La revista. Nº 112 Enero-febrero de 2012 by Amnistía Internacional

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REVISTA SOBRE DERECHOS HUMANOS

VERTIDOS DE PETRÓLEO EN EL DELTA DEL NÍGER

SHELL DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD

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AMÉRICA LATINA

EL IMPACTO DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

ESTADOS UNIDOS

ENTREVISTA

COMUNIDAD DE PAZ MENORES EN PRISIÓN DE POR VIDA SAN JOSÉ DE APARTADÓ

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SUMARIO 3 EDITORIAL Editorial Amnistía Internacional (EDAI) Valderribas, 13. 28007 Madrid. España www.amnesty.org/es edai@edai.org Teléfonos (34) 91 433 41 16 - 91 433 25 20 Fax (34) 91 433 65 68 Directora: Paola Valeri Redacción: César del Fresno, Juan Ignacio Cortés y Yolanda Vega Han colaborado: AI Argentina, AI Chile, AI España, AI Paraguay, AI Perú, AI Uruguay, Mariela Belski, Marianne Mollmann y Karlos Ordoñez Diseño y maquetación: punto&coma Impresión: Jomagar Enero - Febrero 2012. Nº 112 Índice AI: NWS 23/001/2012 D. L. M - 18595 - 93 ISSN: 1023 - 8328 Pedidos para países sin sección de Amnistía Internacional: Miguel Ángel Aranda Valderribas, 13. 28007 Madrid. España ARGENTINA: 15 pesos • CHILE: 2.000 pesos ESPAÑA: 1,80 euros • VENEZUELA: 1.000 bolívares Impreso en papel reciclado Amnistía Internacional no comparte necesariamente las opiniones expresadas en los artículos firmados, ni las afirmaciones de las personas entrevistadas. Esta revista quiere ofrecer una panorámica de la situación de los derechos humanos en el mundo y de las principales preocupaciones, campañas y acciones de Amnistía Internacional. La ausencia o presencia de un país o el espacio que se le dedica no indica el grado de preocupación de Amnistía Internacional por dicho país. Cubierta: Mayo 2011. El pastor Christian Lekoya Kpandei contempla los daños sufridos en su piscifactoría de Bodo, que era un próspero negocio antes del vertido de petróleo de agosto de 2008. La contaminación la destruyó y dejó a sus empleados y a él sin sus ingresos habituales. © Amnistía Internacional

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Amnistía Internacional realiza sus investigaciones e informes para que se conviertan en acción en favor de las víctimas y para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos. Para lograrlo, los lectores pueden convertirse en actores y participar en las campañas y redes de acción de la organización, contactando con la oficina de Amnistía Internacional más cercana o entrando en:

www.amnesty.org/es A lo largo de las páginas de la revista indicamos acciones en curso sobre algunos de los temas tratados. ¡PARTICIPA!

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Tratado sobre el Comercio de Armas: Se reanudan las conversaciones Guantánamo. ¡No a la detención “indefinida”!

EN ACCIÓN

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América Latina. El impacto de las industrias extractivas Noticias En positivo Cambia sus vidas. ¡Actúa! Para profundizar

DENUNCIAMOS

Egipto. Los militares aplastan las esperanzas

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Siria. Represión en los hospitales

Estados Unidos. Menores en prisión de por vida

Las armas de la represión de la primavera árabe. ¿Quién las suministra?

EXIGE DIGNIDAD

Delta del Níger. Vertidos de petróleo: Shell debe asumir su responsabilidad

Desalojos forzosos

HABLAMOS DE

Argentina. Acceso al aborto: un debate que se afianza

Implicar a la mujer en la resolución de conflictos

ENTREVISTAS

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Egipto. Yara Sallam Colombia. Comunidad de Paz San José de Apartadó

PEDIMOS

Desapariciones forzadas ¡Hay que actuar!

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EDITORIAL

Tratado sobre el Comercio de Armas

Se reanudan las conversaciones Durante los próximos meses van a celebrarse en Naciones Unidas una serie de reuniones cruciales para la aprobación de un Tratado sobre el Comercio de Armas. Pero para que el Tratado sea finalmente eficaz es necesario que contenga algunas medidas esenciales, por las que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde hace años, y seguirá haciéndola durante estos meses. Los embargos de armas suelen adoptarse en los casos de crisis de derechos humanos, cuando ya es demasiado tarde. Lo que el mundo necesita es una evaluación rigurosa de cada transferencia de armas propuesta, para que los gobiernos puedan poner una luz roja cuando exista un peligro considerable de que esas armas se utilicen para cometer violaciones graves de derechos humanos. Esta “regla de oro” figura en el borrador de la ONU para las conversaciones sobre el Tratado, cuya reanudación está prevista en febrero de este año. Si los principales proveedores de armas no adoptan esa regla de oro, ni abandonan su imprudente enfoque de “actuar como siempre”, avivando las crisis de derechos humanos, contribuirán innecesariamente a destrozar vidas y a socavar la seguridad mundial. El Tratado debe establecer unas normas comunes muy rigurosas para que los sistemas nacionales y los controles internos impidan el desvío de armas convencionales del mercado legal al mercado ilícito, exigiendo, entre otras medidas, una garantía de usuario final. Debe establecerse también un marco legal claro para las actividades legales de intermediación. Y asegurar, entre otros temas, la plena transparencia sobre el comercio de armas, así como la penalización de quienes incumplan las normas, sin olvidar la asistencia a las víctimas.

Guantánamo

¡No a la detención “indefinida”! El 11 de enero de 2012 se cumplen diez años desde que los primeros presos, procedentes de Afganistán, llegaron al penal de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. De las al menos 779 personas que han pasado desde entonces por sus celdas, al cierre de esta edición seguían allí al menos 171, pese a la orden que firmó el presidente Barak Obama el 22 de enero de 2009, dos días después de tomar posesión de su cargo. Obama ordenaba que la prisión fuera cerrada tan pronto como fuera posible, y en todo caso en el plazo de un año. Pero la Casa Blanca decidió incumplir su propia orden, aduciendo razones de política interna, como la oposición del Congreso. Muchos de los presos de Guantánamo llegaron al penal tras ser detenidos de forma ilegal, y han estado, o siguen estando, recluidos sin cargo ni juicio. Seis han sido condenados por comisiones militares, que suponen una violación de las normas sobre un juicio justo. Otros seis podrían ser condenados a muerte. El propio gobierno estadounidense reconoce que 48 de los que siguen allí no pueden ser ni liberados ni juzgados, por lo que deberán permanecer en situación de detención “indefinida”. Más de 600 detenidos han sido trasladados a otros países. Ocho han muerto en la base, seis de ellos, al parecer, por suicidio. Al menos doce de los presos eran menores de edad cuando fueron llevados al penal. Guantánamo simboliza las violaciones de derechos humanos cometidas al calor de la “guerra contra el terror”, por lo que debería ser cerrado sin más demora. Los presos deben ser juzgados de acuerdo a las normas legales, y sin imposición de la pena de muerte, o puestos en libertad. No se puede seguir permitiendo la detención “indefinida”.

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AMÉRICA LATINA

EL IMPACTO DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN LATINOAMÉRICA SE ESTÁ DANDO UN AUMENTO EXPONENCIAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS ASOCIADAS A LOS RECURSOS NATURALES: AGUA, METALES Y MINERALES, PETRÓLEO Y GAS, TIERRA, BIODIVERSIDAD, ALIMENTOS… ESTE AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS VIENE ACOMPAÑADO DE CRECIENTES NIVELES DE CONFLICTO ENTRE LOS AGENTES DEL DESARROLLO ECONÓMICO, LAS AGENDAS POLÍTICAS IMPULSADAS EN LA REGIÓN Y QUIENES SE OPONEN A LOS MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN INDISCRIMINADA Y TRANSFORMACIÓN INSOSTENIBLE DE LOS RECURSOS. Amnistía Internacional Argentina, Chile, Perú y Uruguay

El ciclo de cine documental contó con el apoyo de Greengrants Fund y de las siguientes organizaciones locales: Argentina: Taller ecologista (www.taller.org.ar) Chile: Mapuexpress (www.mapuexpress.net) Perú: Asociación Gurango Cine y Vídeo (http://guarango.org) Uruguay: Casa Bertolt Brecht (http://casabertoltbrecht.org.uy/joomla)

EXTRACCIÓN DE DERECHOS Las secciones de Amnistía Internacional en Argentina, Chile, Perú y Uruguay, en el marco de la Campaña Exige Dignidad, estamos abordando de forma conjunta el impacto de las industrias extractivas sobre los derechos humanos en la región. En este contexto, el pasado octubre organizamos simultáneamente el ciclo de cine documental Extracción de Derechos, con el objetivo de evidenciar que el trabajo de las industrias extractivas se traduce en casos de abuso, despojo y degradación de la vida de las comunidades de la región. Con producciones de Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, en las

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Stephanie Boyd, directora del documental Operación Diablo (Perú, 2010), presenta la proyección en Lima.

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Exhibición del documental uruguayo Con la soja al cuello. Después de su proyección se analizó el tema de la soja transgénica y sus consecuencias.

pantallas se sucedieron las imágenes y testimonios sobre el impacto y los abusos generados por la extracción de oro, el agronegocio, el monocultivo de la soja, las pesquerías de las empresas transnacionales, entre otras actividades extractivas. El ciclo estuvo acompañado de mesas redondas con personas involucradas en los distintos temas tratados, que permitieron avanzar en la reflexión colectiva sobre la obligación de los Estados para con la protección y promoción de los derechos humanos y la obligación de respetarlos por parte de las empresas.

PODER EMPRESARIAL SIN PRECEDENTES Las transnacionales, los fondos de inversión, los pools de siembra, todos son atraídos por legislaciones permisivas o inexistentes en materia ambiental y laboral, bajos costes de operación y garantías muy claras para sus ganancias. Todos estos beneficios estipulados en acuerdos de libre comercio, tratados de inversiones o contratos confidenciales entre las empresas y los Estados han conformado marcos jurídicos que otorgan poderes sin precedentes a estas grandes empresas.

CRIMINALIZAR LOS MOVIMIENTOS SOCIALES En la otra cara de la moneda, la evidencia de más de dos décadas de

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De izquierda a derecha: Mario Tabra, dirigente social sobreviviente de un secuestro por parte de fuerzas de seguridad de la minera y de policías; Marco Arana, protagonista de Operación Diablo, defensor medioambientalista perseguido por la minera Yanacocha; y Edmundo Cruz, periodista del diario La República.

un modelo que conlleva escasas garantías de desarrollo sustentable y equitativo. Los mecanismos que promueven las inversiones son los mismos que hacen que se socialicen los impactos sociales y ambientales de los proyectos y que sean los Estados y sus ciudadanos quienes terminen pagando por ellos. Mientras tanto, las ganancias se privatizan cada vez en menos manos. En muchas instancias, los Estados, por falta de voluntad política o de capacidad, no están cumpliendo con su obligación de proteger y promover los

derechos humanos de sus habitantes. Quienes se supone deberían ser beneficiarios de las actividades económicas quedan cada vez más expuestos a la violación de sus derechos humanos. Más aún, quienes se defienden y organizan para reclamar y defender esos derechos, quienes hacen frente al abuso de las empresas, son perseguidos. Existe un proceso claro y creciente de criminalización de las organizaciones y movimientos sociales en toda América Latina, donde empresas y Estados actúan en complicidad. ■

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EN ACCIÓN_NOTICIAS

ACOSO A LÍDERES INDÍGENAS

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Félix Díaz, líder de la comunidad de La Primavera. Septiembre de 2010.

ARGENTINA. El pasado 8 de noviembre, el hijo y el nieto del líder indígena Félix Díaz, de 11 y 17 años, fueron atacados al pasar cerca de la propiedad del hombre que afirma ser propietario de las tierras que la comunidad indígena Toba Qom reclama como territorio ancestral. Los muchachos identificaron a los dos hombres que les dispararon como guardias de seguridad que trabajan para el hacendado. Aunque no resultaron heridos, desde el ataque tienen miedo a salir de casa. El gobierno tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Félix Díaz y su familia. En mayo, llegó a un acuerdo con la comunidad indígena para garantizar su seguridad, pero las amenazas y el acoso contra la familia continúan. ECUADOR. Amnistía Internacional ha denunciado la práctica de acusar a líderes indígenas y comunitarios de diversos delitos, incluso de terrorismo, en un aparente intento de acallarlos ante su oposición a leyes y políticas del Estado, sobre todo las que se refieren a recursos naturales. El Estado estaría utilizando el sistema penal para frenar protestas, debilitando así la libertad de expresión y asociación.

Investigación de las esterilizaciones forzadas de mujeres PERÚ. Representantes del gobierno anunciaron que el Ministerio Público ha reabierto una investigación sobre la esterilización forzada de más de 200.000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori en la década de 1990. Las mujeres indígenas y campesinas de zonas rurales empobrecidas fueron los objetivos principales del programa. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades peruanas que garanticen una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial. Todas las mujeres obligadas a someterse a esa intervención deben obtener plena reparación, como dispone el derecho internacional.

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Participación activa en derechos humanos Los días 4 y 5 de junio de 2011, profesionales de los derechos humanos de todo el mundo se reunieron en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional, en Londres, para examinar juntos las posibilidades y dificultades de la participación activa en la investigación, defensa y acciones de campaña en materia de derechos humanos. En este documento se presenta el desarrollo de la conferencia y sus conclusiones. Está disponible en: www.amnesty.org/es/library

Abusos en la nueva Libia LIBIA. Amnistía Internacional publicó el pasado octubre el informe Los abusos en las detenciones empañan la nueva Libia, en el que denuncia los abusos que se estaban cometiendo durante las detenciones de supuestos partidarios del régimen de Gadafi. Las palizas y otros malos tratos son comunes, sobre todo en el momento de la captura y en los primeros días de reclusión. La impunidad de estos abusos está muy afianzada. Por otra parte, la organización reclamó una investigación sobre la muerte de Gadafi, para determinar si fue o no un crimen de guerra, y también que su hijo Saif, detenido el 19 de noviembre, sea transferido a la Corte Penal Internacional, para que pueda tener un juicio justo.

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Colombia es luz

Exposición Cambiemos el mundo CHILE. A punto de finalizar el año de nuestro 50 aniversario, se presentó de nuevo al público la exposición Cambiemos el mundo: 50 años de Amnistía Internacional a través de sus carteles, 1961 - 2011. Esta vez se exhibió al aire libre en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos. Una gran ocasión para conocer y recordar la historia de Amnistía Internacional de manera creativa.

CHILE. Activistas de Amnistía Internacional Chile iluminaron la Plaza Yungay con el propósito de denunciar la situación de derechos humanos que vive Colombia y solidarizarse con el pueblo colombiano. Fue una noche llena de colores, bailes y música, en la que participaron diferentes colectivos de inmigrantes colombianos, agrupaciones culturales y bandas musicales.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

PARAGUAY. Amnistía Internacional Paraguay está recogiendo firmas para exigir al gobierno que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¡Tú también puedes firmar la petición!

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CHILE. Activistas de Amnistía Internacional Chile asistieron al concierto de Peter Gabriel en Santiago. Fue una gran oportunidad para solicitar a las y los asistentes su apoyo a la campaña Exige Dignidad y recoger firmas para pedir la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Peter Gabriel es muy admirado y recordado en el país por su participación en 1990 en el recital Desde Chile un abrazo a la esperanza, que celebró el retorno a la democracia.

Pide al gobierno de Paraguay que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

www.amnesty.org.py/actua/por-la-ratificacion-del-Protocolo-PIDESC

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Día Internacional para la Tolerancia CHILE. Activistas de Amnistía Internacional Chile instalaron una mesa en el centro de la ciudad para conmemorar el Día Internacional para la Tolerancia, que se celebra el 16 de noviembre. Fue una gran oportunidad para invitar a los transeúntes a cultivar el respeto, el diálogo y la cooperación entre las diferentes personas.

El cantautor Joan Manuel Serrat en el acto celebrado en Madrid.

Día Internacional de los Derechos Humanos ESPAÑA. El 10 de diciembre, cientos de activistas de

Educación sexual

Amnistía Internacional España salieron a la calle en más de 50 localidades para recoger firmas en apoyo a la libertad de expresión de activistas en Siria y Turquía, y de miles de presos políticos en Corea del Norte.

PARAGUAY. En una conferencia de prensa Amnistía Internacional Paraguay y otras organizaciones de la sociedad civil expusieron su postura sobre el proceso del Marco Rector Pedagógico sobre la Educación Sexual, impulsado por organismos del Estado y organizaciones sociales. Amnistía Internacional considera que la reciente resolución del Ministerio de Educación y Cultura, que deja sin efecto el proceso de socialización e implementación del Marco, hace albergar dudas sobre el compromiso del Estado frente a sus obligaciones con respecto al derecho a la educación, al acceso a la información, a la libertad de expresión y a la no discriminación.

Diversidad sexual CHILE. Activistas de Amnistía Internacional Chile se sumaron una vez más a la gran fiesta por la diversidad sexual Open Mind Fest 2011. El ambiente carnavalesco y la música electrónica acompañaron a miles de personas que se congregaron para exigir respeto e igualdad.

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En el Día Internacional de los Derechos Humanos la organización quiso alertar sobre el aumento de los ataques contra la libertad de expresión en todo el mundo, resaltando que cuando la libertad de expresión se resiente, el resto de los derechos humanos están en peligro. En el acto celebrado en Madrid, la lectura del manifiesto estuvo a cargo del cantautor Joan Manuel Serrat.

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Ley contra la discriminación PARAGUAY. Amnistía Internacional Paraguay organizó una charla para analizar las implicaciones del proyecto de ley contra toda forma de discriminación. La charla (en la imagen) pudo seguirse en transmisión online. La organización también organizó un taller sobre la mencionada ley dirigido a personas sordas y mudas.

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Un vídeo que deberíamos dejar de ver URUGUAY. En el Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres, Amnistía Internacional Uruguay lanzó una acción digital para sensibilizar sobre la violencia que sufren las mujeres durante la atención del parto. En Uruguay, cada año dan a luz más de 44.000 mujeres. Según una investigación realizada a cientos de mujeres, este momento se ve afectado por un sistema de salud indiferente ante cada situación, que en ocasiones viola los derechos humanos de la mujer.

El Proyecto 0 Views presenta un vídeo basado en historias reales y nos invita a compartirlo. Cada vez que el vídeo es reproducido se resta 1 vista de las 44.000 con las que se inició. El objetivo es llegar a 0 vistas para que, al igual que el vídeo, la violencia durante el parto desaparezca. Porque dar a conocer un problema es el primer paso para eliminarlo.

www.ceroviews.com.uy

Prevenir la violencia contra las mujeres PARAGUAY. En el marco de la campaña por una ley integral que prevenga la violencia contra las mujeres, Amnistía Internacional Paraguay llevó a cabo la charla Violencia y discriminación. Un panorama de la situación de la mujer paraguaya. Expertas en el tema compartieron con los y las asistentes su análisis y las perspectivas a futuro. La charla se pudo seguir también online.

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Además, activistas de la organización estuvieron en un parque de Asunción recolectando firmas por una Ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Pide al gobierno de Paraguay una ley integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres

www.amnesty.org.py/actua/por-la-ratificacion-del-Protocolo-PIDESC

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¡CONTRA LA PENA DE MUERTE!

Acción sobre Iwao Hakamada © Javier Prendes

Oviedo

Bilbao

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Barcelona

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Autoinmolaciones en Tíbet CHINA. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han enviado una carta al presidente chino, Hu Jintao, pidiéndole que su gobierno aborde las causas de las protestas que han llevado a 11 tibetanos a prenderse fuego desde el pasado mes de marzo.

ESPAÑA. El pasado 30 de noviembre se celebró la X Jornada Mundial de Ciudades por la Vida, en la que activistas de Amnistía Internacional y de la Comunidad de Sant’Egidio salen a la calle en todo el mundo para mostrar su rechazo a la pena de muerte. Este año, más de 30 grupos locales de Amnistía Internacional España iluminaron ayuntamientos o edificios emblemáticos de sus ciudades. La jornada sirvió para cerrar dos meses de activismo en los que Amnistía Internacional España se movilizó por el caso de Iwao Hakamada, el preso que más tiempo lleva en espera de ejecución en todo el mundo. Iwao fue condenado a muerte en 1968 tras un juicio injusto, mediante una confesión obtenida bajo coacción. Lleva 43 años en el corredor de la muerte. En los dos meses de campaña, más de 60 grupos locales salieron a la calle para acercar el caso de Iwao, de 68 años, a la sociedad española.

George W. Bush debe ser procesado JUSTICIA INTERNACIONAL.

Mención especial merece la participación del Grupo Local de Bilbao en la proyección del documental Give Up Tomorrow, que narra la historia de Paco Larrañaga, ciudadano español condenado a muerte en Filipinas y cuya pena, conmutada por cadena perpetua, está cumpliendo en España. El propio Paco estuvo en la proyección, tras la cual contestó las preguntas de los asistentes.

PARAGUAY. Con motivo del Día Internacional contra la Pena de Muerte, activistas de Amnistía Internacional Paraguay realizaron, frente a la sede del Palacio de Justicia, una representación de los métodos que se utilizan para la aplicar la pena capital en el mundo. Posteriormente, se recolectaron firmas para solicitar al gobierno de Bielorrusia el fin de la pena de muerte.

Amnistía Internacional instó a los gobiernos de Etiopía, Tanzania y Zambia a que detuvieran al ex presidente estadounidense George W. Bush por crímenes de derecho internacional, durante su visita a la región del 1 al 5 de diciembre de 2011. Todos los países a los que viaja George W. Bush tienen la obligación de ponerlo a disposición judicial por su papel en actos de tortura.

Los derechos de las mujeres no son negociables

AFGANISTÁN. Una década después del derrocamiento de los talibanes, en Afganistán ha habido algunos avances para las mujeres. El acceso de las niñas a la educación ha aumentado, al igual que la representación de las mujeres en el Parlamento. Con la nueva Constitución, mujeres y hombres tienen la misma condición jurídica. Pero estos avances podrían verse comprometidos si el gobierno afgano y sus socios internacionales acceden a entablar negociaciones de paz sin velar por que se establezcan mecanismos para garantizar los derechos humanos. Muchas mujeres afganas temen que en la consecución de un acuerdo con los talibanes se sacrifiquen sus derechos. En las zonas bajo su control, los talibanes continúan restringiendo gravemente los derechos de las mujeres.

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EN POSITIVO

¡EN LIBERTAD!

Magodonga Mahlangu (izquierda) y Jenni Williams.

Magodonga Mahlangu y Jenni Williams, líderes de Mujeres de Zimbabue, ¡En pie! (WOZA), han sido puestas en libertad. Habían sido detenidas el pasado 21 de septiembre junto con otras 10 activistas de la organización, cuando la policía dispersó una marcha pacífica en conmemoración del Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas.

SIRIA Kamal al Labwani, destacado disidente y preso de conciencia sirio, fue liberado el pasado 15 de noviembre, después de pasar seis años en prisión por su oposición política pacífica al régimen gobernante. Fundador del partido Unión Democrática Liberal, ha pasado nueve de los últimos diez años entre rejas, tras una serie de juicios sin garantías.

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ZIMBABUE

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Los hermanos Arash (arriba) y Kamiar Alaei.

IRÁN Los hermanos Arash y Kamiar Alaei, médicos encarcelados por su trabajo sobre el VIH/sida, se han reencontrado en Estados Unidos después de que Arash –condenado a seis años de cárcel– fuera liberado a finales de agosto. Kamiar había sido excarcelado en 2010, después de cumplir dos años y medio de prisión. El pasado noviembre escribieron a Amnistía Internacional para mostrar su agradecimiento: “Como resultado de vuestro apoyo, ahora somos libres y estamos a salvo. Cuando recibimos el mensaje sobre la campaña de Amnistía Internacional a través de nuestra familia, fue como si nos llegara sangre nueva que nos llenó de esperzanzas y nos dio energía para ser fuertes, tolerar la situación y no derrumbarnos”.

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ARGENTINA

Derechos Económicos, Sociales y Culturales Argentina se ha convertido en el primer país del G20 y el primer miembro de MERCOSUR que ratifica el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Protocolo permitirá que las personas y grupos del país pidan justicia a la ONU si su gobierno viola estos derechos, que incluyen los relativos a una vivienda adecuada, a la alimentación, al agua, al saneamiento, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la educación. Con Argentina son cinco las ratificaciones, por lo que faltan otras cinco para que el Protocolo entre en vigor.

CABO VERDE

Corte Penal Internacional Cabo Verde ha presentado en Naciones Unidas su instrumento de adhesión al Estatuto de Roma, convirtiéndose en el Estado 119 que se une a la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI es el primer tribunal internacional permanente que tiene el mandato de investigar y enjuiciar casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

ESTADOS UNIDOS

Nuevo paso contra la pena de muerte El gobernador de Oregón, John Kitzhaber, suspendió el pasado 23 de noviembre la aplicación de la pena de muerte en su estado, por considerarla “moralmente equivocada”. “La pena de muerte practicada en Oregón no es imparcial, ni justa, ni rápida, ni certera. Y no se aplica de igual manera a toda la gente. No creo que las ejecuciones nos hayan convertido en un estado más seguro, y, desde luego, no nos han hecho más nobles como sociedad”, declaró Kitzhaber.

Avances contra la impunidad URUGUAY El Parlamento uruguayo ha aprobado una ley que elimina los efectos de la ley de amnistía de 1986 (conocida como Ley de Caducidad), que protegía a la policía y al personal militar del enjuiciamiento por violaciones de derechos humanos. La nueva ley revoca las normas sobre prescripción que habrían impedido que las víctimas formulasen denuncias penales a partir del 1 de noviembre. Amnistía Internacional había solicitado a las autoridades uruguayas en reiteradas ocasiones que revocaran la ley de amnistía.

ARGENTINA En un fallo de gran relevancia histórica, la justicia federal argentina ha condenado a prisión al ex capitán de la armada Alfredo Astiz y a otros 15 militares por su participación en crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983. Ésta es la primera sentencia dictada en Argentina contra el grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó un centro clandestino de detención, símbolo del horror durante la dictadura militar. Los crímenes incluyeron la detención arbitraria, la tortura y el asesinato ilegal de decenas de personas. El juicio, que abarcó 86 crímenes de lesa humanidad, duró dos años. Incluyó testimonios de más de 150 testigos, entre los cuales se presentaron unos 80 sobrevivientes de los abusos ejercidos por oficiales militares.

COSTA DE MARFIL El traslado del ex presidente Laurent Gbagbo a la Corte Penal Internacional (CPI) representa el primer paso significativo para abordar la impunidad por crímenes de lesa humanidad cometidos en el país entre 2002 y 2011. Este traslado da esperanzas a algunas de las miles de víctimas de los crímenes cometidos por todas las partes durante casi una década. Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones a las autoridades marfilenses y al fiscal de la CPI que investiguen todos los crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes.

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CAMBIA SUS VIDAS. ¡ACTÚA! Puedes firmar otras peticiones en curso en nuestro centro de activismo: www.amnesty.org/es/activism-center/all-actions

ESTADOS UNIDOS

Menor condenada a cadena perpetua Christi Cheramie fue condenada en 1994 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tenía 16 años. Ahora tiene 33. Fue condenada por el asesinato en segundo grado de la tía abuela de su novio, que ella asegura que cometió él. Se declaró culpable justo antes de que comenzara su juicio en un tribunal penal ordinario, pues temía que la condenaran a muerte. Eso le impide apelar directamente contra la condena. En 2001 alegó que, por aquel entonces, no comprendió los procedimientos. © Particular

Gobernador de Louisiana Bobby Jindal Governor of Louisiana Post Office Box 94004 Baton Rouge LA 70804-9004 Estados Unidos Fax: +1 225 342 7099 Correo-e, mediante formulario, en: www.gov.la.gov/index.cfm?md=form&tmp= email_governor

La infancia de Christi estuvo marcada por los abusos sexuales. Tras intentar suicidarse a los 13 años, estuvo hospitalizada en un centro psiquiátrico. Una guardia penitenciaria la ha descrito como “una interna modelo que merece una segunda oportunidad en la sociedad”. Christi ha obtenido el diploma de educación secundaria y una titulación en estudios agrícolas, e imparte clases en su centro penitenciario. (Más información en la página 23).

Sr. Gobernador: Me dirijo a usted para pedirle que otorgue el indulto a Christi Cheramie, condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Le insto igualmente a que tome las medidas necesarias para que se promulgue legislación estatal que elimine con carácter retroactivo la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los delitos cometidos por personas menores de 18 años.

CHINA

Libertad para el Nobel de la Paz y su esposa

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Liu Xiaobo cumple una pena de 11 años de prisión por “incitar a subvertir el poder del Estado”. Fue condenado en diciembre de 2009, tras un juicio de dos horas, por seis artículos que escribió entre 2005 y 2007, y por participar en la redacción de la Carta 08, pedir firmas para ella y publicarla en la web. Su esposa, Liu Xia, poeta y artista, se encuentra bajo arresto domiciliario ilegal en Pekín.

La Carta 08 pide protección para los derechos humanos universales y reformas democráticas en China. El tribunal la consideró “difamatoria” y un intento de incitar a la subversión. En los seis artículos en los que se basaba también la condena, Liu Xiaobo criticaba la corrupción, la censura y el gobierno unipartidista, y propugnaba el establecimiento de un sistema democrático multipartidista.

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Primer ministro Wen Jiabao The State Council General Office 2 Fuyoujie, Xichengqu Beijingshi 100017 República Popular China Fax: +86 10 65961109 (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores)

Sr. Primer Ministro: Le solicito que Liu Xiaobo sea excarcelado de forma inmediata e incondicional. Asimismo, le pido que levanten la vigilancia sobre su esposa Liu Xia y toda restricción a su libertad de circulación y expresión.

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TU CARTA, UNIDA A LAS DE MILES DE PERSONAS, PUEDE SER LA LLAVE QUE LIBERE A UN PRESO DE CONCIENCIA, RESUELVA LA SITUACIÓN DE UN DESAPARECIDO, EVITE UNA CONDENA A MUERTE, PONGA FIN A LA TORTURA... LOS TESTIMONIOS DE LAS VÍCTIMAS CERTIFICAN QUE MUCHAS VECES LAS CARTAS SON SU ÚNICA ESPERANZA.

EGIPTO

Estudiante y bloguero encarcelado Maikel Nabil Sanad permanece recluido en la prisión de El Marg, en el norte de El Cairo, donde mantiene una huelga de hambre. El 10 de abril de 2011, fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión, sin la presencia de un abogado, por insultar al Ejército en Facebook y por “propagar mentiras y rumores sobre las fuerzas armadas” en su blog. © Particular

El blog describía el tiempo que había pasado en los cuarteles militares cuando se preparaba para el servicio militar, su objeción de conciencia y su detención, reclusión y tortura a manos del Ejército en febrero de 2011, tras asistir a una protesta pública. También criticaba el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos en la plaza de Tahrir.

Director de la Judicatura Militar General Adel al-Morsi Director of the Military Judiciary Military Judicial Department El Cairo Egipto

Sr. General: Le solicito que el estudiante Maikel Nabil Sanad sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional, y que pongan fin a los juicios de civiles ante tribunales militares.

El 11 de octubre de 2011, un tribunal de apelaciones militar ordenó que fuera juzgado de nuevo. Como civil, Maikel se niega a ser juzgado ante un tribunal militar. El derecho internacional prohíbe los juicios de civiles ante tribunales militares. Su condena fue reducida a dos años en un nuevo juicio celebrado el pasado 14 de diciembre.

GRECIA

Periodista agredido por la policía © Orestis Panagiotou-agencia de prensa en Atenas

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El periodista Manolis Kypreos quedó sordo de ambos oídos el 15 de junio de 2011, cuando informaba de las protestas contra las medidas de austeridad en la plaza Syntagma de Atenas. El jefe de una unidad antidisturbios le preguntó por qué hacía fotos, y él respondió mostrándole su acreditación de periodista. Entonces, el jefe de la unidad se dirigió a él con lenguaje insultante y se lo señaló a un agente, que arrojó una granada paralizante en su dirección, que explotó a medio metro de Manolis, haciéndole caer al suelo. Cuando se levantó, ya no oía.

A causa de la discapacidad física y del trauma psicológico sufrido, su carrera como periodista ha concluido. Manolis dijo a Amnistía Internacional: “Cuando informaba desde zonas de conflicto y me veía atrapado entre fuego cruzado, siempre me decía ‘hoy es un buen día para morir’. Jamás pensé que diría eso mientras informaba desde Atenas”. Las autoridades griegas han abierto una investigación criminal sobre el caso. Además, el periodista ha presentado una demanda en la que pide reparación e indemnización al Estado griego.

Ministro de Protección Ciudadana Christos Papoutsis Minister of Citizens’ Protection Ministry of Citizens’ Protection 4 P. Kanellopoulou Street 10177 Athens Grecia

Sr. Ministro: Solicito una investigación exhaustiva e imparcial sobre la agresión sufrida por el periodista Manolis Kypreos. Le ruego que tome medidas disciplinarias contra quienes se determine que han sido los responsables, y que se indemnice adecuadamente a este periodista por su pérdida de audición. Además, su gobierno debe garantizar que la actuación de la policía durante las manifestaciones es acorde con las normas internacionales relativas a la aplicación de la ley.

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PARA PROFUNDIZAR

Reseñamos a continuación algunos documentos publicados recientemente por Amnistía Internacional. Se pueden encontrar en www.amnesty.org/es/library

comunicación independientes, ONG y partidos de oposición. Desde entonces, se ha encarcelado de forma arbitraria o con cargos falsos a jóvenes activistas y destacados opositores, además de amenazar y acosar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Amnistía Internacional pide a la Unión Europea y a otros socios internacionales de Azerbaiyán que ejerzan presión a favor de la liberación de los presos de conciencia y del fin de la represión de las protestas pacíficas, la opinión crítica y la oposición política.

derechos; en el peor, han expresado públicamente sus prejuicios –lo que ha agravado los estereotipos negativos que aparecen en los medios de comunicación– y han tolerado la homofobia y transfobia de los funcionarios públicos.

The spring that never blossomed. Freedoms suppressed in Azerbaijan. EUR 55/011/2011

Amnistía Internacional denuncia una nueva campaña de represión contra manifestantes y reformistas en nombre de la seguridad, en el contexto de las protestas que se han extendido por la región. El gobierno ha elaborado una nueva ley antiterrorista que criminaliza la disidencia al tipificarla como “delito de terrorismo” y priva aun de más derechos a las personas acusadas de este tipo de delitos.

FEDERACIÓN RUSA

Acallar a quien denuncia Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación de la Federación Rusa el pasado diciembre, Amnistía Internacional ha publicado un informe sobre las dificultades que afronta su sociedad civil, especialmente el hostigamiento a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los periodistas que se atreven a denunciar abusos en el país.

Criminalizar la disidencia

SUDESTE ASIÁTICO

Mejorar la salud materna

AZERBAIYÁN

Amnistía Internacional detalla en este informe la oleada de actos de intimidación y detenciones que se están produciendo ante las protestas iniciadas en marzo de 2011 contra la corrupción y la supresión de medios de

ARABIA SAUDÍ

Saudi Arabia: Repression in the Name of Security. MDE 23/016/2011

Acallar a golpes a quien denuncia. Ataques a defensores y defensoras de derechos humanos en la Federación Rusa. EUR 46/038/2011

La comunidad internacional debe actuar ante la represión

¿La moral de quién? Igualdad ya para lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Turquía. EUR 44/010/2011

TURQUÍA

Derechos LGBT Amnistía Internacional denuncia en este informe la discriminación que arruina la vida de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en Turquía. En el mejor de los casos, sucesivos gobiernos han hecho caso omiso de las demandas de estas comunidades respecto a sus

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La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) debe adoptar medidas urgentes para que todos sus Estados miembros aborden la precariedad de la salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas. Es la conclusión de este informe basado en el trabajo de investigación y campaña de Amnistía Internacional en la región. Making the fair choice: Key steps to improve maternal health in ASEAN. ASA 03/001/2011

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DENUNCIAMOS_REPRESIÓN DE LA PRIMAVERA ÁRABE

EGIPTO

LOS MILITARES APLASTAN LAS ESPERANZAS El pasado noviembre, en medio de un preocupante incremento de la violencia y a pocos días de la fecha señalada para el inicio de las elecciones constituyentes, Amnistía Internacional denunció que las autoridades militares eran responsables de un catálogo de abusos que en algunos casos supera el atroz historial de Hosni Mubarak, derrocado en febrero de 2011. El Ejército egipcio no puede utilizar la seguridad como excusa para mantener las mismas prácticas del régimen de Mubarak. Redacción El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha seguido la tradición de gobernar represivamente, mediante el uso de tribunales militares para juzgar a miles de civiles, la represión de las protestas pacíficas y la ampliación del ámbito de aplicación de la Ley del Estado de Excepción. Quienes han criticado o cuestionado al Consejo –manifestantes, periodistas, blogueros, trabajadores en huelga– han sido reprimidos despiadadamente.

TRIBUNALES MILITARES En agosto, el Consejo admitió que unos 12.000 civiles habían sido juzgados por tribunales militares en todo el país, en juicios sumamente injustos. Al menos 13 habían sido condenados a muerte. Por ejemplo, el bloguero Maikel Nabil Sanad fue condenado en abril a tres años de cárcel por criticar al Ejército y ser objetor de conciencia al servicio militar. Tras iniciar una huelga de hambre en agosto, las autoridades penitenciarias le negaron la medicación que necesitaba para sus problemas cardíacos.

USO DE MATONES Diversos informes indican que las fuerzas de seguridad han empleado baltagiya (matones) armados para atacar a los manifestantes, una conocida táctica bajo el régimen de Mubarak. Amnistía Internacional ha entrevistado a detenidos que afirman que fueron torturados bajo la custodia del Ejército. En septiembre circuló una grabación de vídeo en la que se veía a soldados y policías golpeando y aplicando descargas eléctricas a dos detenidos. Tras una aparente investigación, la

fiscalía militar consideró que el vídeo era falso y lo rechazó sin más.

IMPUNIDAD El Consejo ha usado las promesas de investigaciones para desviar las críticas ante las graves violaciones de derechos humanos, pero no las ha cumplido. No hay constancia de que ningún autor de los abusos cometidos haya sido puesto a disposición judicial. El Ejército ha participado también en desalojos forzosos de residentes de asentamientos precarios. ■

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE A LAS AUTORIDADES EGIPCIAS Que restauren la confianza en las instituciones públicas investigando de forma adecuada y transparente las violaciones de derechos humanos, dejando de atenazar la libertad de expresión, asociación y reunión, levantando el estado de excepción y dejando de juzgar a civiles en tribunales militares.

MÁS EN PROFUNDIDAD Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights. MDE 12/053/2011. www.amnesty.org/es/library

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SIRIA

REPRESIÓN EN LOS HOSPITALES Médicos que en vez de curar torturan a pacientes heridos. Otros que son detenidos y torturados por atender a personas lesionadas en los disturbios. En sus esfuerzos por aplastar la oposición, el gobierno de Siria ha convertido los hospitales en instrumentos de represión. Redacción Amnistía Internacional ha documentado las torturas y otros malos tratos infligidos, algunos de ellos por personal médico, a pacientes heridos en al menos cuatro hospitales estatales. En palabras de Cilina Nasser, investigadora de la organización: “Es muy alarmante que las autoridades sirias hayan dado, según parece, plena libertad a las fuerzas de seguridad en los hospitales, y que en muchos casos el personal sanitario parezca haber participado en torturas y malos tratos a las mismas personas a las que se supone que tiene que cuidar”. Dada la escala y la gravedad de las lesiones que están sufriendo personas de todo el país, resulta preocupante ver que muchos consideran más seguro arriesgarse a no recibir tratamiento por heridas graves que acudir a centros médicos adecuados.

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“NO VOY A LIMPIARTE LA HERIDA. VOY A ESPERAR A QUE SE TE PUDRA EL PIE PARA QUE PODAMOS CORTÁRTELO.”

DETENIDOS EN LOS HOSPITALES También se ha sacado a pacientes de los hospitales. El 7 de septiembre, las fuerzas de seguridad, que buscaban a un presunto jefe de operaciones armado opuesto al gobierno, asaltaron el Hospital de Al Birr wa al Khadamat, en Homs. Al no encontrarlo, detuvieron a 18 personas heridas. Un trabajador de la salud que estaba presente durante el asalto dijo que había visto cómo al menos a un paciente inconsciente le retiraban el respirador antes de llevárselo. Unos médicos del Hospital Nacional de Homs dijeron que el número de ingresos por heridas de bala se había reducido considerablemente desde mayo, lo cual contrasta con el aumento de la cifra de muertos y heridos en las calles.

Palabras de un médico del hospital militar de Homs, según declaraciones de un paciente de 28 años, herido de bala en un pie el 16 de mayo de 2011.

CONTROL DEL BANCO DE SANGRE Un problema importante es que, en Siria, sólo se pueden obtener suministros de sangre del Banco Central de Sangre, controlado por el Ministerio de Defensa, y esto pone a los hospitales privados en un terrible dilema, ya que hacer la solicitud

Esta ambulancia de la Media Luna Roja recibió al menos 12 impactos de bala en septiembre de 2011.

implica poner en riesgo al paciente y a los sanitarios. Los profesionales de la medicina sirios se encuentran en una situación imposible: obligados a elegir entre tratar a personas heridas o proteger su propia seguridad. ■

@ctúa

Firma nuestra petición al gobierno sirio

www.actuaconamnistia.org

MÁS EN PROFUNDIDAD Salud en crisis: ataques del gobierno sirio contra heridos y profesionales de a salud. MDE 24/059/2011. www.amnistiainternacional.org

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LAS ARMAS DE LA REPRESIÓN

¿QUIÉN LAS SUMINISTRA? Estados Unidos, Rusia y varios países de la Unión Europea, entre ellos España, suministraron ingentes cantidades de armas a gobiernos represivos de Oriente Medio y Norte de África antes del inicio de la primavera árabe. Redacción Amnistía Internacional ha analizado transferencias de armas a Bahréin, Egipto, Libia, Siria y Yemen realizadas desde 2005. El análisis pone de relieve el pésimo funcionamiento de los controles de exportación de armamento vigentes, y la necesidad de adoptar un tratado efectivo sobre el comercio de armas. Los principales proveedores de armas a los cinco países examinados son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa, Reino Unido y Rusia.

YEMEN Al menos 10 países han suministrado ayuda militar o permitido las exportaciones de armamento a Yemen. Entre ellos están Alemania, Bulgaria, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Turquía y Ucrania. A pesar de la continua y brutal represión de los manifestantes, la comunidad internacional no ha adoptado medidas contundentes para impedir las transferencias de armas a Yemen.

SIRIA Muy pocos gobiernos facilitan datos oficiales sobre sus transacciones comerciales de armas con el gobierno sirio. Pero es sabido que su principal proveedor es la Federación Rusa: alrededor de un 10 por ciento de sus exportaciones de armamento se destinan a Siria. Rusia no publica un informe anual sobre sus exportaciones de armas.

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Bomba de gas lacrimógeno utilizado durante las protestas en Manama, Bahréin, en febrero de 2011.

India autorizó el suministro de vehículos blindados a Siria, mientras que Francia le vendió munición entre 2005 y 2009.

LIBIA Amnistía Internacional ha identificado 10 Estados que han concedido licencias de suministro de armamento al régimen libio desde 2005, entre ellos Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Reino Unido y Rusia. Un equipo de la organización encontró en Misrata, cuando la ciudad estaba siendo bombardeada por las fuerzas de Gadafi, submunición de racimo y proyectiles de mortero MAT-120 de fabricación española, autorizados para su venta en 2007. Este material está

prohibido por la Convención sobre Municiones de Racimo, que España firmó menos de un año después de suministrar las submuniciones a Libia. Gran parte del armamento pesado que el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró en Libia parece estar fabricado en la extinta Unión Soviética.

EGIPTO Al menos 20 Estados han vendido y suministrado a Egipto armas pequeñas, munición, gas lacrimógeno y agentes antidisturbios, así como otros materiales. Su principal proveedor es Estados Unidos, con un suministro anual de 1.300 millones de dólares. ■

MÁS EN PROFUNDIDAD Transferencias de armas a Oriente Medio y el Norte de África. Lecciones para un tratado eficaz sobre el comercio de armas. ACT 30/117/2011. www.amnesty.org/es/library

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ESTADOS UNIDOS

MENORES EN PRISIÓN DE POR VIDA EN ESTADOS UNIDOS UNA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS NO PUEDE VOTAR, COMPRAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS, BILLETES DE LOTERÍA O CIGARRILLOS, PERO SÍ PUEDE SER CONDENADA A CADENA PERPETUA SIN POSIBILIDAD DE EXCARCELACIÓN. MÁS DE 2.500 PERSONAS CUMPLEN EN LA ACTUALIDAD ESA CONDENA EN ESTADOS UNIDOS POR DELITOS QUE COMETIERON CUANDO ERAN MENORES. ES EL ÚNICO PAÍS DEL MUNDO DONDE SUCEDE ESTO. Redacción acqueline Montanez, David Young y Christi Cheramie no se conocen pero tienen una historia en común. Los tres fueron condenados a pasar el resto de sus vidas en la cárcel acusados de asesinatos cometidos cuando eran menores de edad.

Muchos de los menores condenados a esta pena habían sufrido abusos físicos o sexuales durante su infancia y habían crecido en entornos inestables o violentos. Sin embargo, los tribunales no tuvieron en cuenta estas posibles circunstancias atenuantes. En muchos casos fueron derivados automáticamente para ser juzgados ante un tribunal de

adultos y se les impusieron penas preceptivas vigentes en la legislación. Los menores se enfrentan a muchas dificultades para hacer frente a un juicio y, una vez condenados, en muchos casos tienen que adaptarse a vivir en una prisión para adultos, además de aceptar el carácter definitivo de la condena.

PROHIBICIÓN UNIVERSAL A nivel internacional existe un consenso jurídico y moral prácticamente universal de que nunca debe imponerse la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a un menor. Esta prohibición no pretende disculpar los

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delitos cometidos por menores ni restar importancia a sus consecuencias, sino que reconoce la inmadurez de estas personas que, por tanto, no son plenamente responsables de sus actos, además de su especial potencial para la rehabilitación. Estos principios se establecen, entre otros textos, en la Convención sobre los Derechos del Niño que prohíbe esta pena. Actualmente 193 países la han ratificado, sólo Somalia y Estados Unidos no lo han hecho. No obstante resulta alentador que el presidente Obama haya comunicado en 2011 a la ONU su apoyo a los objetivos de la Convención y su intención de avanzar hacia la ratificación.

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DENUNCIAMOS_MENORES CONDENADOS A CADENA PERPETUA

“Pasé 15 años de mi vida recibiendo golpes, viendo cómo mis padres se pinchaban, repartiendo droga para mi padrastro, o sufriendo violaciones. Me acostumbré a las palizas, a preparar drogas y a empaquetarlas. Pensaba que era algo normal.”

JACQUELINE MONTANEZ © Particular

Jacqueline Montanez cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por dos asesinatos cometidos cuando tenía 15 años.

Cuando Jacqueline tenía 8 años, su escuela alertó a los servicios sociales de que la niña mostraba múltiples cardenales y que había contado a sus profesores que su padrastro la golpeaba. La investigación concluyó que la situación doméstica no perjudicaba de forma significativa a la niña y el caso se cerró tras 18 meses de vigilancia de la situación familiar.

A sus 35 años, asegura que ha reflexionado sobre su participación en los asesinatos, ha aceptado la plena responsabilidad y ha expresado remordimiento. Además de finalizar la enseñanza secundaria y casi todos los cursos disponibles, se ha convertido en adiestradora de perros para personas con discapacidad.

A partir de los 9 años, Jacqueline comenzó a consumir drogas y alcohol, y se unió a la banda callejera rival a la de su padrastro. Varias veces fue hospitalizada por sobredosis.

En enero de 2012 tenía previsto presentar una solicitud de indulto ejecutivo a la Junta de Revisión de Presos de Illinois.

El 12 de mayo de 1992, fue a un parque junto con dos compañeras de su banda y dos hombres de la banda de su padrastro. Jacqueline entró con uno de ellos en los aseos públicos y le disparó en la nunca. Después le entregó la pistola a otra de las chicas, que disparó al otro hombre. Al día siguiente, Jacqueline fue detenida y trasladada a comisaría a las 9.30 de la noche. Durante las siguientes horas la sometieron a cuatro interrogatorios. El primero, en el que confesó, se llevó a cabo sin la presencia de su madre ni de un agente encargado de menores. Pese a intentarlo varias veces, la madre no pudo ver a su hija hasta las 8.30 de la mañana. Para entonces ya se había registrado oficialmente la confesión. Jacqueline fue acusada de homicidio premeditado y automáticamente pasó a ser juzgada ante un tribunal penal ordinario. Fue declarada culpable de dos asesinatos y se le impuso la pena preceptiva de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, como establece la legislación de Illinois para los casos de homicidio múltiple. El día en que cumplía 17 años fue trasladada a una prisión para adultos, aunque los primeros tres años los pasó en una unidad de salud mental.

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“Tomé conciencia y pensé: aquí es donde voy a estar cuando muera.”

DAVID YOUNG David Young lleva casi 15 años en la cárcel por un delito cometido cuando tenía 17 años. Hijo de padres toxicómanos, David creció en un entorno hostil y, según él mismo ha contado, su padrastro lo sometió a él y a su madre a maltrato físico. A los 14 años, se vio envuelto en una pelea durante la que disparó un arma. Al comparecer ante un tribunal de menores sin ir acompañado por sus padres ni otra persona que ejerciese su tutela, fue puesto bajo custodia de los servicios sociales y esto le llenó de resentimiento. El 8 de enero de 1997, David estaba con dos amigos cuando se acercaron dos hombres en un automóvil para comprarles droga. Cuando éstos se negaron a pagarles el dinero que les pedían, se generó una disputa que acabó con la muerte de uno de ellos. Los adolescentes fueron detenidos al día siguiente. El autor material de los disparos, otro chico de 16 años, se declaró culpable de homicidio impremeditado y fue condenado a entre 19 y 23 años de cárcel.

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explicase por qué se había cambiado el cargo de complicidad por el de asesinato. Durante el juicio sus abogados no presentaron testigos ni otras pruebas de descargo. Además, David renunció a que el juez diese instrucciones al jurado para que considerase la posibilidad de declararlo culpable del delito menos grave de homicidio impremeditado. Así que cuando el jurado salió a deliberar, tenía instrucciones sobre un único delito que conllevaba condena a muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta última fue la pena que impuso el tribunal. Todos los intentos de recurrir la sentencia han sido rechazados. David ha dicho que fue plenamente consciente del carácter definitivo de su condena cuando le denegaron uno de los recursos.

En el caso de David, al principio el fiscal formuló contra él un cargo de cómplice encubridor del delito de homicidio premeditado. Posteriormente recibió varios ofrecimientos de la Fiscalía para que aceptase declararse culpable de un cargo menor, como robo con un arma peligrosa, que conllevaba una condena de 38 meses de cárcel. A instancias de su tío, David lo rechazó.

David finalizó la enseñanza secundaria mientras estuvo en un campo penitenciario para jóvenes. Después fue trasladado a una prisión para adultos y, al estar sometido a “estrecha vigilancia”, las oportunidades de trabajar son muy limitadas y no se le permite realizar ningún tipo de formación.

Cuando meses después se dictó acta de acusación formal, la Fiscalía había cambiado la acusación de complicidad por la de homicidio premeditado. No se facilitó ninguna información que

David recuerda que las autoridades penitenciarias le dijeron que lo mantendrían bajo estrecha vigilancia durante 15 años debido a la condena que tenía que cumplir.

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Su conducta, en ocasiones violenta, le ha conllevado varias reclusiones en régimen de aislamiento, una vez durante dos años consecutivos. Ha afirmado que el recurso a la violencia es también un modo de protegerse. En 2002 fue hospitalizado tras ser agredido y apuñalado por dos internos. Durante el periodo en régimen de aislamiento más reciente se le permitió abandonar la celda durante tres horas semanales para ducharse o realizar alguna actividad de ocio. Ese tiempo libre lo pasaba en una zona vallada y estrecha que ha descrito como una especie de “jaula para perros”. A sus 32 años, David Young cree que “no me parezco en nada a como era antes de entrar. Ahora veo el mundo desde otro punto de vista”. Esto, según él, le ayuda a hacer frente a la dureza de su situación.

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“Lo único que sé es que podía ser condenada a muerte por algo que yo no había hecho.”

CHRISTI CHERAMIE A sus 33 años, Christi Cheramie lleva media vida en la cárcel por un delito cometido cuando tenía 16 años. Su infancia estuvo marcada por los abusos sexuales a los que la sometió el novio de su madre. A los 13 años, después de contárselo a su madre, intentó suicidarse en dos ocasiones y fue internada en una clínica psiquiátrica. El 12 de febrero de 1994, el novio de Christi le dijo que pensaba matar a su tía abuela, a quien iban a visitar, si le resultaba difícil robarle dinero como otras veces. Horas después el joven apuñaló y mató a su tía abuela. Posteriormente, Christi explicó a un psiquiatra que al oponerse a los planes de su novio, éste le había dicho “que se callase”. El psiquiatra concluyó que era una joven “deprimida, dependiente e insegura”, que “parece que tenía miedo de contrariar” a su novio. Después de prestar declaración sin mantener una conversación privada con sus familiares, ni contar con la presencia de un abogado u otro adulto, Christi fue acusada como autora material de un homicidio premeditado y el fiscal decidió solicitar la pena de muerte, en ese momento aún permitida para menores en Estados Unidos.

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AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE Las autoridades federales de Estados Unidos deben ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, sin reservas ni condiciones restrictivas. Mientras llega ese momento, las autoridades federales y estatales deben promulgar legislación que elimine la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores y permita la revisión de las condenas de quienes están cumpliendo actualmente esta pena.

En los juicios por delitos punibles con la muerte, los posibles miembros del jurado tienen que ser favorables a ese castigo. Durante dos días y medio, Christi asistió a la selección de miembros del jurado capaces de imponer la pena de muerte. Uno de sus abogados recuerda que “se echaba a temblar según la respuesta de cada miembro del jurado”. El tercer día se declaró culpable del cargo menor de homicidio impremeditado. Esta declaración suponía renunciar a un juicio con jurado y a recurrir directamente la sentencia o la condena. El juez aceptó la declaración y le impuso la pena preceptiva por homicidio impremeditado: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2001 solicitó que se retirase su declaración de culpabilidad, alegando que la había hecho de forma involuntaria, ya que el tribunal no la había informado plenamente sobre los derechos a los que renunciaba. Su petición fue rechazada. Tras pasar media vida en prisión, Christi Cheramie considera que ha cambiado en muchos aspectos. Ha finalizado la enseñanza secundaria y ha obtenido un título en estudios agrícolas. Una directora penitenciaria ha afirmado que “merece una segunda oportunidad”. Christi remitió una solicitud de indulto a la Junta de Indultos de Luisiana el 30 de noviembre de 2011. Al cierre de esta revista, no ha habido ninguna decisión al respecto.

MÁS EN PROFUNDIDAD Aquí es donde voy a estar cuando muera. Estados Unidos: Menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. AMR 51/081/2011. www.amnistiainternacional.org

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Cecilia Teela en la orilla, cubierta de petróleo, del canal de Bodo, donde anteriormente recogía bígaros. Ahora tiene que desplazarse hasta el estado vecino para ganarse la vida.

DELTA DEL NÍGER

Vertidos de petróleo

SHELL DEBE ASUMIR SU RESPONSABILIDAD EN 2008, DOS VERTIDOS CAUSADOS POR FALLOS EN UN OLEODUCTO PROVOCARON QUE MILES DE BARRILES DE PETRÓLEO CONTAMINARAN LA TIERRA Y EL AGUA DE LA LOCALIDAD DE BODO, EN EL DELTA DEL NÍGER. LOS VERTIDOS CONTINUARON DURANTE SEMANAS Y HASTA AHORA NO SE HA REALIZADO UNA LIMPIEZA ADECUADA. LA EMPRESA SHELL, PROPIETARIA DEL OLEODUCTO, DEBE LIMPIAR LOS VERTIDOS Y PAGAR INDEMNIZACIONES A LOS HABITANTES POR LOS DAÑOS SUFRIDOS. Redacción l 28 de agosto de 2008, un fallo en el oleoducto transnigeriano provocó un importante vertido de crudo en Bodo, donde viven unas 69.000 personas. El petróleo estuvo vertiéndose durante semanas. Según Shell, se vertieron en total 1.640 barriles; sin embargo, una estimación

independiente sugiere que salían hasta 4.000 barriles diarios. El vertido fue finalmente detenido el 7 de noviembre. El 7 de diciembre se produjo un segundo vertido en Bodo, también debido a un fallo de las instalaciones. Todo apunta a que fue incluso mayor que el primero. Pasaron diez semanas antes de que fuera detenido.

24 ■ AMNISTÍA INTERNACIONAL - ENERO 2012 - Nº 112

DAÑOS PERMANENTES La actitud de Shell al no detener de inmediato los vertidos y limpiar el petróleo ha devastado la vida de decenas de miles de personas. Los daños permanentes causados en los caladeros de pesca y en las tierras cultivables han provocado una escasez de alimentos y una subida en los

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“EN 2008 LA VIDA SE VOLVIÓ MUY DIFÍCIL EN BODO. SE MURIERON TODOS LOS PECES. REMÁBAMOS SOBRE PETRÓLEO. TENÍAMOS LAS CANOAS Y LAS REDES DESTROZADAS. ANTES ERA MUCHO MEJOR. AHORA HAY POBREZA POR TODAS PARTES.” © AI

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Pescador de Bodo, mayo de 2011.

Bígaros del canal de Bodo muertos, cubiertos de barro grasiento, mayo de 2011.

precios. Quienes vivían de la pesca han perdido su medio de sustento y los campesinos aseguran que sus cosechas son ahora mucho más pequeñas. La población teme por su salud y ya no se atreve a comer el pescado local o a beber de los canales o el agua de la lluvia como hacían antes. Según la ONU, la devastación es tal que harán falta más de 25 años para que la región se recupere.

DEPURAR RESPONSABILIDADES Aunque Shell admitió que los dos vertidos se debieron a defectos en las instalaciones por la corrosión, posteriormente ha intentado justificar su inacción alegando que muchos vertidos son causados por sabotajes. Esta afirmación ha sido negada enérgicamente tanto por las comunidades como por las ONG para el caso de estos dos vertidos. Además, las leyes nigerianas establecen que la empresa debe limpiar el vertido sin demora y pagar las indemnizaciones sea cual sea la causa del mismo. Tras intentar durante años que la zona se limpiara y que Shell le ofreciera una indemnización adecuada, la comunidad

ctúa

de Bodo acudió a los tribunales británicos en 2011. El proceso judicial está en curso. Amnistía Internacional también critica al gobierno de Nigeria por no hacer cumplir la normativa vigente, dejando así a sus ciudadanos en manos de las petroleras. El organismo regulador de los vertidos carece de recursos suficientes, es ineficiente y no cuenta con la necesaria independencia. El resultado es que las petroleras actúan –o no– sin miedo a ser sancionadas.

empobrecimiento, conflictos, abusos y desesperación. Los inmensos depósitos petrolíferos de la zona han generado ingresos de miles de millones de dólares al país pero no a las comunidades que viven allí. ■

AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE ■

A SHELL: que limpie los vertidos y pague una indemnización justa y adecuada a la comunidad por las pérdidas y daños sufridos; y que se comprometa a pagar mil millones de dólares como capital inicial para un fondo de restauración del medio ambiente en toda la zona.

■

AL GOBIERNO DE NIGERIA: que refuerce los órganos normativos y garantice una regulación adecuada del sector petrolero, lo cual incluye sanciones significativas y un remedio adecuado para las comunidades.

EMPOBRECIDOS POR EL PETRÓLEO El desastre de Bodo es sintomático de la situación general de la industria petrolera en el delta del Níger. Según la ONU, entre 1976 y 2001 se produjeron más de 6.800 vertidos en esta zona, con una pérdida aproximada de tres millones de barriles de petróleo. Como de muchos vertidos no se informa, las cifras reales podrían ser mayores. Cuando se encontró petróleo en el delta, la población de Bodo confió en que le traería algo bueno, pero los 50 años de extracción de crudo en el delta del Níger lo único que les ha traído ha sido

Envía un mensaje al presidente de Nigeria instándolo a comprometerse a limpiar el delta del Níger y regular la industria petrolera.

www.amnesty.org/es/appeals-for-action/limpiar-la-industria-petrolera-del-delta-del-niger

MÁS EN PROFUNDIDAD La verdadera “tragedia”. Demoras e inacción frente a los vertidos de petróleo del delta del Níger. AFR 44/018/2011. www.amnistiainternacional.org

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DESALOJOS FORZOSOS ITALIA, CAMBOYA, BRASIL, ECUADOR… CUATRO PAÍSES MUY DIFERENTES EN LOS QUE AMNISTÍA INTERNACIONAL, EN EL MARCO DE SU CAMPAÑA EXIGE DIGNIDAD, HA DENUNCIADO RECIENTEMENTE DESALOJOS FORZOSOS EN LOS QUE SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS DE COMUNIDADES QUE VIVEN EN SITUACIONES DE EXTREMA VULNERABILIDAD. Redacción

ITALIA

Comunidades romaníes El Consejo de Estado, máxima instancia judicial administrativa de Italia, ha declarado ilegal el decreto de 2008 por el que se estableció el estado de emergencia en relación con los asentamientos nómadas (la “emergencia nómada”). La declaración de emergencia se refería a los asentamientos nómadas, pero en realidad iba dirigida contra las comunidades romaníes, la inmensa mayoría de las cuales no son nómadas.

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Campamento autorizado de Vía Novara, habitado por romaníes procedentes de la antigua Yugoslavia, julio de 2011.

MÁS EN PROFUNDIDAD Zero tolerance for Roma: Forced evictions and discrimination against Roma in Milan. EUR 30/020/2011. www.amnesty.org/es/library

Amnistía Internacional ha podido constatar cómo las autoridades han cerrado campamentos de romaníes –autorizados y no autorizados– en Milán. Los desalojos se llevaron a cabo en ausencia de todo procedimiento adecuado y sin que se ofreciera alojamiento alternativo apropiado a los afectados. Sus consecuencias para las familias romaníes han sido demoledoras, especialmente para los centenares de niños y niñas cuya escolarización se ha visto interrumpida. Amnistía Internacional pide al gobierno de Mario Monti que corrija la situación y que proporcione reparación a todas las personas afectadas por los desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos.

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ECUADOR. DESALOJADOS POR UNA PRESA Amnistía Internacional ha mostrado su grave preocupación por los conflictos en el Chone, que incluyen posibles desalojos forzosos y el uso excesivo de la fuerza para frenar protestas sociales. Desde mediados de 2010, comunidades campesinas montubias de esta zona han protestado en contra de la aprobación del Proyecto Propósito Múltiple Chone Fase 1, que implicará la construcción de una represa que, según ellos, inundaría sus tierras y desplazaría en torno a 1.700 familias. Las comunidades reclaman no haber sido debidamente consultadas antes de la aprobación del proyecto, derecho que poseen de acuerdo con la Constitución de Ecuador y las normas internacionales, y temen ser desalojadas forzosamente.

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CAMBOYA

Intereses empresariales Los desalojos forzosos, la apropiación de tierras y la explotación de los recursos naturales están suponiendo un retroceso en los avances para reducir la pobreza en Camboya, que tanto costó conseguir en los últimos 20 años. Decenas de miles de personas están atrapadas en la trampa de los desalojos forzosos en todo el país. Se calcula que sólo en la capital, Phnom Penh, el 10 por ciento de la población fue desalojada entre 1990 y 2011. Los proyectos de explotación y las disputas por la tierra suelen ser precursores del desalojo, y al final el bienestar de las comunidades afectadas queda relegado frente a las exigencias de las grandes empresas.

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Los hogares y los medios de vida de miles de familias también se están viendo amenazados por la rápida destrucción de las selvas y otros recursos naturales del país. A medida que estos recursos se deterioran, las familias que dependen de ellos se ven obligadas a trasladarse en busca de medios de subsistencia alternativos. Especial peligro corren algunos pueblos indígenas camboyanos, cuya forma de vida –en lo económico, en lo social y en lo espiritual– está estrechamente vinculada a la selva. Amnistía Internacional ha efectuado recomendaciones detalladas al gobierno de Camboya para que ponga fin a los desalojos forzosos, garantice que antes

de otorgar ninguna concesión sobre tierras se lleva a cabo una evaluación del impacto sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente, y asegure que en caso de producirse un desalojo se realice con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos.

MÁS EN PROFUNDIDAD Eviction and resistance in Cambodia: Five women tell their stories. ASA 23/006/2011. Desalojos y resistencia en Camboya. Cinco mujeres cuentan sus historias. Recomendaciones. ASA 23/007/2011 www.amnesty.org/es/library

BRASIL

Desalojos olímpicos En Río de Janeiro centenares de familias están siendo víctimas de desalojos forzosos a causa de los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2016. En decenas de zonas humildes de la ciudad, los residentes han perdido o corren peligro de perder sus viviendas debido a las obras de infraestructura. Algo similar ya ocurrió en Pekín, con motivo de las Juegos Olímpicos de 2008. Grupos de residentes, activistas locales del derecho a la vivienda, Amnistía Internacional y WITNESS se han dirigido al Comité Olímpico Internacional (COI) para que pida a las autoridades brasileñas que detengan los desalojos forzosos. “Obligar a las familias a abandonar sus hogares sin aviso adecuado, sin consulta previa y sin propuesta de alojamiento alternativo o provisión de recursos legales supone una burla de los valores que representan las propias Olimpiadas y vulnera las leyes y compromisos internacionales de Brasil en materia de derechos humanos”, han afirmado las organizaciones. El COI no debe ser cómplice de abusos contra los derechos humanos perpetrados en su nombre, y debe

condenar pública e inequívocamente todos los desalojos forzosos llevados a cabo en Río de Janeiro. La situación se ha agravado tanto que la relatora especial de la ONU sobre derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha intervenido para exigir al gobierno brasileño que “detenga los desalojos previstos hasta que estén garantizados el diálogo y la negociación”.

POLICÍAS Y BULDÓZERES En los casos más graves, las autoridades se han presentado en una comunidad sin previo aviso y han empezado a demoler viviendas y negocios. Así ocurrió el 22 de octubre de 2010 en la comunidad de Restinga. Edilson, uno de los residentes, describió así la operación: “A las 10 de la

mañana había máquinas, agentes de policía y fuerzas antidisturbios con armamento pesado, y empezaron a desalojar las casas. Si alguien se negaba a marcharse, empezaban a derribar su puerta con el buldózer. Los agentes entraban en tu casa, te sacaban a la fuerza y luego la demolían”. Muchas personas que vivían y trabajaban en Restinga han perdido su empleo y su fuente de ingresos, y los niños de la comunidad no han podido trasladarse a otras escuelas, por lo que llevan meses de atraso educativo. Los ex residentes de la comunidad no han recibido una indemnización adecuada ni alojamiento alternativo apropiado, en violación de las normas internacionales de derechos humanos.

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HABLAMOS DE_DERECHOS DE LAS MUJERES

ARGENTINA

ACCESO AL ABORTO Un debate que se afianza ANUALMENTE MUEREN MÁS DE 100 MUJERES POR CAUSAS RELACIONADAS CON ABORTOS PRACTICADOS EN CONDICIONES INSEGURAS. DESDE HACE 20 AÑOS CONSTITUYEN LA PRIMERA CAUSA DE MORTALIDAD MATERNA Y REPRESENTAN UN TERCIO DE ESTAS MUERTES. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina l debate sobre la despenalización del aborto ha adquirido una relevancia notable en los últimos tiempos. Varios pronunciamientos locales y regionales, y particularmente el del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso LMR –haciendo responsable al Estado argentino de no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una adolescente con discapacidad mental– han impactado la agenda pública local, abriendo canales de diálogo y espacios de debate colectivo poco usuales con relación a un tema tan controvertido como es el del aborto.

Las cifras sobre mortalidad materna en la región latinoamericana, y particularmente en el país, son alarmantes. En Argentina el aborto constituye un grave problema de salud pública. Se calcula que se realizan entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año.1 Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación (2009), anualmente mueren más de 100 mujeres por causas relacionadas con abortos practicados en condiciones inseguras. Estas muertes corresponden

"LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO VULNERA EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL, YA QUE CONSTITUYE UNA INTERFERENCIA EN LAS DECISIONES AUTÓNOMAS DE LAS MUJERES." mayoritariamente a mujeres pobres y de escasos recursos.2

DERECHO A LA SALUD La penalización del aborto vulnera el derecho a la salud únicamente de las mujeres, dado que se trata de un procedimiento médico que sólo las mujeres necesitan y utilizan. Por dicha razón, constituye una violación al artículo 2(f) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en cuanto a la obligación de los Estados Parte de “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”. Asimismo, la criminalización del aborto deniega el acceso a dicha práctica a

mujeres en situación desventajosa, discriminando entre mujeres de diferentes clases sociales; a la vez que enfrenta a las mujeres a un sacrificio que no exige a los hombres. Además, implica una discriminación entre hombres y mujeres. No existen procedimientos médicos necesarios para preservar la salud de los hombres que el sistema jurídico argentino penalice.

DERECHO A LA INTEGRIDAD Vale destacar que la penalización del aborto vulnera el derecho a la integridad física, psíquica y moral ya que constituye una interferencia en las decisiones autónomas de las mujeres y les impide tomar decisiones respecto a su cuerpo y a sus proyectos de vida. De esa forma, refleja y refuerza actitudes que disminuyen la autonomía y la personalidad de las mujeres.

1. Pantelides, E., Ramos, S., Romero, M., Fernández, S., Gaudio, M., Gianni, C. y H. Manzelli (2006): Morbilidad materna severa en la Argentina: Trayectorias de las mujeres internadas por complicaciones de aborto y calidad de la atención recibida. CENEP/CEDES: Buenos Aires. 2. Insúa, Iván y Romero, Mariana (2006): Morbilidad materna severa en la Argentina: Egresos hospitalarios por aborto de establecimientos oficiales. CENEP/CEDES.

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“DESDE AMNISTÍA INTERNACIONAL ARGENTINA HEMOS DESTACADO LA NECESIDAD DE RESPETAR, PROTEGER Y HACER EFECTIVOS EN TODO MOMENTO LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SIN DISCRIMINACIÓN, Y HEMOS ADVERTIDO SOBRE LA NECESIDAD DE REVOCAR LAS LEYES QUE PENALIZAN EL ABORTO.” EN LA AGENDA PÚBLICA Por primera vez en la historia argentina, el Congreso Nacional debatió distintos proyectos legislativos sobre un tema tan controvertido como es la despenalización del aborto. El valor de ese espacio de discusión democrática y participativa es inmensurable para avanzar en la agenda de derechos humanos de las mujeres. El aborto ya es un tema de la agenda pública. Desde Amnistía Internacional Argentina hemos destacado la necesidad de respetar, proteger y hacer efectivos en todo momento los derechos de las mujeres sin discriminación, y hemos advertido sobre la necesidad de revocar las leyes que penalizan el aborto. ■

LIBRERÍA ONLINE DE AMNISTÍA INTERNACIONAL- www.amnistiainternacional.org

Aquí encontrarás los informes que publicamos. Puedes pedirlos a través de la web o descargarlos en formato PDF. Consulta nuestro catálogo. AMNISTÍA INTERNACIONAL - ENERO 2012 - Nº

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Manifestación de mujeres en Bengasi, Libia. Abril de 2011.

Implicar a la mujer

EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS ÚLTIMOS MESES HA HABIDO NUMEROSOS AVANCES EN LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN ENTORNOS POSCONFLICTO; AL MENOS SOBRE EL PAPEL. Marianne Mollmann, asesora política de Amnistía Internacional l pasado septiembre, las líderes mundiales se reunieron en Nueva York para hablar de las ventajas de implicar a la mujer en la política, sobre todo después de una guerra. En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU pidió una mayor participación de la mujer en la resolución de conflictos y la consolidación de la paz. En noviembre, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que se enumeraron las obligaciones de los

“ES ESENCIAL UN CAMBIO QUE GARANTICE LA IGUALDAD. SÓLO TENEMOS QUE COMPROMETERNOS A HACER QUE ESE CAMBIO SE PRODUZCA.” Estados respecto de la promoción de la participación de la mujer en todos los entornos, sobre todo en los países en transición política. La realidad, sin embargo, es absolutamente diferente. El 20 de octubre, los líderes mundiales se reunieron con el gobierno de transición

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de Libia para debatir el envío de donaciones y apoyo a este país tras el conflicto. Antes de la conferencia de donantes, la sociedad civil y los expertos de la ONU expresaron gran preocupación por el hecho de que la delegación oficial libia estuviera integrada, en una abrumadora mayoría,

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por varones. Algunos denunciaron también el esfuerzo del gobierno libio para mantener alejadas a las representantes de la sociedad civil femenina. Y en el décimo aniversario de la caída del régimen talibán de Afganistán, no está claro ni el papel ni la participación de la mujer en el país. El caso de Afganistán es especialmente irónico, pues una justificación clave para la intervención internacional fue la atroz actuación de los talibanes respecto de los derechos de la mujer.

VIOLENCIA SEXUAL EN TIEMPOS DE GUERRA Quizá no nos debería seguir sorprendiendo la lentitud de caracol con que se cumplen las promesas sobre la mujer en situaciones de conflicto. Incluso respecto a las violaciones sexuales en tiempos de guerra –posiblemente la cuestión de derechos de la mujer menos polémica– determinados Estados, así como la comunidad internacional, caminan arrastrando los pies. No hay ningún conflicto en la historia reciente en el que mujeres y niñas no hayan sido víctimas de la violencia sexual, sea en forma de tortura, como método para humillar al enemigo o con la intención de extender el terror y la desesperación. Aun así, hicieron falta

décadas de informes sobre atroces actos de violencia sexual en situaciones de conflicto de todo el mundo para que el Consejo de Seguridad de la ONU crease una oficina con el fin de reunir información y presionar para que se adoptasen medidas. Algunos países que han salido de un conflicto, como Costa de Marfil y Bosnia y Herzegovina, no penalizan adecuadamente la violación en sus leyes nacionales. En términos más generales, la inmensa mayoría de los países no enjuicia ni aborda la violación y la violencia contra las mujeres. Las mujeres y niñas que denuncian la violencia sexual sufren la estigmatización, el ostracismo y la incredulidad de las autoridades, que no investigan sus casos, y de sus propias familias y comunidades, que culpan a las víctimas de los abusos.

MOTIVOS DE ESPERANZA Aun así, hay algo en el actual clima de cambio que infunde esperanza. Es evidente que existe una enorme diferencia entre las revoluciones de la Primavera Árabe y el movimiento Occupy que recorre toda Norteamérica. Por ejemplo, aunque la policía ha usado, casi sin duda, la fuerza indebida contra algunos de los participantes de Occupy en Nueva York y otros lugares, los manifestantes de ese movimiento no

han de temer por sus vidas. Esto no es así para quienes presionan a favor del cambio en Siria, Yemen, Egipto, Libia y otros países. Pero la reclamación de igualdad es un elemento unificador de las peticiones más esgrimidas por los movimientos populares en todas partes. Por tanto, con independencia de dónde estemos y de si sentimos afinidad por alguno de estos movimientos, debemos recordar que igualdad significa también igualdad para las mujeres. Estos últimos meses han estado llenos de palabras y de renovadas promesas sobre la participación de la mujer, sobre todo en entornos posconflicto. Aunque a todos nos incumbe asegurarnos de que estas promesas se cumplen, los gobiernos tienen la obligación especial de garantizar la igualdad. Esto es cierto tanto si el gobierno representa a un país que acaba de salir de un conflicto como si el país sigue experimentando elevados niveles de violencia en general o es un país pacífico que simplemente estudia su apoyo económico al cambio. El cambio es posible. Es esencial un cambio que garantice la igualdad. Sólo tenemos que comprometernos a hacer que ese cambio se produzca. ■

La agenda del año 2012 publicada por Amnistía Internacional conmemora el trabajo crucial llevado a cabo por la organización para atraer la atención del mundo sobre los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Incluye elocuentes imágenes captadas por reporteros a los que representa la famosa agencia fotográfica Magnum Photos.

Trilingüe (español, francés e inglés). Con fotos de la agencia Magnum Photos. Pídela en la dirección de 192 páginas a todo color. Amnistía Internacional más cercana Tamaño 12 x 17 cm. AMNISTÍA INTERNACIONAL - MAYO 2011 - Nº 108 ■ 31 AMNISTÍA INTERNACIONAL - NOVIEMBRE 2011 - Nº 112 111 ■ 31 AMNISTÍA INTERNACIONAL - ENERO 2012 Encuadernación en espiral.

www.amnesty.org/es

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ENTREVISTA_YARA SALLAM

EGIPTO

“No puede haber democracia

SI LAS MUJERES NO PARTICIPAN” YARA SALLAM, DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS EGIPCIA, NOS VISITÓ EL PASADO MES DE OCTUBRE. MUCHAS COSAS HAN OCURRIDO EN EGIPTO DESDE ENTONCES, Y SEGURO QUE NUEVOS ACONTECIMIENTOS SUCEDERÁN ANTES DE QUE ESTAS PÁGINAS LLEGUEN HASTA VOSOTROS. PESE A QUE EL DEVENIR DE LOS HECHOS PUEDA HACER QUE ALGUNA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE YARA QUEDEN DESBORDADAS POR LA REALIDAD, CREEMOS IGUALMENTE VALIOSO SU TESTIMONIO. EL TESTIMONIO DE UNA DE LAS PERSONAS QUE LUCHA, EN EL CORAZÓN DE LA PRIMAVERA ÁRABE, PARA QUE EL MUNDO CAMBIE. Juan Ignacio Cortés Nacida en El Cairo en 1985, Yara es licenciada en derecho por la Universidad de El Cairo, en Egipto, y la Universidad París I. También es Máster en Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame (EE. UU.). Ha trabajado para varias ONG egipcias y en la Comisión Africana para los Derechos Humanos. Actualmente, es directora del Programa para Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos de la ONG egipcia Nazra. Esta ONG fue fundada hace cuatro años por jóvenes activistas e investigadoras. Su principal objetivo es reivindicar la convicción de que las mujeres son pieza indispensable del respeto a los derechos humanos y de la democracia. En julio de 2011, Nazra decidió establecer un programa para la protección de las defensoras de los derechos humanos, del que Yara es directora, reaccionando a una necesidad de apoyo y protección urgente después de la revolución del 25 de enero de 2011.

¿Cuáles son las prioridades de Nazra de cara a las elecciones? ¿Tenéis una lista concreta de peticiones? Nazra y otras organizaciones de defensa

“SOY OPTIMISTA. PERO UNA REVOLUCIÓN NO SUCEDE EN UNO O DOS MESES. EN LOS PAÍSES DONDE LOS ÁRABES HEMOS PODIDO DERROCAR A NUESTROS DICTADORES, NECESITAMOS TENER UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y DERRIBAR TODO EL RÉGIMEN DICTATORIAL, NO SÓLO A SUS PRESIDENTES.”

de los derechos de las mujeres nos estamos centrando en apoyar a las mujeres que se presentan a las elecciones. Entre otras cosas, porque si acceden al Parlamento será más fácil trabajar con ellas a favor de los derechos de la mujer. Más allá de eso, no tenemos un plan cerrado. La situación en Egipto es muy cambiante. Durante meses, ha sido muy difícil reunirse, y ha sido imposible cerrar una agenda de acción conjunta con otras organizaciones.

pacífica. Luego se han mostrado violentos y sangrientos con los manifestantes. Es muy impredecible cómo van a actuar de cara a las elecciones. No sabemos si defenderán los derechos de la gente o empujarán los resultados hacia algo que les convenga.

¿Crees que las elecciones van a ser libres?

Soy optimista. Pero una revolución no sucede en uno o dos meses. En los países donde los árabes hemos podido derrocar a nuestros dictadores, necesitamos tener una visión a largo plazo y derribar todo el régimen dictatorial, no sólo a sus presidentes.

No estoy segura. Seguimos siendo un poco escépticos al respecto. Nada está claro en este momento en la esfera política en Egipto. Los militares comenzaron con una política muy

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¿Cómo ves la situación en la región? Hubo mucha esperanza al comienzo de la Primavera Árabe, pero ahora las cosas parecen más impredecibles.

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Entonces, estáis en el comienzo de un largo camino. Sí, es un camino largo. El derrocamiento de Mubarak fue sólo el comienzo. La revolución continúa. Y continuará durante un tiempo. Hasta que tengamos un gobierno, un Parlamento y un presidente civiles, elegidos democráticamente. Tenemos que seguir luchando hasta conseguir que los militares vuelvan a su trabajo y abandonen la política.

¿Crees que el pueblo egipcio tiene la energía suficiente para conseguir la llegada de la democracia a través de esta revolución? Creo que el pueblo egipcio, como cualquier otro pueblo del mundo, es capaz de transformar su sociedad en una democracia. El desafio que enfrentamos ahora es que el Ejército siempre tuvo buena reputación entre el egipcio medio y, desafortunadamente, es quien está bloqueando el camino hacia la democracia. El desafío es movilizar a la gente contra el poder de los militares.

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¿Habrá un lugar para las mujeres en la vida pública tras este largo camino hacia la democracia? No puede haber una democracia sin mujeres. En ningún lugar. La base de la democracia es la igualdad entre todo tipo de gente. No puedo imaginar una democracia sin un lugar seguro y abierto para la participación de las mujeres en la vida pública.

¿Qué papel crees que pueden jugar los partidos islamistas, no sólo en Egipto sino en toda la región? ¿Pueden ser una fuerza que impulse la democracia? Si la gente quiere que un movimiento islámico ascienda al poder, eso debería suceder. El resto, aunque no estemos contentos con ello, deberíamos aceptar esta elección. Espero que las elecciones sean realmente libres y se terminen las especulaciones. Nunca tuvimos la oportunidad real de comprobar si la gente quiere a los islamistas en el poder o no. Pienso que, en cualquier caso, no debemos tener miedo de que los

limitaciones. Ellos tienen un documento en su web que habla sobre minorías y mujeres. Parece bien, parece moderno. Pero creo que es una cuestión formal, una cuestión superficial.

islamistas lleguen al poder, porque los países también están interesados en mantener una buena imagen hacia el exterior. La imagen que quiera proyectar un país de cara a Occidente también jugará un papel en la toma de decisiones.

¿Qué dicen los Hermanos Musulmanes acerca de la participación de la mujer en la vida pública? Los Hermanos Musulmanes tienen mujeres candidatas. Dicen que prefieren que haya mujeres religiosas en el Parlamento que personas con una orientación laica. Afortunadamente, no pueden negar que las mujeres jugaron un gran papel durante las protestas que llevaron al derrocamiento de Mubarak. En público dicen que están a favor de la participación de la mujer en la vida pública, al contrario que los salafistas, que son muy radicales. Pero con

¿Qué papel piensas que puede jugar Amnistía Internacional en la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general en Egipto? Creo que podemos trabajar juntos de forma solidaria. Amnistía Internacional tiene mucha experiencia y muchos voluntarios. Si algo sucede en estos días, nosotros vamos a necesitar responder muy rápido, movilizar mucha gente. Y la presión internacional es muy importante para el gobierno, porque ellos tienen una fuerte conciencia de que tienen que preservar su imagen hacia el exterior. ■

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ENTREVISTA_COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSÉ DE APARTADÓ

COLOMBIA

“EL GOBIERNO COLOMBIANO HA LEGITIMADO AL PARAMILITARISMO” JESÚS EMILIO TUBERQUIA Y NOELIA TUBERQUIA HAN PASADO POR EUROPA DE LA MANO DE AMNISTÍA INTERNACIONAL REPRESENTANDO A LA COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSÉ DE APARTADÓ DE COLOMBIA, FINALISTA DEL PREMIO SAJAROV DE DERECHOS HUMANOS QUE CONCEDE EL PARLAMENTO EUROPEO. SUS VIDAS SON EL REFLEJO DE LOS ENORMES SACRIFICIOS QUE ENFRENTA UNA COMUNIDAD EMPEÑADA EN REIVINDICAR LA VIDA EN MEDIO DE TANTA MUERTE. Karlos Ordóñez

¿Cómo y cuándo nació la Comunidad de Paz de San José de Apartadó? Jesús E. Tuberquia: Fue voluntad de varios campesinos cansados de vivir en medio de la guerra. Amparándonos en los tratados internacionales y en el Derecho Internacional Humanitario firmamos en 1997 una Declaratoria de Comunidad de Paz. Nuestra propuesta era no colaborar con ninguno de los actores armados.

Algo que no gustó al poder... JET: Cuando la estábamos presentando sabíamos que tendríamos que colocar muchos muertos. Hasta ahora más de 200. En 2005 se produjo una masacre coordinada por el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Mario Montoya, que hoy es embajador en República Dominicana. Mataron a siete miembros de la Comunidad de Paz y un campesino de la zona. Entre las víctimas hubo 4 menores de edad. Les abrieron el estómago, los despedazaron y después los tiraron a una fosa. Los tratados internacionales de respeto a la población civil en medio de la guerra no se cumplen. En la Comunidad de Paz hemos trabajado en ese sentido, en defender la vida, en exigir los derechos de la población civil, en visibilizar toda esta grave violación de los derechos humanos.

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Principios de la Comunidad de Paz San José de Apartadó ■

No colaborar con ninguno de los actores armados.

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No dar información a ninguno de ellos.

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No suministrar apoyo logístico a ninguna de las partes en confrontación armada.

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No portar armas.

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Colaborar dentro de un Comité de trabajo en el que participan conjuntamente varias familias para cultivar el campo.

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No consumir alcohol dentro de los espacios donde está la Comunidad.

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No consumir ni cultivar drogas.

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Jesús Emilio Tuberquia Pata y Noelia Tuberquia Salas durante su visita a Madrid.

¿Qué buscáis con esta gira europea? JET: En Colombia es muy difícil hallar espacios en los medios de comunicación. Aquí, que tenemos esa oportunidad, queremos denunciar que es el mismo gobierno colombiano el que ha legitimado el paramilitarismo. Juan Manuel Santos, el actual presidente, siendo ministro fue el mayor responsable de los “falsos positivos”.1 El Estado colombiano está buscando todos los mecanismos para exterminar las Comunidades que estén denunciando la verdad. Por ejemplo, muchas ONG que están acompañando a las Comunidades también están siendo amenazadas. Noelia Tuberquia: Con esta gira por Europa, además de mostrar las violaciones de los derechos humanos de que somos víctimas, tratamos también de ver si es posible establecer un comercio estable de los productos que nuestra Comunidad produce para poder viabilizar su desarrollo.

¿Cuáles son las razones de fondo para que sufráis tantos ataques? JET: Están detrás de nuestras tierras. Ahí hay petróleo, oro, carbón, agua. El desplazamiento, las masacres, las amenazas diarias son porque están detrás de los recursos naturales que hay en nuestra zona. Además, para el Estado colombiano es bastante grave el trabajo de difusión sobre las violaciones de los derechos humanos que llevamos

a cabo. Por último, ver más de mil campesinos como una sola familia, que trabajamos unidos y que seguimos ahí juntos, se ve como un foco social que hay que exterminar.

¿Hay multinacionales implicadas? NT: Hay multinacionales de petróleo, como Repsol, o de carbón, de oro, de babano o la misma Coca Cola. Por ejemplo, está Chiquita Brands, a la que demandamos porque tenemos documentos de pagos de más de 700 millones de dólares, la introducción de miles de armas y millones de munición para los paramilitares que asesinan a nuestros hermanos. Hacemos una denuncia con documentos en la mano, presentamos pruebas claras y contundentes. En Colombia, donde hay multinacionales hay historial de masacres.

¿Cómo es la vida en la Comunidad de Paz? NT: Nuestra Comunidad sobrevive del cultivo y la exportación del cacao que trabajamos en grupos de 5 a 8 familias. Y cada ocho días se dedica uno a trabajar para la Comunidad. También tenemos un sistema de educación propio impartido por algunos jóvenes que ya han terminado la secundaria y enseñan la primaria a los niños. Trabajamos un proyecto de alfabetización. Hay un restaurante escolar. Tenemos guarderías. La idea

es seguir construyendo todo esto que antes teníamos y que la Fuerza Pública nos lo destruyó. Nos quemaron los cultivos y las viviendas. No aceptamos ninguna ayuda del Estado. Para poder llevar adelante nuestro proyecto necesitamos el acompañamiento internacional porque hay muchas personas amenazadas.

¿Cómo convivís con el dolor y con esa necesidad de seguir luchando? NT: Uno tiene claro que se va a morir. Nosotros hemos vivido, sobre todo en las zonas rurales, esa zozobra desde niños. Nos acostumbramos, pero es algo muy duro. La Comunidad ha servido mucho para la denuncia, para dejar constancia de que no nos vamos a quedar callados. Antes vivíamos individualmente, cada cual en su finca. Hubo muchas masacres. La Comunidad ha servido para unirnos, hacer grupos de trabajo grandes. Pero uno tiene claro que por lo que está haciendo, cualquier día puede morir, porque muchos ya han muerto por decir la verdad. Y sabemos que también a nosotros nos van a matar, pero estamos haciendo un trabajo bueno defendiendo la vida y luchando por el territorio. Mientras uno esté vivo tiene que seguir luchando por la Comunidad. Somos la voz de los que no pueden hablar, porque muchas matanzas son silenciadas por miedo.■

1. Revelaciones que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate.

NOELIA TUBERQUIA SALAS es miembro de la Comunidad desde 1999 y una de sus líderes. Se ha destacado en el trabajo por las víctimas, por las mujeres y en el trabajo de formación. Su hija de 3 años fue asesinada por el Ejército colombiano en 2003. JESÚS EMILIO TUBERQUIA PATA pertenece a la Comunidad desde que se creó. Desde 2008 es el representante legal de la Comunidad de Paz. En los últimos años ha sufrido varios atentados a manos de todas las partes en conflicto.

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PEDIMOS_ACCIÓN CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS

Desapariciones forzadas

¡HAY QUE ACTUAR! LA DESAPARICIÓN FORZADA ES UNA DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS MÁS CRUEL Y DESHUMANIZADORA. MEDIANTE EL AISLAMIENTO Y EL SILENCIO, SIGUE DESTROZANDO FAMILIAS Y COMUNIDADES EN MUCHOS PAÍSES. Redacción urante decenios se ha hecho desaparecer a cientos de miles de personas con relativa impunidad. Sin embargo, gracias al impulso de varios gobiernos y a la acción de familias de desaparecidos y de la sociedad civil de todo el mundo, en 2007 se firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

“ES DIFÍCIL DE EXPLICAR, SÓLO LOS QUE LO HAN VIVIDO SABEN NUESTRO DOLOR DE DESPERTARNOS Y ACOSTARNOS CON TANTAS PREGUNTAS SIN RESPUESTA, Y VIVIENDO UN HERMETISMO TOTAL EN MI PAÍS. CLARO, ES ESTAR PELEANDO CON EL PODER. NUESTRAS VIDAS HAN SIDO DESTRUIDAS, NO TENEMOS UN MAÑANA, SÓLO VIVIMOS EN UN PASADO INCIERTO, EN TOTAL OSCURIDAD.”

La Convención entró en vigor en diciembre de 2010, una vez que fue ratificada por 20 Estados.

Esposa de Juan Almonte Herrera, desaparecido en República Dominicana en 2009.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada se reunía por primera vez el pasado mes de noviembre en Ginebra, casi un año después de que entrara en vigor la Convención. Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos de todo el mundo que redoblen los esfuerzos para poner fin a las desapariciones forzadas, que se adhieran a la Convención y que adopten

leyes nacionales efectivas para abolir esta práctica.1 La organización ha publicado un exhaustivo análisis jurídico (No a la impunidad de las desapariciones forzadas) en el que describe las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Convención y ofrece orientación sobre cómo aplicarla en el ámbito nacional.■

1. Los Estados que han ratificado la Convención, hasta noviembre de 2011 son: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Gabón, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Montenegro, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Senegal, Serbia, Túnez, Uruguay y Zambia.

MÁS EN PROFUNDIDAD No a la impunidad de las desapariciones forzadas. Lista de requisitos para la aplicación efectiva de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. IOR 51/006/2011. www.amnesty.org/es/library

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LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS Juan Almonte Herrera era contable de una ONG de derechos humanos de República Dominicana. Fue secuestrado el 28 de septiembre de 2009 en la capital del país por cuatro hombres armados, identificados por varios testigos como agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades que revelaran su paradero y garantizaran su seguridad. Hasta el momento, las autoridades dominicanas apenas han hecho nada por investigarlo.

“Es difícil de explicar, sólo los que lo han vivido saben nuestro dolor de despertarnos y acostarnos con tantas preguntas sin respuesta, y viviendo un hermetismo total en mi país. Claro, es estar peleando con el poder. Nuestras vidas han sido destruidas, no tenemos un mañana, sólo vivimos en un pasado incierto, en total oscuridad.” Esposa de Juan Almonte Herrera

Los 10 años de guerra civil entre el gobierno y las fuerzas maoístas de Nepal llegaron a su fin en 2006, sin conocerse la suerte corrida por 13.000 desaparecidos. Sanjeev Kumar Karna es uno de ellos. El 8 de octubre de 2003, cuando se encontraban en una comida campestre en Janakpur (Nepal), él y unos amigos fueron golpeados, según los informes, y detenidos por un grupo de entre 25 y 30 soldados y policías. Cinco de los detenidos, entre ellos Sanjeev, nunca regresaron. Se cree que los mataron a tiros y los enterraron.

“Cuando un miembro de una familia desaparece, esa familia queda totalmente destruida.” Rajeev Kumar Karna, hermano de Sanjeev

Desde que Pakistán se convirtió en aliado clave de la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos, cientos de personas acusadas de estar vinculadas a actividades terroristas han sido detenidas arbitrariamente y se han convertido en víctimas de desaparición forzada. Recientemente, el gobierno paquistaní ha designado dos comisiones de investigación sobre este tema. Sin embargo, apenas se ha progresado en la resolución de numerosos casos. Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de cientos de personas, como Masood Janjua, Atiq ur Rehman y Abid Sharif.

“Nunca podremos aceptarlo. Si alguien muere, puedes llegar a aceptarlo, pero cuando se llevan a tu ser querido a la fuerza, eso es algo que nunca aceptas.” Amina Janjua, esposa de Masood Janjua

“Nuestra vida sin él está vacía e incompleta. No sé cómo sobrevivimos sin él. En nuestra búsqueda de Atiq, nuestro negocio familiar se arruinó. No tenemos a nadie que se ocupe activamente de ganar el sustento. Su padre sufre una angustia mental extrema y sobrevivimos con el alquiler de nuestra tienda, que ya no podemos gestionar por nosotros mismos. Estamos en serios apuros.” Shams Un Nisa, madre de Atiq ur Rehman

“Llevo con antidepresivos los cuatro últimos años. Mis hijos tienen pesadillas. Mi segundo hijo, Humzalla, no puede dormir solo. Quiere estar conmigo o con su hermano. Nació siete meses después de la desaparición de Abid, no ha conocido a su padre, sólo mira sus fotografías.” Zhahida Sharif, esposa de Abid Sharif

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Trilingüe (español, francés e inglés). Con fotos de la agencia Magnum Photos. 192 páginas a todo color. Tamaño 12 x 17 cm. Encuadernación en espiral.

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