uNa seleccióN de
martes 22 de diciembre del 2015
Nº 6908
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eleconomista.mx
se usaría la subcuenta de vivienda para el planteamiento de esquemas de inversión
Habría un instituto hipotecario y otro pensionario, y representa cambiar el mandato del instituto, dijo el director del sector empresarial del Instituto Fernando Gutiérrez el economista
El InstItuto del Fondo nacional de la Vivienda para los trabajadores (Infonavit) podría participar más contundente en el aspecto pensionario, en beneficio del derechohabiente que ya no recurra a la parte hipotecaria del organismo y busque un mayor beneficio para su retiro.
Precaución
sebastián Fernández Cortina, director del sector empresarial del Infonavit, adelantó que, en los próximos meses, los empresarios presentarán una propuesta de reforma a la ley del organismo, en el sentido de separar su mandato hipotecario con el pensionario. “Proponemos una separación de mandatos, donde por un lado tengamos un instituto hipotecario que
PERUJO
atienda a los derechohabientes en materia hipotecaria y, por otro, que tengamos un instituto pensionario como una afore de afores, que ponga a trabajar los recursos de los trabajadores de una manera más eficiente que genere mejores retornos”, acotó Fernández Cortina. Detalló que a pesar de la separación de mandatos, las aportaciones patronales seguirían concentradas “en una sola subcuenta donde los recursos podrían ser utilizados como enganche hipotecario, o bien destinarlo al tema pensionario a elección del trabajador”. Acotó que el instituto utiliza los fondos de la parte pensionaria como hipotecaria para obtener liquidez, pero al separar los mandatos, tendría que ser más eficiente y no tener un detrimento en sus finanzas.
foto: g. esquivel
IP propondrá reformas a la Ley del Infonavit
La cartera de créditos del infonavit sumó $994,228 millones en septiembre. se buscará separar los dos mandatos del organismo: el hipotecario y el pensionario, para que este último instrumente esquemas de inversiones a largo plazo en beneficio del trabajador que no utilice su subcuenta de vivienda durante su vida laboral y los requiera para el final de ésta. “solamente la mitad de las personas usa su subcuenta para una vivienda (para hipoteca), entonces podríamos pensar que la mitad de la gente estaría invirtiendo en esta forma pensionaria”, abundó. A septiembre del 2015, el Infonavit contaba con una cartera de crédito por 994,228 millones de pesos y activos por poco más de 1 billón de pesos. Asimismo, tenía un patrimonio contable por 151,227 millones de pesos. fernando.gutierrez@eleconomista.mx
se evidencia peso de emergentes en el FMI Brasil, Rusia, India y China serán relevantes: analistas Yolanda Morales el economista
El sIstEMA de representación mantenido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) previo a la reforma de cuotas respondía a la “geografía económica” que se dibujó tras la segunda Guerra Mundial. Analistas internacionales coinciden en que era un mapa que no correspondía a la evolución de las economías emergentes como el grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China). Añaden que la reforma de la reasignación de las cuotas ante el FMI se aprobará en un par de semanas
y después de la incorporación del yuan chino a la cesta de divisas que referencia los activos de intercambio el mismo Fondo. Beneficiará a los países de mercados emergentes. El directorio ejecutivo del FMI, Estados unidos, por su alto poder de voto, aprobó la integración del yuan a la cesta de divisas que referencia el valor de los activos que opera el Fondo en los créditos a sus miembros. Expertos de Bank of America México opinan que es un reconocimiento tácito a China por su mayor importancia económica y un implícito registro para las economías emergentes en su conjunto. yolanda.morales@eleconomista.mx
una selección de
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
foto: archivo ee
¿Sobornos en Acapulco?
El agotamiento de recursos para los pensionados se debe a que absorben del PIB estatal.
Chihuahua, NL y Chiapas, débiles en pensiones Durango realizó un ajuste mixto en su sistema pensionario: HR Ratings Milén Mérida EL EcOnOMIStA
EL PUNTO de inflexión de los sistemas de pensiones estatales hacia la insuficiencia se ubicaba en el 2008 entre finales del 2014 y el 2015, destaca un reporte de HR Ratings, en el cual refiere que las entidades que ya enfrentan y enfrentarán mayores presiones financieras al haber agotado sus reservas pensionarias son Chihuahua, Chiapas y Nuevo León. Aclara que este agotamiento no precisamente derivará en un impago, sino que las entidades sacarán los recursos faltantes de su flujo de ingresos. “Según un estudio sobre las características de 29 sistemas de pensiones estatales, en el 2008, el total del pasivo contingente ascendía a 1,958 millones de pesos, cantidad que representaba en esa fecha alrededor de 25% del Producto Interno Bruto (PIB). Y en 11 de las entidades federativas, el periodo de la suficiencia de la reserva actuarial era menor a siete años, es decir, las valuaciones actuariales situaban el 2015 como el año en el cual los sistemas de pensiones no podrían pagar la nómina de las pensiones en curso de pago y agotarían el capital de la reserva actuarial”, explica. Por ello, al cierre de este año, y basándose en los reportes de las 17 entidades que califica, además de estudios actuariales, HR Ratings realiza este comparativo en el cual da a conocer que “en estos casos algunas de las entidades sí enfrentaron gastos extraordinarios por este concepto, por ejemplo, los estados de Chihuahua y Chiapas”. “A la fecha, 12 entidades han reformado sus sistemas de pensiones y de seguridad social, y cinco de ellas cambiaron a un sistema mixto. Las entidades antes mencionadas son: Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Durango. Las entidades que realizaron cambios en sus sistemas de beneficios definidos fueron Guanajuato, Veracruz, Sonora y Jalisco. Únicamente Nuevo León y Sinaloa cambiaron a un sistema a cuentas individuales”, detalla el reporte sectorial denominado Sistema de Pensiones Subnacionales”, expone la calificadora . milen.merida@eleconomista.mx
J
esús Murillo Karam ha pasado de fiscal a perseguido. Y el magistrado Edgar Elías Azar, de impartidor de justicia a ser cuestionado. Y en una acusación cuya verosimilitud debe ser acreditada, ambos son mencionados como sujetos de una trama que habría beneficiado a uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Forzado por la divulgación del litigio, en el San Antonio Express News, el ex procurador aceptó ser propietario del departamento PH 01, en la Torre Bermuda del conjunto Punta Mar, ubicado en Brisas del Marqués, en Acapulco, pero con su habitual raigambre rechazó que fuera una coima, quid pro quo, presuntamente entregado por un fondo de inversión estadounidense. Murillo Karam relató que adquirió ese inmueble en el 2009 y que tres años después, terminó de pagarlo. Poco después comenzaría el pleito entre los tres inversionistas de Punta Mar, by Palmetto, y Clarion Partners. Miguel Ángel Leyva Urquía, Salvador Río de la Loza Postigo y Ernesto Karam García llevan más de tres lustros asociados en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las zonas turísticas premium del Pacífico mexicano. En Acapulco, junto con otros socios, erigieron Punta Mar en un lote cedido por la inmobiliaria Quelra, que a su vez lo había adquirido de Fonatur. La inversión, por 150 millones de dólares, cubriría la construcción y comercialización de 240 apartamentos y penthouses, dentro de cuatro bloques. La quinta fase requeriría de 105 millones de dólares y se erigiría en un lote frente a la playa más valiosa del proyecto. El fideicomiso de Punta Mar abrió el 3 de octubre del 2005 en Banca Mifel, institución que gestionó préstamos con Inbursa (7.6 millones de dólares) y Bancomer (10.6 millones de dólares). Para el desarrollo de la quinta fase del proyecto, los socios de Palmetto reclutaron a un socio de capital financiero. Y en 2007 contrató a la firma Holliday Fenoglio Fowler para conseguirlo. El seleccionado fue Clarion Partners que envió a Onay Payne a la filial mexicana de ese fondo de inversión por su dominio del español, que había aprendido en su natal Dallas, Texas. El jefe de esa legación era James Hendricks, quien a lo largo de tres décadas de transacciones inmobiliarias había concretado operaciones por más de 3 billones de dólares. Era el verano del 2007. Hendricks puso en la mesa 20.6 millones de dólares, por 51% de Punta Mar. Y según los desarrolladores mexicanos, se trataba de una inversión y no de un préstamo. Pero no consiguieron un socio, sino un “patrocinador financiero” que después de tres años quiso recuperar su inversión. Palmetto cayó en impago y sufrió el embargo de 70 apartamentos. La disputa por esas propiedades y la mar-
ca comercial Punta Mar llevaron a las partes a un litigio que hasta noviembre del 2012 se dirimió en juzgados civiles y mercantiles. El 5 de junio del 2013, BNY Mellon tomó posesión de 65 apartamentos que le habían sido transferidos por Clarion Partners en el invierno del 2011. Tres meses después, Leyva fue retenido en el aeropuerto de Vancouver cuando trataba de tomar un vuelo a Estados Unidos, pero agentes del ICE se lo impidieron y lo emplazaron a regresar a México para atender los “temas jurídicos” que tenía pendientes. Al llegar al DF fue aprehendido por policías federales. Un mes después, Ernesto, quien se encontraba en San Antonio, Texas, fue deportado. Y Río de la Loza Postigo ya había sido arrestado en Miami, Florida. Según los inversionistas de Palmetto, el abogado Ian Katz Mayo habría cooptado al ministerio público, quien dio como válidas la acusación de fraude, sin formular una investigación exhaustiva. “El debido proceso fue violado porque bajo la ley mexicana se requiere que el acusado sea notificado y tenga la oportunidad de dar testimonio y evidencia con respecto a las denuncias formuladas en su contra (…) Ninguno de los demandantes fue notificado de las acusaciones criminales encubiertas, falsas, contra ellos”, se quejan en la querella formulada por los abogados de la firma Peña, Garcia & Guerrero, presentada en la Corte del Distrito Oeste de Texas, ubicado en San Antonio, donde quedó abierto el caso 5:15-cv-01116. Al llegar a México, hace una década, Clarion Partners operaba como una subsidiaria de la firma danesa ING, pero desde el 2012 representa los intereses de más de 200 inversionistas. Entonces anunció un programa de inversiones que traería 1,000 millones de dólares a las playas mexicanas. En este lapso, la oficina mexicana de la firma neoyorquina acumula más diferendos con empresarios locales que proyectos exitosos. En el 2007, Clarion Partners invirtió en los resorts Punta Raza y Nahui-Tau en la Riviera Nayarita, pero el empresario jalisciense Héctor Cárdenas Curiel —el desarrollador de ambos complejos turísticos— no pudo concluir los proyectos. Y no obstante sendas demandas, logró evadir la acción de la justicia. Payne decidió recurrir al gobierno de Barack Obama para que en apego al capítulo XI del TLC —que garantiza la prevalencia del Estado de Derecho en Canadá, EU y México— convoque a un panel de arbitraje y resuelvan sobre las pérdidas ocasionadas por Cárdenas Curiel, que ahora acumulan 200 millones de dólares. Los socios de Palmetto aludieron a Cárdenas Curiel y Tomasi Villamil para soportar sus alegatos contra los inversionistas. En los tres casos, hay historias de cargos falsos, sobornos y extorsiones que finalizan con el despojo de sus resorts.