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Lunes 08 de agosto de 2016
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Lastiman sanciones a partidos políticos
Luego del análisis de fiscalización, el INE determinó sancionar a los partidos políticos que participaron en el pasado proceso electoral estatal con un monto global por más de 16 millones de pesos. El PT es el instituto político que más violaciones a la ley de fiscalización cometió, seguido por la coalición PRI-PVEM-Panal-PD Por: Redacción HP Págs. 04-05
Arrinconan al Gobierno federal El conflicto del Gobierno federal con la CNTE le ha provocado al Presidente otro enfrentamiento frontal con los empresarios. En medio de ambos extremos, está un gobierno con claras deficiencias en su capacidad para aplicar la ley, así como con una legitimidad sumamente cuestionada
Por: : GEA y Asociados
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Cumple Norberto Rivera 50 años de carrera sacerdotal
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n un pequeño pueblo enclavado en la sierra de Durango, en la comunidad de La Purísima, perteneciente al municipio de Tepehuanes, nació el cardenal Norberto Rivera Carrera. En aquel municipio inició sus estudios de primaria y a temprana edad escuchó y respondió afirmativamente el llamando vocacional del sacerdocio de la mano del párroco Don José de la Soledad Torres Castañeda, al tiempo primer obispo de Ciudad Obregón, por lo que se trasladó a la ciudad de Durango para ingresar al Seminario Conciliar donde realiza estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. En la Pontífica Universidad Gregoriana ubicada en Roma, Italia, concluye sus estudios de Licenciatura en Teología Dogmática en 1966 y es ordenado sacerdote de la Iglesia Católica el 3 de julio de este mismo año por el Beato Papa Paulo VI en la Basílica de San Pedro. Por lo que hace solo un mes y días que se cumplen 50 años de haber recibido el sacramento sacerdotal. En aquel entonces, el arzobispo de la arquidiócesis de Durango Don Antonio López Aviña, dispone el regreso del joven sacerdote Norberto Rivera, y en el periodo de 1967 a 1985, trabajó pastoralmente en su estado natal y en Río
Grande, Zacatecas. Fue miembro de la facultad del Seminario de Durango por 18 años y prefecto de disciplina, fundador y asistente eclesiástico del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, asistente diocesano del Movimiento Familiar Cristiano y de la Acción Católica, canónigo lectoral de la Catedral, profesor de Eclesiología de la Universidad Pontificia de México, de 1982 a 1985, secretario ejecutivo del cuidado pastoral de las familias, miembro de la Comisión Episcopal para el Apostolado Seglar, de 1983 a 1985. Muy temprano en su vida sacerdotal manifestó su preocupación y trabajo en favor de la familia. El 5 de noviembre de 1985 el cardenal Norberto Rivera fue elegido Obispo de Tehuacán, Puebla, y casi 10 años después, el 13 de junio de 1995 fue designado Arzobispo Primado de la Arquidiócesis de México, recibiendo el Palio Arzobispal que le fue entregado por el Papa San Juan Pablo II en la ciudad de Roma. El 18 de enero de 1998 se publica el nombramiento de cardenal. Asistió a la X Asamblea Ordinaria del Sínodo Mundial de los Obispos, en el Vaticano, del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001, también fue también uno de los
OPINIÓN Bonifacio Herrera Rivera
cardenales electores cuando en abril de 2005 fue elegido Papa Benedicto XVI, siendo esta la primera vez que participa en un Cónclave un Arzobispo de México. En el Colegio Cardenalicio es miembro de la Congregación para el Culto Divino y Sacramentos y de la Congregación para el Clero. También es miembro del Pontificio Consejo para la Familia, de la Comisión para América Latina, del Consejo ordinario del Secretariado General del Sínodo de Obispos y de la Comisión Vaticana de Asuntos Económicos de la Sede Apostólica. En su labor pastoral, el cardenal Rivera Carrera se ha mostrado como un promotor y defensor de la familia, lo que le ha valido la persecución mediática de grupos radicales del “loby lésbico gay” que una y otra vez han pretendido con infundios, falsas acusaciones y difamaciones, acallar la voz que encuentra fuerza en los principios evangélicos que proclama. Los que creemos y nos manifestamos a favor de fortalecer la familia tradicional, nos congratulamos con esta importante celebración de sus 50 años de sacerdocio y hacemos votos porque sean muchos años más.
Norberto Rivera siempre ha sido defensor de la familia, por lo que en múltiples ocasiones ha sido atacado por el “loby lésbico gay”
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Transparencia que ladra, no muerde
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e han quitado tres ceros al peso, al IFE le cambiaron la “f” por la “n” con lo que nació el INE, al IFAI también le aplicaron la misma y le pusieron INAI, pero en los hechos, todo parece seguir igual. Actualmente, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se ha convertido en un órgano similar al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), su impacto mayor es mediático y por lo mismo, solo trasciende cuando se politiza. El INAI muy pocas veces logra hacerle manita de puerco o sentar en el banquillo de los acusados a los servidores públicos. Que se ha avanzado en transparencia y acceso a la información, claro que sí, pero este avance sigue quedándose corto ante la urgente necesidad de atacar la corrupción en los gobiernos. En 10 años, el INAI ha presentado 134 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra dependencias que han decidido no acatar el mandato de entregar información, sin embargo, de las 134 solo cuatro han llegado a una sanción, y ni con sanción, han entregado la información que el demandante solicitó. Esta es la realidad, el INAI es el “Coco” a quien solo le temen los niños. La Secretaría de la Función Pública es el bateador oficial de las denuncias presentadas por el INAI, pues tan solo la mitad de ellas, han sido rechazadas por considerarse que no hay elemen-
tos para confirmar que el sujeto obligado, violó la ley. Se me vino a la mente la “Casa Blanca”, vamos, imagine que usted va con la autoridad y presenta su demanda, después de leerla atentamente, el tipo del escritorio levanta la cabeza y lo mira de manera condescendiente, entregándole sus papeles de demanda y le dice, “tiene usted razón”, gracias, y estamos para servirle, tenga usted una bonita tarde. Así es, la autoridad le da la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, pero al final, sigue beneficiando a los servidores públicos y a las dependencia gubernamentales. Por otra parte, el resto de las investigaciones se quedan atoradas en el proceso, en los órganos internos de control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, y ahí, los años se encargan de empolvarlos y volverlos amarillentos hasta desquebrajarlos cual hostias, claro, si es que no acaban en una trilladora de papel o colgados con un clavo en el baño del conserje. Las dependencias que tienen más denuncias y han ignorado las resoluciones del INAI, son la Procuraduría General de la República,
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OPINIÓN Iván Ramírez M.
el SAT y la Secretaría de la Defensa Nacional, representando el 69 por ciento del total de denuncias (puro angelito). Contra el SAT, son por no dar información relativa a la condonación de impuestos (¡ague..!) esto, a pesar que el INAI ha alegado que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público. Aun asi, el SAT nunca ha sido sancionado por la Secretaria de la Función Pública. Las únicas cuatro denuncias que han derivado en una sanción por parte de la SFP, son tres en contra de la PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de aviación (¡ague...!) Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de transparencia, pero, como vemos, son mínimas las sanciones efectivas (cuatro). La muerte y el pago de impuestos son similares, pues nadie se les escapa, el INAI y el “Coco” también son similares, pues nomas a los chiquitos asustan. Ojalá les dieran dientes, no para masticar, sino para morder muy fuerte.
A pesar de todas las reformas en transparencia, el INAI es el “Coco” a quien solo le temen los niños
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Deben los partidos 16 mdp por inconsistencias de campaña Redacción HP
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El Partido del Trabajo es el que más irregularidades cometió durante el pasado proceso electoral
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os comicios electorales pasados dejaron sanciones millonarias a la mayoría de los partidos políticos participantes, así como al candidato independiente a la gubernatura, según muestran una serie de documentos que en conjunto suman dos mil 581 páginas, mismas que describen con precisión el motivo de las sanciones impuestas a partidos políticos y candidatos que participaron en la elección del pasado 5 de junio. En total, según el dictamen final expuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) están obligados a pagar, por concepto de multas, 16 millones 614 mil 126 pesos con 57 centavos, tras 183 conclusiones logradas por el Consejo General. Los esquemas de fiscalización y revisión a los informes de campaña y precampaña arrojaron, en tal sentido, que para esta entidad las faltas más graves fueron cometidas por el Partido del Trabajo (PT), institución que por sí sola, tendrá que pagar 6.4 millones de pesos. En el listado también se muestran sanciones económicas elevadas como las que deberá pagar el candidato independiente, Alejandro Campa Avitia, que asciende a los 456 mil pesos y una serie de amonestaciones públicas y montos menores impuestos a candidatos independientes. Pero, ¿Cuál es la razón de dichas multas? En este trabajo, HP, desglosará las principales causas de sanción.
Partido del Trabajo, el más sancionado
La coalición del PRIPVEM-PanalPD deberá pagar más de 4 mdp El PAN fue sancionado con casi 3 mdp por no declarar la publicidad contratada en internet
Tras una serie de irregularidades detectadas por el INE a lo largo de la etapa de campaña y precampaña, el Partido del Trabajo fue multado con seis millones 452 mil 604 pesos, que es el monto más alto para cualquiera de los sujetos obligados en Durango. De hecho, esa cantidad representa más de la tercera parte de las sanciones aquí establecidas, a partir de 08 DE AGOSTO DE 2016
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nueve faltas identificadas por la autoridad. La primera fue una declaración de cero ingresos a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), cuando su balance contable arrojó entradas por más de 1.5 millones de pesos. Pero además, no presentó documentación adjunta en los informes de campaña de 15 diputados locales, algo que también hizo con 38 de los 39 candidatos a presidentes municipales, falló en la entrega de folios diversos para el candidato a diputado Rigoberto Quiñonez (hoy electo por la vía plurinominal). Tampoco entregó informes “de capacidad económica” de 33 candidatos a presidentes municipales. Y tampoco dio a conocer el informe de la cuenta bancaria destinada a los gastos de campaña. Pero además, las sanciones incluyen montos a causa de la compra de utilitarios y artefactos para repartirse, como un gasto ejercido en tabletas electrónicas y computadoras por más de 150 mil pesos. También fue sancionado por no reportar gastos en la producción de promocionales radiofónicos y televisivos.
Coalición priista, multada con 4 mdp De acuerdo con el mismo documento, la coalición electoral establecida por los partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Duranguense, alcanzó una multa de cuatro millones 50 mil 775 pesos. Sus cuatro faltas comprobadas, incluyen la omisión en la
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Sujeto Obligado Monto Partido Acción Nacional $2’804,364 Partido Revolucionario Institucional $396,899 Partido de la Revolución Democrática $293,109 Partido del Trabajo $6’452,604 Encuentro Social $449,353 Nueva Alianza $61,061 Partido Verde Ecologista $212,765 Movimiento Ciudadano $60,622 Partido Duranguense $308,117 Morena $1’067,552 Coalición PRI, Panal, PVEM, PD $4’050,775 Alejandro Campa Avitia $456,353 Otros $36,078 TOTAL $16’614,126 declaración de gastos propagandísticos utilitarios y de publicitad por internet por un monto superior a los 40 mil pesos. Hubo, además, registro fuera de tiempo de operaciones por varios millones de pesos y omitieron la integración de informes de capacidad económica de su candidato a la gubernatura. Se le sanciona, de igual forma, por no presentar la agenda de actos públicos de 13 de sus candidatos a puestos de elección popular. En la descripción de las sanciones se destaca, además, que las multas deberán ser pagadas de forma individual por cada partido, de acuerdo a su capacidad económica, por lo que será el PRI el más afectado.
PAN y Morena, también afectados En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), el total de multas a pagar serán dos millones 804 mil 364 pesos, producto de cinco faltas principales.
En su caso, la mayor sanción de todas fue por no reportar un gasto que resultó millonario en materia de propaganda a través de internet, y que según la fiscalización ascendió a 1.8 millones de pesos. De hecho, 2.7 millones de los 2.8 con que fue sancionado el partido, corresponden justamente a esa falta. El resto, pueden ser clasificadas como menores sin problema. El último de los sujetos obligados que tendrá que pagar una multa de siete cifras es Morena, partido que deberá pagar al erario una multa por un millón 67 mil 552 pesos. En su caso, la más onerosa de ellas superó los 300 mil pesos y tuvo que ver con algo que los persiguió desde el arranque de la precamapaña: no presentar en tiempo y forma informes de gastos.
Un independiente, con fuerte sanción En el caso de Alejandro Campa Avi-
tia, quien fungió como candidato a la gubernatura por la vía independiente, se lleva una sanción total por 456 mil 353 pesos. Esta es el producto de cuando menos una decena de faltas a la normativa vigente. En su caso, se le señala de haber ingresado de forma extemporánea sus registros contables. Además, se detectó la generación de “cuentas por pagar”. Es decir, contrató deuda, lo cual está prohibido por el reglamento de fiscalización. Omitió, asimismo, informar de tres egresos: gastos operativos por cerca de dos mil 800 pesos, el soporte de gastos propagandísticos por ocho mil 374 pesos y no registró en su agenda contable gastos en televisión por 206 mil pesos. También registró gastos de los que no existen facturas y no presentó ante el órgano electoral la agenda de sus actos de campaña, tampoco registró los gastos por arrendamiento de su casa de campaña ni presentó en tiempo y forma la documentación básica de la asociación civil que soportó su candidatura. Cabe destacar que, en cada una de las sanciones, el Instituto Nacional Electoral enfatizó que, según la capacidad económica declarada por Campa Avitia, está en capacidad de pagar tal multa, contrario a lo que en su momento declaró, afirmando que no cuenta con recursos para hacerlo.
Alejandro Campa deberá pagar una multa de 453 mil 353 pesos
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Abre conflicto con la CNTE un nuevo frente contra la IP
GEA y Asociados
El conflicto CNTE-Gobierno contaminó la relación del empresariado con el Gobierno federal
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a relación entre el empresariado y el gobierno del Presidente Enrique Peña ha tenido claroscuros. La aprobación de la reforma fiscal lastimó profundamente la relación y la comunicación entre ambos. Había una permanente queja hacia la cerrazón del gobierno y la imposibilidad de negociación y diálogo con las autoridades. Sin embargo, el avance del Pacto por México y la puesta en marcha de las otras reformas estructurales, dio un giro positivo a la interacción entre gobierno y empresarios. El enfrentamiento más fuerte se dio a la luz de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en junio pasado. Ante la tardanza en la discusión legislativa para darle forma al SNA, la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) amagó con denunciar al Congreso mexicano ante organismos internacionales. El conflicto con el PRI y el gobierno se intensificó velozmente. A iniciativa del PRI, la legislación que el Congreso aprobó en materia anticorrupción incluía la obligación a empresarios a presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial si querían tener cualquier negocio con el Gobierno federal.
Nuevo conflicto El conflicto entre la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal abrió un nuevo frente de batalla. Como se ha analizado en otros reportes, las acciones de la CNTE se fortalecieron tras el fallido operativo en Nochixtlán, Oaxaca, que fortaleció políticamente a la Coordinadora y le permitió acentuar sus métodos de protesta a lo largo de los estados en los que tiene presencia (Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y el DF). Debido a las marchas, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), reportó pérdidas del orden de 10 mil millones de pesos en las industrias de lácteos, cemento, manufacturas eléctricas, bebidas carbonatadas automotriz, 08 DE AGOSTO DE 2016
La ofensiva del empresariado se centra en la debilidad del Estado de derecho: incumplimiento de la ley y la corrupción. Temas muy relevantes de cara a las elecciones de 2018 y al financiamiento del empresariado al PRI naviera y vivienda, entre otras. Ante esta situación, las organizaciones empresariales han subido el tono aún más de lo que lo llegaron a hacer durante las protestas por la tardanza en la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. La Coparmex presentó una demanda de amparo contra el Ejecutivo federal, la PGR, los secretarios de Educación Pública y Gobernación, los gobernadores de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, por actos y omisiones, en la que demanda acciones claras del gobierno para detener las protestas de la CNTE. Por su parte, la Concamin amenazó con detener inversiones del orden de 50 mil millones de pesos en los estados que están afectados por el conflicto magisterial y advirtió que de no ponerse un alto a las acciones de la CNTE, podrían presentar sus declaraciones de impuestos en cero.
Sin alternativas En el mismo conflicto, el gobierno está frente a dos convocatorias francas a violar la ley. Por un lado, la CNTE ha advertido que mantendrá sus acciones de protesta y que intensificará los bloqueos a carreteras y puertos hasta que se atiendan sus demandas. Por otro, el empresariado advierte que dejará de pagar impuestos. En medio de ambos extremos, está un gobierno con claras deficiencias en su capacidad para aplicar la ley, y con una legitimidad sumamente cuestionada. El gobierno no puede claudicar en su impulso a la reforma educativa, y tampoco puede hacerlo en la aplicación de la ley, pero hacer esto último implica necesariamente el uso de la fuerza, lo que podría traducirse en violencia y más encono, así como generar críticas al gobierno por “reprimir” y criminalizar la protesta social, violando los derechos humanos. La escasa credibilidad gubernamental y otros excesos cometidos por la Policía Federal y el Ejército han deslegitimizado el uso de la fuerza pública por parte del
Ante los graves daños económicos, las organizaciones empresariales amenazan con no pagar impuestos y se han amparado contra el gobierno si este no resuelve el conflicto magisterial
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Estado mexicano. Ante ello, sus alternativas son reducidas: a) Apostar a desactivar el conflicto mediante cesiones que de hecho significarían la reagrupación y fortalecimiento de la CNTE. b) Apostar por el desgaste político de la CNTE e intentar ganar una vez más la batalla de la opinión pública en contra de los maestros disidentes, a fin de construir legitimidad para una acción correctiva que pueda implicar el uso de la fuerza. c) Con respecto a las exigencias de los empresarios, estas pueden ser utilizadas por el gobierno para no ceder ante los maestros en aspectos medulares de la reforma educativa. Pero el gobierno no podrá hacerse omiso frente a la CNTE durante mucho tiempo, puesto que las afectaciones económicas y sociales sí son reales y crecientes y el conflicto puede escalar más. El empresariado mexicano tiene distintas filiaciones políticas. La Coparmex ha tenido vínculos históricos con el PAN, mientras que el CCE se ha comportado de forma más institucional (el expresidente del Consejo, Gerardo Gutiérrez Candiani es el responsable de las Zonas Económicas Especiales). La Coparmex representa la cara dura hacia el gobierno; el CCE es el conciliador. Si no prevalecen los sectores “duros” como la Coparmex, las organizaciones empresariales deberán darle margen de maniobra al gobierno y no presionar demasiado, pues al país ni a ellos mismos les conviene un gobierno arrinconado y extremadamente débil.
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La sociedad endurece su protesta
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usto al término del segundo tercio de la administración, el país entró en una etapa de intensa y activa participación de la llamada sociedad civil. Como en pocas ocasiones se ha ido agregando la actuación de sectores poco protagónicos e incluso cautelosos hasta conformar hoy, a unos días del IV Informe de Gobierno y con ello del último bienio del sexenio, un escenario con claroscuros. Las corrientes de izquierda derivaron su resistencia a las reformas estructurales a su protesta pública y exigencia del esclarecimiento del muy lamentable episodio de Iguala, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A esto se han ido sumando diferentes actos de violencia y represión reportados en diferentes partes del país como Tlatlaya y recientemente Nochixtlán. Junto a estas protestas encontramos el reclamo de medios de comunicación y diferentes sectores que exigen el esclarecimiento de actos de corrupción como el de la famosa “Casa Blanca” o las propiedades de secretarios de Estado en Malinalco o Bosques de Las Lomas. Deben tomarse en cuenta también las más de 600 mil firmas recolectadas por organizaciones para respaldar la llamada “Ley 3 de 3” de los funcionarios públicos, así como 200 mil firmas presentadas en apoyo a una ley en favor de la familia. Esta movilización social abarca igualmente las decenas de manifestaciones llevadas a cabo en distintas ciudades del país en protesta por la iniciativa de la ley del
Ejecutivo en favor de las uniones entre personas del mismo sexo. Este tema ha sido el móvil para enderezar un enfrentamiento que hace tiempo no se veía entre diferentes iglesias y el gobierno. En paralelo, plazas y calles de múltiples ciudades de la República han sido invadidas por maestros de la CNTE que se oponen a la reforma educativa y la aplicación de sus primeras medidas para mejorar la calidad de la enseñanza. La protesta abarca los exámenes y las sanciones para quienes se han resistido a presentarlos. Para completar el panorama, ahora ha tocado el turno al sector empresarial que primero protestó contra el retraso en la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y ahora levanta la voz con gran fuerza contra las manifestaciones de los integrantes de la CNTE así como de las autoridades que, pese a mantener negociaciones durante varias semanas, no han logrado retirar a los grupos de las calles, del bloqueo de carreteras, aeropuertos y centros comerciales, así como de la violencia y el daño patrimonial a particulares que no tienen nada que ver en los temas que reclaman. Lo anterior podría completarse con el resultado de las elecciones en 14 entidades del país el pasado 5 de junio que despertó una elevada participación ciudadana, sobre todo en los estados en los que se votó por el cambio de gobernador y en las que hubo resultados jamás previstos, no solo por los perdedores sino in-
OPINIÓN Herminio Rebollo
cluso por quienes obtuvieron el triunfo en las urnas. Una voltereta sorpresiva que dio el triunfo a siete candidatos del PAN. Así, en unos cuantos meses, hoy tenemos en las calles, en las urnas, en las primeras planas o en lo más airado de la protesta a las izquierdas, a las iglesias, a los empresarios, a los electores y a los medios de comunicación. Sin duda positivo, que producto de estas movilizaciones el propio Presidente de la República haya reconocido faltas en el tratamiento del caso “Casa Blanca” e incluso pidió perdón a la sociedad. Sin la valiente denuncia en los medios de comunicación jamás se habría pensado en un acontecimiento como este. Alentadora también la participación cívica de los ciudadanos en las urnas, así como la exigencia de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios. Igualmente respetables las razones de los sectores de izquierda que alzan la voz por sus demandas o de los sectores de la iniciativa privada que reclaman garantías para invertir y trabajar. Con todo esto, el país gana, con el límite de las acciones que dañan a terceros en sus propiedades, en el ejercicio de sus libertades o de sus derechos humanos que son tan válidos como los de los manifestantes. Un despertar así de la sociedad es saludable. Las fronteras son claras y es preciso que la autoridad actúe, así como los propios ciudadanos defendiendo sus derechos, pero sobre todo, la posibilidad de expresarse civilizadamente.
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Un despertar como el que se ha dado en diversos sectores es saludable para México
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La cobertura de la violencia en México
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Qué pasaría si en 2015, la policía de la Ciudad de México hubiera asesinado a 300 personas en los barrios populares de la periferia? Estoy seguro que sería un escándalo nacional y también mundial. Se hablaría de la incapacidad de gobierno de la ciudad y también federal. Se pediría la intervención de organismos internacionales. Los periódicos como The New York Times o The Washington Post hablarían del suceso, lo mismo que las grandes agencias de prensa. Cumplirían con su misión. El hecho lo amerita. En 2015, la Policía Militar de Río de Janeiro asesinó a 300 personas en las favelas. La prensa brasileña, la propia de Río de Janeiro, poco dicen sobre el caso. Tampoco las agencias o la gran prensa internacional. Es un hecho que en cualquier parte que suceda merece toda la atención y la condena de la sociedad y los medios. El suceso debería ser un escándalo mundial. En el caso de Río de Janeiro no lo es.
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Si se suman los asesinatos de la policía en el estado del mismo nombre, la cifra se duplica. En México fenómenos menos graves, también lamentables, tienen mucho mayor exposición en los medios nacionales e internacionales. ¿Por qué los medios reaccionan diferente en hechos de violencia que suceden en México? Es un tema que como estudioso de los medios me llama la atención. Desde hace seis años sigo y analizo este tipo de cobertura. No tengo una buena respuesta. Comparto algunas ideas en el intento de dar una explicación a este fenómeno. Un primer dato es el tipo de cobertura de los medios nacionales. Son particularmente incisivos en el tema. Hay una enfoque sensacionalista, incluso amarillista, sobre el tema. Un dueño de periódico me ha dicho que la sangre vende. Eso llama la atención y prende los reflectores de la prensa internacional que se enteran de esos sucesos por la prensa nacional.
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OPINIÓN Rubén Aguilar
@RubenAguilar
Otro elemento son los tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, condición única de los países de América Latina. Hay una cobertura especial de los medios de ese país de lo que sucede en México, en condición de ser frontera, pero también porque es su tercer exportador, está por consolidarse como segundo, y para 28 estados del vecino del Norte, el país es el primer o segundo destino de sus exportaciones. Los discursos de Donald Trump dan cuenta de esta realidad. Nunca habla de Brasil o Colombia, incluso de Cuba. Siempre se refiere a México. Que el país sea tema central en la contienda electoral de Estados Unidos dice algo. No es dato menor en este intento de explicación. Para el Gobierno de Estados Unidos y los medios es clave lo que pasa en México. Es su frontera Sur. En todo momento están en juego sus intereses y su seguridad. Los otros países del área están muy lejos y en los hechos poco importan. Un tercer elemento es que para la comunidad internacional México es una economía estable, un socio confiable, una potencia exportadora, una plataforma industrial compleja, y eso, que se reconoce, son rasgos propios del desarrollo, contrastan con un débil Estado de derecho, con un sistema de justicia penal inexistente, con policías de quinto mundo, con altos niveles de impunidad y corrupción. Estos datos no se corresponden con los anteriores. A México se le exige que esté a la altura. Se le juzga desde sus posibilidades no hechas realidad. Hasta aquí mi explicación. Está abierta a la crítica.