1
.
Memoria narrativa
El pasado 5 de junio, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), en colaboración con FedRural, realizó el Primer Foro Nacional de Sociedades Financieras Comunitarias en la Ciudad de México. El evento, posterior a la iniciativa de Ley Ficrea, reunió a organizaciones, investigadores, políticos y representantes de las diferentes sociedades financieras con el objetivo de desarrollar un plan de acción en defensa de las comunidades rurales y campesinas.
www.amucss.org.mx
amucss.blogspot.mx
La sesión inaugural, a cargo de la Lic. Isabel Cruz, el senador Benjamín Robles, y Urbino Martínez, dio paso a la primera mesa de análisis sobre el financiamiento rural, la inclusión financiera y la agricultura familiar. Dentro de este espacio, la directora del área de investigación de AMUCSS, Mariana Carmona, presentó un análisis sobre los impactos económicos de la Ley Ficrea, así como un panorama actual de la inclusión financiera en zonas rurales.
Dentro de este espacio, líderes e integrantes de las sociedades financieras comunitarias también compartieron sus experiencias y análisis sobre los impactos de esta ley en el modelo de financiamiento para zonas rurales. Esta segunda mesa estuvo integrada por Urbino Martínez Cortes de SMB Rural, César Leyva Camacho de Impulsando Desarrollo en Angostura, José Antonio Rocha de SMB Biocafé, Adán Noé Ocampo Mendieta de SMB Morelos, Martín Belmont de Credimich, Carlos Razura de Ixtlán del Río SOFINCO y José Antonio Ortega Carbajal del Organismo de Integración (INTEGRA).
La última mesa de análisis abordó el tema de la Ley Ficrea y sus implicaciones en la inclusión financiera. A partir de la presentación de los ejes centrales de esta iniciativa, se trazó un panorama más amplio sobre las consecuencias de ésta para el campo y las zonas rurales. Dentro de los cambios a la Ley de Ahorro y Crédito Popular se encuentran:
Desaparición del capítulo rural y, por ende, de las sociedades financieras comunitarias y sus organismos de integración.
Elimina la supervisión auxiliar y obliga a la transformación de las sociedades
financieras comunitarias en sociedades financieras populares.
Otorga poder discrecional a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual
tiene un impacto directo en la inseguridad jurídica de las sociedades financieras.
No modifica los sistemas de supervisión para controlar riesgos.
No protege el interés público de los sectores vulnerables y favorece a las grandes
instituciones.
Rumbo al cierre del evento, se esbozaron las siguientes propuestas para evitar el impacto negativo de esta ley en la vida de las familias rurales e indígenas:
Reforzar la Supervisión Auxiliar permitiendo que los Organismos de Integración Financiera lo hagan con sus socios.
Fortalecer a las SOFINCO y OIFR en sus procesos de supervisión
Participar en los medios de pago
Tratamiento fiscal acorde a las zonas donde trabajamos de alta y muy alta marginalidad: reconocer un porcentaje de gastos deducibles y permitir capitalizar utilidades en un
capital comunitario.
Diferenciar bien SOFIPOS de SOFINCOS
Reconocimiento de la SOFINCO en su rol para la inclusión financiera a partir de la vinculación de esta figura con los programas de apoyo para los pequeños productores.
Apoyo para la creación de programas de recursos humanos dentro de las cooperativas y las sociedades financieras.
Las modificaciones a la Ley Ficrea dibujan cuatro posibles escenarios para defender la existencia de estas sociedades financieras comunitarias: a) Unificación de las SOFINCO a nivel de control, operaciones y organización. b) Incorporación de las SOFINCO a los organismos de integración financiera c) Solicitar apoyo de algunos senadores para que la CNBV emita la reglamentación adecuada d) Buscar el diálogo con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para evitar la aprobación de la Ley Ficrea