Periodico Acore Edición 597, marzo 2020 by ACORE

Paso a paso del voto electrónico marzo de 2020 - Edición 597 - ISSN 0123-2894 Circulación nacional

PÁGINAS 4,5,6 y 7

Elecciones Presidente Nacional y Junta Directiva 2020 – 2022

Plancha 2.

Plancha 1.

Coronel (R. A.) Juan Luis Gutiérrez Restrepo

Mayor General (R. A.) Jairo Duván Pineda Niño

Las elecciones para Presidente Nacional y Junta Directiva Nacional para el periodo estatutario 2020 -2022 prometen ser las más reñidas de los últimos años en Acore. En aras del pluralismo y la equidad que deben caracterizar el juego democrático, en esta edición se publicaron en las páginas centrales la información que suminis-

Voto electrónico

¿Cómo puedo votar en estas elecciones? Para facilitar el tránsito del voto con papeletas y urnas al voto electrónico, nuevamente se publicará en esta edición el paso a paso para que los

acorados participen en las elecciones para Presidente Nacional y la Junta Directiva en el periodo estatutario 2020 -2022. Páginas 4, 5, 6 y 7.

Plancha 4

Plancha 3.

Coronel (R. A.) José John Marulanda Marín

Brigadier General (R. A.) Leonardo Gómez Vergara

traron los cuatro candidatos inscritos. Esta información incluye la hoja de vida del candidato, los nombres de quienes integrarían su junta directiva y los planteamientos de su plan de trabajo o programa de gestión. Esta información no fue sometida a corrección de estilo a fin de no modificar su contenido original. Páginas 11,12, 13 y 14

Editorial

El derecho al sufragio de militares y policías en servicio activo A raíz de los recientes proyectos presentados en Cámara y Senado sobre el derecho al sufragio de militares y policías en servicio activo, se ha desatado un inusitado debate y gran polémica, como consecuencia de la polarización política e ideológica exis-

tente en el país. Frente a esta situación, hay que tener en cuenta que la recuperación de este derecho que antaño disfrutamos, no es más ni nada menos que un derecho fundamental, que, por principio de igualdad, nos corresponde. Página 3

ELECCIONES ACORE VOTO ELECTRÓNICO

Para elegir Presidente Nacional y Junta Directiva Período estatutario 2020 - 2022

8:00 a.m.

MIÉRCOLES

de marzo - 2020 -

Recuerde que puede hacerlo también presencial en la Sede Nacional y en las sedes de las seccionales

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Opinión

Colombia: saludable repudio a la injerencia abusiva de la ONU POR: EDUARDO MACKENZIE

e leído con sorpresa, pero con mucho agrado, las noticias sobre la actitud del gobierno del presidente Iván Duque ante la metida de patas del señor Alberto Brunori, agente de “derechos humanos” de la ONU en Bogotá y vocero oficioso del jefe socialista portugués Antonio Guterres. Admiro la posición asumida por la Casa de Nariño y sobre todo las declaraciones de Martha Lucía Ramírez, Vicepresidente de Colombia, y de Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, quienes rechazaron las extrañas exigencias del señor Brunori en el sentido de que el Ejército Nacional no intervenga en la contención de las alteraciones al orden público, que la Policía Nacional sea adscrita al ministerio del Interior y no al ministerio de Defensa y que el Esmad sea “transformado” en un grupo de monaguillos. En sintonía con la posición asumida por el jefe de Estado colombiano ante el insólito informe, los dos ministros refutaron el memorial de Brunori y explicaron que la organización interna de Colombia “no depende de ningún organismo multilateral”. Fue una acertada respuesta a la acción excesiva del operador onusiano. Las declaraciones de Iván Duque, Marta Lucia Ramírez y Carlos Holmes Trujillo deben ser destacadas y saludadas. En mis largos años de observación de la vida política colombiana no recuerdo haber visto una actitud tan clara, enérgica y patriótica, de altos responsables gubernamentales, frente a organismos internacionales injerencistas y menos ante los pronunciamientos de las 26 oficinas que la ONU ha podido incrustar en nuestro país para dictarnos una conducta particular, copiada casi siempre de cenáculos socialistas, como si Colombia

necesitara tales ordenanzas. La actitud habitual ante esas operaciones era la de la sumisión ante el extranjero, la del sometimiento y la de recibir palos en silencio. Lo que acaba de ocurrir ante la patanería de Brunori parece, eso espero, marcar el fin de esa actitud deshonrosa y humillante. Lo de Brunori fue una grave torpeza que sólo podía desatar réplicas severas. Su informe es un monumento de unilateralidad y ceguera, que adopta la tesis de los extremistas, sobre todo de los farco-santistas, de que el gobierno “no está implementando los acuerdos”. Es un texto que retoma las invectivas de Timochenko. Brunori es conocido por ser un fanático partidario de la JEP. A pocos les extraña que el único que sale a defender la impertinencia de Brunori sea el senador farco-madurista Iván Cepeda y los falsos senadores del pseudo partido Farc. Ninguna de las agencias onusianas ha ayudado ni combatido al lado de Colombia en los momentos más dramáticos, como los que Colombia vivió por culpa de los grandes carteles de droga, en los años 80 y 90, ni en los periodos de grandes riesgos y sacrificios sufridos por el país por cuenta de la guerra asimétrica de las bandas centralizadas del narco-comunismo. Por el contrario, los aparatos de injerencia “diplomática” buscaron siempre crear confusión y parálisis, sobre todo en el seno de las fuerzas de defensa de Colombia. El estallido de indignación de hoy es el resultado de años de presiones indebidas. Si Colombia existe todavía y no quedó fraccionada en dos o tres entidades territoriales como querían los enemigos del capitalismo y de la democracia representativa (tal era el propósito declarado de las Farc bajo la dirección de Alfonso Cano), es porque las fuerzas militares y de policía, el Estado y la sociedad colombiana, sin pedirle consejos a la ONU,

estuvieron unidos y le hicieron frente a ese proyecto, como pudieron, sin importar los sacrificios y a pesar de sus debilidades económicas y de liderazgo, y lo derrotaron. La nación colombiana creció en medio de esas luchas y no puede seguir tolerando más, sin deshonrarse, la acción disolvente de burócratas arrogantes tipo Brunori, Michel Forst y compañía. Las coerciones de Brunori y Forst no están desligadas de las intrigas de Michelle Bachelet —cuya actuación como presidente de Chile dejó sembrada la semilla de odio que hoy destroza a ese país—, quien está ahora tratando de imponerle al presidente Duque, de la manera más dictatorial, una de sus favoritas. Bachelet no acepta enviar la terna que le pide el presidente colombiano para escoger el sucesor de Brunori pues quiere asignarle la quechua-peruana

Tarcila Rivera Zea. ¿A que vendría esa agitadora? ¿A soliviantar aún más las comunidades indígenas? Espero que esto que vimos este 28 de febrero no sea flor de un día sino que corresponda a una toma de conciencia de los peligros que del exterior le caen a Colombia y a un deseo auténtico de recuperar la libertad del país en materia internacional y diplomática y de hacerlo saber a todos. Esta libertad supone ponerle fin a la presencia onusiana para que ese armatoste —así llamaba el General De Gaulle a la ONU— quede libre de decir lo que quiera de Colombia, pero desde Nueva York y Ginebra. Desde allá, podrá ver las cosas como son y no como dicta la nube de abejorros que llenan sus oficinas en Bogotá. h t t p : / / w w w. l a l i n te r n a a z u l . info/2020/03/03/colombia-saludable-repudio-a-la-injerencia-abusiva-de-la-onu/

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Editorial

El derecho al sufragio de militares y policías en servicio activo

raíz de los recientes proyectos presentados en tante y controvertido tema, aseguran también que lo conCámara y Senado sobre el derecho al sufragio de templado en nuestra Constitución Nacional respecto del militares y policías en servicio activo, se ha desatado carácter no deliberante de la Fuerza Pública, “es muy sabio, un inusitado debate y gran polémica, como consecuencia de pero excesivamente exagerado.” la polarización política e ideológica existente en el país. Se puede ejercer el sufragio, sin necesidad de participar en Frente a esta situación, hay que tener en cuenta que la re- la actividad política, o de aspirar a cargos de elección popucuperación de este derecho que antaño disfrutamos, no es lar, o a desarrollar eventos de tipo partidista, de proselitismo más ni nada menos que un derecho fundamental, que, por o cualquier otra actividad de tales características, al interior principio de igualdad, nos corresponde. de los cuarteles. Este derecho que perdimos en 1945 (hace exactamente 75 También se impediría constreñir el sufragio o ejercer cualaños), con el argumento de “que la disciplina y la subordi- quier acto con el cual se pudiera modificar la intención de nación militar, propia de nuestra institución, podría inclinar voto de quienes sean subordinados. La ley estatutaria que al subordinado a votar según criterio de su comandante”, reglamente el uso de este derecho deberá establecer con prevaleció por mucho tiempo. claridad las limitaciones y restricciones que fueran necePosteriormente, en la época de las confrontaciones par- sarias. tidistas y de la violencia política que afectó al país a mediaEn la primera legislatura del 2014, por iniciativa de un imdos de la centuria pasada, se fortaportante grupo de congresistas, se Se puede ejercer el sufragio, sin leció este mismo concepto. radico tanto en Cámara como en necesidad de participar en la Por fortuna, hoy en día, estas cirSenado, sendos proyectos de acto actividad política, o de aspirar cunstancias ya no existen y sin duda legislativo, con el cual se modifialguna, están totalmente superadas. caba parcialmente el artículo 219, a cargos de elección popular, De esto existe plena garantía. inciso 2, de nuestra Carta, para que o a desarrollar eventos de tipo Nuestros conciudadanos deben los miembros de la Fuerza Pública partidista, de proselitismo o entender que los actuales miempudieran ejercer el derecho del sucualquier otra actividad de tales bros activos de la Fuerza Pública fragio encontrándose en servicio características, al interior de los tienen una clara y firme convicción activo, bajo la condición de no incuarteles. de lo que significa la total sumisión tervenir en actividades o debates al poder civil de la nación y del acato de partidos o movimientos polítiy subordinación a las normas y leyes de la República. cos y en otro tipo de actuaciones de carácter proselitista. En estas circunstancias, se encontrarían muy distantes de Igualmente ocurrió en la segunda legislatura del 2016 por una eventual participación política de carácter deliberante iniciativa de la bancada de La U. Actualmente estos proyecy de todo aquello que signifique algo diferente al solo acto tos se encuentran archivados. mismo de sufragar para escoger a sus más altos dignatarios. De lograr la recuperación de este derecho, sin duda alguna Nada iría en contravía de su misión institucional. Esto es lo obtendremos grandes ventajas para influir de manera decique realmente interesa. siva, en la toma de decisiones sobre aspectos fundamentales, Los militares y policías de varios países de Europa, de que tengan relación con nuestros intereses institucionales. Norteamérica y de América Latina, hoy en día hacen uso de este legítimo derecho. En América Latina, sólo Colombia, Paraguay, Guatemala y Honduras mantienen esta restricción. Brigadier General (R. A.) Jaime Ruiz Barrera Muchos de quienes han venido estudiando este impor- Presidente Nacional de ACORE PERIÓDICO

Fundado en 1961

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NOTA: Los artículos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados. La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

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Paso a paso del voto electrónico

Voto Electrónico PASO A PASO

MIÉRCOLES 25 DE MARZO DE 2020 / 08:00 A.M. A 4:30 P.M.

Recomendaciones

El número de su carné de asociado de Acore es personal y es la contraseña de su identiﬁcación que lo acredita como aﬁliado, sin la cual no accede al voto electrónico, por consiguiente:

No comparta el número de su carné, es personal e intransferible y esta protegido por la ley de habeas data. Si no lo recuerda, antes de entrar a la página del voto electrónico, llame al celular del departamento de socios 320 232 1292 o al centro de servicios electorales de Acore, via Whatsaap, a los números 322 371 4111 y 322 484 6562, y con mucho gusto se lo suministran, despues de veriﬁcar su identidad con la información personal.

Nota: si no le permite acceder al voto electrónico Usted no esta en la base de datos o no es asociado de Acore y no podrá votar. Usted ya voto y no puede repetir. Usted no estuvo a paz y salvo en la tesorerÍa de Acore antes de las 16:30 horas del dÍa viernes 19 de marzo del 2020 y no podrá votar. Usted se afilió a Acore después del 25 de diciembre del 2019. Y no podrá votar Usted no digitó correctamente sus datos de identificación, verifique. Si se considera con derecho a votar y la aplicación no le permite continuar, por favor comuníquese con el centro de servicios electorales de Acore y reporte la novedad mediante un mensaje Via whatsaap a los celulares 322 371 4111 y 322 484 6562 donde le atenderán su inquietud y le rectificarán los datos correctos que debe digitar para el paso de identificación. Repita el proceso anterior de ingreso correctamente y ya debe acceder al siguiente paso. Puede votar desde cualquier lugar del planeta a través de un dispositivo electrónico con buena conexión a internet o en las sedes de Acore. Asegúrese previamente del funcionamiento correcto del dispositivo que va a utilizar y de su conexión eficaz a internet. Antes de comenzar el proceso, tenga a la mano el número de la cédula de ciudadanía y el número del carné de afiliación de Acore.

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Paso a paso del voto electrónico

Siga cuidadosamente los siguientes pasos

PASO 1 - Ingreso

Ingrese a la página de Acore digitando www.acore.org.co Haga clic en el área azul que dice voto electrónico, quedará conectado automáticamente a la página www.votacionesacore.com

PASO 2 - Acceso a votar A partir de las 8:00 horas del miércoles 25 de marzo aparece esta pantalla, en la cual ingresa a votar haciendo clic en:

ACCESO A VOTACIÓN

PASO 3 - Validación del votante Para validar su identidad como Acorado:

Escriba su número de cédula, sin separadores ni decimales.

ACCESO A VOTACIÓN

Escriba el número de su carné de asociado. Haga clic en validar carné Acore. Validar carné Acore

Validar carné Acore

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Paso a paso del voto electrónico

PASO 4 - Confirmación de la validación del votante Mensaje de refrendación de validación Haga clic en:

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al Voto Electrónico PASO 5 Ingresar - Ingreso al registro electoral

Digite el número de su cédula de ciudadanía en «tu respuesta» Sin puntos intermedios, ni separadores y veriﬁque que esta correcto. Dar clic en siguiente

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PASO 6

Selección de lista electoral Seleccione la lista de su preferencia en el botón circular que está debajo de la fotografía, Haga clic en siguiente para que aparezca la lista completa Siguiente

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Paso a paso del voto electrónico

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Resultados a partir de las 4:31 p.m.

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Mesa de Trabajo Permanente

Comunicado a la opinión pública nacional Injerencia indebida de un funcionario extranjero en asuntos internos del país.

l Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares se solidariza plenamente con el reciente comunicado dirigido a la opinión pública nacional, por parte del Consejo de Exdirectores, el Colegio de Generales, el Colegio de Coroneles y la Asociación de Oficiales en Retiro de la Policía Nacional. En este comunicado de manera muy puntual, se formulan serios reparos respecto al informe presentado por el señor Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos por carecer de suficiente objetividad y fundamento respecto a sus equivocadas apreciaciones. Inexplicablemente, no reconoce ni condena los graves actos de terrorismo y vandalismo que han destruido gran parte de la infraestructura de servicios públicos, bienes de gran valor cultural y propiedades públicas y privadas en distintos lugares del país. Califica mal intencionadamente como una “ejecución” por parte de la Fuerza Pública las circunstancias que rodearon la muerte del señor Dylan Cruz, haciendo evidente un prejuzgamiento e intromisión indebida en asuntos internos del país, y en particular en lo concerniente al aparato Judicial del Estado. Plantea en forma tendenciosa la necesidad de separar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, atentando de esta manera contra la autonomía administrativa del Estado. Se expresa por igual en términos genéricos, respecto a procedimientos no comprobados en relación con supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de los organismos del Estado. Sobre este mismo funcionario, hay que recordar que, desde el momento de su llegada al país como representante de la ONU para los Derechos Humanos,

fue objeto de gran rechazo al cuestionar la decisión soberana del Congreso de la República, avalada por la Corte Constitucional, en cuanto al “Tratamiento Especial Diferenciado” para Miembros de la Fuerza Pública” que se sometan a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tal como lo estableció formalmente el Estado Colombiano. Sus recurrentes actuaciones e intervenciones motivo de reparo, coinciden plenamente con posiciones similares asumidas anteriormente como antiguo funcionario de la ONU en la República de Guatemala, donde en forma sistemática, ataco constate y persistentemente a altos funcionarios del Estado y a miembros del Ejercito de ese país, comprometidos en la lucha contra las organizaciones terroristas que afectaban su institucionalidad y vigencia democrática. El sesgo asumido por el señor Brunori en sus continuas declaraciones, se hace muy evidente al cuestionar exclusivamente a militares y policías de nuestra nación favoreciendo en sus comunicados a cabecillas e integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley. En ocasiones anteriores, ha calificado a la Fuerza Pública como una organización delincuencial, señalando la necesidad de conocer lo que podría ser su estructura criminal, su funcionamiento y redes de apoyo para sus supuestas actividades al margen de la ley. Este informe a que se hace referencia, generó también una dura respuesta por parte del Jefe del Estado, quien públicamente señaló las inconsistencias e imprecisiones del documento y las extrañas omisiones respecto a los importantes avances que se vienen realizando frente a los acuerdos pactados con ocasión de las negociaciones realizadas en La Habana. Afirmó también su extrañeza al no reportar las violaciones constantes a los Derechos Humanos por parte del ELN, de las disi-

dencias de las Farc y de otras organizaciones armadas de delincuencia organizada. Por todo lo anterior, bajo ninguna circunstancia es permisible que un funcionario de un organismo internacional proceda según sus propias apreciaciones y mucho menos en concordancia con sesgos políticos en contravía con intereses nacionales permanentes y decisiones emanadas por instituciones del Estado. En representación de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones: - Acore. - Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares, CGA. - Consejo de Exdirectores y Comandantes de la Policía Nacional. - Colegio de Generales de la Policía Nacional. - División de Infantería José María Córdova. - Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Asorfac. - Grupo de Artillería Santa Bárbara. - Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva Francisco José de Caldas. - Regimiento de Caballería San Jorge. - Agrupación de Oficiales de Comunicaciones Manuel Murillo Toro. - Unidad Simbólica Antonio Ricaurte. - Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares e Integral de Defensa Nacional, Asocaci. - Asociación de Oficiales Veteranos de Corea, Asovecor. - Asociación Internacional de Lanceros, Interlanza. - Asociación de Paracaidistas, Asipar. - Liga Marítima Colombiana, Limcol.

Comunicado de prensa 27 de Febrero 2020

solo se ha utilizado para enfrentar una grave amenaza contentiva de un efecto destructivo ante los enormes daños causados.

menos una irresponsabilidad. 6. La presencia de unidades de la Fuerza Pública nunca se debe considerar como una amenaza, sino una garantía de seguridad para los ciudadanos, dado que constituyen la fuerza legítima del Estado utilizada para garantizar las libertades y los derechos de la nación colombiana, como lo entendemos todos los colombianos que nos sentimos seguros con la presencia de un soldado o de un Policía. Los enemigos del orden y la paz se oponen a este principio de nuestra nación por razones inconfesables.

EL CONSEJO DE EXDIRECTORES, LOS COLEGIOS DE GENERALES Y CORONELES DE LA RESERVA POLICIAL Y LA ASOCIACIÓN DE OFICIALES EN RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (ACORPOL), SE PERMITEN MANIFESTAR A LA OPINIÓN PÚBLICA QUE:

1. Reciben con sorpresa y preocupación el informe que ha presentado el señor Alberto Brunori, como representante de las Naciones Unidas en nuestro país, sobre aspectos relacionados, entre otros, con los últimos hechos que han alterado las condiciones de convivencia y seguridad pública, por carecer de objetividad y fundamento en sus apreciaciones. 2. Se sorprenden ante la indiferencia que se hace evidente al no reconocer y condenar los graves actos de terrorismo y vandalismo que han destruido gran parte de la infraestructura de servicios públicos, bienes de gran valor cultural, propiedades particulares cercenando el ejercicio de derechos fundamentales, como el trabajo, la libre movilidad y el disfrute de espacios públicos a muchos de nuestros conciudadanos, además desconoce el profesionalismo de las actuaciones de la Policía Nacional en todos sus actos y tampoco condena los ataques aleves, a mansalva y con sevicia de terroristas que han asesinado o dejado gravemente heridos a héroes de la patria, pero sí destaca con preocupantes imprecisiones lo que a su juicio constituye un exceso en el empleo de la fuerza legítima, que

3. Lanzar apreciaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte del señor Dylan Cruz, llegando a calificarla como una “ejecución”, constituye no solo una ligereza sino un prejuzgamiento e intromisión en los asuntos internos del País, especialmente del aparato judicial del Estado.

4. Proponer que la Policía Nacional se separe del Ministerio de Defensa para adscribirla al Ministerio del Interior, es otra intervención que atenta contra la autonomía administrativa del Estado, máxime cuando este tema fue ampliamente estudiado y debatido con participación de todos los sectores de la sociedad, concluyendo que es de conveniencia nacional mantenerla en el Ministerio de Defensa, hasta tanto Colombia no recobre la total y absoluta normalidad, necesidad que se tradujo en mandato constitucional contenido en el artículo 216 de nuestra carta política, donde establece una unidad monolítica de la Fuerza Pública consagrando que está integrada exclusivamente por la Fuerzas Militares y la Policía Nacional, alianza estratégica que soporta nuestro estado de derecho, amenazado por grupos que generan el terror en las calles y plazas de las ciudades, causando destrucción, desconcierto y zozobra en toda la sociedad, circunstancias que ignora a la vez que minimiza el señor Brunori porque no conoce nuestro país ni su historia, fácilmente percibible si lo desea, a través de quienes participamos en este proceso, subsanando el enorme vacío que tiene sobre nuestra situación real. 5. Hablar en términos genéricos respecto a procedimientos no comprobados, donde a su juicio, se ha excedido en el uso de la fuerza por parte de los organismos del Estado sin presentar casos concretos, no es ninguna contribución al mejoramiento de la situación y es por lo

7. Desconocer los esfuerzos que el Gobierno está haciendo para consolidar la paz con legalidad y garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, es sin duda alguna una injusticia que constituye un pésimo y equivocado mensaje a la comunidad nacional e internacional.

8. No se debe hacer apología del delito mostrando una tolerancia ante la ilegalidad del terrorismo y vandalismo y rechazando la respuesta con la fuerza legítima de un estado democrático de derecho.

9. Se debe hacer claridad sobre quien debe recibir el respaldo de las diferentes instituciones, quién infringe la ley y atenta contra la ciudadanía o quien procura aplicarla para defender a sus conciudadanos.

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Mesa de Trabajo Permanente

Carta abierta a Alberto Brunori, representante de la ONU en Colombia “Bogotá, 2 marzo 2020

Señor Representante de la ONU ALBERTO BRUNORI Vía Email y Correo Certificado Doctor Brunori:

Usted, como representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), emitió un informe sobre la situación de derechos humanos de mi querida patria, pero fue un informe sesgado, impreciso, pleno de falacias, de un valor totalmente subjetivo y de tendencia política socialista. Tan de izquierda fue su informe, que más de 400 organizaciones apoyan informe de oficina de la ONU, y lo consideraron un texto sobre derechos humanos es "oportuno, serio, riguroso y ajustado a la realidad". Agregan que las descripciones cuantitativas y cualitativas dan cuenta "del deterioro exponencial que viene sufriendo el país en materia de derechos humanos". Un apoyo a su informe, totalmente carente de credibilidad, objetividad ética. ¿Por qué este tipo de manifestaciones no las hizo usted señor Brunori, en el gobierno del expresidente Santos, responsable del crecimiento exponencial del cultivo de la coca en Colombia y que la supuesta paz fue una farsa, que ha dejado miles de muertos y toda clase de tropelías desmanes y crímenes por parte de los grupos narco terroristas? Mientras haya coca, la paz será una quimera y vana ilusión. La ONU no fue creada en 1945, para ese tipo de informes y determinaciones abyectas como su mal intencionado informe, el cual me lleva la suspicacia de preguntarme, ¿El magnate e izquierdista magnate señor Soros, apoya a la ONU? ¿Por qué su marcada

inclinación a atacar al actual gobierno y a las FF. MM. y nunca lo hizo con el premio Nobel de paz doctor Santos? El convenio con la ONU le costará a nuestro país US$ 316 millones de dólares por 4 años; mensualmente, $60 millones de pesos mensuales de sus salarios, ¿Para qué el ataque al gobierno? Desde el año 1990 cuando el presidente del 8.000 permitió el ingreso de la ONU, todas las acciones e informes han estado apoyando a los sectores de la izquierda. ¿Por qué tanto interés suyo, a que el señor presidente Duque ratificara sin reparos, la parcializada JEP, que ha demostrado ser un medio de protección de los narco terroristas de las Farc? Tanto, que después de tres años, no se ha proferido la primera sentencia condenatoria contra los criminales farianos, que cuando son citados a puerta cerrada, salen sonrientes. ¿Su cuestionamiento a la fumigación aérea con glifosato, es para favorecer a los grupos extremistas, de las Farc, ELN y otros carteles? ¿Cuándo hemos escuchado una crítica sobre los soldados mutilados por las minas, sobre la humillación, lapidación de los policías, sobre el incremento y asesinato callejero de los ciudadanos, en cumplimiento del Foro de Sao Paulo? ¿En lo que hace referencia al asesinato de los líderes sociales, usted pretende insinuar, que es culpa del gobierno, cuando el pueblo sabe que son los bandidos de las Farc, mal llamados disidentes, que se matan por quitarles las tierras y aumentar su negocio? Su indebida injerencia en los asuntos internos del país, y sobre todo en lo que hace referencia a la justicia, es vituperable. Con sus actos y pronunciamientos, usted señor BRUNORI, se manifiesta como declarado defensor de la agenda mamerta, un crítico del gobierno y sus FF. MM. muy diferente de la realidad y verdad. Usted y no está cumpliendo con uno de los principios de la ONU, “Todos los miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad

Informes y reservas Teresa Romero 310 480 08 97 / 3 45 05 11 ext 118 acoreturismo@hotmail.com

con la Carta”. Ninguna disposición de la Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados”. Pero usted señor Brunori, abusivamente señaló lo que debe hacerse en materia constitucional. Usted señor Brunori, de ninguna manera ha debido sugerir que la Policía Nacional haga parte del Ministerio del Interior, garrafal y vituperable error de su parte. El 7 de junio 2017, se inició la dejación de armas por parte de las Farc. Yo le escribí una carta al señor expresidente Santos y al señor ministro de defensa, donde les manifestaba mi incredulidad, ante el hecho, que en la entrega de las armas por parte de los narco terroristas de las Farc, el gobierno ni las FF. MM. tuvieron un representante, a fin de verificar el verdadero estado de lo entregado y su origen. En la entrega y fotos emitidas no vi ningún cohete tierra aire de los entregados por Chávez a las Farc. ¿Por qué esa entrega camuflada y disfrazada? No olvidemos cierta simpatía de los miembros de la ONU, cuando el 1 de julio de 2017, la misión verificadora del proceso de paz de Naciones Unidas, aparecieron bailando con guerrilleras en los festejos de fin de año, en el corregimiento de Conejo, La Guajira. Esto fue ventilado por la embajadora ante esa entidad, la doctora el María Emma Mejía, quien envió una carta al secretario general adjunto para asuntos políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, para rechazar la conducta de los observadores. Señor Brunori, nos queda muy claro, que su rigurosidad, objetividad y honorabilidad, son justamente cuestionadas por el pueblo colombiano demócrata. Usted no puede vulnerar e irrespetar nuestra soberanía e inmiscuirse en asuntos internos. Atentamente, Mayor (R. A.) Juan José García Cabra (SIC)”.

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Doctrina

GAO-GDO-GDCO POR: FELIPE FERNÁNDEZ

ientras el Estado colombiano persigue y combate organizaciones armadas y grupos de crimen organizado, en los noticieros, redes sociales o comunicaciones de la Fuerza Pública se escuchan siglas como Grupo Armado Organizado (GAO), Grupo Delictivo Organizado (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), tipologías de naturaleza jurídico-política que para muchos aún no resultan claras, pues tienen tratamientos e implicaciones diferenciales en la práctica. Así, como este tipo de organizaciones criminales muta y se adecua a contextos legales o de facto, las instituciones encargadas de velar por la seguridad también lo hacen y por consiguiente los análisis jurídicos se actualizan para que el Estado pueda enfrentar los fenómenos de violencia de una manera correcta. Este nuevo tratamiento jurídico permitió a la Fuerza Pública trabajar de manera coordinada e interagencial con el fin de combatirlos, pues el combate de estas organizaciones supuso retos para el ministerio de Defensa desde la expedición de la Directiva Permanente 14 de 2001 conforme a las capacidades de sus fuerzas a la hora de contrarrestar las nuevas expresiones criminales de acuerdo con su alcance regional o nacional. Directiva permanente N°. 15 del 22 de abril de 2016

La caracterización de Grupo Armado Organizado (GAO) y de Grupo Delincuencial Organizado (GDO) aparece por primera vez en la directiva ministerial permanente N°. 15 del 22 de abril de 2016 expedida por el ministerio de Defensa que derogó a la directiva permanente 14 de 2001, también expedida por esa cartera e introdujo nuevas características y nombres que tipifican el accionar de este tipo de organizaciones con relación al nivel de hostilidades que puedan generar. Es así como el propósito y objetivo de esta Directiva fue “expedir lineamientos de política del Ministerio de Defensa Nacional para enfrentar a los Grupos que se caracterizan como Grupos Armados Organizados (GAO)”. Luego de la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc el pasado 24 de noviembre de 2016, el ministerio de Defensa pensó y elaboró un concepto jurídico-político más robusto mediante una directiva que le permitiera enfrentar este nuevo orden criminal que progresivamente fue haciéndose cargo de los diferentes espacios territoriales abandonados por la entonces guerrilla. La directiva quiso recoger organizaciones desde las conocidas Bandas Criminales (Bacrim) producto de las disidencias de los procesos de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, pasando por las organizaciones de crimen organizado y lo que hoy se conoce como disidencias de las Farc que empezaron a

ser denominados por la Fuerza Pública como Grupos Armados Organizados residuales (GAOr). Este tipo de amenazas hizo que las autoridades diseñaran unas directrices de combate operacional conforme al desarrollo legal, constitucional y de justicia internacional. Cabe destacar que la directiva permanente 14 de 2001 al momento de su elaboración y planeación estratégica no tuvo en cuenta las capacidades armadas y el incremento de su poder militar de dichas organizaciones armadas, como lo hizo en su momento las guerrillas de Farc, ELN y especialmente grupos paramilitares disidentes, luego de haberse sometido al proceso transicional de Justicia y Paz. Entre los propósitos que llevó al ministerio de Defensa a reconsiderar las reglas jurídicas de combate y la referida caracterización de las emergentes organizaciones criminales en la directiva permanente N°. 15 del 22 de abril de 2016 es porque una vez celebrado el Consejo de Seguridad Nacional de 2011, se concluyó que este tipo de organizaciones eran entendidos y tratados por el Gobierno Nacional en la directiva permanente 14 de 2001 como bandas criminales que no les asistía la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), mermando así la capacidad operativa e institucional del Estado para combatirlos. En 2016, Mindefensa señalaba que los grupos que anteriormente habían sido denominados como Bandas Criminales (Bacrim) por esa cartera, en algunos casos habían alcanzado un nivel de hostilidades y de organización de estructura armada mucho mayor que cumplía con las características de lo que hoy se entiende como un GAO, por tal motivo, ameritaba un nuevo estudio y replanteamiento de la política de seguridad nacional y de estrategia ministerial para enfrentar dichas amenazas. Lo más claro de la directiva es el cuadro normativo en el cual está construido siendo claros en la necesidad de desconocer el estatus político de estas organizaciones armadas, para así evitar negociaciones de paz a futuro, dado que son organizaciones que se dedican exclusivamente al negocio del narcotráfico como fuente de financiación principal y que pueden afectar la seguridad nacional, actividades que incluso tienen implicaciones a nivel transnacional. Es decir, son organizaciones que no tienen una base ideológica clara sino meramente instrumental con el fin de controlar las diferentes rentas ilícitas y portafolios de economía criminal. En su momento, el exministro de Defensa Luis Carlos Villegas señaló que el espíritu de la directiva 015 de 2016 era caracterizar las diferentes organizaciones armadas y estructuras criminales que operaban en el país, para que, posteriormente la Fuerza Pública pudiese elaborar operaciones en el marco del DIH y poder combatir con todas sus fuerzas. Dicha directiva estableció una hoja de ruta y enmarcó las operaciones

de acuerdo con el nivel de peligrosidad de las organizaciones. Por ejemplo, un Grupo Delincuencial Organizado (GDO) se le confiere menos poder, y a un Grupo Armado Organizado (GAO) se le confiere un poder mucho mayor ya que operan jerárquicamente, poseen control territorial, utilizan uniforme distintivo y están disciplinados para la guerra. GAO/GDO/GDCO

Según la Directiva, son Grupos Armados Organizados residuales (GAO): “Los que bajo una dirección de un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Este cálculo operacional es realizado de acuerdo con el número de ataques, número de combatientes, tipo de armas, número de tropas para combatirlos, ocupación o toma de vías, entre otros factores. Estas organizaciones serán combatidas por el Estado a través de la fuerza pública, es decir, por la Policía Nacional y Fuerzas militares por igual. De acuerdo nivel de intensidad que ya desarrollan, por ejemplo, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, disidencias de las Farc, ELN o los Puntilleros, el Estado colombiano los puede bombardear y para enfrentarlos ya no se recurre únicamente a las fuerzas de Policía que son encargados misional y constitucionalmente de la seguridad ciudadana, sino que entra a jugar un componente estratégico clave que son las Fuerzas militares. Con relación a los Grupos Delictivos Organizados (GDO) son descritos en la directiva como un “Grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo en la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. En este sentido, los GDO son cualquier organización que cumple con los requisitos anteriormente definidos y que tiene alcances delictivos transnacionales. Lo que se entiende entonces como pandillas, bandas y combos, entran en

esta clasificación. Del mismo modo, las autoridades locales y las unidades especializadas de la Fiscalía General empezaron a denominar a algunas redes criminales de alcance regional, especialmente en ciudades como Medellín y Cali como Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO). El termino se empezó a escuchar bastante luego de las capturas a miembros y cabecillas de La Terraza, La Agonía, Robledo y Pachelly, en la capital de Antioquia. Conviene aclarar que tanto los GAO y GDO son organizaciones con alcance transnacional, lo que diferencia a una de la otra, está en que un GAO puede tomar un proceso de transición y convertirse en un GDO siempre y cuando pierda su capacidad militar. La perfilación criminal de estas organizaciones de acuerdo con la Directiva Ministerial “provienen de los Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra y de la línea jurisprudencial nacional e internacional que se ha establecido al interpretar los mismos”.

A diferencia de los GDO que pueden tener mayor influencia en las ciudades, se destaca también en un GAO la existencia de campamentos, zonas designadas de operación, y la capacidad de procurar, transportar y distribuir armas. Bajo este aspecto, está en cabeza de los miembros permanentes del Acuerdo de Comandantes del Sector Defensa decidir qué grupos se clasifican como Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO). Por orden expresa de la directiva, el acuerdo de comandantes se llevará a cabo en una reunión bimestral y tendrá en cuenta tres factores principales: • • •

Violencia armada contra miembros de la Fuerza Pública, gobierno, población civil e integrante de otras GAO. Violencia armada que supere disturbios y tensiones internas. Organizaciones con cadena de mando.

Las decisiones que sean tomadas deben ser notificadas ante el Acuerdo de Comandantes y estas serán ratificadas en el caso de ser aprobadas por el Consejo de Seguridad Nacional.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Candidatos elecciones período estatutario 2020 - 2022

Plancha 1. Coronel (R. A.) Juan Luis Gutiérrez Restrepo

Hoja de vida “Coronel (R. A.) Juan Luis Gutiérrez Restrepo Bogotá, tel. 7489794 y cel. 313-8723514. Email: luciano1958@hotmail.com

Perfil profesional Profesional en Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales. Administrador de Empresas y Gerente de la Seguridad, con alto nivel de competencia administrativa, financiera, organización, monitoreo y gestión. Con sólida experiencia como Oficial de Cumplimiento, Director de Riesgos y en procesos de contratación en el sector público y privado. Fortalezas en 7P (personas, planeación, proyectos, presupuesto, procesos, perseverancia y prevención.) Innovador y buen comunicador organizacional. Capacidad de adaptación a nuevos entornos laborales y pasión por la dirección de proyectos de alto impacto social.

Experiencia laboral relevante Consultor en asuntos de Seguridad, Defensa y Relaciones Internacionales, 2009 a la fecha. Subdirector de Prestaciones Sociales de la Caja Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) de julio de 2016 a agosto de2017; www. cremil.gov.co. Asesor Dirección de Acción Integral Contra Minas/ DAICMA, de octubre 2015 a julio 2016.www.accioncontraminas.gov. co; mediante contrato con Organización Internacional de Migraciones (OIM) y Ayuda Popular Noruega (APN). Gerente y representante legal de Bogotana de Seguridad ltda. , del julio de 2013 a junio de 2015.www.bogotanadeseguridad.com. Director ejecutivo y representante legal de la Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada, capítulo Bogotá y centro del país. (ANDEVIP) www.andevip.com.co, del agosto de 2010 a enero de 2013. Treinta años de servicio en el Ejército Nacional, con cargos de responsabilidad administrativa, académica, financiera y operacio-

nal, en diferentes lugares del territorio nacional. Como miembro de Junta Directiva de ANDEVIP, BASC-Capitulo Bogotá, CREMIL, Electrónica Vigilancia y Seguridad Privada 7 EV7 ltda.

Formación profesional Postgrados Magíster en Relaciones Internacionales, Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Políticas y RRII, 1996. Magíster en Defensa Nacional, Escuela de Defensa Nacional, Argentina, 2008.

Pregrados Administrador de Empresas, Universidad Cooperativa de Colombia, TP. No. 19850, 1998. Gerente Seguridad y Análisis Sociopolítico, registro ICFES No. 90143630111100111100, Bogotá, 2002 Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes, Código ICFES No. 48401, 1997. Como director de riesgo y/o oficial de cumplimiento Diplomado en “Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT”, Universidad de la Sabana, Bogotá, 2018. Seminario “Prevención Riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, Centro Formación Empresarial Càmara de Comercio de Bogotá, 2018. Actualización curso “Lo que debo saber del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, Modulo General; UIAF, UNODC, Embajada Británica, Bogotá, marzo de 2018, modalidad e-learning. Actualización curso Modulo “Riesgo de corrupción y lavado de activos”; UIAF, Bogotá, marzo de 2018, modalidad e-learning. “Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo.” - SARLAFT / SENA Educación virtual, julio 2018. Auditor Internacional BASC, registro No.

“PROGRAMA DE GESTIÓN PROYECTO ACORE 2020/2022 “LA UNIÓN, HACE LA FUERZA DE LA RAZÓN.”

- El “Proyecto ACORE 2020/2022”, tiene como propósito superior el fortalecimiento de ACORE, que con 60 años de existencia se constituye en la organización más antigua y representativa de la Reserva Activa de las FFMM; llamada a seguir dando las grandes batallas en defensa de nuestros derechos adquiridos en las áreas de salud, asignación de retiro, seguridad jurídica, bienestar, etc. - Se fundamenta en un “Decálogo de Propuestas” que constituye el PROGRAMA DE GESTIÓN que se ha ido construyendo entre todos los participantes del Proyecto y que es el compromiso con los ACORADOS para que apoyen nuestra lista en las elecciones para la Presidencia y Junta Directiva Nacional periodo 2020/2022. PROGRAMA DE GESTIÓN / DECÁLOGO DE PROPUESTAS.

1. Respeto por las personas, sin diferencia de genero, grado, fuerza, condición social ni agremiaciones de la Reserva Activa a la que pertenezca. 2. Fidelización de los afiliados existentes a acore. 3. Campaña masiva de afiliación a acore. 4. Fortalecimiento patrimonial de acore. 5. Banco de proyectos. 6. Presencia local, nacional e internacional de acore. 7. Centro de memoria histórica. 8. Mesa de trabajo permanente. 9. Veeduría ciudadana. 10. Desarrollo y fortalecimiento de los estatutos de acore. 10.1. Desarrollo de los estatutos de acore.

25-013-01. (www.basc.com.co) Consultor en Seguridad, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia Resolución No. 20184440093047, recurso reposición del marzo 3 de 2018. Credencial de Profesor de Vigilancia y Seguridad Privada, registro No. 0153550. Seminario “Herramientas jurídicas en la lucha contra las finanzas de las organizaciones terroristas.” Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional para la extinción de dominio y control de lavado de Activos. Villavicencio, febrero de 2004. Conferencia latinoamericana sobre “Control aduanero en los puertos, especial incidencia en el tráfico de drogas vía contenedores”. Centro de Formación de la Cooperación Española y Plan Nacional de Cooperación sobre drogas del Gobierno Español. Cartagena de Indias, mayo de 2002. Curso de “Colección y Análisis de Inteligencia Financiera.” Embajada de Estados Unidos de América, Cali, enero de 2001. Curso de Altos Estudios en Prospectiva, 1999, Consulcat Ltda y MDN. Curso Estado Mayor para ascenso a Teniente Coronel, Escuela Superior de Guerra, 1998, Bogotá. Curso de Inteligencia, Escuela de inteligencia, Ejército Nacional, Bogotá, 1.984 Curso de Analista, Escuela de Inteligencia, Ejército Nacional, Bogotá, 1.984. Especializaciones

Especialización en Administración de Recursos para la Defensa Nacional del Centro de Educación Militar / Bogotá, 2008. Registro SNI MEN No. 290556580001100113400. Mobile International Defense Management Course, Defense Resources Management Institute, Escuela Naval de postgrados, Monterey. 2007.

10.1.1. Intervención en política gremial. 10.1.2. Interactuar con otras agremiaciones de la RA. 10.1.3. Meritocracia: asignación de cargos directivos. 10.1.4. Creacción seccionales de acore. 10.2 Reforma estatutos de acore.

Buscando una actualización en asuntos relacionados con la Presidencia Nacional, Régimen Disciplinario, Comité de Control Interno; se presentará una propuesta a la Asamblea General Extraordinaria convocada para tal fin. Es necesario tener presente que el Programa de Gestión propuesto se le hará una revisión, actualización y mejoramiento continuo, en concordancia con el desarrollo de los diferentes acontecimientos que afecten a la Reserva Activa de las FFMM y los resultados de las elecciones en la diferentes seccionales. Atentamente,

CR EJC (RA) JUÁN LUIS GUTIÉRREZ RESTREPO CC No. 70.096.519 Cel. 3138723514 / Correo: luciano1958@hotmail.com PRESIDENTE ACORE 2020/2022 CN ARC (RA) FABIO CUELLO COGAN CC No. 92.495.996 Cel. 3134227020 / Correo: fabioccl@yahoo.com PRIMER VICEPRESIDENTE ACORE 2020/2022.

CR FAC (RA) HÉCTOR PEÑATE MALDONADO CC No. 19.123.720 Cel.3103413439 / Correo: hepema16@hotmail.com SEGUNDO VICEPRESIDENTE ACORE 2020/2022 (SIC)”.

Curso de Altos Estudios en Prospectiva, 1999, Consulcat Ltda y MDN.

Experiencia docente Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba; Escuela de las Armas y Servicios; Escuela Superior de Guerra; Universidad Militar Nueva Granada – Facultad Relaciones Internacionales, 2008, Diplomado en Geopolítica y Relaciones Internacionales Contemporáneas Universidad del Rosario, 2010. Director y docente del Diplomado en Seguridad Integral y Análisis de Riesgos en la Fundación Universitaria del Área Andina 2011, 2012, 2013. Docente Análisis de Riesgos, Escuela de Inteligencia y C/I, 2019.

Otra información relevante Español: Lengua nativa, excelente nivel de compresión, fluidez verbal y escrita. Inglés: Buen nivel de comprensión, debidamente certificado. Empleo de diferentes herramientas informáticas de Microsoft office, correo electrónico, Skype, Retiro del Servicio Activo del Ejército Nacional, en el grado de coronel, por solicitud propia, mediante decreto No.4768 del 18-DIC2008 (SIC)”.

JUNTA DIRECTIVA PLANCHA N° 1 Grado

Presidente

1er. Vicepresidente ARC

Coronel

Capitán de Navío

2do Vicepresidente Coronel FAC

Nombres y Apellidos Juan Luis Gutiérrez Restrepo Fabio Cuello Cogan Héctor Peñate Maldonado

VOCALES EJÉRCITO NACIONAL

Coronel

Homero Herrera Leal (Principal)

Coronel

Luis Alfonso Carvajal Lasso (Principal)

Coronel

John Jairo Vigoya Arango (Suplente)

Mayor

Luis Bernardo Contreras Giraldo (Suplente)

Coronel Mayor

Nelson Felipe Sánchez Gutiérrez (Principal) Carlos Hugo Rincón Camargo (Suplente)

VOCALES ARMADA NACIONAL

Teniente Coronel I.M. Capitán de Navío

Héctor Walton Martínez (Principal)

Héctor Fabio Hincapié Molina (Suplente)

VOCALES FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Coronel

Teniente Coronel

Capo Elías Ruales Morillo (Principal)

Gabriel Arturo Triviño Morales (Suplente)

VOCALES DAMAS ASOCIADAS ACTIVAS

Señora Señora

María Cristina Ovalle de Pedraza (Principal) Blanca Navas de Marín (Suplente)

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Candidatos elecciones período estatutario 2020 - 2022

Plancha 2. Mayor General (R. A.) Jairo Duván Pineda Niño

Hoja de vida Oficial de Caballería, realizó los cursos de capacitación y entrenamiento en todos los grados de la carrera militar, hasta el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM). Cursos especiales en Paracaidismo, Contraguerrillas e inteligencia en Colombia y Argentina. Varias condecoraciones, entre ellas 3 medallas de orden público, Derechos Humanos y la Cruz de Boyacá. Como complemento de su perfil, es abogado de la Universidad de los Andes, Licenciado en Derecho Internacional y Diplomacia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializado en Derecho

Administrativo en la Universidad de la Sorbona de Paris, Administración de Negocios en la Universidad Sergio Arboleda, Administración Pública en la ESAP, Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid, Relaciones Jurídico Diplomáticas en la Escuela de Administración de Francia y Liderazgo Gobierno en la Universidad de la Sabana (Inalde), entre otros cursos. Se resalta como experiencia y realizaciones las siguientes:

Comandante del Grupo Guías de Casanare (Yopal), Comandante Quinta Brigada

“PROPUESTA DE GOBIERNO 2020-2022 ACORE EN ACCIÓN

Señores y damas acoradas:

El 25 de marzo será la elección del nuevo Presidente de Acore para el periodo 2020 -2022. Quien salga electo tendrá la responsabilidad de conducir el rumbo de nuestra organización hacía escenarios prósperos en este gran momento histórico para la nación y nuestra amada institución militar.

De la manara más honrosa, me permito informar a la comunidad acorada que he considerado postular mi nombre como candidato a la Presidencia de ACORE. Es mi deseo manifestar el decidido compromiso de aportar mis conocimientos y experiencias a través de un adecuado Plan Estratégico que permita la continuidad de los proyectos exitosos, fortalecer los que están en desarrollo y presentar a consideración otros novedosos que coadyuven al engrandecimiento y proyección de nuestra querida Asociación. ACORE en la actualidad es objeto de distintas amenazas y riesgos para su permanencia, pues circunstancias de diverso orden afectan su desarrollo.

Aspectos como: la presión de sectores antagonistas y detractores de la institucionalidad, la desmotivación en algunos asociados, la falta de compromiso de algunos de sus miembros y la escasa afiliación de los nuevos integrantes de la Reserva Activa tornan a nuestra entidad en una débil Institución frente a la defensa de nuestros derechos. Pilares del programa de Gobierno 2020 – 2022 ACORE EN ACCIÓN Con gran complacencia y desprendimiento a continuación pongo a disposición de la comunidad de ACORE unos principios materializados en cinco pilares transversales, los cuales son el centro de mi propuesta de Gobierno, denominada “Acore en Acción” y que reúne diversos intereses para el logro de los objetivos estratégicos. 1. Integración, como razón de ser de la Asociación: busca fortalecer los vínculos, entre los asociados, las Seccionales, los miembros de la reserva activa, concebida desde una perspectiva integral, participativa e incluyente, agrupada como grupo de presión en defensa de nuestros derechos. Si tenemos la misma historia y futuro, ¿por qué no nos integramos? 2. Comunicación Estratégica: Será un vínculo permanente y dinámico de la Asociación con el entorno cultural y social, elemento fundamental de unión de asociados y funcionarios, para identificar inquietudes y necesidades, fomentar así, un ambiente de cooperación, participación y compañerismo para subsistir institucionalmente. “Lo que no se comunica no se sabe”. 3. Institucionalidad: Entendida como el permanente res-

(Bucaramanga), Director de Inteligencia del Ejército, Jefe de Operaciones del Ejército, Director de la Justicia Penal Militar, Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, Profesor Militar Escuela Superior de Guerra, docente universitario y Asesor Jurídico de la Facultad de Derecho en la Universidad Militar, Asesor de la Jefatura Jurídica del Ejército Nacional, Director del Centro de Conflicto y Verdad en la Defensoría Militar, miembro de la Mesa de Trabajo de ACORE y Director Nacional de la Defensa Civil Colombiana, donde obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia, otorgado por la Función Pública de la Presidencia de la República.

peto y promoción de nuestra filosofía institucional, en defensa de los objetivos de la Seguridad y Defensa Nacional, el mantenimiento de los fines establecidos en los estatutos para proyectar a Acore en una organización funcional, referente, participativa y de equidad, es decir en palabras de (Ralp Waldo Emerson), “Una institución es la sombra proyectada de un hombre”. 4. La representatividad: Encaminada al ejercicio continuo para la defensa de los intereses y el prestigio de las Fuerzas Militares ante las ramas del poder público del País, al participar activamente en escenarios generadores de opinión pública con la participación decidida de la Dirección Nacional y Directores Seccionales. “La gente cree en el líder antes de crear en su visión.” (Jonh Waxwel).

5. La eficiencia en la gestión: El desarrollo de un adecuado planeamiento estratégico, proactividad, empoderamiento y liderazgo fundamentados en principios éticos, con innovación y resultados evidentes en rendición de cuentas, basados en trasparencia y capacidad de gestión como muestra de eficacia y efectividad.” La capacidad de convertir ideas en cosas es el secreto del éxito”. Henry Ward Beecher).

Por las anteriores razones, de la manera más respetuosa pongo a su entera disposición el este proyecto estratégico, acompañado por mi trayectoria profesional, representada en una hoja de servicios en mi carrera como militar y mis ejecutorias en destacados cargos públicos que van dese el cargo de Inspector General del Ejército, jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Defensa, primer director de la Justicia Penal Militar, profesor y Asesor Universitario, entre otros. En el 2011 como Director de la Defensa Civil Colombiana, fui galardonado con el premio nacional “Alta Gerencia de la Presidencia de la República”

Su voto es definitivo, si lo hacen por mi proyecto estratégico, asumiré el reto y con mucho compromiso de la mano de Dios, junto a cada uno de ustedes como apoyo decisivo emprenderemos el trabajo de engrandecer nuestra Asociación. Para mayor información por favor comunicarse a: acoreunidos@gmail.com Tel: 311 8085716 (SIC)”.

NOTA: La anterior plancha está constituida por la representación de cada una de las unidades simbólicas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Es pluralista, equitativa y participativa de los diferentes grados y con liderazgo de sus miembros (SIC)”.

Junta Directiva “PRESIDENTE

Mayor General (RA) EJC

JAIRO DUVAN PINEDA NIÑO VICEPRESIDENTES

Primer Vicepresidente BG (RA) FAC JESUS ALVAREZ ARENAS Segundo Vicepresidente CN (RA) ARC RODOLFO RODRIGUEZ CASTRO

Maestría en Administración Y Reingeniería de Sistemas Ejecutivo de Superficie

VOCALES EJÉRCITO Principales

BG (RA) ING RAMIRO BAUTISTA MESA

Inteligencia “La Casa de Josué” Alta Gerencia Política y Relaciones Internacionales

BG (RA) INT JOSE ARMANDO SERPA HERNANDEZ CR (RA) INF NELSON PARDO TORRES

Unidad Simbólica de Ingenieros Militares “Francisco José de Caldas” Alta Gerencia Administrador Publico

División de Infantería “GR. José María Córdova” Abogado

Suplentes

TC (RA) INF MIGUEL ARCÁNGEL RICO ZAPATA TC (RA) CAB J JESÚS MARÍA DÍAZ JAIMES

División de Infantería “GR. José María Córdova” Periodista y cooperativismo Regimiento de Caballería “San Jorge” Administrador de Empresas Maestría en estrategia y Geopolítica

Grupo de Artillería “Santa Bárbara” Maestría en Defensa y Seguridad Hemisférica

CR (RA) ART JOSE ENRIQUE TIRADO VÉLEZ

VOCALES ARMADA NACIONAL Principal

CN (RA) ARC RITO ERNESTO GÓMEZ SARMIENTO

Oceanógrafo Físico Profesional en Ciencias del Mar Alta Gerencia

Suplente

CN (RA) ARC JOSE ALEJANDRO GRACIA MARTINEZ

Seccional Cartagena Ingeniero Naval Electrónico

CR (RA) ROMMEL DE JESÚS ZAPATA CANO

Ingeniero Industrial y MBA Aeroespacial

VOCALES FUERZA AÉREA COLOMBIANA Principal

Suplente

CR (RA) FAC JOSE OMAR CRUZ URUEÑA

Abogado

VOCALES DAMAS ASOCIADAS Principal

ROSITA AGUILAR DE QUIÑONES

Líder Social

GLORIA NANCY PINILLA DE BOLIVAR

Líder Comunitaria

Suplente

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Candidatos elecciones período estatutario 2020 - 2022

Plancha 3. Coronel (R. A.) José John Marulanda

Hoja de vida “Coronel José John Marulanda CV Perfil académico Licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomas de Aquino (Col) Abogado de la Universidad la Gran Colombia. (Col) Diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Ohio (USA).

Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana (Col) Diplomado en Comando y Estado Mayor. Escuela Superior de Guerra (Col)

Diplomado en Negociación y Manejo de Crisis. Harvard (USA) Catedrático PUJ, Facultad de Ciencias Políticas y RRII. Coronel (R.A) del Ejército de Colombia.

Especialidades militares Oficial del Arma de Caballería, especialista en Inteligencia Militar y Operaciones Psicológicas. Posee los distintivos de Comando Terrestre, Paracaidista, Contraguerrilla Urbana, Experto en Jungla, Lancero, Buzo y Piloto de Helicópteros. Fundador y primer Director de la Escuela de Relaciones Civiles-Militares (Bogotá, 1993). Fundador y primer Comandante de la Brigada 25 de Aviación del Ejército (Bogotá, 1997) Desempeño como especialista en seguridad y defensa

Conferenciante sobre temas de Seguridad en Moscú, Berlín, Durban, Tel Aviv, Amman, Kuala-Lumpur, Bangkok, todas las capitales latinoamericanas y en la Universidad de la Defensa en Washington. Consultor sobre Seguridad y Defensa para varios gobiernos de la región. Consultor en Defensa del Proyecto

Programa de gestión “PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PERÍODO 2020-2022 OBJETIVO GENERAL NÚMERO 1

POTENCIAR ACORE COMO EL MÁS RECONOCIDO CENTRO DE PENSAMIENTO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS PARTICULARES

A. Producir Documentos de interés Nacional y Regional B. Realizar uno o varios Foros sobre temas relacionados C. Desarrollar alianzas estratégicas con entidades relacionadas D. Potenciar la MTP. Recrear un Centro de Pensamiento y Análisis. Crear un Centro de documentación

CIUDAD REGION en Bogotá.

Consultor sobre asuntos Seguridad y Defensa para CNN en Español, CNN International, RCN, Caracol, Todelar, La FM, y los periódicos El Tiempo, El Colombiano, La Patria, Vanguardia en Colombia, La Jornada de México, El Comercio de Ecuador, El Mercurio de Chile, BBC de Brasil, Radio Rivadavia de Argentina, y otros.

Ha publicado Artículos sobre Seguridad y Defensa en Military Review del Ejército de US, Revista Hemisphere de la Universidad de Florida, Lecturas Dominicales de El Tiempo y publicaciones especializadas.

Columnista de El Colombiano (Medellín), Univisón, PanamPost y Confidencial Colombia. Columnista invitado en El País (Cali), La Patria de Manizales y otras publicaciones regionales Autor de “TERRORISMO EN COLOMBIA:

A. Revisar y actualizar los Estatutos y el Régimen disciplinario de Acore B. Reglamentar la Panoplia de Asociaciones adherentes a Acore C. Promover la participación permanente y activa de las Seccionales OBJETIVO GENERAL NÚMERO 4 GENERAR MASA CRÍTICA OBJETIVOS PARTICULARES

OBJETIVOS PARTICULARES

GERENCIAR Y CONSOLIDAR ACTIVOS

A. Gestionar la presencia y actividad de Acore en el Consejo de veteranos B. Gestionar coordinaciones con los diferentes Ministerios e Institutos relacionados C. Escuchar, guiar y en lo posible apoyar otras organizaciones de reservistas

OBJETIVOS PARTICULARES

CONSOLIDARSE COMO EJE REFERENCIAL DE LA

ACADEMIA BOLIVARIANA DE HISTORIA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA MILITAR SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PSICOLOGÍA POLÍTICA GRUPO MUNDIAL DE POLICÍAS (GMPO) (Buenos Aires) US SECURITY COLLEGE (Washington) OCCIDENTAL STUDIES INSTITUTE, Londres (SIC)”. JUNTA DIRECTIVA “Grado

OBJETIVOS PARTICULARES

COMPROMETER A ACORE CON LA LEY DE SEGURIDAD Y DEFENSA

OBJETIVO GENERAL NÚMERO 3

Membresías

RESERVA ACTIVA EN COLOMBIA

A. Generar orgullo organizacional y sentido de pertenencia B. Vincular cónyuges, hijos, pensionados FFMM y Mindefensa y simpatizantes selectos C. Defender la recuperación de la JPM, del Fuero militar y los sistemas pensionales, de salud y de bienestar

OBJETIVO GENERAL NÚMERO 2

¿UN DELITO INUTIL?” y de “QYIHAD EN LATINOAMERICA” (Cangrejo Editores)

OBJETIVO GENERAL NÚMERO 5

A. Revaluar AVODE B. Gestionar sedes seccionales C. Revisar caso de sede principal en Bogotá D. Velar con celos por los activos de la asociación CORONEL JOHN MARULANDA (SIC)”.

Nombres y Apellidos

Presidente

Coronel

José John Marulanda Marín

2do Vicepresidente ARC

Capitán de Navío

Álvaro Faccini Duarte

1er Vicepresidente FAC

Mayor General

Ricardo Rubianogroot Román

VOCALES EJÉRCITO NACIONAL

Coronel

Daniel Alberto Acosta Salazar (Principal)

Coronel

Ramón Elías Ospina (Suplente)

Coronel

Néstor Iván Duque López (Suplente)

Coronel

Jaime Joaquín Ariza Girón (Principal)

Coronel

Horacio Lema Galiano (Principal)

Teniente Coronel

Hugo Armando Preciado Parra (Suplente)

VOCALES ARMADA NACIONAL

Teniente Coronel I.M. Capitán de Navío

Jorge Tadeo Castañeda Garzón (Principal) Raúl Ernesto Varón Quintero (Suplente)

VOCALES FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Coronel Mayor

Señora Señora

Juan Carlos Rueda Cartagena (Principal) Luisa Elvira García Motta (Suplente)

VOCALES DAMAS ASOCIADAS ACTIVAS Sonia Constanza Franco Bonilla (Principal)

Gloria Cecilia Sánchez Cortés (Suplente) (SIC)”.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Candidatos elecciones período estatutario 2020 - 2022

Plancha 4. Brigadier General (R. A.) Leonardo Gómez Vergara

Hoja de vida “Brigadier General Leonardo Gómez Vergara Carrera 11C # 118A- 16, Edificio PLAZUELA SANTA BÁRBARA, Apto 201. Bogotá Teléfono: 6290509- 6454551 Celular 301 6299237. E-mail: legove57@ hotmail.com

- Perfil profesional Brigadier General de la Reserva Activa del Ejército, con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional; profesional en Administración de Empresas, Especialista en Finanzas y Administración Pública. Además, certificado como Auditor en Gestión de Calidad Norma ISO 9001 y en Norma NTC GP 1000. Con experiencia en la administración de empresas del sector público y privado. Como Director General del Club Militar de Oficiales y Gerente General del Grupo Empresarial Héctor Daniel Santiago Murcia, además de otros cargos administrativos dentro del Ejército Nacional. Soy Profesor Militar de Segunda Categoría, fui Profesor de la Escuela de Artillería, Instructor de Lanceros, Profesor en la Escuela Militar, Jefe de Formación Militar de la ESMIC, Profesor en la ESDEGUE y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Militares ESMIC.

Información personal Fecha y lugar de Nacimiento: 07 de Marzo de 1957. Guapotá, Santander. Educación Pregrado: Universidad Cooperativa de Colombia. Título: Administración de Empresas. 1999. Colegio Militar de la Nación, Buenos Aires, Argentina. Título: Carrera de Ciencias Militares. 1974 – 1977 Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”. Título: Profesional en Ciencias Militares. 1973–1977 Postgrado Universidad Militar Nueva Granada. Titulo: Especialización en Finanzas y Administración Pública. Enero 2000 - Diciembre 2000 Cursos y Especializaciones: INCONTEC: Certificación como Auditor de Gestión de Calidad Norma NTC GP 1000. Segundo Semestre 2008 INCONTEC: Certificación como Auditor en Gestión de Calidad Norma ISO 9001. Segundo Semestre 2008 Escuela Superior de Guerra: Magíster en Seguridad y

Defensa Nacional. Enero -Diciembre 2006 National Defense University: Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional. 2004. Ministerio de Transporte: Diplomado en Relaciones Latinoamericanas y Estrategia Continental. 2000 Idiomas Español – Lengua nativa. Inglés: Nivel Medio. Experiencia laboral Cargo: Director General del Club Militar de Oficiales. Agosto 2011 – Septiembre 2014. Resultados: Primer puesto de las 18 empresas comerciales del Ministerio de Defensa (2012 y 2013). En este cargo tenía la responsabilidad del manejo administrativo de sus tres sedes (Puente Aranda en Bogotá, Sochagota en Paipa y Las Mercedes en Melgar), con servicios de hotelería, restaurantes, deportes y eventos; con 25.000 socios. Destaco la recuperación de la entidad: Al recibir la gerencia general, el grupo empresarial ocupaba el puesto 17 de las 18 empresas comerciales del Ministerio de Defensa y la entregué en el primer puesto; en su parte financiera, se recibió con deudas que superaban los quince mil millones de pesos y se entregó con un superávit de más de veinte mil millones de pesos; así mismo, el mejoramiento de su planta física, reflejado en el mantenimiento, remodelaciones y construcciones, las cuales ayudaron a mejorar la situación en la que se encontraba el Club, después de sus crisis financieras. Igualmente, se logró recuperar la confianza de sus socios y la credibilidad de los organismos de control, teniendo en cuenta que la entidad se encontraba sancionada por el Ministerio de Hacienda y Dirección Nacional de Planeación por su mal manejo administrativo en el momento de recibir el cargo. Cargo: Vicedecano Facultad de Ciencias Militares Escuela Militar de Cadetes. Junio 2008 – Agosto 2011. Resultados: Bajo mi cargo tuve la formación y el desarrollo del futuro subteniente como líder integral, buscando el desarrollo de las competencias que requiere el oficial, con respecto a las obligaciones y responsabilidades que va a asumir: Líder, comandante, instructor y administrador. Por ende, mi objetivo fue lograr el mejoramiento del sistema educativo militar. Como logro fundamental, a través de la Facultad de

“PROGRAMA DE GESTIÓN DEL SEÑOR BRIGADIER GENERAL LEONARDO

GÓMEZ VERGARA COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA NACIONAL DE ACORE.

PROPÓSITOS DEL PRESENTE PROGRAMA DE GESTIÓN El propósito del presente Plan de Gestión en términos generales, es trazar la ruta de trabajo a seguir, por parte de la Junta Directiva Nacional de ACORE y su presidente, el señor BG. (RA) EJC, LEONARDO GÓMEZ VERGARA, para el periodo 2020 – 2022. VISIÓN DE LA CAMPAÑA Y DE LA GESTIÓN Hacer de ACORE la organización gremial de la Reserva Activa más eficiente, moderna e influyente en el contexto nacional; así como referente importante en Latinoamérica. ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE PROGRAMA DE GESTIÓN 1. Campaña masiva de conocimiento y afiliación. ¿Cómo lograrlo? Mediante conferencias de sensibilización, publicidad y jornadas de afiliación en las siguientes unidades y entidades: a. Escuela Superior de Guerra. b. Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea. c. Escuela Naval, con jornadas dirigidas a oficiales que adelanten especializaciones y cursos para ascenso. d. Escuelas de Capacitación de las FF.MM. e. CREMIL, con jornadas dirigidas a no afiliados y viudas. f. Departamentos de personal de las Fuerzas Militares, para llegar a los oficiales próximos a pasar al retiro. g. Unidades simbólicas de las Fuerzas Militares y Armas del Ejército, para atraer a oficiales no acorados. h. Campañas mensuales en las seccionales, buscando afiliar a los desinteresados. i. Campañas de afiliación, dirigidas a los Profesionales Oficiales de la Reserva. 2. Incluir representantes de las seccionales en la toma de decisiones y Junta directiva. ¿Cómo lograrlo? a. Con representación de las regionales en la Junta Directiva Nacional. b. Mediante consulta a las regionales, acerca de las decisiones de trascendencia que afecten a los asociados. c. Con presencia activa y permanente de las directivas y Departamentos de ACORE en las seccionales, para conocer de primera mano, las inquietudes y necesidades de los asociados desde sus áreas de responsabilidad y así, garantizar resultados. 3. Defender los intereses institucionales. Prioridades: Salud y pensiones. ¿Cómo lograrlo? a. Proyectando a ACORE como la asociación líder de las reservas de la Fuerza Pública. b. Impulsando el rescate de un marco jurídico, en defensa de los miembros de la Fuerza Pública afectados por el conflicto. c. A través de mesas de trabajo, con comités responsables por cada tema, problema o necesidad institucional o de interés de los asociados, integradas por oficiales, suboficiales, soldados y agentes de la Fuerza Pública. Estas mesas de trabajo rendirán informes periódicos a la Presidencia Nacional y su Junta Directiva, de los logros obtenidos ante las instancias estatales o privadas. d. Fortaleciendo la asesoría y consultoría jurídica para la defensa de ACORE y sus asociados. e. Incorporando a Profesionales Oficiales de la Reserva de las Fuerzas Militares

Ciencias Militares, se obtuvo el reconocimiento y certificación de calidad en enseñanza superior conferida por el Ministerio de Educación a la Escuela Militar de Cadetes.

Cargo: Gerente General del Grupo Empresarial ¨HÉCTOR DANIEL SANTIAGO MURCIA¨. Enero 2009- Diciembre 2009. Resultado: Como gerente general, asumí la administración de cinco empresas del grupo, entre las cuales se encontraba una encargada del suministro de alimentación a nueve centros carcelarios del país, con aproximadamente diez mil reclusos. Así mismo, el manejo de una empresa que atendía los refrigerios de aproximadamente cuarenta y dos mil estudiantes del Distrito Capital. Cabe mencionar los excelentes resultados en la recuperación financiera y el mejoramiento de la estructura organizacional que se obtuvieron al término del ejercicio, teniendo en cuenta que a pesar de ser una empresa con un respaldo de capital fuerte, debido a su mal manejo administrativo, sus deudas llegaban a los once mil millones de pesos. En el cierre de mi gestión, la empresa cerró el periodo con una reducción de la deuda de más de siete mil millones de pesos y el reconocimiento en el INPEC.

Cargo: Director Nacional de Control Comercio de Armas y Explosivos. Enero 2003 – Diciembre 2003. Resultados: Como Director Nacional de Control Comercio de Armas y Explosivos implementé la reestructuración de la organización empezando por su normatividad aún vigente y su sistematización, creando una Base de Datos Única y una red integrada en tiempo real, logrando la interconexión de 29 seccionales, lo que permitió la optimización de los mecanismos administrativos de control y funcionamiento para un mejor servicio de calidad al público, haciéndolo ágil e incrementando los resultados financieros para el Ministerio de Defensa.

Cargo: Comandante de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional de Colombia. Enero 2005 – Diciembre 2005. Resultados: En mi desempeño como Comandante de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional, logré establecer una organización administrativa eficiente y operativa, lo que motivó una meritoria distinción y reconocimiento del Ejército de los Estados Unidos por su grado de alistamiento y altos estándares de mantenimiento, bajo los conceptos de eficacia y eficiencia. Como también el reconocimiento por parte del Comandante del Ejército de Colombia.

Cargo: Jefe Departamento Formación Militar Académica Escuela Militar. Marzo de 1990 – Diciembre de 1991. Resultados: Como principal logro, se elaboraron cinco manuales que fueron base para la educación y formación de los oficiales, buscando la unificación de conceptos y la concordancia de lo académico con la Formación Militar Práctica. Recibí el distintivo de Servicios en Campaña. Igualmente se estructura la Facultad de Ciencias Militares.

Cargo: Agregado Militar de Colombia en Washington ante la Casa Blanca. Enero 2004 - Diciembre 2004 En mi cargo como Agregado Militar de Colombia en Washington ante la Casa Blanca, cumplí a cabalidad con las tareas encomendadas e incrementé mi preparación académica haciendo un Diplomado de Seguridad y Defensa en La National Defense University.

en los comités temáticos y mesas de trabajo, para aprovechar el conocimiento y experiencia de muchos de ellos, en temas institucionales y especializados. 4. Mejorar el bienestar de los Asociados y sus familias. ¿Cómo lograrlo? a. Sistematizando en línea y en tiempo real, la base de datos de asociados, para facilitar la comunicación, entre la sede nacional y las regionales. b. Coordinando una oportuna respuesta al asociado, por parte de las organizaciones militares encargadas de prestar los diferentes servicios: Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Reclutamiento, Industria Militar, Club Militar de Oficiales, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, Caja Promotora de Vivienda Militar y similares, para facilitar la prestación de esos servicios al personal Asociado. c. Promoviendo el uso de las sedes recreacionales de la Asociación. d. Remodelando los espacios de uso social de la sede principal, para promover encuentros que fortalezcan la unión de los asociados y sus familias. e. Haciendo de los almuerzos mensuales, una actividad que genere expectativa de encuentro entre los asociados y nuestras damas acoradas, con el fin de lograr una nutrida asistencia. f. Recuperando la gala de la fiesta anual de asociados. g. Estimulando laboralmente a los asociados más jóvenes a través de seminarios, certificaciones y alianzas con diferentes Instituciones de Educación Superior, para que la Asociación, sea facilitadora de empleo. h. Institucionalizando campañas dirigidas al adulto mayor, para el mantenimiento de sus capacidades a través de actividades lúdicas, conferencias y charlas. i. Dinamizando las tertulias mensuales con temas de interés, a solicitud de los asociados. j. Continuando con los talleres dirigidos a nuestras damas acoradas. 5. Optimizar los recursos humanos y financieros. ¿Cómo lograrlo? a. Seleccionando funcionarios comprometidos y efectivos al servicio de los asociados. b. Maximizando la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos administrativos de la Asociación. c. Mediante la reorganización de los organismos de administración que se considere necesario, formulando políticas administrativas acordes con los métodos modernos de la administración y de los modelos de gestión. d. Hacer de AVODE, una empresa financiera rentable y sostenible a mediano y largo plazo. 6. Desde las comunicaciones estratégicas. ¿Cómo lograrlo? a. La presencia del presidente de ACORE, en medios de comunicación, será para temas específicos de la Asociación y en defensa de los intereses de las reservas de las Fuerzas Militares. b. Nuestros medios de difusión, pasarán progresivamente del papel a lo digital, en la medida que las condiciones lo permitan. c. El boletín virtual de circulación quincenal, se convierte en un medio de comunicación para los asociados, con temas específicos para la comunidad militar. d. La oficina de comunicaciones, trabajará articuladamente con el Departamento de Socios, para desarrollar planes de afiliación. e. Se fortalece el tema de las comunicaciones digitales. Brigadier General (RA) LEONARDO GÓMEZ VERGARA Candidato a la Presidencia nacional de ACORE (SIC)”.

Brigadier General ® LEONARDO GOMEZ VERGARA C.C. 19’385.301 de Bogotá Cel. 3016299237 (SIC)”.

Junta Directiva

“Grado

Nombres y Apellidos

Presidente

Brigadier General

Leonardo Gómez Vergara

2do Vicepresidente ARC

Capitán de Fragata

Mario Enrique Hoyos Falla

1er Vicepresidente FAC

Brigadier General

Miguel Darío Onofre Martínez

VOCALES EJÉRCITO NACIONAL

Coronel

Gloria Yolanda Serrano Betancourt (Principal)

Coronel

Jesús María Vivas Mosquera (Principal)

Alfonso Otto Quiñones Arboleda (Suplente)

Coronel Mayor

Alfonso Canal Vanegas (Suplente)

Coronel Coronel

Cornelio Sánchez Cárdenas (Principal) Darío Antonio Ruíz Cruz (Suplente)

VOCALES ARMADA NACIONAL

Capitán de Navío Capitán de Navío

Luis Fernando Lanziano Molano (Principal)

Jaime Alfonso Pinzón Vásquez (Suplente)

VOCALES FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Coronel Coronel Señora Señora

Harold Certuche Caicedo (Principal)

Florentino Mariano Ruíz Berrío (Suplente)

VOCALES DAMAS ASOCIADAS ACTIVAS

Martha Cecilia García vda de Gutiérrez (Principal) Carmen Cecilia Pérez vda de Saavedra (Suplente)(SIC)”.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Opinión

Derecho que sí se puede otorgar y derecho que no se debe otorgar POR: BRIGADIER GENERAL (R. A.) ADOLFO CLAVIJO

esde el 21 de noviembre de 2019, Colombia vivió una situación crítica de alteración del orden por hechos de vandalismo y violencia en general que causaron graves problemas en distintos aspectos: muertos, heridos, destrucción de inmuebles públicos y privados, destrucción de estaciones de Transmilenio, invasión, asaltos y atracos a propiedades privadas, bloqueos de vías, alteración considerable del servicio público de transporte, ataques a la Policía y campaña de desprestigio de toda la Fuerza Pública. Todas estas acciones de violencia y terrorismo generaron, además, grandes pérdidas de dinero a comerciantes y a industrias menores, inconformidad general, temor y angustia en la población, dificultad para trasladarse a los sitios de trabajo y luego regresar al lugar de habitación, suspen-

In memoriam

sión de actividades en varios órdenes de la vida cotidiana. Y, sobre todo, parte de la ciudadanía lamentó que el Gobierno no tomara decisiones contundentes para el manejo de esta situación a la que no se le vislumbra pronta solución. Con este tipo de violencia cerró Colombia el 2019 y, al parecer, con estas mismas manifestaciones abrirá el 2020, sin saberse hasta cuándo dure esa situación. Sin embargo, lo más peligroso de lo que viene ocurriendo es la intención del comunismo internacional de buscar el derrocamiento del presidente Duque o, por lo menos, ir creando unas condiciones que les permitan a los de la izquierda política consolidar posiciones que pronto lleven a cambiar en Colombia el sistema democrático de gobierno por un sistema procomunista, marxista, socialista. A eso nos puede llevar la po-

larización que se está presentando en el desarrollo de la vida política colombiana, en donde los líderes comunistas, -unos políticos, otros sindicalistas y dirigentes gremiales, unos más jefes de centrales obreras, docentes y estudiantes- vienen reclamando por el incumplimiento de normas no estipuladas por el Ejecutivo y también exponiendo una actitud muy agresiva contra el gobierno. Para poder desarrollar todos los desmanes y planes anotados en los párrafos anteriores, los comunistas colombianos han apelado a reclamar el derecho constitucional a realizar protestas ante el incumplimiento, según ellos, de acciones relacionadas con asuntos prestacionales, laborales y otros que el gobierno no ha prometido, no ha ofrecido ni se ha comprometido a desarrollar. La Constitución Nacional sí considera la realización de actos de protestas mediante marchas, paros y otras acciones, siempre y cuando se realicen en forma pacífica y no generen víctimas ni daños de ninguna naturaleza, contrario a lo que viene ocurriendo. Se entiende, entonces, que las protestas son unas manifestaciones públicas autorizadas por el derecho constitucional cuando quienes estén descontentos con medidas, omisiones o acciones oficiales en general consideren que mediante este tipo de recurso pueden reclamar o rescatar los derechos que consideren que les han sido infringidos. Pero también se debe recordar que el derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia, y que, si los actos de protesta alteran el bienestar, la seguridad, la tranquilidad y el normal desarrollo de

Brigadier General (R. A.) Armando Pinzón Caicedo, q. e. p. d. Por: Redacción

ste egregio oficial ocupó la presidencia nacional de Acore entre 1991 y 1993. Fueron muchas sus realizaciones, algunas de las cuales continúan vigentes. En el marco de una asamblea extraordinaria realizada el 2 de noviembre de 1991, presentó una propuesta de reforma de los estatutos de la asociación, en la que se ampliaba a dos años el periodo estatutario para el presidente de la asociación. Durante su presidencia se reglamentaron los préstamos del Fondo de Ayuda Mutua (hoy Avode) hasta por 300 mil pesos. Siempre enfocado hacia el bienestar de los aso-

ciados, se interesó por mejorar el servicio de odontología del Centro Asistencial mediante la adquisición de un nuevo equipo para atender las necesidades urgentes. Cabe destacar que en relación con la defensa de los derechos de los uniformados en actividad y de la reserva activa, lideró un comité de trabajo conjunto con la Procuraduría General de la Nación, relacionado con las facultades que tenía el procurador sobre la destitución del cargo de oficiales y suboficiales. En aquel momento, la Constitución sólo facultaba a este funcionario para emitir conceptos. A través de sus páginas, el periódico presenta a la familia del Brigadier General (R. A.) Armando Pinzón Caicedo (q. e. p. d.) un sentido mensaje de solidaridad y condolencia.

la sociedad, no deben ser autorizados. El gobierno debe analizar esta situación e imponer el derecho que prima en estos casos. Aquí es donde no se ha impuesto el principio de autoridad al no haber hecho primar la prevalencia del derecho estatal y gubernamental para que la ciudadanía sea respetada y protegida en todo sentido, evitando que se convierta en víctima directa o indirecta del vandalismo y de la alteración del orden social que están causando las protestas sindicales y estudiantiles que, como se anotó, tienen como fondo una polarización comunista. Según se ha dicho oficialmente, en 2020 seguirán las conversaciones entre el gobierno y quienes dirigen las protestas. Aquí hay varias cosas por analizar. Los líderes litigantes no quieren conversaciones sino acuerdos. Con toda razón el gobierno no acepta los acuerdos porque no hay nada que pactar. Ninguna de las tantas peticiones que presentan quienes encabezan las protestas tiene razón de ser o algún sentido que lleve a crear nuevas normas legales u obligue a reformar la normatividad vigente. En esto el gobierno tiene razón al no darles categoría distinta a las conversaciones gobierno–sindicatos, porque nada de lo requerido da lugar a convenios o a reformas de las leyes existentes o a hacer cambios específicos. Muy seguramente este año vuelvan las protestas con todas sus manifestaciones de desorden público ya que, en la realidad, lo que se busca es mantener y fortalecer la polarización política que la izquierda viene estructurando para llevar al país a una consolidación procomunista. Esto es lo que debe estudiar y considerar todo el Estado si quiere evitar que nos pase lo que ya les pasó a otros países de la región.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Opinión

Fuera de lugar POR: CAPITÁN (R. A.) CÉSAR CASTAÑO

n 2013, como asesor del proceso con las Farc, sostuve un extenso diálogo con el profesor Iván Orozco Abad. Este abogado, experto en derechos humanos y derechos de las víctimas, goza de reconocimiento en el mundo académico. Con él, hablamos sobre justicia transicional y agentes del Estado, término que - pese a tener una amplia connotación - históricamente ha sido reducido al señalamiento de responsabilidades de militares y policías. El profesor Orozco concluyó nuestra conversación con una frase que llama la atención: “En contextos de guerra larga y degradada, de transición hacia la paz, no resulta razonable que se centren las

miradas responsabilizantes exclusivamente en el Estado, ni tampoco que se exija para sus agentes una responsabilidad mayor. Hacer del Estado el único gran sifón por donde corre toda la suciedad de la guerra resulta equivocado. […] Lo que dicen los grandes estudios comparados, a pesar de la terquedad de algunos punitivistas humanitarios, es que debe haber distinción entre las transiciones desde la dictadura y las transiciones desde la guerra”. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha sido muy estricta en la interpretación de la ley en el caso de los miembros de la Fuerza Pública. Lo afirmo, porque he hablado con algunos militares que están

compareciendo ante ese tribunal. Aquí no se trata de exigir impunidad pero si imparcialidad, como también respeto por las víctimas militares y policiales. Es claro que en contextos de justicia transicional es necesario investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Aún si hay una respetable corriente de opinión que la considera ilegítima. Sin embargo, el reciente fallo de la JEP que declara amnistiable el atentado cometido contra la Escuela Superior de Guerra, ocurrido en octubre de 2006, desconoce que “[…] el Acuerdo y la ley prohíben amnistías por crímenes de guerra”. Así, lo afirma la exasesora jurídica de la mesa en la Habana Juanita Goebertus en su cuenta de Twitter, donde además agrega: “[…] un carro bomba no es un medio ni método lícito, porque genera efectos indiscriminados en civiles. Y atacar la Escuela, pegada a la universidad y a muchos otros bienes

civiles, no permitía cumplir con el principio de precaución”. Asimismo, la Sala de Amnistía o Indulto rebasa sus límites al quitar la calidad de víctimas a los 14 militares que resultaron heridos, asegurando que el ataque estuvo enmarcado en los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario, DIH. Vale recordar, que las instalaciones donde las Farc ejecutaron el atentado colindan con una universidad y un colegio de bachillerato. Para el experto académico, Jean Carlo Mejía: “Lo que hay es ignorancia sobre el DIH, más si se tiene en cuenta que la justicia ordinaria ya había declarado a los militares como víctimas, decisión que tuvo que haber sido valorada por el tribunal de paz”. Aunque el fallo ya fue apelado, la imparcialidad de la JEP quedó en fuera de lugar. https://www.cronicadelquindio.com/ noticia-noticia_opinion-titulo-fuera-delugar-op-22345

Comunicado a la opinión pública nacional

Inexplicable fallo sobre atentado terrorista a la Escuela Superior de Guerra de las FF. MM.

l Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, rechaza enérgicamente el reciente fallo dado a conocer por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cual declara amnistía total a responsables del atentado terrorista contra la Escuela Superior de Guerra por parte de las Farc, en hechos ocurridos el 19 de octubre del año 2006 en la ciudad de Bogotá. En estas circunstancias, se pretende justificar esta determinación, con el calificativo de “acto de guerra”, enmarcándolo sin mayor razón, dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y como consecuencia del conflicto armado experimentado por el país. Sobre este particular, expertos juristas nacionales y extranjeros, ya se han pronunciado en tal sentido, rechazando esta decisión judicial, reafirmando, además, que quienes resultaron heridos como consecuencia de este acto terrorista, deben ser considerados en su totalidad como víctimas del conflicto, por cuanto tal acción no se realizó dentro de las circunstancias propias del combate, y por tanto no puede ser catalogada como acto legitimo dentro del marco de la con-

frontación armada. En esta acción terrorista resultaron 23 personas heridas, entre ellas 14 militares y 9 civiles que se encontraban en este centro docente en el momento mismo del atentado.

Consecuente con lo anterior, y frente a esta polémica y controvertida decisión, esta nueva jurisdicción envía un claro mensaje a la comunidad nacional y particularmente a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, de su evidente sesgo político, al no reconocer para sus víctimas los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Igualmente se solidariza plenamente con las distintas asociaciones de víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública que han anunciado hacer uso de los recursos de apelación que sean necesarios, para ser interpuestos ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, en procura de revocar el fallo a que se ha hecho referencia. En representación de la Mesa de Trabajo Permanente del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa, firman las siguientes asociaciones:

- Acore. - Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares, CGA. - Consejo de Exdirectores y Comandantes de la Policía Nacional. - Colegio de Generales de la Policía Nacional. - División de Infantería José María Córdova. - Asociación de Oficiales en Retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, Asorfac. - Grupo de Artillería Santa Bárbara. - Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva Francisco José de Caldas. - Regimiento de Caballería San Jorge. - Agrupación de Oficiales de Comunicaciones Manuel Murillo Toro. - Unidad Simbólica Antonio Ricaurte. - Asociación de Exalumnos Diplomados de los Cursos de Altos Estudios Militares e Integral de Defensa Nacional, Asocaci. - Asociación de Oficiales Veteranos de Corea, Asovecor. - Asociación Internacional de Lanceros, Interlanza. - Asociación de Paracaidistas, Asipar. - Liga Marítima Colombiana, Limcol.

Para todas las seccionales

De manera reiterada, el Departamento de Comunicaciones de Acore ha informado sobre el protocolo y las características del material fotográfico que las seccionales desean que se publique en este periódico.

Se solicita que no adjunten las fotografías pegadas en documentos de Word, en el entendido de que las imágenes también pierden calidad y resolución.

El material gráfico no se debe enviar a través de la red de mensajería WhatsApp, toda vez que la resolución y calidad no son las óptimas para publicar. El comité de diagramación de la empresa editorial de El Tiempo, donde se imprime el periódico, las rechaza.

Por tal razón, se permite solicitar a los presidentes de las seccionales y en general a los acorados que fungen como corresponsales que remitan las fotografías como formato de imagen (JPG, PNG, RAW, JPEG, etcétera).

Igual sucede con las seccionales que emiten boletines digitales. Las fotografías no se pueden tomar de ahí debido a que su tamaño es muy pequeño.

Estas se deben enviar a través del correo electrónico periodico@acore.org.co y, en caso de tener un gran peso, utilizar programas gratuitos como We Transfer o Google Drive.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Misceláneos

La Asociación Nacional de Colegios Militares

POR: CAPITÁN (R. A.) NELSON ÁLVAREZ CASTILLO

or iniciativa del Coronel Jorge Arturo Sánchez Morales (q.e.p.d.) y de Alfonso Rodríguez Zorrilla (q.e.p.d.), rector y gerente del Colegio Militar Inocencio Chincá de Sogamoso, fueron convocados los rectores y propietarios de los colegios militares del país el 20 de mayo de 1978 de donde nació la idea de crear una asociación. Esta primera reunión se llevó a cabo en el casino de oficiales del Batallón Tarqui de Sogamoso, en donde se nombró una junta directiva provisional, la cual se encargó de organizar los aspectos requeridos para iniciar de la mejor forma con el objetivo. Fueron muchas las gestiones desarrolladas, contando con el apoyo y colaboración de los altos mandos militares de la época y fue así como con el tiempo fue constituida con el acta No. 001 del 25 de febrero de 1992 y protocolizada con escritura pública No. 2943 del 10 de septiembre de 1996. Acomil es una organización nacional de carácter educativo, de interés colectivo y sin ánimo de lucro que funciona de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. La vinculación de los colegios militares, es de carácter voluntario.

Misión Servir de enlace, coordinador y promotor de las entidades asociadas, ante los organismos nacionales, departamentales o locales de carácter oficial o privado, asesorar a los integrantes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y propender por el mejoramiento de la formación Académica y Militar de las Instituciones afiliadas.

Visión Consolidarse como una asociación con estructura fuerte que pueda responder a los retos que la Sociedad, las Fuerzas Militares y de Policía nos imponen. Objetivos a. Afianzar los sentimientos de solidaridad y compañerismo. b. Propender por el mejoramiento de la calidad Académica y Militar. c. Capacitar a los alumnos en la práctica de las virtudes y valores ciudadanos. d. Preparar reservas para las Fuerzas Militares y de Policía. e. Ser semillero para las Escuelas de Formación de Oficiales y suboficiales: Ejército, Armada; Fuerza Aérea y Policía Nacional.

Aportes a la sociedad Los Colegios Militares han aportado un gran número de bachilleres reservistas al país y quienes han pasado por estos claustros de educación y formación, llevan consigo entre otros aspectos; el sello indeleble del respeto, el estudio, la puntualidad, la excelente presentación personal, el fervor religioso y patriótico, la responsabilidad y la disciplina. Cabe resaltar que hay muchas personas egresadas de los Colegios Militares que se han destacado en la carrera de las armas Oficiales y Suboficiales en todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y en la vida civil. Recordemos algunos egresados que abrazaron la carrera militar: Brigadier general Luis Alfonso Zapata Uribe (q.e.p.d.);

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coroneles Ricardo Roque Salcedo, Luis Fernando Salgado Romero y José Antonio Siabato Patiño; Capitán de Navío Freddy Romeo Chacón Alarcón; capitanes Jorge Leonardo Cuervo Castillo y Juan Manuel Sánchez Vargas; Capitán de Infantería de Marina Mauricio Alejandro Duque Santana; Teniente Angélica Vanessa Rico Santana (Piloto de Avión), y Teniente de Fragata Mario Humberto Zambrano Fajardo. La asociación reúne actualmente 22 Colegios en el territorio nacional divididos en tres zonas: norte, centro y sur. Es justo y oportuno hacer un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que desinteresadamente han contribuido en forma entusiasta y sobresaliente para fortalecer y mantener viva la llama de motivación y el positivismo, protegiendo incansablemente la gestión educativa de los colegios militares. En esta lista interminable de colaboradores, figuran primordialmente los propietarios, las personas que se inspiraron con la idea de crear la asociación y todos aquellos que han formado parte de las diferentes juntas directivas, lamentando que varios de ellos hoy no están con nosotros; los recordamos con profundo respeto y sentimiento. ¡Paz en sus tumbas! Que el Todopoderoso siga iluminando y bendiciendo la labor altruista de Acomil y de todos los colegios militares, para bien de la juventud colombiana y la sociedad en general.

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DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ESTATUTO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR (LEY 1480 DE 2011) Y LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SE INFORMA AL PERSONAL DE ACORADOS LAS CONDICIONES QUE APLICAN PARA EL BENEFICIO OFRECIDO: EL BENEFICIO APLICA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN DESCUENTOS DIRECTOS SOBRE EL PRECIO COMERCIAL DE VENTA OFRECIDO EN SALA DE VENTAS DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCIÓN KD AZUL, KD MARLY Y KD ESSENTIAL. • NO ES ACUMULABLE CON OT OTRAS PROMOCIONES QUE GENERE LA CONSTRUCTORA EN LA VENTA DE OTROS PROYECTOS DESARROLLADOS POR TOUS CONSTRUCTORA S.A.S. • EL BONO DE DESCUENTO SE HARÁ EFECTIVO DE FORMA INMEDIATA AL REALIZAR EL ACUERDO PRECONTRACTUAL PRESENTADO POR LA CONSTRUCTORA DE LO CUAL QUEDARÁ CONSTANCIA EN EL MISMO DOCUMENTO. • EL BENEFICIO ES GRADUAL DESDE LOS 10 SMMLV HASTA LOS 20 SMMLV DE ACUERDO AL GRADO DEL OFICIAL ACORADO • PARA ACCEDER AL BENEFICIO ES NECESARIO PRESENTAR CARNET DE AFILIACIÓN A ACORE Y LA CONSTANCIA DE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO CON ACORE AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL ACUERDO PRECONTRACTUAL EN SALA DE VENTAS

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Opinión

Buscando la justicia POR: CORONEL (R. A.) MANUEL JOSÉ SANTOS PICO

Cómo hacemos para encontrar en Colombia que la Justicia actúe dentro de parámetros y normas legales cuando se trata de acusaciones falsas montadas por presuntos testigos contra militares y policías en supuestos hechos ejecutados en cumplimiento de funciones institucionales? El 26 de diciembre de 2019, Eduardo Mackenzie escribió un artículo titulado Al general Montoya le quieren cobrar la Operación Jaque, artículo que recoge una tendencia en el país contra los militares y policías que parte de supuestos testigos que declaran en la llamada JEP, especialmente contra superiores, buscando que los jueces les disminuyan sanciones o los dejen libres ante crímenes realizados por los declarantes. Buscan estas declaraciones colocar al superior en situación de determinador, es decir que los crímenes se ejecutaron por órdenes suyas. Son tantas las irregularidades que se están presentando, que, de hecho, existen razones políticas de un movimiento estructurado por líderes secretos de la extrema izquierda, donde periodistas y miembros de las estructuras investigativa de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría coadyuvan en montar investigaciones, donde, sin pruebas, colocan a las instituciones militar y policial como “aparatos criminales”, según palabras de un alto funcionario del Estado en 2019. Entre tanto, medios de comunicación como Semana, Caracol, RCN y El Tiempo, incluyen en sus relatos datos falsos que las instituciones no contemplan en sus doctrinas, como es el caso de los falsos positivos. En 2006, el general de la policía Gómez Heredia acuñó el término falsos positivos cuando descubrió que un mayor del Ejército dijo haber neutralizado un ataque con bombas a la Escuela Militar de Cadetes para obtener un reconocimiento. Desde hace mucho tiempo, la Policía Nacional acostumbra a reportar éxitos con la expresión “reporto un positivo”, que en las Fuerzas Militares nunca se ha usado. En su investigación, el general Heredia descubrió que el mayor había montado el hecho y por eso lo calificó de “falso positivo”. Fue el general Heredia en forma accidental y sin ningún propósito específico quien acuñó el término y no el Ejército Nacional como se dice en los medios de comunicación. ¿Qué pretenden los medios de comunicación presentando repetidamente acusaciones de crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional montados por falsos testigos, como en el caso de los mal llamados falsos positivos? ¿Buscan desprestigiar las instituciones del país? ¿Por qué continúan calificando hechos criminales cometidos por miembros de estas instituciones como falsos positivos? ¿Por qué siguen insistiendo que esta expresión es un proceso sistemático organizado y dirigido desde la cúspide de la estructura militar

del Ejército, pudiendo confirmar con una corta investigación periodística lo dicho aquí sobre cómo nació esta expresión? No estamos de acuerdo con el sistema de la Justicia Especial de Paz (JEP), toda vez que creemos que es un sistema montado por las Farc, según la propuesta del abogado español Enrique Santiago para proteger a los líderes de las organizaciones insurgentes de ser acusados de los horrendos crímenes cometidos durante el desarrollo del conflicto armado. Ahora, este método se está aplicando a miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que han cometido crímenes similares durante este conflicto. El sistema fue aprobado por Juan Manuel Santos, presidente de tendencias izquierdistas, para aprobar la desmovilización de las guerrillas y la finalización del conflicto armado con las Farc. ¿Se justifica el sistema que olvida los crímenes por las metas alcanzadas de la desmovilización de 7.000 hombres de las Farc? ¡Qué tristeza! Un Estado que vende las bases de la justicia por el silencio de las instituciones y las víctimas. Ahora, en diciembre de 2019, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz, los promotores secretos del paro nacional incluyeron en sus 104 propuestas al Gobierno la reestructuración de la doctrina militar y la desactivación del Esmad. Colombia posee un sistema político basado en la filosófica de la democracia capitalista, sustentada en la Constitución Nacional Como oficial de le reserva activa en el grado de coronel podría solicitar formalmente al comandante de las Fuerzas Militares, general Navarro, y al comandante del Ejército, mayor general Zapateiro, que estudien un proyecto de reestructuración de las Fuerzas Militares y especialmente del Ejército, antes del que será presentado por la izquierda, para buscar parámetros

y normas legales que le permitan actuar a estas instituciones en el marco de un conflicto armado y de situaciones de alteración del orden público, diferentes a una guerra civil o guerra internacional, como quiera que estas situaciones no están contempladas en la actual Constitución Política de 1991. Que se recupere constitucionalmente el sistema de Justica Penal Militar, sistema suprimido por la izquierda en debates en el Senado, dejando a los militares desprotegidos y en manos de jueces comunistas infiltrados en la estructura judicial del Estado, que sólo pretenden la condena de sus miembros con falsos testigos o de otra manera ¿cómo nos explicamos que en la actualidad existan más de 12 mil investigaciones contra miembros de las Fuerzas Militares y más de dos mil condenados? Ahora, pretenden buscar la detención de un comandante del ejército y varios generales, sindicándolos como “determinantes” de crímenes ocurridos con ocasión del conflicto armado en un país donde el narcotráfico ha vulnerado las bases éticas de la población colombiana, donde oficiales en calidad de detenidos han montado una información falsa para buscar la disminución de sus delitos, bajo la tesis de que los “falsos positivos” fueron estructurados por la cúpula del ejército. El gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque y del cuerpo de generales, está obligado constitucionalmente a cumplir con los procesos de empleo de la Fuerza Pública para atender situaciones de violencia, que, en Colombia, no ha podido ser neutralizada desde su fundación como república independiente, por cuanto tenemos una gran debilidad cultural de la población, nacida de odios políticos e incrementada desde la aparición de la ideología comunista en 1917 cuando se conformó en la URSS y se extendió por el planeta, llegando a Colombia poco después. La violencia es un fenómeno social y como tal debe ser atendida por los cuerpos de seguridad policiva y no por los ejércitos. La violencia se presenta como hechos simples de la comisión de un delito que terminan en heridos, muertes, destrucción o perdida de bienes, cuyo incremento se manifiesta en alteración

del orden público cuando se estructuran bandas del crimen organizado. Es la Policía Nacional la institución experta en ejecutar detenciones o prevenir la presencia del crimen y del delito y no el Ejército. La debilidad de la estructura policiva ha dado lugar a emplear Al Ejército en apoyo de la Policía para el combate del crimen organizado, cuando esta institución no está entrenada para hacerlo y si coloca a sus miembros en un ambiente donde lleva a muchos a alianzas criminales por el brillo del oro. Definitivamente esto debe cambiar. No más soldados patrullando poblaciones y actuando en las calles con saludos militares que los ridiculizan. La finalidad principal del soldado es la guerra, la protección del territorio, la independencia, y la Constitución, como lo expresa la Constitución Política en su artículo 217. Para eso son las armas. En la actualidad, las Fuerzas Militares y el Ejército han tenido un desarrollo vulnerado por la presencia del conflicto armado, reconocido por el Estado sólo hasta 1998, quedando en una situación de atraso tecnológico para la guerra que los generales deben buscar superar. En la actualidad no existe una legislación para el empleo de soldados en situaciones de conflicto armado interno. De ahí el gran número de miembros detenidos o en calidad de investigados. Esto debe cambiar. Desde estas páginas invitamos a todos los miembros de la reserva, a los oficiales y suboficiales en actividad a presentar propuestas formales ante autoridad competente para llenar este vació. El Ejército debe regresar a sus cuarteles hasta que exista una legislación consecuente con la situación del conflicto armado. No más miembros en calidad de detenidos o investigados por falsos positivos en la justicia. No más falsos positivos en la Procuraduría y en la Fiscalía. No más falsos positivos en las noticias de prensa. Así debemos llamar cualquier hecho nuevo que se presente en estos medios de prensa o de investigación. Desde todas las organizaciones de la reserva buscaremos la justicia para bien de Colombia. Y si es del caso usaremos cacerolas en la Plaza de Bolívar.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Opinión

Fallos que fallan POR: CORONEL (R. A.) JOSÉ OBDULIO ESPEJO MUÑOZ

n la guerra no todo está permitido. No es lícito el empleo de cualesquier método y medio, bien para batir un objetivo o bien para alcanzar una ventaja militar. Esas restricciones se aplican al tipo de armas utilizadas, a la manera en que se las emplea y a la conducta general de todos los que participan de las hostilidades. Aquí no aplica el axioma popular según el cual "el fin justifica los medios". El terrorismo −como medio o como método para obtener el fin deseado− es el mayor paria de los conflictos armados de carácter interno o internacional. Eso lo sabe el más neófito de los operadores jurídicos dedicado a impartir justicia en tribunales de la posguerra. Por eso, resulta inconcebible el más reciente fallo de la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que, el pasado 12 de febrero, conceptuó que el atentado terrorista con carro bomba perpetrado contra la Escuela Superior de Guerra en octubre de 2006 fue “un acto de guerra amnistiable”, toda vez que se “presentó en el marco del conflicto armado colombiano, antes del primero de diciembre de 2016”, fecha en la cual entró en vigor el Acuerdo Final. Este exabrupto jurídico se dio en el marco de una decisión que definía si Marilú Rodríguez Baquero −conocida como la Mata Hari colombiana, quien jugó un papel fundamental en la planeación del atentado− era admitida en este tribunal del posacuerdo entre el Estado y la guerrilla de las Farc. La decisión es en sí misma una patente de corso que da vía libre al empleo de carros bomba y otras modalidades de terrorismo cuando una organización se alza en armas contra el Estado y aspira a la toma del poder. Sienta, además, las bases de un perverso antecedente en materia de jurisprudencia y deja en el limbo a las víctimas de atentados nefandos como el perpetrado por el ELN en la

Escuela General Santander de la Policía Nacional. Este tipo de decisiones lesionan, a mi juicio, la poca credibilidad que el público tiene en este polémico tribunal, polarizando aún más al país pues contribuye a exacerbar las diferencias irreconciliables entre los partidarios del SÍ y de los del NO. Se supone que el Comité de Escogencia seleccionó la crema y nata de nuestro sistema de justicia para ocupar los solios de la JEP. Allí confluirían los operadores jurídicos más idóneos y versados en los usos, las costumbres y las leyes de la guerra y en el derecho internacional de los derechos humanos. Es innegable el consenso internacional respecto a la gravedad de los actos constitutivos de terrorismo, máxime cuando estos contradicen varias disposiciones del derecho internacional de los dere-

chos humanos y del derecho internacional humanitario. Si se colige que estos compendios normativos son el soporte jurídico del Acuerdo Final y por extensión de la JEP, ¿por qué en este fallo no se acudieron a estas fuentes del derecho internacional público? De no contar con las herramientas jurídicas, era sencillo extrapolar conceptos traídos de los usos y costumbres de la guerra o del derecho de Ginebra, de La Haya o de Nueva York Por ejemplo, la sala de la JEP desconoció flagrantemente el principio de distinción que tanto pregona el derecho internacional humanitario. El atentado se produjo contra un edificio dedicado a la educción, así sea de naturaleza castrense, y que comparte espacios físicos con una universidad (la Militar). También se pasó por la faja el hecho de que en el atentado se empleara un carro bomba, en el entendido de que el derecho internacional humanitario prohíbe en términos generales los métodos y medios de guerra que causan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. Nadie puede calcular o mitigar el daño que puede llegar a producir la onda explosiva en este tipo de atentados. Algo bastante cuestionable es que el

operador jurídico que profirió este fallo tampoco consultó las fuentes de derecho domésticas. Para no ir más lejos, la Corte Constitucional eliminó en la Sentencia C-769/02 el acceso a amnistías e indultos a los responsables del delito de terrorismo, de acuerdo con el artículo 15017 de la Constitución. Asimismo, el alto tribunal facultó al Estado a acudir al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y otras normas similares para abolir esta execrable práctica (sentencias C-073/10 y C-1055/03). Para culminar mi escrito a manera de conclusión, quisiera citar unos apartes de la sentencia C-1055/03: “Las conductas constitutivas de actos de terrorismo configuran un delito atroz, que afecta gravemente bienes constitucionales que conforman los pilares del modelo de Estado adoptado por la Carta Política, en especial la vida, la integridad personal, la dignidad humana y la búsqueda de la paz y un orden justo […] En consecuencia, las decisiones que adopte el legislador dirigidas a la implementar medidas para la prevención, represión y sanción del terrorismo son prima facie armónicas con el Estatuto Superior”.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Opinión

La guerra política y jurídica, arma letal contra la Fuerza Pública y la seguridad nacional POR: BRIGADIER GENERAL (R. A.) JAIME RUIZ BARRERA

ara empezar, hagamos una referencia inicial a lo que es esta preocupante guerra jurídica que hemos venido enfrentando en los últimos años, la cual no es otra cosa que el uso habilidoso de la normatividad jurídica existente, junto con la combinación de otros medios y distintas acciones contra miembros de la Fuerza Pública, para someterlos al cuestionamiento social y evitar el debido proceso, contra quienes por circunstancias del conflicto armado, puedan verse involucrados en posibles o supuestas conductas al margen de la ley. Su propósito u objetivo fundamental es el de obtener victorias psicológicas (guerra psicológica) contra militares y policías, a fin de desmotivarlos o desmoralizarlos, gradual y sistemáticamente, hasta lograr la pérdida total de su voluntad de lucha en el cumplimiento de sus misiones institucionales, fijadas claramente por la carta magna de la nación. A base del engaño, la desinformación y otros artificios jurídicos, reconocidos colectivos de abogados, en alianza con algunos funcionarios judiciales y organizaciones de extrema izquierda radical, pretenden derrotar a la Fuerza Pública, sin necesidad de que esta sea confrontada en el campo de combate por los grupos armados ilegales. Tal circunstancia, por razones obvias, produce gravísimos efectos en la seguridad nacional, magnificando significativamente las distintas amenazas que nos acechan. Mediante esta estrategia, simplemente lo que se busca es intimidar y minar la moral y espíritu de lucha de nuestros combatientes. Como complemento de estas acciones, se conduce también la llamada guerra política, la cual se materializa por la acción sistemática y persistente de diferentes organizaciones nacionales y extranjeras en contra de las distintas instituciones del Estado. Sus principales actores corresponden a diferentes ONGs que se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos y otras de carácter político, ampliamente comprometidas con la extrema izquierda radical o movimientos socialistas o progresistas, como el llamado Foro de Sao Paulo. De esta organización, las FARC forman parte desde el momento mismo de su aparición. En cuanto al Foro de Sao Paulo, vale la pena aclarar que desde el momento mismo de su creación, se tomó entre otras, la determinación de actuar contundentemente para destruir la unidad, el prestigio y la moral de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la región, buscando el cambio de su identidad y sustituir su doctrina tradicional, por nuevos conceptos de esta nueva plataforma política (Socialismo del Siglo XXI). Se pretende con esto, convertir a las Fuerzas Armadas en guardias pretorianas al servicio de estos regímenes

políticos que puedan ser establecidos en los diferentes países. Esta guerra política, y en especial la guerra jurídica a la que se ha hecho referencia, últimamente ha venido realizando varios hechos de suma importancia, con los cuales ha demostrado plenamente su efectividad y el gran daño que viene causando a las instituciones legítimas del Estado. Estos son algunos de sus más relevantes logros: •

•

El miedo operacional que se ha generado en nuestros combatientes con el amenazante síndrome de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial, que en la mayoría de los casos los procesa irregular y drásticamente. El cuestionado informe del Centro de Memoria Histórica (Basta ya) cuya autoría por parte de un grupo de investigadores de izquierda radical, muestra a la fuerza pública como una organización criminal y principal responsable de la violencia armada que ha sufrido el país en los últimos cincuenta años. Este documento, como ha sido usual en otros países, podría convertirse en “verdad jurídica” y “auto cabeza de proceso”, en contra de muchos miembros de nuestras instituciones castrenses. La intensificación de una insistente ofensiva judicial y mediática contra miembros de las FF. MM. y la Policía Nacional, con el argumento de “priorización” y búsqueda de “máximos responsables”, por hechos motivo de indagación en viejos procesos o casos ya precluidos, con carencia evidente y suficiente de nueva verdad jurídica, respecto a lo que se investiga. El inexplicable hundimiento que se dio hace algún tiempo en la Corte Constitucional del acto legislativo sobre ampliación del fuero penal militar, con la utilización de argumentos no ciertos ni comprobados sobre supuestos vicios de trámite, para favorecer exclusivamente algunas demandas interpuestas por ONGs nacionales y extranjeras de extrema izquierda radical. Sobre este particular, en su momento, uno de los magistrados, miembro de esta misma Corte, denuncio públicamente “que los cinco colegas que lo aprobaron, mediante un procedimiento inaudito, se inventaron un vicio de procedimiento inexistente para evitar un análisis de fondo de este proyecto” La sorpresiva e inexplicable actuación de funcionarios de alto rango del gobierno nacional en administraciones pasadas, en la cual se asume ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin defensa alguna, una responsabilidad penal

contra agentes del Estado por supuestas desapariciones y excesos de la fuerza pública en la masacre perpetuada por la organización terrorista M-19 en el llamado holocausto del Palacio de Justicia. En este caso se desconocieron, sin razón alguna, muchas pruebas existentes en diferentes procesos que demostrarían lo contrario.

Dentro de esta confrontación política y jurídica, la participación de otras organizaciones de cierto peso nacional e internacional, constituidas principalmente por ONGs de extrema izquierda radical, de clara posición antimilitarista, tales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos relatores de la Naciones Unidas, colectivos de abogados y otras asociaciones de carácter similar, han impulsado en distintos ámbitos, diferentes procesos de carácter penal, la mayor parte de estos adelantados en forma irregular, contra las fuerzas armadas de la nación. En el ámbito regional, lo acontecido especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala y el Salvador, constituyen hechos evidentes que muestran la forma exitosa como han conducido esta guerra silenciosa contra el Estado y los estamentos armados de estos países. En Brasil y en el Ecuador, no obstante, los continuos intentos para lograr este mismo cometido no han podido hasta el momento coronar con éxito las intenciones que han tenido en tal sentido. La firme posición de sus mandos institucionales, al interior de las respectivas fuerzas armadas, han impedido este tipo de intromisión. De esta manera se está logrando sustituir la derrota militar por grandes victorias en diferentes estrados judiciales. Si analizamos dentro de este contexto lo que sucedió en la Argentina, país donde se experimentó con éxito esta guerra política y jurídica, podemos concluir en términos comparativos, que lo que está sucediendo en Colombia, no es otra cosa que una réplica de lo que allí aconteció, donde los militares y policías fueron juzgados y condenados a exageradas penas, mientras los terroristas causantes de esa gran tragedia nacional, hoy en día ocupan importantes cargos de poder en distintas instituciones del Estado. Hay que recordar que, en la historia de la humanidad, hay muchos casos en que las victorias militares, no fueron suficientes para ganar la guerra. Para los terroristas, cuando no es posible la victoria militar, buscan la toma del poder a través de las mismas vías democráticas. Cada

paso en tal sentido constituye una gran ganancia para alcanzar su objetivo final. La guerra política y jurídica, constituye el arma más letal para este propósito. En estas circunstancias, la realidad que actualmente se confronta, no es ni puede ser, producto de la casualidad. Todo obedece a un plan muy bien concertado por la extrema izquierda nacional e internacional, para favorecer a las organizaciones terroristas. Se pretende liberarlas de todo tipo de responsabilidad por sus cruentas acciones criminales, trasfiriendo habilidosamente estos excesos a la fuerza pública, mediante informes amañados de distintas comisiones de la verdad y de centros de memoria histórica (Basta ya), como es el caso colombiano. La estrategia aplicada por los gestores de esta guerra política y jurídica se conduce a través de dos acciones principales: •

•

Determinación de máximos responsables, priorización de los diferentes procesos y búsqueda de unidad de contexto, tratando de demostrar supuestas políticas de estado o de carácter institucional, en ciertos hechos punibles para calificarlos como crímenes de lesa humanidad y evitar así su prescripción. Utilización de falsas pruebas, falsos testigos, campañas mediáticas de desprestigio y otras formas de engaño y de distorsión de la realidad jurídica.

Consecuente con lo anterior y frente a esta gravísima amenaza, se considera urgente y prioritario establecer también una estrategia gubernamental, que permita contrarrestar este tipo de agresión y minimizar sus nocivos efectos, tanto en la moral de la fuerza pública, como en todo lo concerniente a la seguridad y defensa nacional. Para este propósito, hay que utilizar las mismas armas de la extrema izquierda radical, contra quienes sean identificados como agentes responsables del planeamiento y ejecución de este tipo de acciones ilegales contra funcionarios del Estado y miembros de la fuerza pública. En otros términos, conformar un importante equipo de juristas, periodistas y asesores especiales, dedicados exclusivamente a investigar, denunciar públicamente y entablar continuas demandas de carácter penal contra los responsables del uso habitual de estos falsos testigos, falsas pruebas y otras argucias de carácter procesal. Esta es la forma más efectiva de contraatacar la guerra jurídica y política que estamos padeciendo.

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Institucional

NUEVOS ASOCIADOS

GDO CO. T.C. T.C. C.F. MG. MG. MG. CN. CO. TC. T.C. MY. SRA.

FZA

NOMBRES Y APELLIDOS

SECCIONAL

EJC FAC EJC ARC EJC EJC FAC ARC EJC EJC EJC EJC

Javier Antonio Parada Contreras Jorge Enrique Botero González Gilberto de Jesús Gomez González Juan Fernando Borrero Cerezo Luis Fernando Rojas Espinosa Juan Gilberto Valencia Hurtado Luis Ignacio Baron Casas Victor Daniel Hurtado Irurita Guillermo Ernesto Leal Abadia Carlos Ignacio Castro Silva Ricardo Pinzón Salinas Jairo Antonio Cifuentes Barrientos Lucia Orjuela de Moncayo

Bogotá Valle Valle Valle Bogotá Risaralda Bogotá Bolívar Risaralda Risaralda Bogotá Valle Bogotá

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestros Asociados CN. SRA. CO. CF. MY. SRA. ST. BG.(H) MY. SRA. SRA.

AVODE

APORTE VOLUNTARIO POR DEFUNCIÓN

AUXILIOS PAGADOS POR DEFUNCIÓN FALLECIDOS

BENEFICIARIOS

Nohora Garcia de Tamayo Ángela María Tamayo García

TC. Didier Tamayo Puerta CO. Ramón Varón Valencia|

Fanny Álvarez de Varón

CO. Clímaco Ramirez Quintero CO. Heli Castiblanco Paiba CO. León Benjamín Rojas Rúgeles

VALOR PAGADO

$16.924.394 $ 7.253.312

$ 24.352.056

Sonia Cabrales de Ramírez Freddy Vladimir Ramírez Fabián Ramírez Ligia Fernández Rodríguez María del Pilar Bocanegra B. TOTAL

$ 12.104.228 $ 6.052.114 $ 6.052.114

ARC EJC ARC EJC EJC EJC EJC

TE.

EJC

TC. MG. CN. CO. CO. CO. My My BG

EJC EJC ARC EJC EJC FAC EJC EJC EJC

Hernán Mauricio Ospina Herrera Blanca Estela Cortes de Vivas Leon Benjamín Rojas Rugeles Rodrigo Martelo Villarreal Jose Ulpiano Tarquino Ramirez Soledad Mateus De Garavito German Corredor Acevedo Gustavo Rosales Ariza Alfonso Torres Rueda Zorayda Duarte De Bernal Angelica Manrique De Lopez Alberto Daniel Escalante Valenzuela Didier Tamayo Puerta Jaime Henandez Lopez Alberto Cubillos Peña Ramon Varon Valencia Climaco Ramirez Quintero Heli Castiblanco Paiba Tomás Collazos Monje Héctor Amin Waked Hernández Armando Pinzón Caicedo

Bolívar Bogotá Valle Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Valle Bogotá Bogotá Bogotá Valle Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá Bogota Boyaca Bogota

$ 24.114.106 $ 24.154.606 $ 121.006.930

Estadísticas elecciones Acore en los últimos 10 años 2008

TOTAL VOTOS GR RAFAEL SAMUDIO MOLINA CR OMAR MARCUCCI LÓPEZ MG JUAN SALCEDO LORA Votos en blanco Votos nulos

2010

TOTAL VOTOS GR RAFAEL HERNANDEZ LÓPEZ MG JUAN SALCEDO LORA TC GUSTAVO CASTRO PEÑA Votos en blanco Votos nulos

1761 802 103 838 14 4

1396 485 709 188 14 0

TOTAL VOTOS

2012

CN PEDRO GUITIÉRREZ HELO

BG JAIME RUÍZ BARRERA CR BERNARDO TORRES DÁVILA Voto en blanco Votos nulos

1353

378

585 378 7 5

2016 TOTAL VOTOS BG JAIME RUÍZ BARRERA

811

MG GUSTAVO RINCÓN RIVERA

347

Votos en blanco Votos nulos

TOTAL VOTOS

869

BG JAIME RUÍZ BARRERA

806

Votos nulos

17 8

2018

2014

Votos en blanco

1183

57 6

TOTAL VOTOS 1026

1026

BG JAIME RUÍZ BARRERA 553

553

MG JAVIER ARIAS VIVAS 461

461

Votos en blanco 8 Votos nulos 4

8 4

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Actualidad

COVID-19 no es una enfermedad apocalíptica A pesar de la alerta mundial que ha despertado este nuevo tipo de coronavirus por su rápida expansión, expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) aseguran que no se trata de un virus mortal en todos los casos de contagio. POR: AGENCIA DE NOTICIAS UN

l COVID-19 produce en los pacientes que lo portan una sintomatología respiratoria muy similar a la que se presenta en el caso de otros virus respiratorios, como la influenza, con un mayor riesgo de producir enfermedad severa en personas mayores de sesenta años, que además padecen de otras patologías, como por ejemplo problemas cardiacos. Así lo explicó el profesor Fernando de la Hoz, director del Departamento de Salud Pública de la UNAL, durante su participación en el programa UN Análisis, de UN Radio (98.5 FM), que también fue transmitido en directo por UN Periódico Digital (unperiodico.unal.edu.co) y en el que expertos de la Facultad de Medicina de la Institución se reunieron para resolver las dudas sobre esta enfermedad que ya ha afectado al menos a 30 países, y sobre la que ayer se confirmó su llegada a Latinoamérica, con el reporte de un caso en Brasil. El docente es enfático en aclarar que la información disponible todavía es muy fragmentada para hacer un análisis profundo sobre el impacto real de esta epidemia, y que se carece de descripciones amplias sobre temas como las características de las personas que se infectan pero no desarrollan la enfermedad severa. “Cualquier aproximación que uno haga puede estar sujeta a cambios en el futuro, porque la epidemia es dinámica. Sin embargo ya existen algunas cosas bastante bien establecidas, como por ejemplo el hecho de que aparentemente este no es, como a veces escriben en los periódicos, un virus mortal”, manifestó el doctor De la Hoz. Por eso afirma que a pesar de la ola de pánico que ha llevado a muchas personas a pensar que estamos en presencia de alguna enfermedad apocalíptica, esto no es así: “la mayoría de los servicios de salud del mundo están en capacidad de tratar a estos pacientes”. Junto a él, los profesores Jorge Cortés, médico e infectólogo; Manuel Vargas, virólogo de la Universidad Católica de Lovaina, y el mexicano Víctor Cárdenas, profesor visitante del Departamento de Salud Pública de la UNAL, dialogaron sobre los interrogantes que despierta esta nueva epidemia, sus formas de transmisión y las medidas que se deben tomar para su control. El doctor Vargas señaló que el éxito que ha tenido el COVID-19 para propagarse radica en que tiene una alta tasa de transmisibilidad entre humanos, a diferencia de otros coronavirus como el MERS, que no se transmitía con facilidad, por lo que el número de casos era limitado, aunque tenía una mortalidad más alta.

Además comentó que esta enfermedad se ha diseminado con tanta rapidez debido a que, por tratarse de un virus nuevo, las personas no cuentan con ningún tipo de protección y que los casos presentados tienen un impacto importante en los sistemas de salud de los países en donde se han diagnosticado, porque se trata de una enfermedad que requiere de un periodo muy amplio de recuperación. Por su parte, el doctor Cárdenas apuntó que no hay que temerle al coronavirus porque, según la evidencia reciente, no se trata de un virus mortal como puede ser el ébola o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), una enfermedad que si se deja de tratar sí puede ser

letal y que se consiguió aislar solo hasta 1981, mucho tiempo después de que se iniciara en África en los años sesenta. Miedo a lo desconocido

El doctor Cortés por su parte hizo referencia a cómo lo desconocido de un nuevo virus es lo que puede despertar el pánico de la población: “la aparición de un nuevo microorganismo en el mundo genera un número de pacientes con ciertas características que es lo que causa la alarma y la discusión. Hace cuarenta años, cuando se descubrió el sida, los pacientes eran nuevos para la sociedad médica; algo similar ocurrió hace diez

años con la aparición de la influenza H1N1”. “Es posible que el problema no es lo que pueda producir el microorganismo, sino el temor a lo desconocido, no sabemos cuál va a ser la magnitud de esto, lo que va a suceder y eso genera ansiedad y temor; solo el tiempo y los estudios traen la calma ante estas situaciones, tanto así que hoy el sida es considerado como una enfermedad crónica tratable, como la hipertensión o la influenza”, asegura el especialista.

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/covid-19-no-es-una-enfermedadapocaliptica.html#.XlamWqCrw00.whatsapp

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Actualidad

Lo que sabemos de las epidemias POR: BRIAN LARA

na epidemia puede despertar temor o escepticismo. Por eso es importante saber qué es, qué la hace peligrosa, cómo se propaga y por qué es tan difícil controlarla En 2009 fue la epidemia de la gripe AH1N1. En 2015, la epidemia del virus del zika. En los primeros meses de 2020, la epidemia del coronavirus. Y esto solo al recordar los últimos diez años. Lo cierto es que cada cierto tiempo, en los medios de comunicación y en toda conversación casual el término “epidemia” comienza a circular con regularidad sospechosa. Pero ¿sabemos realmente qué es y cómo funciona una epidemia?

Qué es “Una epidemia es el aumento inusitado del número de casos de pacientes infectados por un agente biológico”, explica el doctor Carlos Álvarez, infectólogo y vicepresidente de Salud de Clínica Colsanitas. Esto significa que para hablar de una epidemia hace falta que los pacientes contagiados no sean casos aislados; no basta con tres o cuatro infectados: deben ser decenas que se van multiplicando rápidamente para hablar de una epidemia. Y también que debe haber condiciones favorables a la propagación de dicho agente biológico. Epidemia, pandemia y endemia Podemos hablar de epidemia cuando el aumento de los casos de contagio está concentrado en un área geográfica específica: una zona, un país, una ciudad. Si la infección llega a otros países en otros continentes la epidemia pasa a ser una pandemia. Y cuando la epidemia se controla por acción humana o se detiene porque el agente no encuentra otro organismo en el cual vivir, baja en la curva epidémica y pasa a ser una infección endémica, como la varicela o la malaria.

Factores que median en la aparición de una epidemia 1. El receptor. El contagio depende en gran medida de nuestro sistema inmunológico. Si tenemos, como suelen decir las abuelas, las defensas bajas hay may-

or probabilidad de resultar infectados y también enfermos. 2. El ambiente. En la mitad entre el agente biológico y el receptor está el entorno, que puede ser propicio o no para la propagación de la infección. El clima y las condiciones de salubridad son determinantes en este tema. Piense que durante la temporada de lluvia la gente está encerrada mucho más tiempo y comparte espacios estrechos con otras personas, sin abrir una sola ventana y sin dejar circular el aire para no sentir tan fuerte el frío. O que epidemias como la peste negra en la Europa del siglo XIV tuvo como uno de sus causantes las pésimas condiciones sanitarias de las ciudades. En otras palabras, los agentes biológicos se propagan en factores ambientales particulares. 3. El agente biológico. En la categoría de agente biológico entran las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus, que son los que comúnmente asociamos con las epidemias. Fueron virus los causantes de las epidemias de AH1N1, zika y en la actualidad, coronavirus. En la epi-

demia que sufrió España durante el siglo XIX, el agente biológico fue una bacteria, la que produce el cólera.

El contagio El microorganismo puede transmitirse a través de contacto directo, por gotas o por aire. En el primer caso, la infección se da por manifestaciones como un apretón de manos o un beso; en el segundo, porque la persona infectada tose o estornuda y las partículas de saliva alcanzan al receptor; en el tercero, el agente biológico se desplaza en el aire y entra en el sistema respiratorio del receptor. Estas tres formas de transmisión implican tres tipos de distancia diferente entre el transmisor y el receptor; por eso las precauciones siempre son usar tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y mantener distancia prudente. Los microorganismos tienen capacidades propias para hacer daño. El doctor Álvarez los equipara con perros: un pequinés no muerde igual de fuerte que un pitbull. Los microorganismos tienen alcances diversos al multiplicarse. A este índice se le conoce como el R0, que responde a la pregunta ¿a cuántas personas puede contagiar un solo individuo infectado? Por ejemplo, el R0 de la gripa común es R0=12, esto significa que una sola persona puede transmitir la infección a otras doce.

Infección vs. enfermedad Es importante aclarar que no toda persona infectada termina enferma. Hay receptores asintomáticos, cuyo sistema inmunológico puede controlar el microorganismo y guardarlo o eliminarlo sin que la persona note algún síntoma alarmante. Los problemas con los agentes biológicos nuevos

En el momento en el que un microorganismo afecta por primera vez a un ser humano, como sucedió con el coronavirus, las probabilidades de que muchas personas terminen infectadas son altas. Con amenazas desconocidas el sistema inmunológico no tiene protocolos de defensa y, por tanto, todos somos susceptibles al contagio. Sucede que con el tiempo el agente biológico contagia a tantas personas que ya no tiene para donde más crecer y el pico de contagio decrece. A esto se le conoce como curva epidémica: llega un punto en el que ya no hay personas nuevas para contagiar. Entonces el agente biológico muta, el sistema inmunológico encuentra una forma de responder o la comunidad científica desarrolla una vacuna. Y las alarmas se apagan. Las dificultades de tratar una epidemia

• Los síntomas de un contagio pueden presentarse desde el día siete, pero la persona puede contagiar desde el día dos; esto quiere decir que durante cinco días no es consciente de que tiene una infección, no toma precauciones y termina contagiando a quien se le atraviese en el camino. • Estudiar un agente biológico, encontrar una vacuna y distribuirla puede tardar un año. • Ningún país está preparado para tratar una epidemia debido a asuntos logísticos: no hay espacio ni personal suficiente para atender un incremento súbito de pacientes en ningún sistema de salud. De ahí que en China tuvieran que construir un hospital nuevo en cuestión de días para hacer frente al coronavirus. https://bienestarcolsanitas.com/articulo/ lo-que-sabemos-de-las-epidemias.html

PERIÓDICO ACORE / Edición 597 / marzo de 2020

Misceláneos

Cuidado con el bullying laboral POR: JOSÉ ALCIBÍADES GUERRA PARADA

oy, cuando se habla a diario del bullying en el trabajo o matoneo laboral, es claro que este no se circunscribe solamente a los comentarios despectivos, las amenazas personales, la humillación pública, los ultrajes y las tácticas de intimidación, presión y acoso hacia un empleado; son comportamientos adversos que forman parte de un fenómeno que si bien, no es nuevo en el mundo, su atención y manejo ha tomado fuerza desde hace unos pocos años atrás, por las tremendas implicaciones que conlleva en la persona afectada, no solo a nivel sicológico, de salud física, de estima personal, sino también de estabilidad familiar. Es así como los gobiernos y las empresas privadas han puesto mucha atención en estos reprochables comportamientos laborales, que pueden suceder entre jefe y subordinado o entre compañeros del mismo nivel y que mancillan no solamente el equilibrio emocional y la iniciativa del trabajador, sino que también ocasionan disminución del rendimiento, baja autoestima, inconformismo y afectan ostensiblemente el buen nombre y la dignidad de las personas agredidas, así como el clima laboral. En efecto, el ridiculizar y minimizar el esfuerzo, las opiniones y la calidad del trabajo de los demás sin justa causa es, igualmente, un ejemplo claro de matoneo laboral, que lleva a creer al matoneador que es más importante que los demás, sin valorar el esfuerzo y dedicación de estos. Así mismo, poner en evidencia, maximizar hechos y hacer señalamientos públicos cuando un compañero o colaborador comete un error o incurre en una falta, así sea menor, forman parte de este repudiable maltrato y de un oportunismo abusivo. Las expresiones y comentarios con doble sentido o satíricos, las burlas que,

aunque parezcan inocentes entre compañeros, tienen la intención de hacer daño y son reiterativas, forman parte del abuso de palabra y afectan el estado de ánimo de los compañeros o colaboradores y les ocasiona ansiedad y agresividad, haciendo tensas las relaciones interpersonales y creando ambientes organizacionales tóxicos. La descalificación arbitraria y el marginamiento continuo a determinados empleados de las capacitaciones, los eventos importantes, de las oportunidades laborales, el reconocimiento y la realización personal y profesional, sin una razón valedera, es otro claro ejemplo de matoneo laboral, que aunque se trate de conductas pasivas producto de actitudes preferenciales por parte de los

jefes, generan inequidad organizacional y también afectan sicológicamente a los demás empleados, generando desmotivación en el trabajo y disminución de la productividad. Pero no hay que olvidar que la ley 1010 de 2006 protege en Colombia a las víctimas y su dignidad como personas, buscando prevenir, corregir y sancionar las diferentes formas de agresión verbal y maltrato, así sea pasivo o discriminatorio, que causan perjuicio laboral, a vez que establece que toda organización, sea esta pública o privada, debe crear comités de convivencia laboral para que los afectados no se queden callados y denuncien. Estos comités están conformados por empleadores y representantes de los trabajadores elegidos por sus

compañeros. Tras recibir las quejas de acoso, y como mediadores de primera instancia, estos deben adoptar medidas correctivas y preventivas. Si el problema persiste, se puede acudir al Ministerio del Trabajo, a través de los inspectores laborales, en busca de una conciliación, o demandar ante el juez laboral, por su parte los empleados públicos pueden acudir a la Procuraduría General de la Nación a denunciar tales comportamientos reprobables. Tenga mucho cuidado, utilice bien el poder y sea ecuánime, realice un autoanálisis de su comportamiento; tal vez usted puede estar aplicando bullying laboral, así sea pasivo y no se ha dado cuenta. Sus subalternos y compañeros, sí lo perciben.

Agradecimientos Gracias por permitirnos ser un equipo integrado que trabajó en beneficio de ustedes, los acorados.

Gracias al equipo de trabajo de la Sede Nacional, que labora de manera cohesionada, comprometida y muy profesional.

Gracias por sus aportes, sus ideas, sus recomendaciones y sus sugerencias.

Gracias a los Acorados que ejercieron el cargo de Presidentes de las Seccionales, en la última decada.

Gracias a los críticos y contradictores, porque nos permitieron esforzarnos más para cumplir con el objetivo propuesto; ellos también aportaron su granito de arena.

Gracias a los Acorados que hicieron parte de las Juntas Directivas de las dos últimas administraciones.