uNa seleccióN de
miércoles 10 de septiembre del 2014
Nº 6581
eleconomista.mx
el gobierno certificará a productores que exporten a eu
Modificarán reglas de inocuidad en México El país busca asegurarse de que manda alimentos de calidad al mundo, lo que hasta el año pasado tuvo un valor por US8,400 millones en exportaciones los productos sean reconocidos para consumo en ese mercado y se eviten controversias comerciales futuTodo producTor que pretenda ras que frenen la exportación. Ildefonso Guajardo, secretario de vender alimentos frescos a Estados unidos tendrá que acatarse a nue- Economía, destacó que México es vas reglas más estrictas de inocuidad principal proveedor de tomate en el que emitirá ese país en los próximos mercado estadounidense, además meses, para lo cual el gobierno de de que es gran exportador en frutas México y algunas empresas trabajan y hortalizas, para lo cual la certificaen certificaciones que permitan que ción de diferentes sistemas de gesLilia González
el economista
Remojo
perujo
tión de inocuidad tienen el propósito de reconocer a los produtos que son equivalentes en sanidad y calidad. A partir de estas reglas, México busca asegurarse que manda alimentos de calidad y valor al mundo, lo que hasta el año pasado tuvo un valor por 8,400 millones de dólares de exportaciones de alimentos agroindustriales al mundo. Mientras que también asegura que sea un arma de defensa comercial, en donde no se utilice como una excusa en los procesos de acceso a mercado como un “proteccionismo disfrazado”. El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y calidad Agroalimentaria (Senasica) cuenta con un presupuesto de 180 millones de pesos para apoyar a los empresarios, a través de los estados, para certificar, promover y capacitar.
Guajardo destacó que México es el principal proveedor de tomate. foto: notimex
El director general de Senasica, Hugo Fragoso explicó que desde hace cuatro años Estados unidos anunció que aplicaría una nueva regulación para evitar la trasmisión de enfermedades a través de los alimentos, por lo cual se encuentra a meses de que la ponga en marcha y existen varios empresarios que no cuentan con dicha certificación. descartó que exista freno a las exportaciones mexicanas, aunque para contar con la certificación de manera acelerada les representará un costo más elevado. Entre los más cumplidos para certificarse se encuentran los tomateros, que en el año 2016 deberán estar regulados por el Senasica; además de los aguacateros y las hortalizas, zanahorias, y lechugas. lilia.gonzalez@eleconomista.mx
El 2014 cerrará con 650,000 empleos La cifra refleja estabilidad laboral: Manpower María del Pilar Martínez el economista
l A dI r E c Tor A general de Manpower Group, Mónica Flores, presentó los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo para el último trimestre de año y reveló que el 2014 cerrará con 650,000 empleos, cifra conservadora que refleja la estabilidad del mercado laboral, similar a la del 2013, “aún por abajo de los niveles que se registraron antes de la crisis del 2008”. “Se espera que el ritmo de contratación en México siga estable para el cuarto trimestre del 2014 de acuerdo con la Encuesta, de tal manera que
para este trimestre representan un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior”, indicó la directiva y detalló que la investigación revela que 22% de los empleadores espera incrementar sus niveles de contratación, 6% anticipa reducirlos y 72% predice no tener cambios. Flores Barragán sostuvo que la encuesta aún no refleja un incremento importante en la contratación de personal como consecuencia de las reformas estructurales, sin embargo, dijo que se espera que haya un mejor ritmo del mercado laboral para el 2015. pmartinez@eleconomista.com.mx
una selección de
signos vitales Alberto Aguirre
aam@mexico.com
La triple P Según el Instituto, el desempleo es una de las principales causas de la caída. foto ee: natalia gaia
IMCO: pierden competitividad 14 capitales Colima y Mexicali perdieron más escaños; Durango tuvo avances Erick Ramírez El EConoMistA
DEL 2010 al 2012, 14 ciudades capitales perdieron lugares en el Índice de Competitividad Urbana, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). De acuerdo con este estudio bianual, el cual califica los niveles de competitividad y asigna una posición a las 78 principales urbes mexicanas, Colima, Mexicali, Guanajuato y Tlaxcala se ubicaron como las ciudades capitales que más escaños perdieron en esta métrica, entre nueve y siete. En un grupo con menores pérdidas, de sólo cuatro o tres posiciones, están Zacatecas, Cuernavaca, Tepic y Toluca; mientras que Hermosillo, Campeche, San Luis Potosí, Mérida, Monterrey y Tuxtla Gutiérrez sólo perdieron entre dos y una posición. Entre las principales razones para estas caídas se encuentra una pérdida del salario promedio, menor número de empresas, menos participación ciudadana, más desempleo, menor vitalidad democrática, emergencias ambientales o menor acceso a instituciones de salud. El IMCO define a la competitividad como la capacidad de una región para atraer y retener a sus recursos humanos calificados así como inversiones y empresas. De acuerdo con la medición de 10 subíndices estratégicos define qué ciudad es más o menos competitiva: sistema de derecho confiable y objetivo, manejo sustentable del medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, sistema político estable y funcional, gobiernos eficientes y eficaces, mercado laboral, economía estable, sectores precursores, aprovechamiento de las relaciones internacionales e innovación en los sectores económicos. En contraparte hubo 15 ciudades capitales que lograron incrementar posiciones en esta medición. Pachuca, Ciudad Victoria, Chihuahua, Xalapa y Oaxaca fueron aquellas con los mayores avances. En este grupo con números positivos complementan la lista Puebla, Culiacán, Chetumal, Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Morelia, Durango, Villahermosa y Chilpancingo, que avanzaron entre seis y una posición. erick.ramirez@eleconomista.mx
a
demás de resolver el problema de la “saturación operativa” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -con el mega proyecto arquitectónico elaborado por Norman Foster- sólo se construirá una nueva terminal aérea en lo que resta de la administración peñista: en el sureste, para la interconexión de los destinos turísticos del Istmo de Tehuantepec. La primera etapa del proyecto requerirá de 80 millones de pesos y, de acuerdo al senador oaxaqueño Eviel Magaña, está contemplada en el Presupuestos de Egresos 2014, lo mismo que la edificación de la nueva sede del hospital general Gonzalo Castañeda, del ISSSTE, que también bajo el esquema de asociación público-privada fue asignada al consorcio integrado por las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA. El fallo para la nueva infraestructura hospitalaria -de segundo nivel- fue notificado a las siete empresas concursantes el pasado viernes 5. Un hito histórico, pues es el primer proyecto del gobierno de la República y del ISSSTE construido al amparo de un marco jurídico que da certeza a inversionistas y contratistas, además de un torrente de inversiones que activarán las mega obras de infraestructura del gobierno peñista (como el hospital del ISSSTE en Tlatelolco, el nuevo aeropuerto del Istmo o la nueva Cetram en el Bosque de Chapultepec, que en breve asignará el GDF), con términos obligatorios mínimos, un proceso de licitación exhaustiva y transparente, con la posibilidad de resolver cualquier disputa a través de arbitraje. ¿Qué tienen en común los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México? Leyes PPP (Asociación Público-Privadas, por su sigla en inglés) y programas gubernamentales de infraestructura enfocados a la atracción de fondos de inversionistas para financiar el desarrollo. “México no es único, pero es inusual”, dice un reporte del capítulo mexicano del despacho White & Case, que en los últimos años se ha especializado en este campo, “tiene tres características que harán que sea un mercado importante de infraestructura en los próximos cinco años: la legislación vigente, la voluntad política de la administración federal… y el incremento al gasto enfocado a la infraestructura, por parte del gobierno, que gastará 35% más que su antecesor”. Adiós a la era de las concesiones… al menos en el gobierno federal. De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura presentado hace un año, entre el 2013 y el 2018 se invertirán 400,000 millones de pesos en megaobras; mientras que en el sexenio calderonista se alcanzaron 280,000 millones de pesos, que resultaron insuficientes para sacar de la media tabla en la que se ubica México
dentro del rubro de infraestructura (lugar 65 entre 144 países) del Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Justo un año antes de que concluyera el sexenio calderonista, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas, pero la legislación secundaria que acompañó a esta nueva forma de financiar al desarrollo quedó lista hasta noviembre del 2012. Hay tres tipos. Los “puros” -partidas presupuestales destinadas a cubrir contratos multianuales asignados por la prestación o la cobertura de un servicio, previa autorización de un comité gubernamental permanente-, los combinados y los autosustentables, en los que no habrían involucrados recursos del Presupuesto, que darían ganancias a los proveedores con el cobro de una tarifa. Para promover el desarrollo de la infraestructura en México, con especial énfasis en las carreteras, los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, transporte urbano, el turismo, el medio ambiente, el clima y proyectos de desarrollo urbano integral, el gobierno peñista canalizará 270,000 millones durante los próximos cinco años para el Fondo Nacional de Infraestructura, fideicomiso adscrito a Banobras que encabeza Alfredo del Mazo Maza. De conformidad con sus reglas de operación, el Fonadin podrá subvencionar estudios preliminares y otorgar subsidios a proyectos que considere de interés público. O, en el mejor de los casos, optar por figuras de mejoramiento financiero (ya sean aportaciones de capital de riesgo, deuda subordinada o modelos como pari passu). La certidumbre jurídica, para la autoridad contratante y los inversionistas, quedó garantizada. Los contratos podrán abarcar un rango de tres y hasta 40 años. Y cuando concluyan, tanto el control y la propiedad de la infraestructura, como los activos relacionados, pasan la autoridad contratante, lo que aumentará el stock de activos públicos. Los desarrolladores privados deberán proporcionar -parcial o totalmente- y operar la infraestructura, ya sea a través de capital y/o mecanismo de financiamiento, sin bien las entidades gubernamentales pueden contribuir con bienes, derechos o fondos.
EFECTOS SECUNDARIOS ¿SINCRONIZADOS? Acompañado por Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, el titular de la Comisión Nacional del Deporte, Jesús Mena, viajó a Nanjing a la cabeza de la delegación mexicana que participó en los II Juegos Olímpicos de la Juventud. El clavadista mexiquense olvidó avisar de su viaje al secretario Emilio Chuayffet Chemor, quien por los canales adecuados hizo sentir su inconformidad al medallista olímpico.