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LA EL BOLETÍN DE
LISTA BLANCA Agrupación Jorge Di Pascuale - 13 de Abril
Noviembre de 2013 - Nro. 2
HOY MÁS QUE NUNCA,
JUNTO A CRISTINA por el Proyecto nacional y popular
Ley de medios Triunfo de la democracia
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¡Viva la Democracia! ¡Viva la Libertad! l martes 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer el fallo de 392 páginas desestimando los cuestionamientos del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y ratificando la constitucionalidad de la norma. Según dio a conocer el Centro de Información Judicial, la constitucionalidad general de la ley fue ratificada por seis ministros de la Corte y con la única excepción de Carlos Fayt. En el fallo, tras cuatro años de la aprobación de la norma, se destacó que es "legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado". Entre los argumentos utilizados por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, se sostuvo que la ley 26.522 "en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces". "Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos", explicó el Tribunal. La Corte Suprema dice en el fallo que la libertad de expresión
es, entre las libertades que la Constitución consagra, "una de las que posee mayor entidad", al extremo que, sin su debido resguardo, "existiría tan sólo una democracia nominal". "La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes", señaló. Es por ello que los jueces interpretan que la ley "es coherente" con el artículo 42 de la Constitución Nacional, "lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales". EL BOLETÍN DE
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"Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que el interés del Estado en la regulación es incuestionable", subrayaron los magistrados. Además, los jueces entendieron que el Grupo Clarín "no ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión", y derribó uno de los principales argumentos del multimedio: "No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica". "Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas
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que son condescendientes con los gobiernos de turno", definieron los jueces y aclararon que el modo de proteger las licencias es "la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada". Si así fuera, "ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz", destacan y sostienen que el plazo de adecuación "se encuentra vencido y es constitucional". Por otra parte, la Corte realizó una serie de aclaraciones: el máximo Tribunal "no tiene la función de establecer si la ley 26.522 se adecúa a los avances tecnológicos, si es obsoleta, incompleta. Esa es función del Congreso". "Es de vital importancia que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del Gobierno como de otros grupos de presión", afirmaron. La Corte explicó en el fallo que declara la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”. “No hay en la causa una prueba de que exista una violación a la libertad de expresión derivada de la ley”, sostiene el voto mayoritario, que señala que “la ‘sustentabilidad’
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no puede ser equiparada a ‘rentabilidad’ y, en ese sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria”. El máximo Tribunal, en forma mayoritaria, reconoció que el grupo Clarín “es titular de licencias que están protegidas porque integran el concepto de propiedad constitucional” y explicaron que “el modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada”. Los magistrados estimaron que si, en un futuro, “en la etapa de aplicación se afectara la libertad de expresión, hubiera una distribución discriminatoria de la publicidad o de los subsidios oficiales, la actora pueda ejercer sus derechos; pero no se puede, en esta instancia, proteger un derecho que puede ser, o no, afectado en el futuro”. El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, aseguró que la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "es una gran noticia" y "un triunfo de la democracia”. Sabbatella agregó que la resolución de la Corte “no es sólo un triunfo del Gobierno, es un triunfo de la democracia, de la libertad y del pluralismo". Desde que la presidenta de la Nación remitiera el ante proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 19 de marzo de 2009, decenas de miles de
argentinos han debatido en toda la geografía del país los alcances de la normativa y su sujeción a los principios de libertad de expresión en toda su magnitud. Cuando los verdaderos representantes del pueblo argentino debatieron y aprobaron por amplia mayoría la Ley en el Congreso nacional en 2009, los grupos dominantes, patrocinados por el Grupo Clarín, han recurrido a jueces adictos, algunos vinculados a delitos de lesa humanidad en la dictadura, para trabar su puesta en vigencia con medidas cautelares. Luego de cuatro años, al fin, se impuso la voluntad popular. De modo que, gobierne quien gobierne, a partir de hoy no habrá posibilidad de que algún medio hegemónico pueda voltear “con tres tapas” a ningún presidente constitucional. No habrá CEO del Grupo Clarín que pueda insultar a un presidente de la nación, como Raúl Alfonsín, diciéndole “Usted es un escollo”. Tampoco podrá afirmar que el cargo de Presidente de la República Argentina es “un cargo menor”. Desde ahora, el estado de derecho primará sobre el poder económico concentrado, gobierne quien gobierne, porque de eso se trata la democracia.
¡Viva la democracia! ¡Viva la Libertad!
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Editorial
Por qué apoyamos la ley de medios Democratización y universalización
A ningún operador se le permite que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.
La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Titulares de las licencias
Servicios de interés público
La ley establece que para ser titular de una licencia se ponderan criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluye a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.
Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.
Abono Social Los servicios de televisión por cable deben disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.
Participación de cooperativas A diferencia de la ley anterior, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.
Más contenidos nacionales Los servicios de televisión abierta deben emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales. Los servicios de televisión por cable no satelital deben incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deben incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos. Las radios privadas deben emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música
Desmonopolización Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, la ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo puede tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24), y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.
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emitida debe ser de origen nacional. Quedan eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.
Igualdad de oportunidades
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deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.
Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.
Publicidad
Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos
Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.
Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos
Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.
Medios municipales y provinciales
Más voces de la sociedad civil Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios son autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM así como de señales de televisión abierta.
Medios universitarios y educativos Las universidades nacionales pueden ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deben dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.
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Esta no es una ley ´K´, es una ley de todos los argentinos. Aquí no hay libertad de prensa, hay libertad de empresa porque se continúa con la censura sistemática en los medios de comunicación. No son políticas de gobierno sino de esos sistemas perversos de los medios de comunicación, esos grandes monopolios que controlan hoy todos los medios de comunicación porque han comprado prácticamente todo; y tenemos que referirnos abiertamente al grupo Clarín. Esta ley nos permite celebrar el camino de la independencia y la libertad.
”
Televisión e infancia Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.
Cine nacional Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz.
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Perón vuelve a la patria
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Perón no sólo es el artífice de la única época en que el obrero fue feliz -década que el tiempo y el drama de hoy embellecen aún más en la nostalgia- sino algo más importante es el recuerdo, el símbolo de la primavera revolucionaria del proletariado argentino, del momento cenital de las grandes conquistas sociales y las reivindicaciones nacionales. Por eso, su mito se alimenta tanto de la adhesión de los obreros como del odio que le profesa la oligarquía, no atenuado por los años porque es el reverso del amor de los humildes. John W. Cooke
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Día del Militante argentino
Ante el llamado del líder, su pueblo se movilizó hacia Ezeiza en un día gris y lluvioso. Miles de militantes anónimos comenzaron a rodear al aeropuerto sitiado por el ejército que había desplegado a miles de soldados y tanques. A pesar de la gran cantidad de efectivos de seguridad afectados al operativo, se hace difícil impedir el paso de las columnas de militantes que se acercaban. Ni las armas ni la lluvia alcanzaron para persuadir a la gente. Al cerco militar a Perón, el pueblo respondió con un cerco popular. Si algo le pasaba al líder la dictadura debería enfrentar una insurrección indescriptible.
anusse había dicho: “No voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede. Permitiré que digan: porque no quiere; pero en mi fuero íntimo diré: porque no le da el cuero para venir”. El 15 de agosto, desde Madrid, el delegado de Perón, compañero Héctor J. Cámpora, dijo que el General volvería a la Argentina antes de fin de año. A partir de allí, todo se puso en movimiento, con una juventud comprometida a defender el gran sueño del pueblo argentino: la vuelta del General. El 7 de noviembre, Perón manifestó: “A pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores, que en mí no han sido habituales, y con la firme decisión de servir, si ello es posible”.
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Recién en la madrugada del sábado 18 Perón pudo abandonar Ezeiza, para trasladarse a la residencia de la calle Gaspar Campos, en Vicente López. Circularon inciertos rumores acerca de que sectores de las Fuerzas Armadas atentarían contra la vida del expresidente. Los vuelos rasantes de los aviones navales en las proximidades de la residencia rememoraron inquietantes recuerdos de un pasado que, por momentos, parecía singularmente próximo. Pero, por la mañana, el sol que comenzó a abrirse paso tras la lluvia y las vocingleras columnas juveniles que iban a saludar a Perón parecían disipar los temores. El pueblo cercó la casa de Gaspar Campos para garantizar que nada pueda intentarse contra el hombre que, tras diecisiete años de ausencia, estaba de nuevo en su patria.
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Vienen por nosotros
ay que dejar de mirar el pasado”. Esta frase dicha por la oposición, un día después de las elecciones del 27 de octubre, es una expresión paradigmática del pensamiento neoliberal. No mirar el pasado tiene que ver sobre todo con la impunidad, es decir, no juzgar ni condenar tanto los crímenes de lesa humanidad que significaron el secuestro, tortura, desaparición y muerte de miles de compatriotas, como el no juzgamiento de los delitos económicos que fueron paralelos y funcionales a aquellos y que van desde el saqueo de las tierras públicas por parte de la oligarquía en los años ‘80 del siglo XIX, como el endeudamiento, la apropiación de los ahorros, la desindustrialización del país, la desocupación, el saqueo, el hambre, la miseria y la represión con que se sostuvo ese proyecto económico de los años ‘90. ¿Por qué no volver al pasado? No quieren que recordemos cuando Domingo Cavallo hizo pública la deuda privada que habían contraído los empresarios durante la dictadura y que tuvimos que pagar todos porque pasó a engrosar la deuda externa del país. O a ese presidente del Banco Central que la Presidenta tuvo que echar porque quería pagar los vencimientos de la deuda (que habían contraído otros gobiernos y todavía estamos pagando) con fondos públicos que se recortarían de educación, salud y acción social y no con las reservas que el país tenía ahorrado. ¿Por qué no recordarlo? Tal vez porque ese funcionario hoy es uno de los ideólogos del frente opositor, y piensa llevar adelante esa medida si llegan a ser gobierno. Las recetas de la oposición son las mismas de siempre: endeudamiento externo, flexibilización laboral y baja del poder adquisitivo de los trabajadores -porque el “costo” argentino es “caro”-, y devaluación del dólar para cambiarlos al doble de su tasación actual
para continuar engrosando sus fabulosas fortunas con lo que ingresa de las exportaciones. Impulsores de estas medidas son el hasta hace poco presidente de la Unión Industrial (y electo diputado del frente opositor) y los defensores de las grandes empresas exportadoras del sector agrícola (la soja). También fue electa en esa lista la representante del monopolio Clarín y otros buenos muchachos que no quieren remover el pasado Nosotros miramos el pasado porque debemos aprender de él. Cuando le hicieron el golpe militar a Perón, el General Lonardi dijo “sin vencedores ni vencidos” para amortiguar la reacción del pueblo. Tres meses después lo cambiaban y asumían Aramburu y Rojas que fusilaron, encarcelaron y persiguieron a miles de compatriotas. ¡Ah!, y trajeron a Raúl Prebisch quien era operador de las corporaciones extranjeras y fue quien afilió a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, organismo que nos endeudó y chupó la sangre durante décadas, hasta que llegó Néstor Kirchner y lo sacó de encima de nuestra economía. Nosotros miramos al pasado porque el precio de los grandes negocios que hacen los poderosos con las riquezas del país las pagamos los trabajadores, los humildes, los desposeídos, es decir, el pueblo. Las enseñanzas que nos dejó la crisis del año 2001 (que fue el final de 30 años de saqueo) las tenemos muy presentes. Por eso miramos el pasado, así como miramos el futuro. No queremos volver al proyecto de la patria financiera, queremos un país con integración, con un reparto equitativo de la renta nacional, con justicia social, con paritarias, con producción, empleo y consumo. Un país con todos y para todos.