uNa seleccióN de
martes 5 de julio del 2016
Nº 7044
eleconomista.mx
los contribuyentes suman 52.7 millones
Recaudación aumenta 172% en dos décadas Durante el 2015, los ingresos tributarios representaron 13% del PIB, detalló el Servicio de Administración Tributaria Yael Córdova el economista
En El 2015, los ingresos por impuestos representaron 13% del Producto Interno Bruto (PIB), participación no vista al menos desde 1990. Para ello, cada mexicano contribuyó con un equivalente a 19,500 pesos, lo que permitió compensar la drástica caída de los ingresos petro-
Blindaje
leros, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el recuento de su trabajo, la dependencia que encabeza Aristóteles núñez, informó que en las últimas dos décadas (1995-2015), la economía creció 75 por ciento. En el periodo (1997-2015), la recaudación aumentó 172%, es decir, creció más del doble que la actividad económica.
PERUJO
En el reporte realizado con motivo de su 19 aniversario, la dependencia destacó que los impuestos se han convertido en la fuente de ingresos públicos más importante para el gobierno federal, pues tan sólo en el 2015 la recaudación tributaria superó el valor del gasto público en funciones de desarrollo social en beneficio de la población, que incluyen educación, salud, vivienda, protección social, entre otras. Es decir, los recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios fueron equivalentes a 7 de cada 10 pesos recaudados, siendo su principal fuente de ingresos para realizar obras públicas. CONTRIBUYENTES
El SAT informó que a mayo del 2016, el padrón de contribuyentes activos
Aristóteles Núñez, jefe del sat. foto archivo ee fue de 52.7 millones, lo que representa casi la totalidad de la Población Económicamente Activa, que al cierre del primer trimestre del año ascendió a 52.9 millones de personas. la dependencia reporta que del total se tienen registrados 4.6 millones de contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal —esquema que surgió en el 2014, derivado de la reforma hacendaria en el 2013—, 1.6 millones de nuevos contribuyentes desde su creación, lo que ha coadyuvado a que el porcentaje de la población en el sector informal sea el menor desde el 2005. El SAT tiene en su plantilla 37,000 empleados y ha mostrado una decidida apuesta por el uso de la tecnología para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales . claudia.cordova@eleconomista.mx
SAT e IMSS recibieron exhortos de Prodecon La procuraduría presentó dos nuevos análisis Yael Córdova el economista
lA PRocuRAduRíA de la defensa del contribuyente (Prodecon) sugirió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la emisión de una regla general de comercio exterior que establezca que las personas que pretendan adquirir vehículos usados de procedencia extranjera verifiquen que los datos asentados en el pedimento son los mismos que aquellos con los que cuenta la autoridad en el sistema electrónico aduanero, a fin de que los adquirentes tengan la certeza jurídica de que fueron importados legalmente.
lo anterior a través del Análisis Sistémico 6/2016, en el que se sugirió realizar en conjunto con el ombudsman fiscal una campaña de difusión y orientación sobre el tema. En su reporte de actividades de mayo, la Prodecon emitió el Análisis Sistémico 5/2016, en el que sugirió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitir lineamientos, criterios o normatividad interna que instruyan a sus unidades administrativas competentes para que concluyan el procedimiento de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización (revisión secuencial) en el plazo de seis meses. claudia.cordova@eleconomista.mx
una selección de
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
Los parapetos de ESSA Hay una coordinación entre ambos países en la prevención del delito, expuso Varela. foto: especial
Lucha México y Panamá vs lavado de dinero
Compartir información financiera es vital: Eyda Varela de Chinchilla Edgar Juárez eL eConoMiStA
PANAMá y México tienen una relación estrecha con el intercambio de información financiera que permita la prevención de lavado de dinero y evasión de impuestos, entre otros delitos, afirmó Eyda Varela de Chinchilla, viceministra de Finanzas del país centroamericano, quien participó en un evento de la firma Swift. En semanas pasadas, Panamá estuvo en la mira global por los llamados Papeles de Panamá, investigación periodística internacional que reveló que personas físicas y morales, a través de un despacho ubicado en el país centroamericano, se llevaban sus fortunas a ciertos paraísos fiscales.} Esta nación estuvo también alrededor de año y medio en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por laxos controles de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, a decir de la funcionaria, durante este tiempo y de manera conjunta con los sectores público y privado, se trabajó de forma intensa en una serie de reformas, que le permitieron salir de esta lista. “México participó como miembro del equipo evaluador del GAFI durante el año y medio que estuvimos en la lista gris, así que tenemos une relación bien estrecha, porque tuvimos bastante coordinación con el equipo que estaba evaluando nuestros avances”, dijo. CAMBIO REGULATORIO
El cambio regulatorio comprende modificaciones como el fortalecimiento de la cooperación entre las unidades de análisis financiero y también en el ámbito penal. “Hay una coordinación y colaboración estrecha entre ambos países, en el régimen de prevención”, dijo la funcionaria. Los Papeles de Panamá, sin duda, hicieron un daño reputacional a este país. Sin embargo, la viceministra confía en que ello no ocurra y apela a las reformas que se han aplicado. Consideró que la investigación periodística lo que demostró es que existe mucha vulnerabilidad a nivel mundial, por lo que, dijo, se tiene que seguir trabajando de forma coordinada. eduardo.juarez@eleconomista.mx
e
n los últimos 15 meses, a través del sistema de solicitudes de información Infomex, se acumularon casi un centenar de requerimientos a Exportadora de Sal (ESSA), la empresa paraestatal que actualmente dirige Pedro Silvino Xavier Lazcano. Entre ellos está la petición de un ciudadano de las versiones públicas de los contratos de venta suscritos en el 2015, junto con la “jurisdicción de los mismos, por cliente”. Ni más ni menos. La negativa del Comité de Información de ESSA bordeó la intransigencia, pues argumentó que esos datos habían sido clasificados como reservados, por un periodo de 12 años. ¿Así nomás? Los fundamentos están en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia, además del artículo 18 de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales. El recurso de revisión fue tramitado casi de inmediato ante el INAI, “esa respuesta nulifica mi derecho a saber”, argumentó el quejoso. En el límite de plazo legal, el pleno de los comisionados del órgano garante conoció el recurso RDA 0638/16, que llegó a la ponencia de Francisco Javier Acuña Llamas. El retraso es imputable al sujeto obligado, cuyos representantes entregaron 11 contratos en inglés sin traducir —tarea que requirió de tiempo y recursos— además de alegatos que evidenciaban una intención de proteger a Mitsubishi Corporation, propietaria de 49% del capital accionario de ESSA. ¿El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) puede obligar a un corporativo multinacional a hacer pública su información? Quizá en otros tribunales tendría que dirimirse esa controversia. Lo cierto es que incluso las empresas de participación estatal —de acuerdo con Acuña— son susceptibles del escrutinio público. ¿Las razones de mercado deben someterse al derecho a la información? ¿También en estos asuntos prevalece el principio de máxima publicidad? Para el INAI, ESSA es una empresa paraestatal y, por ende, no toda la información de sus contratos debe quedar reservada, como lo sería para cualquier otra compañía bajo protección del secreto industrial. La resolución del INAI estuvo precedida por el anuncio de la CFC, de una indagatoria por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de la sal a granel. Por ley, la autoridad investigadora está obligada a mantener en reserva las identidades de los quejosos y de los denunciados, pero dado que más de 95% de la sal industrial vendida en México es producido por ESSA y entregado a Mitsubishi, en este caso la confidencialidad resulta ociosa. Desde el inicio del sexenio, las peculiares prácticas corporativas de la empresa sudcaliforniana —en la que Mitsubishi detenta 49% de las acciones— han sido señaladas, por ser presuntamente constitutivas de dumping. A raíz de las respuestas obtenidas vía Infomex ha
podido confirmarse que la firma nipona detenta una posición predominante en las decisiones comerciales, al tiempo que ESSA no alcanzó las metas de producción y ventas programadas para el 2015, situación agravada por la pérdida cambiaria —calculada para ese año en más de 2,269 millones de dólares—, consecuencia del tipo de cambio preferencial. Las empresas mexicanas y estadounidenses afectadas han presentado denuncias y demandas que de resultar efectivas podrían repetir un efecto de pérdida en Mitsubishi similar al de los autos con datos falsos, por los que en un día perdieron más de 5,000 millones de dólares. Entre el cúmulo de solicitudes de información a la directiva de ESSA y a la Coordinación General de Minería, que encabeza Mario Cantú, están peticiones que también involucran a la Secretaría de la Función Pública, cuyo comisario en la empresa paraestatal está obligado a responder. El contralor, Mario Vargas Aguiar, ya dejó el cargo. La subcontralora, Johanna Berenice Romero Muñoz, igual. Casi simultáneamente, personal de la Auditoría Superior de la Federación llegó a Guerrero Negro, para revisar los estados financieros y los reportes administrativos que constan en los archivos. En el 2013, el organismo revisor, formuló una serie de observaciones y recomendaciones a ESSA que aún están pendientes. A finales del año pasado, en respuesta a otra solicitud de información tramitada en el antiguo sistema Infomex, la directiva de ESSA reconoció que de las 35 observaciones elaboradas por la ASF, estaban pendientes 35. Al margen de esa tramitología, los ejidatarios de Guerrero Negro han amagado con acciones de resistencia civil por la operación de la salinera, violatoria de las normas de protección al medio ambiente.
E F E C T O S S E C U N DA R I O S ¿VERIFICADOS? Las clausuras que ha impuesto la Profepa en los centros de verificación de la Megalópolis tienen que ver principalmente con la falta de calibración de un componente de los equipos de medición de emisiones que deben cumplir con las NOM de la SE. En primera instancia, su funcionamiento debe ser certificado por alguno de los 20 laboratorios especializados, afiliados a la Entidad Mexicana de Acreditación. En todos los casos hasta ahora acumulados, ninguno de los verificentros contaba con la documentación que acreditara su correcto funcionamiento. Sus propietarios han elevado sus protestas a las más altas instancias y en el sector medioambiental comentan que muchos de los protagonistas de estas historias están vinculados al PVEM y, entre ellos, el más afamado es el exdiputado Jorge Kahwagi Macari, aunque también hay connotadas familias hidalguenses.