáculos, uno de los cuales es la inmersión de muchos de sus frentes de guerra en el tráfico de drogas y la conversión de sus comandantes en una suerte de “señores de la guerra” (warlords), similares en su conducta a muchas facciones armadas en los conflictos africanos. ¿Podrá sostener el líder militar, Carlos Castaño, la precaria unidad de las Auc hasta el final del proceso? ¿Podrá el gobierno adelantar contra viento y marea un proceso

Un conflicto armado se dirime, de forma simultánea, tanto en el terreno militar como en el terreno político. de paz sólo con uno de los polos del conflicto y, además, el más cuestionado? En cuanto hace a las Farc y al Eln tampoco el panorama es claro. Por un lado, las Farc han demostrado una excepcional capacidad de adaptación e innovación frente a los cambios en las estrategias estatales y no seria extraño que el actual repliegue de sus unidades militares sea simplemente una etapa de reflexión y acumulación de recursos materiales y territoriales para retomar la ofensiva en una etapa posterior. En el caso del Eln, una organización seriamente debilitada, si rechaza los ofrecimientos de adelantar una política de paz con el actual gobierno de Uribe Vélez le queda aún la opción de llevar a cabo una alianza estrecha con las Farc para adelantar acciones conjuntas o, en último término, la fusión simple y llana. Frente a este panorama incierto, el gobierno colombiano debe realizar un enorme esfuerzo para convertir la reconstrucción estatal y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía en una política de Estado al margen de los vaivenes gubernamentales. Los esfuerzos desarrollados en este terreno en los últimos cinco años comienzan a mostrar resultados: hoy en día existe más Estado en Colombia que cinco o diez años atrás, es decir, la sombra de Colombia entrando en la categoría de un “Estado en proceso de colapso” (failing state) se ha disipado en buena medida. Gracias a este cambio, la balanza estratégica del conflicto armado

interno comienza a favorecer de manera creciente al Estado colombiano, lo cual permite vislumbrar una luz al final del túnel, es decir, el término del conflicto crónico. Pero, en buena medida, esto va a depender de la sostenibilidad del proyecto de “seguridad democrática” con objeto de mantener y fortalecer aún más la superioridad estratégica y táctica de las Fuerzas Militares y de Policía. Pero, si nos atenemos a las conclusiones de la obra de Daniel Pécaut, esta superioridad militar no basta. Es necesario, además, evitar un deslizamiento autoritario de las instituciones estatales, contener la grave crisis fiscal y aumentar el gasto social. Un conflicto armado se dirime, de forma simultánea, tanto en el terreno militar como en el terreno político. La democracia colombiana debe demostrar una gran fortaleza en ambos planos y, dado que un triunfo militar total es improbable en Colombia, es necesario tomar en consideración que la superioridad militar del Estado debe ser sólo un instrumento para forzar una salida política negociada al conflicto interno que sufre el país.

Bolívar, Cauca, Colombia julio 23, 2001

Colombia: Guerra y

GENERAL ÁLVARO VALENCIA TOVAR

Paz Resulta desconcertante que Colombia, la democracia política más firme y estable de Hispanoamérica, haya sufrido más guerras y conflictos armados internos que ningún otro país de la misma estirpe.

esde el origen mismo de la nación, los patricios que quisieron darle independencia y libertad se trenzaron en disputas de letal intransigencia, varias de las cuales desembocaron en guerras civiles. La Cundinamarca centralista de Antonio Nariño, pragmática, clarividente, pugnaba por un gobierno unitario, fuerte, que pudiese enfrentar las contingencias de un futuro que presentía con claridad. Contra ella, Camilo Torres, teórico de una democracia calcada de las antiguas colonias inglesas. Cartagena y Mompox. Popayán y las ciudades confederadas del Valle. Tunja y El Socorro. Esta ciudad y San Gil. El recuento de rivalidades y reyertas resulta interminable.

absurdas como repetitivas, estrechamente ligadas con los procesos constitucionales. La Guerra Magna dejó toda una tradición bizarra, un subconsciente bélico que no halla otra forma de dirimir las controversias políticas que el campo de batalla. La polarización partidista es tal que cada Constitución parece llevar en sus fundamentos políticos el germen de una guerra intestina y cada confrontación armada engendra de alguna manera una nueva Carta Fundamental.

De estas Cartas Fundamentales se desprenden las guerras civiles: La que se promulgó en la Villa del Rosario en 1821, pergeñada cuando tan sólo la Nueva Granada había alcanzado la independencia en la batalla de Boyacá, se desprenden las duras divergencias que distanciarían a Bolívar y a Santander hasta el rompimiento total como consecuencia de la frustrada Convención de Ocaña y de la asunción de la dictadura por el Libertador.

Al observar la raíz de este fenómeno, por demás significativo, se halla como razón primaria la tendencia del vencedor a proscribir al vencido del poder político. Este carácter excluyente de la ideología triunfante engendra energías primarias en la dirigencia derrotada, que busca y encuentra pretextos para empuñar las armas en cualesquiera incidencias propias del acontecer político de una nación en la infancia, que no acaba de formarse y busca, en forma casi desesperada, la configuración de un Estado del cual no tiene una imagen clara ni una noción precisa. En el esquema siguiente aparecen las siete Constituciones, separadas por un péndulo que en sus oscilaciones isocrónicas marca el acento político de los extremos a que se ha hecho referencia.

En 1830, tras la fugaz dictadura del general Rafael Urdaneta y la extinción de la Colombia soñada por Bolívar, la Constitución de 1830, proclamada por el Congreso Admirable, quizá la mejor de aquella etapa turbulenta, queda sin piso pues se había promulgado para los tres segmentos del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, pero en cierta forma suscita la rebelión que derriba la dictadura, restablece la República y da pie a que el Congreso Granadino promulgue la Carta de 1832. Como ocurrirá unas cuantas veces en adelante, es una Constitución débil, inadecuada para horas de crisis requeridas de un instrumento fuerte, sólido, que suministre la brújula capaz de orientar la inexperta nación hacia el norte de su destino.

El péndulo oscilante de guerras y constituciones

Péndulo oscilante de las guerras civiles en Colombia.

El siglo XIX configura un trágico panorama de guerras civiles, tan

i siquiera la experiencia administrativa del general Santander acierta a dirigir su gobierno con el tino demostrado como Vicepresidente en ejercicio desde 1819 hasta 1826. Del 33, cuando se posesiona de la Presidencia a su regreso del exilio, arbitrariamente decretado por Urdaneta como sentencia por una imaginaria responsabilidad del prócer en la Conspiración del 25 de septiembre de 1828 contra Bolívar, hasta el 37, Santander, siempre apegado a la legalidad, halla en la joven Constitución el más fuerte impedimento para gobernar. Esta da pie de los de las

debilidad constitucional a la llamada Revolución Supremos, gobernantes regiones alzados en ar-

mas (1839-1840) develada por los generales gobiernistas Pedro Alcántara Herrán, Tomás Cipriano de Mosquera y José Hilario López. La reacción no se hizo esperar, manifestándose en una nueva Carta, promulgada en 1843 bajo el gobierno de Herrán. Por primera vez la Constitución respondía al momento histórico. Bajo su égida, los tres generales mencionados presidieron gobiernos democráticos, que hallaron en la Constitución centralista del 43 un instrumento adecuado para gobernar, si bien la Liberación de los Esclavos promovida por el presidente López y convertida en Ley introduciría un nuevo factor de ruptura, junto con otros de carácter religioso y político que en 1851 habían suscitado una rebelión, develada por los generales gobiernistas.

Nacimiento de los partidos históricos En 1848 el derrocamiento en Francia de la Casa de Orleans, produjo en la Nueva Granada un movimiento para adoptar el ideal revolucionario que dio paso a la Segunda República francesa. La juventud proclamaba frenéticamente el ideario galo y ese mismo año el ideólogo radical Ezequiel Rojas fundó el Partido Liberal sobre esas bases idealistas pero de difícil aplicación en el país de entonces. Al año siguiente, 1849, José Eusebio Caro, Mariano Ospina Rodríguez y Julio Arboleda fundaron el Partido Conservador con una plataforma opuesta a la radical. nfortunadamente, lejos de contribuir a la estabilidad política, las nuevas denominaciones contribuyeron a polarizar hasta extremos de fanatismo dos vertientes que se disputan el poder feroz e irracionalmente. El frustrado Golpe de Estado de abril de 1854, dado por el comandante del reducido ejército federal, se derrumbó por la reacción de los tres generales ex presidentes que restauraron la legitimidad y, caso único en la América Latina, no asumieron el poder, sino llamaron al Vicepresidente para ejercerlo, mientras el Congreso elegía al sucesor del depuesto gobernante, general José María Obando. e tales turbulencias resulta proclamada la Constitución Federal de 1854. El radicalismo se abría paso

Pañuelo con los retratos de los jefes liberales de la guerra de los Mil Días.

impetuosamente. El país bajo la Carta, débil e inadecuada, se hacía ingobernable. Nueva Carta en 1858, más radical y federalista que su predecesora, sancionada por un presidente conservador, don Mariano Ospina. El general Mosquera se alza en armas. De conservador que fuera en las épocas bolivianas, es ahora un radical extremista. La suya será la única revolución triunfante del siglo XIX, que en 1863 proclama la Constitución de Rionegro, de avanzado radicalismo. El péndulo ha alcanzado su máxima oscilación y el federalismo a ultranza preside los destinos de los Estados Unidos de Colombia. Es el nuevo nombre de la República. El anterior, Confederación Granadina, apenas había durado cuatro años. Rebelión conservadora en 1876 contra el gobierno radical de Aquileo Parra. En la batalla de Garrapatas, donde la juventud estudiantil se cubrió de gloria al derrotar a los revolucionarios con más coraje que pericia militar. Triunfo rebelde en Manizales a órdenes del general Julián Trujillo, que condujo a la virtual autonomía del “Estado Soberano” de Antioquia. Triunfo radical en Santander con el general Sergio Camargo. Se logra la paz, pero el ejemplo antioqueño es seguido por Santander y Panamá, luego los demás Estados, con lo que la Presidencia liberal del Estado Federal pierde gobernabilidad, máxime con dos años de presidencia decretados por la ilusa Constitución del 63. El Estado tambaleante termina por desmoronarse en manos de Rafael Núñez, El Regenerador, así llamado por su famosa frase “Regeneración o Catástrofe” que en alianza con el conservatismo moderado derrota la revolución

de 1885 en la indecisa batalla de Los Obispos o La Humareda, que el presidente Núñez convierte en victoria gobiernista al anunciar desde un balcón del Palacio Presidencial ante una multitud enardecida: “La. Constitución de 1863 ha dejado de existir” frase con la cual destruye la Carta que había jurado defender. La victoria militar abre camino a la Constitución conservadora de 1886. Los devaneos federalistas terminan con una Carta rígidamente centralista, cuyo texto hace imposible cualquier reforma. Contra ella y los fuertes gobiernos centrales se levantan alocadamente los liberales, rápidamente batidos por el general Rafael Reyes, cuya estrella comienza a remontarse en el horizonte de la República.

Nueva rebelión en 1899 s el comienzo de la trágica y desastrosa contienda de los Mil Días, la más sangrienta y prolongada de esa turbulenta historia decimonónica. Bucaramanga, Peralonso, Palonegro, marcan con hitos de muerte el feroz comienzo de la contienda, que halla punto final en los Tratados de Wisconsin, Neerlandia y Chinácota. La Patria exangüe, sus campos desolados, el crédito internacional perdido, los odios partidistas a flor de piel, la moneda envilecida por las emisiones sin respaldo, los caminos deshechos, son apenas parte del saldo dramático de esa guerra civil, que en buena parte conducirá a la pérdida de Panamá el 3 de noviembre de 1903, bajo la inepta presidencia de José Manuel Marroquín y un Congreso sin realismo ni visión.

El fin de las guerras civiles La contienda de Los Mil Días, es la única de las siete guerras civiles

mayores del siglo que termina con tratados formales de paz. Las demás “revoluciones” hallan fin virtual con la derrota de los “revolucionarios» o la única victoria rebelde, la del general Mosquera en 1862. a paz la hicieron los militares. Comenzó con el noble gesto del general Benamín Herrera, triunfante en Panamá, al dirigirse a su contendor, general Salazar, ofreciéndole la paz con una frase imperecedera: “La Patria por encima de los partidos”. El Tratado se firmó a bordo del acorazado norteamericano Wisconsin al cual debe su nombre. En Neerlandia, litoral Atlántico, el nombre de la hacienda bautizó el Tratado entre Rafael Uribe Uribe por la revolución y Juan B. Tobar por el Gobierno. Y en la población nortesantandereana de Chinácota, el tercero de los generales insurgentes, Sixto Durán, firma con el general Ramón González Valencia. Sin embargo, la verdadera paz la alcanza otro general. Rafael Reyes Prieto, al ser elegido Presidente de la República en cenizas. Triunfante al someter en fulminante campaña la desatentada rebelión del 95, su prestigio permaneció incólume al no participar en la Guerra de Los Mil Días por ausencia del país. Su talla de estadista, el acierto en atraer a su gobierno a los Generales derrotados, la Reforma Militar, la revaluación del papel moneda que había llegado a la degradación de 25.000 pesos por dólar, la reconstrucción de las vías públicas, la revitalización de la agricultura, el progreso nacional en todos los órdenes, borraron las heridas físicas y espirituales de la patria bipartida, todo lo cual hizo posible la reconciliación de los colombianos, base de una paz que

terroristas. Indultos y amnistías acompañaron las etapas de pacificación parcial. Del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. De la Junta Militar en 1957-58. Del Frente Nacional bajo Alberto Lleras Camargo en 1958-60. De Belisario Betancur en 1982-86.

Firmantes del Tratado de Paz en el vapor Wisconsin en 1902.

duraría casi 40 años, con dos cambios pacíficos en el poder: 1930 con la Concentración Nacional de Enrique Olaya Herrera y 1946 con la Unión Nacional de Mariano Ospina Pérez.

Turbión de violencia sectaria Los dos cambios, 1930 y 1946, se debieron fundamentalmente a la división interna de los partidos en el poder. Ambos tuvieron repercusiones violentas, la primera muy localizada y de breve duración, a causa del conflicto internacional con el Perú en 1932, que unió la nación en torno al carismático presidente Olaya. El segundo,

produjo un traumatismo profundo, verdadero desquiciamiento de la paz rural, cuyos efectos duran todavía, bajo una metamorfosis que pasó de la refriega sectaria entre 1948 y 58 y la Guerra Revolucionaria Prolongada de 1964 que aún prevalece convertida en delincuencia de narcotraficantes y

La desmovilización exitosa del M-19 mediante el Plan de Etapas iniciado por Virgilio Barco en 1989 y culminada bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo. Así se llega al fiasco inverosímil de la Zona de Distensión, con la cual creyó el presidente Andrés Pastrana lograr la paz con las Farc, tan sólo para comprobar después de casi cuatro años de frustraciones, que esa organización armada y sostenida por el narcotráfico, no quería la paz sino el poder.

Conclusión a paz, esquiva como lo ha sido a lo largo de nuestra historia republicana, sigue siendo un anhelo sentido del pueblo colombiano. Entonces, cabe preguntar, ¿Por qué se ha dejado arrastrar a la guerra que tantos males le ha causado? Simplemente porque nuestra gente es dúctil a la dirección política, además de emocional y apasionada. Lo prueba el hecho de que bajo el liderazgo inspirado de al-

gunos de sus conductores ha convivido en paz, como en los cuarenta años iniciados con la Presidencia del general Rafael Reyes. No es violento en sí mismo, pero su ser pasional lo hace propenso a la reacción temperamental no razonada y por ende al llamado tribal de caudillos en los altos niveles de la política y de caciques y gamonales en los ámbitos pueblerinos y rurales.

Una mirada desde Naciones Unidas al conflicto colombiano ALFREDO WITSCHI-CESTARI Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD en Colombia.

Las interconexiones entre seguridad, desarrollo y derechos humanos ayudan a explicar el papel de la ONU en las circunstancias de la humanidad.

n marzo de 2005, el secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, presentó el Informe Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos1 . Se trata de una excelente base para un artículo sobre la forma como las Naciones Unidas perciben el conflicto armado en Colombia. Esta vinculación es relevante por cuanto el conflicto colombiano no es un fenómeno aislado. Se enmarca en un contexto global donde temas como la seguridad colectiva y la lucha contra el crimen, el terrorismo y el delito cobran particular relevancia, de igual modo que el reto de vencer la pobreza, la discriminación, la inequidad, y lograr la vigencia plena de todos los derechos humanos. En el mencionado documento el Secretario General establece con claridad y sencillez las permanentes correlaciones entre seguridad,

desarrollo y derechos humanos. Señala allí, por ejemplo, cómo el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos son indispensables y se fortalecen recíprocamente: “esta relación no ha hecho más que reforzarse en nuestra era de rápidos progresos tecnológicos, de aumento de la interdependencia económica, de globalización y de espectaculares transformaciones geopolíticas”. Si bien no puede decirse que la pobreza y la negación de los derechos humanos sean sistemáticamente la 'causa' de las guerras civiles, cuando éstas existen siempre son parte del caldo de cultivo de violencia que puede degenerar en conflictos internos. Ahora bien, el terrorismo y la delincuencia organizada, el crimen bajo todos sus aspectos (incluida la corrupción) indiscutiblemente incrementan la inestabilidad y contribuyen a degenerar situaciones en las que la violencia no puede más que prosperar. Los conflictos no son las únicas causas que mantienen a los países atrapados en la pobreza. Pero son elementos que contribuyen de manera determinante a obstaculizar el desarrollo. Adicionalmente, en esta era de creciente globalización, un acto de terrorismo contra un centro financiero de un país rico, sin duda afecta el desarrollo de millones de personas en todo el planeta. stas fuertes interconexiones entre seguridad, desarrollo y derechos humanos ayudan a explicar el papel de las Naciones Unidas en las actuales circunstancias de la humanidad. De hecho,

gran parte de sus esfuerzos se concentran en dos grandes frentes: cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio2 , ODM, -sin duda la más importante agenda global en estos primeros 15 años del Siglo XXI-, y en muy estrecha relación con ellos, la paz y la seguridad mundiales. sus 60 años de creación, los principios originarios de las Naciones Unidas permanecen vigentes. En la Carta de las Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco, los Estados firmantes ratificaron la necesidad de contar con una organización que tuviera como propósito central preservar al mundo del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. La ONU asumió también la tarea de ayudar a crear condiciones para preservar el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, así como impulsar el progreso social colectivo y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto amplio de la libertad. Por tanto, lejos de ser un organismo ajeno, las Naciones Unidas son la resultante de sus Estados miembros. De ahí su importancia y limitaciones: es sin duda el escenario internacional más representativo de los principios éticos, sociales y políticos de la humanidad; pero bajo ningún pretexto puede sustituir las soberanías y, por ende,

1. El Informe completo puede consultarse en http://www.un.org/spanish/largerfreedom//contents.htm 2. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son las metas fijadas para el 2015 por los Jefes de Estado del Mundo en la Cumbre del Milenio (Nueva York, 2000): reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal y la igualdad entre los sexos; reducir la mortalidad de menores de 5 años y materna en dos terceras partes y en tres cuartas partes respectivamente; detener la propagación del VIH/SIDA y el paludismo; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda

las responsabilidades nacionales, responsabilidades éstas que no competen sólo a los gobiernos sino que incluyen a todos los sectores económicos, políticos, laborales, sociales y culturales de cada país. La ONU, tanto desde la Secretaría General como desde sus Agencias especializadas, enfoca su trabajo principalmente hacia

la cooperación con los Estados para que cuenten con instituciones fuertes y puedan enfrentar cabalmente las innumerables exigencias del mundo actual. De ahí que en el mencionado informe, Kofi Annan afirme: “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo

La historia de 177 poblaciones colombianas destruidas por los terroristas de las Farc y el Eln quedaron plasmadas en una edición especial de la Revista Ejército titulada "Bajo los escombros del terrorismo".

El riesgo para la generación de un conflicto armado disminuye cuando aumentan los ingresos nacionales.

si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. En este nuevo milenio, la labor de las Naciones Unidas debe poner al mundo más cerca del día en que todas las personas sean libres para elegir el tipo de vida que quieren vivir, puedan acceder a los recursos que harán que esas opciones tengan sentido y tengan la seguridad que les permita disfrutarlas en paz”. sta idea es ratificada con mucha fuerza por el Proyecto del Milenio, equipo liderado por el premio Nóbel de Economía, Jeffrey D. Sachs, cuando afirma a su turno que “existe una fuerte relación de causa y efecto entre la pobreza y los traumas originados por la escasez de recursos al principio de un conflicto”. El equipo ilustra además sobre la necesidad de mantener un crecimiento sostenible al indicar: “Por término medio, el trauma de crecimiento económico negativo provocado por una disminución del 5% in-

crementa el riesgo de guerra civil en más o menos un 50%”. Ahora bien, el proceso inverso también es cierto: el riesgo para la generación de un conflicto armado disminuye cuando aumentan los ingresos nacionales. El análisis de la pobreza en el mundo demuestra que la pobreza es un factor casi sistemático para la creación de condiciones propicias para el estallido de un conflicto y, si la pobreza se mantiene o se agrava, tiende a convertirse en el factor central de conflictos sin solución: “Las repercusiones de lo antedicho son dobles: la inversión en el desarrollo es especialmente importante para reducir las probabilidades de conflicto, y las estrategias de desarrollo deben tomar en consideración sus posibles efectos para reducir los riesgos de conflicto (o aumentarlos por inadvertencia)”3 . ara apoyar a Colombia a superar exitosamente sus diferentes retos, la Organización de las Naciones Unidas tiene un grupo excepcionalmente importante de Agencias actuando en el país, todas por invitación del Estado colombiano4 . La razón de esta amplia presencia tiene mucho que ver con los efectos del conflicto armado, ya que varias de ellas ayudan al Estado y a las organizaciones sociales

a atender a las víctimas civiles de la indiscriminada violencia que el conflicto genera. Para sólo citar algunos ejemplos, en 1996 el gobierno de Colombia invitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) a

en materia de DDHH e informar a la Alta Comisionada respecto de la situación y los avances logrados en el país en el marco de su mandato. Esto permite entonces a la ACNUDH de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU su informe anual sobre Colombia. a Agencia especializada en la atención de la población desplazada, ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), comenzó su labor a favor de los desplazados internos (DIs) en 1998, a solicitud del gobierno de Colombia. Su marco de acción se estableció en un Memorando de Intención firmado entre el Gobierno colombiano y el ACNUR en enero de 1999.

Sin importar las condiciones de clima, tiempo y terreno, los Ingenieros Militares van por el país construyendo lo que la guerrilla destruye.

crear una Oficina en el país. Ésta se abrió en 1997 con un mandato que incluye, entre otras tareas, la de observar la situación de los Derechos Humanos (DDHH) y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco del conflicto armado interno colombiano. La oficina también asesora a autoridades e instituciones en el desarrollo de políticas y programas que promueven y protegen los DDHH y el DIH. Su mandato también prevé asesorar a la sociedad civil

Entre las otras agencias, se puede mencionar al Programa Mundial de Alimentos, la FAO, UNIFEM, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Sus estrategias son múltiples y, de acuerdo con el mandato de cada Agencia, van desde apoyar todos los esfuerzos dedicados a asegurar la seguridad alimentaria de los más necesitados, promover la salud sexual y reproductiva, o contribuir a la defensa y el bienestar de la niñez, hasta colaborar para suprimir el

3. http://www.unmillenniumproject.org/reports/whyS.htm 4. Se trata de 22 Agencias, que conforman el Sistema de las Naciones Unidas www.nacionesunidas.org,co

crimen y promover el desarrollo alternativo. También contribuyen a impulsar a los territorios en sus estrategias de desarrollo local y ofrecen apoyo a iniciativas comunitarias y empresariales en medio y a pesar del conflicto. Igualmente, y para mencionar sólo algunos ámbitos, las Naciones Unidas apoyan los esfuerzos de la nación para hacer frente al reto de lograr que Colombia sea un país sin minas antipersona. l respecto, no puede olvidarse que durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana y en los dos primeros años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, el Secretario General de la ONU atendió la solicitud colombiana de apoyar la búsqueda de la paz en Colombia y los acercamientos con organizaciones guerrilleras. Como está indicado en la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, “con el fin de avanzar en un proceso de negociación con las Farc, el Presidente de la República solicitó al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, sus buenos oficios para iniciar un proceso de paz serio que se cristalice en un cese de hostilidades y concluya, en un plazo razonable, en el desarme, la desmovilización y la reinserción de los combatientes a la vida democrática.”5 . rente al actual debate en torno a si el país vive un conflicto

armado o un ataque terrorista, respetando profundamente el sentir y los argumentos del gobierno, para las Naciones Unidas es claro que desde hace varias décadas se desarrolla en Colombia un conflicto armado interno6 . El terrorismo, es a su vez sistemáticamente condenado y reconocido como un instrumento nefasto usado por los actores armados ilegales, así como también lo son el secuestro, las masacres y la desaparición forzada de personas. En el caso específico del PNUD es de suma importancia apoyar iniciativas ciudadanas por la paz y la reconciliación, los programas de desarrollo y paz, los escenarios de diálogo como el que llevó al trascendental Consenso de Cartagena en febrero de este año, en el marco de Proceso de Londres – Cartagena7 . El PNUD también patrocina estudios e investigaciones que puedan apoyar a Colombia en la formulación de políticas incluyentes en beneficio de toda la nación y de la democracia colombiana. Este es el caso del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003: el conflicto, callejón con salida8 , cuya investigación contó con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional. Este Informe, elaborado para el PNUD por un gran equipo de investigadores independientes, recibió en diciembre de 2004 el Premio a la Excelencia por el

Proceso Participativo, galardón otorgado a los mejores informes de desarrollo humano que se elaboran en los casi 200 países. Más de cuatro mil personas de todo el país participaron en los debates y diálogos que le permitieron al equipo investigador afirmar que el conflicto armado interno (que califican de “conflicto degradado”) se ha convertido en el principal obstáculo para el desarrollo humano de los colombianos. Entre las razones se incluyen: · El conflicto produce miles de muertes prematuras cada año. · El conflicto impide que millones de niños y jóvenes accedan a la educación. · El conflicto destruye gran cantidad de activos productivos. · El conflicto impide que la gente participe en la discusión y decisión de los asuntos colectivos. ¿Alguien ha ganado este conflicto? Esta fue una de las muchas preguntas que se hizo el equipo del Informe Nacional de Desarrollo Humano, y la respuesta es realmente sobrecogedora: en un conflicto que se degrada y que ha afectado en modo directo o indirecto a millones de colombianos, la guerra ha sido un fracaso: las Farc-Ep y el Eln, tras más de cuatro décadas están lejos de llegar al poder; los paramilitares

5. Ver: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/farc/acercamientos.htm 6. El Protocolo II de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional describe a los conflictos armados internos, como “ aquellos que se desarrollan en el territorio de una Alta Parte contratante (nota del autor: en este caso Colombia lo es), entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejercen sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permite realizar operaciones sostenidas y concertadas...”. Ver: OACNUDH, Compilación de instrumentos internacionales. Bogotá, 2002. Pág. 433. 7. http://indh.pnud.org.co/articulo.plx?id=245&t=noticia; http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/internacional/ DeclaraciondeCartagena.pdf 8. http://indh.pnud.org.co/index_.plx?f=1120502841

en veinte años de barbarie no lograron acabar con la guerrilla; el Estado tampoco ha sido capaz de derrotar a la guerrilla, ni de detener el paramilitarismo ni de remover las causas del conflicto. Adicionalmente, el conflicto armado ha perturbado el crecimiento económico, ha debilitado la democracia colombiana y distorsionada la inserción internacional del país. su turno, como parte de las estrategias para salir del conflicto, el Informe propone una serie de acciones graduales que aborden sus múltiples causas y efectos: por ejemplo, desde la óptica del desarrollo humano plantea evitar la extensión del conflicto a nuevas víctimas, comunidades y regiones; disminuir el número de combatientes ilegales, víctimas y personas afectadas; impedir una degradación aún mayor; resarcir a las víctimas; castigar a los responsables de conductas criminales; buscar que la salida militar o la solución negociada tengan el menor impacto negativo sobre la población y sobre el futuro del país. En todo caso, cualquier estrategia debe tener en cuenta la diversidad y las múltiples iniciativas de desarrollo y paz en lo regional y local. Esto implica, para el Estado y las élites, mirar con justicia esa inmensa “otra Colombia” que por siglos ha sido relegada al abandono, pero ha sabido encontrar formas de hacerle frente al conflicto. Respecto a un tema tan difícil como es el papel del narcotráfico, desde la perspectiva del conflicto armado el informe plantea que si bien debilitarlo es una condición necesaria para superar el conflicto, ello no es suficiente ya que mientras que por un lado acabar con la droga no pone automáticamente fin al conflicto, tampoco acabar con el conflicto termina

con el problema de la droga en Colombia. De ahí hace varias novedosas recomendaciones para combatir el narcotráfico desde la óptica específica de su impacto sobre el conflicto armado. Entre ellas se incluye: A. Abrir un nuevo diálogo internacional sobre el narcotráfico con la participación de Colombia, Estados Unidos, organismos multilaterales, autoridades regionales, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Esta política llevaría a concentrar las políticas represivas en los eslabones medios y no en la criminalización del campesinado cocalero. Implica más erradicación manual y alternativas rentables para los colonos, más prevención y fortalecimiento del tejido social. Propone también que en los países consumidores también se ataque más asertivamente la distribución mayorista, así como trabajar en programas educativos de prevención. B. Diferenciar claramente el tratamiento dado a productores grandes y pequeños. C. Las acciones represivas deberían concentrarse en eslabones intermedios de la cadena del narcotráfico para desmantelar las redes de comercialización, interdicción aérea, acciones internacionales contra las mafias y sus redes. Finalmente, este esbozo del accionar de las Naciones Unidas en Colombia no puede concluir sin reiterar la importancia del principio de distinción. La diferencia entre combatientes y no combatientes, clara en todos los tratados de DIH, todos ellos ratificados por Colombia, debe convertirse en una hoja de ruta firme para cada funcionario del Estado, para todos los

miembros de la Fuerza Pública y, naturalmente, para cada colombiano, y esto incluye a los miembros de los grupos armados ilegales. La legitimidad y el bienestar de la población, una población que pide cada día más la presencia integral del Estado con todos los beneficios de la democracia, pasa en gran parte por asegurar el total respeto de esa distinción. Pese al conflicto, y en el marco de grandes esfuerzos realizados por el Estado en todos sus niveles, hay miles de hombres y mujeres que en Colombia realizan esfuerzos heroicos por tratar de crear hechos de paz que les permitan avanzar hacia mejores niveles de vida para sus comunidades. Estas iniciativas de paz, de diversos orígenes y múltiples características, merecen el respeto y la admiración de todos. De igual modo, lo merecen esos hombres y mujeres, servidores públicos, que al cumplir con su deber respetan cabalmente todos los derechos de sus conciudadanos sin distinción. En estos escenarios, en los escenarios del desarrollo humano, el progreso, la equidad, solidaridad y la paz, Colombia tiene un aliado firme en las Naciones Unidas.

Gedeón y sus enseñanzas. Breve reflexión académica sobre la guerra en Colombia. Quiero precisar que el término guerra empleado en el título del artículo sigue los lineamientos de la comunidad de trabajo para la investigación de causas de la guerra (arbeitsgemeinschaft kriegsursachenforschung, Akuf) de la universidad de Hamburgo, citado en el libro de Kurtenbach Sabine. Análisis del conflicto en Colombia. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá Colombia. Mayo de 2005. Pág. 12. en éste sentido “la guerra es un conflicto armado de masas en el que por lo menos en uno de los bandos participan fuerzas estatales, y que muestra un mínimo de continuidad y organización de las partes en conflicto”.

JEAN CARLO MEJIA AZUERO Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Docente e investigador. Profesor de la Escuela Superior de Guerra, la Academia de Altos Estudios de la Policía Nacional, las escuelas de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Colombiana. Profesor de postgrados en DICA y en Seguridad y Defensa Nacional. Tutor maestría en Seguridad y Defensa Escuela Superior de Guerra.

Los grandes genios militares siempre han nacido para el mando, el que van moldeando lentamente a través de los días. Así, con el paso del tiempo comienzan a entender cómo el bienestar y la moral de sus hombres son elementos esenciales para la obtención de la victoria final. Jcmas

l problema del conflicto en Colombia, mirado desde la perspectiva militar, comienza por reconocer el tipo de enemigo que hemos venido enfrentando, así como su estrategia y las tácticas utilizadas; nuestros militares de herencia prusiana, lastimosamente olvidada por seguir la norteamericana, cometieron durante muchos años un error al cual fueron llevados por las elites políticas nacionales;1 Subestimar al adversario. Jhon

Laffin enseñaba con relación a la guerra convencional2 , algo perfectamente aplicable en una guerra revolucionaria: “la generalidad de las personas tiende a creer que sus propios comandantes son los mejores, los grandes comandantes no menosprecian a sus homólogos extranjeros”.3 De hecho, todavía la dirigencia nacional y el alto mando creen que a las autodenominadas Farc, al Eln y a las Auc se les derrota militarmente, y este es un craso error. Lo primero que hay que reconocer militarmente, así le cueste al orgullo castrense, es que el enemigo es fuerte porque el Estado ha sido débil durante más de cuatro décadas; que no se encuentra derrotado ni militar ni políticamente; que además se halla totalmente robustecido por sus finanzas ilícitas4 ; que se

despliega nacional e internacionalmente; que es altamente móvil; que utiliza métodos terroristas (tan antiguos como el mismo arte de la guerra), que se adecua a nuestras actuaciones, que se mueve en un territorio desconocido para la mayoría de nuestros hombres5 y que combina diferentes formas de lucha; en fin, que el enemigo así se le catalogue como simple terrorista, cree firmemente en una guerra popular prolongada para tomarse el poder, sustentado en ideas con origen marxista leninista, remozadas con una ideología nacionalista y Bolivariana desde el año 19826 . Finalmente, ese enemigo ya no se encuentra sólo, por el contrario ahora está acompañado de caudillos que desde otros Estados quieren imponer la visión de China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba, en el sur del continente.7

1. A los políticos compete decidir qué tipo de política de defensa debe adoptarse y, si la ocasión lo demanda, qué tipo de guerra debe librar el ejército, las fuerzas de campo. En ese sentido su responsabilidad con respecto al combatiente es enorme, hasta el punto de que sus errores los pagará este último con su propia sangre. Regan Geoffrey. Historia de la incompetencia militar. Editorial Critica. Barcelona, España 2001. Pág. 16. 2. Vincenc Fisas enseña que la principal característica de los conflictos actuales es su carácter interno. De esa forma señala que en el período comprendido entre 1989 y el año 2002, el 94% de los 116 conflictos producidos en el mundo han sido intraestatales. Vincenc Fisas. Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Editorial Paidos. Serie sociedad. N° 119. Barcelona, España. 2004. pagina 22. también se puede consultar las cifras de Eduardo Pizarro Leongómez. 3. Laffin Jhon. Grandes Batallas de la Historia. Secretos de los maestros de la estrategia. Editorial Ateneo. Buenos Aires, Argentina. Año 2004. Pág. 15. 4. Desde el punto de vista estratégico el centro de gravedad del enemigo gira en torno de sus finanzas. Muchos analistas y gran parte del estamento militar equivocadamente consideran que el narcotráfico sostiene a los grupos ilegales; no obstante lo anterior las cifras muestran que por ejemplo por concepto de extorsión y secuestro las autodenominadas Farc recibieron el año 2004 una cifra cercana al billón y medio de pesos. 5. “10. Aquellos que desconocen las condiciones de las montañas y bosques, desfiladeros arriesgados, pantanos y ciénagas, no pueden conducir la marcha de un ejército. 11. los que no usan los guías locales son incapaces de sacar ventajas del terreno.”. Sun Tzu. El arte de la guerra. prefacio de B.H. Liddel Hart. Editorial Panamericana. Quinta reimpresión de la primera edición. 2003. Pág. 149. 6. Séptima conferencia de las Farc. Ratificada ésta posición en 1993 en la octava conferencia. 7. Sería muy bueno analizar la constitución Boliviana de Simón Bolívar, su repercusión en la constitución de Venezuela y la identidad con los estatutos del partido clandestino comunista de las autodenominadas Farc. El diario Vanguardia de Cuba respecto a la política de seguridad del presidente Chávez mostró a las claras cuál es la intención de éste mandatario frente a una posible invasión norteamericana: una guerra popular prolongada. para cumplir con el propósito de resistencia prepararan las famosas reservas, compran nuevas armas, y están dispuestos a internarse en las selvas a esperar al enemigo grande, pesado, demasiado tecnificado.

Con equipo especializado en reconocimiento y control de la seguridad vial, se ha logrado disminuir en más de 88% las acciones terroristas sobre las carreteras nacionales.

uiero en ésta ocasión evocar como ejemplo militar a Gedeón,8 gran capitán Israelita que venció a los madianitas en el monte Guilboa (actual territorio de Israel), ya que su don de mando en las batallas entronizó unos principios del arte de la guerra que hoy deben ser estudiados por nuestros dirigentes frente a cualquier política de seguridad y defensa y también por nuestros generales en el ámbito de una política militar9 , que sea consecuencia de una doctrina militar propia y coherente, que debería redundar en la estrategia y la táctica.

daba un ejército pequeño pero altamente aleccionado, sostenía: 1. La calidad es mejor que la cantidad. Una pequeña fuerza de hombres bien escogidos, entrenados y serenos es mejor que una masa incierta, entrenada a medias. Éste punto es altamente preocupante en nuestro conflicto; el sofisma planteado por el incremento del pie de fuerza puede ser un arma de doble filo en el futuro por las siguientes razones: a. falta de entrenamiento adecuado, b. crecimiento de la

soldadesca sin la presencia de cuadros (ya se está viendo la ausencia de oficiales y suboficiales), o con mandos mal formados c. dificultades de desmovilización en un posconflicto, d. altísimos costos de sostenimiento, e. una carga prestacional a futuro insostenible. Si bien Colombia se encuentra por debajo del indicador internacional de número de efectivos respecto al de habitantes, aún estando en un conflicto interno, lo cierto es que el crecimiento desmesurado y desordenado de soldados es contraproducente10 . La solución es para mí sencilla; Un Ejército

El magno Gedeón, que coman8.En hebreo significa guerrero o destructor. 9. Hasta tanto Colombia no cuente con una política militar, fruto de una doctrina seria, estable y propia, será muy difícil dar el salto cualitativo hacia el robustecimiento de las Fuerzas Militares y que les permita al mismo tiempo entender que son actor político imprescindible en una democracia emergente. "La política militar es uno de los componentes de la política de defensa del Estado a la que debe servir permanentemente, por lo tanto debe ser consecuente con los objetivos de ésta y con sus lineamientos generales de acción, manteniendo con ella una estrecha coordinación y complementación", en lo específico, y la "política militar tiene que ver con la dimensión, estructura y capacidad técnico - profesional de las Fuerzas Armadas y debe ser planificada en el largo plazo". Thouby Fernando. Política de defensa y política militar. Dimensionamiento y estructuración de las Fuerzas Militares. Revista Fuerzas Armadas y sociedad. Año 10. N° 4 oct. – dic. de 1995. Pág. 1.

Todavía la dirigencia nacional y el alto mando creen que a las autodenominadas Farc, al Eln y a las Auc se les derrota militarmente, y este es un craso error. hacerlo integralmente en equipos de transporte, armamento, otros medios logísticos y también en moral, que sólo puede ser transmitida a través de líderes bien capacitados y educados; no a través de comandantes simplemente instruidos.

La tranquilidad retornó a las calles de Santa Rosa, en el Cauca.

relativamente pequeño, altamente entrenado con fuerzas especiales debidamente equipadas y con una alta moral. La recuperación del territorio a través de la presencia de soldados es otro sofisma. La guerrilla no controla el territorio de la forma en que hemos creído usualmente, lo hace a través de la intervención de la economía y la penetración de las administraciones locales y regionales,

también lo hace a través de sus milicias y las intrincadas redes de inteligencia que maneja. A las guerrillas móviles se les combate con unidades móviles que entren, golpeen y salgan, con presencia del Estado en los municipios, una policía rural robustecida11 y con inversión social e infraestructura (Ocho black hawk ha perdido el Ejército en algo más de dos años; ¿cuántas carreteras se hubieran podido construir en zonas alejadas? ¿Cuánto le cuesta al Estado las pensiones de sobrevivientes o de invalidez de éstos hombres?) Finalmente, nuestro Ejército debe comprender que crecer significa

2. Atención al detalle y un buen trabajo de equipo son una grande ayuda para obtener la victoria. A un enemigo como el que enfrenta el pueblo de Colombia se le gana con dos elementos básicamente. Trabajo en equipo entre el pueblo y las Fuerzas Armadas (es tal vez lo más difícil para el colombiano), que plantee la necesidad de movilizar a toda la sociedad en pos de la victoria final (las guerras las ganan los pueblos no los ejércitos), a través de la estrategia más simple y sencilla: el regreso al amor por la Patria fruto de la comprensión de qué significa Colombia y del por qué somos y queremos seguir siendo colombianos.12 Los aún existentes celos entre las Fuerzas, la persecución del éxito personal y operacional y no del bien general (ni siquiera el institucional) han llevado al traste con todas las intenciones de triunfo militar y político.13 Y un segundo elemento, la inteligencia estratégica que nos permita a través de análisis

10. Vargas Andrés Mauricio. Reyes Mauro Alejandro. Algunas consideraciones sobre el gasto en Fuerza Pública en Colombia. Incidencia en la economía. Facultad de Economía. Universidad Externado de Colombia. Año 2004. 11. La policía rural en Colombia esta integrada por los miembros de la especialidad de carabineros. Gracias a la degradación del conflicto los policías de ésta especialidad se han convertido en unidades elite de contraguerrilla, bajo el nombre de escuadrones móviles de carabineros. Otra consecuencia del conflicto es la militarización de la Policía. 12. Artículo 41 de la Constitución Política del 4 de julio de 1991. 13. Aquí encuentra argumentación la existencia de comandos conjuntos. Pero surge otro problema práctico: ¿estamos preparados logísticamente para soportar su existencia? ¿se ha esperado el tiempo prudente para estudiar a fondo por parte de la Escuela Superior de Guerra el experimento Fuerza de Tarea Omega?

ponderados, razonados, serios y sustentados, conocer al detalle los movimientos del enemigo y de sus aliados. Como en Colombia no hemos creído nunca en éste tipo de inteligencia, en consecuencia no ha sido reconocida ni empleada por los altos mandos y el gobierno. Ningún conflicto asimétrico en la actualidad se desarrolla en el territorio de un solo Estado; el caso colombiano no es una excepción. Sin inteligencia no hay estrategia y en Colombia sin eufemismos no existe una concepción estratégica del Estado; sólo de esa forma se puede entender cómo Colombia ha perdido en los escritorios y no en los campos de batalla, gran parte del original territorio nacional. 3. Es importante que el comandante lleve a cabo un reconocimiento personal previo a la batalla. Aquí durante muchos años tuvimos generales que no iban al campo de batalla, que no conocían al enemigo a profundidad (debo reconocer que todavía algunos no lo conocen, sobre todo los que creen ver en el enemigo a simples bandoleros.) en su territorio; y aunque si bien es cierto se han presentado grandes cambios, no deja de ser desmoralizante para los que hoy están cargando con el peso de la guerra en los puestos avanzados, que muchos de sus compañeros “los delfines y consentidos”, no salgan nunca de Bogotá o de otras La Estrategia Militar es vital para desarrollar operaciones contra la subversión.

La Nación no cree que estamos en guerra, porque simplemente se le ha dicho que no hay conflicto armado, sino una “amenaza terrorista” 70

... un ejército al que le falta equipo pesado, forraje, alimentos y provisiones, está perdido”. Sun Tzu Mantener la seguridad e integridad de los colombianos, es el principal objetivo de los soldados del Ejército Nacional.

grandes guarniciones y, que a la vez, éstos sean enviados siempre al exterior o a las escuelas de formación. Con oficiales expertos en lo teórico (pero en guerras convencionales y en autores extranjeros) y con combatientes que no pueden transmitir las experiencias de una confrontación asimétrica, ¿qué tipo de ejemplo estamos dando hacía el exterior de lo que es la institución castrense? Ahora bien, en una guerra popular prolongada en donde es aplicable la combinación de formas de lucha, el conocimiento sobre el campo de batalla no sólo debe mirarse militarmente. La guerra política plantea un campo de batalla político, al igual que sucede con la guerra jurídica, la judicial entre otras tantas. ¿nuestros comandantes se apersonan de hacer el reconocimiento de esos nuevos escenarios de lucha? La respuesta habitual de muchos militares es que de la guerra política debe encargarse el gobierno. ¿Acaso el gobierno le dará la cara a nuestros militares cuando sean llevados a responder ante los tribunales internacionales? ¡No más ingenuidad señores! 4.

La moral enemiga pue-

de quedar destruida por un ataque nocturno sorpresivo. La sorpresa militar es imprescindible para lograr victorias contundentes en las batallas; pero manejada con creatividad, astucia y habilidad es decisiva para ganar guerras cuando se destruye la moral del enemigo. La noche desde el punto de vista militar se convierte en una aliada impresionante; en éste aspecto estamos muy bien, gracias a la preparación integral de muchos de los recién ascendidos generales, aunque hay que admitir que faltan más operaciones comando directamente sobre el enemigo, no a uno o dos kilómetros de su ubicación. Es importante tener en cuenta que la sorpresa en la guerra revolucionaria debe ser

asumida por el Estado en los ámbitos no propiamente bélicos, pero absolutamente militares. El enemigo nunca esperaría una guerra popular prolongada en contra de ellos, ni la utilización en masa de los medios de lucha, ni mucho menos la asociación efectiva entre el pueblo y la Fuerza Pública. Estoy seguro que esta sorpresa los aniquilaría. Las Farc como el Eln, lo vengo diciendo de un tiempo acá, se destruyen desde adentro, con la fuerza de la guerra de magnitud contraria.14 5. La acción de las partes que componen un Ejército debe estar concienzudamente coordinada. Militarmente hablando, pero también políticamente, aquí es en donde más ajustes se deben realizar. La Nación no cree

14. Toda guerra solamente puede ser efectivamente enfrentada por otra guerra de igual o mayor magnitud pero contraria. El conocimiento exacto de la amenaza, nos permite saber qué tipo de guerra va a utilizar y qué tipo o variable de respuesta debemos brindar.

que estamos en guerra, porque simplemente se le ha dicho que no hay conflicto armado, sino una “amenaza terrorista”15 ; el Estado no actúa en consideración a lo anterior porque no se cuenta con una coordinación nacional, al no existir un norte común que enlace al pueblo con la Fuerza Pública. Desde la óptica militar es impensable hoy en día ganar una guerra sin un trabajo coordinado entre el pueblo y su mejor representación; las Fuerzas Armadas.16 La trilogía de Clausewitz, gobierno – pueblo – fuerza armada, está mandada hace tiempo a recoger, porque pueblo es igual a Fuerza Pública.

Macedonia, conocido como el Magno. Pues bien, a pesar de que las tropas de Darío quintuplicaban a las de Alejandro, la creencia entre las tropas del primero sobre la naturaleza invencible del Hijo de Filipo II, generó la muerte de más de 50.000 persas frente a tan sólo 480 macedonios en el campo de batalla. Lo mismo se podría decir del efecto de las sirenas colocadas por los alemanes en las bombas lanzadas por los famosos aviones Stuka17 en la Segunda Guerra

Mundial, que lograban más pánico entre los ingleses y franceses, que destrucción material. La ventaja de la guerra psicológica es invaluable. 7. Un comandante debe tener el mando absoluto, y nunca debe estar entorpecido por la posibilidad de diferencias con sus comandantes. Un problema que se está convirtiendo, lamentablemente, en habitual es el del mando. Muchos hoy día sostienen que en Colom-

6. Un enemigo puede ablandarse con historias respecto de lo “invencibles” que son sus oponentes. Un factor fundamental en la guerra, muchas veces desconocido por nuestros generales es el relacionado con la guerra psicológica. De hecho, durante muchos años contraguerrillas integradas por soldados profesionales no fueron emboscadas por la guerrilla, quienes al observar el orden y la disciplina de sus integrantes se atemorizaban. Históricamente y en otras latitudes quien no recuerda la batalla de Gaugamela (también conocida como la batalla de Arbela) en donde se enfrentaron las tropas persas de Darío III y las de Alejandro de La preparación que reciben los miembros de nuestro Ejército, se refuerza en la Compañía de Tiro. 15. Amenaza, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española significa en buen castellano, acción de amenazar, dicho o hecho con el que se amenaza o aquel delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de un mal grave para él o para su familia. Por el contrario agresión significa el acto de acometer a alguien con la intención de matarlo o herirlo, pero también el ataque armado de una nación a otra sin previo aviso. En nuestro caso ¿hay amenaza terrorista o habrá agresión? Sin duda alguna hay una agresión terrorista planteada dentro de una combinación de formas de lucha por una guerrilla. Terrorismo y conflicto armado lo he venido diciendo insistentemente no son excluyentes; basta ver la normatividad del Código Penal Colombiano, las normas internacionales de derechos humanos y el mismo protocolo II de Ginebra de 1977. 16. El término Fuerzas Armadas es constitucional y legal. Constitución Política, Artículo 189 N° 3. 17. Aviones junker Ju - 87

Los demenciales ataques contra los oleoductos afectan el medio ambiente y el ecosistema de más de 70 municipios, que además, les ha impedido recibir miles de millones de pesos por concepto de regalías.

bia no existe un Ejército sino que en realidad hay tres. Uno el del general Castellanos, oficial de inmejorables condiciones humanas y profesionales, otro el del general Montoya en el norte del país y finalmente otro en la Fuerza de Tarea Omega, dirigido por el general Fracica. Yo agregaría un cuarto Ejército y no es otro que el promovido desde el Comando General, que pretende so pretexto de la creación de Comandos Conjuntos, llevarse el protagonismo frente a la conducción de la guerra, cambiarle la naturaleza al Estado Mayor Conjunto y minimizar la participación activa de los comandantes de Fuerza. Quiero insistir en algo, no es que esté en desacuerdo con los Comandos Conjuntos, que de hecho existen en Colombia hace algún tiempo, en lo que no estoy de acuerdo es en su implementación, fruto de la inexistencia de una estrategia coherente a mediano plazo, también por la falta de medios, por la poca movilidad propia fruto de la casi total dependencia de una potencia extranjera. Sun Tzu indicaba: “de aquí se sigue que un ejército al que le falta equipo pesado, forraje, alimentos y provisiones, está perdido.”18 Un ejército debe moverse bajo un solo “mando doctrinal”, las fisuras en las Fuerzas Militares es señal prístina de la falta de una doctrina militar propia que sea irradiada a todos los cuadros sin distinciones ni grados. La visualización teórica y las enseñanzas de una guerra convencional, frente a la desbordante realidad planteada por un conflicto asimétrico sobre

el cual se ha venido aprendiendo sobre el camino, sin momentos de reflexión académica, nos tiene muy mal parados. La responsabilidad de la Escuela Superior de Guerra sobre lo que viene pasando debe evaluarse. ¿Cómo es posible que la política militar no se refleje en un plan nacional de desarrollo? ¿Cómo puede ser posible que no exista investigación científica, enseñanza de la ideología, sociología y antropología militar? Lastimosamente el uniforme ya no es sinónimo de liderazgo, ni los soles de mando, el verdadero mando se ejerce con el ejemplo, con amor verdadero por la Patria, que se denota en el buen trato hacía los subalternos, hacia los compañeros y superiores; el mando se ejerce con humildad y sencillez pero con la firmeza y responsabilidad que provienen de la cultura y la educación. El mando se ejerce sin la arrogancia del grado, lo que convierte al General en un instrumento de paz y no en una herramienta de destrucción, anteponiendo el interés particular al interés general. El mando es un don y como don, no le es entregado a todos los hombres, sino sólo a aquellos destinados para perpetuarse en la historia. Los éxitos tácticos son la vanagloria del bullicioso y grosero comandante, los éxitos estratégicos son la demostración silenciosa de quien es un verdadero líder. Ustedes libremente pueden escoger: ¿Patton o MacArthur? 8. Elija el arma más adecuada para la acción en cuestión. Aquí vuelve a ser esencial el conocimiento de la guerra de magnitud contraria. Piénsese en lo siguiente: si las autodenominadas Farc manejan intrincadas redes de

organizaciones no gubernamentales en Europa, ¿qué tipo de arma deberíamos utilizar contra ésta amenaza jurídico–política? Básicamente la creación de organizaciones que le hicieran contrapartida efectiva a las del enemigo. Ahora, si las Farc manejan cincuenta ONG, nosotros debemos empezar mínimo con setenta u ochenta, ya que es un terreno que ha sido desaprovechado por el Estado por algo más de treinta años. Éste es uno sólo de los ejemplos que se pueden encontrar en la degradación del conflicto. Sólo cuando conocemos a través de la Inteligencia y el estudio profundo la amenaza, podemos llegar a seleccionar el arma adecuada para vencerla. 9. La moral y la personalidad dominante del comandante inspirarán al Ejército y elevaran su moral. Si existe un elemento primordial en la guerra es la presencia de verdaderos lideres; la moral de la tropa deviene de la moral de su comandante. Dos ejemplos históricos fuera de los ya relatados nos pueden ayudar para entender la importancia de la moral de los soldados; luego de la muerte del rey Foulques V conocido como 'el joven' (monarca del reino latino de Jerusalén) y quien mantuvo la tregua con Saladino, se presentó la recaptura de Jerusalén el 2 de octubre del año 1187. La actuación del defensor de la conocida ciudad de Dios, su valentía y liderazgo lograron que el grande Saladino perdonara la vida de las mujeres, los niños y los ancianos del pueblo cristiano residente en la Ciudad Santa. De esa forma terminó la segunda Cruzada y por orden papal19 empezó la tercera, dirigida entre otros

19. Gregorio VIII

por Ricardo Corazón de León. El otro ejemplo es más cercano y hace alusión a la participación del Batallón Colombia número uno en la Guerra de Corea y las alusiones de los generales aliados sobre la valentía y pundonor de los guerreros colombianos. La pregunta a veces podría ser ¿en dónde y cuándo nos perdimos? Pero también habría que preguntarnos ¿No es el mismo Estado el que a través de ciertas decisiones, fruto del desconocimiento total de la dignidad militar, toma medidas que desmoralizan a la tropa? Y ¿Dónde queda la defensa del estamento castrense que cuenta con una división inmensa en su Reserva activa y que además desdeña, critica y fustiga la existencia de una Reserva profesional? ¿Cómo se va a atraer al pueblo si a veces los mismos comandantes de la Reserva en Colombia han odiado a los civiles? El militar debería comprender algo que es inevitable; nunca nació militar sino civil y además si Dios lo permite, va a morir civil. En consecuencia, la carrera militar simplemente es la preparación hacia la vida civil. Por qué menospreciar al pueblo. 10. La victoria es completa sólo cuando la persecución se lleva hasta el límite y el enemigo no sólo es desmoralizado, sino destruido. La retirada del enemigo debe ser entorpecida mediante el previo bloqueo de sus líneas de escape. La única forma de ganarle a las autodenominadas Farc y al Eln es perseguirlas incansablemente, no dejarlas en paz, asediarlas por todos los medios, principalmente utilizando aquellos que constitu-

yen el setenta por ciento de toda guerra. Debemos destruir sus medios de comunicación, sus redes de apoyo internacional, sus mandos medios deben ser nuestra prioridad operacional, para que no lleguen las órdenes del estado mayor y del secretariado. Insisto, sus mandos medios (comandantes de frente, columna, guerrilla), son el centro de gravedad del enemigo operacionalmente. Debemos conseguir que se autodestruyan creando e incentivando la zozobra que produce el negocio de las drogas. Los grupos armados al margen de la ley se acaban desde adentro. Aquí esta la clave. “¡el que tenga oídos que escuche…!”. Y si prestamos la debida atención comprenderemos que en la mayoría de escenarios planteados por la guerra que vive Colombia, podemos ganar sin la utilización de un solo cartucho. Por eso el más grande teórico de la guerra enseñaba: “el arte supremo de la guerra consiste en dominar al enemigo sin combate”. Sun Tzu. 11. Las tropas que atacan y persiguen deben viajar con pertrechos ligeros. Tal y como lo mencioné al comienzo de éstas primeras palabras, las fuerzas especiales, los comandos, son esenciales en la guerra. La doctrina inglesa y alemana; las experiencias contra Noriega, en Panamá; Chavin de Huantar, en el Perú; o Entebbe, en Uganda, deben ser ejemplo constante. ¿Cómo puede ser posible que ni una operación comando haya permitido en cuarenta años de enfrentamiento la captura o baja de un miembro del secretariado o del “Coce” del Eln? Mi respuesta es contundente. Falta

de credibilidad en la Inteligencia. Basta con imaginar que muchos de los directores de Inteligencia en las Fuerzas Militares son oficiales de otras armas y especialidades y que a pesar de haber trabajado en ésta delicada área, no cuentan con la cultura, la educación y el perfil para acometer la más delicada

misión en un conflicto. Suministrar la información necesaria para poder vencer al enemigo y elaborar análisis objetivos sobre la amenaza que permitan tomar las medidas adecuadas. Autores de la talla de Raul Sorhn (Veinte claves para ganar la guerra); Samuel Huntington (Choque de civilizaciones) y Gordon Thomas (Las torturas psicológicas de la CIA), concuerdan en indicar que en los países más avanzados el mayor número de Ph’d deben estar vinculados a los servicios de Inteligencia. 12. La astucia suele tener éxito donde la fuerza de las armas sólo pueden fallar. A veces me aterro al pensar que ninguno de nuestros dirigentes y muchos de nuestros Generales parecen jamás haberse leído la Ilíada o la Odisea, por lo tanto

20. op.cit. Pág. 22 21. El término Ejército utilizado en éste artículo debe entenderse en sentido lato, es decir, Ejército de tierra, de aire y la armada. 22. Op.cit. pág. 11

desconocen lamentablemente en que consistió la utilización del caballo de Troya como génesis de la guerra de estratagemas, utilizado por las tropas de Agamenón en su ataque a la ciudad de Príamo. Pues bien, el mismo Laffin indica “que la guerra en sí no es regular, segura ni predecible y por lo tanto el mejor comandante con el que se puede contar es aquel que es original e imaginativo.”20 Sobran las palabras. Es importante tener en cuenta estos principios de la guerra tomados de Gedeón, interpretarlos adecuadamente y sobre todo aplicarlos en forma creativa; de pronto así empezaremos a cambiar la forma anticuada con la que hemos venido trabajando como Ejército21 y sobre todo como Nación, frente a un enemigo que parece hijo de Hermes o Mercurio. Retomaré finalmente las palabras de Sir Bassil Liddell Hart en su texto Thoughts on War: (pensamientos sobre la guerra) “hay más de dos mil años de experiencia que nos indican que la única cosa más difícil que introducir una nueva idea en la mente militar, es lograr que ésta se libre de una vieja”. A nadie le conviene seguir empeñados en una confrontación que esta acabando con la nación colombiana; porque “nunca ha existido una guerra prolongada de la cual se haya beneficiado algún país”. Sun Tzu.22

Dilema de la paz y de la justicia

MAYOR GENERAL JOSÉ ROBERTO IBAÑEZ SÁNCHEZ

raíz del reciente proceso de paz con los mal llamados “paramilitares” han surgido en los medios de comunicación social del país y del exterior todo tipo de especulaciones. Unas sobre bases jurídicas mas o menos fundamentadas, otras sustentadas en la realidad social colombiana, las más, sin mayores consideraciones intelectuales, como no sean las de tomar partido a favor o en contra de tal proceso. Quienes hemos trajinado estos temas, recordamos una obra que en plena época bipolar se convirtió en la Biblia de la subversión en los países del Tercer Mundo, particularmente en Latinoamérica y en Colombia donde la suspicacia criolla la extendió y aplicó en los ámbitos

... la débil voluntad del Estado para defenderse, se ha enfrentado con la firme voluntad de la subversión por derribarlo. guerrilleros y de la extrema izquierda. Se trata del libro de Jacques Vergés: “Estrategias judiciales en los procesos políticos”. Obra poco conocida en los círculos jurídicos oficiales, menos en el medio militar, a pesar de su trascendencia para la supervivencia de nuestro frágil régimen jurídico. En tal obra Verjés advirtió cómo, en Estados con estructuras políticas y económicas frágiles, débiles, como sería el caso de Colombia o en regímenes totalitarios, como lo sería el caso de las llamadas “dictaduras del Cono Sur”, quienes subvierten el orden público establecido cuentan con la posibilidad de invertir el sistema de valores y por ello, de forma fácil pueden convertirse de acusados en acusadores. Porque la justicia, concebida para regular las relaciones sociales, las violaciones individuales a la ley, no puede resistir un asalto general contra el Estado sin que éste se traumatice; pues ella es una razón de Estado cuando el régimen es fuerte, pero si es débil o le sobreviene una crisis, es a la justicia a la que el propio Estado debe rendirle cuentas.

que de haber ocurrido en países tercermundistas habrían sido francamente escandalosos para las distintas organizaciones protectoras de los Derechos Humanos.

defenderse, se ha enfrentado con la firme voluntad de la subversión por derribarlo, en medio de una intensa publicidad nacional e internacional.

ales son las razones con las cuales la subversión armada en Colombia ha defendido a sus militantes, es decir, sin apelar a lo jurídico sino a lo político. Por eso sus acciones se han orientado no a enfrentar la responsabilidad de sus hechos criminales, sino a la impugnación tenue o brusca, total o parcial del sistema político establecido, sin atender a la gravedad, ferocidad o barbaridad de tales hechos, sino a las motivaciones de lucha. Y en tales circunstancias, la débil voluntad del Estado para

A la luz de tales consideraciones se explican los fracasos de los gobiernos colombianos anteriores frente a las perspectivas de paz con las Farc y el Eln, en medio del clamor de una nación hastiada y martirizada por la violencia. Dichos grupos terroristas habían logrado crear cierto grado de deslegitimación del Estado, y

onsideración poco aplicable a países desarrollados, por la carencia de argumentación subversiva frente a las bondades, estabilidad y fortaleza del Estado. Por eso el primer mundo de la década de los setenta no se alarmó cuando aparecieron “suicidados” en las cárceles alemanas los miembros de las “brigadas rojas” o cuando en Italia dichos subversivos fueron exhibidos enjaulados y encadenados. Hechos

La desmovilización de la totalidad de los grupos subversivos es el objetivo de la Ley de Justicia y Paz.

Miles de jóvenes universitarios colman las plazas públicas de las ciudades para expresar su apoyo a la Fuerza Pública.

“autodefensa”. Y algunos juristas se rasgan las vestiduras cuando el gobierno plantea un mecanismo de paz que sirva tanto para la paz de hoy con los segundos, como para mañana con los primeros.

éste por su incoherencia y falta de voluntad no podía defenderse, incluso abandonaba de paso en la picota pública a quienes lo habían defendido. demás, tal situación explica cierta tendencia de algún sector de la sociedad a ofrecer, aún a costa de sus propias normas reguladoras, ventajas a la subversión armada para lograr sentarla en la mesa de negociaciones. Tales como la concesión de un indulto ajeno a la definición clásica del delito político, a veces sin excluir de él los actos de ferocidad o de barbarie y los homicidios fuera de combate. Sobre todo del secuestro, uno de los delitos más inhumanos y crueles, pero que ha sido junto con el narcotráfico, los delitos preferidos por la subversión como medio de financiamiento económico. Razón por la cual estos delitos han sido excluidos por los alzados en armas de cualquier inicio de negociación.

Pero con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sustentado su política de seguridad nacional justamente sobre la base de recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional y en todas las actividades de gobierno, habida la negativa de la subversión por entablar cualquier diálogo tendiente a la paz, por las razones ya expuestas, y como han sido los mal llamados “paramilitares”, tanto o mas criminales que la guerrilla, quienes han aceptado el llamado de paz del gobierno, se ha formado una escandalosa publicidad sobre éste proceso. Primero porque en el terreno teórico, el delito político, por sus fines presuntamente altruistas, fue calificado benévolamente por los clásicos del derecho positivo, susceptible de indultos y amnistías, a pesar de que ellos jamás aceptaron incluir los actos de ferocidad y de barbarie, actos en que han incurrido tanto la narcoguerrilla como los grupos también mal llamados de

Otro de los aspectos que algunos plantean es la impunidad generada del proceso de paz con los paramilitares. Como si los anteriores procesos que se desarrollaron exitosamente con los movimientos guerrilleros, hoy reinsertados en la vida civil, no hubieran generado impunidad, sobre todo frente al feroz delito del secuestro, cuyos iniciadores fueron algunos de ellos, que hoy usufructúan de dichos procesos. Si vamos al meollo del asunto, todo indulto, toda amnistía, todo perdón, conlleva necesariamente algún grado de impunidad. Y nuestra historia esta saturada de hechos de tal naturaleza, empezando por los tratados de Trujillo de 1820, a pesar de la crueldad con que se había desarrollado el espíritu de la guerra a muerte, proclamado trece años antes en la misma ciudad venezolana. Lo paradójico de nuestra historia es que sea hoy el sector político, el que llevó al país a destrozarse en el sinnúmero de guerras civiles del siglo XIX y en la violencia política del siglo XX, el que ahora pretenda bloquear la paz. i en la realidad histórica nuestra se han dado los procesos de paz

Si vamos al meollo del asunto, todo indulto, toda amnistía, todo perdón, conlleva necesariamente algún grado de impunidad. de esta manera, ¿por qué oponernos al actual proceso de paz con los “paramilitares”, que al fin y al cabo, surgieron como contrapeso criminal a las criminales actuaciones de la narcoguerrilla?. Las razones no pueden ser otras que las de socavar la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe. Cuando a la luz de la realidad jurídica y de la verdad histórica, es que unos y otros han realizado los actos más feroces, que parodiando a Churchill, “jamás superados en el lóbrego índice del crimen humano”. Hechos como los del Club El Nogal y los asaltos a poblaciones indefensas con pipetas de gas, son moralmente tan repudiables como las masacres también contra la población civil indefensa, que en tantos lugares han realizado los “paramilitares” de manera inmisericorde.

a quienes estén insertos en tales delitos, pero dejando de lado toda intención de ponerle trabas al proceso de paz, para demostrar que la política del actual gobierno no ha dado resultados y que además promueve la impunidad. Porque eso no lo creen los colombianos, que al fin han logrado comprender las falacias guerrilleras y su falta casi absoluta de voluntad de paz. Lo grave es que dichos planteamientos han sido llevados al plano internacional, para encontrar eco en las conocidas ONG, probadamente defensoras de la guerrilla, que alguna influencia tienen en sectores periodísticos y políticos de los Estados Unidos, con miras a parar el “Plan Patriotas”, que tiene ahogada la subversión en su epicentro y por ello atacan en

Es posible que estemos ante otro desfase entre la formalidad jurídica y la realidad social, entre lo teórico y lo práctico, entre lo ético y lo necesario, pero el país debe saber que la paz es el bien jurídico primario que ha de orientar el conflicto presente; que se debe desarrollar privilegiando a los grupos armados ilegales que no han cometido actos de ferocidad y de barbarie y castigar

Integrantes del Comando Especial Conjunto del Ejército en el momento de la destrucción de un complejo cocainero localizado en el sur del país.

la periferia. Deseamos advertir sobre la responsabilidad de bloquear el proceso de paz. Esto sería paralelamente un triunfo de la subversión armada y el reincendio del país que tendrán que asumirlo quienes persisten en ponerle trabas a dicho proceso y en reanimar una guerra antipopular contra un Estado que puede tener fallas, pero que es probadamente democrático y que por tal razón invalida cualquier intento de cambiarlo por la vía armada.

El futuro de las negociaciones de paz JOSÉ JOAQUÍN CAICEDO PERDOMO Licenciado en Derecho de la Universidad de París, con estudios de postgrado en el Instituto de Estudios Políticos, de París, Francia. Diplomado del Unitar de las Naciones Unidas, Caracas, 1973. Profesor universitario en Derecho público, Derecho internacional privado, Derecho Económico Internacional y en Derecho laboral, de varias universidades nacionales.

Aspectos internacionales a recientemente aprobada Ley de Justicia y Paz por el Congreso Nacional tiene como propósito establecer el marco jurídico de las futuras negociaciones de paz con los llamados “grupos armados organizados al margen de la ley”: Farc-Ep, Eln, Epl y Auc. Con lo anterior los grupos paramilitares adquieren estatus político y quedan equiparados con las guerrillas como actores del “conflicto armado interno” en los términos del Artículo 3 común a las cuatro convenciones de Ginebra del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 1949 y del Artículo Primero del Protocolo Adicional II de 1977, tratados debidamente aprobados y ratificados, con plena vigencia interna e internacional para la República de Colombia. Muy criticada durante su proceso de elaboración por los organismos internacionales, ONU y OEA, y desde luego por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de los derechos humanos, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz generará enfrentamientos entre el Gobierno Nacional y los miembros de la comunidad internacional, así el párrafo segundo de su Artículo 2 pretenda resolver cualquier conflicto normativo de la siguiente manera: “la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de

algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internaciones que regulan esta misma materia”1 Antes de iniciar el estudio del tema que nos ocupa, consideramos necesario precisar dos aspectos: la existencia o no de un conflicto armado internacional en el caso colombiano según las normas internas e internacionales vigentes; y, la diferencia entre partes y actores del conflicto armado interno colombiano. 1. La existencia de un conflicto armado no internacional A comienzos de junio la oficina del Alto Comisionado para la Paz remitió a las misiones diplomáticas así como a las representaciones de organismos internacionales y agencias de cooperación, el documento titulado “lineamiento para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional”, en el cual prescribe el uso del concepto “conflicto armado” y considera inaceptables las expresiones “actores armados” o “actores del conflicto”. Cabe recordar que recientemente el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sostuvo que, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra de 1949 y en particular su Artículo 3 común, “se acepta, generalmente, que existe una situación de conflicto armado no internacional cuando surgen hostilidades abiertas en el territorio de un Estado entre Fuerzas armadas y/o grupos armados dotados de un mando responsable, es decir, con

un mínimo de organización, cuya acción hostil presenta un carácter colectivo” 2 . Lo anterior queda confirmado por las siguientes normas legales colombianas: 1.1. La ley 782 de 2002 Esta ley del 23 de diciembre de 2002 sancionada por el presidente Álvaro Uribe Vélez, reconoce expresamente la existencia de un conflicto armado no internacional en múltiples disposiciones: artículos 6, 10, 11 y 18. A titulo de ejemplo, citaremos a continuación el Artículo 6 de la mencionada ley: “Artículo 6: El Artículo 15 de la ley 418 de 1997, prorrogada por la ley 548 de 1999, quedara así: Artículo 15. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno…” (subrayamos).

1.2. La Ley de Justicia y Paz Como la ley recientemente aprobada no deroga la Ley 782 de 2002 y puede considerarse como una implementación de la misma en lo referente a la creación del beneficio de alternatividad, confirmando la aplicación de la legislación anterior en el párrafo 3 de su Artículo 2 que dice: “la reinserción a la vida civil de las personas que puedan ser favorecidas con amnistía, indulto o cual-

1. Para los efectos del presente estudio, hemos utilizado el texto conciliado definitivo al proyecto de ley número 211 de 2005. Cámara, con la respectiva numeración del articulado. 2. Citado por Jaime Zuluga Nieto, Rasgos totalitarios de la “democracia profunda”, un periódico, el tiempo No. 77, julio 3 de 2005, página 3

La aplicación de la alternatividad no excluye la competencia de la justicia penal ordinaria. La Armada Nacional garantiza la seguridad ciudadana y económica en las áreas fluviales del país.

quier otro beneficio establecido en la Ley 782 de 2002 se regirá por lo dispuesto en dicha ley”. En ese sentido estaríamos ante un reconocimiento implícito de la existencia de un “conflicto armado no internacional” en Colombia, tal como había quedado consagrado mediante la Ley 782 de 2002. El hecho de que Colombia participe en la cruzada antiterrorista dirigida por el gobierno estadounidense, no la exime de dar cumplimiento a las Convenciones de la CICR así como al Protocolo II de 1977. En efecto, si bien es cierto que los grupos armados al margen de la ley han sido calificados como terroristas, tal como lo sostienen los Estados Unidos de América y la Unión Europea, esta tipificación no hace imposible la paz ni descarta el cumplimiento de las normas internacionales de la CICR. Al respeto cabe recordar que los Tigres Tamiles de Sri Lanka y los grupos paramilitares protestantes en Irlanda del Norte también fueron calificados como terroristas, y unos y otros están involucrados en procesos de paz, incluso los primeros con la mediación de un gobierno europeo: Noruega. 2. La diferencia entre partes y actores del conflicto armado no internacional

conflicto armado no internacional

Parte de la infraestructura de la narcosubversión en el sur del país destruida por el Comando Especial Conjunto del Ejército.

en Colombia Con el propósito de excluir a las AUC del marco legal de una negociación, la guerrilla estableció una diferencia entre “partes” y “actores” del conflicto armado no internacional, controversia que quedó zanjada en el Artículo 1 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz. 2.1. Las partes del conflicto armado no internacional Para las Farc-Ep es necesario diferenciar “partes” y “actores” en el conflicto: “Por la complejidad

de la situación hay que diferenciar muy bien entre lo que son Estado colombiano y la insurgencia agrupada en las Farc y el Eln, únicamente. Actores del conflicto como los paramilitares son a su vez parte de una de las partes. Por tanto, no existen negociaciones entre el gobierno y los paramilitares. A mi juicio, lo que hay son unas conversaciones entre actores a lo que les unen objetivos comunes: derrotar a la insurgencia, legitimar el proyecto paramilitar, favorecer la incapacidad y legalizar los dineros del narcotráfico”3 . En ese mismo sentido se pronunció José Humberto Torres Díaz, defensor de los Derechos Humanos, en una entrevista efectuada el 25 de abril de 20054 . 2.2. Los actores del

Independientemente de la controversia entre “partes” y “actores”, lo cierto es que la Ley de Justicia y Paz se refiere a quienes podrán reincorporarse individual o colectivamente a la vida civil en los siguientes términos: “Se entiende por grupo armado organizado al margen de la ley, el grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte significativa e integral de los mismos como bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas organizaciones, de las que trata la Ley 782 de 2002” (Artículo 1, párrafo segundo). A la luz de lo anterior, no es relevante diferenciar “partes” y “actores”, sino hablar en términos genéricos de “actores” del conflicto armado no internacional para los efectos de facilitar los procesos de paz. Hechas estas aclaraciones, podremos tratar el tema del presente estudio, sustentando la siguiente tesis: Si bien es cierto que la Ley de Justicia y Paz establece una alternatividad penal sin impunidad y garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación de las victimas, también es cierto que la falta de claridad en cuanto a la tipificación de delitos políticos y conexos y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de extradición, alentará la ingerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz.

Primera Parte

3. JUAN LEONEL – LUIS PEDRO, ¿Existe conflicto social y armado en Colombia? página WEB FARC – EP página 2. 4. Tórres Díaz (JOSE HUMBERTO), entrevista del 25 de abril de 2005, Amnistía Internacional, Agencia de Información Subsidiaria, página WEB www.infosolidaria.org.

La Ley de Justicia y Paz establece una alternatividad penal sin impunidad y garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Consideramos indispensable reconocer objetivamente que la Ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional y que sancionara el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ofrece un equilibrio real entre la tan anhelada paz y las exigencias ineludibles de la justicia. De lo anterior, el ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de La Vega, había dejado constancia expresa en la exposición de motivos en los siguientes términos: “…en los últimos años las exigencias de la justicia penal imponen con insistencia que se niegue el beneficio del indulto o la amnistía a quienes, han cometido delitos graves, diferentes a la rebelión, la sedición, el concierto para delinquir o la asonada. En tales casos, es necesario que se apliquen medidas dentro el marco de la verdad, la justicia y la reparación que en desarrollo del Código de Procedimiento Penal, permitan avanzar de manera decidida hacia la reconciliación Nacional”. A renglón seguido, se expresa claramente el equilibrio entre justicia y paz, base fundamental de cualquier futura negociación:

“Para el Gobierno Nacional el asunto es claro: los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de delitos no indultables ni amnistiables, pero que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, deberán responder judicialmente por sus acciones, siendo posible, sin embargo, otorgarles beneficios de acuerdo con su esfuerzo por consolidar la convivencia pacifica”. 1. La Ley de Justicia y Paz establece una alternatividad penal sin impunidad Refiriéndose al objeto de la ley, el Artículo primero párrafo primero sienta los propósitos de la misma que se llevarán a cabo mediante los conceptos de alternatividad penal y de pena alternativa: “la presente ley tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”. 1.1. La alternatividad penal Según el Artículo 3 de la Ley, se destaca una “complementa-

riedad” similar a la existente en la Corte Penal Internacional. La aplicación de la alternatividad no excluye la competencia de la justicia penal ordinaria, aplicable en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para otorgar esos beneficios: “alternatividad es un beneficio consistente en suspender la ejecución de la pena determinada en la respectiva sentencia, reemplazándola por una pena alternativa que se concede por la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las victimas y su adecuada resocialización. La concesión del beneficio se otorga según las condiciones establecidas en la presente ley”. Para acceder a este beneficio, los miembros de un grupo armado organizado al margen de la ley que hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados como autores o participes de hechos delictivos cometidos durante o con ocasión de la pertenencia a esos grupos, deberán figurar en el listado que el Gobierno Nacional Las operaciones de control que desarrolla la Armada Nacional contra el narcotráfico en los ríos del país, han golpeado duramente este flagelo internacional.

remita a la Fiscalía General de la Nación, situación que demuestra el control del Ejecutivo sobre el proceso con el fin de evitar que no se desvíe su cometido. En cuanto a los requisitos de elegibilidad para una desmovilización individual, previo listado de grupos armados al margen de la ley establecido en el Artículo 10, quedaron enumerados en el Artículo 11, entre los cuales cabe destacar “que se haya desmovilizado y dejado las armas en los términos establecidos por el gobierno nacional para tal efecto”. Entonces, queda bajo control del Ejecutivo el inicio del proceso de alternatividad. 1.2. La pena alternativa excluye la impunidad El Artículo 30 confirma la aplicación primero de una pena de acuerdo con las reglas del Código Penal: “la Sala Competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial determinará la pena que corresponda por los delitos cometidos, de acuerdo con las reglas del Código Penal”. Una vez sentenciado un reo según las normas ordinarias, puede existir “una pena alternativa” si se cumple lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz: “En caso de que el condenado haya cumplido las condiciones previstas en esta ley, la Sala le impondrá una pena alternativa que consiste en privación de la libertad por un periodo mínimo de cinco años y no superior a ocho años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”. 2. La Ley de Justicia y Paz garantiza los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas Así la alternatividad penal otor-

gue beneficios a quienes contribuyan a la consecución de la paz nacional, lo anterior no permite menoscabar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas definidos en el Artículo 5 así: “Para los efectos de la presente ley se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencias de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos armados organizados al margen de la ley…”. El mismo artículo define también como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública en las mismas circunstancias. El cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado de consanguinidad, cuando a éste se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido, tanto de civiles como de miembros de la Fuerza Pública (en este último caso cuando hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembros de los grupos organizados al margen de la ley), son considerados como víctimas. Cabe anotar que un familiar primero civil de la víctima directa solo se tiene en cuenta para los civiles y no para los miembros de la Fuerza Pública. A continuación veremos como se consagran y se garantizan los derechos de las víctimas. 2.1. La consagración

de los derechos de las victimas Los derechos a la verdad, justicia y reparación, derechos consagrados a favor de las víctimas en cualquier proceso de paz, figuran expresamente en las siguientes disposiciones legales, inmediatamente después de la definición de la alternatividad penal lo cual demuestra la prioridad que tienen para la construcción de una paz duradera: · Derecho a la justicia: artículo 6. · Derecho a la verdad: artículo 7. · Derecho a la reparación: artículo 8 y Capítulo IX (artículos 43 a 57). Así como el otorgamiento de la alternatividad penal no puede menoscabar los derechos de las víctimas, de la misma manera el ejercicio de los mismos debe “respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados”. (Artículo 4). 2.2. La garantía de los derechos de las víctimas El capítulo VIII de la Ley de Justicia y Paz se refiere con lujo de detalles a los derechos de las víctimas, desarrollando en su Artículo 38 el alcance del Artículo 4 antes mencionado. Sin embargo, la garantía de estos derechos queda consagrada en varias disposiciones a lo largo de la ley:

Escombros y hierros retorcidos fue todo lo que quedó del parqueadero de la iglesia de María Auxiliadora de Medellín, tras la explosión de un carro bomba.

· Reparación integral de los daños causados con la conducta criminal: Artículo 23. · Archivo de los hechos y circunstancias relacionados con los actos delictivos para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad: Artículo 33. · Actos de reparación mediante restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción: Artículo 45. · Solicitud de reparación: Artículo 46. eviste especial importancia lo dispuesto por el Artículo 45 numeral 3 según el cual, entre los actos de reparación integral, queda consagrado “el reconocimiento público de haber causado daños a las víctimas, la declaración pública de arrepentimiento, la solicitud de perdón dirigida a las víctimas y la promesa de no repetir tales conductas punibles”. Conclusiones preliminares El proceso de concesión de los beneficios de la alternatividad consagrado en el Artículo 3 de la Ley de Justicia y Paz solo puede ser activado por el gobierno nacional al establecer su intervención entre los requisitos de elegibilidad para la desmovilización colectiva (el listado de que trata el Artículo 10) y para la desmovilización individual (el acto de compromiso y la presentación ante la Fiscalía General de la Nación de que trata

el Artículo 11). Además, para que pueda llevarse a cabo una desmovilización colectiva es indispensable “que el grupo no se haya organizado para el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito” (Artículo 10 numeral 5). Para la desmovilización individual se requiere “que su actividad no haya tenido como finalidad el trafico de estupefacientes o el enriquecimiento ilícito (Artículo 11 numeral 6). Tal como quedo redactada la ley, solo se excluyen a grupos armados de narcotraficantes o narcotraficantes que se hagan pasar por grupos armados organizados al margen de la ley con el fin de obtener beneficios de la alternatividad. Se omitió considerar al narcotráfico omnipresente en la financiación de las actividades de la gran mayoría de los actores del conflicto interno. Los silencios de la ley o su falta de precisión acerca de aspectos tan fundamentales de la problemática interna nos dejan la impresión que tanto el gobierno nacional como el Congreso Nacional no han querido referirse de frente al principal actor del conflicto armado colombiano: el narcotráfico.

Segunda Parte La ausencia de tipificación de delitos políticos y conexos así como la falta de precisión en materia de extradición alentarán la injerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz. Sin duda alguna el Artículo 2 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz es muy ambiguo cuando dice que: “la interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta ley deberán

Tanto los delitos políticos como los conexos pueden ser indultables razón por la cual los beneficios de la alternatividad penal no son aplicables. realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados ratificados por Colombia”. Esta afirmación se fundamenta en las siguientes observaciones:

• La jurisprudencia de la Corte Constitucional sólo admite la primacía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos tal como lo señala el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia. Entonces tratados ratificados que no se refieran a derechos humanos no podrán prevalecer sobre la Ley de Justicia y Paz. • Pueden existir tratados ratificados por Colombia más no vigentes internacionalmente ni aplicables internamente. El ejemplo del tratado bilateral de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América de 1979, es el más diciente y preocupante ejemplo de utilización inadecuada de la formula “tratados ratificados por Colombia”. • Cuando exista divergencia

entre norma constitucional y norma internacional sobre un punto específico, la interpretación y aplicación de las normas de Ley de Justicia y Paz serán muy difíciles a menos de dar primacía a cualquiera de los dos ordenamientos según la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La ambigüedad se torna en confusión al considerar la segunda frase del párrafo segundo del Artículo 2 que dice: “La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales

que regulan esta misma materia”. Lo anterior está relacionado con el párrafo segundo del Artículo 72 de la misma ley que dice: “Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 67 de 1993”. Lo anterior es una forma muy sutil de decir que los delitos de narcotráfico no pueden considerarse como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados en materia de extradición. Veremos este punto más detenidamente más adelante, razón por la cual solo quedemos por el momento con la confusión creada por una primera lectura. 1.1. La ausencia de tipificación de delitos políticos y conexos En ningún momento la Ley de Justicia y Paz tipifica expresamente la existencia de delitos políticos, de delitos políticamente motivados o de delitos conexos a los políticos. Sin embargo, los comentarios acerca de la ley insisten en el reconocimiento del carácter político de los grupos armados organizados al margen de la ley. Para dilucidar tan importante y delicado aspecto de la legislación expedida por el Congreso Nacional, nuevamente debemos acudir a las relaciones entre la ley de 2005 y la Ley 782 de 2002, así como al Artículo 72 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz.

1.1.1. Refiriéndose al Artículo 56 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, el Artículo 22 de la Ley 782 de 2002 dice expresamente lo siguiente: “Artículo 56. Para establecer la conexidad de los hechos materia de investigación con el delito político, a que se refiere el Artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, también se tendrán en cuenta lo siguientes medios probatorios:

• La inclusión del solicitante en las actas que elabore la entidad del Gobierno Nacional. • Las certificaciones expedidas para el efecto por las autoridades competentes. • La constancia que para todos los efectos expidan los voceros o miembros representantes del grupo armado organizado al margen de la ley con la que se haya adelantado un proceso de paz. Dicha constancia deberá contener, como mínimo, la información de que el solicitante pertenecía a dicho grupo al momento de los hechos por los cuales esta siendo investigado o fue condenado, y la reivindicación de tales hechos por parte del grupo, con la indicación de los fines políticos que lo motivaron. Cualquier otro medio probatorio que el peticionario o su apoderado adjunten a la solicitud”. Así la Ley 782 de 2002 reconozca la tipificación de delitos políticos y permita establecer la conexidad de los hechos materia de la investigación con el delito

La ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la operatividad de los sistemas de defensa aérea, para disuadir y contrarestar la amenaza subversiva, ha sido vital para las Fuerzas Militares.

político para lo cual se requiere la expedición de una constancia del grupo armado organizado al margen de la ley sobre los fines políticos que los motivaron, tanto los delitos políticos como los conexos pueden ser indultables razón por la cual los beneficios de la alternatividad penal no son aplicables. En efecto el Gobierno Nacional en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Justicia y Paz, señaló que la alternatividad y la pena alternativa solo se aplicarán a “los miembros de grupos armados al margen de la ley, responsables de delitos no indultables ni amnistiables”. 1.1.2. Volvamos a la confusa disposición del Artículo 72 párrafo segundo de la Ley de Justicia y Paz: “Mantendrá plena vigencia el numeral 10 del Artículo 3 de

la Convención de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, suscrito en Viena el 20 de diciembre de 1988 e incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 67 de 1993”. En efecto, la mencionada norma internacional descarta que los delitos de narcotráfico puedan considerarse como delitos políticos o conexos para los efectos de la extradición: “A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los Artículos 5, 6, 7, y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se consideran como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las

Partes”. Entonces los delitos de narcotráfico tales como fueron tipificados en el Artículo 3 de la Convención de Viena de 1988 no se pueden considerar como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados para la aplicación, entre otras normas, del Artículo 6 sobre extradición de la mencionada Convención. Por consiguiente, a menos que existan “limitaciones constitucionales y principios fundamentales del derecho interno” en Colombia que tipifiquen los delitos de narcotráfico como delitos políticos o conexos en el caso de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se sometan a la Ley de Justicia y Paz, no podrá alegarse el carácter político de los delitos cometidos para impedir una extradición. En ese sentido puede interpretarse la última frase

del Artículo 31 sobre “establecimiento de reclusión” cuando dice: “La pena podrá cumplirse en el exterior”. 1.2. La falta de precisión en materia de extradición La mayoría de los dirigentes de los grupos armados organizados al margen de la ley esta solicitada en extradición bien sea por delitos de narcotráfico o por delitos de lesa humanidad de conformidad con tratados bilaterales o multilaterales ratificados por la República de Colombia. Como el tema de la no extradición no quedó plasmado en la Ley de Justicia y Paz, y por el contrario existen indicios acerca de posibles extradiciones (Artículo 31), la aplicación de la alternatividad colocará al país ante la difícil alternatividad de aplicar la legislación interna en aras de lograr la paz o de cumplir sus compromisos internacionales en materia de extradición lo cual pondrá en peligro las negociaciones de paz. 1.2.1. La Ley de Justicia y Paz y los compromisos bilaterales en materia de extradición De todos los compromisos bilaterales, reviste especial dificultad el manejo de las solicitudes de extradición presentadas por los Estados Unidos de América. En efecto, el tratado de 1979 sigue vigente internacionalmente entre las Partes como consecuencia del canje de los instrumentos de ratificación, pero no es aplicable internamente en Colombia a raíz de las decla-

ratorias de inexequibilidad de sus leyes aprobatorias por la Corte Suprema de Justicia5 . Por ese motivo, las solicitudes estadounidenses de extradición se fundamentan en el Artículo 35 de la Constitución Política de Colombia, las disposiciones pertinentes del Código Colombiano de Procedimiento Penal y los principios aplicables de derecho internacional. Así no sea aplicable el tratado de 1979, el Gobierno Nacional ha cumplido taxativamente sus compromisos bilaterales con los Estados Unidos de América. Sin embargo, ante las solicitu-

Una práctica común de los grupos terroristas es amenazar a los periodistas y a los medios de comunicación por las posiciones que éstos adoptan frente al conflicto.

des de extradición en contra de dirigentes de los grupos armados organizados al margen de la ley, el presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, haciendo uso de la competencia discrecional que le corresponde en la materia, asumió una posición que, en principio,

5. La Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la Ley 27 de 1980, aprobatoria del tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, en su sentencia de diciembre 12 de 1986, acogiendo la tesis de la competencia intemporal en materia de control constitucional de las leyes aprobatorias de tratados internacionales por vicios de forma. Así mismo la Ley 68 de 1986, por lo cual se volvió a aprobar el tratado fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia por las mismas razones en su sentencia de junio 25 de 1987. Al respecto, la doctrina mayoritaria considera que la declaratoria de inexequibilidad de las leyes aprobatorias del tratado de 1979 no afecta su vigencia en el ámbito internacional entre las partes, sino únicamente su aplicación en el ámbito interno mientras no vuelva a expedirse una nueva ley aprobatoria.

El trámite de extradición queda suspendido mientras se negocia el acuerdo de paz. no es contradictoria: cuando la persona solicitada pertenece a un grupo armado en proceso de desmovilización, el trámite de extradición queda suspendido mientras se negocia el acuerdo de paz; por el contrario, cuando la persona solicitada pertenece a un grupo armado que no esta en vía de desmovilización, procede la extradición y se cumple el compromiso bilateral. Lo que no sabemos es cómo se manejará la misma solicitud de extradición cuando haya terminado la negociación de paz si los Estados Unidos de América insistan en ella. Refiriéndose al caso del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, el embajador de los Estados Unidos, William Wood, manifestó la posición de su gobierno en los siguientes términos: “El 27 de abril de 2004, el presidente Uribe dijo que no va a negociar la extradición y que Mancuso no será extraditado mientras respalde el proceso de desmovilización. Todavía estamos pidiendo su extradición, esperamos que lo puedan extraditar” 6

1.2.2. La Ley de Justicia y Paz y los compromisos multilaterales en materia de extradición La misma ley insiste en la aplicación de “los tratados internacionales ratificados por Colombia” (Artículo 2 párrafo segundo) y en la plena vigencia, por lo menos, del numeral 10 del Artículo 3 de la Convención de Viena de di-

ciembre 20 de 1988. Sin embargo, pueden presentarse conflictos con las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional, convenio multilateral ratificado por Colombia y vigente en el ámbito internacional, en los siguientes casos:

• El Fiscal de la Corte Penal Internacional puede iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de crímenes de lesa humanidad por parte de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley en Colombia, solicitar autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares para seguir adelante y obtener que se debata su admisibilidad. • Así el miembro del grupo armado haya sido condenado a la pena alternativa de que trata la Ley de Justicia y Paz, la Corte Penal Internacional puede aplicar el Artículo 17 de sus Estatutos para decretar la admisibilidad del caso alegado que esa ley permite que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte…” (Artículo 17, numeral 2a, de los Estatutos de la CPI). • Declarada la admisibilidad, en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona. • Una vez detenida la perso-

na, el Estado requerido deberá

pronunciarse sobre su entrega a la Corte Penal Internacional, procedimiento similar al de una extradición. n ese momento, el Gobierno Nacional deberá tomar una decisión sobre el cumplimiento o no de la orden de entrega de una persona amparada por la Ley de Justicia y Paz a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad ya que los crímenes de guerra no son de la competencia de la Corte de la Haya por siete años, contados a partir del deposito del instrumento de ratificación por Colombia, según la reserva presentada de conformidad con el Artículo 124 de los Estatutos. Tendrá especial importancia el Artículo 59 numeral 4 de la Convención de Roma que dice: “4. Al decidir la solicitud, la autoridad competente del Estado de detención examinará si, dada la gravedad de los presuntos crímenes, hay circunstancias urgentes y excepcionales que justifiquen la libertad provisional y si existen las salvaguardias necesarias para que el Estado de detención pueda cumplir su obligación de entregar la persona a la Corte...” 2. La falta de precisión en algunos temas de la Ley de Justicia y Paz alentará la injerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz

6. Entrevista del embajador William Wood, El Tiempo, Bogotá, número 33106, 10 de julio de 2005, página 1 - 4.

Al no considerarse claramente aspectos tan vitales como la tipificación de delitos políticos y conexos y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de extradición, dejándolos en manos de la competencia discrecional del presidente Uribe, lo anterior alentara la ingerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz. 2.1. La injerencia de gobiernos extranjeros en las futuras negociaciones de paz Tenemos que entender y aceptar que el conflicto armado en el país genera inquietudes en el exterior por ser Colombia el principal productor de cocaína en el mundo. Además por su posición geográfica, la situación interna puede afectar a los países vecinos ya que guerrilleros y paramilitares cruzan constantemente las fronteras internacionales. Estamos ante una internacionalización del conflicto como consecuencia del tráfico de estupefacientes y una regionalización del mismo por el desbordamiento de su marco territorial. Ante esa situación no puede sorprendernos que varios gobiernos extranjeros tengan injerencia en las futuras negociaciones de paz en la medida en que se hayan involucrado en buscar soluciones al conflicto y respaldado las solicitudes de ayuda para la lucha contra el terrorismo. La injerencia de los Estados Unidos es manifiesta por la ayuda económica y militar aportada para luchar contra el tráfico de estupefacientes lo cual les permite exigir que se le cumplan los compromisos adquiridos en materia de extradición.

Por consiguiente, en cualquier momento el gobierno estadounidense podría interferir el proceso de paz al exigir la extradición de los dirigentes de los grupos armados al margen de la ley quienes dijeron claramente que se retirarían de la mesa de negociación en tal evento. A titulo de ejemplo, volvamos a la entrevista del 10 de julio de 2005 del embajador William Wood en lo referente a un caso específico: “según tengo entendido, 'don Berna', tiene el carácter de desmovilizado. Entonces, me imagino que va a ser uno de

Los niños siguen siendo víctimas del conflicto armado, a pesar de la protección prevista por las normas humanitarias y por el gobierno nacional.

los primeros en dar la declaración libre, pasar por las entrevistas e investigaciones formales y sobre quien se decida una condena. Esto

No olvidemos que la paz no se logra a punta de penas alternativas sino luchando contra las causas mismas del conflicto le toca sólo durante el período breve como miembro de los paramilitares. La ley no le da ningún beneficio para el período anterior al que se convirtiera en paramilitar, cuando cometió crímenes en contra de nosotros, bajo nuestra ley. La ley dice que la pena alternativa puede ser cumplida afuera del país, lo que significa que 'don Berna' podría cumplir su pena alternativa en Estados Unidos y al mismo tiempo, ser juzgado por crímenes no cubiertos bajo esta ley, que son muchos” 7 . Mientras el gobierno de los Estados Unidos no exija la entrega de un determinado miembro de un grupo armado en proceso de desmovilización, a sabiendas que su extradición haría fracasar el proceso de paz, esta en todo su derecho de manifestar su opinión de acuerdo con sus intereses particulares. Por otra parte, Colombia solicitó y obtuvo el respaldo y ayuda de muchos países, especialmente europeos, para la solución del conflicto armado interno y la lucha contra el terrorismo. El futuro de la solidaridad manifestada por numerosos Estados depende en gran medida de la aceptación o no que tenga la Ley de Justicia y Paz. De cómo se aplicará la alternatividad depende no solamente la ayuda que se pueda recibir sino también la cordialidad de las relaciones con la Unión Europea. Los resultados de la visita del presidente Uribe Vélez a España confirman el respaldo que recibiría Colombia una vez revisada y aprobada la Ley de Justicia y Paz por

la Unión Europea. No olvidemos que los criterios políticos de las relaciones con los Estados Unidos y la Unión Europea pueden ser diametralmente opuestos. 2.2. La injerencia de organismos internacionales en las futuras negociaciones de paz Tanto los organismos internacionales universales y regionales así como las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos han manifestado su inconformidad y oposición a la Ley de Justicia y Paz. La tensa situación creada por la violación de los derechos humanos se agravó a raíz del inoportuno documento titulado “lineamiento para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional” que prohibió el uso de las expresiones “conflicto armado”, “actores armados” o “actores del conflicto”. No es tanto lo que puedan hacer la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino la manifestación de la opinión negativa de la comunidad internacional en contra de Colombia, causada por la situación de los derechos humanos en Colombia. Determinaciones de esta entidad pueden movilizar amplios sectores de la opinión pública quienes a su vez presionarán a sus gobiernos o sus representantes en los foros internacionales. No olvidemos que la paz no se logra a punta de penas alternativas sino luchando contra las causas mismas del con-

flicto lo cual requiere condiciones económicas favorables: espacio para nuestros productos de exportación mediante la aplicación de aranceles especiales, inversión extranjera en el país, ayuda económica bilateral y multilateral para financiar los procesos de desmovilización, asistencia técnica para fortalecer los sectores más afectados por el conflicto armado, etc. Todo esto sin contar con la inevitable actuación de la Corte Penal Internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Conclusiones preliminares Sin duda alguna, el tema de la extradición puede impedir el éxito de las negociaciones de paz en el supuesto caso de que los Estados Unidos insistan en las solicitudes de entrega de miembros de los grupos armados al margen de la ley, exijan esas extradiciones y se les concedan. Pensar en que los condicionamientos del Gobierno Nacional al conceder esas extradiciones serían suficientes para que la pena por cumplirse en el exterior sea aquella de cinco a ocho años impuesta por la Sala competente del Tribunal Superior de Distrito Judicial, es totalmente utópico. Dada la separación de poderes y la independencia del poder judicial frente al ejecutivo en los Estados Unidos, ni siquiera la celebración de un tratado formal entre ambos países permitiría dar plena seguridad sobre el cumplimiento único de la pena alternativa en ese país.

7. Entrevista del embajador William Wood, El Tiempo, Bogotá, número 33106, 10 de julio de 2005, páginas 1 - 4.

Conclusiones finales La Ley de Justicia y Paz facilita los procesos de paz y la reincorporación, individual y colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación. Sin embargo, la falta de claridad en cuanto al tema de la extradición puede poner en peligro las futuras negociaciones de paz y alentar ingerencias perturbadoras de gobiernos extranjeros y entidades internacionales. Para fortalecer el proceso de paz y evitar malentendidos con la comunidad internacional, sería conveniente considerar dos posibilidades: dar por terminado de común acuerdo el tratado de extradición de 1979 y negociar un nuevo acuerdo bilateral acorde con las experiencias de los últimos cinco años, y reformar el Código de Procedimiento Penal para fortalecer el mecanismo de los condicionamientos para efecto de la pena alternativa y reglamentar la entrega de acusados de crímenes internacionales a la Corte Penal Internacional. Por último, de todo lo que hemos visto y analizado surge omnipresente la sombra del narcotráfico detrás del conflicto armado interno en Colombia, razón por la cual mientras no se resuelvan los problemas generados por el tráfico de estupefacientes en Colombia, el conflicto armado seguirá latente.

El desplazamiento obligado por los grupos subversivos ha generado que en muchas regiones del país el campo haya sido abandonado.

Conflicto o terrorismo:

¿cómo llegaremos al CÉSAR MAURICIO VELÁSQUEZ O. Comunicador Social y Periodista. Decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de La Sabana, Presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional.

2010?

paramilitares o de autodefensa, producen un capítulo sin fin de sangre y dolor en la patria. La sola represión y el lenguaje de agresividad de unos contra otros obstaculizan salidas al conflicto y generan nuevas desconfianzas. La búsqueda de una solución al conflicto armado por la vía política es una necesidad imperativa, no sólo por la imposibilidad de obtener su desenlace mediante la imposición de una victoria militar, sino también a que una paz duradera y estable necesita sustentarse en acuerdos que resuelvan los factores políticos, económicos y

l conflicto colombiano debe enfocarse, ante todo, desde el tema de la paz y de las vidas humanas que están en juego. No tiene sentido construir discursos para justificar que nuestro problema es una amenaza terrorista, un conflicto de baja intensidad, armado y social, si establecemos grados de valor para la vida humana. Es un error creer que el problema consiste en un enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas armadas. Si así fuera, la solución sería táctica, con materiales y estrategias bélicas. Esta visión nos ha precipitado al abismo de la guerra informal, del terrorismo bélico, del genocidio disimulado. La arrogancia en algunas posturas militaristas, por un lado y, por otro, la actitud demencial de los alzados en armas y de los grupos

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, se ha caracterizado por la calidad y exigencia en los procesos de formación de los oficiales colombianos.

sociales que han alimentado la confrontación armada en el país. Por tanto, no es suficiente la respuesta militar como si se tratara de una amenaza terrorista. Hoy las Farc, por ejemplo, dominan territorios, gozan de representación política en algunas poblaciones, tienen miles de personas en su milicia, ejercen poder militar y tienen apoyo y conexiones internacionales. ¿Pero, con todo esto, nos enfrentamos a un grupo guerrillero o a una banda terrorista? El terrorismo puede ser una actitud, una metodología; no es una ideología.

Los graves desequilibrios sociales persistentes, la guerrilla de izquierda o de derecha y los nada despreciables factores de la violencia conexa con el narcotráfico, la corrupción, la exclusión y la delincuencia organizada, constituyen el entramado del conflicto armado, no simple circunstancias que generan una amenaza terrorista. Ante esta difícil circunstancia, la Comisión de Conciliación Nacional, creada por la Conferencia

El binomio ciudadano - Ejército se ha conjugado en casi todo el territorio nacional para enfrentar conjuntamente las acciones de la subversión.

Episcopal de Colombia e integrada por personas de todas las tendencias políticas, ideológicas e intelectuales, preparó la iniciativa denominada Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación”. Un proyecto de

esperanza que va más allá de coyunturas políticas, dirigido a todas las personas de buena voluntad. Una propuesta desde la Comisión de Conciliación Nacional La negociación entre el gobierno nacional y los grupos al margen de la ley ha sido un propósito originario y permanente de la Comisión de Conciliación Nacional. Desde su constitución, en 1995, ésta se propuso efectuar todas las diligencias a su alcance

el diálogo y la concertación entre todos aquellos actores y sectores que pueden y deben decidir sobre el futuro de los territorios y de la nación, hasta construir una Política Nacional Permanente de Paz. El diálogo y la concertación se convierten así en condiciones indispensables para la paz. El Proyecto propone adelantar convocatorias y discusiones que concilien las aspiraciones, potencialidades y requerimientos de los

para restablecer y preservar los diálogos de paz. Se trata de un propósito que, aunque esquivo, está vigente y requiere respaldo de la opinión pública nacional y de la comunidad internacional.

territorios y las poblaciones y de éstos con la nación colombiana, y que resulten en acuerdos políticos, sociales, y económicos tendientes a la consecución de la paz y la reconciliación.

El Proyecto Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación” tiene por objetivo celebrar el Bicentenario de la Independencia de Colombia en paz, reconciliados y en una sociedad más justa. Este objetivo solo será realidad en tanto se promuevan

El Proyecto es, ante todo, un proceso participativo que trasciende las divisiones políticas, sociales, económicas, étnicas y religiosas. Es, a su vez, incluyente al invitar a participar a la totalidad de las expresiones de la sociedad colombiana.

La reconciliación nacional implica mucho más que la negociación y firma de acuerdos de paz con los grupos alzados en armas.

Para ello, se adelantarán convocatorias amplias y plurales mediante tres componentes sustantivos y simultáneos, estrechamente vinculados entre sí, que permitirán alcanzar los propósitos enunciados. Estos son: 1) Fortalecimiento, desde lo local, de la Unidad Nacional, 2) Solución Negociada al Conflicto Armado, y 3) Promoción de los Derechos Humanos y la Reconciliación. as actividades del Proyecto se adelantarán a través de la Comisión de Conciliación Nacional, mediante alianzas estratégicas en los ámbitos local, regional y nacional con todas aquellas instituciones, autoridades, organizaciones civiles, sector privado y comunidades que manifiesten un verdadero interés por la construcción de la paz. El Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación” se rige por un principio de responsabilidad compartida en la planeación, financiación, administración y /o ejecución de las actividades de éste. El enfoque del Proyecto es: 1) participativo, convocando a actores y sectores políticos, sociales y económicos nacionales, regionales y locales en el proceso de definición de una agenda nacional por la paz; 2) descentralizado, reflejando la diversidad regional, cultural y ambiental, y propiciando espacios para definir el futuro de las regiones; y 3) consensuado, basado en alianzas estratégicas entre todos. Se busca que el Proyecto sea

de todos y para todos, generando una apropiación colectiva de sus resultados. Siendo así, el proceso es tan importante como los resultados. Más allá de la firma de acuerdos de paz No obstante, para la Comisión de Conciliación Nacional es también claro que la reconciliación nacional implica mucho más que la negociación y firma de acuerdos de paz con los grupos alzados en armas. La construcción de un verdadero pacto de reconciliación nacional implica la definición y gestión de una agenda que congregue ampliamente a los sectores más representativos de la población colombiana, sus comunidades y sus territorios. Ello supone reconocer que la sociedad es la protagonista más legítima de cualquier transformación. Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por ende, sus conflictos no obedecen a una sola lógica. La oscilante expectativa que el país afronta desde hace varios años respecto a la evolución de la guerra o de la negociación, ha aplazado la urgencia de construir una fuerza social capaz de dotarse de su propia agenda, de convenir y ejecutar visiones sobre el futuro de las provincias y de la nación, y de imponer esos acuerdos sociales como las bases de la reconciliación nacional y el fin de la confrontación armada. Para la Comisión de Conciliación Nacional es evidente que

un proceso de negociación no será exitoso mientras pretenda convenir reformas sustantivas en materia política, social y económica sin un referente imperativo construido por la sociedad. Por ello, es necesario avanzar en la búsqueda de acuerdos sociales y mecanismos efectivos para hacerlos políticamente exigibles. La búsqueda de la paz social supone la acción de los actores involucrados en la conflictividad cotidiana, nacional, regional y local. Son necesarias la identificación y la directa participación en el análisis de sus conflictos, sus desafíos y sus respuestas, evitando la intermediación de intereses. Estos actores han estado ausentes de las soluciones, debido a que el análisis sobre su realidad está sofocado por la excesiva y exclusiva atención al conflicto armado como fenómeno de elites. La construcción de un verdadero pacto de reconciliación implica la definición y gestión de una agenda que congregue ampliamente a los sectores más representativos de la población colombiana, sus comunidades y sus territorios. Ello supone reconocer que la sociedad es la protagonista más legítima de las transformaciones locales, regionales y nacionales. Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por tanto, sus conflictos no obedecen a una sola lógica. Aunque la población colombiana ha emprendido relevantes procesos de participación y búsqueda

Colombia es un país de regiones, pluriétnico y multicultural y, por tanto, sus conflictos no obedecen a una sola lógica.

de acuerdos, en la mayoría de los casos estos no han logrado una efectiva conciliación de intereses ni los efectos políticos que las motivan. En buena medida ello se debe a la ausencia de método para la convocatoria, la conducción y la búsqueda de acuerdos del diálogo social. La sociedad civil organizada cumple un papel de primer nivel en la perspectiva de profundizar un sólido proceso de paz. La paz debe realizarse en la verdad; debe construirse sobre la justicia; debe hacerse en la libertad. No es paz de oprimidos, no es paz de humillados, no es paz de sepulcros. Debe ser una paz dinámica, de iguales, de hermanos, de conciudadanos. El diálogo es el único camino para el entendimiento; dialogar no es abdicar. Nota: algunas ideas de este artículo han sido tomadas del documento que sustenta el Proyecto Propósito Nacional 2010 “Paz, Justicia Social y Reconciliación”. Bogotá, junio 29 de 2005.