una selección de
viernes 30 de octubre del 2015
nº 6871
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eleconomista.mx
LOS hurtOS DEL COMBuStIBLE SE EStIMan En $50 MILLOnES DIarIOS: PEMEX
Firmas del sector urgen concluir regulación para la apertura a producto externo con el fin de evitar que la llegada de combustible externo sirva para camuflar al robado a un precio de venta de primera mano de 9.5 pesos por kilo que los industriales pagan a Pemex —lo San Juan del Río, Qro. El valor del que presenta ventas mensuales de robo de gas licuado de petróleo (lP) 700,000 toneladas en el país—, el a Petróleos Mexicanos (Pemex) en cálculo del valor del mercado neel país es de casi 16,000 millones de gro asciende a estas cifras, explicó pesos anuales, ya que en volumen luis landeros, presidente de la asosuperó 15% y casi alcanza 20% de ciación de Distribuidores de Gas lP, las ventas de todo el país, denuncia- durante el GlP Forum, organizado por la asociación Mexicana de Disron industriales del rubro. Karol García / Enviada el economista
“Pole position”
PERUJO
tribuidores de Gas lP y Empresas Conexas (amexgas) y empresas del rubro que se muestran preocupadas. El valor del gas robado sería así muy similar al del robo de combustibles líquidos a Pemex. Según fuentes de la estatal, se estima de 50 millones de pesos diarios —más de 18,000 millones de pesos al año—, producto de una sangría de 27,000 barriles diarios de carburantes destilados (gasolina y diésel), esta última cifra fue revelada el mes pasado por Miguel Tame, responsable del área de refinación de Pemex. Por ello, las importaciones de gas lP, que arrancan el 1 de enero del 2016, podrían cobijar al mercado negro, pues la presencia de carburante importado dificultaría rastrear e identificar el robado, y urgieron al gobierno a que concluya y dé a co-
foto ee: gabriela esquivel
Robo de gas, casi por 16,000 mdp: gaseros
Solicitan al gobierno las reglas de importación antes de que inicie 2016. nocer cuanto antes las reglas de importación y de ventas de primera mano de Petróleos Mexicanos. al respecto, demandó a la Comisión reguladora de Energía (CrE) que concluya la regulación homóloga al reglamento anterior antes de que arranquen las importaciones, y que incluya un aterrizaje en las formas de rastreo integral de la molécula, ya sea desde su producción o importación hasta el consumidor final, lo cual deberá ser instrumentado mediante una colaboración entre industria y gobierno. Juan Marcelo Parizot Murillo, director de Comercialización de Pemex Transformación Industrial, aseguró que “se busca que nuestros socios comerciales, los distribuidores, transiten hacia un mercado competitivo”. kgarcia@eleconomista.com.mx
Deutsche Bank anuncia su retiro de México Es parte de su reestructura global por pérdidas millonarias Redacción el economista
laS MIllonarIaS pérdidas por más de 6,000 millones de euros registradas en el tercer trimestre del año orillaron al gigante alemán Deutsche Bank a anunciar un agresivo programa de reestructuración global que incluye el despido de 15,000 empleados al 2018, cierre de oficinas en su país sede y la salida de diferentes mercados, incluido el de México. otros países de los que saldrá Deutsche Bank, según anunciaron altos directivos ayer, son argentina, Perú, Chile, Uruguay, Dinamar-
ca, Finlandia, noruega, Malta y nueva Zelanda. John Cryan, delegado del banco, mencionó que la estrategia de la entidad financiera lamentablemente también incluye el cierre de algunas filiales y localizaciones en países, así como reducción de personal e infraestructura. En México, Deutsche Bank opera como banco de inversión. De acuerdo con su sitio de Internet, tiene presencia en el país desde hace más de 50 años con una oficina de representación. Sin embargo fue hasta el 2000 cuando obtuvo la licencia bancaria. valores@eleconomista.com.mx
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signos vitales foto: cuartoscuro
Alberto Aguirre
aam@mexico.com
Colima, ¿gobernador ilegítimo?
Las entidades presentan de tres a siete trimestres con graves descensos en su PIB, reporta el ITAEE.
Precios del crudo afectan a tres estados La situación mina a economías de Campeche, Tabasco y Chiapas: Inegi Fernando Franco El EconoMIStA
LA MENOR actividad y renta petrolera se refleja en el deterioro económico de tres de los estados con mayor vocación en este sector: Campeche, Tabasco y Chiapas, en los cuales se registran de tres y hasta siete trimestres consecutivos de números rojos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Campeche es el más afectado. Según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), siendo una aproximación del Producto Interno Bruto (PIB), el estado acumula siete trimestres con una contracción de su actividad económica: del cuarto trimestre del 2013 al segundo del año, periodo en el que promedió una caída de 5.1% del PIB. En abril-junio de este 2015 arrojó la mayor caída, con 8.5%, debido a una contracción de las actividades secundarias de 10.2%; la economía de esta entidad volcada a la minería petrolera representa 90.7% de las actividades secundarias y 79% de su PIB. Tabasco, la segunda entidad más intensiva en el sector, acumuló tres trimestres de números rojos: el último de 2014 y los dos primeros de este año. La minería petrolera significa 82% de sus industrias y 55% de su PIB. Chiapas hiló tres trimestres de bajas,y su crecimiento está menos enfocado al petróleo: sólo aporta 26% a sus actividades secundarias y 7.3% a su PIB. José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), dijo que existen dos factores a tomar en cuenta: los recursos que el gobierno federal da a estados petroleros y la partida por explotar recursos naturales que están en su territorio. “Ambos rubros están relacionados con el valor del petróleo, y no es lo mismo 80 que 40 dólares (en que se vende el barril de petróleo), y estos conceptos también afectan”, expresó. El precio de exportación de la mezcla mexicana cayó 49% en el último año; es decir, de octubre del 2014 a la fecha, para cotizar en nivel cercanos a 40 dólares por barril (159 litros). fernando.franco@eleconomista.mx
Q
uedan 72 horas para resolver la crisis de gobernabilidad que avecina a Colima, tras de la anulación del resultado electoral que habría llevado al priista José Ignacio Peralta a la gubernatura. El próximo sábado 31 vence el plazo para que el Congreso de aquella entidad designe a quien deberá ocupar la vacante que dejará Mario Anguiano. ¿El sustituto tendrá el carácter de provisional, interino o encargado de despacho? Al cierre de este espacio no había certidumbre al respecto, debido a las precarias condiciones para un acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Y también, por la falta de certeza respecto de la validez de lo estipulado en el ordenamiento constitucional. El Artículo 55, en lo particular, prevé los escenarios, en caso de las faltas temporales o absolutas del gobernador. “Si la falta fuera absoluta y tuviera lugar dentro de los dos primeros años del período constitucional, el Congreso nombrará un gobernador interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido del gobernante a sustituir…”, dice el segundo párrafo del artículo señalado y que debe cumplirse. Los diputados, complementan, deberán convocar a la elección extraordinaria dentro de un plazo de 10 días a partir de que hayan nombrado al gobernador interino, misma que deberá celebrarse en un periodo máximo de un mes. Ergo: la reposición de los comicios tendría que celebrarse el domingo 13 de diciembre, si esto se cumpliera al pie de la letra. Una reforma al Artículo 57 -vigente por virtud del decreto 244 publicado en el Periódico Oficial de Colima, publicado el pasado 29 de agosto de este año- impuso un candado adicional. Y de acuerdo con los expertos en derecho electoral, es el que debe aplicarse luego de la anulación decretada por el Tribunal Electoral, instancia con autoridad. “Si por cualquier motivo la elección de gobernador no estuviere hecha y publicada para el 1 de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no estuviere en posibilidad de tomar posesión de su cargo, cesará no obstante, en sus funciones, el gobernador que esté desempeñando el puesto y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el gobernador que por cualquier motivo no pudiera tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones, no debiendo exceder el interinato de dos meses”. Este cambio fue promovido por el extinto Gustavo Vázquez Montes, quien había sido afectado por una anulación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 2003. Distintas organizaciones políticas y sociales promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo pleno declaró inválido el segundo párrafo del Artículo 55 y el Articulo 57. En con-
creto, los ministros consideraron que los plazos eran insuficientes en el caso de que hubiera impugnaciones. Han pasado 10 años desde esa determinación judicial y hasta ahora nadie había reparado en la falta. “Tendríamos un gobernador ilegal, no un gobernador interino”, advirtió la abogada María Elena Adriana Ruiz Visfocri, ex presidenta del Tribunal Electoral de la entidad. El vacío jurídico se ve agravado por la intensidad de la pugna entre priistas y panistas, que empeoró tras de la denuncia interpuesta por Gerardo Herrera Zavala, secretario jurídico y de transparencia del CEN del PRI, que urgió a la Fepade a castigar “a quien resulte responsable”, por falsear información y mentir a la autoridad electoral. Es un juego de suma cero, pues la autoridad electoral habría determinado la responsabilidad del senador Preciado y del ex secretario de Desarrollo Social del gobierno colimense, Rigoberto Salazar, en las conductas que llevaron a los magistrados del Tribunal la anulación de los comicios. El ex candidato panista a la gubernatura de Colima, quien en la víspera había declarado que volvería a tramitar licencia a su cargo legislativo, para competir nuevamente, sería el blanco de la denuncia priista. Y si bien no podría ser sancionado penalmente -salvo que se iniciara un juicio político en su contra-, quedaría imposibilitado de competir otra vez, en caso de que los fiscales comprobaran que presentó documentos falsos y mintió a la autoridad electoral. Sería una victoria pírrica, en todo caso. Y es que el PAN se convirtió en la primera fuerza, el pasado 7 de junio. Con la mayoría absoluta en el Congreso y el control de ocho de 10 alcaldías, el blanquiazul tiene los votos y la fuerza política para desechar la terna que deberá postular el gobernador saliente, para nombrar al interino. El PRI y el PAN dirimen sus diferencias en los tribunales, antes que en las urnas… mientras las autoridades electorales analizan los escenarios. La sentencia de la sala superior del Tribunal Electoral mandata al INE a reponer el proceso comicial “a la brevedad”. Entre los integrantes del Consejo General no hay consenso sobre la viabilidad de celebrar la nueva votación. ¿En febrero, entonces? ¿O hasta junio, con la concurrencia al resto del calendario electoral 2016? Si las fuerzas políticas no alcanzan un acuerdo, ¿podría declararse la desaparición de poderes? Ese escenario extremo -regulado por el Artículo 76 de la Carta Magna- dejaría la designación del gobernador provisional en manos del Senado de la República, a propuesta de una terna que debería proponer el Ejecutivo federal. El tercer párrafo del Artículo 55 de la Constitución de Colima estipula que si fuera el caso, el gobernador provisional convocaría a elecciones extraordinarias dentro de un término que no excederá de 15 días después de su unción, y el electo tomaría posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva.