una selección de
lunes 1 de febrero del 2016
nº 6935
$10
eleconomista.mx
Poca ParticiPación de grandes generadores y consumidores
Se recibieron ofertas de 540 generadores, entre CFE y sus productores independientes, para el Mercado Eléctrico Mayorista de Corto Plazo Karol García el economista
El pasado viernes se puso en marcha el Mercado Eléctrico Mayorista de Corto plazo para el sistema Interconectado Nacional, es decir, para la mayor parte de la República Mexicana, con una alta oferta de capacidad generadora de energía disponible por parte de la Comisión Federal
Mezcla a la baja
de Electricidad (CFE) y poca participación del resto de los grandes generadores y consumidores del país. la secretaría de Energía informó que se recibieron ofertas de 540 generadores de la CFE y sus productores independientes (pIE), más 183 generadores de los permisionarios representados por CFE —todas por un total de 32,360 megawatts (MW)— para cubrir una oferta de
PERUJO
demanda en la hora pico de 32,100 MW para el primer día. la CFE reportó, hasta el tercer trimestre del año pasado, un total de 681 unidades generadoras en operación, incluyendo a los pIE, lo cual implica que puso a disposición, parcial o totalmente, la capacidad de 79% de sus plantas generadoras en espera de cubrir toda la demanda posible, que únicamente ascendió a 0.12% de la generación nacional del 2015, cuando esperaba cubrir un volumen cercano a 2% en este mercado. la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cuenta con 599 permisos en operación para generación, importación o exportación de energía, lo que implica que ,como permisionarios representados por la CFE, sólo la tercera parte del universo exis-
foto: shutterstock
CFE domina el inicio del mercado eléctrico
La CRE tiene 599 permisos en operación, importación y exportación. tente puso a disposición del mercado una parte de su generación eléctrica. TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN PENDIENTES
Marcelino Madrigal, comisionado de la CRE, dijo que el nuevo esquema tarifario de la operación eléctrica tiene precios determinados por el regulador y no por CFE y se componen del precio spot establecido en el contrato de compra venta de energía, más la tarifa de distribución y la de transmisión, un componente mensual de servicios conexos. sin embargo, aún se encuentra en consulta el componente de distribución, que será de 97.4 pesos por kilowatt-hora en promedio nacional, pero una vez que se oficialice, acelerará la participación en el mercado. kgarcia@eleconomista.com.mx
la Conavi promoverá la autoconstrucción Se destinarán 1,000 millones a este propósito Redacción el economista
paRa El 2016, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) destinará casi 1,000 millones de pesos para subsidios orientados a la autoproducción y producción social de vivienda, indicó el organismo. de acuerdo con la Conavi, los beneficiarios de estos recursos serán las familias de más bajos recursos. “El programa de acceso al Financiamiento para soluciones Habitacionales, bajo la modalidad de autoproducción de vivienda, atiende las necesidades habitacionales de trabajadores no afiliados a los institu-
tos de seguridad social a través de entidades ejecutoras”, explicó la titular del organismo, paloma silva de anzorena. Este año se buscará que dicho monto se potencialice gracias a la participación de gobiernos municipales y estatales. “se destinará la mayor cantidad de recursos a municipios rurales de Campeche, Chiapas, Veracruz y oaxaca; si una persona busca obtener un subsidio para la modalidad de autoproducción, debe realizar el trámite, que es gratuito, a través de entidades ejecutoras registradas ante la Conavi”, explicó la funcionaria. valores@eleconomista.mx
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signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
foto: archivo
La reforma pendiente
Detalles. Los planes contemplados se inclinarán a la utilización de energías renovables.
Existen 25 proyectos de energía en NL La inversión será de US2,900 millones, informó la SE estatal Lourdes Flores El Economista
Monterrey, NL. NUEVO LEóN tiene una cartera futura de 25 proyectos de energías renovables y cogeneración por un estimado de 2,900 millones de dólares, que sumarán una capacidad de 2,193 megawatts en la entidad, afirmó Gregorio Canales, subsecretario de Energía, durante una reunión del equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal. “Estamos viendo otros proyectos en negociación, principalmente de energía renovable y sigue habiendo interés en la cogeneración de gas y trabajamos en reconformar el consejo estatal de energía y el clúster de energía”, enfatizó. Hay 13 proyectos de cogeneración, que llevarían 1,616 mW a los municipios de García, San Nicolás, Monterrey, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, Pesquería, Salinas Victoria y Apodaca. Están otros seis proyectos de energía solar de 164 mW, que se ubicarán en Villa Aldama, Galeana, Marín y Apodaca; así como cuatro de energía eólica, de 395 mW, en Mina, Santa Catarina, Salinas Victoria y Bravo. Además de dos proyectos de biomasa, en Salinas Victoria y Linares, los cuales podrían generar 18 mW. De todos estos proyectos, algunos están en proceso y otros previstos en un plazo de entre dos y tres años. ¿Hacia la capital energética?
En el 2015, el gobierno de Rodrigo Medina afirmó que el estado sería la nueva capital energética del país; de entonces a la fecha, se ha logrado atraer inversión en proyectos de generación y comercialización de energía eléctrica y gas natural; sin embargo, hay un atraso debido a la migración de contratos de la Comisión Reguladora de Energía y la resolución de permisos de derechos de vía, afirmó Alejandro Ibarra, profesor de la EGADE Business School Monterrey. Por ejemplo, “en proyectos de gas natural, el proyecto del gasoducto de Los Ramones tiene un atraso de ocho meses, el problema fundamental fueron los permisos de derechos de vía”, añadió. maria.flores@eleconomista.com.mx
P
or octava ocasión, los integrantes de las bancadas del PRI y del Partido Verde en el Senado de la República acudieron a un taller previo al inicio del periodo ordinario de sesiones. Tras una pasarela a la que acudieron ocho secretarios de Estado, la procuradora general de la República y los directores de Pemex y la CFE, el cónclave concluyó el pasado viernes con un mensaje que ofrecerá el presidente del tricolor. Emilio Gamboa Patrón, después de una ausencia forzada que lo llevó a Houston, retomó la agenda legislativa. Las prioridades de la bancada oficialista son la nueva legislación contra la tortura y desaparición forzada y la instrumentación de la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, tres años después de que fuera anunciado. El 15 de noviembre del 2012, priístas y pevemistas propusieron la instalación de una Comisión Nacional Anticorrupción y, cinco días después, el PRD se pronunció a favor de crear una agencia nacional para el combate a la corrupción. En el seno del Pacto por México, el gobierno peñista y las principales fuerzas políticas ya habían negociado la sustitución de la Secretaría de la Función Pública por una nueva instancia. Pero fue el PAN, a través de una iniciativa presentada el 4 de abril del 2013, el que propuso la instauración del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. En diciembre del 2013, el Senado de la República aprobó la transformación del sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México, y puso los cimientos del nuevo sistema. El escándalo de la casa blanca de las Lomas y la abrupta cancelación del megaproyecto del tren bala México-Querétaro modificaron drásticamente el rumbo de estos esfuerzos legislativos. El 4 de noviembre del 2014, las bancadas del PAN en el Congreso de la Unión propusieron la articulación del sistema anticorrupción a través de un comité coordinador, un consejo nacional para la ética pública y un comité de participación ciudadana. Entre la creación de un nuevo órgano autónomo y la instauración de una fiscalía especializada, optaron por el segundo modelo. Por mandato constitucional, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado recibirán sanciones de distinta naturaleza. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos, las cuales consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económi-
cos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el tribunal de justicia administrativa que resulte competente. Las prioridades de la mayoría priísta para el próximo periodo de sesiones dejarán en segundo plano la ley nacional de ejecución penal, que regularía el internamiento de las personas privadas de libertad, independientemente de si son procesadas o sentenciadas. La definición de esta pieza legislativa deberá responder las observaciones formuladas por organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos, respecto de las actuales condiciones de internamiento en los penales estatales y federales, además del funcionamiento de los juzgados de ejecución. Adicionalmente a la confección de estas nuevas disposiciones normativas, en el Senado de la República resolverán una docena de nombramientos pendientes: la vacante en el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y el miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
EFECTOS SECUNDARIOS ¿REMOCIONES? Mientras en Petróleos Mexicanos dan los últimos retoques a su nuevo logotipo, crecen las especulaciones sobre un cambio en la directiva de la empresa productiva del Estado. Y en un carril paralelo, en los corillos legislativos sonaban con insistencia versiones sobre la solicitud de licencia que tramitaría el senador hidalguense David Penchyna Grub, quien siempre ha dicho que su mayor anhelo es gobernar su estado. ¿Acaso despreciaría la dirección general de Pemex? PRECISO. Ni ecocidio, ni devastación ambiental; el Fonatur no incumplió con los permisos otorgados por las autoridades locales y federales en el Malecón Tajamar, dictaminó Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, quien llamó a despolitizar el asunto y advirtió sobre las “apreciaciones subjetivas, sin bases científicas” vertidas en redes sociales. No hay vestigios ni indicios de la muerte de algún animal. El permiso para desmontar 22 hectáreas del polígono del Malecón Tajamar fue respetado por el Fonatur, estableció el funcionario peñista, salvo en un aspecto: no concluyó con el rescate de fauna. En aquella zona —insistió— no se ha puesto en peligro ni a los habitantes de la zona, ni a las especies naturales.