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Lunes 10 de octubre de 2016
ElElmejor mejoranálisis análisisde delalacoyuntura coyuntura
Perciben ciudadanos mayor inseguridad
Ante la escasa prioridad que el Gobierno federal ha dado a la Seguridad Pública, lo cual se refleja en la caída de recursos presupuestales y la falta de una estrategia sólida, ya no se puede ocultar más el panorama sombrío que genera el incremento en los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto Por: Redacción HP Págs. 04 y 05
Vuelve violencia e inseguridad En el periodo enero-agosto, el número de víctimas de homicidio doloso creció 18% a nivel nacional, en comparación con los mismos meses de 2015, y con respecto a 2014 el incremento fue de 30%. Dicho de otro modo, ya se perdieron los avances logrados en los 2 primeros años del gobierno de Peña Nieto Por: GEA y Asociados Págs. 06 y 07
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Encuesta de victimización del Inegi: todavía es muy poco confiable (Parte 2 de 2)
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ace tres años, en octubre de 2013, explicamos por qué las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de 2012 no eran confiables. Entonces, para probar nuestra aseveración, utilizamos como ejemplo el caso del robo de vehículos, único delito del cual es posible calcular la cifra oculta por un medio distinto a las encuestas de victimización. El Inegi dio a conocer la Envipe 2016 con datos de 2015 con las mismas cifras inverosímiles, erróneas y falsas. Según la Envipe en 2015 hubo 29 millones 308 mil 150 delitos en el país y no los un millón 511 mil 292 que registró el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP): 19 veces más. Pero hay que considerar que el Inegi levanta otra encuesta además de la Envipe, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, (ENVE) cuyos resultados no se han dado a conocer pero que según nuestra estimación, sumarían cuando menos dos millones más de delitos para dar un total de 31 millones 308 mil 150 delitos supuestamente realmente ocurridos: 21 veces más que la cifra oficial de delitos registrados. Supuestamente tampoco hubo los mil 306 secuestros según el SNSP, ni los dos mil 643 que calculamos nosotros al sumar las cifras del SNSP, los secuestros denunciados ante la PGR y las víctimas de secuestro rescatadas por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, sino 64 mil 459. Y tampoco fueron robados 157 mil 894 vehículos en 2015, según los datos del SNSP sino 496 mil 415 que resulta de la suma de los 452 mil 1 que registra la Envipe más 44 mil 414 que estimamos registraría una ENVE. Es decir, el número supuestamente real de vehículos robados sería un 214 por ciento superior a la cifra oficial y en lugar que la cifra oculta fuera del 20 por ciento, sería del 68.
Según la Envipe 2016 de las 452 mil 1 víctimas de robo de vehículos 362 mil 42 denunciaron el delito ante el Ministerio Público, pero en el caso de 63 mil 824 robos el Ministerio Público se había negado a iniciar la averiguación previa, lo que de ser cierto sería un hecho muy grave. Pero más grave sería que de las restantes 298 mil 218 denuncias el ministerio público haya ocultado 140 mil 324 de la estadística para reportar solo 157 mil 894. Pero la mayor parte de estas cifras que se desprenden de la encuesta del Inegi son falsas. Nunca hemos metido la mano al fuego por la veracidad de las cifras del SNSP y por el contrario hemos denunciado casos de “rasurado”. Pero suponer que el Ministerio Público ocultó más de 200 mil denuncias por el robo de vehículos es pura fantasía. La cifra de 496 mil 415 vehículos robados es falsa y hay medios para demostrarlo. Como hicimos en 2013 cuando recurrimos a una fuente imparcial, confiable y objetiva de información como es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Según la AMIS el 27 por ciento de los vehículos del país (cuyo parque rebasa los 35 millones de unidades) está asegurado y en 2015 pagó los seguros por 62 mil 533 vehículos robados, cifra que representa el 39.60 por ciento de los vehículos robados registrados por el SNSP. Este porcentaje es superior al del 27 por ciento que los vehículos asegurados representan del total del parque vehicular y ¿Es acaso esa diferencia, evidencia del “maquillaje” de los datos reportados por las procuradurías al SNSP? No. La diferencia es explicable porque los vehículos que suelen estar asegurados son aquellos de mode-
OPINIÓN José A. Ortega
los más recientes, los más codiciados por los ladrones y de este modo es lógico que el porcentaje que los vehículos asegurados robados representan del total de vehículos robados sea superior al porcentaje que representan del total de vehículos registrados. Si las cifras del Inegi fueran verdaderas, entonces AMIS tendría que haber reportado en 2015 no 62 mil 533 vehículos robados sino 134 mil 32 sobre la base del 27 por ciento, que es el porcentaje que los asegurados representan del total de vehículos registrados, esto es, más del doble de los que reportó. O la AMIS habría tenido que reportar 196 mil 580, el triple de lo que reportó, sobre la base del 39.60 por ciento, que es el porcentaje que los vehículos asegurados representan de los robados por las razones ya explicadas. En suma, la cifra real del robo de vehículos en México durante 2015 no debió rebasar los 190 mil, cifra oculta incluida, casi tres veces menos que la cifra “real” según las encuestas del Inegi.
Errores garrafales del Inegi Y si eso ocurre con un delito, en realidad el único en que es posible poner en duda las cifras de las encuestas ¿Qué será del resto de los delitos? Pues algo muy parecido. Cuando el Inegi habla de más de 30 millones de delitos por año, en realidad y en el peor de los casos la cifra debe ser tres o cuatro veces inferior. El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC (ICESI), cuando realizaba similares encuestas incurría en muchos de los errores del Inegi. Pero una vez que asumió la realización de las encuestas esos errores fueron llevados al extremo. Según el ICESI, en la última encuesta que levantó, en 2009 la cifra real de delitos fue de 10 mil 958 mil delitos. Pero en la primera encuesta del Inegi, la cifra subió a ¡22 millones 714 mil 967 delitos! En los años siguientes la cifra siguió subiendo hasta llegar al absurdo monumental de los 30 millones de delitos. La tarea encomendada al Inegi de levantar encuestas de victimización, es demasiado importante y con un elevado costo para los contribuyentes como para que esté entregando los resultados fantasiosos que entrega. A esto hay que ponerle remedio cuanto antes. Desgraciadamente no es este asunto el único relativo a la seguridad pública y justicia penal en que el Inegi está incurriendo en errores garrafales. La nueva estadística judicial es un absoluto desastre. La estadística judicial penal hasta 2012 -aun con sus limitaciones- era verídica, confiable y útil.
Según la Envipe, en 2015 hubo 29 millones 308 mil 150 delitos en el país y no 1 millón 511 mil 292 que registró el Sistema Nacional de Seguridad Pública
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Existe una percepción real de la inseguridad Redacción HP
Crece el número de homicidios dolosos; delitos como el secuestro y extorsión siguen
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nte la escasa prioridad que le ha dado el Gobierno federal al tema de la Seguridad Pública, lo cual se refleja en la caída de recursos presupuestales, y la falta de una estrategia sólida que contenga la violencia creciente, ya no se puede ocultar más el panorama sombrío que genera el incremento en los homicidios dolosos, y que los delitos que más lesionan y preocupan a la población, como el secuestro y la extorsión, sigan vigentes. De acuerdo con un análisis y estudio de opinión realizado por GEA ISA, los malos indicadores de inseguridad no son atribuibles solo a esa evidente debilidad institucional en la materia, sino que se dan también a partir de la recomposición que registran las bandas del narcotráfico, y que trae en consecuencia la descomposición del crimen organizado en general. La encuesta nacional realizada por GEA, del 3 al 5 de septiembre pasado, entre personas mayores de 18 años, con una muestra de 990 casos efectivos, arrojó hallazgos in10 DE OCTUBRE DE 2016
Gobierno federal le baja al presupuesto de seguridad
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teresantes que revelan que la seguridad se ha deteriorado, que hay una escasa prioridad dada al tema y que se justificó y escondió durante los primeros cuatro años de gobierno, en la tendencia decreciente de los homicidios y otros delitos. Pese a que este año al Gobierno
federal ya no le fue posible ignorar la consolidación de la tendencia creciente en los homicidios dolosos, que empezó en 2015, en el proyecto de presupuesto aplica una reducción del 10 por ciento en los recursos que se destinarán al tema. Todo lo que se había ganado en decremento de asesinatos durante los tres primeros años del actual sexenio, se perdió con el registro durante julio de este año, de dos mil 100 víctimas, cuando enero de 2015, cuando se reinició la anotación, las personas asesinadas fueron mil 515. En cuanto a los secuestros y extorsiones, la tendencia fue a la baja durante los tres primeros años del sexenio, se estancó en 2015, aunque sin incrementos. En tal contexto, no extraña que la percepción de inseguridad en lo que va de 2016, se mantenga en los niveles más bajos del sexenio. Ya no es posible seguir, por estrategia gubernamental, con el ocultamiento de los indicadores. En el análisis que GEA ISA realiza con base en los resultados de la encuesta, anota que detrás de los índices de inseguridad, está también
ORGANIZACIONES CRIMINALES POR FILIACIÓN Y ESTADO DONDE OPERAN
Fuente: Lantia Consultores.
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No hay estrategia pública definida en el combate al crimen organizado
(primer trimestre 2007-segundo trimestre 2016)
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la evolución negativa de las organizaciones criminales, a través de los conflictos entre los cárteles del narcotráfico. En los hechos, está el ejemplo de los enfrentamientos entre miembros de las organizaciones de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, por el control de plazas importantes. Asimismo está la fragmentación acelerada de organizaciones dedicadas exclusivamente al narcotráfico, que ahora son decenas de bandas violentas, cuyas actividades se diversificaron a los delitos patrimoniales y otros mercados ilegales que les han sido rentables, como el robo de hidrocarburos y el tráfico de indocumentados de Centroamérica.
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SECUESTROS 2007-2016 (números absolutos) 500 450 400 350 300
Fragmentación de organizaciones criminales detona delitos del fuero común
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EXTORSIONES 2007-2016 (números absolutos) 2500
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Aumenta la inseguridad GEA y Asociados
Los homicidios dolosos crecieron 18% a nivel nacional comparado con 2015 En 21 de los 32 estados, la tasa de homicidios se ha incrementado durante el año
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a inseguridad y la violencia han regresado al centro de la discusión pública en México. En fechas recientes, los titulares de los medios y las conversaciones en las redes sociales se han concentrado en actos delictivos de alto impacto, como la agresión de integrantes de la delincuencia organizada contra miembros del Ejército en Culiacán o el secuestro y posterior asesinato de una ciudadana española en los linderos de la Ciudad de México y el Estado de México. Ese tipo de incidentes, vale la pena recalcar, nunca dejaron de suceder. En 2013, fueron violadas ocho ciudadanas españolas en Acapulco. En 2014, sucedió el secuestro masivo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En 2015, fue derribado un helicóptero del Ejército en Jalisco. Pero, por más de tres años, esos hechos (con la excepción de Ayotzinapa) no capturaron la agenda pública. ¿Qué cambió? En primer lugar, ha habido un deterioro real de las condiciones de seguridad. En el periodo enero-agosto, el número de víctimas de homicidio doloso creció 18 por ciento a nivel nacional, en comparación con los mismos meses del año pasado. En comparación con el mis10 DE OCTUBRE DE 2016
Los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización (Envipe) registraron una incidencia menor de delitos en comparación con 2015, pero en ellos hubo más víctimas
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mo periodo de 2014, el incremento es de 30 por ciento. Dicho de otro modo, ya se perdieron casi todos los avances logrados en los dos primeros años de la actual administración federal. La escalada de violencia homicida no se circunscribe a unas cuantas regiones. En 21 de 32 entidades federativas, el número de homicidios ha crecido en 2016. En algunos casos, el incremento ha sido espectacular. En Colima, por ejemplo, la tasa de homicidio se ha más que cuadruplicado con respecto al nivel de 2015. En Veracruz y Zacatecas, se duplicó. En Puebla y Nuevo León fue superior a 40 por ciento. Es necesario señalar que otras métricas apuntan a una realidad algo menos sombría. La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe 2016), elaborada por el Inegi, muestra algunos datos alentadores: * El volumen estimado de delitos disminuyó sustancialmente. Según la encuesta, se habrían cometido 29.3 millones de delitos en 2015, 4.4 millones menos que en 2014. En términos de tasa, la reducción fue de 41 mil 655 a 35 mil 497 deli-
tos por cada 100 mil habitantes. En todas las categorías de delito, hay una reducción del volumen de incidentes, pero esta es particularmente significativa para el caso del robo en calle o transporte público (-16%) y la extorsión (-13%), particularmente en su modalidad telefónica. * La estimación del número de secuestros cayó en picada, de 102 mil 883 en 2014 a 64 mil 459 en 2015. Este dato, sin embargo, debe tomarse con prudencia: al ser el secuestro un delito relativamente poco frecuente, el margen de error de la estimación es muy elevado (+/- 23%). Eso significa que la caída pudo haber sido mucho más moderada que lo que indica la estimación puntual. * Aumentó ligeramente el porcentaje de encuestados que afirmaron tener confianza en la mayoría de las instituciones de seguridad y justicia. Es necesario señalar que los datos de victimización de la Envipe 2016 corresponden a la experiencia de la población en 2015. Es decir, no capturan la evolución de los meses recientes. Por otra parte, las cifras de
hojas políticas victimización no se mueven necesariamente a la par de los delitos más violentos y de alto impacto. En 2011, por ejemplo, en el pico de la escalada de violencia del sexenio de Felipe Calderón, la incidencia delictiva capturada por el Inegi disminuyó. En cambio, en 2013 y 2014, cuando los homicidios iban a la baja, la incidencia delictiva reportada en mencionada encuesta creció aceleradamente. Por otra parte, también hay malas noticias en la Envipe 2016: * Si bien el volumen de delitos disminuyó, el número de víctimas aumentó marginalmente, de 22.8 a 23.3 millones. En términos de tasa por 100 mil habitantes, el número no se modificó. En uno de cada tres hogares mexicanos, hubo en 2015 al menos una víctima del delito. El porcentaje es igual al de 2014. * La llamada cifra negra (el porcentaje de delitos que no se denuncian o que se denuncian sin que se levante una averiguación previa) aumentó ligeramente de 92.8 a 93.7 por ciento de los delitos. * La percepción de seguridad no muestra ninguna mejoría. Tres cuartas partes de los encuestados afirmaron sentirse inseguros en su entidad federativa. Ese dato casi no ha variado los últimos cuatro años. * No hubo ningún avance en la percepción de corrupción de las instituciones de seguridad y justicia. Lo mismo vale para las percepciones de eficacia. Además del deterioro en las condiciones objetivas de seguridad, la tibieza de la respuesta gubernamental pudiera estar contribuyendo a incrementar la ansiedad pública sobre el tema. El Gobierno federal tardó en aceptar el fenómeno del incremento en la violencia. Todavía a principios de este año, los principales funcionarios públicos en la materia hablaban de reducciones importantes en la tasa de homicidio. No fue sino hasta agosto cuando el Presidente Enrique Peña Nieto, en un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, reconoció por primera vez que los homicidios van en ascenso. Anunció asimismo una intervención focalizada en 50 municipios que concentran 42 por ciento de los asesinatos del país. No dio muchos detalles, pero mencionó que se reforzarían “las acciones de prevención social, fortalecimiento institucional y combate a la violencia”. Esa intervención, sin embargo, probablemente no tenga efectos significativos en el corto plazo, debido a lo siguiente: 1.- Los municipios sujetos de intervención están mal seleccionados. El criterio de selección fue el número de víctimas, no la tasa de homicidio o el ritmo de crecimiento. Eso significa que algunas ciudades medias o pequeñas altamente violentas (por ejemplo, Arcelia, Guerrero) quedaron fuera de la lista. Lo mismo vale para algunos municipios con picos recientes de homicidios (por ejemplo, Poza Rica, Veracruz). Se incluyeron en cambio algunas demarcaciones muy pobladas donde el número de homicidios no ha variado mayormente en años (por ejemplo, Iztapalapa o Gustavo A. Madero). En esos lugares, la violencia es endémica y reducirla pasa por intervenciones de largo plazo que transformen el entorno social e institucional. Sería altamente sorprendente una caída abrupta en esos lugares.
2.- No hay, al parecer, ninguna innovación en las herramientas seleccionadas. Según se entiende, la intervención equivale al despliegue de más efectivos federales, más recursos dedicados a programas de prevención y algún apoyo para el fortalecimiento de instituciones locales y estatales. Dicho de otro modo, operativos federales en el molde acostumbrado. Por lo regular, esas intervenciones no funcionan y cuando lo hacen, tienden a ser masivas (Ciudad Juárez entre 2010 y 2012). Un incremento marginal de recursos divido entre 50 municipios no deja mucho para cada demarcación. En consecuencia, salvo excepciones, probablemente no habrá muchos efectos. 3.- Aun si las intervenciones focalizadas en esos 50 municipios son exitosas, el impacto sobre los totales nacionales tenderá a ser modesto. Asumiendo sin conceder que, en promedio, los municipios intervenidos registren una disminución de 25 por ciento en el nú-
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mero de homicidios, eso equivaldría a una reducción de 10.5 por ciento en el total nacional. Una caída de esa magnitud aún dejaría al país cinco por ciento por encima del nivel de 2015. Y eso sin considerar lo que pase en los municipios no intervenidos. Si, en paralelo, el resto del país experimentase un incremento de 18 por ciento (una tasa similar a la reportada en el último año) quedaría anulada cualquier ganancia en los 50 municipios prioritarios. Fuera de esa intervención, no se ha anunciado ninguna medida adicional dirigida a contener la escalada de violencia. En conclusión, no resulta sorprendente que el tema de seguridad ocupe espacios crecientes en los medios, las redes sociales y las conversaciones cotidianas. El país se encuentra ante un deterioro creciente de las condiciones de seguridad, con un gobierno federal paralizado por la falta de ideas y de voluntad política para atender el problema.
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EPN, la pérdida de credibilidad y legitimidad
E
l Presidente Enrique Peña Nieto gana la elección de 2012 con una clara ventaja sobre Andrés López Obrador, del PRD, y Josefina Vázquez Mota, del PAN. No hay ninguna duda de que su triunfo es legal. En ese momento goza también de credibilidad y legitimidad. En 2014, en el segundo año de su gobierno, dos acontecimientos, claras crisis políticas, que en su momento no fueron reconocidas y manejadas como tal, dieron inicio a un acelerado proceso de deterioro de la imagen del Presidente y su gobierno. La matanza de Ayotzinapa, que ocurre el 26 de septiembre, y el caso de la Casa Blanca, que se da a conocer el 9 de noviembre, marcan un antes y un después de la percepción ciudadana sobre el Presidente y su gobierno. Los dos son fundamentales, para explicar la pérdida de credibilidad y legitimidad. Al Presidente en el caso de Ayotzinapa se le juzga como insensible al dolor de los padres de las víctimas y que desde un principio su gobier-
no trata de engañar a éstos y a la sociedad al ofrecer explicaciones, la verdad histórica, que no se sostienen. A partir de este evento empieza el proceso de pérdida de credibilidad. De la Casa Blanca la sociedad está convencida de que hubo un claro conflicto de interés, nunca reconocido por el presidente. Y un sector amplio va más allá y piensa que se trata de un evidente acto de corrupción. A partir de esta información empieza el proceso de pérdida de legitimidad. El mal manejo político y de comunicación que Los Pinos hace del caso siembra dudas y sospechas. Fue un error, hay otros, nombrar como secretario de la Función Pública a una persona cercana al presidente. La sociedad lo percibe como una maniobra, para cubrir un acto de corrupción. ¿Qué hubiera pasado si desde un principio política y mediáticamente estos casos se manejan como una crisis? Es probable que el presiden-
OPINIÓN Rubén Aguilar
@RubenAguilar
te y su gobierno habrían actuado de otra manera, pero sobre todo se pudo evitar generar la falta de confianza y legitimidad que ahora tiene el presidente. Los bajos niveles de aceptación y de calificación presidencial, con una desaprobación del 77 por ciento y una calificación del 3.6, muestran que el presidente no tiene la simpatía ciudadana. Lo más probable es que en las próximas encuestas y calificaciones la valoración del presidente sea todavía peor. En la mala percepción del Presidente y de su gobierno influye de manera decisiva la pérdida de credibilidad y legitimidad. A los eventos referidos se añaden otros (Malinalco, Tlatlaya, Tanhuato ...) que profundizan esta realidad. Ahora, la sociedad juzga lo que hace el Presidente y su gobierno, desde la mirada de la falta de confianza y legitimidad. No hay nada que señale las cosas van a cambiar. Todo indica que éstas se van a profundizar y con ellas crecer la mala percepción del presidente y su gobierno.
La mala percepción del Presidente influye de manera decisiva la pérdida de credibilidad