Estructura organizacional de la Reserva de la Fuerza Pública
General (R) Guillermo León león Presidente Nacional de ACORE
Distinguidos invitados especiales
Visión y perspectiva
La economía verde – oportunidad para Colombia
Doctor José Manuel Restrepo Abondano Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ex Ministro Comercio, Industria y Turismo. Actualmente rector de la Universidad EIA
Doctor Hernando José Gómez Restrepo Exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la Misión de Crecimiento Verde
Geopolítica y desafíos para Colombia en el escenario mundial y regional
La política de Paz Total y el recrudecimiento de la violencia en Colombia.
Los colombianos no se van a dejar rapar su Constitución
Doctor Juan Carlos Pinzón Bueno Ex embajador de Colombia en EE.UU. y Ex ministro de Defensa Nacional
Carlos Augusto Chacón Monsalve
Director Ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Doctor Óscar Ortíz González
Gestor de la Séptima Papeleta, Ex Zar
Anticorrupción Ex Secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa
La JEP discrimina a los militares
Doctor Néstor Raúl Correa Henao Ex Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
Más allá de los cuarteles: El rol estratégico de la Reserva frente a la amenaza de la información.
Veterano, ¿Sabías que existe una Dirección especialmente para ti?
Coronel Profesional de la Reserva Rocío Cruz Arias Comunicadora Social y Analista de REAL.
Doctora Nataly Andrea Méndez Briñez Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (E)
Distinguidos miembros de ACORE
Fragatas misileras 40 años
Recordando el juramento de cumplir con la Constitución y la Ley
Vicealmirante (R) Luis Alberto Ordóñez Rubio.
Ph.D y miembro de ACORE
Mayor General (R) Juan Guillermo García Serna Abogado y miembro de Acore.
Cambio climático y geopolítica: la crisis global que redefinirá nuestro futuro.
Mayor General (R) Fabricio Cabrera Ortíz PHD Seguridad Internacional y miembro de ACORE
El propósito de la Reserva, como verdadera alternativa electoral
Servicio social para la paz Vs servicio militar obligatorio en Colombia.
Teniente Coronel (R) Gustavo Roa Cuervo Consultor en Sistemas de Gestión de Continuidad de los Negocios y miembro de Acore
Coronel (R) Wilson Guillermo Niño Galeano Especialista en Inteligencia Militar y miembro de ACORE
Estructura organizacional de la Reserva de la Fuerza Pública
EDITORIAL
El posicionamiento político y el reconocimiento gremial y social son caminos largos, con un sin fín de dificultades y tropiezos, luchas complejas en lo ideológico y en lo conceptual. La Reserva y los Veteranos de Colombia empiezan a recorrer estas sendas, con una fuerza política, social y gremial de hombres y mujeres que pertenecieron a la Fuerza Pública, parece surgir en el complejo escenario nacional.
Una idea consolidada
Para comprender el proceso de la estructura organizacional de la Reserva que viene consolidándose, es preciso retornarnos a noviembre del año 2021, cuando se consolida el intepación en los escenarios decisorios relacionados con nuestra problemática”.
Así fue como se creó la mesa de trabajo denominada “Fuerza Púrpura”, que hoy reúne casi 70 asociaciones y fundaciones, y una Federación de la Reserva, Veteranos, Víctimas y Pensionados de todos los grados de la Fuerza Pública. En esa ocasión, en el 2021, se presentaron 51 candidatos miembros de la Reserva para disputar curules en el Congreso de la República, de los cuales solo cuatro lograron su objetivo, lo que corresponde al 8 %.
Esa iniciativa, que nace en una coyuntura electoral, por decisión unánime de las asociaciones, se ha mantenido en el tiempo y se consolida alrededor de unos pilares y unas temáticas comunes y de interés prioritario para toda la familia militar rés de miembros y representantes de asociaciones en participar más activamente en las corporaciones políticas y tener una representación propia en cargos de elección popular. Es por esto que, en el marco de las campañas para la rama legislativa, alrededor de 20 organizaciones decidieron iniciar una propuesta con el objetivo de “convocar e integrar a la familia de la Fuerza Pública y a la sociedad civil para lograr representatividad en las corporaciones públicas, visibilidad en el contexto sociopolítico y partici-
General (R) Guillermo León León Presidente Nacional de ACORE
y policial que está representada en dicha mesa. Tras un juicioso trabajo, se concibe el concepto de las “cuatro patas de la mesa”, en consideración
a que la base de una mesa solo es verdaderamente estable, cuando sus patas son sólidas y resistentes. De esta concepción nace la estructura organiza-
La “pata” de la Proyección Gremial, continuando con el concepto de la mesa, está reflejada entonces en Fuerza Púrpura y la iniciativa de CONFECORE, expuesta en un artículo anterior denominado “El camino de Nuestra Confederación”.
La pertinente a la Cohesión Institucional tiene relación con la importancia de mantener cohesión con la institución militar y policial desde un relacionamiento constante de respaldo y apoyo mutuo, el cual debe establecerse en todos los grados y en todas las fuerzas.
Proyección Sociopolítica
Debido a la coyuntura política y a partir de ciertos hechos ocurridos en el año 2023, en los que se hizo evidente la suplantación de la autoridad legítima en los territorios con un complejo ambiente para operar la Fuerza Pública, por los múltiples ceses al fuego en el marco de la denominada ‘paz total’, se despertó en las reservas y veteranos un sentimien-
to de indignación que generó una gran manifestación el 10 de mayo de ese año, llenando la Plaza de Bolívar de Bogotá, para expresar el descontento con el devenir de la patria y exigir al gobierno nacional ceñirse al marco constitucional.
Nace así, la iniciativa de representación sociopolítica de los veteranos, denominada “F.A.R.O., Foro Ampliado de Reserva Organizada - Reserva Moral de Colombia”, ya registrada ante las autoridades como Corporación, pretendiendo convertirse en un instrumento de expresión y participación que trascienda en la toma de decisiones para el futuro del país.
La situación nacional, marcada por la inseguridad en los territorios, la polarización, el odio, la exacerbación de la lucha de clases y el populismo, que nos distancian de los propósitos de seguridad, bienestar y prosperidad, así como la debilidad de nuestra democracia, se convirtió en oportunidad para que candidatos de la Reserva que se presentaran a lo largo y ancho del país el pasado 29 de octubre del 2023 en las elecciones regionales y locales. F.A.R.O. acompañó este proceso y, terminadas las elecciones, resultaron elegidos: un goberna-
Estructura organización de Fuerza Púrpura, concepto de las “cuatro patas”
dor, 15 alcaldes, siete asambleístas, 40 concejales y cuatro JAL, que corresponden al 24 % de los 288 candidatos de la Reserva que se postularon.
Pese a estos resultados, la Reserva de la Fuerza Pública, como sector social representativo, no ha logrado consolidar un proyecto político sólido y duradero; por eso, F.A.R.O. con la “pata” de la Proyección Sociopolítica, viene proponiendo a todos los Veteranos del país una organización con una estructura para garantizar representatividad, por medio de un enfoque participativo y eficiente para la obtención de este objetivo y la
optimización de los votos para las próximas elecciones del 2026.
Esta estructura propuesta por F.A.R.O. resalta una organización funcional por medio de comités departamentales, un comité nacional y un comité ejecutivo con sus respectivos equipos de trabajo. Ya se han desarrollado con gran asistencia presencial y virtual, convenciones departamentales del Eje Cafetero, Norte de Santander, Meta y Boyacá. Se espera realizar un total de 17 convenciones que abarquen los 32 departamentos del país, culminando en una gran convención nacional.
Estrutura Organizacional propuesta por F.A.R.O
Frente a la cuarta “pata” correspondiente a la Proyección Financiera, se vienen explorando posibilidades e iniciativas con algunas empresas de veteranos, con la intención de articular en esta estructura organizacional.
Notables resultados
Estas iniciativas: Fuerza Púrpura, reactivación de CONFECORE y F.A.R.O., son la base fundamental para la organización real de la Reserva de la Fuerza Pública y serán los canales o vehículos vitales para el resultado electoral de las elecciones del 2026 y la protección de los derechos adquiridos por todos los reservistas y veteranos del país. Estos logros gremiales y sociopolíticos son un
avance significativo, con un horizonte prometedor para incrementar la participación y representatividad en el futuro, e impactar positivamente a las comunidades para que la Reserva y los Veteranos, se constituyan en alternativa real para el electorado. Por supuesto que desde ACORE y el CGA apoyamos y acompañamos estos esfuerzos e iniciativas que tienen como principal objetivo, hacer realidad el sueño de la integración y articulación de nuestro gremio.
QR del conversatorio estructura organizacional de la Reserva
Visión y perspectiva
Doctor José Manuel Restrepo Abondano
Ex Ministro de Hacienda y Credito Público,
Ex Ministro Comercio, Industria y Turismo. actualmente rector de la Universidad EIA
Esta entrevista resalta la experiencia adquirida en cargos de alto nivel y en varias carteras ministeriales de doctor José Manuel Restrepo
¿Qué rol considera que tienen los recursos naturales en la economía colombiana, y cómo puede el país equilibrar la explotación de estos con el desarrollo sostenible?
Yo estoy absolutamente convencido que Colombia es un país que tiene como su gran activo y su gran riqueza los recursos naturales, no en vano es el segundo país más biodiverso del mundo. Y allí no solamente se abre una responsabilidad de cuidar esos recursos naturales, protegerlos, garantizar su sostenibilidad, sino también aprovecharlos.
Todos estos temas de la bioeconomía, por ejemplo, son oportunidades gigantescas desde la perspectiva de la economía colombiana, pero también tenemos que ser absolutamente conscientes de que esos recursos naturales, perfectamente pueden ser aprovechados con criterios de sostenibilidad, es irracional tomar la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo, lo que hay que hacer es explotarlos, explotar gas, petróleo, minería. No hacerlo es darle la vida a que la informalidad se apropie de esos escenarios productivos y ese sí sería el peor de los mundos, porque la informalidad nunca protege la sostenibilidad.
Recordemos además que el gas y petróleo, por ejemplo, representan cerca del 5.6% del PIB, 80% de las regalías de las cuales viven los departamentos del país, 35% de la inversión extranjera directa, 40% de las exportaciones y 20% de los ingresos tributarios. Luego tomar la decisión de un día para otro de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo o apagar los hidrocarburos y el gas en Colombia, pues es un tiro en el pie, es un suicidio colectivo. Y podemos perfectamente hacerlo con el desarrollo tecnológico en esta cuarta revolución industrial, con sos-
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
tenibilidad, luego yo creo que esa explotación de estos recursos se puede hacer perfectamente en el marco de un desarrollo sostenible.
¿Cuáles son las prioridades de inversión que Colombia debería tener en cuenta para mejorar su crecimiento económico a largo plazo?
Las prioridades de la inversión son, en primer lugar, en mi opinión, que la inversión privada se reconozca como la gran potencia para el crecimiento de la economía colombiana. Tenemos que ser absolutamente conscientes de que el país no puede vivir de la estatización o creer que el sector público va a reemplazar al sector privado, eso no es cierto ni va a funcionar.
El sector público, por el contrario, ha demostrado históricamente en el escenario productivo ser ineficiente, burocrático, politizado y corrupto. Hay que fortalecer el sector productivo privado, hay que motivar el mérito del que emprende, del que hace empresa, del que genera empleo, del que produce oportunidades. Si uno tiene esa prioridad, tiene que encontrar sectores en donde Colombia puede ser protagónico y yo creo que hay prioridades en materia de inversión, por ejemplo, en energías renovables no convencionales, de energía eólica y solar, ahí hay oportunidades si se facilitan las licencias ambientales y si se elimina o se transforma completamente el modelo de consultas a comunidades que hoy se ha convertido en un negocio para algunos.
Creo también que hay que dar un avance sustantivo en el sector de servicios basados en conocimiento, eso incluye exportación de software, exportación de servicios de diseño, de arquitectura, de ingeniería, financieros, de salud. El turismo sostenible es otra gran oportunidad, las inversiones en industria 4.0, tecnologías de inteligencia artificial aplicada al sector industrial y la gran oportunidad de ser despensa del mundo con el sector agroindustrial, un sector que hoy ocupa 14
de las 40millones de hectáreas disponibles para ese propósito.
Pero la prioridad más importante en materia de inversión es simplificarle la vida del empresario de regular, desregular, es decir, eliminar trámites y cargas innecesarias al sector productivo y revisar de fondo todo el sistema tributario para que no termine el sector privado, asumiendo buena parte de la carga de recaudo en Colombia, cosa que no es coherente con la dinámica de países OCDE, sino que claramente lo asuman las personas naturales en mayor proporción, pero, además buscando que los pocos que pagan no terminen pagándolo todo como sucede hoy en día, hay que ampliar la base de personas naturales y también de personas jurídicas para que realmente haya una mejor distribución del recaudo tributario y con ellos se alimenta la inversión. Finalmente, la inversión necesita como prioridad certidumbre, confianza, cuando un gobierno envía mensajes como el actual encontrados a esa confianza encontrados a esa certidumbre, se destruye la inversión privada.
¿Cuál es su perspectiva sobre la carga tributaria en Colombia y el sistema impositivo actual? ¿Considera que es necesario implementar reformas?
La carga tributaria en Colombia es una carga tributaria ya insostenible, desafortunadamente nos hemos montado en un tren de gasto gigantesco que este Gobierno ha incrementado especialmente en gastos de derroche, de burocracia, de funcionamiento, de nómina y con ese tamaño del Estado no vamos a ser capaces de sostenerlo.
El país ha terminado incrementando la carga tributaria, pero es una carga tributaria que recae sobre unos pocos y ellos pagan en exceso, hay una gran evasión fiscal, entonces mi perspectiva sobre la carga tributaria es que hay que disminuir la carga tributaria, hay que transitar de un modelo de IVA a un modelo de impuesto al consumo que ojalá sea por menos de la mitad de lo que hoy se paga en IVA, hay que avanzar a disminuir el impuesto de renta en personas naturales y disminuir el impuesto de renta en personas jurídicas.
Ampliar la base de personas naturales tributantes, eliminar las exenciones, especialmente de IVA, que no tienen sentido en la forma como están hoy concebidas y luchar contra la evasión, contra el contrabando de manera activa, en la medida en que hagamos algo de este estilo y además logremos acabar con la corrupción, con la falta de integridad en la contratación pública, que incluye al sector público, pero también incluye el sector privado, tendremos recursos de sobra para atender las necesidades de gasto y funcionamiento.
Obvio, si simultáneamente también reducimos el tamaño del Estado, eliminamos ministerios que no se necesitan, entidades que no se necesitan, agencias que no se necesitan. Llegó el momento de cortar esas agencias, ese exceso, esa grasa de burocracia que desafortunadamente no ayuda en nada al crecimiento de la economía.
¿Cómo interpreta el actual riesgo fiscal y cómo puede impactar la economía del país?
Estamos viviendo en un gran riesgo fiscal, desafortunadamente este gobierno incrementó de
manera desbordada los gastos de funcionamiento, que crecen entre 2023 y 2025 al 20% anual y se acostumbró a presentar presupuestos desfinanciados, con ingresos irreales, presentó una reforma tributaria mal diseñada que terminó perdiendo casi el 40% de su recaudo por inexigibilidad en la Corte Constitucional. Esto generó un problema de caja, entre otras, además, porque con un menor crecimiento como ha sucedido porque estamos en crecimiento muy exiguos del 1%, del 0%, que ni siquiera permiten un recaudo tributario adecuado, con esa realidad, pues evidentemente se cayó el ingreso y se elevó el gasto, se cayó la caja de la nación.
Hay un riesgo gigante y ese riesgo gigante el gobierno no lo ha sabido enfrentar, pretende, por ejemplo, flexibilizar la regla fiscal a través de una ley de financiamiento, nada más aterrador y equivocado que esa decisión, porque esa decisión eleva el riesgo de país, eleva los costos de financiamiento público y privado, eleva la tasa de cambio y envía un mensaje de incertidumbre al sector productivo nacional e internacional. Por eso se ha caído la inversión extranjera directa, por eso la inversión privada con
relación al PIB es de las peores en la historia del país, hay una profunda dosis de incertidumbre que también alimenta mayores niveles de riesgo fiscal.
Cuando hay riesgo fiscal pues la economía se resiente por la incertidumbre que esto genera, cuando hay riesgo fiscal se disminuye la inversión extranjera directa porque no hay credibilidad de largo plazo en el país, cuando hay riesgo fiscal se elevan los costos de financiamiento y de la deuda pública y hay menos espacio para la inversión productiva y social de un país, cuando hay más tasas de cambio, se eleva la inflación y hay menos posibilidad de que el Banco de la República acelere la disminución de tasas de interés.
¿Cuál considera que es el impacto fiscal y en la economía del país de la reforma del sistema de transferencias (Sistema General de Participación)?
El acto legislativo que propone una modificación al sistema general de participación es un acto legislativo profundamente irresponsable, se diseñó de la manera equivocada, se asignó un incremento casi que al doble de la asignación de recursos de ingresos corrientes de la nación a los entes territoriales, pero sin hablar absolutamente nada de las competencias que se transferían a los entes territoriales y sobre todo sin hablar absolutamente nada de la reducción del tamaño del Estado, aras no hacer lo anterior, pues significa que se está incrementando el gasto público que se entregan los entes territoriales y simultáneamente sigue el mismo nivel de gasto público a nivel central, por eso el déficit podría llegar al 10% y la deuda pública al 90%.
Eso claramente es violatorio totalmente de la regla fiscal y nos llevaría prácticamente un país quebrado físicamente quebrado, me parece que el Congreso ha actuado con una profunda irresponsabilidad por un mero interés politiquero, un
interés de recoger el botín del presupuesto nacional en los entes territoriales, cabe decir también que esta propuesta no solucione nada las incapacidades de los entes territoriales para administrar esos recursos y mucho menos los riesgos de corrupción, que son mayores cuando estos recursos se entreguen a algunos de los entes territoriales de nuestro país. Triste que por una razón politiquera y si se quiere también corrupta, terminemos entregando los recursos del Estado central sin hacer ninguna reflexión de fondo sobre el tamaño del Estado central, ni las capacidades de los entes territoriales a unos entes territoriales a quienes no se les han asignado competencias adicionales. Todos queremos creemos, creímos en la descentralización, pero la descentralización bien lograda, bien administrada, bien concebida, no una descentralización organizada a partir de la irresponsabilidad fiscal de los gobernantes y en este caso, de los congresistas también.
¿Cuáles son los principales retos que ve en la economía colombiana en los próximos cinco años?
Los retos más importantes que veo en la economía colombiana en los próximos 5 años son por lo menos 3 o 4, el primero ¿cuál va a ser la fuente de
crecimiento de largo plazo de país? ¿Cuál va a ser el camino a través del cual Colombia va a crecer al 5 o al 6 por ciento?
En segundo lugar, el reto fiscal, ¿cómo vamos a disminuir el tamaño del Estado por lo menos a la mitad?, ¿cómo vamos a generarle más ingresos a la nación?, pero disminuyendo la tarifa impositiva, enfrentando la evasión, ¿cómo vamos a enfrentar la corrupción?, para que haya más recursos fiscales dirigidos a la inversión productiva y a la inversión social, ¿cómo vamos a enfrentar el eventual riesgo que se generaría por una decisión de este gobierno de flexibilizar la regla fiscal?
El tercer desafío es el desafío energético, sin energía barata no vamos a crecer, desafortunadamente este gobierno nos llevó a un escenario en donde el gas es escaso en 2025 y va a ser escaso en 2026, 2027, 2028, 2029, ante la escasez de gas la única forma de aprovisionamiento será importando gas más costoso, y eso lo único que generará, es una afectación al consumo de los ciudadanos, a la dinámica económica del país, por la vía del deterioro en los costos de la industria y del comercio. Por el otro lado, va a llevar también a que cuando se presente un fenómeno del niño haya un riesgo gi-
gantesco de apagón o de incremento en los costos de la energía, porque tendremos que aprender las termoeléctricas y ella se prenden con gas, gas en este caso más costoso.
El otro desafío es el de la inseguridad, la inseguridad es el peor camino para motivar el turismo sostenible, para motivar el desarrollo industrial para motivar la economía con inseguridad no habrá economía eficaz o eficiente, ahí hay un desafío gigantesco, ¿cómo enfrentar la excesiva producción de coca?, ¿cómo enfrentar el terrorismo?, ¿cómo avanzar en la construcción de un proceso de paz?, pero que se ha directamente relacionado o que tenga en consideración la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, no a la manera como se ha venido construyendo de manera desordenada y sin un norte específico.
Frente a la reforma pensional presentada por el gobierno nacional ¿Qué riesgos percibe o qué ajustes ve pertinentes?
La reforma pensional de entrada, creo que es abiertamente inconstitucional, habrá que esperar cuál es la decisión de la Corte Constitucional, si la declara total o parcialmente inconstitucional,
Foto: elpais.com.co
si deciden en derecho realmente debería ser declarada en su totalidad inconstitucional, porque se violaron todos los procedimientos, trámites necesarios. Pero de la misma manera, es una reforma pensional pésimamente diseñada, me da mucha pena decirlo, pero esta reforma pensional es tan mala que requiere ya otra reforma pensional para solucionar lo que esta reforma pensional no fue capaz de solucionar.
Hay que tocar de frente el tema de la edad de retiro, edad de pensión, los ingresos base de liquidación, los aportes, si no se hace esto, habría que asumir una carga de por lo menos 5 nuevas reformas tributarias o multiplicar por 2 o por 3 el aporte de la juventud a su pensión.
Me parece que es una reforma mal concebida de entrada y que, por simplismo, terminó siendo aprobada en el Congreso de la República, también de una manera irresponsable, porque fiscalmente es una reforma insostenible a mediano y largo plazo.
¿Considera que Colombia debería priori-zar acuerdos comerciales en ciertas regio-nes del mundo o con determinados países en el contexto actual?
Yo creo que el país debería priorizar acuerdos comerciales, especialmente con Asia, debería rá-
pidamente firmar un acuerdo de libre comercio con Japón, con Malasia, con Indonesia, con la India. Debería hacer un gran esfuerzo por el sudeste asiático y avanzar en acuerdos con estos países, que son países que crecen, donde hay mucha inversión e interés incluso especialmente en sectores como la agroindustria en nuestro país.
También debería ser un esfuerzo de avanzar en relaciones comerciales con el África, sobre todo para la industria liviana colombiana, ahí hay oportunidades bien interesantes para ser aprovechadas y no debería perder la oportunidad de un relacionamiento más activo con Australia y Nueva Zelanda. Es inconcebible que no hayamos avanzado con estos países y que buena parte de las razones hayan estado asociados a un producto con un muy bajo nivel de productividad, que es la producción de leche en Colombia, claramente, ahí hay una visión muy simplista de las relaciones comerciales con los países del mundo.
Por otro lado, Colombia tiene que aprovechar de mejor manera los actuales 18 acuerdos de libre comercio y la manera de hacerlo es mejorando el “mindset”, la mentalidad con vocación exportadora de nuestro sector productivo, que tristemente adolece de una mentalidad muy recortada, muy local, muy nacional y muy poco orientada a las exportaciones.
¿Cómo puede Colombia balancear el creci-miento del turismo con la sostenibilidad ambiental y la conservación de la biodi-versidad?
El futuro es aprovechar la ley que yo formulé en el Congreso de la República, que logré aprobar una ley de turismo sostenible, después de que casi 20 años atrás no teníamos una actualización jurídica para el sector del turismo. Esa ley tenía como centro de atención el turismo sostenible, la mejor manera de proteger la biodiversidad, de proteger el medio ambiente es el turismo.
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Cuando el turismo se hace con lógica de sostenibilidad, es el mejor protector de los medios ambientes, incluso es uno de los caminos a través de los cuales se puede luchar contra la deforestación, proteger el turismo sostenible reconocer esa como la forma a través de la cual Colombia podría brillar en el concierto internacional y por sostenible, entiendo primero ambientalmente, pero también con la cultura, con nuestro patrimonio cultural, artístico, religioso, es decir, es un turismo que respete a esos escenarios y que respete también la lógica de que las comunidades pueden volverse en protagónicas prestadoras de los servicios de turismo.
Ese turismo comunitario se convierte en una gran oportunidad, un turismo asociado también a
la agroindustria que, como en la zona cafetera, combina la producción de café con la vida cafetera con la cultura cafetera.
¿Cuáles considera que son las áreas de crecimiento prioritario para Colombia en términos de comercio, industria y turismo en los próximos cinco años?
Las 3 áreas de crecimiento prioritario para mí, sin duda es la agroindustria, creo que ahí hay enormes posibilidades en distintos tipos de cultivos, pero con productividad, con tecnología, con financiamiento, con cooperativismo. Creo también que Colombia tiene oportunidades en el aprovechamiento de los mercados internacionales.
Hoy somos un país que exporta muy poco, luego las oportunidades de crecer son infinitas, especialmente en servicios basados en conocimiento, en turismo sostenible, en industrias de nicho, que llegan a determinados sectores de la economía de manera muy exitosa. Creo también que hay una enorme oportunidad en los sectores de energías, energía eólica, de energía solar, ahí hay oportunidades muy valiosas.
¿Qué papel juegan las tecnologías digita-les en la formación de los estudiantes y en la modernización de la educación supe-rior?
La tecnología cambió el mundo de la educación, en los próximos 20 años tendremos tantos avances en tecnología en educación como la totalidad de los avances en la historia del país y en la historia de la humanidad, quiere decir que los avances serán muy rápidos, la llegada de la inteligencia artificial, el fortalecimiento del internet de las cosas, del blockchain, de la computación cuántica, entre otros temas, nos transformarán como universidad.
Tenemos entonces, es que estar abiertos a las oportunidades que allí se derivan, transformar la educación para que sea más personalizada, más flexible de la mano de la tecnología, hacer de la tecnología el mejor mentor posible para la formación de los jóvenes, siempre con la convicción de que la tecnología tiene límites y que el humanismo define sus límites, que no podemos ir de una manera desbordada simplemente en el uso de la tecnología, sin por lo menos una conciencia de lo humano sobre esa implicación tecnológica.
Pero la educación superior está en un proceso de reinvención creativa, de innovación, también de alianzas y la tecnología puede ayudar y finalmente, en un modo de audacia, la audacia de hacer de la tecnología el mejor instrumento de fortalecimiento de la calidad en la educación superior.
¿Qué cambios prevé en el sistema de educación superior en los próximos cinco a diez años?
Los cambios más importantes son el demográfico, en los próximos 5 a 7 años la mayoría de la población será entre 35 y 50 años, esto fortalecerá el concepto de educación para toda la vida, cambia el tipo de oferta de la educación en la educación superior colombiana. Está la transición tecnológica que, como ya lo dije, cambia radicalmente la manera de enseñar y la manera de aprender.
Cambia también el escenario económico, hay una reducción del ahorro privado y del ahorro público, luego el financiamiento a la educación tendrá que ser distinto, habría que fortalecer los mecanismos de filantropía y lograr que más jóvenes ingresen al sistema educativo, reconociendo el valor del sistema mixto, universidades públicas y universidades privadas de calidad.
Avanzar también en un gran esfuerzo de transformación en la pedagogía, en la forma como se enseña y en la forma como se aprende, transformar a los profesores, logrando una educación más flexible, más personalizada, más humana, más internacional o más global, más pertinente, es decir, en relación con el sistema productivo colombiano.
¿Cómo pueden las universidades mantenerse relevantes en un mundo donde las habi-lidades técnicas y digitales evolucionan rápidamente?
La única manera de mantenernos relevantes en este mundo, como lo he señalado anteriormente, es vivir cuatro modos como institución educativa, el modo reinvención creativa, estar permanentemente creando cosas distintas, productos distintos, servicios distintos, tecnologías distintas, procedimientos distintos.
En segundo lugar, el modo innovación es la apuesta por el emprendimiento y también por la creación al interior de las universidades.
El modo alianzas, trabajar en equipo incluso con el competidor al lado.
Y finalmente, el modo audacia, atreverse, tomar riesgos, tener visión.
Todo esto, de la mano de entender que las universidades no pueden ser ajenas a la innovación y el emprendimiento de base tecnológica, a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, a la sostenibilidad, al cambio climático, al emprendimiento y la innovación de base, ya lo dije de base tecnológica, también a la competitividad y a la productividad a través de las economías digitales, de la analítica de datos, el mundo de las enfermedades crónicas también y el abordaje de la tecnología incluida la inteligencia artificial alrededor de la salud siempre pensando en la humanización y en el servicio a los pacientes.
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
La Economía Verde - oportunidad para Colombia
Doctor Hernando José Gómez Restrepo
Exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la Misión de Crecimiento Verde
El calentamiento global, la contaminación ambiental y el deterioro de los ecosistemas son probablemente el mayor reto que ya confronta y que va a enfrentar la humanidad en las próxitica de datos, en particular mas recientemente con la inteligencia artificial, la humanidad está desarrollando nuevas tecnologías de captura de carbono, eficiencia en el uso de energéticos, electrificación del transporte, fuentes alternativas de generación de energía y reciclaje en todos los sectores productivos, que pronto le permitirán al planeta reversar la tendencia hacia una catástrofe climática.
Posiblemente la verdad se encuentre en un punto intermedio donde hay que hacer más esfuerzos para que el sector productivo interiorice en su matriz de costos su impacto ambiental, pero sin generar una transición abrupta, costosa e inmas décadas. Hay quienes adoptan una actitud fatalista frente a este reto pues consideran que la humanidad sigue utilizando un exceso de combustibles fósiles que siguen acumulando CO2 en la atmosfera, contaminando el aire de nuestras ciudades y las aguas de los ríos y mares. Otros, sin negar lo anterior, son tecno optimistas en el sentido que consideran que con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la analí-
necesaria como las que pregonan los defensores del decrecimiento, lo que tendría efectos incalculables en el bienestar económico y social de todo el mundo, en particular del mundo en desarrollo.
En medio de toda esta discusión, hace ya casi una década, un grupo de ambientalistas y economistas en el DNP y el ministerio del Medio Ambiente, pensamos que todos estos retos no solo tienen que generar costos para nuestros países, sino que también hay que identificar y aprovechar las oportunidades que esta situación genera. Como dice el refrán popular hay quienes lloran en los entierros y hay quienes venden pañuelos. Es una ilustración cruel, pero nos hizo caer en cuenta que en ese momento ya se pronunciaban variadas voces en el país que comenzaban a hablar de los negocios verdes. Por ello, el DNP lanzó la Misión de Crecimiento Verde que comenzó en el 2016 y terminó en el 2018 con la aprobación del documento CONPES sobre este tema.
Fruto de esta misión, se identificaron muchas áreas de la actividad productiva de bienes y servicios que tienen posibilidades de generar ingresos, empleo y utilidades a inversionistas, como ya estaba ocurriendo en muchas partes del mundo. No obstante, para lograrlo se requería definir y adoptar la reglamentación e institucionalidad necesarias para que se pudiera atraer a los inver-
sionistas, dar la seguridad jurídica y física para ellas, capacitar mano de obra requerida en estas actividades y cuando fuera necesario, diseñar incentivos de política pública.
En las próximas secciones de este artículo, voy a ilustrar cómo en muchos sectores y actividades se pueden desarrollar actividades rentables y alineadas con los objetivos del crecimiento verde. Luego voy a ilustrar algunos de los retos que tenemos por delante para acelerar el desarrollo sostenible de las actividades verdes y finalizo con algunos elementos de la agenda para el próximo futuro.
Oportunidades de Crecimiento Verde1
Impulsar actividades verdes de manera rentable en Colombia es una excelente oportunidad tanto para generar beneficios económicos como para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente. A continuación, actividades verdes que podrían ser rentables en el contexto colombiano, algunas de las cuales ya están implementándose en el país:
1. Energías Renovables
• Instalación de paneles solares en viviendas y empresas: Proponer sistemas solares para hogares y empresas, tanto en zonas rurales como 1. Esta sección de oportunidades se complementó con el uso de ChatGPT.
urbanas, puede ser un modelo rentable con el apoyo de incentivos gubernamentales y reglamentación que permita el aporte de energía de los consumidores en el sistema.
• Energía eólica: En lugares como la Guajira, la región tiene un gran potencial para la energía eólica. Invertir en parques eólicos o asociarse con empresas que desarrollen este tipo de energía puede ser una forma de generar ingresos sostenibles.
2. Agricultura Sostenible
• Agroforestería: Integrar árboles en sistemas agrícolas puede mejorar la rentabilidad de las fincas, al tiempo que promueve la biodiversidad y mejora la retención de carbono. Se pueden cultivar productos como cacao, café, frutas o ganadería intensiva que ofrecen mercados internacionales de rápido crecimiento.
• Cultivos orgánicos: Hay una creciente demanda tanto a nivel nacional como internacional de productos orgánicos. Promover la producción de frutas, hortalizas o hierbas sin pesticidas ni fertilizantes químicos puede ser muy rentable.
• Biodigestores y manejo de residuos orgánicos: Implementar tecnologías que conviertan residuos orgánicos en biogás o compost puede no solo ser rentable, sino también contribuir a la reducción de la huella de carbono.
3. Turismo Ecológico
• Ecoturismo en áreas protegidas: Colombia es rica en biodiversidad y cuenta con innumerables parques naturales, bosques, y reservas. Crear empresas de ecoturismo que promuevan el turismo sostenible en estas áreas puede ser una excelente forma de generar ingresos mientras se preserva el medio ambiente.
• Turismo de aventura y naturaleza: Rutas de senderismo, observación de aves, o experiencias inmersivas en la naturaleza pueden atraer a turistas nacionales e internacionales interesados en nuestra biodiversidad. Para esto es clave mejorar los índices de seguridad en muchas regiones del país.
4. Reciclaje y Economía Circular
• Reciclaje de plásticos: El reciclaje de plásticos y la creación de productos a partir de estos materiales (como muebles, nylon o artículos de hogar) es una actividad rentable que también contribuye a la reducción de residuos.
• Compostaje y reciclaje de residuos orgánicos: Fomentar el reciclaje y compostaje de residuos orgánicos en áreas urbanas y rurales puede ser una opción rentable y ecológica, ya sea para crear abonos o para ofrecer servicios de gestión de residuos.
5. Transporte Ecológico
• Movilidad eléctrica: Implementar soluciones de movilidad eléctrica, como la exención de aranceles existentes para los vehículos eléctricos y facilitar la oferta de estaciones de carga, puede ser una actividad rentable, especialmente en ciudades grandes.
• Automóviles, motos y bicicletas compartidas: Plataformas que promuevan el uso compartido de vehículos, motos y bicicletas eléctricas pueden ser una forma rentable de reducir la huella de carbono, al tiempo que se optimizan los recursos.
6. Construcción Verde
• Construcción sostenible: Implementar proyectos de construcción que utilicen materiales ecológicos y técnicas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de captación y uso de agua de lluvia, paneles solares, o el uso de materiales reciclados. El uso de material prefabricado reduce el desperdicio de materiales y facilita el desarrollo de actividades de economía circular.
• Certificación LEED: Ofrecer asesoría para facilitar que más edificaciones cumplan con los estándares de sostenibilidad (LEED, EDGE, etc.) es otra forma de hacer crecer este sector.
7. Biotecnología y Agricultura de Precisión
• Uso de drones para monitoreo agrícola: Implementar tecnologías como drones para me-
jorar la precisión en el uso de insumos agrícolas, optimizar el riego o controlar plagas puede generar ahorros a largo plazo y aumentar la rentabilidad de las fincas.
• Biopesticidas y biocontroladores: Desarrollar o distribuir productos ecológicos para el control biológico de plagas y enfermedades agrícolas es un mercado en expansión en Colombia, ya que la agricultura sostenible está ganando terreno.
8. Financiamiento Verde
• Fondos de inversión verde: Crear o gestionar fondos que inviertan en proyectos sostenibles, desde energías renovables hasta empresas de reciclaje o agricultura orgánica, podría ser un negocio rentable, dada la creciente demanda por inversiones que promuevan la sostenibilidad.
• Créditos verdes: Ofrecer microcréditos con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías (FNG) a pequeñas empresas o agricultores para que implementen prácticas más sostenibles, como el uso de tecnologías limpias o la transición hacia la agricultura orgánica. Igualmente, facilitar la oferta de créditos bancarios a empresas de todo tamaño, con
plazos adecuados, para la adquisición de maquinaria y equipo eléctricos que sustituya aquellas dependientes de combustibles fósiles o con uso ineficiente de la energía.
9. Restauración Ecológica y maderables
• Reforestación y restauración de suelos: En muchas regiones de Colombia se están llevando a cabo proyectos de reforestación para restaurar ecosistemas degradados. Invertir en la restauración ecológica de áreas afectadas por la deforestación o la minería ilegal puede ser una actividad rentable a largo plazo.
Retos y la Transición
Si bien como pudimos ilustrar son múltiples las actividades que pueden ser beneficiosas para el medio ambiente, pero a su vez abren grandes posibilidades de generación de ingresos y empleo, hay que generar las condiciones para que la iniciativa privada y social se pueda dar de manera sostenible y rentable.
1. Reglamentación de las Consultas Pre-vias. Muchas inversiones en el país se están demorando por los retrasos en la celebración de las
consultas previas. En algunos casos estas se han vuelto un negocio para beneficio de unos pocos e incluso con sus astronómicas pretensiones vuelven inviables ciertas iniciativas. Un ejemplo que ilustra esto es la red de transmisión de La Colectora en la Guajira sin la cual es imposible conectar con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) todos los proyectos de energía eólica en la región. Incluso se sabe de al menos dos proyectos que han sido cancelados por esta incertidumbre.
Por ello está en mora desde hace más de dos décadas una ley que reglamente sus tiempos, participantes y alcance. Hay quienes dicen que esta ley a su vez requiere una consulta previa que tendría un alcance de carácter nacional y cuyos resultados podrían dejarnos en una situación incluso más difícil en especial para los proyectos de infraestructura. Aquí se requiere de la imaginación de nuestros juristas para saber cual sería la mejor aproximación.
2. Otorgamiento Licencias Ambientales. Hay muchos proyectos que son sujetos a licencias ambientales por su impacto, pero que deben tener criterios objetivos y científicos para su otorgación y menos ideológicos y políticos. Muchos proyectos verdes para su viabilidad requieren de bienes
públicos como carreteras, puertos, aeropuertos, distritos de riego de más de 20 mil hectáreas, etc. Así, por ejemplo, el acceso al turismo ecológico y de aventura requiere de algunas vías, de puertos fluviales e infraestructura turística que requiere de criterios claros, razonables y consistentes en el tiempo para que se puedan desarrollar en los tiempos esperados y los costos estimados que los hagan viables. Igualmente, el estado debe garantizar que los tiempos de aprobación y los criterios de aprobación son consistentes con la mejores practica internacionales
3. Incentivos Tributarios. En algunas actividades las inversiones iniciales son cuantiosas y en ocasiones las tecnologías no están plenamente maduras. Por ello para incentivar la toma de riesgos, inicialmente y de forma temporal se puede generar apoyos como garantías para créditos bancarios en actividades como empresas orientadas hacia la bioeconomía como el aprovechamiento de residuos biológicos, desarrollo de productos naturales alternativos a los químicos o inversiones en reciclaje de residuos de sectores como el textil confecciones o el de desechos de construcción. Otros incentivos pueden ser exenciones de impuesto de renta por periodos hasta
de 10 años para ciertas actividades que requieran periodos largos de maduración de sus inversiones como la producción de autopartes para vehículos eléctricos y su ensamble. Un buen ejemplo es la ley 1715 del 2014 que promueva las energías renovables no convencionales.
4. Catastro Multipropósito. Este es uno de los pilares actuales del plan de desarrollo. La implementación del catastro multipropósito tiene varias ventajas incluyendo para las iniciativas verdes. De una parte, su implementación facilita un cobro adecuado del impuesto predial, que es una de las dos fuentes claves de ingresos para las entidades territoriales. Una vez se cobra el predial sobre un valor comercial de los terrenos o inmuebles los precios de la finca raíz bajan reduciendo las burbujas inmobiliarias tanto al alza como a la baja. Esto hace que por ejemplo quienes poseen tierras improductivas tengan incentivos para venderla a quienes deseen comprarlas para desarrollarlas, o si es rural, para desarrollar labores agropecuarias productivas. Esto tiene beneficios como reducir el incentivo a la deforestación, el uso especulativo de la tierra y facilita el desarrollo agropecuario en el campo y el del sector de la construcción en las zonas urbanas.
5. Finalmente, la transición. Esta es costosa y debe hacerse de manera gradual. Así por ejemplo es claro que es deseable que quien use en su empresa una caldera a carbón la sustituya por una de gas y mejor aún, por una eléctrica. Para esto hay que comenzar a desestimular el uso de los combustibles fósiles más contaminantes como el carbón, pero siendo conscientes que esto requiere inmensas inversiones para redefinir la vocación productiva de regiones como el Cesar, la Guajira y amplias áreas de Boyacá y Cundinamarca. Así mismo, los usuarios del carbón requerirán apoyos para poder sustituir sus calderas para lo cual deben acceder a créditos de mediano y largo plazo. Esto requiere un plan articulado de la nación con las regiones y el sector privado que no se debe improvisar.
Lo anterior me da la oportunidad de argumentar que es una mala idea no permitir nueva exportación de petróleo y gas. De una parte, la gran mayoría de los hogares colombianos cocinan y calientan el agua con gas natural. El cambio hacia estufas y calentadores eléctricos se cuenta en los billones de pesos. Esta sustitución se debe lograr en un proceso de reemplazo de las estufas y calentadores cuando acaben su vida útil y así mismo ofreciendo incentivos a los hogares de menores ingresos facilitando el proceso. Por ello, por ahora tanto los hogares como las empresas seguirán requiriendo de gas natural y el gobierno tiene el deber de adecuar la política publica para que esto sea factible.
Comentarios Finales
El crecimiento verde ofrece grandes oportunidades para un mayor crecimiento económico, mejores ingresos y más empleos para toda la población colombiana. Lo clave acá es generar las condiciones para que estas actividades se puedan desarrollar para lo que se requieren normas claras y estables, adecuada institucionalidad para las consultas previas y la aprobación de licencias y entender que este es un proceso que puede tomar décadas por lo que requiere incentivos tributarios y acceso a recursos financieros que en la actualidad no existen o que no tienen los presupuestos requeridos. En todo caso, una economía más verde requiere una transición, pues es costosa y debe siempre ser rentable para ser recuperables las inversiones en tiempos razonables.
Geopolítica y desafíos para Colombia en el escenario mundial y regional
Doctor Juan Carlos Pinzón Bueno
EEx embajador de Colombia en EE.UU. y Ex ministro de Defensa Nacional nacional de los Estados. Desde entonces, las lógicas de la Guerra Fría han vuelto a dominar las relaciones entre Estados, y hoy la competencia geopolítica entre las grandes potencias se materializa en la guerra en Europa,
l mundo está cambiando. La crisis del COVID-19 evidenció como un mundo interconectado y dependiente entre países puede traer retos y crear vulnerabilidades para la seguridad conflictos en el Medio Oriente y tensiones en el sudeste asiático. América Latina es también un escenario de competencia entre las grandes potencias que buscan ampliar su influencia como lo hicieron en la segunda mitad del siglo XX, esta vez, a través de nuevos métodos como el populismo, la corrupción y el crimen organizado. Aun así, la región resalta por su estabilidad, su larga tradición democrática y sus recursos naturales y demográficos.
Mientras los países lidiaban con los estragos económicos de la pandemia, como inflación sin precedentes, altas tasas de interés, y desempleo generalizado, marzo de 2022 trajo consigo el inicio de la guerra ruso-ucraniana. Por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Europa experimentaba un conflicto de alta intensidad entre Estados, iniciada por el Presidente ruso Vladímir Putin bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos de Ucrania del régimen en Kiev, cuando en realidad, su motivación era detener la expansión de la OTAN y la Unión Europea. Casi tres años después, la guerra en Ucrania ha tenido importantes consecuencias económicas, la escasez de insumos agrarios, escasez global de trigo, aumento significativo del precio del petróleo y el gas natural y migración masiva de civiles tratando de huir del conflicto. En el campo militar ha resultado en el empleo de tecnología de drones y señales como una adición determinante
que hace más complejo el espectro convencional de la guerra.
Lastimosamente, el conflicto en Europa no sería el único en estallar después de la pandemia. En octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás lidero una infame incursión armada en territorio israelí, que culminó con el asesinato de 1,200 personas y el secuestro de más de 250. El ataque y la respuesta israelí contra Hamás en Gaza desató un conflicto que hasta el momento ha resultado en la muerte de miles de personas y acciones decisivas de carácter histórico por parte de Israel contra las estructuras y liderazgo de Hamás y Hezbollah. Además del enfrentamiento entre Hamás e Israel, el conflicto se tornó regional, con ataques directos de misiles y drones por parte de Irán y la respectiva respuesta de Israel. Más recientemente, bombardeos israelitas en Siria tras la desintegración del régimen de más de cincuenta años de Bashar al Assad.
Al mismo tiempo, el Mar del Sur de China está experimentando tensiones sin precedentes como resultado de las pretensiones territoriales de China sobre amplias extensiones de territorio que se superponen con territorios soberanos de por lo menos otros seis países en la región, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. La disputa territorial no se ha convertido en un conflicto armado, pero cada día hay más enfrentamientos entre las guardias costeras de los diferentes países y acoso a los pescadores de la región.
Además del conflicto en el Mar del Sur de China, el estrecho de Taiwán también se ha convertido en un foco de tensión geopolítica. A medida que China redobla sus esfuerzos internacionales para que otros países dejen de reconocer a Taiwán como un Estado y se adhieran a la política de “Una sola China”, el Presidente Chino Xi Jinping también ha expresado, en múltiples ocasiones, su intención de reunificar a China, y los recientes ejercicios militares chinos en el estrecho son un signo de alarma de una posible invasión a Taiwán antes del 2030.
Otro punto preocupante en el sudeste asiático es la Península de Corea, que ha visto tensiones elevadas en años recientes. Después de las pruebas de misiles balísticos intercontinentales del 2017 que renovaron los miedos de una guerra nuclear, en los últimos meses el conflicto entre las Coreas ha visto una nueva era de escalamiento y tensiones, incluyendo ejercicios militares, guerra psicológica, destrucción de puentes que conectan la península y operaciones de inteligencia militar utilizando drones y espías. Al mismo tiempo, Corea del Norte ha enviado hasta 10.000 soldados a Ucrania para apoyar a Rusia, y Corea del Sur enfrenta inestabilidad interna tras la declaración de ley marcial por parte de su presidente Yoon Suk Yeol y el inicio de un proceso de destitución en su contra. Pareciera que el Armisticio de 1953 que le dio fin a la guerra de Corea en la que participaron tropas colombianas estuviera en riesgo.
Por otro lado, los conflictos con China no son únicamente territoriales y militares, sino también comerciales, económicos, y tecnológicos. A lo lar-
go del 2024, China ha sido acusada de competencia desleal en una variedad de industrias, y sus productos hoy enfrentan medidas antidumping en América Latina, Estados Unidos y Europa. El primer producto Chino en enfrentar aranceles especiales fue el acero, luego de que el gigante asiático exportara su sobreproducción y generara crisis en la competitividad de industrias nacionales de acero en Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, y varios países en Europa, entre otros. Lo mismo está sucediendo con vehículos eléctricos y turbinas eléctricas de origen chino, cuya producción subsidiada dificulta la competitividad de productores europeos y norteamericanos.
Es muy probable que una segunda guerra comercial estalle en los próximos años. En primer lugar, el gobierno chino ya anunció represalias contra Europa y Estados Unidos, prohibiendo la exportación de minerales claves para la industria militar como galio, germanio y antimonio a Estados Unidos, e impuso aranceles a la importación de brandy de origen europeo. Cada vez que un arancel sea impuesto a un producto chino, el gobierno chino responderá con aranceles a productos del exterior. En segundo lugar, el recién elegido Presidente de Estados Unidos hizo notar que una de sus primeras acciones tras el día de su investidura presidencial el 20 de enero de 2025, sería imponer aranceles adicionales.
Mientras Estados Unidos se enfrenta con Rusia en Europa y el Medio Oriente, y con China en el Mar del Sur de China, en el estrecho de Taiwán y en el ámbito comercial, Latinoamérica pierde importancia en la arena internacional. Aunque Latinoamérica no goce de la atención internacional que tuvo en algún momento, la región cuenta con los recursos demográficos y naturales necesarios para enfrentar los desafíos del futuro. En primer lugar, mientras el mundo envejece como resultado del aumento en la esperanza de vida y un descenso en las tasas de fecundidad, América Latina tiene una población joven, con la segunda proporción más alta de adultos jóvenes en el mundo,
después de África. En segundo lugar, América Latina tiene una gran proporción de los recursos naturales a nivel mundial. La región tiene una gran proporción de minerales estratégicos, como el litio (47 %) y el cobre (36%). Asimismo, tiene 31 % del agua fresca a nivel mundial, 50 % de la biodiversidad y 23% de los bosques. Además, la región cuenta con algunas de las mejores condiciones del mundo para la generación de energía renovable. Por ejemplo, los Andes tienen el mayor potencial de energía fotovoltaica de todas las regiones del mundo. Esto ha permitido que América Latina participe activamente de la transición energética, y hoy en día satisface 60 % de sus necesidades eléctricas a partir de energías renovables.
Si bien la región tiene gran potencial, enfrenta una variedad de desafíos. En primer lugar, el crimen
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organizado se encuentra en expansión. En países como México, Colombia, Venezuela y Ecuador, grupos armados, bandas criminales, carteles y todo tipo de organizaciones criminales han crecido en tamaño, control territorial, economías ilícitas y poder. Los carteles mexicanos y los grupos armados colombianos han crecido en el número de miembros y presencia en territorios. Participan en todo tipo de actividades ilegales, como el tráfico de drogas y de migrantes, la minería ilegal y la extorsión, entre otros. En Venezuela, grupos armados de origen colombiano como el ELN delinquen con inmunidad, e incluso tienen vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro. Ecuador ha visto un aumento significativo en la violencia en años recientes, la cual parece estar íntimamente relacionado con el aumento en la producción de cocaína y su exportación a clientes en Europa y Estados Unidos.
En segundo lugar, muchos gobiernos de la región enfrentan acusaciones de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Claudia Sheinbaum en México, Xiomara Castro en Honduras, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, y Gustavo Petro en Colombia han sido acusados de corrupción en un grado u otro, desde fraude electoral, financiamiento ilícito de campañas presidenciales, hasta permitir que grupos criminales actúen con impunidad.
Tanto el potencial de la región como los desafíos que enfrenta justifican que juegue un papel más protagónico en la arena internacional, o por lo menos, en la agenda de su poderoso vecino, Estados Unidos. Es muy probable que la llegada de Donald Trump a la presidencia implique mayor atención en la región, con diversas consecuencias. La nominación del Senador Marco Rubio para ser Secretario de Estado, quien por años ha sido el gran experto y voz de temas del hemisferio en el congreso, y del exEmbajador en Mexico Chris Landau para el cargo de Subsecretario de Estado simbolizan la importancia que el nuevo gobierno de Donald Trump va a dar a América Latina. No obstante, es probable que esto traiga consigo una nueva variedad de presiones e imposiciones de nuestro vecino del norte, pues Trump entiende a América Latina como el origen de muchos de los males que enfrenta Estados Unidos, como la migración y el tráfico de drogas.
Una noticia importante para Colombia y una oportunidad estratégica, es la llegada de senadores de origen colombiano al congreso los Estados Unidos. El senador Bernie Moreno, republicano del estado de Ohio, con gran credibilidad e influencia en su partido y en la administración del Presidente Trump; y el senador Rubén Gallego, demócrata del estado de Arizona, una de las figuras ascendientes en su partido. Es muy probable que estos se convertirán en los más influyentes líderes en el Senado en asuntos del hemisferio occidental.
Esto será de especial importancia para Colombia, pues Estados Unidos es nuestro principal aliado estratégico en seguridad, principal socio comercial, el mayor inversionista extranjero y motor clave del turismo. Además, Estados Unidos es el destino preferido para la inversión y residencia de colombianos en el exterior. Es muy probable que la presidencia de Donald Trump implique presión al gobierno de Gustavo Petro en el combate al narcotráfico, el crimen organizado, la implementación de la ‘paz total’ y la migración. También la absurda postura del gobierno a favor de grupos terroristas en medio oriente, y su implícito apoyo al régimen fraudulento de Maduro. Teniendo en cuenta las diferencias ideológicas entre Gustavo Petro y Donald Trump, y la reciente negociación con China para hacer parte de la Nueva Ruta de la Seda, presión sin tacto por parte de Estados Unidos aumenta el riesgo de que el gobierno colombiano decida tornar su atención hacia el gigante asiático exponiendo al país a dificultades adicionales en el campo internacional.
En este escenario de inestabilidad geopolítica, no deja de preocupar la situación de seguridad en Colombia. Como Ministro de Defensa tuve el honor de fortalecer las Fuerzas Armadas en términos de equipos y capacidades, tecnología, pie de fuerza, bienestar, y por primera vez se dieron golpes estratégicos a todas las organizaciones terroristas y criminales del país, por eso causa especial
preocupación ver el debilitamiento premeditado de nuestras Fuerzas Armadas, la reducción de su presupuesto y los golpes a la moral y seguridad jurídica para sus actuaciones. El menosprecio del gobierno y el presidente hacia las Fuerzas Armadas favorece un ambiente de caos en el país, que ha permitido que los grupos armados ilegales se fortalezcan y la tranquilidad de los colombianos se deteriore. Vale la pena preguntarse si todo esto hace parte de una estrategia o simplemente es evidencia de total ineptitud.
Este es un escenario que debe cambiar a partir del 2026:
El panorama global actual marcado por conflictos regionales y tensiones geopolíticas resalta la relativa estabilidad de América Latina en contraste con otras regiones. Sin embargo, desafíos internos como el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción amenazan la estabilidad interna.
Es muy probable que el nuevo gobierno de los Estados Unidos mire más de cerca a América Latina, lo que traerá consigo nuevas oportunidades y desafíos en medio de las dinámicas cambiantes del orden mundial. Colombia tendrá que responder a este escenario con pragmatismo para no seguir perdiendo los importantes recursos que recibimos de Estados Unidos y frenar el camino hacia la irrelevancia en la región.
La Política de Paz Total y el Recrudecimiento de la Violencia en Colombia
Doctor Carlos Augusto Chacón Monsalve
Director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga
Análisis crítico de los efectos, fallas estructurales e implicaciones de la política de negociación con grupos armados ilegales.
Introducción
La política de Paz Total, promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha suscitado un amplio debate sobre su efectividad y los efectos reales en las condiciones de seguridad y estabilidad del país. Si bien la propuesta parte de un enfoque ambicioso para al-
canzar la paz mediante el diálogo simultáneo con diversos grupos armados ilegales, los resultados hasta ahora evidencian un fortalecimiento de los actores criminales, una expansión de su control territorial y un agravamiento de la violencia.
Desde el año 2022 el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga -ICP- a través de su Policy Lab en Seguridad y Defensa ha venido
adviertiendo los riesgos de la política de Paz Total. En agosto de 2024 publicó análisis sobre los efectos e impactos que ha tenido esta política y su enfoque que busca privilegiar las negociaciones y los diálogos con grupos criminales sin acompañar esos mecanismos de las medidas y acciones necesarias para garantizar la seguridad en los territorios y enfrentar las distintas dinámicas de la violencia organizada, incluidas la expansión de las economías ilícitas y de las estructuras criminales que las controlan.
La Paz Total no ha logrado responder a los riesgos y amenazas a la seguridad nacional y prevenir las afectaciones a las comunidades vulnerables, su enfoque, lejos de reducir las dinámicas de violencia, ha generado incentivos perversos que han permitido a los grupos armados ilegales consolidarse y las negociaciones y acuerdos parciales se han constituido en una vía para que busquen
legitimarse en varias regiones del país como actores políticos, aun cuando su naturaleza, fines y medios son esencialmente criminales.
El presente artículo presenta los hallazgos y recomendaciones de ese análisis del ICP, a través del cual, busca promover cambios y ajustes en la política y la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el fin de enfrentar los problemas asociados al acelerado deterioro de las condiciones de seguridad que imposibilitan la construcción de paz.
1. Contexto de la violencia organizada y expansión territorial
Colombia enfrenta una crisis de seguridad caracterizada por la expansión y consolidación de grupos armados ilegales, el aumento de economías ilícitas y la cooptación de instituciones locales. A pesar de los esfuerzos históricos por desarticular estas estructuras, la falta de un enfoque integral en los últimos años ha permitido la persistencia de estos fenómenos.
En el marco de la Paz Total, los grupos armados han encontrado una oportunidad estratégica para ampliar su influencia territorial. Según datos analizados por la Defensoría del Pueblo, la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) y otros centros de pensamiento y entidades estatales:
• El Ejército de Liberación Nacional -ELN- incrementó su presencia territorial de 149 a 232 municipios.
• Las disidencias de las FARC pasaron de operar en 124 municipios en 2019 a 299 municipios en 2024, con una presencia consolidada en regiones estratégicas como Cauca, Putumayo y el Catatumbo.
• El Clan del Golfo logró una expansión entre 2019 y 2024, pasando de tener presencia en 213 municipios a 392 municipios, consolidán-
dose como la organización criminal con mayor capacidad operativa.
Este panorama revela que la política de Paz Total ha creado vacíos de poder en los territorios, al tiempo que la falta de acciones coercitivas del Estado ha permitido a estos actores consolidar su control mediante mecanismos de gobernanza criminal, donde ejercen presión sobre la población a través de repertorios de violencia como la extorsión, el secuestro, los confinamientos y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Uno de los efectos negativos de este enfoque ha sido que a la par de permitir la consolidación y expansión de los grupos criminales, se han deteriorado las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentarlos.
2. Incentivos perversos: la negociación sin desmovilización
Una de las fallas estructurales de la Paz Total radica en la ausencia de condiciones claras y verificables para los procesos de negociación. Los
acuerdos de cese al fuego bilateral, implementados con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, han reducido la presión militar del Estado, permitiendo que estos actores fortalezcan sus capacidades y amplíen su control territorial, y que los enfrentamientos entre grupos atenten contra los derechos humanos de la población civil, que sufre a causa de las hostilidades.
El cese al fuego, sin una estrategia paralela de control territorial y acción institucional, ha generado:
• Expansión de economías ilícitas: Las actividades como el narcotráfico, la extracción ilegal de minerales y el contrabando han aumentado en las regiones donde operan estos grupos.
• Legitimación de actores criminales: Al ser reconocidos como interlocutores políticos, los grupos armados avanzan en la consolidación de una legitimidad en los territorios, erosionando la presencia y autoridad del Estado.
• Reclutamiento y violencia contra la población: Entre 2022 y 2024, se registraron 216 masacres con un saldo de 694 víctimas, con-
centradas en departamentos como Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.
El reconocimiento político otorgado a estructuras como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo resulta particularmente preocupante, dado su carácter criminal y sus intereses económicos basados en actividades ilícitas. En lugar de debilitar su poder, la Paz Total ha facilitado la fragmentación y proliferación de subestructuras, haciendo cada vez más difícil establecer interlocutores legítimos y claros en las mesas de diálogo.
El monitoreo realizado por el Sistema de Alertas
Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo ha identificado un aumento considerable en la presencia y actividad de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC, así como de otras estructuras criminales, en distintas regiones del país. De acuerdo con este organismo, la influencia de las AGC abarca ya 392 municipios, mientras que el ELN tiene presencia en 231 municipios y las disidencias de las FARC en 299 municipios, lo que evidencia una preocupante expansión territorial de estos grupos armados ilegales.
3. El impacto humanitario de la violencia persistente
Las comunidades rurales y periféricas, históricamente afectadas por el conflicto armado, continúan siendo las principales víctimas de la violencia y la falta de presencia estatal. Según cifras de la Defensoría del Pueblo:
• En 2023 se registraron 154 eventos de desplazamiento forzado, un aumento del 7% respecto al año anterior.
• Los eventos de confinamiento aumentaron un 63%, afectando gravemente la movilidad y el acceso a derechos básicos de miles de familias.
• Se documentaron 184 casos de reclutamiento forzado de menores, principalmente en departamentos como Cauca, Norte de Santander y Putumayo.
El impacto de estas dinámicas en las comunidades es devastador. La presencia de grupos armados ilegales no solo perpetúa la violencia, sino que también:
1. Impide el desarrollo económico local: Las economías ilícitas desplazan las actividades productivas legales y generan dependencia de actores criminales.
2. Vulnera los derechos humanos: Las masacres, los asesinatos de líderes sociales y las acciones de control territorial generan un ambiente de miedo y desconfianza hacia las instituciones del Estado.
3. Fragmenta el tejido social: La violencia y la cooptación territorial erosionan la confianza comunitaria y perpetúan el ciclo de pobreza y exclusión.
4. La ausencia de una estrategia integral de seguridad
La política de Paz Total ha carecido de una visión estratégica integral que permita garantizar la seguridad en el corto, mediano y largo plazo. El enfoque excesivo en las negociaciones ha debilitado las acciones del Estado para:
• Contrarrestar las economías ilícitas: No existe una estrategia efectiva para desarticular las redes de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, deforestación, tráfico y trata de personas, principales fuentes de financiamiento de los grupos armados.
• Recuperar el control territorial: La presencia de la Fuerza Pública se ha reducido en regiones clave, permitiendo la expansión de actores criminales.
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• Proteger a la población civil: La falta de medidas concretas para garantizar la seguridad de las comunidades ha perpetuado la violencia y la vulnerabilidad.
El ICP recomienda la adopción de una política de seguridad que combine el uso legítimo de la fuerza con intervenciones sociales y económicas, orientadas a recuperar la legitimidad del Estado en los territorios afectados. Esto incluye:
1. Fortalecimiento de las capacidades de la Fuerza Pública para garantizar el control territorial.
2. Desarticulación de economías ilícitas mediante acciones coordinadas entre instituciones nacionales e internacionales.
3. Protección de líderes sociales y comunidades vulnerables, asegurando la presencia efectiva de la justicia y los servicios básicos.
5. Recomendaciones frente a la política de Paz Total
Ante el evidente deterioro de las condiciones de seguridad y las evidentes deficiencias de la Paz Total, es urgente replantear las estrategias actuales.
Resumen
Es necesario fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para asegurar el control territorial, desarticular estructuras criminales y garantizar su sometimiento a la justicia, contribuyendo así a estabilizar y consolidar las regiones afectadas. Para lograrlo, se requiere articular acciones entre el Gobierno nacional, los gobiernos locales, las comunidades y las autoridades judiciales, con protocolos claros para responder a alertas tempranas de violaciones de derechos humanos.
Se requieren estrategias efectivas para enfrentar la convergencia de redes criminales, con el propósito de anticipar y prevenir la cooptación de las instituciones estatales a nivel territorial. Es prioritario atacar las cadenas de valor y suministro de las economías ilícitas (narcotráfico, extracción ilegal de minerales y el comercio ilegal de oro, deforestación, contrabando, trata de personas, entre otros) a través de intervenciones que impacten sus finanzas. Este enfoque integral debe centrarse tanto en objetivos de alto valor estratégico como en la interrupción de los ciclos de sucesión criminal, con el fin de evitar su regeneración en nuevas estructuras.
Resulta fundamental caracterizar las estructuras criminales desde un enfoque territorial, para diseñar operaciones diferenciales que frenen la violencia y prevengan crisis humanitarias.
Es fundamental identificar las cadenas de valor ilícitas en los territorios más afectados y promover mercados legales mediante inversión en educación, salud y transparencia en industrias vulnerables. Se debe fortalecer la Política de Prevención y Protección de NNA para enfrentar el reclutamiento forzado, mediante la articulación del ICBF, Gobernaciones y Alcaldías, así como campañas de sensibilización y acciones de seguridad respetuosas del DIH y los DDHH.
Por último, se requiere una articulación efectiva entre la Fuerza Pública y el sistema judicial,
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fortaleciendo la Fiscalía y los jueces penales para reducir la congestión y evitar la impunidad. La inversión en inteligencia estratégica y criminal y la promoción de la desmovilización y reincorporación de excombatientes son esenciales para contrarrestar el fortalecimiento de los grupos armados.
Conclusión
La política de Paz Total, aunque bienintencionada en su objetivo de alcanzar la paz mediante el diálogo, ha generado efectos contraproducentes que han agravado la crisis de seguridad en Colombia. El fortalecimiento de los grupos armados ilegales, la expansión de las economías ilícitas y el aumento de la violencia contra la población civil son claros indicadores de las fallas estructurales de este enfoque.
Es fundamental que el Gobierno reevalúe su estrategia, invierta en el desarrollo de capacidades y adopte una política de seguridad integral, que combine el uso legítimo de la fuerza con intervenciones orientadas a la recuperación del control territorial y la protección de los derechos de la ciudadanía. Solo así será posible avanzar hacia una paz sostenible y duradera, basada en la legitimidad del Estado y el bienestar de las comunidades más afectadas por las dinámicas del fenómeno de violencia organizada.
Referencias:
1. Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. 2024. “La política de Paz Total y el recrudecimiento de la violencia en Colombia”.
2. Defensoría del Pueblo. “Informe sobre desplazamiento y confinamiento en Colombia 2023”.
3. Fundación Paz y Reconciliación (PARES). “Expansión territorial de los grupos armados”.
Expresidente de la Republica de Colombia, Doctor Virgilio Barco con el Doctor Óscar Ortiz González, Gestor de la séptima papeleta.
Los colombianos no se van a dejar rapar su Constitución
Doctor Óscar Ortíz González
Gestor de la Séptima Papeleta
Ex Zar Anticorrupción
Ex Secretario de Gabinete del Ministerio de Defensa
Protegemos, desarrollamos y hacemos valer la Constitución del 91: el más grande consenso democrático de Colombia.
En virtud de la discusión planteada por el presidente Petro, desde el pasado 15 de marzo de 2024, sobre: convocar una Asamblea Nacional Constituyente, desatar un proceso constituyente, o plantear un referendo, entre otras opciones; como gestor de la Séptima Papeleta contacté a algunos de los delegatarios inte-
grantes de la Asamblea de 1991, que construyó la Constitución por mandato ciudadano, para efectos de suscribir este escrito de mi autoría.
La Constitución del 91 es el consenso ciudadano, social, político e institucional más grande de la historia democrática de Colombia.
Surgió, en medio del tableteo de las ametralladoras y de carros bomba que atentaban contra todos y que además acabaron con la vida de tres
candidatos presidenciales, de la iniciativa estudiantil denominada: “el plebiscito para el plebiscito por la Constituyente”, publicada por el Movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia el 22 de octubre de 1989 en el periódico El Tiempo, estrategia jurídica, política y de comunicación social que fue pacífica, que no le lastimó la piel a nadie, que congregó al país entero para lograr un encuentro de interlocutores válidos de toda la realidad nacional, por medio de convocatoria y elección directa del pueblo, con el fin de construir colectivamente una Constitución sin vencedores ni vencidos; una Constitución que lo que dijera lo dijera con la voz de todos.
La Constitución del 91 que conformó la ciudadanía con 70 delegatarios, elegidos popularmente en circunscripción nacional, y cuatro por el EPL, el PRT y el Quintín Lame, tuvo una correlación de fuerzas sin antecedentes que contribuyó a la construcción de consensos que se reflejaron tanto en una presidencia tripartita, como en su contenido.
La Constitución del 91 dice cómo somos, cómo queremos ser y contiene una serie de herramientas para recorrer ese camino.
La Constitución del 91 fundamenta, protege y promueve la dignidad humana, el poder ciudadano, la autonomía de las entidades territoriales, el estado social de derecho, la diversidad étnica y cultural, las riquezas naturales y contiene herramientas para luchar por la probidad y contra la corrupción.
La Constitución del 91 es amplia en mecanismos para su reforma porque los multiplica por tres. Al denominado acto legislativo, se le suman el referendo y la asamblea constituyente.
Durante los primeros 33 años de vigencia se han aprobado 60 actos legislativos, vía Congreso. Elocuente cifra que evidencia una flexibilidad, que algunos consideran criticable, pero a la vez desvanece cualquier apelación a la rigidez del texto como descripción o como diagnóstico, por reñir con la realidad.
Durante los dos primeros años del gobierno del presidente Petro, el Congreso ha aprobado tres actos legislativos que reforman la Constitución. Entre ellos, uno, para crear la jurisdicción agraria y rural; y otro, para reconocer al campesinado como sujeto de especial protección.
La Constitución del 91 al incluir, como mecanismo de reforma, la Asamblea Constituyente la concibe como un instrumento de construcción de amplios consensos; no de disminución de los acuerdos logrados, es por ello por lo que exige ley aprobada por mayorías absolutas en las dos cámaras, sentencia de la Corte Constitucional y votación ciudadana por el sí en una proporción superior a la tercera parte del censo electoral, es decir, trece millones y medio de votos aproximadamente.
En la Constitución del 91 el pueblo es soberano. Al residir exclusivamente la soberanía en el pueblo, de él emana el poder público. El pueblo la ejerce en los términos que la Constitución establece. Razón por la cual ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de la soberanía, ni ejercer o suplantar las competencias que no le han sido expresamente asignadas.
Reconocer y respetar el mandato a un presidente no puede implicar el desconocimiento de la voluntad de los electores de los representantes a la cámara y de los senadores que configuran la rama
legislativa del poder público, sino que exige liderazgo argumentativo y capacidad ejecutiva para aplicar las normas vigentes.
Las transformaciones en democracia se trabajan con determinación y serenidad, atendiendo convicciones y propiciando consensos, innovando y respetando el orden jurídico. No respetar la división de poderes o no respetar los derechos políticos fundamentales a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político asalta la Constitución.
El planteamiento según el cual el acuerdo con las FARC es una norma, es un tratado internacional y, en consecuencia, habilita al presidente a convocar por decreto autónomo una constituyente para habilitar su propia reelección o ampliar su actual periodo es un laberinto de redes, soportado en premisas falsas, sin asidero jurídico ni democrático alguno.
Sería, en ese caso, un decreto susceptible de ser suspendido por la Corte Constitucional por ser manifiestamente inconstitucional y poder
producir efectos irremediables o llevar a eludir el control de constitucionalidad.
La reelección únicamente puede ser creada por referendo constitucional de iniciativa popular o por Asamblea Constituyente, según el artículo 197.
Una Asamblea Constituyente por fuera de lo establecido en el artículo 376 suplanta al Congreso, a la Corte Constitucional y al pueblo; configura un golpe de estado.
La Constitución es norma de normas. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Garantizar la eficacia del principio de supremacía constitucional es vital para la supervivencia de la democracia. La democracia necesita ciudadanos.
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
Este texto fue respaldado por los constituyentes del 91 que siguen a continuación: Jaime Castro Castro delegatario por el partido liberal, Gustavo Zafra Roldán delegatario por el partido liberal, Hernando Herrera Vergara delegatario por el partido liberal, Juan Carlos Esguerra Portocarrero delegatario por el movimiento salvación nacional, Carlos Rodado Noriega delegatario por el partido conservador, Angelino Garzón delegatario por el movimiento alianza democrática m19 y ex Vicepresidente de la República, Álvaro Echeverri Uruburu delegatario por el Movimiento Alianza Democrática M19, Antonio Galán Sarmiento delegatario por el partido liberal, y Guillermo Guerrero Figueroa delegatario por el movimiento salvación nacional.
La Constitución del 91 ni nos la impusieron, ni nos la regalaron; ¡la conquistamos! Por eso los colombianos no nos la vamos a dejar rapar.
La JEP discrimina a los militares
Doctor Néstor Raúl Correa Henao
Ex Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP
Introducción
Por gentil invitación de ACORE, se presentan aquí algunas reflexiones sobre los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la Fuerza Pública.
Antes de entrar en materia es oportuno recordar que el conflicto armado en Colombia terminó en una derrota de las Farc y en una victoria de las Fuerzas Armadas y del Estado. Si bien se suscribió por consentimiento bilateral un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, con concesiones recíprocas (entre ellas una justicia light a través de la JEP), el punto es que la guerrilla atacó el régimen durante 50 años y no pudo tomarse el poder. Fracasó en su intento, a pesar de contar con todo el tiempo (medio siglo) y los
recursos (del narcotráfico y el secuestro) para hacerlo. Al final, no fue el Ejército Nacional el que entregó las armas, como tampoco fueron las autoridades las que suscribieron “Actas de sometimiento” para poder reintegrarse a la sociedad; fueron las Farc. Y del hecho de que las Farc no hubiesen sido aniquiladas, no se sigue que esa supervivencia inútil pueda ser vista como una victoria militar: el juego no consistía en sobrevivir sino en tomarse el poder. El punto es que las Farc intentó por 50 años tomarse el poder por las armas y fracasó, porque las Fuerzas Militares se lo impidieron, motivo por el cual desistió de seguir intentándolo y entregó las armas. Esto tan simple y obvio no fue sin embargo advertido por la Comisión de la Verdad ni ha sido valorado lo suficiente por la opinión pública.
Doctor Nestor Raul Correa - Foto: blu radio
Y por una paradoja, el ejército ganador (la Fuerza Pública) es castigado severamente en la JEP, mientras que el ejército perdedor (la guerrilla) es privilegiada en dicha Jurisdicción. El mundo al revés.
A continuación, se abordan cinco puntos orientados a demostrar la discriminación que en la JEP padece la Fuerza Pública colombiana.
Primero: La JEP equipara los delitos de las FARC con los de los militares, sugiriendo que ambos son igual de culpables
Todo asesinato es igualmente reprochable, con o sin ley, con o sin justificaciones mesiánicas: todo homicidio es igual de atroz. Pero, en cifras objetivas, los militares habrían presuntamente matado un número mucho menor de personas que las Farc. Y ni hablar de los otros delitos de la ex guerrilla. Pero se vende la idea de que las Farc son éticamente superiores, por sus presuntos motivos altruistas, lo cual es totalmente inaceptable. Y por esta vía la JEP banaliza los aterradores y numerosos crímenes de las Farc.
En efecto, según el Informe de la Comisión de la Verdad, estas son las cifras sobre los homicidios de las Farc: de un total de 450.664 casos que hubo en el país en 33 años, de 1985 a 2018, las Farc cometieron el 21% = 94.500. Si a esas cifras se les hace una proyección, se podría estimar que las Farc en cincuenta años asesinaron a cerca de 200 mil personas.
Esta cifra resulta del siguiente ejercicio: si en 33 años asesinaron a 94.500 personas, en 50 años que duró el conflicto habría asesinado otras 47.250 (por regla de tres), lo que da un total de 141.750 personas. A ello habría que sumarle los colombianos que las Farc desapareció: si en 33 años despareció a 29.280 personas, en 50 años habría desaparecido otras 14.640 (por regla de tres), lo que da un total de 43.920 personas. Hasta ahí van 185.670 muertos. Y se llega a doscientos mil,
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
no solo por el subregistro de homicidios, que según la Comisión de la Verdad habrían podido ser más de ochocientos mil el total de los muertos, sino también porque el 9% de los homicidios (40 mil) tiene autor desconocido, y en ese número las Farc participa con algún porcentaje.
Desde luego, los asesinatos no pueden calcularse siempre con una regla de tres, por dos motivos: de un lado, porque las intensidades del conflicto no son las mismas en todo momento; de otro lado, porque no siempre las desapariciones forzadas se pueden sumar a los homicidios. No obstante, hay que trabajar con alguna cifra, así sea estimada, pues la exigencia de una cifra exacta pareciera disolver en la nada el número de asesinatos y la culpa. Algo así como esto: “puesto que el dato no es científico, las Farc no tienen responsabilidad”. Eso es inaceptable. En este sentido, el Informe
Lósif Stanlin Mao Zedong
Vladímir Lenin Pol Pot
de la Comisión de la Verdad pone un punto de partida, un mojón indiscutible: en el 66% del tiempo que duró el conflicto, a las Farc le comprobaron 94.500 homicidios y 29.280 desaparecidos; y el propio Informe advierte que hay un subregistro de muertes cercano al cincuenta por ciento.
Entonces distintos ejercicios de proyección de cifras podrían conducir a estimar que las Farc a lo largo de su existencia mataron a cerca de 200 mil colombianos.
Se trata de una cifra aterradora, que ubica a este grupo guerrillero entre los mayores asesinos del último siglo. Si se ingresan los números de las Farc al abominable ranking de los mayores depredadores humanos en este período, que resulta de los estudios de Courtois, Werh, Panné, Paczkowki, Bartosek y Margolin, así como de Jiménez Losan-
tos, la guerrilla colombiana quedaría en la octava posición, o sea que integra el “top 10”. En efecto, el ranking de homicidas quedaría así:
1. Stalin: 42 millones
2. Mao: 21 millones
3. Chan Kai Chek: 6 millones
4. Hitler: 5 millones
5. Lenin: 2 millones
6. Pol Pot: 2 millones
7. Tito: 1 millón
8. Las Farc 200.000
La JEP entonces no ha cumplido con la esencia del mandato de una justicia “simétrica”, como dice el Acuerdo de Paz, sino que ha metido en el mismo saco a la Fuerza Pública con las Farc, para “quedar en tablas”, lo cual termina siendo una discriminación para los militares. La narrativa que circula es que los de las Farc “son casi como los otros, es más, son menos malos que los otros porque tenían una motivación política”.
Fruto de esta injusta equiparación, en el imaginario colectivo son más graves los supuestos 6.402 falsos positivos de los militares (cifra sin confirmar judicialmente, ni siquiera por la propia JEP, pero es la que se cita), que los 200 mil asesinatos de las Farc. Eso es ridículo.
Y además se esgrime esta insostenible excusa: que las Farc no tenían que cumplir una Constitución y los militares sí, como si las Farc fuera “idiotas morales”, para emplear la terminología de Bilbeny.
De esta forma, la JEP banaliza la responsabilidad de un grupo integrante del top 10 de los asesinos del último siglo: de las Farc.
Segundo: La Fuerza Pública es juzgada con una lógica absurda y severa y la guerrilla es juzgada con una lógica institucional y benévola
Chan Kai Chek
Adolf Hitler
Josip Tito Las Farc
Primero, en los procesos contra los oficiales de la Fuerza Pública la forma de razonar de la JEP suele ser la siguiente:
Contexto del conflicto armado + patrones de macrocriminalidad + hechos ilícitos + mando = culpable
Se trata de una forma de edificar una argumentación totalmente absurda en materia penal, en donde responsabilidad debe ser personal y concreta, exentas de toda duda. Lo que se ve en cambio en los autos que ha proferido la JEP a través de su “Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas” es un sofisma, o sea de un argumento que parece válido y verdadero, pero que, en realidad, es inválido y oculta intencionalmente un error.
El error consiste en que no siempre una cosa, que es cierta, conduce a la otra, que ya no es cierta, como se aprecia en el siguiente ejemplo, aplicado al acoso laboral que se presenta en la misma JEP:
Un magistrado de la JEP se desenvuelve en un “Contexto de acoso laboral” (cierto), en el que hay “patrones de acoso laboral” (cierto), en el cual se han presentado “hechos ilícitos” de acoso (cierto) y él tiene “mando” (cierto), por tanto, el magistrado es “culpable” (no es cierto, o al menos casi nunca).
Ahí está el absurdo error en la argumentación, el sofisma, que da cuenta de un prejuicio o prejuzgamiento contra los militares, de una persecución, que obviamente viola la presunción de inocencia y el debido proceso. Se trata de una injusticia inmensa y grave.
Segundo, en los procesos contra el Secretariado de las Farc la forma de razonar de la JEP suele ser la siguiente: se tramitan procesos por temas (secuestro), contra todos ellos a la vez (el Secreta-
Foto: revistaciendiascinep.com
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
riado), en los que asumen “en combo” la responsabilidad y piden perdón “en nombre de las Farc”, como si se tratase de una culpa institucional.
Esa culpa burocrática fue denunciada por Arendt en los procesos contra los nazis, lo cual la condujo a acuñar su famosa frase “la banalización del mal”.
Esta forma institucional de procesar a las Farc es benevolente con los ex guerrilleros, pues “les sale muy barato” el proceso por un delito sistemático y cruel, que raya en la esclavitud, como es el secuestro.
Y ese tratamiento “asimétrico” que da la JEP a sus procesados viola el principio de igualdad y discrimina a los militares.
Tercero: Los procesos que adelanta la JEP tienen un distinto impacto simbólico
Los procesos que tramita la JEP han tenido un diferente impacto simbólico: a la izquierda, la nombran para no juzgarla; y a la derecha, al nombrarla, la juzgan.
En efecto, de un lado, los procesos contra la guerrilla simbolizan el ingreso de ésta a la institucionalidad, como quien recibe el sacramento del bautismo (también simbólico), lo cual es motivo de celebración en el espectáculo social. Un sector del país pareciera entender que a la izquierda la citan al proceso para “salir de eso”, que con eso paga, y ya ni siquiera se hace necesario juzgarla. Eso explica por qué las Farc han salido fortalecidas después de las audiencias en la JEP, ya que se genera la idea de que había tenido el valor de reconocer sus crímenes (corporativos). Ese supuesto coraje ha tenido un despliegue mediático más importante que los crímenes en sí mismos. Mejor dicho, después de declarar ante la JEP, el antiguo Secretariado de las Farc salía para el Congreso o para su casa, como si nada. Por poco se sale a
deberle: algunos llegaron al extremo de referirse a las Farc como víctimas.
Además, a la guerrilla una sanción institucional la tiene sin cuidado, pues sus militantes siempre estuvieron al margen de la ley y de la institucionalidad; no les molesta que la sancione un Estado que nunca reconocieron y que quisieron destruir.
Se trata en todo caso de un peaje muy barato para purgar todo el horror que las Farc propiciaron, que hizo regresar a la humanidad a la época de las cavernas. Impunidad pura y dura.
De otro lado, a la derecha, al nombrarla, la juzgan de una vez, generando una indignación tal, que la persona queda ya condenada. En efecto, los militares en particular pertenecen a la institucionalidad y han prestado un servicio al país cimentado en el honor, de suerte que una comparecencia ante la JEP es el acabose para ellos; con su solo juzgamiento (sin necesidad de esperar la sentencia) reciben de inmediato una sanción social, un retiro del servicio, un rechazo familiar y una capitis diminutio
Para los militares el solo hecho de comparecer ante la JEP, sin necesidad de esperar la sentencia, constituye una letal sanción social, un retiro del servicio, un rechazo familiar, una pérdida del empleo y una mancha en su hoja de vida: el mundo se les acaba. Tienen que sacar los hijos del colegio y en los clubes sociales ya no son bienvenidos. La vida se derrumba. Para los militares, como anota Giorgio Agamben, “la verdadera pena es el juicio”.
A los militares que por antigüedad les correspondía ascender, basta que “tu nombre está ya listo temblando en un papel”, como dice el poema de Otero, para que el gobierno no los llame a curso de ascenso.
Ahora bien, la JEP no puede ignorar el resultado de sus gestiones, es decir, el diferente impacto simbólico de los procesos. Pero lo hace.
Incluso algunos militares inocentes se ven presionados para aceptar los cargos que le imputa la JEP, así sean falsos, con el fin de obtener una sanción benévola y evitar una pena de prisión. Así mismo, la JEP promueve que oficiales de bajo rango y soldados delaten a sus superiores, para obtener un beneficio procesal, práctica que no opera con las Farc.
La JEP con esta manera discriminatoria de actuar se presta para terminar siendo el espacio del resentimiento social judicializado, el espacio de la venganza social organizada en procesos.
Cuarto: Las víctimas de las FARC no serán indemnizadas, como si no fueran importantes, mientras que las víctimas de los militares sí serán reparadas
Las víctimas de las Farc no verán un peso en la JEP, porque allí no hay reparaciones dinerarias, por expresa disposición de las normas (las Farc no van a indemnizar a nadie porque así lo señala el Acuerdo de Paz, punto 54, literal d). En su lugar, las víctimas tendrán reparaciones colectivas simbólicas, como una placa o una palmadita en la espalda o algo así.
En cambio, las víctimas de la Fuerza Pública conservan el régimen común de la responsabilidad civil extracontractual del Estado, de manera que podrán recurrir a los jueces para solicitar su reparación. De hecho, así ha sucedido y hoy son muchas las demandas contra el Estado por este concepto, por cuantías que en total suman varios billones de pesos.
Esta diferenciación en el tratamiento de las víctimas no es neutra, sino que transmite un men-
saje: que los crímenes de las Farc no fueron algo grave, al punto que no vale la pena repararlos, en cambio los delitos de los agentes del Estado sí son gravísimos, al punto que hay que indemnizarlos.
Es un nuevo ejemplo de discriminación y de ausencia de justicia simétrica, pues en la JEP hay víctimas clase A y víctimas clase B.
En realidad, en ambos casos debería existir reparación de los perjuicios, en montos razonables (acordes con el espacio fiscal del país).
A propósito de reparaciones, ha pasado desapercibido el inmenso daño económico que las Farc ha ocasionado al país. En efecto, el conflicto armado interno ralentizó el crecimiento de la economía colombiana, la inversión, el empleo, la tributación y el bienestar. Al cabo de 50 años de muerte, violencia y destrucción de riqueza, se impactó la inversión, se incrementaron los costos de transacción y aumentó el deterioro del capital humano. Según Salomón Kalmanotivz, se calcula que el costo de contener la violencia en Colombia equivalía a cerca de 11% del PIB en 2014, la mitad de los cuales eran gastos en seguridad del gobierno y de los agentes privados, y la otra mitad tiene que ver con el aumento de homicidios y el crimen violento, las muertes directas que ocasiona el conflicto, los gastos en cárceles, el costo para la propiedad pública y privada y costos asociados a la pérdida de seguridad interna. Ana María Ibáñez añade que el conflicto afectó la producción agrícola: las agresiones directas a la población y la violencia, la incertidumbre y el miedo que genera vivir en medio del conflicto y la imposición de reglas por parte de los grupos armados aumentan los costos productivos y obligan a los hogares a modificar sus decisiones de producción. Algunos estudios sugieren que cada colombiano padeció un daño económico por culpa de las Farc de cuatro millones de pesos. En todo caso fue descomunal el daño económico que las Farc le hizo a Colombia, y que no va a reparar.
Quinto: La JEP trata mejor a las víctimas del estado que a las víctimas de las FARC
Ya en el curso de los procesos, la JEP trata mejor a las víctimas de las Fuerzas Militares que a las víctimas de las Farc; por ejemplo, muchas víctimas de secuestro de la guerrilla han preferido no comparecer ante la JEP, porque allí no les dan espacio, como lo testimonia Fevcol. En cambio, a las víctimas de las Farc la JEP las prepara en talleres con sicólogos el día anterior a la audiencia, para suavizarle el espectáculo a los exguerrilleros, instrumentalizando así a las víctimas.
La JEP se creó con la idea de poner a las víctimas en el centro del debate; pero, como anota Paula Andrea Valencia, de Dejusticia, en escrito publicado en La Silla Vacía, los criterios de la JEP para escoger a las víctimas que participan en sus audiencias “son demasiado subjetivos… las víctimas que son seleccionadas son aquellas que se ajustan a un tipo ideal de víctima… aunque la Jurisdicción prometió cambiar la percepción de despersonalización que caracteriza a la justicia ordinaria y poner en el centro a las víctimas, terminó cultivando un sentimiento de favoritismo”.
Conclusión
En los cinco capítulos anteriores se ha pretendido demostrar que la JEP discrimina a la Fuerza Pública colombiana y privilegia a las Farc. El tratamiento no es simétrico, sino sesgado, ideologizado.
Esa discriminación a la Fuerza Pública ha profundizado la polarización en Colombia. La JEP, en vez de unir, contribuye a fracturar más la sociedad.
¿Qué hacer frente a esto? Por qué no explorar un diálogo entre todos los sectores, orientado a buscar consensos sobre la manera de garantizar un tratamiento diferencial y equitativo para los militares, en una justicia sin discriminaciones ni sesgos ideológicos.
Algunos, como el Comisionado de Paz y como Yesid Reyes, han sugerido pensar en diversas soluciones alternativas, como por ejemplo suprimir la JEP y crear un tribunal nuevo que se fusione con Justicia y Paz y que, al tiempo que sea eficiente, no discrimine a la Fuerza Pública. Otras soluciones son posibles. Pero en todo caso es hora de que se tomen medidas en este tema tan sensible para el país.
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Más
allá de los cuarteles: El
rol
estratégico de la Reserva frente a la amenaza de la desinformación
Coronel Profesional de la Reserva Rocío Cruz Arias Comunicadora Social y Analista de REAL
En la era digital, donde las redes sociales y los medios virtuales monopolizan el acceso a las comunicaciones, la desinformación se ha consolidado como una de las amenazas más insidiosas para la democracia. En Colombia, este fenómeno ha encontrado un terreno fértil en la manipulación del sistema de reparación de víctimas, exponiendo las vulnerabilidades institucionales y erosionando la
legitimidad de entidades clave como la Fuerza Pública. El informe de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) de enero de 2022 reveló la magnitud de este problema, identificando más de 44.500 falsas víctimas, lo que refleja no solo el alcance del fraude, sino también la sofisticación de las narrativas de odio que buscan desestabilizar la cohesión social y minar la confianza en las instituciones.
Este artículo explora cómo la desinformación y el fraude operan como herramientas estratégicas en la guerra híbrida, utilizando la manipulación mediática para influir en la percepción pública y debilitar la reputación institucional. Analizar esta práctica siniestra implica comprender a sus patrocinadores, su estructura, los mecanismos de producción y difusión de información falsa, así como su impacto en el tejido social. Incorporar el combate a la desinformación como parte integral de la doctrina institucional no es solo una necesidad, sino un imperativo estratégico para proteger la legitimidad de las Fuerzas Armadas y garantizar la estabilidad democrática. Este documento invita al lector a reflexionar sobre la profundidad del problema y la urgencia de desarrollar respuestas efectivas ante una amenaza que, lejos de ser abstracta, afecta directamente el futuro del país.
Desinformación: Arma estratégica en el conflicto colombiano
Por décadas, actores delictivos como las FARC y el ELN identificaron en las denuncias fabricadas una herramienta estratégica para deslegitimar a las Fuerzas Armadas y erosionar la confianza pública en las instituciones estatales. Estas tácticas, frecuentemente apoyadas por organizaciones no gubernamentales (ONG), se sustentaron en testimonios y testigos falsos, lo que permitió detener operaciones militares, desviar recursos estatales y debilitar el apoyo internacional a las instituciones colombianas. Durante la década de los noventa, esta estrategia se consolidó como un esquema multimillonario de baja exposición, debido a las dificultades de verificación en el terreno, lo que facilitó el aprovechamiento ilícito de programas de reparación y asistencia.
Con el auge de las redes sociales, la conexión entre las falsas denuncias y la desinformación alcanzó una nueva dimensión, ofreciendo un canal para viralizar con gran rapidez y alcance narrativas manipuladas. Un caso paradigmático es el de la masacre de Mapiripán, inicialmente pre-
sentado como un ejemplo de abusos estatales. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron la falsedad de varias de las supuestas víctimas, dejando en evidencia la vulnerabilidad del sistema de reparación estatal y la facilidad con la que las instituciones podían ser defraudadas mediante la manipulación mediática. Este fenómeno resalta cómo la desinformación, utilizada como arma estratégica, ha transformado el conflicto en Colombia, impactando no solo la percepción pública, sino también el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones del Estado.
El negocio de las falsas víctimas: Un caso alarmante
Según la UARIV, hasta el 1 de enero de 2022 se detectaron 44.560 falsas víctimas, correspondientes a 8.014 declaraciones fraudulentas. Durante el gobierno de Iván Duque, la Unidad implementó una estrategia antifraude que identificó 5.523 declaraciones en proceso de indagación administrativa, involucrando a 31.369 personas. Es de resaltar que el 92% de las declaraciones excluidas se presentaron en la ciudad de Santa Marta, para un total de 79.2% de los casos. (Unidad para las Víctimas, 2022).
Según el informe, la mayor concentración de los hechos se dio en la ciudad de Santa Marta, los municipios de Fundación, El Retén, Aracataca y Ciénaga, junto con Cartagena, Valledupar, Barranquilla, Riohacha y Bogotá D.C. Más de 3.000 procesos estaban activos en la Fiscalía y se lograron 45 capturas nacionales, recuperando $71.472.917 pesos que habían sido pagados por falsas reclamaciones originalmente a las víctimas (Unidad para las Víctimas, 2022). El impacto de este fraude no solo reside en el desvío de recursos, sino en la pérdida de credibilidad en el sistema de reparación.
El emblemático caso de la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, expone una de las mayores manipulaciones del sistema de reparación de víctimas en Colombia. Inicialmente, la Corte Inte-
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado colombiano por la masacre perpetrada por paramilitares en Mapiripán, Meta, y ordenó indemnizaciones para los familiares de las víctimas. Sin embargo, años después se descubrió que al menos 10 de las víctimas reconocidas nunca existieron, y otras no estaban relacionadas con los hechos. La ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que representó a algunas de las falsas víctimas aparece como facilitador, según informes, para que las personas involucradas en el fraude recibieran cerca de $3.400 millones de pesos en indemnizaciones.
Tras investigaciones, se ordenó la devolución del dinero por parte de los implicados, aunque el monto recuperado fue mínimo, ya que muchos fondos ya habían sido gastados o no se rastrearon completamente. El CAJAR devolvió los honorarios relacionados con el caso de Mariela Contreras, una de las falsas víctimas, pero no asumió responsabilidad directa por el fraude.
Queda confirmado entonces cómo los resultados de estas prácticas, antes de ser verificados, quedan encapsulados para ser utilizados como “munición narrativa” para los nuevos medios de comunicación -léase redes sociales-. Las imágenes y testimonios asociados al caso aún son amplificados por plataformas digitales, que utilizan actores interesados para reforzar la percepción de impunidad y complicidad estatal y así erosionar la confianza de la sociedad en contra la Fuerza Pública.
Redes sociales y desinformación: El ampli-ficador digital
El auge de las redes sociales ha llevado la estrategia de desinformación a nuevas alturas. Algoritmos de recomendación diseñados para priorizar contenido que genere interacción amplifican las narrativas sensacionalistas, incluidas las noticias falsas y los testimonios manipulados. Esto crea cajas de resonancia donde los usuarios reciben información alineada con sus creencias, hoy fácilmente detectable, dificultando el acceso a la valo-
ración y verificación objetiva de cualquier hecho. Un ejemplo contundente se dio durante el “estallido social” en Colombia en 2021, en el que se identificaron campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública a través de redes sociales. Investigaciones revelaron que una cantidad significativa de cuentas automatizadas, conocidas como bots, fueron utilizadas para influir en las narrativas relacionadas con las protestas. Un informe de la Fundación Vortex titulado “Análisis de tendencias y narrativas en Twitter durante el paro nacional en Colombia”, señaló que una parte considerable de estos bots operaba desde Venezuela y otros países. El estudio analizó patrones de comportamiento en Twitter y detectó la creación y difusión de contenido destinado a amplificar ciertas narrativas y polarizar la opinión pública.
Además, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la organización Linterna Verde realizaron investigaciones que corroboraron la existencia de redes de desinformación activas durante el paro nacional. Estos estudios destacaron cómo actores externos utilizaron plataformas digitales para influir en la percepción de los eventos en Colombia.
Las más perjudicadas en este caso fueron las Fuerzas Armadas, ya que su imagen se vio gravemente afectada por contenidos viralizados que no solo presentaban denuncias cuestionables, sino que también contribuyeron a polarizar a la sociedad y a generar desconfianza hacia esta institución.
Entre 2004 y 2024 la percepción de favorabilidad hacia la Fuerza Pública de Colombia ha evidenciado fluctuaciones significativas, reflejando no solo sus logros operativos, sino también su vulnerabilidad frente a los ataques desinformativos que han impactado directamente su legitimidad. Casos emblemáticos y estrategias de manipulación mediática han demostrado cómo la desinformación puede erosionar la confianza pública y polarizar a la sociedad, afectando gravemente
la imagen de una institución que, aunque fundamental para la estabilidad del país, ha carecido de previsión y estrategia en el manejo de estos desafíos. Este análisis destaca los puntos críticos y los aprendizajes necesarios para enfrentar las amenazas actuales.
El análisis de la favorabilidad de las Fuerzas Militares de Colombia en las últimas dos décadas revela fluctuaciones significativas, marcadas por eventos políticos, operativos y sociales que han impactado directamente su imagen institucional y su activo reputacional. El punto más alto de favorabilidad, según la gráfica, alcanzó un 78% en el primer semestre de 2006, momento que estuvo asociado con operaciones militares exitosas como Jaque, fortaleciendo la percepción de efectividad y compromiso por parte de la Fuerza Pública. En contraste, el nivel más bajo registrado se da en el segundo semestre de 2021 con un 50%, el cual se
produjo por el manejo controvertido del estallido social, caracterizado por denuncias de violaciones a los derechos humanos y un clima de polarización bajo consignas como “nos están matando”. Este periodo de crisis coincide con el auge de las redes sociales como un campo estratégico para la difusión de falsas narrativas, muchas de las cuales fueron diseñadas como campañas de desinformación. Investigaciones señalaron que una cantidad significativa de estas “noticias” fue promovida por organizaciones internacionales, presuntamente financiadas por gobiernos extranjeros, con el objetivo de debilitar la institucionalidad colombiana y afectar la percepción pública sobre la Fuerza Pública Este fenómeno subraya la importancia de desarrollar estrategias integrales para contrarrestar la desinformación, proteger la reputación institucional y fortalecer la confianza ciudadana.
Estrategias para enfrentar la desinforma-ción y el fraude
La primera es una respuesta coordinada y proactiva que integre líneas de acción contundentes. Es imperativo implementar sistemas avanzados
de monitoreo de redes sociales que permitan detectar en tiempo real las tendencias de desinformación y responder eficazmente antes de que las narrativas falsas se consoliden. Paralelamente, la alfabetización digital debe convertirse en una prioridad nacional, educando a los ciudadanos para que puedan identificar y cuestionar la información engañosa, y contrarrestando así la proliferación de noticias sensacionalistas.
Asimismo, la transparencia y la confianza en el sistema de reparación de víctimas deben ser restauradas mediante la mejora de los mecanismos de verificación y la implementación de procesos más robustos para evitar fraudes. Por último, la colaboración internacional se presenta como una necesidad estratégica: trabajar con plataformas digitales y actores globales no solo para regular la difusión de desinformación, sino también para establecer estándares comunes que fortalezcan la lucha contra este fenómeno. Estas acciones, integradas en una estrategia nacional, no solo enfrentan la desinformación como arma de guerra, sino que también protegen el activo reputacional de las instituciones y aseguran la estabilidad democrática de Colombia.
En conclusión, comprender la desinformación como arma estratégica de la guerra híbrida, representa un desafío monumental para la estabilidad democrática y la legitimidad de las instituciones en Colombia. Su impacto, evidenciado en la manipulación de narrativas y en el debilitamiento del sistema de reparación, demanda una respuesta coordinada y multidimensional que trascienda los muros de los cuarteles. En este contexto, la Reserva de la Fuerza Pública tiene un papel crucial que desempeñar. Su experiencia, conocimiento estratégico y compromiso con los valores institucionales la posicionan como un actor clave para enfrentar esta amenaza.
Desde afuera, la Reserva Activa es más poderosa ya que puede liderar esfuerzos para identificar,
contrarrestar y neutralizar las estrategias de desinformación, actuando como un puente entre las instituciones y la sociedad civil. Su preparación no solo le permite comprender las complejidades de las nuevas guerras informativas, sino también movilizarse en los espacios digitales, sociales y políticos donde estas se libran. Ahora más que nunca, su misión de salvaguardar la integridad de la Nación requiere adaptarse a estas dinámicas emergentes, utilizando su sabiduría y capacidad de influencia para proteger la reputación institucional y fortalecer la cohesión social.
La Reserva Activa no es un recurso del pasado; es una fuerza estratégica que, en el presente, puede contribuir decisivamente a garantizar la soberanía, la legitimidad institucional y la estabilidad del país en un entorno donde las batallas ya no solo se libran con armas, sino con narrativas y percepciones. Su servicio es más necesario que nunca en este nuevo escenario de las guerras híbridas, donde el conocimiento y la preparación son las herramientas más poderosas para garantizar la seguridad y la defensa nacional.
Fuentes y citas de soporte:
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). (2022). Informes, proyectos y planes. Recuperado de unidadvictimas. gov.co
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). (2005). Caso Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Recuperado de corteidh.or.cr
Cuadro Favorabilidad de las Fuerzas Armadas de Colombia (IA ,2024) (e,g., basado en análisis de tendencias históricas y datos disponibles en informes públicos)
Fundación Vortex. (2021). Análisis de tendencias y narrativas en Twitter durante el paro nacional en Colombia.
Semana. (2022). Denuncias fraudulentas en el sistema de víctimas. Recuperado de semana.com
Veterano, ¿sabías que existe una Dirección especialmente para ti?
Doctora Nataly Andrea Méndez Briñez
Directora de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (E)
La Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI) se creó el 30 de diciembre de 2021, como una dependencia del Viceministerio de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED), del Ministerio de Defensa Nacional.
En Colombia, los veteranos de la Fuerza Pública son hombres y mujeres recordados por haber dedicado su proyecto de vida al servicio de su país en las instituciones castrenses y polipasan a conformar los diferentes escalofones dispuestos por la Ley.
En el 2019, se sancionó la Ley 1979 o Ley del Veterano, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los Veteranos de la Fuerza Pública y se dictan otras disposiciones. Esta Ley confirió un título de dignidad a los miembros de la Fuerza Pública que por diferentes situaciones ciales bajo los preceptos consagrados en la Constitución Nacional; estos colombianos ingresan en su juventud a las diferentes escuelas de formación y una vez culminan su preparación
Instalaciones de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Exclusiva en Bogotá.
o por efecto del relevo generacional pasan al retiro o son pensionados por invalidez y estableció que grupos poblacionales reciben esta distinción.
La citada norma establece cuales deben ser los actos de reconocimiento público para esta población, crea una serie de beneficios y crea dos entes de gran importancia como son el Consejo Nacional de Veteranos conformado por nueve representantes, constituyéndose en el organismo de interlocución de esta población con el gobierno nacional y creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral al Veterano (CIAIV) conformada por diez ministerios y 5 entidades de orden nacional.
Producto de un proceso de reestructuración de la estructura organizacional del Ministerio de Defensa desarrollado en el año 2021, da como resultado dos cambios relevantes para los veteranos como son por una parte la retitulación del
Viceministerio del Grupo Empresarial del Sector Defensa que a partir del 30 de diciembre de 2021 paso a titularse el Viceministerio de Veteranos y del GSED y además creó la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (DIVRI), conformada por tres grupos misionales: Veteranos, encargado de garantizar la implementación de la Ley 1979 de 2019; Rehabilitación Inclusiva, responsable de la conformación y desarrollo de los planes y programas estructurados para la inclusión y de esta manera contribuir de manera efectiva al bienestar de la población establecida por la Ley y el grupo de Prestaciones Sociales, que tiene como responsabilidad la gestión de siete trámites de reconocimiento de derechos pensionales y prestacionales para los miembros de las Fuerzas Militares que adquieren una pérdida de su capacidad psicofísica para actividad militar superior al 50 % o de los familiares de quienes pierden la vida en actividad.
La DIVRI cuenta con una infraestructura confortable e inclusiva al servicio de los grupos de valor y al interior de cada una de las rutas se han establecido una serie de planes y programas liderados por un equipo de profesionales interdisciplinarios prestos a brindar su conocimiento y experiencia para contribuir a mejorar las condiciones de vida de los veteranos y demás grupos de valor establecidos por la Ley.
A continuación, enumeramos algunos de los logros alcanzados como son:
1. Realización de los Diálogos Regionales para la elaboración de una agenda pública en beneficio de los veteranos, que dio origen a la elaboración e implementación de la Política Integral de Atención del Veterano.
2. Estructuración, aprobación y adopción de la Política de Atención Integral al Veterano de la Fuerza Pública 2023-2027, como una política sectorial de bienestar para los Veteranos.
3. Incremento del 58% de Veteranos acreditados en el Registro Único de Veteranos RUV al llegar a 52.623 veteranos acreditados de acuerdo con lo establecido en la Ley 1979.
4. Incremento de los recursos para el Fondo de Educación superior para Veteranos en un 681% al destinar $ 13.571.397.600.00, suma que permitió gestionar dos convocatorias y lograr la aprobación y adjudicación de 153 créditos condonables hasta en un 90 % por parte del ICETEX, entidad que administra este Fondo; con esta nueva asignación de créditos acumulamos un total de 246 Veteranos beneficiados.
5. Primera Participación en los Juegos Invictus y otras actividades con la Fundación Invictus. Colombia paso a ser parte de la Fundación Invictus a partir de 2022; esta fundación fue creada por el príncipe Enrique de Inglaterra para contribuir con la recuperación de los
miembros de las Fuerzas Armadas que durante su servicio resultan lesionados o adquieren enfermedades graves.
Colombia logra participar por primera vez en la versión Invictus Games 2023 en Dusseldorf, Alemania con una delegación de 20 deportistas y un equipo médico acompañante, en las que se compitió en siete disciplinas deportivas obteniendo un total de 54 medallas. Además 108 Veteranos con discapacidad han participado en eventos deportivos a nivel nacional e internacional diferentes a los juegos Invictus.
6. A través de la gestión de cooperación internacional y el apoyo por parte de la oficina de INL de la Embajada de los EE. UU. de Norteamérica en Colombia a través de la Coordinación del Programa de Asistencia a Sobrevivientes (SAP, por sus siglas en inglés) se logra el apoyo de los tiquetes aéreos para la delegación que participó en los juegos en Alemania, uniformes, curso de inglés, seguros médicos para la delegación y dotación de elementos deportivos para la DIVRI con un valor superior a los 500.000 dólares.
7. Entregar viviendas de interés prioritario en especie a Veteranos con discapacidad a 89 Veteranos con discapacidad que no habían tenido acceso a un subsidio de vivienda con un aporte del ministerio de Defensa de $ 10.413.000.000 de pesos, y un subsidio de $117.000.000 para cada uno de ellos.
8. Enaltecer la labor de los veteranos de la Fuerza Pública a través de la conmemoración del día cívico del veterano durante los años 20222023-2024 en 21 ciudades, contando con la asistencia de más de 12.500 Veteranos y reconociendo a 444 de ellos.
9. Realización del Primer Congreso Nacional de Veteranos el 1 de noviembre de 2024 con la asistencia presencial de más de 300 veteranos.
10. Beneficiar durante los dos últimos años a 4.592 veteranos y otras y otras poblaciones establecidas por la Ley a través de la oferta de servicios de la DIVRI en los que se promueve el bienestar psicosocial, el uso adecuado del tiempo y la resignificación del proyecto de vida, espacios de participación social, preparación para su vida laboral etc.
11. Mediante la estrategia educativa de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), y sensibilizaciones experienciales en discapacidad se logra sensibilizar a 78.028 miembros de la Fuerza Pública, Veteranos y Beneficiarios de la Ley 1979, en prevención y atención integral en Discapacidad durante los años 2023 y 2024, frente a los 53.565 sensibilizados durante los años 2021 y 2022.
12. Se logró capacitar y actualizar a 521 profesionales de las áreas de Ciencias de la Salud y Ciencias Humanas que trabajan en el sector Seguridad y Defensa en procesos de atención integral para personas con discapacidad bajo el enfoque de capacidades mediante la realización del 1° seminario internacional de inclusión y discapacidad realizado el 30 y 31 de mayo de 2024.
13. Se logró caracterizar un total de 1.163 veteranos emprendedores en todo el territorio nacional, lo que permite identificar sus necesidades, intereses y potencial emprendedor. De estos se ha presentado a 11 emprendedores ante el Sena Fondo Emprender con el fin de postularlos para análisis de proyecto y posterior convocatoria de capital semilla.
14. El Ministerio de Defensa lideró la modificación constitucional que garantiza mayor seguridad jurídica al pago de la Mesada 14. Esta iniciativa también permitió que el personal civil pensionado bajo el régimen especial del Decreto 1214 de 1990 vuelva a recibir este
beneficio, Esta Ley favorece a más de 244.000 familias de la Fuerza Pública y ahora a los civiles al servicio del Ministerio de Defensa que tienen una pensión.
15. Fue sancionado por el Presidente de la República el decreto ley por el cual se reajusta la pensión de invalidez del personal de soldados voluntarios de las Fuerzas Militares, este Decreto beneficia a cerca de 1.200 familias de los veteranos que se encuentran pensionados por Invalidez y cuyas lesiones fueron adquiridas como consecuencia de heridas causadas por acciones terroristas y en tareas de restablecimiento del orden público.
Por esto y más acciones que se puedan generar, es importante que como veteranos de la Fuerza Pública, se encuentren unidos y que trabajemos mancomunadamente en un solo objetivo: integrar a los veteranos del país, con asociatividad y experiencias que nutran una cultura veterana.
Aprovecho también este espacio, para desearles felices fiestas navideñas en compañía y regocijo de sus familias, que por tanto tiempo esperaron en casa su regreso y hoy, pueden compartir con ustedes estas festividades.
Fragatas Misileras 40 años
Vicealmirante (R) Luis Alberto Ordóñez Rubio
Ph.D. y miembro de ACORE
Corría el año de 1984, cuando se recibió e incorporó a la Flota Naval Colombiana la cuarta y última corbeta de la serie FS 1.5001, clase ARC “Almirante Padilla”. Conspunta, marcaron un hito de modernización y fueron parte de la que se podría denominar “tercera revolución tecnológica naval”, la cual inició con el Plan Tritón, a inicios de los años 70s, y que permitió adquirir la capacidad submarina nacional, continuó en 1980 con la construcción e incorporación de los buques oceanográficos y se complementó con las corbetas misileras y su capacidad aeronaval; daba la Armada Nacional de Colombia, ARC, un salto tecnológico impresionante y quedaba en uno de sus mejores momentos operativos. Con el presente artículo se quiere resaltar el aniversario número 40 de tan importante hito y dedicar las siguientes truidas en el astillero Howaldtswerkw Deutsche Werft de Kiel, Alemania, HDW, por encargo del gobierno nacional, estas excelentes unidades, dotadas con tecnología de
1. Cuando Colombia adquirió las unidades se les denominó Corbetas Misileras, su desplazamiento contractual era de 1.500 toneladas; años después, de acuerdo con sus capacidades de armas y por su desplazamiento real de 2.000 toneladas, se les cambió la denominación a Fragatas Misileras.
líneas para destacar los cambios, no solo en el material naval, sino en la cultura, el conocimiento y profesionalización de sus hombres y mujeres; cambios que impactaron a la institución y al país hasta nuestros días.
El estado de la flota naval y las pretensiones territoriales
Para finales de la década de los 70s, el material naval estaba bastante desactualizado, buques antiguos que no daban las condiciones necesarias
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para garantizar la seguridad y la defensa nacional en los mares. Se sumaba a esta situación las pretensiones de Nicaragua con relación a nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las islas menores; todo un tesoro, no solo por su belleza natural, sino por lo que representa en generación de la zona económica exclusiva; como quien dice la porción del océano y del subsuelo que puede ser explotada económicamente en favor de la Nación.
Nicaragua, de manera unilateral y totalmente arbitraria, el 4 de febrero de 1980, decidió desconocer el tratado Esguerra Bárcenas de 1928, el que determina la propiedad soberana de Colombia sobre el archipiélago; algo absolutamente ilegal, pues los tratados, una vez firmados y ratificados, no pueden ser desconocidos por ninguna de las partes. Ese momento, sin lugar a duda, debió ser preocupante para el gobierno de la época y, más aún, para la Armada Nacional.
El Plan Neptuno
Una vez el gobierno colombiano, previa la importante gestión de la cúpula naval de la época, decidió adquirir nuevos buques, la ARC organizó el plan Neptuno, con el fin de llevar a cabo el proyecto. Era absolutamente complejo y requería de todas las capacidades de la institución.
El Plan se generó desde el Departamento 6, Proyectos Especiales de la época, y requirió la conformación de una Comisión Inspectora, en sitio, para la supervisión de la construcción de los buques; prestantes oficiales y suboficiales, con preparación en Colombia y en el exterior, la conformaron y fueron pieza fundamental para alcanzar los altos estándares requeridos. Con el plan de las corbetas, se tuvo a más de cuatrocientos cincuenta oficiales y suboficiales en Europa, pues además de las tripulaciones se entrenó personal para mantenimiento y soporte en tierra.
Para el autor del presente artículo, como tripulante de la cuarta corbeta, el ARC Independiente, la vivencia es la que se narra a continuación y es un homenaje a la Armada Nacional y a esos hombres que con su conocimiento, dedicación y esfuerzo lograron el éxito de tan importante proyecto.
El desplazamiento a Alemania
El viaje al antiguo continente se dio en mayo de 1984; conformábamos lo que se denominaba el Grupo Complementario, el cual correspondía a un treinta por ciento de la tripulación que viajaba a entrenarse durante dos meses en los cursos de sistemas del buque y luego permanecerían otros cuatro meses en pruebas y protocolos. El resto de la tripulación ya se encontraba en Kiel, ellos habían tenido una preparación más prolongada, algunos en las mismas fábricas.
El grupo complementario hizo el largo periplo hasta Hamburgo, allí tuvimos un cálido recibimiento por parte de una comitiva de oficiales y suboficiales. Luego por carretera se llegaría a Kiel, ciudad portuaria y cuna del importante astillero encargado de construir los buques. La ciudad es pequeña, con una población de aproximadamente 245.000 habitantes, y tiene sus costas sobre el mar Báltico.
La rutina y la capacitación
El horario en Kiel era exigente, temprano en la mañana salíamos para el astillero y allí adelantábamos trabajos de alistamiento, como revisión de manuales, diseño de formatos, verificación de cédulas operativas y administrativas, entre muchas otras labores que incluían inspecciones para la recepción de equipos, como apoyo a la Comisión Inspectora y acompañados por la casa clasificadora Germanischer Lloyd, la cual cumplía labor de interventoría. Luego se recibía, en clases
formales y traducidas al español, la capacitación sobre los sistemas del buque; cada tripulante, sin importar su grado, debía dominar los equipos
de su área, pero también conocer los de los otros departamentos; el estudio exhaustivo y la buena preparación, además de la cultura del mantenimiento, fueron los secretos para que esos buques llegaran a la edad actual de cuarenta años; algo excepcional para unidades de guerra.
En las tardes la tripulación tenía tiempo libre para actividades personales. A eso de las 5 p.m. nos reuníamos por departamentos para estudiar lo aprendido en las clases de la mañana. En cabeza del Ingeniero Jefe, los de esa especialidad, estudiábamos los planos de los sistemas, revisábamos y asimilábamos la información de los manuales y libros de taller y nos auto examinábamos; era muy exigente y entre más antiguos mayor responsabilidad; como tiene que ser. Los fines de semana había la oportunidad de socializar con la comunidad de Kiel, era el momento para disfrutar de esa cultura tan diferente, así como degustar las famosas cervezas alemanas; toda una delicia. Para el verano, tuvimos la posibilidad de participar en la “semana de Kiel”; una conmemoración típica, llena de actividades artísticas y culturales, donde la ciudad se engalana para mostrar lo mejor a turistas y residentes.
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En lo profesional, toda la tripulación tenía experiencia previa en los buques antiguos, cuya tecnología desafortunadamente era obsoleta, de manera que el reto era prepararse intensamente para asumir los nuevos desarrollos.
En ingeniería, varios suboficiales tenían especialidades como fogoneros y maquinistas, ambas fundamentales en los buques de vapor, pero innecesarias para las nuevas unidades, por lo cual debieron reinventarse para aprender sobre motores diésel controlados electrónicamente, de hélices de paso variable movidas por potencia hidráulica y controladas por un microprocesador; como también de generadores de potencia eléctrica con sistemas sofisticados de control y regulación; por su parte el personal de cubierta, operaciones y armamento, incursionaban en un mundo totalmente nuevo; radares de búsqueda con largo alcance y otros de control de tiro, procesadores que integraban la información con las novedosas armas automatizadas y controladas de manera remota; sistemas de lanza engaños para evitar la acción de misiles enemigos y equipos de guerra electrónica capaces de confundir radares simulando blancos falsos o borrando la pantalla, era un reto que
los viejos marinos, de todas las especialidades, fuimos capaces de superar; no nos quedó nada grande y por el contrario supimos adaptarnos a las necesidades del momento.
La recepción del buque
A los dos meses, en la noche del 26 de junio, la primera guardia de servicio tomó posesión del buque, tras la firma del acta de recepción de la unidad. La ceremonia de incorporación se había esperado a lo largo de ese día, pero ante diferencias con el astillero, solo se pudo realizar, de manera formal, al día siguiente. Era que la Comisión Inspectora, en cabeza del Capitán de Navío Jorge Lara, había sido muy exigente con el astillero y, en defensa de los intereses del país, no había permitido omisión alguna de lo pactado; ellos eran los responsables de hacer cumplir a plenitud el contrato.
El ARC Independiente, una vez en manos de la ARC, permaneció cuatro meses más en Alemania; era el buque designado como prototipo y por ello el que debería alcanzar el estándar pactado, lo que aún les generaba dificultades a los alemanes, sobre todo en la integración de los sistemas de armas y de compatibilidad electromagnética. Luego ese mismo estándar se aplicaría, con técnicos enviados a Cartagena, a las otras tres corbetas.
Cuatro décadas de servicio
Conmemorar cuarenta años de vida útil de nuestras unidades capitales es un récord y la muestra de que un proyecto de interés nacional, bien planeado y ejecutado, tiene que ser un éxito; la perfecta combinación entre lo técnico, lo funcional y lo necesario.
Las fragatas misileras han cumplido la misión de seguridad y defensa de la soberanía, para la cual se construyeron, y muchas más, pues por su
condición de buques multipropósito han estado presentes en cada situación en que la Nación las ha requerido: apoyo a las comunidades, atención de desastres, búsqueda y rescate de embarcaciones, apoyo aéreo, control del espacio aéreo, protección de la riqueza natural, entre muchas otras. Pero además fueron gestoras de cambio, no solamente para la Armada Nacional sino también para el país; ellas se convirtieron en un reto para la industria nacional y astillera. Nuestros hombres y mujeres, desde ese entonces, han entendido que la tecnología les requiere mayor estudio, mucha dedicación e inclusive cambiar sus hábitos personales para dedicarse al aprendizaje aún en sus ratos libres, para no rezagarse en temas de computación, idiomas y profundización en sus áreas de especialización. Todos cambiamos nuestra cultura y comportamiento después de haber recibido estos buques.
La nueva flota en proceso
El requerimiento ahora, como parte de la cuarta revolución industrial naval, es el reemplazo de estas unidades; la PES, Plataforma Estratégica de Superficie, como la Institución ha denominado a los buques que cumplirán ese propósito, deberá capitalizar cuatro décadas de experiencia exitosa en el mar y para ello tendrán que contar con avanzada tecnología, logística apropiada y además cumplir los retos ambientales que impone la vida actual.
La experiencia del Plan Neptuno, y de los posteriores procesos de mantenimiento mayor y de actualización, son la escuela lógica y oportuna de aporte de experiencia para que el proceso de reemplazo, por vida útil, de la actual flota de buques de guerra. El reto ya está en curso y las nuevas generaciones lo están haciendo muy bien. Deberán superarnos, como tiene que ser, a nosotros los veteranos que ahora, desde la barrera, solo les podemos aportar la sabiduría que dan los años.
El Doctor José Fernando Reyes Cuartas, presidente de la Corte Constitucional en la conmemoracion de los 33 años de la constitución.
Recordando el Juramento de Cumplir con la Constitución y la Ley
Mayor General (R) Juan Guillermo García Serna Abogado y miembro de ACORE
En consideración a los recientes acontecimientos en el país, y tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar los fondos de la campaña presidencial, se ha formulado una acusación formal contra el actual presidente de la República. En respuesta, el presidente se pronunció en una alocución televisada el pasado 8 de octubre, manifestando lo siguiente:
“Hago un llamado a la movilización general del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la Democracia (…). Solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República, elegido constitucionalmente, ordeno a la Fuerza Pública no levantar un solo arma contra el pueblo”.
Basado en estas declaraciones, el presidente invita al pueblo colombiano a movilizarse pacíficamente como forma de acción política, lo cual es un ejercicio legítimo de los derechos a la reunión, la libre expresión y la libertad de conciencia, todos ellos consagrados en una democracia. Sin embargo, es fundamental recordar que cualquier movilización debe llevarse a cabo de manera pa-
cífica, como lo establece el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. En caso de que dicha manifestación derive en actos de violencia, la Fuerza Pública, representada inicialmente por la Policía Nacional, tiene la obligación de intervenir para garantizar los derechos y libertades del resto de los ciudadanos que no participan en la protesta.
Es importante señalar que las Fuerzas Militares de Colombia, con más de 200 años de existencia, han cumplido de manera consistente su mandato constitucional de proteger los derechos y libertades de todas las personas residentes en el país. Esta protección se hace especialmente relevante cuando los derechos de la mayoría de los habitantes de una ciudad se ven vulnerados por una minoría.
En este contexto, resulta pertinente analizar los artículos de la Constitución Política que podrían ser vulnerados en caso de que una manifestación pacífica se torne violenta, y destacar el mandato constitucional que obliga a la Fuerza Pública a proteger a la población no involucrada en la manifestación.
El Artículo 1 de la Constitución Política establece que “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general”. Según la Sentencia T-149 de 2002 de la Corte Constitucional, el Estado de Derecho con enfoque social fue adoptado como forma de gobierno en Colombia, añadiendo derechos sociales fundamentales y asignando a las autoridades públicas la obligación de proteger a los grupos en condiciones de debilidad manifiesta, además de garantizar fines sociales orientados al bienestar de todos los colombianos.
Por su parte, el Artículo 2 de la Constitución Política consagra los fines esenciales del Estado, tales
como: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
El modelo de Estado Social de Derecho, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia SU-747 de 1998, debe activarse para “contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecer a todos las oportunidades para desarrollar sus aptitudes y superar los apremios materiales”. Este concepto implica que el Estado tiene la obligación de asegurar a todos los colombianos unas condiciones materiales mínimas para su existencia, interviniendo de manera decidida en la sociedad para cumplir con este propósito.
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El Estado Social de Derecho no solo se refiere a la organización política, sino que, como se destacó en la Sentencia T-426 de 1992 de la Corte Constitucional, también tiene como objetivo combatir las penurias económicas o sociales, así como las desventajas que enfrentan diversos sectores de la población, brindándoles asistencia y protección. Del principio de Estado Social de Derecho se derivan varias obligaciones constitucionales, entre ellas:
• El Congreso debe adoptar medidas legislativas necesarias para construir un orden político, económico y social justo.
• El Estado y la sociedad, conforme a los principios de dignidad humana y solidaridad, deben garantizar a toda persona residente en Colombia un mínimo vital para una existencia digna.
• El Estado Social de Derecho exige la creación de condiciones indispensables para asegurar una vida digna a todos los habitantes del país, dentro de las posibilidades económicas disponibles.
El ser humano, esencialmente social, vive en comunidad. Como lo explicó Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social, las personas ceden voluntariamente parte de su libertad para establecer un pacto social que otorga autoridad a un gobernante y establece normas de convivencia, derechos y deberes que permiten la vida en comunidad. Este contrato social también dota a la autoridad de un poder coercitivo para evitar abusos e injusticias, asegurando que todos cumplan con sus derechos y deberes.
Sin embargo, las protestas sociales en años recientes han mostrado un desafío para las autoridades, quienes no han logrado controlar la violencia que, bajo la apariencia de manifestaciones legítimas, ha degenerado en vandalismo y terrorismo. Este tipo de acciones no solo atemorizan a la población, sino que también destruyen bienes públicos y privados, asaltando a la democracia y al Estado Social de Derecho. Los bloqueos de vías, el sitio de ciudades y la violencia durante las manifestaciones han violado los derechos fundamentales colectivos e individuales de aquellos que no participan en las protestas.
El Rol de las Autoridades y las Fuerzas Mi-litares
La Constitución Política de Colombia otorga responsabilidades claras a las autoridades gubernamentales, incluyendo al presidente, gobernadores, alcaldes y las Fuerzas Militares. Estas son algunas de sus funciones más relevantes:
• El Artículo 188 establece que “El presidente de la República simboliza la unidad nacional y, al jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.
• Según el Artículo 189, numeral 4, es responsabilidad del presidente “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado”; y según el numeral 10, “promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”.
• El Artículo 217 señala que las Fuerzas Militares de Colombia tienen como objetivo primordial “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
El Derecho a la Protesta y su Limitación
La jurisprudencia constitucional ha aplicado tradicionalmente el principio de ponderación para resolver conflictos entre derechos y principios fundamentales. Este método racional permite equilibrar libertades fundamentales y posibles limitaciones.
• El derecho a la protesta, garantizado en el Artículo 37 de la Constitución, establece que “toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. Sin embargo, cuando la protesta deja de ser pacífica y se convierte en violenta, entran en juego otros derechos fundamentales, como el derecho a la libre circulación (Artículo 24), el derecho a la paz (Artículo 22), el derecho al trabajo (Artículo 25) y el derecho a la salud (Artículo 49).
El bloqueo de vías y la destrucción de bienes públicos o privados durante manifestaciones violentas afectan gravemente los derechos de aquellos que no participan en las protestas. El Artículo 353A del Código Penal tipifica como delito la obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, excluyendo las movilizaciones autorizadas por las autoridades competentes. Las movilizaciones prolongadas que sitian zonas urbanas violan el derecho a la movilidad, que es esencial para el ejercicio de otros derechos, como el trabajo, la salud y la educación.
El derecho a la paz, consagrado en el Artículo 22 de la Constitución, es un deber de obligatorio cumplimiento. Aunque el derecho a la protesta es fundamental, pierde su legitimidad cuando se acompaña de violencia, vandalismo y terror, ya que esto afecta el derecho a la paz y la vida. Las protestas violentas, como las ocurridas en años recientes, han dejado civiles y policías heridos o muertos, además de la destrucción de bienes y la interrupción de servicios humanitarios, lo que constituye un atentado directo contra el Estado Social de Derecho.
En este sentido, la prevalencia del derecho a la vida y la paz debe primar sobre el derecho a la protesta, especialmente cuando esta se acompaña de violencia. Las acciones que atentan contra la paz y la vida no pueden escudarse bajo el derecho a la protesta social y deben ser condenadas y sancionadas conforme a la ley, garantizando siempre las libertades de quienes protestan de manera pacífica.
Conclusión
En conclusión, el llamado a la movilización por parte del presidente es un acto político que, si se lleva a cabo de forma pacífica, se enmarca en los derechos constitucionales de reunión y expresión. No obstante, en caso de que dicha movilización se desborde en actos de violencia, las Fuerzas del orden tienen la responsabilidad constitucional de intervenir para salvaguardar los derechos del resto de la ciudadanía, respetando siempre los principios del Estado social de derecho.
Cambio climático y geopolítica: la crisis global que redefinirá nuestro futuro
Mayor General (R) Fabricio Cabrera Ortiz PHD Seguridad Internacional y miembro de ACORE
Un Nuevo Capítulo de Crisis Global
El 5 de mayo de 2023, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, cerrando un capítulo de una de las crisis más
o nacionalidades, que amenaza la estabilidad de nuestras economías, sociedades y ecosistemas. Nos encontramos en una encrucijada, y las decisiones que tomemos ahora definirán el rumbo de la humanidad y la viabilidad de la vida en el planeta tal como la conocemos (Organización Mundial de la Salud, 2023).
A lo largo de este artículo, exploraremos cómo el cambio climático no solo impacta el medio ambiente, sino que también se convierte en un multiplicador de desigualdades y una fuente de inestabilidad global. Veremos cómo esta crisis afecta a los sectores más vulnerables, exacerbando las devastadoras de nuestro siglo. Este anuncio trajo alivio, pero también nos dejó una reflexión en el aire: ahora la humanidad enfrenta una crisis distinta, aún más profunda y con implicaciones existenciales —el cambio climático—.
A diferencia de desafíos anteriores, el cambio climático es un enemigo sin fronteras, ideologías
tensiones sociales y económicas. Luego, analizaremos cómo la competencia por recursos básicos y la rivalidad entre grandes potencias como Estados Unidos y China complican aún más la colaboración necesaria para abordar el cambio climático. Por último, discutiremos el papel del multilateralismo y las instituciones internacionales, cuyo fortalecimiento es esencial para enfrentar esta amenaza global.
Un Enemigo Sin Fronteras: La Amenaza Global del Cambio Climático
El cambio climático no es solo un problema ambiental; es una amenaza directa a la seguridad global, la estabilidad política y el bienestar humano. Para enfrentarlo, no bastan compromisos simbólicos ni acuerdos ocasionales. Esta crisis exige un esfuerzo de colaboración internacional sin precedentes. Gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos deben unirse con un propósito común: asegurar un futuro sostenible. Como señala Alexander Verbeek, experto en clima y seguridad, el cambio climático actúa como “un multiplicador de riesgos” y “un amplificador de fragilidad”, ya que no solo agrava tensiones existentes, sino que también genera nuevas amenazas (Verbeek, 2022).
Los efectos del cambio climático están transformando la vida en la Tierra de maneras que apenas comenzamos a comprender. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), cada pequeño aumento en la temperatura global tiene consecuencias devastadoras: incendios forestales más frecuentes, tormentas y huracanes más intensos, aumento del nivel del mar y olas de calor extremo. Estos fenómenos obligan a millones a abandonar sus hogares y crean crisis de agua y alimentos (IPCC, 2021). Estudios recientes han encontrado que los eventos climáticos extremos han aumentado un 30% en las últimas dos décadas debido al cambio climático (Diffenbaugh & Burke, 2019). En las últimas décadas, eventos climáticos extremos como los incendios en Australia y California o las inun-
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daciones en Europa y Asia han dejado claro que el planeta está cambiando rápidamente. Además, el cambio climático amplifica las desigualdades. Las comunidades más vulnerables, que cuentan con menos recursos para adaptarse, son las que más sufren. En zonas con infraestructura débil o inexistente, los eventos climáticos extremos tienen consecuencias devastadoras, dificultando el acceso a servicios básicos e incrementado la pobreza y el desplazamiento. Según el Banco Mundial, para 2050 el cambio climático podría obligar a más de 140 millones de personas a desplazarse en África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina (Banco Mundial, 2018). La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierte que estos desplazamientos ya están ocurriendo y que la “migración climática” será uno de los mayores desafíos humanitarios de las próximas décadas (OIM, 2020).
Geopolítica y Cambio Climático: Nuevas Tensiones y Conflictos
A medida que el cambio climático altera los patrones meteorológicos y reduce los recursos naturales, crece el riesgo de conflictos y tensiones geopolíticas. La competencia por agua, alimentos y tierras habitables se intensifica en regiones ya inestables, creando un caldo de cultivo para conflictos armados y desplazamientos masivos. La ONU y el Consejo Asesor Militar Global sobre el Cambio Climático (GMACCC) han advertido que el cambio climático representa una seria amenaza para la paz y la seguridad mundial. Esta crisis afecta a todas las naciones, sin importar su poder militar o económico (GMACCC, 2020; Scheffran et al., 2012).
Un ejemplo claro de estas tensiones es la cuenca del río Nilo, donde los conflictos entre Egipto, Etiopía y Sudán han aumentado debido a la construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope. Esta infraestructura, que promete agua y energía para Etiopía, también amenaza el flujo de agua hacia Egipto, un país que depende enormemente del
Nilo. En un contexto de cambio climático, estas tensiones pueden escalar rápidamente, subrayando la necesidad de diplomacia climática y gestión compartida de los recursos (Swain, 2021).
A nivel global, la relación entre Estados Unidos y China añade otra capa de complejidad. Como los mayores emisores de gases de efecto invernadero, su rivalidad geopolítica complica aún más la cooperación climática. Aunque ambos reconocen la necesidad de reducir sus emisiones, sus diferencias políticas y económicas dificultan la colaboración. La pandemia de COVID-19 ayudó, potenciando las tensiones y generando políticas nacionalistas que complicaron la cooperación (Zhao, 2021). Según el informe de Climate Action Tracker, sin un esfuerzo conjunto entre estos dos países, las metas del Acuerdo de París estarán fuera de alcance (Climate Action Tracker, 2022). Sin embargo, la interdependencia entre Estados Unidos y China hace imposible una separación completa de sus destinos. La cooperación en temas como el cambio climático y la seguridad global no es solo deseable; es esencial. Un conflicto prolongado entre estas potencias no solo perjudicaría sus economías, sino que también socavaría los esfuerzos globales para frenar el cambio climático.
Multilateralismo en Tiempos de Crisis: La Necesidad de Instituciones Internaciona-les Fuertes
La pandemia de COVID-19 también evidenció la fragilidad de las instituciones internacionales y
la falta de coordinación global ante crisis compartidas. El concepto de “G-Cero”, propuesto por el politólogo Ian Bremmer, describe un mundo en el que ningún país o institución tiene la capacidad de liderar en la resolución de problemas globales. Esto ha llevado a una fragmentación de la cooperación internacional, con políticas nacionalistas que debilitan alianzas y organizaciones multilaterales como la ONU y la OTAN (Bremmer, 2012).
Para enfrentar el cambio climático, es urgente revitalizar el multilateralismo y fortalecer las instituciones internacionales. El Acuerdo de París de 2015 fue un paso importante, pero sus compromisos no son vinculantes, lo que limita su efectividad (UNFCCC, 2015). Hace falta voluntad política y un compromiso firme de todas las naciones para cumplir con las metas de reducción de emisiones. Organizaciones como la ONU y el G20 deben asumir un papel activo en la promoción de una agenda climática común.
Para que el multilateralismo funcione, es clave involucrar a actores no estatales como ciudades, empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG). Estos actores pueden ser decisivos en la reducción de emisiones y en la implementación de políticas sostenibles. Ciudades como Copenhague y Nueva York han implementado ambiciosos planes de acción climática, demostrando que los gobiernos locales también pueden liderar en la lucha contra el cambio climático (Carmin et al., 2012). Además, es fundamental destacar los beneficios compartidos de la cooperación climática,
que no solo ayuda a proteger el medio ambiente, sino que también crea oportunidades económicas y de seguridad, como la creación de millones de empleos en energías renovables y eficiencia energética (IRENA, 2020).
Finalmente, la movilización de la opinión pública es otra herramienta poderosa. La presión ciudadana puede impulsar políticas climáticas más ambiciosas y sensibilizar a la sociedad sobre la urgencia del cambio climático. Movimientos como Fridays for Future, liderado por jóvenes activistas, han demostrado que la movilización pública puede influir en la agenda política (Thunberg, 2019). La innovación tecnológica y la transferencia de tecnología también son esenciales para desarrollar soluciones sostenibles a nivel global. La colaboración en investigación y desarrollo puede acelerar el progreso en áreas como energía renovable, almacenamiento de energía y captura de carbono, facilitando la transición hacia una economía baja en carbono en países en desarrollo (Rockström et al., 2017).
La Decisión que Definirá el Futuro de la Humanidad
A manera conclusiva, el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra era, y sus efectos ya se sienten en todo el mundo. Enfrentar esta amenaza exige una acción global coordinada y un compromiso de cooperación que supere fronteras y rivalidades políticas. La pandemia de COVID-19 nos enseñó que el multilateralismo no es un lujo, sino una necesidad. La humanidad debe actuar con urgencia, tomando decisiones audaces y compromisos firmes para asegurar un futuro habitable.
En la medida que los efectos del cambio climático se intensifican, la colaboración internacional, la innovación tecnológica y la movilización ciudadana serán esenciales para construir un mundo más resiliente y equitativo. Esta es una crisis que requiere la participación de todos. Las próximas décadas serán cruciales, y las decisiones que to-
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
memos hoy determinarán si podemos superar esta amenaza y construir un futuro sostenible para las próximas generaciones.
Referencias
Banco Mundial. (2018). Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration.
Bremmer, I. (2012). Every Nation for Itself: Winners and Losers in a G-Zero World.
Carmin, J., Nadkarni, N., & Rhie, C. (2012). Progress and Challenges in Urban Climate Adaptation Planning.
Climate Action Tracker. (2022). Global Warming and the U.S.-China Dynamic.
Diffenbaugh, N. S., & Burke, M. (2019). “Global warming has increased global economic inequality.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(20), 9808–9813.
GMACCC. (2020). Global Military Advisory Council on Climate Change Report.
IRENA. (2020). Renewable Energy and Jobs –Annual Review.
Major Economies Forum on Energy and Climate. (2021). Advancing Climate Diplomacy.
Moravcsik, A. (2022). Climate Change and Geopolitics: The Russia-Ukraine Crisis.
Organización Mundial de la Salud. (2023). COVID-19: Declaring the End of the Emergency Phase. Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2020). World Migration Report 2020.
Rockström, J., Steffen, W., & Noone, K. (2017). “Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity.” Ecology and Society, 14(2).
Swain, A. (2021). The Nile Conflict: Climate Change, Resources, and Security.
Thunberg, G. (2019). Fridays for Future Movement.
UNFCCC. (2015). Paris Agreement.
Verbeek, A. (2022). Climate and Security: Risks and Solutions.
Zhao, S. (2021). Sino-American Relations and the Climate Crisis.
El propósito de la Reserva, como verdadera alternativa electoral
Teniente Coronel (R) Gustavo Roa Cuervo Consultor y miembro de ACORE
Recientemente, tuve la oportunidad de conversar con algunos empresarios del sector privado, qué a fuerza de trabajo, dedicación y de esfuerzo, lograron sacar a flote,
empresas productivas, comerciales y de servicios especializados, que no solo han generado un volumen considerable de fuerzas de trabajo, sino también, le han aportado al país, recursos derivados de su producción, ya que estas han llegado, incluso a otros países, con un éxito evidente.
La preocupación de muchos empresarios colombianos y de personas que le han aportado como sociedad, desarrollo, progreso y avances sociales
a nuestra Nación, se preguntan sobre la función, que debe desarrollar, la reserva de las fuerzas militares y de la policía, como sujeto activo del devenir nacional. Estos mismos colombianos, proponen la generación, en el ámbito social y político, ya que en el económico es conocida la impecable gestión que han adelantado miembros de este gremio, especialmente con empresas del sector de la seguridad ciudadana, así como entidades académicas de investigación, consultoría y planeamiento, que han entregado importantes aportes a la seguridad interna del país.
En los últimos años, el propósito de cohesión institucional, que se ha motivado por el interés de diversos sectores de la sociedad, ante el inocul-
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table panorama de riesgos, que aqueja al país, en todos los ámbitos de la Nación, ha permitido que estos anhelos se cristalicen poco a poco y se denote un evidente sentir, en los miembros de la reserva, ante una necesidad apremiante y un inocultable sentir ciudadano.
Gran número de las personas, que prestaron su servicio a la nación desde el ámbito militar o policial, portando las armas constitucionales de la Nación, se convirtieron desde su retiro a la reserva, en reconocidos empresarios y profesionales en las diversas ramas del saber. Los aportes de estos militares de la reserva, se comprueba con la participación de prestigiosos profesionales, como abogados, otros como economistas, administradores, ingenieros, arquitectos, médicos, odontólogos, periodistas, historiadores, académicos, ingenieros de sistema, contadores y otra interminable lista
de profesionales, los cuales integran en este momento, el cuerpo de las reservas de nuestras fuerzas militares y de policía, entregando sus aportes al desarrollo del país.
Las diversas asociaciones, agremiaciones o entidades integradas por estos colombianos, han venido trabajando inquebrantablemente en la unión institucional, con el fin de seguir preservando la democracia de Colombia y la integridad institucional, la cual defendieron con ahínco cuando portaban el uniforme militar o policial, y ahora desde el seno de la sociedad civil, continúan con ese mismo propósito, algunas veces silencioso pero altruista.
Los militares y los policías de la reserva, aprendimos en el seno de las instituciones de formación militar o policial, que debemos ser ciudadanos ejemplares, salvo contadas excepciones, lógicas
Es entonces, esta virtud, la que nos debe llevar a la progresión del propósito de unión, a todos los miembros de la reserva, sin distingo de especialidad o de fuerza. Pero los integrantes de esa reserva, deben entender, que ésta, como parte de la sociedad debe dar cabida, a aquellos colombianos, qué hastiados de la corrupción, el terrorismo, la politiquería, la burocracia, el extremismo ideológico, la ineficacia, la hipocresía, el populismo y la ineficiencia en la gestión social, ha saturado finalmente, la buena fe de un pueblo, que conserva aún, las expectativas sobre un verdadero cambio positivo, para nuestro país.
Los militares y los policías de la reserva, aprendimos en el seno de las instituciones de formación militar o policial, que debemos ser ciudadanos ejemplares.
No existe, en el ámbito nacional, otra comunidad de colombianos, distribuidos a lo largo y ancho de la geografía, que cuente con un número considerable de integrantes, incluyendo familiares, amigos, conocidos y simpatizantes, los cuales, por volumetría, pueden llegar a convertirla, en un gremio decisorio, en el resultado de una campaña electoral, qué permita recomponer el camino, de la democracia, la libertad, el orden y la justicia. El reconocimiento que las cuatro fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional que, por su eficacia en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, alcanzaron éxitos, que fueron inobjetables en el pasado, cuando las circunstancias gubernamentales, le fueron apropiadas operacionalmente. Esta gratitud, se alcanzó dentro del ámbito nacional e internacional y nuestras Fuerzas Militares y Policía, han sido calificadas, con altos estándares de preparación
y entrenamiento, distinguiéndolas como instituciones independientes de cualquier ideología política, pero monolíticas, en cuanto a los principios éticos morales y democráticos.
Con razón José de San Martín, en una de sus frases más reconocidas manifestaba: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, menos no defenderla”. Es por esta razón, que la reserva se viene movilizando a través de diversas manifestaciones sociales, marchas, seminarios, talleres, convenciones y jornadas académicas. Los antiguos militares y policías, han comprendido que el arte de la política no es una casualidad y que ella demanda la experiencia, la experticia, y el conocimiento de su propia naturaleza, pero esas características, las ha ido comprendiendo y entendiendo con mayor facilidad, pues ese conocimiento también es propio de aquellos colombianos, ajenos a la reserva, que hoy se han acercado a ésta y han estado en el pasado vinculados o no, a movimientos políticos, permitiendo a través de ellos, entender la dinámica de ésta.
El descontento generalizado de la población, alimenta la aparición de alternativas de gobierno, pues ese sentimiento nacional, actúa como un deseo social inatajable, descalificando a toda costa, las viejas costumbres perniciosas, cómo la mentira, la división, el oportunismo, la corrupción, la retaliación y el pretexto populista, sobre el uso de la fuerza ilegal y el vandalismo, como manifestación del “poder popular”, generando el totalitarismo oficial.
Es refrescante, como colombiano y como soldado, tal como lo he manifestado en otras columnas de opinión, percibir un aire fresco y de renovación en el pensamiento político, gracias a la propuesta que presenta la reserva. Este es el momento adecuado, para ofrecer nuestro apoyo irrestricto, a en cualquier organización compuesta por seres humanos. Dentro de las virtudes que debe poseer todo ciudadano de bien, esta entre ellas, el denominado “espíritu de cuerpo”, esa virtud que une voluntades alrededor de propósitos comunes, por encima de cualquier consideración individual o particular.
aquellos oficiales, suboficiales, soldados y policías en todas las categorías, que hoy lideran con patriotismo y con un denodado desprendimiento personal, los esfuerzos y propósitos, para lograr la unión de los diversos cuerpos de la reserva, en uno solo, que permite integrar, objetivos, alcances, hojas de ruta, proyecciones y propósitos nacionales, para presentarlos a consideración de sus seguidores y de la opinión nacional, con el fin de recomponer el futuro de nuestra Nación, que hoy se ve amenazada, por la falsedad de unas intenciones de cambio, las cuales han sido estructuradas bajo sentimientos ególatras, falsos, revanchistas y utópicos. Estas condiciones han generado en la sociedad colombiana una inevitable y profunda división social, cimentado en la destrucción de principios, en el debilitamiento institucional y en el desconocimiento y respeto de las ramas del poder, convirtiendo a estas últimas, en herramientas para lograr el poder omnímodo y el crecimiento irresponsable de una ideología y de un movimiento políticamente extremista.
La invitación, es para que todos los colombianos, sin intereses politiqueros, sin afanes burocráticos, sin sentimiento revanchistas y solo con el propósito de la salvación nacional, podamos rodear a nuestra reserva, a través del apoyo y acompañamiento,
que nos permita dejar una herencia democrática, cimentada en transparencia orden y justicia, a la nueva generación de colombianos. De igual manera esperamos tener prontas noticias, sobre el liderazgo y vocería visible de la reserva, para conocer detalladamente el objetivo, alcance y presentación de los propósitos y proyectos sociales y políticos, que se hagan realidad, a través de una hoja de ruta, que permita el avance decidido y trabajo mancomunado de sus equipos directivos. Estos esfuerzos, nos permitirá a partir del 2026, la recuperación del país. Este plausible deseo nacional, permitirá que diversos sectores de la sociedad colombiana, acompañen a más de dos millones de colombianos, integrantes y simpatizantes de este patriótico y noble propósito de la reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
La responsabilidad y compromiso de los que hoy somos colombianos adultos, es ineludible, tenemos una inmensa responsabilidad con los jóvenes y niños, que tendrán que enfrentar los retos de una Colombia próspera, moderna y renovada para el siglo XXI, todo esto dependerá, de la sensatez, juicio y fundamento, con el que actuemos, los que hoy con transparencia, patriotismo y desintereses ideológicos, estamos en la obligación de recomponer el camino de Colombia.
Servicio social para la paz Vs servicio militar obligatorio en Colombia
Coronel (R). Wilson Guillermo Niño Galeano Especialista en Inteligencia Militar y miembro de ACORE
¿Estrategia?, ¿transbordo ideológico inadvertido?, narrativa e ideología de la izquierda colombiana hacia las nuevas generaciones de jóvenes, a través de un aparente mandato legal para impactar directa e indirectamente en forma negativa la obligación constitucional de la prestación del servicio militar obligatorio e impulsar y equilibrar un servicio paralelo, con las implicaciones en contra y en detrimento de la seguridad y defensa nacional, responsabilidad de las FF.MM. y de la seguridad y convivencia ciudadana responsabilidad de la Policía Nacional?
Estrategia?, ¿transbordo ideológico inadvertido?, narrativa e ideología de la izquierda colombiana hacia las nuevas generaciones de jóvenes, a través de un aparente mandato legal
¿ para impactar directa e indirectamente en forma negativa la obliga-
ción constitucional de la prestación del servicio militar obligatorio e impulsar y equilibrar un servicio paralelo, con las implicaciones en contra y en detrimento de la seguridad y defensa nacional, responsabilidad de las FF.MM. y de la seguridad y convivencia ciudadana responsabilidad de la Policía Nacional?
En su momento el Subteniente Wilson Guillermo Niño Galeano cen el Batallón de Infantería No. 14 Antonio Ricaurte en Bucaramanga en el año1991
Ante la expedición del gobierno nacional, del Decreto 1079 del 23 de agosto de 2024, por el cual se crea el servicio social para la paz, dirigido a jóvenes que desean por voluntad propia prestar un servicio diferente al servicio militar obligatorio, con esta decisión, que no nació puntualmente en el actual gobierno, sino que es la recopilación de acuerdos y aspectos generados desde el proceso de paz de La Habana con las FARC y materializadas poco a poco por parte de la administración Santos en su segundo periodo, se ha venido generando un impacto negativo en la disminución de las cuotas de incorporación para el servicio militar obligatorio, afectando con ello la misión constitucional de la Fuerza Pública, establecida en los artículos 216 y 217 para el caso de las FF.MM. y artículo 218 para el caso de la Policía Nacional, en lo referente a la seguridad y defensa nacional, en donde a hoy en el país al disminuir el pie de fuerza se ha perdido una buena parte del control territorial en áreas urbanas y semi urbanas, así como también en la seguridad de activos estratégicos en donde son empleados los Soldados e Infantes de marina de servicio militar, así como los auxiliares de Policía.
ACORE: CONSTRUYENDO ENTRE TODOS Y PARA TODOS
Esta decisión gubernamental ira amilanado la obligación y responsabilidad constitucional de todos las generaciones de jóvenes actuales y futuras ante su deber de prestar el servicio militar obligatorio, lo cual estadísticamente al ejecutarse generará un desbalance negativo de efectivos o pie de fuerza, por lo que el país y los colombianos sufrirán cada día más las consecuencias de la pérdida del control territorial y de orden público, frente al riesgo de crecimiento en hombres de las organizaciones terroristas y grupos de delincuencia organizada, como también de delincuencia común, en donde a la Fuerza Pública se le hará difícil la obligación constitucional de la seguridad y defensa nacional, así como de la convivencia ciudadana.
Antecedentes
1. Como primer aspecto considero como un impacto totalmente negativo a la imagen reputacional del deber ciudadano del servicio militar obligatorio y por ende de la misión constitucional de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional. Esta “campaña” negativa puede verse incluso desde el Presidente Santos, cuando en el 2016 en el marco de la disputa del plebiscito públicamente en un video televisivo, frente a un grupo de padres de familia les dice “usted prestaría un hijo para guerra”.
2. Los puntos que se fueron decantando poco a poco en los acuerdos de La Habana, tras la firma en 2016, con relación al servicio militar obligatorio.
3. Creación del servicio social para la paz, mediante Ley 2272 del 2022.
4. Teniendo en cuenta los anteriores antecedentes, el actual Gobierno de Gustavo Petro, con el Decreto 1079 del 23 de agosto de 2024, se
adiciona al Título 38, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 del año 2015, único reglamentario del sector de la Función Pública, que reglamenta el servicio social para la paz.
Servicio social para la paz
Este decreto, plasma 11 modalidades de prestación del “servicio social para la paz”, equivalente según el actual gobierno al servicio militar obligatorio, dirigido a hombres y mujeres entre los 18 y 24 años no aptos para el servicio militar, y/o que deseen prestar este servicio social para la paz, estableciéndose también una bonificación del 80% del servicio militar obligatorio. Las 11 modalidades en que los jóvenes podrían aplicar serán las siguientes.
1. La alfabetización digital en zonas urbanas o rurales.
2. El trabajo con víctimas del conflicto armado, la promoción y la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
3. La refrendación y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
4. La promoción de la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización.
5. La protección de la naturaleza, la biodiversidad, las fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal.
6. La promoción de la paz étnico, cultural y territorial, respetando el derecho de autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, y la cultura campesina será liderada por el Ministerio de Igualdad y equidad.
7. La protección y cuidado de las personas con discapacidad y personas mayores en condición de vulnerabilidad será liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
8. El trabajo en la reforma rural integral.
9. La vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación.
10. El trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o amenazas naturales.
11. La promoción de la educación y las activi-
dades relacionadas en materia de gestión del riesgo y cambio climático.
Servicio Militar Obligatorio: Un Compromiso Constitucional.
El servicio militar obligatorio en Colombia, respaldado en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Colombia, parte X Capítulo VII - de la Fuerza Pública. En el artículo 216 se regula el servicio militar obligatorio en Colombia, estableciendo que todos los ciudadanos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. La prestación de este servicio debe respetar los principios de equidad y no discriminación. También menciona que la ley determinará las condiciones del servicio y las excepciones y en el artículo 217 se define a las Fuerzas Militares de Colombia como una institución permanente encargada de la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Además, establece que su organización y funcionamiento serán determinados por la ley.
Orígenes del servicio militar
Durante el desarrollo de este artículo se identifica que el 28 de agosto de 1821 el Congreso de la República decretó la orden de conscripción de los ciudadanos para el servicio militar desde los 16 hasta los 50 años. Para 1923 teniendo en cuenta los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Nacional, el Congreso decretó la obligación del servicio militar para todos los ciudadanos entre 19 y 45 años, edad que se modificó posteriormente. Ya el año 1945 se promulga la Ley 1 del servicio de reclutamiento, reglamentada mediante Decreto No 2200 de 1946. Esta ley en su capítulo V, artículo 17, establecía que todo varón colombiano está obligado dentro del año que cumple los 19 años de edad, a inscribirse para el servicio militar obligatorio, requisito en el cual no puede formular solicitudes de exención o aplazamiento.
La Ley 48 de 1993, rige el Servicio de Reclutamiento del Ejército Nacional de Colombia y se reglamenta mediante el decreto 2048 del mismo año. Muy importante para la actualidad es el artículo 15, de la Ley 1861 de 2017, que determina cómo se prestará el servicio militar obligatorio, estableciéndolo así:
a. Soldado en el Ejército.
b. Infante de Marina en la Armada Nacional.
c. Soldado de Aviación en la Fuerza Aérea.
d. Auxiliar de Policía en la Policía Nacional.
e. Auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Implicaciones e Impacto Negativo Para La Seguridad Y Defensa Nacional Y Convivencia Ciudadana.
1. El servicio social para la paz, de manera directa o indirecta le va a hacer contrapeso al servicio militar obligatorio, estimulando a la baja de efectivos gradualmente de las Fuerzas, especialmente del Ejercito Nacional, ya que aparecerán jóvenes aptos para cumplir la obligación constitucional con el país de prestar el servicio militar, sin embargo, al existir las modalidades de servicio social decretadas por el gobierno nacional, sencillamente cualquier joven optará por una supuesta opción más fácil y que no representa riesgo ni responsabilidad para con la Patria.
2. A pesar del aumento gradual del gobierno nacional, de la remuneración en la bonificación que reciben nuestros Soldados, Infantes de Marina y Auxiliares de Policía que prestan el servicio militar obligatorio y a pesar de que es una obligación constitucional, el servicio social para la paz, estimulado por el actual gobierno será un contrapeso a la prestación del servicio militar.
3. El servicio social para la paz al mostrarse, motivarse y equipararse hacia las nuevas generaciones de jóvenes ante la prestación del servicio militar obligatorio, causaría con el tiempo un impacto negativo en la capacidad operacional y potencial humano de las FF.MM. y PONAL, que de por sí desde 2016 ha venido viene siendo impactadas negativamente en efectivos, afectando y poniendo en riesgo la seguridad y protección de activos estratégicos en infraestructura petrolera, energética y vial del país, que en mayor medida son misiones en las que los Soldados e Infantes de Marina del servicio militar obligatorio del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana son fundamentales. Este personal es igualmente importante en la seguridad y protección de instalaciones militares y en algunas tareas de seguridad en el control territorial de los perímetros urbanos, así como los Auxiliares de Policía, también son determinantes en tareas urbanas con relación a la seguridad y convivencia ciudadana.
4. Al promocionarse y decretarse desde el gobierno nacional el servicio social para la paz, las generaciones de jóvenes de hoy y del mañana buscaran esta alternativa, escenario en donde la única afectación real sería frente a la seguridad y defensa nacional, así como la seguridad y convivencia ciudadana y más en los actuales momentos álgidos en donde el país ha perdido la seguridad y control territorial que con tanto sacrificio y sangre de generaciones de Soldados y Policías, que aportaron para lograr estabilizar el país en términos de seguridad y con ello incrementar la inversión económica interna y externa del país.
Actualmente los grupos terroristas como las Farc, ELN y el Clan de Golfo han aumentado su capacidad y control territorial con la anuencia de una
política gubernamental denominada “Paz Total”, sin ningún planeamiento estratégico real, sólido y creíble para el país, sino por el contrario en detrimento de la seguridad y defensa nacional y de la seguridad y convivencia ciudadana y la capacidad de las FF.MM. Y PONAL.
5. El servicio social para la paz, de acuerdo a lo decretado por el gobierno nacional en, estará regulado por el Ministerio de la Igualdad, lo cual genera muchas incertidumbres para la Fuerza Pública y para todos los colombianos bajo los siguientes interrogantes.
• ¿Qué mecanismos y trazabilidad tendrá el Ministerio de la Igualdad que hasta ahora se está creando para manejar el Servicio Social para la Paz en sus 11 modalidades?
• ¿Bajo qué mecanismos efectuará el control de los jóvenes que estarán en todo el país prestando el servicio social para la paz??
• ¿Será que estos jóvenes del servicio social para la paz serán perceptibles en áreas rurales para ser reclutados por organizaciones terroristas y ser empleados en labores criminales y terroristas de manera directa o indirecta si no hay un control y supervisión del Gobierno Nacional?
• ¿Serán también susceptibles a ser empleados por las mismas organizaciones terroristas en labores de inteligencia como milicianos en áreas urbanas o semiurbanas y o de apoyo a manifestaciones y disturbios?
