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Lunes 26 de septiembre de 2016
ElElmejor mejoranálisis análisisde delalacoyuntura coyuntura
Alteran documentos de nuevos magistrados
Luego que el Congreso del Estado nombrara 10 de los 13 magistrados del Poder Judicial, en el documento de propuestas los nombran con cierto grado académico, sin embargo en el Registro Nacional de Profesionistas algunos casos no cuentan ni con una cédula de licenciatura Por: Redacción HP
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Sufre gobernabilidad por rechazo a Peña En los últimos 3 meses, la gestión de gobierno en diversas áreas ha sido criticada severamente por diferentes actores sociales y económicos. El elevado nivel de desaprobación de Enrique Peña, crea un círculo vicioso muy pernicioso no solo para el gobierno, sino para el país Por: GEA y Asociados
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Difícil panorama para 2017
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unos días que el Presidente de la República presentara ante el Congreso de la Unión su cuarto informe de gobierno, el recién nombrado secretario de Hacienda, Antonio Meade, tuvo la obligación de presentarse en la Cámara de Diputados, para entregar el paquete económico 2017 que contiene la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingreso, y a su vez tuvo que comparecer ante los diputados para responder preguntas en el marco del análisis del informe y del paquete económico. El secretario Meade, cuenta con la experiencia necesaria para hacerse cargo de la encomienda, pues ya estuvo al frente de Hacienda durante un tiempo de la administración Calderonista, sin embargo, llega en un momento sumamente difícil, tanto en aspecto económico como en el político. De entrada, la población en su gran mayoría desaprueba la gestión del Presidente y por ende también el manejo de las finanzas públicas. Para describir la situación del ámbito económico no se requiere ser ningún experto, las consecuencias de las malas decisiones se pueden sentir por la población en general y no se ven en el corto plazo, elementos que posibiliten mejoras en la calidad de vida. Los niveles de endeudamiento han llegado a ser preocupantes, al grado que el propio titular del Banco de México, ha recomendado poner atención en este rubro, lo que seguramente provocó que la primera instrucción que recibiera el secretario de Hacienda por parte del Ejecutivo federal, fuera presentar un proyecto de presupuesto de egresos con superávit. Para desgracia de nuestro país, las mejoras tan anuncias por Peña por la aprobación de las reformas
estructurales no se ven reflejadas en la economía de las familias. Se registran alzas en la recaudación y aumento en algunas tarifas eléctricas y en las gasolinas. Este gobierno del regreso del PRI, donde presumían que ellos sí sabían cómo hacerlo, ha resultado malo y caro, pues según los datos del informe, el gasto en burocracia se incrementó más de tres mil millones de pesos y es cierto que el gasto corriente se ajustó un 4.8 por ciento, sin embargo el gasto de capital sufrió una caída real de un 26.8 por ciento. Si bien es cierto que el anuncio de un paquete económico superavitario causó buena impresión, y que el anuncio de ajuste de cinturón por parte del gobierno arrancó aplausos, al paso de los días y al irse adentrando sobre la propuesta presidencial, los rostros alegres se han tornado de preocupación, principalmente al conocer los rubros que se verán afectados con menores asignaciones presupuestales. De entrada la asignación al gasto programable devengado, tiene un disminución en términos reales de un 6.1 por ciento en la propuestas de año que entra respecto de este año, representado un recorte aproximado de 230 mil millones de pesos. Se escucharon algunas voces principalmente del PAN y de algunos empresarios organizados, en el sentido de que dicho recorte debiese alcanzar los 300 mil mi-
OPINIÓN Bonifacio Herrera Rivera
llones de pesos. La reasignación o reducción del gasto, no necesariamente puede o debe ser negativa por sí misma, si no que estará en razón de dónde se llevan a cabo estos recortes presupuestales. Todo gasto mal empleado o que vaya a parar a la corrupción, por muy pequeño que sea, es un gran desperdicio de recursos que los ciudadanos con mucho esfuerzo aportan al gobierno. Por ello los diferentes encargados de despacho de la administración pública federal, se adelantaron a señalar que no habría recortes en los programas sociales, en la educación, en la inversión de infraestructura, sin embargo todo parece que el recorte alcanzará en buena o mala medida a todos. El próximo año será difícil para los gobiernos estatales y un poco más para aquellos que recién inician su gestión, sin embargo en nuestro caso, se cuenta con una gran ventaja, que el gobernador José Rosas Aispuro, cuenta con la experiencia de haber participado como diputado federal en la aprobación de seis paquetes económicos y conoce los mecanismos de gestión y cuenta con las relaciones a nivel central que construyó igualmente desde el Senado. Esperamos que los legisladores federales por Durango, no distingan colores y solo vean en sus decisiones y gestiones por el bien de nuestro Estado.
El próximo año será difícil para los gobiernos estatales y un poco más para los entrantes
La reasignación o reducción del gasto, no necesariamente puede o debe ser negativa por sí misma
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Levantan magistrados dudas académicas Redacción HP
Entre las propuestas del gobernador rechazadas, la más llamativa fue la de Octaviano Rendón Arce; al presentar las propuestas fueron anunciados con un grado académico, pero registros oficiales muestran otras cédulas
Falta seleccionar 3 magistrados del Poder Judicial
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a discusión legislativa que se prolongó durante todo el miércoles pasado y que ya había sido aplazada algunos días, dio como resultado la designación de 10 nuevos magistrados del Poder Judicial del Estado de Durango, entre los cuales se eligió al sucesor de Apolonio Betancourt Ruiz, quien en medio del proceso de cambio, estuvo a punto de cumplir nueve años al frente de dicho poder. Esteban Calderón Rosas se convirtió en el electo, a pesar de no figurar en la propuesta inicial del gobernador José Rosas Aispuro Torres, como el probable presidente, pese a haber sido parte del proceso entrega-recepción en la Secretaría General de Gobierno. Él fue designado por el pleno del Poder Judicial en una votación unánime de 19 integrantes del mismo, celebrada apenas un par de horas después que el Congreso del Estado terminó la discusión de las 13 propuestas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo. Sin embargo el aval a los ofrecimientos del gobernador no fue absoluto, pues hubo diversos motivos, y tres de los recomendados por él quedaron fuera del Tribunal Superior de Justicia local. La negativa más llamativa fue la de Octaviano Rendón Arce, exalcalde priista de Gómez Palacio, cuyos con26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
El aval a los ofrecimientos del gobernador no fue absoluto, pues 3 de los recomendados por él quedaron fuera del TSJ
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flictos con la administración estatal pasada, fueron interpretados como la causa que lo llevó a estar recluido algunos días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, tras quedar en medio de un conflicto partidista. Pero también quedó fuera Ernesto Aguilar García, jurista del que se recuerda un incidente ocurrido en 2011 en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), cuando tras presuntamente llamar “espurio” al entonces rector Luis Tomás Castro Hidalgo, fue sometido a un proceso de despido. En su caso, ni siquiera alcanzó a ser elegible. La tercera negativa fue la de Raquel Leila Arreola Fallad, quien no comprobó con documentos su desvinculación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en los plazos del más reciente proceso electoral, requisito para integrarse al Poder Judicial. Los 10 restantes caminaron sin problema, pero tras una revisión posterior, se observa que –en algunos casos- no existe registro profesional de ciertos grados académicos expuestos en la propuesta hecha por el gobernador Aispuro Torres al Congreso del Estado.
Magistrados numerarios
Aunque al cierre de esta edición, el Poder Judicial no había expuesto públicamente
el currículum de los nuevos magistrados, existen diversos antecedentes que marcan el origen de cada uno de ellos. Así, los principales espacios asumidos previamente por el magistrado presidente, Esteban Calderón Rosas, son en 2014 cuando estuvo en la Secretaría Académica de la Universidad Juárez, y antes, a inicios de la década pasada, la presidencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De acuerdo con lo establecido en su propuesta, es doctor en Derecho, pero el Registro Nacional de Profesionistas (RNP) solo ofrece datos acerca de su cédula profesional como abogado, expedida en 2005 con el número 4422492. En tiempo más reciente, fue invitado por el gobernador Aispuro Torres a recibir la Secretaría General de Gobierno en el proceso de entrega-recepción. José Ismael Rivera Alvarado es el segundo de los magistrados numerarios recién aprobados. Al igual que el magistrado presidente, aparece en el RNP solo con cédula por licenciatura en Derecho, expedida en 1995 con el número 2111070, si bien su currículum marca estudios de maestría en Derecho y un doctorado. Él tiene una carrera judicial de más de 17 años, pues desde octubre de 1999 se desempeñó como juez de
hojas políticas primera instancia. El tercer magistrado numerario de más reciente incursión es Ramón Roberto Robledo Rodríguez y en su caso, le avalan un par de cédulas profesionales, la de licenciatura obtenida en 1979 (0587845) y la de maestría en Justicia y Derecho, alcanzada en 2009 (6155982). Es, probablemente el de mayor carrera judicial, pues arrancó como actuario notificador en 1985 y con la magistratura, recorrió ya prácticamente todos los espacios obtenibles en la carrera judicial. Emma Garibay Avitia, la cuarta magistrada de este tipo, aparece en el RNP con cédula de licenciatura emitida en 1989 (1333963) y de doctorado en Derecho, lograda en 2009 con el número 8077577. En su caso, su mayor trayectoria la ha alcanzado en lo académico, recientemente trabajando como Jefa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UJED. El quinto magistrado numerario es José de la Luz López Pescador, li-
cenciado y doctor en Derecho, con cédulas obtenidas en 1983 (0850233) y 2012 (7775451), según el RNP, respectivamente. Además tiene diversos logros académicos y asesorías relevantes en prácticamente todos los órdenes de Gobierno, ya fungió antes como magistrado, aunque supernumerario, en el periodo 1986-1992.
Magistrados supernumerarios
Tanya Karina Buenrostro Navarro está avalada como licenciada en Derecho con la cédula 2684654, expedida en 1998, y como maestra en Derecho, con registro 7660926, consolidado en 2009. Antes de la designación ya formaba parte del Poder Judicial, en el que se desempeñaba como jueza mixta. Rafael Mier Ceniceros es el segundo magistrado supernumerario y su cédula profesional como licenciado en derecho data de 2002 y fue expedida con el número 3716057; aunque su currículum lo define con maestría, el RNP no muestra datos al respecto y su trayectoria se reparte entre lo académico y la iniciativa privada. Jorge Alberto Fernández Faya es el tercer magistrado supernumerario. Su cédula de licenciatura es la 1819385, lograda en 1993 tras estudiar en la Universidad Autónoma de La Laguna. Es un abogado que se ha desempeñado la mayor parte de su carrera en el sector privado, con un despacho jurídico que él mismo encabeza.
Tribunales Fiscal y para Menores
Héctor Javier Trejo Rangel fue designado como nuevo magistrado del Tribunal Fiscal, con lo que completó la terna para este órgano establecida. En su caso, cuenta con dos licenciaturas avaladas por cédula como contador público (0656050), obtenida en 1981; y como licenciado en Derecho (1612275), lograda 10 años después. En su caso, hay poca disponibilidad de antecedentes profesionales en documentación públicamente expuesta. En tanto que al Tribunal para Menores, como magistrado presidente, llega Alejandro Ramón Fuentes, cuyo currículum lo clasifica como en maestro y doctor en Derecho. Sin embargo, el Registro Nacional de Cédulas solo ofrece datos acerca de su licenciatura, cédula lograda en el 2000 con el número 3220612. En su caso, fungió en años recientes como juez especializado en Menores Infractores.
Magistratura
Nombre y grado académico expuesto
Inconsistencia
Presidente
Doctor Esteban Calderón Rosas
Propuesta lo clasifica como doctor en Derecho; RNP solo muestra cédula de licenciatura
Numerario
Doctor José Ismael Rivera Alvarado
Numerario
Maestro Ramón Roberto Robledo Rodríguez
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Propuesta lo clasifica como doctor en Derecho; RNP solo muestra cédula de licenciatura Ninguna
Numeraria
Doctora Emma Garibay Avitia
Ninguna
Numerario
Doctor José de la Luz López Pescador
Ninguna
Supernumerario
Maestra Tanya Karina Buenrostro
Ninguna
Navarro Supernumerarios
Maestro Rafael Mier Cisneros
Propuesta lo clasifica como maestro en Derecho; RNP solo muestra cédula de licenciatura
Supernumerarios
Licenciado Jorge Alberto Fernández Faya
Ninguna
Tribunal Fiscal
Lic., y CP Héctor Gabriel Trejo Rangel
Ninguna
Tribunal para Menores
Doctor Alejandro Ramón Fuentes
Propuesta lo clasifica como doctor en Derecho; RNP solo muestra cédula de licenciatura El mejor análisis de la coyuntura
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Aprobación presidencial: reto para la gobernabilidad GEA y Asociados
La aprobación presidencial en sus mínimos históricos. Diversos errores de gestión han empeorado y prolongado la crisis política
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a semana pasada se dio a conocer el análisis, México: política, sociedad y cambio: Escenarios Políticos, correspondiente al tercer trimestre de 2016. El estudio abreva en los resultados de la última encuesta GEA-ISA realizada a principios de septiembre, a nivel nacional, en hogares, con mil casos efectivos y un margen de error de +/-3.5 por ciento. El tema principal de este trimestre es la prolongación y profundización de la crisis política, concentrada fundamentalmente en el gobierno del Presidente Peña Nieto y en su partido. Esta crisis comenzó en 2014 con la masacre de los estudiantes en Ayotzinapa y los escándalos por posibles conflictos de interés del Presidente Peña y miembros de su gabinete. Aunque el impacto de la crisis tuvo un pequeño respiro con los resultados electorales de 2015, que fueron favorables al PRI, a dos años, el gobierno no solo no ha podido remontarla, sino que se ha profundizado. En los últimos tres meses la gestión de gobierno en diversas áreas ha sido criticada severamente por diferentes actores sociales y económicos. Uno de los enfrentamientos que ha empeorado durante los últimos meses es el que tiene el gobierno con la Iniciativa Privada. Los empresarios están preocupados por el manejo de las finanzas 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016
La mala aprobación presidencial abarca la gestión en el gobierno y la persona del Presidente
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públicas y la posibilidad de que la amenaza de las calificadoras internacionales de reducir la nota a la deuda mexicana, se materialicen. Este enfrentamiento se suma al que ya habían tenido por la aprobación de la “Ley 3 de 3” y la lentitud en aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción. El enfrentamiento con el empresariado se acentuó y extendió a varios sectores de la sociedad con el aumento al precio de la gasolina, un método del gobierno para generar ingresos mediante el impuesto especial. Los incrementos se dieron a raíz del incumplimiento gubernamental de la promesa de no hacer más “gasolinazos”. En materia de derechos humanos, el enfrentamiento del gobierno con diversos actores sociales continúa. El ocultamiento de lo sucedido en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015, donde, de acuerdo con una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Policía Federal ejecutó a 22 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantiene la percepción de un estado con pocos elementos para resguardar los derechos humanos en su combate a la delincuencia, y refuerza la percepción de opacidad del gobierno en el manejo de estos asuntos. El mal manejo del operativo en
Nochixtlán, Oaxaca, contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también detonó conflictos con el empresariado y la sociedad civil. Por un lado, debilitó al gobierno en el manejo de la fuerza pública al erosionar la legitimidad de ese recurso, y, por otro, reforzó la molestia ante la inacción gubernamental y la debilidad en las negociaciones posteriores. A estos errores hay que sumar un mal manejo del evento del cuarto informe presidencial que terminó siendo un evento arreglado, con el objetivo de ensalzar la imagen presidencial más allá de mantener un diálogo con los jóvenes. También el de la ratificación de Alfredo Castillo en la Conade, a pesar del vendaval de críticas y escándalos ocurridos en los juegos olímpicos de Río de Janeiro. Sin embargo, ninguno de estos gafes generó una molestia tan generalizada y airada como la invitación de Los Pinos al candidato republicano, Donald Trump, a México. Pocas veces una acción presidencial había recibido tal nivel de rechazo social y político. La suma de esas decisiones controvertidas y omisiones ha generado la idea de un gobierno plagado de errores. Sin embargo, la invitación a Trump es el mayor error de los cua-
hojas políticas tro años de la administración para 15 por ciento de la población. Es difícil recordar un evento que haya generado este nivel de enojo. Ante este panorama, no extraña, por tanto, que el rechazo social a la gestión presidencial siga cayendo para ubicarse en un nivel inédito para los presidentes que han sido encuestados. En lo que va de 2016, la aprobación perdió 20 puntos, 11 en el primer trimestre, y nueve en el segundo. El respaldo proviene fundamentalmente de los simpatizantes de su partido que mayoritariamente lo aprueban, aunque no de manera unánime. De los ciudadanos que se identifican con el PRI, 16 por ciento desaprueba la labor del Presidente Peña. Esa percepción la comparte el resto de la sociedad: el Presidente tiene el respaldo solo de su partido, y una lejanía importante con respecto al resto de los ciudadanos. El rechazo al Presidente Peña no se circunscribe únicamente a su gestión. La desaprobación también abarca a la evaluación de su persona, probablemente por nuevos eventos que lo cuestionaron, como el tema de su tesis profesional y el predial del departamento de Miami de su esposa Angélica Rivera. La credibilidad del Presidente Peña, el atributo que más debilidad
ha tenido desde el inicio del sexenio, también está en sus niveles más bajos. La mitad de la población no le cree nada a Enrique Peña. En suma, estos niveles de desaprobación y descontento han debilitado en extremo a la Administración peñista y representan un reto considerable de gobernabilidad. Las consecuencias de esta debilidad son cada vez más evidentes. Un ejemplo claro y tangible de este impacto es el manejo de la crisis con la CNTE: el gobierno no tiene la legitimidad suficiente para atender el problema y ante su escasa credibilidad social no puede recurrir al uso legítimo de la fuerza. A partir del mal manejo del operativo en Nochixtlán
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hay un impacto negativo para el gobierno y la reforma educativa y positivo para la CNTE. Aunque la población tiene una mejor percepción de la CNTE a raíz de la represión policiaca en Nochixtlán, hay un claro rechazo a sus bloqueos carreteros, e incluso una demanda para que el Estado intervenga y los impida. Sin embargo, ante la pérdida de legitimidad, el gobierno está maniatado y no ha podido resolver el problema, lo que genera un mayor rechazo popular y de otros grupos sociales. La escasa aprobación del gobierno parece estar afectando el respaldo a las reformas estructurales, incluso a las que habían tenido una mejor evaluación, como la educativa y la de telecomunicaciones. Otras manifestaciones de los problemas de gobernabilidad ante el deterioro de la imagen presidencial son, por ejemplo, la resistencia de sectores conservadores, encabezados por un sector del clero católico, a la iniciativa de la ley de matrimonios igualitarios presentada por el Presidente Peña Nieto y el retiro del respaldo del PRI ante la oposición de ese sector de la sociedad. El impacto de la visita de Trump generó un gabinete debilitado y cuestionado que perdió a su principal estratega, y que está sometido a las presiones propias de la sucesión presidencial. El elevado nivel de desaprobación de Enrique Peña es un fenómeno que se retroalimenta fácilmente, creando un círculo vicioso muy pernicioso no solo para el gobierno y su capacidad de ejecución y convocatoria, sino para el país.
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Cambios culturales L
a sociedad mexicana es cada vez más abierta, tolerante y laica en contra de lo que en una primera reacción se pudiera pensar. El camino por andar en este proceso es todavía muy largo, pero son cada vez más los ciudadanos que reconocen la diversidad y asume que todos, en independencia de sus diversas preferencias, deben tener los mismos derechos. Más allá del número de las personas que el sábado pasado se manifestaron a favor o en contra del matrimonio igualitario en la Ciudad de México, los organizadores y las autoridades dan números muy distintos, es importante conocer que opina la gran mayoría de la ciudadanía, la que no se manifiesta de manera pública. Una encuesta realizada por Reforma (20.09.16), entre el 14 y 15 de septiembre, al calor de la discusión sobre los matrimonios igualitarios, ofrece unos primeros datos sobre lo que piensa la mayoría silenciosa. El 78 por ciento de la misma considera que es más importante tratar a todos por igual ante la ley, respetar a todos sus derechos, que sus creencias religiosas.
En el mismo sentido el 90 por ciento de los encuestados está en contra de que se limiten los derechos de los indígenas, el 90 por ciento de los discapacitados intelectualmente, el 84 por ciento de los inmigrantes y el 78 por ciento de los homosexuales. Son números que revelan cambios en la manera que la sociedad asume la diversidad cada vez más presente en la realidad mexicana. La encuesta, con un nivel de confianza del 95 por ciento, señala que el 42 por ciento de quienes responden considera que la unión entre personas de un mismo sexo debe ser reconocida por la ley con los mismos derechos que tienen los matrimonios entre personas de distinto sexo, el 38 por ciento que no debe ser reconocido por la ley y el 18 por ciento piensa que sí, pero con menos derechos. El 45 por ciento de los encuestados piensa que como sociedad no hemos hecho lo suficiente, para evitar la discriminación de los homosexuales, el 24 por ciento que su situación es adecuada y el 21 por ciento que se les ha dado demasiados derechos. Casi la
OPINIÓN Rubén Aguilar
@RubenAguilar
Sobre la adopción por parte de las parejas de un mismo sexo, el 53% está en desacuerdo mitad de la ciudadanía es consciente de que es mucho lo que se debe mejorar en este campo. Sobre la adopción por parte de las parejas de un mismo sexo, el 53 por ciento se manifiesta en desacuerdo, el 39 por ciento de acuerdo y un ocho porciento no tiene una opinión. La negativa es mayoritaria, pero con relación a encuestas pasadas crece el número de las personas que aceptan esta posibilidad. La intensa discusión de estas semanas sobre el matrimonio igualitario habla de una sociedad viva, con posiciones distintas, inmersa en un proceso de cambio cultural importante. Hay un México con maneras de pensar propias del pasado y otro, en crecimiento, con una nueva mentalidad más compleja, abierta y tolerante. Se puede estar o no de acuerdo con ellas, pero ambas merecen respeto.