Separata medios marzo 2015

ANEXO

547 MARZO 2015

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Artículos Destacados Otros Medios

SEPARATA ESPECIAL

Justicia y Paz

• El férreo poder de las Farc en el Catatumbo • Las indirectas del Comisionado de Paz • A la luz del avance del proceso, ¿hay Constituyente a la vista?

• Ha llegado la hora de la paz en Colombia • Polémica por contrato con los Visionarios de Mockus • Un callejón sin salida • Reclutamiento de menores... ¿a partir de 17?

• Los afanes de la refrendación • Dos años abriéndole trocha a la paz • Las Farc, exageraditas • La paz: ¿choque conceptual?

• El desminado será el primer aterrizaje real de La Habana

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Anexo marzo 2015

verdadabierta.com /3 de marzo de 2015/ http://www.verdadabierta.com/ bloques-de-las-farc/5644-el-ferreo-poder-de-las-farc-en-el-catatumbo

Foto: archivo Semana

El férreo poder de las Farc en el Catatumbo

Un estudio de la fundación Ideas para la Paz (FIP), concluye que en los últimos cinco años este grupo insurgente consolidó su presencia en este enclave fronterizo con Venezuela. Controla la producción de cocaína, el contrabando de combustibles y las comunidades allí asentadas.

Diez años se tardó la guerrilla de las Farc para recuperar su hegemonía militar en el Catatumbo, en Norte de Santander, una región estratégica para sus intereses económicos, social y militares, que había perdido a comienzos de la década del dos mil con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Así lo asegura el más reciente estudio del Área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Este centro de estudios recurrió a diversas fuentes para demostrar que luego de un largo proceso de reposicionamiento, esta guerrilla, que adelanta negociaciones de paz desde hace más de dos años con el gobierno nacional en La Habana, Cuba, logró imponerse como “el principal actor armado” en El Catatumbo, “controlando las economías ilegales y ciertas comunidades campesinas”.

El informe identifica varios aspectos que dinamizan la presencia de las Farc en El Catatumbo: los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito y las condiciones favorables para la producción de clorhidrato de cocaína y su exportación a los mercados internacionales a través de Venezuela; los pasos fronterizos, que permiten una actividad constante de contrabando, particularmente de gasolina, sobre la cual cobran un porcentaje; el paso del oleoducto Caño Limón-Coveñas; las ventajas que ofrece como retaguardia su cercanía con Venezuela; y el control de la población rural.

La recuperación de la región por parte de las Farc fue posible, según la FIP, luego de la adopción de varias estrategias para superar ese debilitamiento militar generado por la confrontación con las Auc, destacándose las alianzas con

las guerrillas del Eln y el Epl, así como con las bandas criminales emergentes, entre ellas ‘Los Rastrojos’ y las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Los Urabeños’ o ‘Clan Úsuga’, y la recuperación de las bases sociales campesinas, a las cuales controla férreamente.

La investigación de la FIP determinó que los impactos humanitarios que generan las acciones contra la población civil, en particular hechos violentos como homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, accidentes por minas antipersonal, secuestros y extorsiones, han disminuido en los últimos dos años “si se comparan con periodos anteriores, lo que se explica en gran medida por la ausencia de una disputa territorial entre los actores armados ilegales que allí hacen presencia”.

A esa reducción se suman los efectos positivos que, según líderes de la región, ha tenido el cese al fuego unilateral indefinido decretado por las Farc el 20 de diciembre de 2014.

Consultados por VerdadAbierta. com, Eugenio Guerrero, uno de los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), aseguró que “aquí el cese del fuego se le está dando cumplimiento al pie de la letra, hay mucha tranquilidad en la región”.

Cesar Jerez, otro de los voceros de Ascamcat, coincide con Guerrero en estimar que ese grupo subversivo está cumpliendo, pero advierte que “excepto cuando las tropas (refiriéndose al Ejército) avanzan sobre posiciones de las Farc”; además, destaca que continúan los enfrentamientos del Ejército con facciones del Eln y Epl. Este grupo subversivo hace presencia en esta región a través del Frente 33 y a las columnas móviles Antonia Santos y Resistencia del Catatumbo.

Se registran actividades en los municipios de Convención, El Carmen, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata, Ocaña y Teorama.

Esas facciones subversivas hacen parte del Bloque Magdalena Medio (BMM), cuya zona de operaciones se extiende al Sur

de Bolívar, Santander, Boyacá y Antioquia. Esta estructura está bajo el mando de Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, miembro del Secretariado e integrante del equipo negociador de la guerrilla en Cuba. Hasta finales de 2014, se refugiaba en el área el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’.

Detrás de la coca La FIP estima que el narcotráfico es la principal fuente de recursos para las estructuras de las Farc que hacen presencia en el Catatumbo y determina sus relaciones con los diferentes actores armados que allí se encuentran. “Las altas ganancias que resultan del cultivo de coca y posterior producción y comercialización de cocaína en el Catatumbo han conducido a una situación de ‘relaciones armónicas’ entre los múltiples actores armados ilegales bajo la lógica de que es más rentable repartirse el botín que disputarse el control del negocio”.

Esa ‘armonía’ de la que habla la FIP se ve favorecida por el incremento sostenido del número de hectáreas sembradas con hoja de coca, particularmente en áreas fronterizas, donde se dificultan actividades de erradicación como la aspersión aérea. Según datos del sistema de monitoreo SIMCI, adscrito a Naciones Unidas, Norte de Santander registró en 2013 un total de 6.345 hectáreas cultivadas frente a las 4.515 registradas en 2012, lo que equivale a un incremento del 40,5%.

De acuerdo con la FIP, en los municipios de El Catatumbo que registran mayor número de hectáreas con cultivos de hoja de coca para uso ilícito, hay una mayor actividad armada de la guerrilla de las Farc.

Los más afectados por esta situación son Tibú, Teorama, El Tarra, Convención y Sardinata.

“Al comparar la concentración de cultivos de coca y su accionar armado en la Base de Datos del Conflicto FIP entre los años 2011 y 2013, se encuentra que existe una coincidencia importante entre ambas variables”, asegura este centro de investigaciones.

Este departamento fue uno de los siete (de los 23 que registran cultivos de coca) que mostraron incrementos importantes del área cultivada con hoja de coca. En 2013, en el Catatumbo se contabilizaron 6.222 hectáreas, lo que equivale a un incremento del 42,4% frente a las hectáreas registradas en 2012, que sumaron 4.368, y un incremento del 95,8% frente a las registradas en 2011, que fueron 3.178. Durante ese año, esta región concentró el 98,1% de las hectáreas sembradas con cultivos ilícitos de Norte de Santander.

Uno de los aspectos que más favorece las rentas de las Farc y de los grupos armados que gravitan alrededor de la producción de clorhidrato de cocaína es que el en Catatumbo se registra el más alto rendimiento de hoja de coca en el país, siendo, según el SIMCI, de 5.5 kilogramos por hectárea al año.

Además, es donde mejor se paga la hoja, 2.700 pesos por kilo, y donde, después del Pacífico y del Putumayo, se producen más toneladas métricas de base de cocaína, alcanzando, en 2013, 58 toneladas.

Las relaciones ‘armónicas’ han permitido una distribución clara del papel que cada grupo armado ilegal cumple en la cadena de narcotráfico en el Catatumbo. Según la FIP, mientras las Farc, y en menor medida el Eln, coordinan y protegen los cultivos de hoja de coca y los laboratorios de procesamiento de pasta de coca, el Epl se encarga del transporte de la sustancia hacia zonas urbanas o el exterior, y las bandas criminales de su venta interna en zonas urbanas. “No obstante, según la información recogida por la FIP, aun y cuando todos los actores armados cumplen un rol en la cadena del narcotráfico, al parecer es la guerrilla de las FARC la que la controla y en esa medida decide quién entra a participar en la misma”.

Testimonios recogidos por los investigadores de la FIP en la región indicaron que buena parte del clorhidrato de cocaína que se produce en el Catatumbo es exportada a los mercados internacionales a través de Venezuela y lo que se queda en la zona, para el consumo interno, es distribuido por integrantes de ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’, “quienes controlan las actividades de microtráfico en zonas urbanas, pero al parecer con permiso de las Farc”.

De acuerdo con este informe, la comercialización de cocaína se da principalmente en Ocaña, Cúcuta y municipios aledaños a la capital nortesantandereana, como Puerto Santander,

Villa del Rosario y Los Patios.

Paradójicamente, advierte la FIP, en los municipios del Catatumbo con alta presencia armada ilegal los grupos subversivos “castigan” el consumo de esas sustancias, sobre todo en las zonas rurales.

Una de las mayores preocupaciones en el Catatumbo es el impacto que está teniendo la proliferación de cultivos de hoja de coca en los menores de edad, quienes cada vez están más vinculados a actividades como raspachines desde muy temprana edad, lo que provoca, a juicio de la FIP, “un alto grado de deserción escolar” y se fomenta la “cultura del dinero fácil”, lo que dificultaría su vinculación a trabajos legales.

Otras rentas La segunda renta ilegal más significativa para las Farc en el Catatumbo, según la FIP, es la extorsión, que, en gran medida, se cobra a quienes se dedican al contrabando desde Venezuela.

Testimonios en la región explicaron que esta actividad “también se han empezado a establecer acuerdos con el propósito de que múltiples actores se vean beneficiados de las ganancias”.

Consecuencia de esos acuerdos se reflejan en el contrabando de gasolina desde el vecino país, que pasó de ser una actividad directa del Frente 33 de las Farc a un negocio cedido a un grupo de narcotraficantes que se conoce como ‘Los Ocañeros’, a cambio de una cuota mensual.

“En estas transacciones se ingresan todo tipo de productos desde Venezuela, sobre todo por la frontera con Tibú, en donde el cobro de los impuestos sobre el contrabando lo manejan principalmente las Farc, y en menor medida, ‘Los Rastrojos’ y ‘Los Urabeños’” advierte el informe de la FIP. Los corregimientos de Tres Bocas y Petrólea, en el corregimiento La Gabarra y muy cerca de la frontera con Venezuela, fueron mencionados por las fuentes consultadas en terreno por los investigadores de las FIP como puntos importantes para las actividades de contrabando y donde las Farc tienen una notable presencia y accionar armado.

Control social La investigación de la FIP también permitió establecer que las Farc ejercen un férreo control social sobre varias comunidades rurales del Catatumbo, a través de la imposición de normas de comportamiento en lo social y lo económico. “De igual manera, habría cierta presión por parte del grupo guerrillero en los pro>> SIGUE FERREO pág. 3

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lasillavacía/lasillavacia.com/.../las-indirectasdel-comisionado-de-paz-49663/27 de febrero de 2015

Las indirectas del Comisionado de Paz En el foro del miércoles sobre el proceso de paz en el que Kofi Annan era el invitado central, el Alto Comisionado de Paz Sergio Jaramillo echó un discurso en el que, sin mencionarla directamente, se refirió a propuesta de «justicia transicional para todos» de César Gaviria. Jaramillo dejó el mensaje de que lo que viene no implicará “un intercambio de impunidades”, como se ha interpretado la propuesta del ex presidente.

El Alto Comisionado dijo que la paz dependerá de que haya acuerdos razonables en materia de justicia y víctimas, y de armas, verificación y condiciones de seguridad, y de que exista una voluntad compartida por todos de aterrizar lo acordado en los territorios.

Dijo, además, que el ex secretario general de la ONU Kofi Annan les recomendó un tribunal para la terminación del conflicto que administre la justicia transicional, que -para Jaramillo- dará seguridad jurídica pero también responderá a las víctimas.

Es una propuesta similar a la que planteó en una entrevista con La Silla Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia y

<< VIENE FERREO pág. 2 cesos de movilización social, los procesos democráticos y el ejercicio de las funciones públicas”, advierte este informe.

Testimonios recogidos en la región por la FIP indican que en aquellos lugares donde esta guerrilla tiene fuerte presenta rural, como en Teorama, San Calixto, Convención y Tibú, impusieron varias normas de comportamiento, entre ellas la prohibición de la prostitución, el consumo de drogas psicoactivas, los hurtos e involucrarse sentimentalmente con miembros de la Fuerza Pública.

“La persona que incumpla con estas normas es presionada a irse del municipio bajo amenaza de muerte, y en otros casos, se le da la opción de alistarse en las filas guerrilleras. No obstante, estas amenazas no necesariamente se cumplen, ya que el grupo guerrillero suele dar varias oportunidades para que se deje de incurrir en determinada falta”, dice el informe y agrega que “en algunas zonas se “realizan ‘juicios’ en los que personas influyentes de la comunidad deciden si el que es acusado debe ser ajusticiado o no”.

De acuerdo con documentos

asesor de la oficina de Jaramillo en temas de justicia transicional; y que es central para que el proceso no termine en el intercambio de impunidades.

Por último, Jaramillo especificó los requisitos que ve él en una eventual Comisión de la Verdad, que no van en la línea de quienes abogan por más verdad y menos justicia. “No puede ser ejercicio automático y mecánico, donde fin de conflicto igual a comisión de la verdad. Muchos países han hecho ese ejercicio, con frecuencia de forma impecable, pero -cuando uno mira la realidad- no es evidente que hayan tenido un verdadero efecto sobre la vida política”, dijo en el foro organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj).

Que todo esto tenga impacto para toda la sociedad dependería, para Jaramillo, de dos cosas que, de nuevo, evitarían un simple punto final para los dos lados.

Primero, que haya una participación amplia que incluya a las víctimas en una manera que las dignifique, de la sociedad civil para que no sea discusión entre sabios y engrane con la vida social del país, y de

de la Defensoría del Pueblo, citados por la FIP, en 2013 las Farc y el Eln “estaban ejerciendo control social a través de reglas de conducta y comportamiento, y de la injerencia en organizaciones sociales y comunitarias en El Tarra, San Calixto y Teorama”.

Las Farc también cumplen un rol de mediador en la resolución de disputas y conflictos entre las comunidades: “Si la comunidad tiene un problema, busca al comandante guerrillero de la zona. Sobre este punto, los entrevistados explicaron que este tipo de soluciones no son necesariamente resultado de una imposición del grupo guerrillero, sino que responden a una decisión voluntaria de la población, ya que es más eficiente resolver problemas de esta manera que acudir a la justicia oficial”.

Algunos habitantes les explicaron a los investigadores de la FIP que los jefes guerrilleros de las Farc “convocan ocasionalmente a reuniones en las que hacen proselitismo político y se discuten temas como las ZRC o los cultivos de coca”. El propósito de estos encuentros es “reforzar sus bases sociales, un as-

los combatientes (para que respondan a las víctimas y den su versión de los hecho), pero también en una forma que los dignifique). Porque, según el Alto Comisionado, “sin dignidad no es posible llegar a un acuerdo y una terminación del conflicto, ya que ante todo este es un acuerdo político”.

Y segundo, el reconocimiento de responsabilidades dado que -según Jaramillo- “en Colombia tenemos mucho conocimiento, pero muy poco reconocimiento”. De modo que se necesitan espacios donde ganaderos en Córdoba puedan admitir que apoyaron a los paras, que los comerciantes en Caquetá cuenten que apoyaron a las Farc, que los funcionarios del Estado reconozcan cuando fallaron.

Jaramillo, que se inventó el concepto de ‘la paz territorial’ que atraviesa el proceso, cree que “si esos ejercicios los hacemos en territorios, se encuentran en esos espacios donde están dispuestos a reconocer y a contribuir a la verdad, habrá un fundamento crucial para construir paz”.

Es decir, sí a una justicia transicional pero no en los términos en que Gaviria la planteó.

pecto importante si se tiene en cuenta que la guerrilla ha promovido la organización social e incentivado la movilización”, tal como ocurrió a mediados de 2013.

Dentro del menú de controles e imposiciones de las Farc a las comunidades está el de exigirle a algunas comunidades que sean agrosostenibles, para lo cual establecieron el tipo de cultivos que se deben cosechar e impusieron una fecha límite después de la cual no pueden entrar más productos; asimismo, el cobro de peajes comunitarios donde se exige un pago de 5 mil pesos por vehículo y cuyos fondos se destinan al mantenimiento de vías terciarias.

Diego Barí, representante legal del Resguardo Motilón Barí, aseveró que, en el caso de las comunidades indígenas que lidera, la guerrilla de las Farc es respetuosa con las autoridades nativas. “Con nosotros no se meten, nos respetan”, le dijo a VerdadAbierta.com.

Si bien la FIP admite en su informe que no obtuvo información suficiente en terreno para determinar con precisión que las Farc “postulan” candidatos a cargos de elección popular

y obligan a la población a votar por alguno en particular, sí reseñó testimonios que indican que “aquellos que tienen la intención de postularse deben primero pedir permiso al comandante guerrillero de la zona”. Además, indica el informe, “de acuerdo a las entrevistas, la guerrilla presiona a la administración de turno, independientemente de su filiación política, a obedecer sus mandatos. Hay casos de gobernantes que deben consultar al comandante guerrillero para la toma de decisiones”.

¿Y el futuro?

Pese a las intervenciones del Estado en el Catatumbo, a través, por ejemplo, del Plan Nacional de Consolidación, las comunidades, según la FIP, expresan altos niveles de desconfianza hacia la fuerza pública y las instituciones gubernamentales debido, entre otras razones, “a los altos niveles de corrupción institucional, la constante estigmatización de la que son víctimas por parte de los militares y la idea de que la fuerza pública es incapaz de mantener el orden”. Ese escepticismo, según este estudio, “contribuye a que las comunidades

se muestren escépticas frente a los resultados del proceso de paz y el posconflicto”.

Ante ese eventual escenario de un acuerdo con las Farc y su desmovilización total, la población entrevistada por los investigadores de la FIP en la región expresó dos preocupaciones fundamentales: de un lado, sobre “las dudas que existen frente a la forma en que se harían arreglos institucionales, debido a una deuda histórica del Estado con la región, y qué medidas concretas se van a implementar para lograr la reconciliación”.

Y por el otro, están las inquietudes por la manera cómo se reconfigurarían los actores armados, que ponen en discusión las futuras condiciones de seguridad de las comunidades. Ante ello, la FIP planteó dos escenarios: “el primero, que las estructuras de las Farc no se desmovilicen completamente y se conformen otros grupos armados para el control del narcotráfico; y el segundo, que los actores que han estado en segundo plano en el territorio inicien una disputa por el control del narcotráfico y los vacíos territoriales que dejen las Farc”.

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El Tiempo.com/Álvaro Leyva Durán /www.eltiempo.com/politica/proceso-depaz/proceso de paz/27 de febrero de 2015

A la luz del avance del proceso, ¿hay Constituyente a la vista? cio o actividad ya al Estado, ya a la tierra, o al capital, o al trabajo.

Pero al abrir el abanico de responsabilidades con la intención de extender la supuestas ventajas de la justicia transicional a ciudadanos no combatientes que han infringido la ley por haber incurrido en conductas típicas y antijurídicas relacionadas con el conflicto, el presidente Gaviria no solo puso el dedo en la llaga, sino que abrió, para mal de muchos, una caja de Pandora.

Si bien su tesis recibe el aplauso y acatamiento de amigos suyos, congresistas, partidos políticos, columnistas, y del propio Presidente de la República, tanto como para que se sospeche que el Acto Legislativo 1 del 2012 (por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del Artículo 22 de la Constitución Política, y se dictan otras disposiciones) sería llevado de nuevo al Congreso para su revisión, no parece haber tenido en cuenta que los conceptos y definiciones jurídicas que dicha reforma introdujo en nuestra Constitución fueron revisados y modulados por la Corte Constitucional al declararla ajustada a la Carta en lo formal y material.

Modulación esta para ser atendida íntegramente por el Congreso en momentos en que se pongan a su consideración las respectivas leyes orgánicas que habrán de insuflarle los verdaderos alcances a la tantas veces cacareada justicia transicional.

En buen romance, lo que se pretende manifestar es que se supone que el sentido cabal de la reforma ya está ahí, en su plenitud, para aplicarse; para agregar, así mismo, que tampoco sopesó Gaviria los efectos jurisdiccionales con todas sus consecuencias que se desprenderían de las competencias de la Comisión de la Verdad que el ya citado acto legislativo ordena crear mediante ley de la República.

Ahora: la insoslayable cortapisa al planteamiento del expresidente radica en que se ha considerado que en La Habana está teniendo lugar, por encima de cualquiera otra apreciación o consideración, un proceso prejudicial. Y no hay tal.

Quien lea cuidadosamente el Acuerdo General encontrará que la palabra justicia aparece en el texto una sola vez. Y esto, para referirse a la justicia so-

cial como uno de los propósitos por alcanzar, firmada ya la paz.

Téngase claro que en la agenda no se menciona para nada lo relacionado con una justicia transicional como la entienden los no negociadores y ausentes de la mesa del proceso. Por lo que ya se ha rechazado de plano por una de las partes (las Farc-EP) todo lo relacionado con ella; por lo demás, por ser tal justicia producto de iniciativas unilaterales ajenas a la realidad de los compromisos signados, toda vez que han surgido sin atenerse a lo acordado en La Habana el 26 de agosto del 2012, con la firma de los plenipotenciarios y de terceros Estados que hicieron las veces de testigos de su suscripción. ¿Qué de quién es la culpa de esto, si alguien la tiene?

“Averígüelo, Vargas”.

Sin embargo, si bien la tesis de Gaviria no producirá cambios en la posición asumida por las Farc –ya por boca de sus plenipotenciarios se pudo apreciar que esto es así–, porque están amparadas por el marco del acuerdo de La Habana –inmodificable a estas horas en materia sustancial–, sí repercute en el desarrollo de los mecanismos de búsqueda de la verdad y de la aplicación de la hoy zarandeada justicia transicional, pues nadie tenía presupuestado que un expresidente de la República se lanzara a hacer los señalamientos que el propio César Gaviria, en su condición de tal, puntualizó en su escrito del pasado 15 de febrero.

Al ser asumidos con la seriedad que merecen, como en efecto viene sucediendo, los entes investigadores de la nación tendrán que tomar cartas en el asunto. Y no como el expresidente lo quisiera y propone (ejemplo: nada de penas por omisión para los militares), sino acudiendo a la normativa y sus contenidos y alcances ya definidos y vigentes mientras no se reforme sustancialmente el Acto Legislativo 1/2012 por el Congreso nacional (Constituyente derivado).

Porque lo que indican las poco pertinentes importaciones de doctrinas penales extranjeras, ya empotradas en la Constitución por el Congreso de la República y refinadas mediante sentencia C-759 del 2013 de la Corte Constitucional (haciendo caso omiso de que el proceso de La Habana, por lo acordado en su carta de navegación, es político y no judicial),

Foto: Archivo / EL TIEMPO

En reciente escrito sobre justicia transicional que ha suscitado interés nacional y cuajado debate, el expresidente César Gaviria, sin duda, le hizo un aporte significativo a la historia del conflicto armado colombiano.

Con el peso y autoridad que le da el haber sido jefe de Estado, afirmó que los victimarios de la confrontación son muchos; y que están en todas partes.

Alude a la guerrilla, a los paramilitares, a la Fuerza Pública, a “miembros de la sociedad civil” y a “sectores no combatientes”; entre ellos, puntualiza, hay empresarios del sector privado, políticos, funcionarios públicos de diversos niveles, sin que se escapen del listado los propios jueces. “Miembros de la Rama Judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”, agregó.

Se ha entendido que los anteriores señalamientos los ha hecho el señor expresidente porque, como él mismo lo aduce, “como está planteado, el proceso de paz da la impresión de que este puede dejar vivos muchos rezagos y conflictos insolutos de la guerra, que solo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia y que se está prestando para que muchos colombianos crean que está únicamente dirigido a resolver los problemas de las Farc con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de más de cincuenta años”.

Sin duda, el planteamiento del doctor Gaviria, en cuanto a la multiplicidad de responsables y victimarios, y extensión en el tiempo de la contienda armada, termina coincidiendo en términos generales con la casi totalidad de los doce informes que la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregó a los plenipotenciarios del Gobierno y las Farc el 12 de febrero pasado en la ciudad de La Habana.

Responsabilidades En efecto, de la lectura de dichos informes se desprende que la guerra fratricida supera, y en mucho, el medio siglo, y que en ella se involucraron de manera activa y destructiva toda suerte de actores de variados estratos y actividades sociales, tanto del sector público como del privado, y de todos los credos y circunstancias, vinculados por ofi-

es que mediante un método de selección, priorización y ponderación, y aplicando el principio de “sistematicidad”, se llegue a los denominados “macroprocesos” a fin de imputar las responsabilidades penales de lo ocurrido en los últimos cincuenta o sesenta y más años a quienes han venido a denominarse “máximos responsables”. ¿Altos mandos militares? (‘falsos positivos’, paramilitares, exterminación de la UP y más). ¿Ministros de Defensa? (‘falsos positivos’, circulares y más). ¿Expresidentes y Presidente de la República? (el artículo 188 de la Constitución lo inviste con el cargo de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas).

Y comience, estimado lector, a descender en la escala de las jerarquías públicas, políticas y del sector privado. La búsqueda de los “máximos responsables” parece estar a la orden del día.

Pero ¿por dónde comenzamos? ¿Por el Ejecutivo? ¿Por el Legislativo? ¿Por la clase empresarial? ¿Ganaderos, hacendados, financistas? (¿?). ¿Quiénes han sido? ¿Quiénes son? “El mandatario (presidente Santos) que desde la Casa de Nariño salió a apoyar la propuesta que sobre esta materia presentó el expresidente liberal César Gaviria (...) afirmó que los casos de sectores sociales, civiles y hasta económicos que tienen relación con el conflicto, pero que no se incluyen en un proceso de paz, son los que podrían fomentar la impunidad” (EL TIEMPO, febrero 17 del 2015). ¿Cuáles son esos casos? ¿Los conocen quienes vienen señalando la necesidad de perseguir a los recientemente revelados delincuentes para aplicarles “penas efectivas, auténticas, y no simples simulacros”, como ya lo afirmó el propio doctor Santos? ¿Quiénes encarnan tales casos? ¿Se conocen sus nombres? ¿Los implicados ya

están ubicados? ¿Cuál será la diferencia?

Ojalá el capítulo que se acaba de abrir no termine en boca del agujero negro de la incapacidad estatal. ¿“Mucho ruido y pocas nueces”? Lo que sí comienza a quedar claro es que, como lo señalara el propio alto comisionado para la Paz, doctor Sergio Jaramillo Caro, en la ciudad de Villavicencio el día 17 de febrero, la responsabilidad por el conflicto armado es colectiva.

Parece no haber duda: “No se puede terminar simplemente en un acuerdo político donde cada quien se va para su casa y no pasa nada. ¿Cuál va a ser la diferencia esta vez? Tiene que haber una disposición de todos a reconocer la responsabilidad que les cabe, que nos cabe por el conflicto, una disposición a rendir cuentas. Pero si todos los que tuvieron alguna incidencia en el conflicto, no solamente los armados; todos los que por una razón u otra razón, por omisión o por obligación, se vieron involucrados en el conflicto tienen la disposición de decir ‘sí, y estoy dispuesto a contribuir’, creo que daremos un paso muy grande” (tomado de la página web de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz). ¿Vamos hacia la aceptación de la responsabilidad del Estado como una realidad de a puño, como salida de este callejón de vericuetos, murallas y candados jurídicos que se introdujo al proceso de paz? ¿Comienza a abrirse campo la novedosa doctrina del margen nacional de apreciación, reconocida en fallos de tribunales europeos, para que sea el Estado colombiano, una vez liberado, el que se dé su propia solución, sin injerencia externa? A la luz de lo que viene aconteciendo, ¿cuántos kilómetros habremos transitado ya por el camino constituyente? ¿Constituyente a la vista?

Mi Dios así lo quiera.

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eltiempo.com (original)/Óscar Arias Sánchez/somoslarevista.com/2015/03/ ha-llegado-la-hora-de-la-paz-en-colombia/2 de marzo de 2015

Ha llegado la hora de la paz en Colombia Existen múltiples versiones del mito del diluvio, según los credos y las civilizaciones, pero en el centro de cada historia siempre figura la imagen de un hombre esperando pacientemente una señal de vida, quien, a pesar de los augurios, confía y espera.

En esa vigilia, adonde aún no llega el olivo y la incredulidad socava el anhelo, se evidencia el carácter de una persona y de un pueblo.

Colombia es como un Noé aferrado a la proa del arca. Un país en espera de una señal, cansado del diluvio y del estrago, y al mismo tiempo asediado por el pesimismo de quienes desconfían del éxito de las conversaciones en La Habana.

Conozco los desafíos de la paz; sé que los acuerdos que ponen fin a la violencia tienen siempre aliados y detractores. Y sé, porque lo he vivido, que en toda negociación algunas voces alimentan la fe y otras siembran la desesperanza.

Respaldo y recelo. Algunos consideran las negociaciones como una expresión de ingenuidad, que no existe acuerdo posible con los agresores y la única salida realista es apostarle al exterminio de las fuerzas enemigas. Otros creen que es un error extender la mano a grupos que han incumplido acuerdos alcanzados en el pasado. Varios sostienen que un cese al fuego solo es deseable bajo ciertas condiciones. Sin embargo, todo conflicto armado que ha sido resuelto mediante la negociación y la diplomacia se encontró, en algún momento, exactamente donde está hoy Colombia: entre

el respaldo y el recelo.

No dudo de que la gran mayoría de quienes vacilan ante un potencial acuerdo de paz en La Habana actúen de buena fe. Sería necio creer que únicamente un bando tiene la razón absoluta, o que algunos exhiben toda la visión y otros padecen la entera miopía. Vendrá el momento en que se evaluará la postura de quienes favorecieron u obstaculizaron este proceso, y será cuando la paz en Colombia parecerá un resultado inevitable. Para alcanzar ese día, sin embargo, es necesario garantizar una paz duradera, irreversible; una paz que, parafraseando a Octavio Paz, no solo logre desplegar sus alas sino también echar raíces.

Paz con concesiones. Para lograr una paz duradera se requiere la voluntad de hacer concesiones, lo cual puede ser doloroso y políticamente problemático. La opinión pública tiende a estar en contra de ceder terreno al adversario. Con demasiada frecuencia, las negociaciones se plantean como juegos de suma cero, en donde una parte gana y otra pierde la totalidad del botín. En la realidad, un proceso de paz solo puede ser exitoso en la medida en que ambos bandos ganen y ambos bandos pierdan. Quiero enfatizar esto: la única paz posible es una paz con concesiones.

Esto es importante porque, si queremos respaldar el proceso de negociación, debemos apoyar también las decisiones adoptadas y las concesiones acordadas por los representan-

tes de las dos partes. Esto precisa mucha madurez y sobriedad de carácter. Se necesita la capacidad de abandonar una idea inalcanzable a cambio de una realidad factible. Requiere un cambio de paradigma: en lugar de enfocarnos en lo máximo que quisiéramos obtener, debemos enfocarnos en lo mínimo que podemos aceptar.

La concesión más difícil quizás sea la relativa al balance entre la justicia y el perdón.

Ambos valores son fundamentales para la vida en sociedad.

Sin embargo, todo negociador de paz sabe que un acuerdo implica un equilibrio entre el reconocimiento de los horrores cometidos y el señalamiento de los responsables, y el riesgo de que el impulso por otorgar castigo se convierta en un obstáculo para lograr el fin de la guerra. Por duro que parezca, una sociedad en guerra eventualmente deberá elegir entre sancionar el pasado o habilitar el futuro. ¿Cómo honrar el dolor? Siempre habrá quienes digan que la impunidad es incompatible con la paz. Y llevan algo de razón. Los acuerdos que se registran en la historia combinan, en distintas proporciones, un grado de sanción con un grado de amnistía. El punto es que “cierto grado” de perdón es intrínseco al proceso de negociación, por el solo hecho de que es irracional pedirle a un actor acceder a condiciones que únicamente lo perjudican.

Este es el punto central en materia de apoyo popular y el área donde la tarea de

persuasión es más delicada. Únicamente los colombianos pueden decidir cuáles condiciones resultan aceptables. He visto encuestas que reflejan una visión muy conservadora del respaldo del pueblo colombiano a los resultados de La Habana. No quisiera que los esfuerzos de la negociación, que ha tomado años, naufraguen ante una aspiración de castigo que, con acuerdos de paz o sin ellos, difícilmente será satisfecha.

No hay nada más legítimo que la ira causada por la muerte de inocentes, ni más genuino que el dolor de cientos de miles de víctimas. Debe encontrarse una manera de honrar ese dolor y de responder a esa ira sin perder la oportunidad de la pacificación.

Oportunidad es limitada. Muchas veces he dicho que la paz no es fruto de la impaciencia, pero mucho menos del perfeccionismo y la postergación. Las partes deben sentir que tienen tiempo para decidir, mas ese tiempo tiene término.

La atención del mundo es breve, los recursos son escasos y otras prioridades compiten con los esfuerzos por alcanzar la paz.

Muchas discusiones que previenen de la firma de un acuerdo son, en realidad, discusiones de implementación.

La violencia se alimenta de la pobreza, de la inequidad, de la falta de oportunidades, de la marginación. El éxito de un acuerdo de paz depende de un proyecto de desarrollo que reciba todo el respaldo nacional e internacional. Para cientos de miles de colombianos, la paz solo puede venir en la forma de

Redacción Política/El Espectador/9 de febrero de 2015

pan, medicinas y carreteras. En particular, en las zonas rurales, la paz a largo plazo depende de la inversión social, mucho más que de los detalles de un potencial acuerdo en La Habana.

Proyecto de largo aliento. La gran paradoja es que, una vez que se alcanza la paz, la comunidad internacional tiende a castigar el éxito con menos atención y menores recursos.

De ahí la importancia de programar, desde ahora, un plan de cooperación que no solo ayude en la logística de la paz inmediata, sino que se comprometa a acompañar a Colombia en la construcción de una paz duradera. Desde el día en que se firme un acuerdo y durante décadas, es necesario concebir la paz como un proyecto de largo aliento, sostenido sobre el desarrollo y sobre la creación de oportunidades.

Lo he dicho muchas veces y lo creo hoy más que nunca: ha llegado la hora de la paz en Colombia. Ha llegado el fin del diluvio. Aunque un océano interminable se extienda hasta el final del horizonte, aunque los nubarrones oculten los vestigios del arcoíris, un olivo crece más allá, en una isla del Caribe.

Ojalá este pueblo sepa tornar su vista a la alborada. Ojalá se aferre, como Noé, al borde del arca, sostenido sobre la fe de un futuro mejor y la promesa de una nueva alianza; una alianza con la vida, con el desarrollo, con la libertad, con la democracia. Una alianza con la paz, la paz sin descanso, la paz duradera.

Polémica por contrato con los Visionarios de Mockus Una álgida polémica se ha desatado en el país luego de que se revelara un informe de contratación del Fondo de Programas Especiales para la Paz, oficina adscrita a la Presidencia de la República, en el cual aunque no se presenta ninguna ilegalidad, pero algunos de los contratos generan suspicacias.

Uno de ellos es el FP-093 suscrito con la Corporación Visionarios por Colombia, que encabeza el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, por un monto de $480 millones.

En principio es no parece haber ninguna irregularidad, incluso desde la oficina del alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, sostienen que se trató de un contrato para hacer pedagogía para la paz. No obstante, revisando el objeto del convenio, señala que se trata de “diseñar, implementar acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana que promueva el respaldo social ante las conversaciones que adelantan el Gobierno y las Farc en La Habana”.

Este acuerdo pone en el ojo del huracán la ‘Marcha por la vida’ que convocó el exalcalde para el 8 marzo, pues no hay claridad si esta movilización es el cumplimiento del contrato con el Gobierno o si realmente urgió de forma espontánea y como ha planteado Mockus “no se trata de una marcha por la paz, sino por la vida que es lo más sagrado”.

El Espectador trató de comunicarse con el exalcalde Antanas Mockus pero no fue posible. En la Corporación Visionarios de Colombia el asesor de comunicaciones Yamid Saldaña explicó que se trata de un contrato que

ya fue ejecutado y que no tiene nada que ver con la marcha del 8 marzo. Sin embargo, al ser cuestionado por la fecha o el momento en que se dio la “movilización ciudadana” de la que habla el contrato, afirmó que “eso forma parte de un cláusula de confidencialidad con el Gobierno”.

Lo que es claro, es que en las pasadas elecciones cuando se enfrentaban en una cerrada puja el reelecto presidente Juan Manuel Santos y el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, el profesor Antanas Mockus irrumpió en el panorama político apoyando la apuesta de Santos por la paz.

Pero este no es el único contrato que llama la atención.

Desde el uribismo critican los millonarios convenios con medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales con arraigo de izquierda y a la Federación de Cafeteros de la que hicieron carrera varios altos funcionarios de Gobierno. La pregunta de fondo es si el apoyo a la paz tiene algún impulso económico o si finalmente se está contradiciendo la frase que hizo carrera en las elecciones de 2010 cuando la denominada Ola Verde que respaldaba a Mockus afirmaba “a mí no me pagaron, yo vine porque quise”.

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Anexo marzo 2015

El Espectador/Hernando Gómez Buendía/www.elespectador.com › Noticias › Política/25 de febrero de 2015 El punto final de la agenda convenida entre el Gobierno y las Farc dice simple y textualmente: “6.6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos”. Y el presidente ha prometido varias veces que tendremos referendo, pero resulta que las Farc no están de acuerdo, por tanto el presidente no podía prometer el referendo.

Esto no es mero capricho. Las Farc no pueden arriesgarse a que el pueblo rechace los acuerdos, porque entonces tendrían dos opciones: eternizar su guerra degradada o desmovilizarse sin ninguna garantía. Mejor dicho, rendirse sin siquiera lograr lo que Uribe les ofrece: someterse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. Para las Farc, por tanto, es imposible someterse a referendo, consulta, séptima papeleta o cualquier otra forma de votación popular sobre el acuerdo.

La alternativa es elegir un cuerpo colegiado —la constituyente que piden las Farc o el “congresito” que propone Uribe— para la “refrendación de los acuerdos”. Pero resulta que este cuerpo no podría limitarse a refrendar el acuerdo: su oficio sería rehacerlo, es decir, reescribirlo, es decir, renegociarlo.

Renegociarlo con Uribe —cuya bancada en el “congresito” sería muy grande— o renegociarlo con la izquierda dura —si la constituyente fuera integrada como las Farc proponen—. Y en todo caso Santos no puede aceptar un asamblea que deshaga lo que con tanto esfuerzo y costos logró hacer en La Habana.

Y como sólo hay dos métodos para que el pueblo refrende los acuerdos —la votación directa o la elección de un cuerpo colegiado— quedamos en que el Gobierno y las Farc no podrán acordar “el mecanismo de refrendación de los acuerdos”.

Increíble pero cierto: aun después de negociar los temas duros de la agenda (tierras, drogas, víctimas, penas reducidas y hasta curules para exguerrilleros...), será imposible negociar el “detalle” del cual depende la vigencia del acuerdo.

Dicho en tres palabras claras: no habrá acuerdo.

La confusión Como pasa en esta patria de gramáticos, el problema es de semántica. Según la Real Academia Española, “refrendar” significa “corroborar algo afirmándolo”, es decir, aprobar o validar lo que otros dijeron o acordaron. Por eso entendemos todos que se trata de que el pueblo de algún modo ratifique o “legitime” lo que se acuerde en La Habana.

Pero sucede que los mecanismos para “refrendar” no sirven apenas para refrendar sino ante todo para modificar o para desarrollar el acuerdo. La constituyente o el congresito reescri-

Un callejón sin salida

No habrá acuerdo de La Habana

FOTO: elespectador.com

birían, como dije, los acuerdos.

Y un referendo debe referirse a una ley o a un artículo preciso de la Constitución —no a un largo acuerdo de paz—, de modo que por esta vía es imposible “refrendar” el acuerdo de La Habana (por otra parte, la consulta popular es aplicable sólo a medidas administrativas puntuales —como decir ahora el Pico y Placa o las corridas de toros— y la Registraduría ni siquiera podría contabilizar la séptima papeleta o cualquier otra ocurrencia de algún otro Roy Barreras).

La solución Cosa distinta habría sido decir que el acuerdo de La Habana quedará en firme cuando las partes lo firmen (es decir, que no habría “refrendación”), pero que una vez en firme deberán tramitarse las leyes o reformas constitucionales que resulten de ese acuerdo.

Esto sí tendría sentido.

Primero, porque en La Habana no está negociando el Estado sino apenas el Gobierno, que no puede expedir leyes o enmiendas constitucionales, sino sólo presentar y apoyar las leyes o reformas respectivas.

Segundo, porque esas leyes o enmiendas —no el acuerdo como tal— pueden ser tramitadas por una de las tres vías que establece la Constitución: (1) la del Congreso (no la de otro “congresito”); (2) la de una constituyente “elegida por el voto directo de los ciudadanos” (no como proponen las Farc), o (3) la de un referendo o serie de re-

ferendos legales o constitucionales para aprobar o rechazar cada norma específica.

De modo pues que la salida de semejante lío es muy sencilla: que las partes que acordaron la agenda ahora acuerden borrar el “puntico” final. O para más claridad —de ellos y de nosotros— que lo reemplacen por esta “pequeña” variante: “6.6.

Mecanismo para el desarrollo jurídico de los acuerdos”.

La reacción Por supuesto que Uribe y Ordóñez (hoy jefe de la oposición) pondrían el grito en el cielo. Dirían que en Cuba sí se negoció a “espaldas del país” y que Santos nos volvió a engañar. Pero estas cosas las dicen y dirán de todas formas. Es más: el gran motor detrás de la “refrendación” es el temor de que en La Habana se esté acordando una revolución por contrato con las Farc, como si Santos, De la Calle, Villegas, los generales Naranjo y Ospina fueran todos bobos o criptocomunistas.

Ese temor de muchos colombianos alimenta la idea de que el acuerdo debe ser aprobado por el pueblo. Mejor dicho, negado por el pueblo, porque según las encuestas los ciudadanos sí quieren la paz, pero que sea gratis, esto es, sin hacerles concesiones a las Farc.

Y sin embargo los últimos gobiernos han firmado seis acuerdos de paz con otras tantas organizaciones armadas (M-19, Epl, Quintín Lame, Prt, Crs y Auc). Ninguno fue votado por el pueblo, ni por entonces se habló

de “refrendarlos”. En especial hay que notar que el precedente inmediato del eventual perdón para las Farc —el pacto de Ralito— no fue votado por el pueblo, y sin embargo su autor exige ahora que se consulte al pueblo. O —en el otro sentido— cabría preguntar si en el evento de un acuerdo con el Eln necesitaríamos un nuevo referendo, constituyente o congresito.

La democracia El argumento más taquillero —y más serio— contra el sencillo remedio que sugiero es por supuesto que en una democracia el pueblo tiene la última palabra. Yo creo en la democracia.

Pero en primer lugar resulta ser que el pueblo ya votó sobre el acuerdo de La Habana: exactamente de eso se trataron las dos vueltas para elegir al presidente de Colombia. Se dirá que la opinión sigue polarizada y que el 45% de la gente votó contra el proceso de La Habana.

Pero con esta lógica habría que repetir todas las elecciones o volver a validar indefinidamente lo que ya fue aprobado. El referendo equivaldría a la tercera vuelta en las presidenciales, lo cual —por más que lo deseen los perdedores en segunda vuelta— sería un sinsentido político y jurídico.

En segundo lugar —y más de fondo— el “mecanismo para la refrendación de los acuerdos” sería una burla a la democracia. ¿Cómo pedirle a alguien, sin ofenderlo, que conteste con un simple “sí” o “no” a un docu-

mento que (a medio andar de la agenda) ya llevaba 68 páginas? ¿O alguien espera que el Gobierno y las Farc redacten juntos las preguntas precisas para ir al referendo? ¿De dónde sacan, si no, que una constituyente o un congresito inventados serían más “legítimos” que el (mal) Congreso y el (mal) Gobierno que elegimos bajo reglas de juego preexistentes y sobre las cuales ya existía consenso?

La escalera El “puntico” final de la agenda no fue fruto de un descuido: viene de la desconfianza que las Farc y el Gobierno se tienen con razón a raíz de La Uribe y del Caguán, de modo que ambos se guardaron esta especie de derecho de retracto (“firmo, pero haré nuevas consultas”).

Las Farc pensaban en su constituyente, y así lo propusieron al negociar el punto 2 de la agenda (“participación política”). Santos les replicó con el referendo, es decir, con la amenaza de que si pedían demasiado el pueblo no aceptaría el acuerdo. Es más: el referendo sigue sirviendo hoy como un recurso de negociación para el Gobierno.

Pero la cosa se enredó con la campaña electoral que Santos casi pierde porque no pudo explicar por qué estaba negociando en medio del conflicto (o sea, por qué las Farc seguían —y siguen— delinquiendo).

Arrinconado por Zuluaga, el candidato presidente prometió, para tranquilizar a los votantes, que ellos “tendrían la última palabra”. Sin consultarles a las Farc, se embarcó en el referendo.

De esta manera Santos y las Farc acabaron trepados en un árbol de donde no es fácil bajarse. Tarde o temprano las Farc se bajarán de su constituyente, por la simple razón de que la guerra no la ganaron ellas. Por otro lado, el fiscal, abusando de su cargo, le acercó una escalera al presidente al declarar que “el referendo no es jurídicamente necesario ni políticamente conveniente”. El Partido de la U le ofreció la escalerilla de la séptima papeleta en las elecciones de octubre. Y vendrán los ingeniosos, los juristas y lagartos que abundan a sugerir toda suerte de andamiajes.

Pero mejor sería —como siempre— la verdad. Borrar o enmendar el punto 6.6. Dar la batalla pedagógica y política para explicar por qué el acuerdo entre el Gobierno legítimo y las Farc no necesita, ni debe, ni puede quedar sujeto a congresitos, constituyentes, referendos, consultas ni papeletas.

Tratar al pueblo como adulto es el camino real hacia una paz “estable y duradera”.

Edición 547

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eltiempo.com /Juan Lozano/www.eltiempo.com/.../reclutamiento-demenores-a-partir-de-17.../15253.../16 de febrero de 2015 Los obligan a cargar “carne de muerto” entre sus mochilas para acostumbrarlos a la sangre, los arrancan de sus hogares, los despojan de su infancia y sus sueños, los sacan de la escuela; a las niñas las rotan entre mandos, abusan de ellas, las violan y, si quedan embarazadas, las obligan a abortar; los usan como escudos humanos y carne de cañón, y, cuando quieren regresar a sus hogares, los hacen ver cómo cavan sus propias tumbas y los matan; los entrenan para matar, usar fusiles, detonar explosivos...

En el mundo, el reclutamiento forzado de menores se ha considerado uno de los crímenes más atroces, como crimen de guerra, como crimen de lesa humanidad, como crimen internacional. Cometerlo no agrede solo al niño o a su familia, agrede a todo el orden jurídico, al sistema de derechos humanos, al Derecho Internacional y a la humanidad entera. Es un crimen contra la humanidad.

Así, se entiende que la Corte Penal Internacional se hubiera

Reclutamiento de menores... ¿a partir de 17?

Cuando se trata de la violación de los derechos de los niños, no hay sapo tragable. estrenado con una condena por reclutamiento forzado de menores. Para demostrar lo atroz de estas conductas y el imperativo de que no queden impunes, la bajada de bandera de la justicia internacional contra los criminales que reclutan niños se produjo en el 2012, cuando se dictó la primera sentencia de esa corte contra el congolés Thomas Lubanga Dyilo.

Posteriormente, la misma corte procesó y condenó a Charles Taylor, de Sierra Leona, a 50 años de prisión por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos reclutamiento forzado de menores. En Colombia, la dimensión

de este crimen ha sido escalofriante. Paramilitares, guerrillas y bacrim han procedido con extrema crueldad. El acumulado desde la década de los 90, cuando se masificó la práctica, se mide en decenas de miles, según información del propio ICBF. El comandante del Ejército, general Lasprilla, ha dicho que los que más reclutan son las Farc con el 71 por ciento de los eventos. Y los reclutan desde los 11, 12, 13 años. Hay, incluso, casos espantosos de menores de 10 años, documentados. Jurídica y éticamente, es inaceptable que el reclutamiento de menores hubiera quedado excluido del

acuerdo marco para los diálogos de paz suscrito por Gobierno y Farc, en clara violación del derecho prevalente de los niños y la obligación de todos los funcionarios de protegerlos.

Miles de testimonios desgarradores que describen estas conductas se encuentran referidos o contextualizados en prensa, radio y TV, así como en muchos libros y reportes, entre ellos Aprenderás a no llorar, publicado por Human Rights Watch (2013); Como corderos entre lobos, de mi estudiosa vecina Natalia Springer (2012); o la completa obra Reclutamiento de niños como crimen internacional de las Farc, de Luis Fajardo,

El Espectador/Redacción Política/www.elespectador.com › Noticias › Política/21 de enero de 2015

El Gobierno busca, lo más pronto posible, un consenso con las Farc, sobre los temas de víctimas y justicia transicional, que le permita mantener el respaldo al proceso de paz.

Los afanes de la refrendación En la mesa de diálogos de La Habana, las Farc han insistido en una constituyente como mecanismo de refrendación. ¿Se está preparando el camino para buscar la legitimidad de un eventual acuerdo de paz con las Farc por un mecanismo diferente al referendo? Es la pregunta que queda en el aire tras la propuesta del senador Roy Barreras, presidente del Partido de la U, de implementar una séptima papeleta en las elecciones territoriales del 25 de octubre, en la que los colombianos expresen su respaldo o no al proceso de diálogos que se adelanta en La Habana (Cuba).

Y aún más con la declaración del fiscal Eduardo Montealegre, de que jurídicamente no se necesita una convalidación popular para refrendar lo acordado, pues con la reelección del presidente Juan Manuel Santos, los colombianos ya hicieron el gran referendo por la paz.

Lo cierto es que las interpretaciones pululan. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a aclarar que si bien desde el punto de vista jurídico Montealegre tiene la razón y un acuerdo con las Farc no tendría que ser necesaria-

mente sometido a refrendación, el jefe de Estado está convencido de que solo a través de ese camino se logrará darle legitimidad, firmeza y sostenibilidad a lo pactado. “El presidente prefirió acordar con las Farc la refrendación en una decisión profundamente democrática, transparente, un acto de confianza en los ciudadanos. Quiere el presidente que los colombianos, con plena libertad, tomen la decisión trascendental que permita abrir el camino de una paz firme”, dijo De la Calle.

Pero al mismo tiempo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la idea de Barreras es atractiva e interesante, en la perspectiva de que no se llegue con un acuerdo definitivo entre Gobierno y guerrilla a las elecciones de octubre y que los tiempos no alcancen para preparar el mecanismo de la refrendación, que, como están las cosas, es lo más probable. Es decir, que esa séptima papeleta sirva para que los ciudadanos expresen su apoyo al proceso, de tal manera que se produzca un hecho político de renovación del mandato que el año pasado se le dio al presidente Santos con la reelección en la

búsqueda de una salida negociada al conflicto. Más o menos lo que se hizo en 1990 y que derivó en la Asamblea Nacional Constituyente del 91.

Es decir, y lo explicó el mismo Roy Barreras, que el 25 de octubre los colombianos vayan a las urnas y digan si están o no de acuerdo con el proceso de paz. “El hecho político de que millones de personas, a través de una papeleta, salgan a respaldar y a hacer un mandato por la paz, es útil y necesario. Además, ya se tramitó el Marco Legal para la Paz y habrá una discusión de la ley estatutaria de justicia transicional, donde vendrá la discusión jurídica específica, que se tramitará en el Congreso. Pero por ahora lo que queremos es el respaldo de los ciudadanos a la paz, independientemente del acto refrendatario que se acuerde en La Habana”, aclaró el congresista.

Una idea planteada teniendo en cuenta que los procesos de referendo son dispendiosos y complicados, pues se requiere tramitar una ley en el Congreso más el examen de la Corte Constitucional. Y las experiencias han demostrado que la complejidad de lo que se tiene que preguntar dificulta la com-

prensión de la gente. En el caso de un acuerdo de paz con las Farc, hay quienes hablan de un cuestionario de mínimo 50 preguntas. Lo claro es que la fecha del 25 de octubre se ha convertido en clave para el Gobierno y los defensores de los diálogos de La Habana, de cara a lograr respaldo popular. Sobre todo, pensando en que a esas alturas lo más posible es que no haya acuerdo definitivo.

Con esta perspectiva, según conoció El Espectador, el afán del Gobierno está en lograr de aquí a mayo llegar a un consenso con las Farc en el tema de víctimas, que es el que se discute actualmente e incluye el difícil punto de la justicia transicional, y avanzar en lo del fin del conflicto, que implica abordar el cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. De ahí las instrucciones del presidente Santos a los negociadores para que inicien “lo más pronto posible” la discusión sobre ese asunto. Mejor dicho, en la Casa de Nariño son conscientes de que en octubre no se habrá alcanzado todavía un acuerdo final y se necesita tomar un segundo aire, que se lograría precisamente a través de esa séptima papeleta.

publicado por la Universidad Sergio Arboleda (2014).

Ahora las Farc salen a decir que dejarán de reclutar menores de 17 años. Algo es algo, dicen.

Pero es imposible de aceptar por el Estado. ¿Cómo así que seguirán reclutando niños a partir de los 17? ¿Cómo así que persistirán en esclavizar, someter y abusar de menores de edad, en abierta violación de la Constitución, de la Convención Internacional de Derechos del Niño y del Código del Menor? ¿Cómo así que callan frente al retorno a sus hogares de los menores que se encuentran en sus filas?

Ahora que ya las Farc abordaron el tema, los negociadores colombianos deben cubrir su penoso sobregiro, derivado del silencio del acuerdo marco sobre los niños, y dedicarse con prioridad al asunto, teniendo claro que el reclutamiento forzado de menores no es indultable, amnistiable ni condonable. Es contundente. No hay sapo tragable, consumible ni digerible cuando de reclutamiento de niños se trata.

Además, hay que tener en cuenta que según la agenda pactada, la firma de un acuerdo debe dar paso al punto de la implementación, verificación y refrendación. Y hasta el momento, las Farc mantienen su posición en el sentido de que el mejor camino es una constituyente. “Ese tema toca dirimirlo en la mesa, de momento tanto el marco jurídico como la ley de referendo no existen con respecto al proceso de paz (...) esperamos que si esto no se logra dirimir en la mesa de conversaciones, se le abra espacio a la Asamblea Constituyente y que sea el soberano quien defina aspectos como la necesidad que existe de superar el latifundio o la doctrina de la seguridad nacional”, dijo recientemente alias ‘Jesús Santrich’, negociador del grupo guerrillero en Cuba.

Sea como sea, el tema ha dado para alborotar el avispero político. Desde el uribista Centro Democrático, el senador Alfredo Ramos Maya escribió con sarcasmo en Twitter: “De los mismos creadores de ‘no habrá cese al fuego bilateral’, llega el nuevo ‘la paz sí tendrá refrendación popular’. Todos les creemos”. Y la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez advirtió que sería una “estocada a la democracia pasar por encima del pueblo colombiano y que se le prive de ejercer su derecho más sagrado, a autodeterminar democráticamente su futuro. El pueblo colombiano debe exigir que se cumpla la palabra empeñada por el presidente (...) solo así podremos garantizar que los acuerdos logrados sean duraderos y comprometan a las instituciones”.

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Anexo marzo 2015

Luchemos sin odios y sin rencores, sí; sin odios y sin rencores por la paz

Dos años abriéndole trocha a la paz pero… aun sin el apoyo esperado y requerido FOTO: elespectador.com

Brigadier General CÉSAR BARRIOS RAMÍREZ

La paz es el bien supremo para la convivencia y desarrollo de los pueblos. La búsqueda de la paz es una obligación constitucional de todo gobernante y moralmente patriótica de todo colombiano. Esto hace que sea inexplicable que después de 30 meses de estar el país inmerso en el arduo proceso para lograr la firma de un acuerdo con el grupo terrorista más antiguo de América, como primer paso para alcanzar la paz, bien supremo, haya una porción de colombianos que lo atacan, critican y distorsionan, dentro y fuera del país, tergiversando realidades y conceptos.

Aún hay colombianos que esgrimen razones descalificadoras y mal intencionadas, como origen del proceso, origen que solo tiene una clara y concreta razón: es un hecho histórico recurrente, que ocurre cuando el Estado llega a reconocer su incapacidad de vencer al enemigo, y éste, a su vez reconoce, su incapacidad de lograr su objetivo -la toma del poder- necesariamente se concluye que el único camino es el diálogo.

El diálogo es un debate entre personas o grupos de ideas distintas y aparentemente irreconciliables, en busca de llegar a un acuerdo, aceptando que sólo será fructífero en la medida en que quienes dialogan sean capaces de despejar la mente y el corazón del odio, del deseo de venganza y del dolor que la contraparte haya causado estando dispuestos a dar y recibir, a ceder y conceder, sin posturas intransigentes.

De la misma forma escuchamos a personas que, por desconocimiento o malicia, tergiversan el fin último buscado en la mesa de negociaciones en La Habana, que sabemos, reviste extrema complejidad: se trata de lograr, mediante el diálogo, que el grupo subversivo y criminal de las Farc acepte abandonar su política de extrema izquierda, encuadrada dentro del Socialismo del Siglo XXI, en busca de la toma del poder que ha atacado durante cincuenta años, pero con dejación de las armas y su política de violencia.

Inicialmente, el argumento descalificador de la mayor suspicacia fue la acordada ‘confidencialidad’ de lo tratado y acordado en La Habana, producto de infidelidades y rompimiento de los preacuerdos por parte de las Farc. Esto originó que el Gobierno tomara la decisión de dar a conocer todo lo acordado. Sin embargo, es

tanta la polarización política que a pesar de que lo acordado hubiera conocido, y que hasta hoy se continúe hablando y escribiendo sobre lo acordado por debajo de la mesa, con tal falacia que busca confundir a los colombianos alimentando la desconfianza sobre lo que en La Habana de ventila.

Los negociadores Por otro lado, escuchamos frecuentes señalamientos contra los negociadores plenipotenciarios, calificándolos de personalidades débiles y de hacer gala de una complacencia ‘entreguista’ (incluyendo al general Jorge Enrique Mora). Esto nace de no querer entender y menos aceptar que se están conduciendo una negociaciones mediante un diálogo y que quienes están en la mesa, gústenos o no, están en las mismas condiciones; no es un encuentro de vencidos con vencedores, es un encuentro donde exigir, disponer y prohibir, no tiene cabida.

El tiempo de discusión de cada punto es prueba de la dureza de los enfrentamientos verbales entre los dos bandos, el uno, subversivo y criminal pidiendo cien; mientras el otro, el Estado, dando y concediendo cuarenta, hasta donde la defensa del sistema político lo permite.

Otro tema de ataque frecuente al proceso son las persistentes declaraciones abiertas (fuera de la mesa) de los cabecillas de las Farc, en las que aprovechando las oportunidades brindadas por los medios, sostienen abierta y descaradamente su determinación de no renunciar después de la firma del posible acuerdo, a su objetivo final de la toma del poder y la continuación de la lucha por la implantación de un sistema comunista o, como hoy se denomina, de un socialismo del siglo XXI. Estas afirmaciones calificadas de atrevidas e insolentes, hacen inexplicable el hecho de que el Gobierno y sus negociadores lo permitan sin una reacción fuerte y descalificadora dando claras muestra, según los críticos, de debilidad y de estar actuando a las órdenes

de las Farc.

Del Gobierno Este es un proceso político, conducido por el Presidente que ha convertido a la paz como objetivo nacional, buscando llevar la extrema izquierda revolucionaria, sin armas, a la arena política, uniendo en este esfuerzo a corrientes políticas, incluyendo el centro izquierda y de la misma izquierda. El Presidente y su equipo negociador deben tener muy claro que una vez firmado el acuerdo, la clase política será el principal objetivo en la guerra sin armas y que, si dentro de las discusiones se ha dado más de lo debido, en cinco o diez años se verán arrollados y reemplazados, como ha ocurrido en países donde la izquierda revolucionaria, después de la firma de los acuerdos de paz, aplastó a la clase política tradicional asumiendo las riendas del poder.

Estos comentarios están lejos de ignorar o no el derecho de todo colombiano de exigir claridad y ejercer el poder de verificar que los valores supremos del Estado y de su sistema democrático, se comprometan y sufran menoscabo.

Por su parte, los militares deben estar vigilantes para asegurarnos que las afirmaciones y promesas del Presidente, en cuanto a que la organización y funcionamiento de las Fuerzas Militares estén dentro de los temas de discusión con las Farc.

Además, no se puede dejar a un lado el hecho de que tenemos, por libre voluntad del poder político, a un General en la mesa de diálogo como defensor de nuestros derechos. General que ha sostenido que nunca permitirá llegar a ser señalado de haber defraudado a su bien amada institución armada.

Hoy más que nunca se ha constituido en una obligación de Patria, en un compromiso moral para los hijos de Colombia, y muy especialmente para los que juramos morir por defenderla, el que con mente limpia, alejada de odios y rencores y de toda polarización política,

teniendo como único punto de referencia la paz, hacernos parte del crucial momento de nuestra historia que en buena hora nos ha correspondido vivir, con un patriótico honesto y continuo seguimiento crítico, contribuyendo a este esfuerzo con el granito de arena que esté a nuestro alcance, aceptando y entendiendo que no siempre los intereses y conducción política del proceso pueden coincidir de manera exacta con nuestros conceptos e intereses, allí es donde entra en juego el aceptar para pedir y lograr.

Los puntos Este compromiso debe hacernos ejercer un juicioso seguimiento de puntos vitales y definitivos que están por discutirse o están sobre la mesa: 1 El proceso de la dejación de las armas, el fin del conflicto y la reincorporación.

Con cuanta inquina se atacó en su momento el nombramiento de un General para los trabajos previos de las negociaciones. A quienes se rasgaron las vestiduras por el atrevimiento del Presidente de enviar a un General activo a enfrentarse, hablar y negociar con quienes persiguió durante décadas, les pregunto ¿Les daría más seguridad y tranquilidad el que lo manejaran políticos, como bien pudo haberse dado? El accionar del denominado Comando Estratégico de Transición requiere de todo nuestro apoyo.

2. El tema jurídico, la Justicia transicional. La concepción de castigo a los cabecillas responsables de tanta atrocidad y el no a la impunidad, es absolutamente necesaria, pero de plano se debe aceptar que la no cárcel nunca será sinónimo de impunidad.

Hay formas y modos de amparar la Justicia Transicional. No se les debe temer a los tribunales internacionales. Los colombianos somos los que enfrentamos y padecemos la violencia de la subversión, por lo tanto, la justicia internacional no puede ser una barrera para llevarle la paz al pueblo co-

lombiano. Ayudemos a pensar y a recomendar cómo se puede blindar a los defensores de la democracia de ayer, hoy y mañana para que en cinco o diez años no estén o estemos con orden de captura. El acompañamiento y comprometimiento de entes de justicia internacionales, puede ser una forma 3. La refrendación de lo acordado. ¿Qué procedimiento es el más aconsejable y viable? sin la refrendación, los acuerdos -los que pueden proteger a los miembros de las Fuerzas Militares- quedarían en la nube.

4. El desescalamiento del conflicto. Término también criticado sin siquiera conocer su significado: “Disminuir progresivamente la intensidad de algo”. Sobra indicar la importancia que reviste este tema en el avance hacia el fin definitivo del enfrentamiento.

5. La reinserción. Del todo recomendable aplicar la experiencia colombiana, sin que organismos externos nos impongan procedimientos ajenos a nuestro medio y a nuestra problemática.

6. El papel de las comisiones organizadas por el Gobierno para análisis del conflicto y su historia. Tema de la mayor peligrosidad que requiere un muy continuo y cercano seguimiento es el actuar de las comisiones encargadas del estudio y análisis de la historia de la violencia.

Es una verdad verificable, que por ingenuidad, por debilidad o consciente complacencia, el Gobierno ha llamado para constituirlas dichos grupos de estudio a personalidades que de ninguna manera dan el más mínimo grado de confiabilidad.

Es suficiente, para comprender la peligrosidad y el sesgo partidista que alimenta cada obra, el leer y analizar las conclusiones a que llegaron los autores de ¡Basta ya! y más recientemente, las conclusiones de las obras sobre las causas y orígenes del conflicto. Pero, fundamental, el seguimiento a la Comisión de la verdad, de negra trayectoria en los países donde se conformó y ha actuado.

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Lasillavacia.com/Juan Esteban Lewin/17 de marzo de 2015

Las Farc, exageraditas Tres miembros del Secretariado de las Farc, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Joaquín Gómez’ e ‘Iván Marquez’, participaron en Hora 20, de Caracol Radio. Durante dos horas de programa tuvieron el privilegio de

Frase original

“En la guerrilla no hay secuestrados ni hay retenidos con pretensiones económicas”. ‘Joaquín Gómez’.

Frase original

“(En 60 años) no han cambiado las condiciones que legitimaron que nos hubiéramos levantado en armas”.

‘Joaquín Gómez’.

Frase original “Hoy hay más inequidad (que hace 60 años)”. ‘Joaquín Gómez’.

Frase original “El país ostenta el tercer lugar en el mundo en cuanto a desigualdad”.

‘Iván Márquez’.

Frase original “Nunca ha habido un correlato histórico que le explique a los colombianos el porqué de esta violencia. Eso lo intentamos hacer con la Comisión Histórica y creo que vamos avanzando”. ‘Pablo Catatumbo’.

Frase original

“Este es un conflicto de carácter eminentemente político e histórico”.

‘Iván Márquez’.

sentar su postura política sin haber dejado las armas.

La Silla le aplicó su detector de mentiras a 15 de ellas y encontró cuatro mentiras, cuatro verdades (aunque tres de

Calificación falso

Calificación Debatible

Explicación

Las Farc anunciaron el fin del secuestro por razones económicas en febrero de 2012 pero, el año pasado, entre ese momento y octubre de 2014 cometieron 47 secuestros extorsivos y 74 en total, según el Ministerio de Defensa.

Explicación

En ese tiempo han cambiado muchas cosas: el Frente Nacional se acabó, la izquierda tiene poder político; ha mejorado el bienestar social (la desnutrición se redujo en la mitad entre 1990 y 2000 y entre 1964 y 2012 el analfabetismo pasó del 27 al 6 poor ciento; e índices económicos como el de necesidades básicas insatisfechas también han mejorado. Sin embargo, en zonas de presencia de las Farc se mantienen problemas como la alta concentración de la tierra y hay grandes niveles de pobreza, en parte, debido a su presencia.

Calificación

Explicación

Exagerado

Es difícil saberlo porque no hay series estadísticas comparables de ese período.

Sin embargo, el índice Gini desde 1991 sí muestra un aumento marginal de la desigualdad desde 0,546 en ese año a 0,548 en 2013 (después de un pico en 2008 con 0,589). Para la zona rural, donde están las Farc, hay un estudio de más largo plazo en la tenencia de la tierra: Según el Atlas de Distribución de la Propiedad Rural del Igac, “El país ha mantenido y mantiene aún un continuum de desigualdad estructural de la propiedad rural”

Calificación cierto, pero…

Calificación falso

Calificación cierto, pero…

Frase original

Calificación

“En la guerrilla tenemos centenares de guerrilleros sin piernas también, sin manos”. ‘Iván Márquez’.

inverificable

Frase original

Calificación

“Hay un consenso en los 12 relatos (de la Comisión Histórica) y es que la responsabilidad del origen del conflicto está en el incumplimiento del Estado de sus funciones”.

‘Pablo Catatumbo’.

ellas con un pero importante) y cuatro exageraciones, una de las proporciones más alta de exageraciones en todos los detectores de mentiras que hemos aplicado.

exagerado

Explicación

Las dos principales fuentes para resolver esta pregunta arrojan datos contradictorios, aunque igual muestran una desigualdad muy alta. Según la base de datos del Banco Mundial para 2012 (el año más reciente para el que hay datos), Colombia era el país más desigual del mundo con un Gini de ingresos de 0,5353. En cambio, según la oficina para el reporte de desarrollo humano de las Naciones Unidas, a noviembre de 2013 Colombia era el decimoprimer país con peor distribución del ingreso, con un Gini de 0,559

Explicación

Los informes de la Comisión Histórica del Conflicto mostraron que no hay un relato sino, por lo menos, una docena. Los informes de los 14 expertos, más que mostrar una posición novedosa o consolidar un solo relato, retomaron visiones diversas que se han desarrollado en investigaciones académicas en las últimas décadas, lo que quiere decir que sí ha habido correlatos - y no uno, sino varios.

Explicación

según los informes de la Comisión Histórica del Conflicto éste sí tiene un carácter político. Sin embargo, para expertos como Gustavo Duncan y Daniel Pécaut el narcotráfico y las economías ilegales asumieron un papel fundamental en el escalamiento y mutación del conflicto hace más o menos un cuarto de siglo.

Explicación

Explicación: aunque es probable que sea cierta, esta afirmación no se puede verificar porque en las cifras oficiales del programa presidencial de Acción contra las Minas no se incluyen miembros de los grupos armados ilegales, sino civiles y miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, dado que el manejo de explosivos es delicado, que no existen mapas de minas de la guerrilla (y por ende pueden ser víctimas de sus propias minas) y que en décadas anteriores el Ejército sembró minas, no es una cifra improbable.

Explicación

Efectivamente la mayoría de los reportes muestran que el Estado tuvo una incidencia fundamental en el origen del conflicto, porque no solucionó problemas como la cuestión agraria. Sin embargo, solo el padre <Javier Giraldo pone el énfasis en que el Estado haya incumplido sus funciones, y algunos como Jorge Giraldo hablan de su debilidad y no de su incumplimiento.

10

Anexo marzo 2015

Frase original “En los últimos años hemos acumulado cerca o más de 400 militares y policías capturados en combate, liberados de manera unilateral”.

‘Iván Márquez’.

Calificación engañoso

Explicación Explicación: para Marleny Orjuela, directora de Asfamipaz, sí se puede llegar a la cifra si se empieza con la liberación de 304 militares y policías a mediados de 2001 y se suman liberaciones mucho más pequeñas desde entonces. Pero, lo que no dijo el jefe guerrillero, es que tuvieron en jaulas y con grilletes al cuello a muchos de estos soldados y policías durante una década o más.

Frase original

Frase original

Calificación

Explicación

“El DIH establece un límite de 15 años, menores de 15 años. El Protocolo Facultativo, que es el que habla de 18 años, no está en aplicación”. ‘Iván Márquez’.

cierto, pero…

Frase original

Calificación

Efectivamente, el Protocolo II a las convenciones de Ginebra (una de las reglas básicas del DIH) solo prohíbe el reclutamiento y la utilización como soldados de niños menores de 15 años. Sin embargo, la Convención de Derechos del Niño dice que se debe dar prioridad al reclutamiento de los mayores de 18 sobre los niños entre 15 y 18 años Y el Protocolo Facultativo sobre participación de niños en conflictos armados que prohíbe reclutar o utilizar a menores de 18 años, sí está en vigor desde febrero de 2002 y Colombia lo ratificó en 2005.

“Menores de 15 años han llegado a las Farc en calidad de refugiados porque sus padres fueron asesinados, porque sus comunidades fueron atacadas (...) o porque son hijos de guerrilleros”.

‘Iván Márquez’.

Frase original

“Nosotros no hemos desplazado gente”. ‘Pablo Catatumbo’.

falso

Explicación

falso

Aunque las Farc no han tenido una política de desplazamiento tan importante como la que tuvieron los paramilitares, sí han desplazado. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, mostró que solo el Bloque Oriental desplazó a más de 257 mil personas entre 2002 y 2008; el año pasado hubo un desplazamiento masivo en dos veredas de Puerto Asís (Putumayo) por amenazas realizadas por las Farc; y un informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia mostró que las Farc y el Eln son los principales generadores de desplazamiento desde 2012.

Frase original

Calificación

“En Colombia todo aquel que se atreva a luchar contra la corrupción, lo asesinan”.‘Pablo Catatumbo’.

exagerado

Frase original

Calificación

Frase original “Nosotros no estamos pidiendo que se haga la revolución en la mesa de conversaciones; nosotros estamos pidiéndole al Gobierno unas propuestas (...) de corte democrático, progresista”.

‘Iván Márquez’.

Con esta afirmación las Farc quieren indicar que, si tienen menores de 15 años, no fue porque los reclutaron. Aunque es cierto que algunos niños han entrado voluntariamente -paradójicamente- en busca de una vida mejor, el reporte de Human Rights Watch de Colombia en 2014 recuerda que la Defensoría del Pueblo ha denunciado el reclutamiento de niños paez en el Cauca. También hay varios testimonios de papás que fueron sometidos por los guerrilleros a la decisión de entregar su hijo o unas vacas y les tocó entregar al hijo.

Calificación

Frase original

“(Fuimos los primeros en pedir la) elección popular de alcaldes y gobernadores”. ‘Iván Márquez’.

Explicación

Exagerado

Calificación cierto +

Explicación

Es indudable que luchar contra la corrupción puede ser peligroso y terminar en la muerte, y que íconos de esa lucha como Luis Carlos Galán terminaron asesinados. Pero en grandes escándalos recientes como el del cartel de la contratación de Bogotá sus principales denunciantes (en ese caso el hoy alcalde Gustavo Petro, el copresidente de la Alianza Verde Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux) no han muerto. Otro ejemplo son las redes de veeduría ciudadana, que siguen activas y haciendo denuncias.

Explicación

Efectivamente, las Farc tuvieron esa elección popular como una de sus banderas a inicios de los años ochenta, antes de que se hicieran realidad. Pero no fueron los únicos en exigirlas (también lo hacían sectores del Partido Liberal, por ejemplo, y otros grupos guerrilleros), además de que se implementaron sin la participación de las Farc (la elección popular de alcaldes durante el gobierno Barco, cuando no había conversaciones con ellas; la de gobernadores gracias a la Constitución de 1991, en la que ellos tampoco participaron).

Explicación

Una de las grandes conclusiones de los acuerdos ya firmados es que no se está negociando todo el sistema político ni económico. El proceso “buscará cambios sociales significativos sin afectar los poderes legales establecidos”. Para Antonio Navarro “este es un proceso sensato, factible y razonable”, y para el exdirector del Centro Democrático, Alejandro Arbeláez “Las Farc son ángeles en sus anhelos para Colombia, pero demonios en sus acciones para alcanzarlos.”

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dos

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El Nuevo Siglo/Editorial/http://www.pensamientocolombia.org/la-pazchoque-conceptual/18 de febrero de 2015

La paz: ¿choque conceptual?

Escuchados los voceros de las Farc, en el programa Hora 20, de Caracol Radio, se dejó entrever el marco conceptual que tienen del proceso de paz que actualmente se adelanta en Cuba. Esta vez, pues, lejos de las declaraciones discursivas de la tarima habanera, contestaron desprevenidamente lo que piensan de los diálogos. En resumen, un proceso al estilo del que se llevó a cabo con otras organizaciones, en los años noventa, en el que de la entrega de las armas se saltó a la función pública y a las curules del Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, sin ningún intervalo de veda política o penalidad institucional alguna.

En efecto, los voceros dejaron en claro que su propósito es hacer política en un escenario diferente al de la violen-

cia, pero manifestaron que para ello primero deben producirse los cambios políticos, sociales y económicos que, a su juicio, ameritaron y siguen ameritando el levantamiento. De forma que todavía no está claro, es más está bastante lejos de ser claro, qué viene antes y que después: si primero los cambios y luego la entrega de armas, o viceversa, o si se hará de manera paralela.

Un proceso, por lo demás, en el que aspiran a las garantías suficientes y explícitas para que no vuelva a ocurrir la matanza de la Unión Patriótica y sobre la base de que, habiéndose levantado contra el sistema, no aceptarán en manera alguna el código penal vigente, ni normas internacionales. Es decir, tampoco tienen contemplado un solo día de cárcel o de arrepentimiento

por la lucha de los últimos cincuenta años, que entre lustro y lustro ahora llevan hasta sesenta, para lo cual se afincan en las relatorías y ensayos de la Comisión de Memoria Histórica.

Reconocen, en tal sentido, errores en los combates, pero de la misma manera alegan responsabilidades compartidas donde, incluso, el Estado es el mayor responsable. En todo caso, dicen, es más fácil ponerse de acuerdo con los militares que con los funcionarios. Tampoco, de otra parte, se muestran con afán, pero enfatizan que su voluntad de paz ha quedado explícita, primero, en que todo el Secretariado de las Farc está en Cuba y, segundo, en su declaratoria de tregua unilateral indefinida, hecho inédito dentro de los procedimientos de la fuerza irregular. Hasta ahí. El

resto está por negociar y ver.

Ante ese marco conceptual existe el otro. Uno afincado irremisible y mentalmente en la mayoría del país por los años de mandato del presidente Álvaro Uribe, cuándo se adoptó lo que se llamó, frente a los paramilitares, la ley de alternatividad penal, conocida luego como Ley de justicia y paz. Y cuyos criterios más rígidos o más benevolentes, dependiendo del analista, en todo caso se entienden de aplicación universal, así el mismo comentarista sea, por decirlo de este modo, antiuribista para lo cual, a fin de no reconocer la concordancia, simplemente aduce que la legislación internacional cambió. Una mentalidad, ciertamente, donde no existe el delito político ni los conexos y menos que impliquen indultos

o amnistías; donde se invocan los cánones del Estatuto Penal de Roma para todo y en todo (aunque nadie sepa muy bien de qué se trata); y en la que cualquier proceso de paz debe soportarse en la indagación y sanción de los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. De modo que un proceso así concebido trata, en mayor o menor medida, de la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición, con su prisión debida o si acaso penas alternativas, y no del proceso político que, como en los casos del M-19, el Epl y parte del Eln, entre otros, contemplan las Farc.

Hasta el momento el choque conceptual no se ha producido en La Habana, seguramente con contradicciones aplazadas y sin resolver. ¿Cuál será el camino efectivo y eficaz, dentro de estas dos visiones, aún está por dilucidar?. Pero solo será en ese momento cuando, con todas las cartas sobre la mesa, habrá verdadero proceso de paz.

lasillavacia.com/Andrés Bermúdez Liévano/lasillavacia.com/…/eldesminado-sera-el-primer-aterrizaje-real-de-la-habana/8 de marzo de 2015.

El Gobierno y las Farc escogerán una serie de lugares donde arrancar a desminar. Crearán una mesa técnica que se encargará de que se identifiquen dónde están realmente sembradas las minas, de coordinar el desminado (que harán los batallones especializados del Ejército y otras ONG de desminado), de vincular a las comunidades locales y, finalmente, de entregar la tierra libre de sospecha de minas.

El desminado será el primer aterrizaje real de La Habana A pesar de que la regla de oro en La Habana es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, ayer los equipos negociadores de las Farc y el Gobierno la rompieron. Lo hicieron para llegar a un primer acuerdo que se aterrizará desde ya: comenzar a excavar las minas antipersonal sembradas en el país, como una primera medida para realmente irle poniendo fin a la guerra. Esa será la primera señal concreta que tendrá la gente más azotada por el conflicto de que éste puede terminar algún día.

“En el marco del desescalamiento, para avanzar en la construcción de confianza y con el fin de contribuir a generar condiciones de seguridad para los habitantes que se encuentran en zonas de riesgo por la presencia de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y restos explosivos de guerra, y de dar

garantías de no repetición a las comunidades, el Gobierno y las Farc-EP hemos acordado solicitar a la organización Ayuda Popular Noruega (APN) liderar y coordinar la implementación de un proyecto de limpieza y descontaminación”, dijeron las Farc y el Gobierno.

En concreto, según el comunicado conjunto de las dos delegaciones, el Gobierno y las Farc escogerán una serie de lugares donde arrancar a desminar.

Crearán una mesa técnica -en donde estarán sentados ambas partes- que se encargará de que se identifiquen dónde están realmente sembradas las minas (algo que en Colombia aún no se conoce bien), de coordinar el desminado (que harán los batallones especializados del Ejército y otras ONG de desminado), de vincular a las comunidades locales y, finalmente, de entregar la tierra libre de sospecha de minas.

Una parte importante de estas labores recaerán en Ayuda Popular Noruega, una ONG noruega especializada en desminado que es financiada por el gobierno de su país (uno de los garantes de los diálogos) y que trabaja en 18 países. Como APN aún no está acreditada para trabajar en Colombia, ese será uno de los pasos prioritarios.

Todas esas son tareas que ya ha venido haciendo el Gobierno, aunque -como contó La Sillacon magros resultados y poco interés.

A su vez, las Farc -que no desminarán, sino que contarán dónde están las minas y acompañarán el proceso- se comprometen a no volver a sembrar minas en las áreas desminadas.

Ese será un paso grande para

una guerrilla que hasta hace poco justificaba su uso como -en palabras de Iván Márquez“una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza”.

Ayudar a desminar las minas que sembraron podría darles una mano para ir construyendo una legitimidad política que no tienen en muchos lugares y sectores de la sociedad.

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Anexo marzo 2015

Una primera misión para el posconflicto Esta decisión de desminar, mano a mano el Gobierno y las Farc, es un gana-gana para el proceso de paz porque le da una primera tarea concreta que beneficia directamente a la gente en muchas zonas rurales.

A diferencia de los tres acuerdos temáticos que ya se firmaron, que crean las bases para una transformación del país a mediano y largo plazo, acá los resultados serán visibles en apenas algunos meses.

“La Habana tiene en el desminado un diamante en bruto.

Un diamante, porque será la primera vez que las Farc y el Gobierno se sienten a trabajar juntos. Y no solo el Gobierno, sino el Ejército, las autoridades locales, los gobernadores y las comunidades. Eso es matar el coco de que con las Farc me toca sentarme, pero hay que saberlo pulir para que dé todo el brillo”, dice Álvaro Jiménez, el coordinador de la Campaña Colombiana contra Minas (la más importante ONG del país en el tema) y quien viene insistiendo desde hace dos años en un acuerdo humanitario de este tipo.

Sobre todo porque, sin desminado, todo lo demás que se pacte quedará en el papel: la restitución de tierras que no ha podido avanzar en muchas regiones, el desarrollo del campo más abandonado o la erradicación de los cultivos de coca.

El desminado tiene un peso simbólico porque es un punto en el que todas las partes -incluidos muchos opositores y críticos del proceso- están de acuerdo.

Marta Lucía Ramírez prometió, durante su campaña presidencial, continuar con La Habana si las Farc se comprometían a no sembrar más minas y entregar los mapas de dónde están, además de no reclutar niños, no violar mujeres y no atentar contra la población civil.

El uribista Óscar Iván Zuluaga, quien fue ablandando su postura sobre terminar con La Habana, adoptó esa misma condición tras aliarse con la candidata conservadora.

Pacho Santos -quien le dio prioridad al tema cuando era vicepresidente y lo tenía bajo su órbita- le reconoció a La Silla que «es un buen paso» aunque advirtió que el diablo está en los detalles como verificar que las Farc no vuelvan a minar esas zonas y que, de todos modos, si no hay un compromiso definitivo de la guerrilla por no minar más será «un paliativo, otro show para la tribuna”.

En todo caso, el desescalamiento del conflicto arranca con un paso que no tendrá mayor oposición porque se trata de una cuestión humanitaria.

En la práctica, desminar tiene varias implicaciones políticas.

La guerrilla tendrá que comenzar a contar en dónde ha sembrado minas, un arma letal prohibida por el derecho de la guerra que usa para cerrarle el

paso a las tropas del Ejército, cortar el transporte de carreteras o defender sus cultivos de coca.

Tanto que son los “más prolíficos usuarios de minas entre los grupos rebeldes del mundo”, en palabras del ‘Landmine Monitor’, el reporte anual que llevan la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas y su directora Jody Williams para seguir cómo avanza cada país en cumplir la Convención internacional de Ottawa que prohíbe las minas y obliga a eliminarlas.

El Gobierno tendrá vía libre para desminar en muchas zonas donde antes no podía hacerlo por razones de seguridad, pero también deberá cesar sus operaciones militares allí (algo que también tendrá que hacer la guerrilla). Es decir, pactarán una suerte de cese del fuego bilateral en lugares muy concretos.

Pero, sobre todo, desminar tendrá un impacto real y rápido en muchas de las zonas más pobres del país, cuyos habitantes viven en medio de la zozobra de no saber dónde pueden moverse y dónde no.

Un buen ejemplo es San Miguel, un municipio del Putumayo donde -como contó La Silla- la población de 17 de sus 25 veredas está prácticamente sitiada desde diciembre. Desde que el frente 48 de las Farc decidió minar todos los caminos veredales y rastrojos para frenar una operación de erradicación forzosa de cultivos locales de coca, la gente vive en un estado de perpetuo temor.

Esa fue precisamente la propuesta que la Campaña Colombiana contra Minas llevaron a La Habana en agosto pasado: una lista con 57 lugares “de interés comunitario” -escuelas, fuentes de agua, caminos y zonas de recreación- en todo el país que necesitan una intervención urgente. Fue la misma lista que Jody Williams, la Nobel de Paz en 1997, volvió a entregarle en enero a Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle.

Una de las mayores dificultades es que las Farc no tienen información exacta sobre dónde han sembrado las minas a lo largo de las décadas. Sin embargo, en casos como el de San Miguel, tienen la memoria fresca. Como las sembraron hace apenas tres meses, puede ser un buen lugar para arrancar.

Las minas, el coco de las comunidades El acuerdo para desminar es una medida para bajarle la intensidad al conflicto, uno de los temas que se discuten en La Habana. Pero también está íntimamente relacionado con otro punto medular: el de las víctimas, ya que la mayor petición que le han hecho a las Farc las personas afectadas por minas es que muestren dónde las han sembrado.

“La verdad que más esperamos de ellos es el mapa de las minas que sembraron, para

contener los daños. Porque lamentablemente seguimos esperando más víctimas”, le dijo a La Silla hace un mes Siervo Antonio Bacca, un líder de víctimas del Catatumbo, una zona con fuerte influencia de las Farc.

Bacca perdió su pierna derecha de la rodilla para abajo, una amputación con la que -a los 18 años- se despidió de su sueño de ser futbolista.

Como Bacca hay 12.250 colombianos, víctimas directas de minas, municiones sin explotar y otros artefactos explosivos. Una cifra que convierte a Colombia en uno de los países más afectados del mundo.

Y eso que esta cuenta que lleva la Unidad de Víctimas sólo incluye a las personas heridas o fallecidas por culpa de una mina, más no a sus familiares ni a las comunidades que se saben rodeadas de ellas.

“De las patas chuecas que le quedan a nuestro país son las minas y la gente desaparecida.

Que las Farc y el Gobierno se pongan de acuerdo en desminar es un paso gigante, porque ya están de verdad hablando de algo que impacta al ciudadano de a pie”, dice Pastora Mira, una conocida líder de víctimas en el Oriente antioqueño, una de las zonas históricamente más afectadas por las minas en el país.

“Poder volver al territorio con confianza, volver productivo un terreno donde hay minas reales o psicológicas, es una forma de reparación. Y también una garantía de que no se va a volver a repetir”.

Su municipio de San Carlos, donde se han registrado 236 víctimas de minas (una de ellas su sobrino), fue el primero declarado libre de sospechas de minas en el país y apenas uno de cuatro que hasta ahora tienen esa buena suerte.

Desminar también generaría confianza en muchas comunidades rurales, que se sienten frustradas de saber dónde hay posiblemente minas -porque una vaca explotó o hay pedazos sospechosos de plástico- y no ver ninguna acción correctiva.

Como dice Mira, “la información es como el pescado: si usted lo descongela y no lo consume, se intoxica. Si usted no transmite la información y le da buena ruta para que los resultados sean los que las comunidades esperan, se genera desconfianza.

Hay un trabajo muy grande en crear esa confianza”.

Una segunda oportunidad para las minas Este acuerdo también implicará un cambio grande para el gobierno Santos, para quien -como ha contado La Silla- el desminado ha sido todo menos una prioridad.

Esa realidad, sin embargo, está cambiando desde que el programa antiminas pasó de la vicepresidencia (donde Angelino Garzón le paró pocas bolas) al ‘ministerio del posconflicto’ que lidera el general retirado y negociador Óscar Naranjo. Y sobre todo desde que otro general retirado, Rafael Colón, asumió las riendas del tema.

Aunque Colón solo lleva dos meses en el cargo, ya se ven cuatro cambios que han ido volviendo el desminado un tema más humanitario que de seguridad y que serán claves a la hora de aterrizar el acuerdo con las Farc.

Primero, se incrementará el número de desminadores.

El Ejército ya prometió 10 mil hombres a futuro para sus batallones de desminado (20 veces el número actual) y se va a agilizar de dos años a un semestre el proceso de acreditación para ONG civiles, ya que solo la británica Halo Trust está desminando.

En camino vienen -además de Ayuda Popular Noruegala Fundación Suiza para el Desminado (FSD), la francesa Handicap International, el Grupo de Desminado Danés (DDG) y la Campaña Colombiana contra Minas.

La lógica de solo mapear las minas donde se desminará también cambió. Antes se hacían los estudios llamados ‘no técnicos’,

que permiten ubicar las minas y trazar unos polígonos de las áreas afectadas, cuando se despejaría ahí mismo, para que el Estado no corriera el riesgo de ser legalmente responsable de cualquier accidente.

Esa teoría, que hizo carrera los últimos cuatro años, ya fue desmontada y el general Colón -que liderará la mesa técnica en La Habana- le dijo a La Silla que “vamos a hacer una gran campaña de estudios no técnicos en todo el país desde junio”.

Este será uno de los primeros nudos ya que, como explica uno de los mayores expertos en desminado en el país, “necesitamos gente bien entrenada, militares y civiles, porque no es una encuesta de salud sino un diagnóstico que requiere capacitación de la gente, recursos, tiempo, supervisores y un monitoreo externo”.

También se está reorganizando el mapa de los municipios prioritarios, ya que hasta ahora no son necesariamente los más afectados y se estaba -en palabras de Álvaro Jiménez“poniendo el remedio donde no está el dolor”. Según Colón, el nuevo mapa de desminado incluirá 102 municipios altamente afectados: se comenzará a trabajar en 15 este año, 30 el próximo, 50 el siguiente y se completará la lista de los más críticos en 2021.

Y, finalmente, la comunidad internacional está volviendo a interesarse en financiar el desminado en Colombia, algo a lo que estaba muy reacia dado el poco interés del Gobierno.

Además de Noruega, Japón dijo esta semana que quiere poner plata para hacerlo.

Con estos cambios, pero sobre todo con el impulso que les dará el acuerdo entre las Farc y el Gobierno, los vientos para el desminado en Colombia parecen estar cambiando y el desescalamiento del conflicto realmente arrancará.

Como dice Pastora Mira, “mi hijo debe estar diciendo en el cielo, ‘Juemadre, ¿vieron que sí se podía?’”.